{"id":102529,"date":"2026-07-02T15:45:57","date_gmt":"2026-07-02T15:45:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102529"},"modified":"2026-07-02T15:45:57","modified_gmt":"2026-07-02T15:45:57","slug":"sc3414-2019-2004-00011-01_1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc3414-2019-2004-00011-01_1\/","title":{"rendered":"SC3414-2019 (2004-00011-01)_1"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

SC3414-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-013-2004-00011-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de sala civil del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante TEXTILES EL CEDRO S.A., EN LIQUIDACI\u00d3N OBLIGATORIA, frente a la sentencia del 11 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso ordinario que ella adelant\u00f3 en contra de la CORPORACI\u00d3N FINANCIERA DEL VALLE S.A., hoy CORPORACI\u00d3N COLOMBIANA FINANCIERA S.A. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEn la demanda con la que se dio inicio al litigio atr\u00e1s identificado, que obra en los folios 170 a 181 del cuaderno principal, se solicit\u00f3, en s\u00edntesis, declarar que la accionada \u201ces matriz\u201d de la actora; que aqu\u00e9lla \u201ces responsable del concordato y posterior liquidaci\u00f3n obligatoria\u201d de la \u00faltima; y que, por consiguiente, la aqu\u00ed convocada, en la indicada condici\u00f3n y debido a los actos de control que ejercit\u00f3 sobre la promotora de la controversia, \u201cdebe responder subsidiariamente por el pago del pasivo externo que a la fecha de proferir sentencia resulte sin cancelar, de conformidad con la certificaci\u00f3n expedida por el revisor fiscal y contador de la empresa en liquidaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Adicionalmente, se pidi\u00f3 ordenar la indexaci\u00f3n de las sumas a que resulte obligada la convocada e imponerle el pago de las costas. <\/p>\n

2.\tEn respaldo de las anteriores s\u00faplicas, se esgrimieron los hechos que enseguida se compendian: <\/p>\n

2.1.\tDentro del tr\u00e1mite concursal a que fue admitida la accionante, se estableci\u00f3 la necesidad que ten\u00eda de conseguir recursos por $2.500.000.000.oo, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 un cr\u00e9dito al IFI, que \u00e9ste aprob\u00f3 con la condici\u00f3n de que la demandada, \u201ccomo socia mayoritaria[,] avalara la operaci\u00f3n, requisito que (\u2026) no acept\u00f3\u201d. <\/p>\n

2.2.\tEn ese mismo diligenciamiento, se propuso a los trabajadores de la empresa que invirtieran en ella sus prestaciones sociales, en cuant\u00eda de $1.250.000.000.oo, formula que no acogieron, debido al \u201cmal manejo administrativo\u201d que, desde a\u00f1os atr\u00e1s, se le hab\u00eda dado a la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n

2.3.\tMientras se adelantaba el tr\u00e1mite concordatario, la accionada opt\u00f3 por comprar cr\u00e9ditos a cargo de la concursada, de que eran titulares diversas sociedades y un buen n\u00famero de sus trabajadores, \u201clogrando de esta forma convertirse en la mayor acreedora de la empresa dentro del concordato. Es decir, adquiri\u00f3 la doble calidad: accionista mayoritaria y acreedora mayoritaria de la compa\u00f1\u00eda\u201d. <\/p>\n

2.4.\tEl control ejercido por la Corporaci\u00f3n Financiera del Valle S.A. respecto de su subordinada, \u201cse reflej\u00f3 en todas las decisiones que tom\u00f3 (\u2026) antes del tr\u00e1mite concursal a la que [la] someti\u00f3, durante este y a\u00fan a la fecha, con ocasi\u00f3n de la liquidaci\u00f3n obligatoria\u201d, ejemplo de lo cual son los siguientes actos: <\/p>\n

a) Orden\u00f3 el 9 de octubre de 1995, el cierre de la planta de producci\u00f3n de la hoy fallida, estando en concordato, perjudicando a los innumerables acreedores. Adem\u00e1s fue absurda la decisi\u00f3n dado que estaba en concordato. <\/p>\n

b) Nombraba el personal directivo de Textiles El Cedro S.A. <\/p>\n

c) Los miembros de la [j]unta directiva de la hoy fallida textilera, eran funcionarios de la matriz. <\/p>\n

d) Vend\u00eda sus activos, negociaba cr\u00e9ditos, pagaba a los acreedores de \u00e9sta. <\/p>\n

e) Nombraba sus apoderados judiciales. <\/p>\n

f) Manej\u00f3 en su integridad el dinero producto de la venta del mayor activo de TEXTILES EL CEDRO S.A. y se pag\u00f3 anticipadamente una considerable suma de dinero. <\/p>\n

g) Todav\u00eda estando en tr\u00e1mite la liquidaci\u00f3n, solicit\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades su intervenci\u00f3n para el manejo del dinero que fue obligada a devolver a su subordinada. <\/p>\n

h) Celebr\u00f3 contratos con empresa[s] de servicios temporales para personal que laboraba en la planta de producci\u00f3n y [en la] sede administrativa de la subordinada. <\/p>\n

i) La matriz dispuso del dinero producto de la venta del mayor activo y se olvid\u00f3 de llevar a cabo la provisi\u00f3n legal que ordena el art\u00edculo 13 de la ley 171 de 1961, raz\u00f3n por la cual, los jubilados de la fallida, pasaron durante m\u00e1s de siete a\u00f1os, toda serie de calamidades, al no contar con una mesada digna para subsistir. Ahora y gracias a los acreedores, pueden contar con la mesada, pero todav\u00eda no tienen soluci\u00f3n de pago [las] mesadas causadas y no pagadas en la etapa concursal. <\/p>\n

2.5.\tAdicionalmente, \u201cvot\u00f3 la figura de la liquidaci\u00f3n\u201d, incumpliendo el acuerdo al que se lleg\u00f3, raz\u00f3n por la cual \u201cla Superintendencia de Sociedades orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n de TEXTILES EL CEDRO S.A., todo lo cual consta en el auto No. 410-620-1090 del 19 de septiembre de 1997\u201d. <\/p>\n

2.6.\tLas conductas de la matriz, llevaron a su subordinada a liquidarse, pues vendi\u00f3 el mayor activo que \u00e9sta ten\u00eda; utiliz\u00f3 el precio del mismo ($5.300.000.000.oo) para pagarse una importante suma de dinero y para sufragar cr\u00e9ditos no vencidos, en lugar de usarlo para que la empresa saliera de la crisis en la que se encontraba; no obstante haber recibido la anotada cantidad, dos meses despu\u00e9s solicit\u00f3 cuantiosos cr\u00e9ditos a diversas compa\u00f1\u00edas; aval\u00f3 la fusi\u00f3n de Textiles El Cedro S.A. con Equitex S.A., que trajo consigo que la primera asumiera el pasivo de la segunda; y durante el concordato, realiz\u00f3 las maniobras que condujeron al cierre de la planta de producci\u00f3n, determinaci\u00f3n que como no cumpli\u00f3 los requisitos legales, provoc\u00f3 que la aqu\u00ed demandante fuera sancionada por el Ministerio de Protecci\u00f3n Social, antes del Trabajo. <\/p>\n

2.7.\tLos cr\u00e9ditos a cargo de la actora \u201cque han quedado sin soluci\u00f3n de pago asciende[n] a TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON ONCE CENTAVOS ($13.431\u2019506.241.11) Mcte. todo lo cual se confirma con la certificaci\u00f3n que ha expedido el Revisor fiscal y Contador de TEXTILES EL CEDRO S.A. EN LIQUIDACI\u00d3N OBLIGATORIA, con fecha 15 de diciembre de 2003\u201d. <\/p>\n

2.8.\tComo \u201clos activos de la fallida no alcanzan a cubrir ni siquiera los gastos de administraci\u00f3n de la etapa de liquidaci\u00f3n, mediante auto No. 440-011734 de julio de 2002, la Superintendencia de Sociedades, orden\u00f3 al liquidador llevar a cabo los tr\u00e1mites necesarios y pertinentes para iniciar la presente acci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

2.9.\tNo obstante la persona que figura aqu\u00ed como demandante, debe tenerse en cuenta que la acci\u00f3n intentada \u201ccorresponde a la intervenci\u00f3n del Estado [c]olombiano a trav\u00e9s de la Superintendencia de Sociedades, juez del tr\u00e1mite concursal y liquidatorio, quien design\u00f3 al doctor Luis Fernando Borda Caicedo, auxiliar de la justicia, como liquidador\u201d. <\/p>\n

3.\tAdmitida que fue la demanda por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali, seg\u00fan auto del 27 de enero de 2004 (fls. 181 y 182, cd. 1), se surti\u00f3 el enteramiento personal del mismo a la apoderada judicial que design\u00f3 la convocada, lo que tuvo lugar en diligencia del 26 de marzo del a\u00f1o en cita (fl. 193 vuelto). <\/p>\n

4.\tLa accionada respondi\u00f3 oportunamente el libelo introductorio, en virtud de lo cual se opuso al acogimiento de sus pretensiones, se pronunci\u00f3 de distinta manera sobre los hechos del mismo y plante\u00f3, con el car\u00e1cter de meritorias, las excepciones que denomin\u00f3 \u201cPRESCRIPCI\u00d3N EXTINTIVA\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS SUSTANCIALES DEL PAR\u00c1GRAFO DEL ART\u00cdCULO 148 DE LA LEY 222 DE 1995, SOBRE RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LA MATRIZ\u201d e \u201cIMPROCEDENCIA E INAPLICABILIDAD DEL R\u00c9GIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LA MATRIZ A SOCIEDADES SUJETAS A CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA\u201d (fls. 198 a 215, cd. 1). <\/p>\n

5.\tMediante autos del 28 de enero de 2008 y 8 de junio de 2009, se reconocieron como sucesores procesales de la primigenia demandante a los se\u00f1ores Juan Carlos Aponte, R\u00e9gulo Arag\u00f3n, Javier Arboleda, Mar\u00eda Adelina Arce, Luis Alberto Arg\u00fcelles, Elsa Esther Ayerbe, Idelfonso Balanta, Alex Balcazar, Blanca In\u00e9s Banillas, Luis Hernando Bejarano, Luz Mary Betancourt, Silvio Cabezas, Mario Alfonso Cadena, \u00c1lvaro Hern\u00e1n Calder\u00f3n, Gabriel Ca\u00f1\u00f3n, H\u00e9ctor Orlando Casta\u00f1o, N\u00e9stor Casta\u00f1o, Margarita Castillo, Elmo Sigifredo Castrill\u00f3n, Carlos Julio Cuellar, Elva Mery D\u00edaz Agredo, Argenis D\u00edaz L\u00f3pez, Leticia Dur\u00e1n B., Fabio Hernando Echeverry, Heliberto Espinosa, Jos\u00e9 Eider Figueroa, Elizabeth Fischer Bejarano, Ana Rosa Gallego, Aura Mar\u00eda Garc\u00eda, Ausberto Garc\u00eda, Freddy Garc\u00eda Fl\u00f3rez, Henry Garc\u00eda, Omaira Garc\u00eda, Carlos Arturo Giraldo, Mar\u00eda Mabel Giraldo, Laureano G\u00f3mez, Nancy Gonz\u00e1lez de Lozano, \u00c1lvaro Henao Caro, Edgar Antonio Hern\u00e1ndez, Micaela Hern\u00e1ndez de Moreira, Mar\u00eda Isabel Herrera, Julia Emma Holgu\u00edn, Alirio Hurtado Escobar, Junny Hurtado, Marco Aurelio Hurtado, Mar\u00eda Edilma Id\u00e1rraga de S., Paula Isabel Jim\u00e9nez Calvo, Efigenia L\u00f3pez Vda. de G., Ever L\u00f3pez Hurtado, Jaime L\u00f3pez Ospina, Jos\u00e9 Danois L\u00f3pez, Olga L\u00f3pez Maldonado, Margarita Mar\u00edn Trujillo, Carlos Medina, Ofelia Mendoza de Figueroa, Sim\u00f3n Manuel Mina, Luis Mario Molina, Luz Marina Montero, Gildardo de Jes\u00fas Montoya, Rosa Mar\u00eda Moreno, James D\u00e1ger Mosquera, Margarita Mosquera Collazos, Alba Edith Mu\u00f1oz, Jaime Mu\u00f1oz Correa, Hugo Ortega, Jos\u00e9 Hugo Ospina, Jos\u00e9 Daniel Ot\u00e1lvaro, Reinaldo Oviedo, Cervelio Parra Herrera, \u00d3scar Tob\u00edas Pe\u00f1a, Concepci\u00f3n Pichimata, Lucy Piedrahita, Alejandro Ram\u00edrez Cruz, Jos\u00e9 Antonio Ram\u00edrez, Freddy Rengifo Zea, Luis Fernando Rodr\u00edguez, Ra\u00fal Rodr\u00edguez, Gilberto Rojas Ram\u00edrez, Rubiela Rojas de R., Mar\u00eda del Carmen Romero, Ernesto Salamanca, Nelly Salazar M., Heladio Samboni, Carlos S\u00e1nchez L\u00f3pez, Janeth Sandoval, Freddy Soto, Mario Ramiro Soto, Carmen Edilma Tabares, Walter Tabares, Wilson Taborda Vallejo, C\u00e9sar Adriano Tejada, Nain Antonio Trejos, Amparo Trevi\u00f1o, Luis Carlos Valencia, Gabriel de Jes\u00fas V\u00e1squez, Fernando Vel\u00e1squez, Ruviro Vel\u00e1squez, Gloria V\u00e9lez, Cilia In\u00e9s Victoria de Baud e Ignacio Z\u00fa\u00f1iga (fls. 583 y 653 \u2013 654, cd. 3). <\/p>\n

6.\tAgotado el tr\u00e1mite de la primera instancia, el juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia del 5 de diciembre de 2012, \ten la que desestim\u00f3 las excepciones alegadas; dispuso que la demandada debe responder, \u201cen forma subsidiaria\u201d, por el \u201cpago del pasivo externo que a la fecha (\u2026) resulte sin cancelar, debidamente indexad[o], a favor de los sucesores procesales en el derecho debatido, en virtud de la daci\u00f3n en pago aprobada por la Superintendencia de Sociedades a las personas jur\u00eddicas y naturales relacionadas en el punto tercero de la parte resolutiva del auto 440-009075, que aprueba la daci\u00f3n en pago por la Superintendencia de Sociedades\u201d; y conden\u00f3 en costas a la accionada (fls. 748 a 752 vuelto, cd. 4). <\/p>\n

7.\tApelado que fue por la demandada el referido prove\u00eddo, el Tribunal Superior de Cali, Sala Civil, mediante fallo que data del 11 de julio de 2014, opt\u00f3 por revocarlo para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, \u201cpor falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u201d, e imponerle a la gestora las costas en ambas instancias (fls. 112 a 126, cd. del Tribunal). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Luego de historiar lo ocurrido en el litigio; de precisar los alcances tanto del fallo de primer grado como de la apelaci\u00f3n interpuesta contra el mismo; de tener por satisfechos los presupuestos procesales; y de descartar la presencia de motivos de nulidad que pudieran conducir a la invalidaci\u00f3n de lo actuado, el Tribunal estim\u00f3 que el problema jur\u00eddico suscitado con ocasi\u00f3n del referido recurso, se circunscribe a establecer si \u201c[e]staba legitimado el liquidador de la empresa Textiles el Cedro (extinta), en su calidad de representante de la misma, para haber incoado la presente acci\u00f3n en representaci\u00f3n de los acreedores de la sociedad liquidada\u201d, interrogante en torno del que expuso las apreciaciones que pasan a resumirse: <\/p>\n

1.\tLa acci\u00f3n intentada y decidida corresponde a aquella prevista para definir sobre \u201cla RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA contemplada en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 148 de la ley 222 de 1995\u201d, norma que reprodujo. <\/p>\n

2.\tNo hay duda acerca de la legitimaci\u00f3n de la demandada, \u201cya que revisado el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la empresa Textiles El Cedro S.A. ([e]xtinta), visible a folios 143 al 145, se observa claramente que bajo la anotaci\u00f3n No. 5817 del libro IX del 05 de [a]gosto de 1996 se inscribi\u00f3 en la C\u00e1mara de Comercio de esta ciudad, documento por medio del cual consta la situaci\u00f3n de control ejercida por la entidad demandada, frente a TEXTILES EL CEDRO S.A. (demandante primigenia); en ese orden de ideas, es la CORPORACI\u00d3N FINANCIERA COLOMBIANA S.A. (antes CORPORACI\u00d3N FINANCIERA DEL VALLE S.A.), la sociedad llamada a ser parte pasiva en la presente acci\u00f3n\u201d, toda vez que \u201cfungi\u00f3 en su momento como controlante de la sociedad extinta\u201d. <\/p>\n

3.\tEl promotor de la presente acci\u00f3n fue el liquidador y, en su condici\u00f3n de tal, representante legal de la sociedad Textiles El Cedro S.A., como con nitidez se desprende de la demanda, en la que se indic\u00f3 que su ejercicio obedec\u00eda al hecho de que los activos de dicha persona jur\u00eddica no alcanzaban a cubrir el pasivo que la gravaba, el cual, seg\u00fan certificaci\u00f3n anexa al libelo, ascend\u00eda a $13.431.506.241.11, por lo que \u201cera procedente el reconocimiento patrimonial de parte de la sociedad matriz, en virtud de la responsabilidad subsidiaria consagrada en la ley\u201d. <\/p>\n

4.\tPese a que la Superintendencia de Sociedades, mediante auto No. 440-011734 del 26 de julio de 2002, que reprodujo en lo pertinente, orden\u00f3 al liquidador de la citada sociedad adelantar la presente acci\u00f3n, \u00e9l carece de \u201cinter\u00e9s leg\u00edtimo para reclamar los derechos en nombre de los acreedores de la empresa que representa, teniendo en cuenta que su funci\u00f3n se circunscribe a representar exclusivamente a la empresa en liquidaci\u00f3n\u201d, tal y como lo se\u00f1al\u00f3 la Corte en sentencia que el Tribunal reprodujo a espacio. <\/p>\n

5.\tInsisti\u00f3 en que el liquidador \u201cno tiene (\u2026) la facultad para demandar a la empresa matriz en acci\u00f3n de responsabilidad subsidiaria, por cuanto no puede actuar en representaci\u00f3n de los acreedores de la empresa en liquidaci\u00f3n, quienes en \u00faltimas son los \u00fanicos legitimados para adelantar la acci\u00f3n por ser ellos los titulares de los cr\u00e9ditos impagados y por ende, del derecho a reclamar\u201d. <\/p>\n

6.\tY a\u00f1adi\u00f3 que \u201cla funci\u00f3n que de manera general, otorga la ley al liquidador para adelantar las acciones de responsabilidad civil requeridas en los casos en que pueda deducirse alg\u00fan tipo de responsabilidad, constituyen una herramienta para reintegrar haberes al patrimonio del deudor en liquidaci\u00f3n, lo que no es comparable con la acci\u00f3n subsidiaria presente, la que solo procede cuando se verifica ausencia total de activos del deudor en liquidaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

7.\tObserv\u00f3, finalmente, que el reconocimiento que se hizo a los acreedores de la sociedad liquidada como sucesores procesales de ella en el presente asunto litigioso, \u201cno tra[jo] consigo una alteraci\u00f3n de lo acontecido en el curso del proceso, de ah\u00ed que no sea factible ni aceptable que el sucesor procesal esgrima o enriquezca el debate con pretensiones propias, ni asuma defensas personales frente a la contraparte\u201d, postura que sustent\u00f3 con la reproducci\u00f3n de algunos pasajes de otros fallos de esta Corporaci\u00f3n, concernientes con el alcance y efectos de la sucesi\u00f3n procesal. <\/p>\n

Sobre este respecto, concluy\u00f3: <\/p>\n

Volviendo al caso que nos ocupa, es claro que las personas naturales (acreedores de la persona jur\u00eddica extinta) llegaron al proceso, a suceder a la sociedad extinta y en consecuencia ocupan su lugar desde el momento mismo en que fue aceptada la solicitud, asumiendo todo lo que hasta ese momento ha ocurrido en el proceso, incluso la falta de legitimaci\u00f3n en la causa del demandante. <\/p>\n

Y es que la ausencia de legitimaci\u00f3n de la parte actora para la reclamaci\u00f3n de los derechos que aqu\u00ed se persiguen al no estar el liquidador legitimado para iniciar la presente acci\u00f3n, no se subsana con la incursi\u00f3n en el proceso, de los acreedores de TEXTILES EL CEDRO, si en cuenta se tiene que ellos no llegan al litigio como acreedores demandantes, sino como sucesores procesales de dicha sociedad. <\/p>\n

LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

Contiene cuatro cargos, fincados en el motivo inicial del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que la Corte estudiar\u00e1 conjuntamente, como quiera que todos refirieron la misma problem\u00e1tica jur\u00eddica, como se ampliar\u00e1 m\u00e1s adelante. <\/p>\n

CARGO PRIMERO <\/p>\n

Denunci\u00f3 la infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 166 -numerales 2\u00ba, 14 y 15-, 183, 184 y 191 de la Ley 222 de 1995, por falta de aplicaci\u00f3n, y del par\u00e1grafo del art\u00edculo 148 de la misma, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n

En desarrollo de la censura, su proponente, en resumen, expuso: <\/p>\n

1.\tEl Tribunal no hizo actuar el art\u00edculo 166 de la Ley 222 de 1995, norma en la que se atribu\u00eda al liquidador la representaci\u00f3n legal de la sociedad deudora y se fijaban sus deberes, de los que subray\u00f3 los previstos en los numerales 2\u00ba, 14 -parte final- y 15. <\/p>\n

Al respecto, estim\u00f3 inaceptable que el sentenciador ad quem se sorprendiera porque el liquidador \u201cno acredit[\u00f3] la calidad de titular de una acci\u00f3n (\u2026), cuando la misma ley que no aplic[\u00f3], es la que le otorga la facultad legal\u201d. <\/p>\n

Advirti\u00f3 que el numeral 14 ib\u00eddem, revest\u00eda de \u201ccompetencia a los liquidadores para adelantar acciones de responsabilidad civil, de cualquier naturaleza, principal o subsidiaria[,] sin distingo alguno, contra cualquier persona a la que pueda deducirse responsabilidad\u201d, por lo que fue errado el entendimiento que de esa norma efectu\u00f3 el Tribunal, al excluir de ella la acci\u00f3n de responsabilidad subsidiaria, pues comport\u00f3 una diferenciaci\u00f3n no contemplada por el legislador, equivocaci\u00f3n que igualmente se aprecia en la sentencia de la Corte fechada el 3 de agosto de 2006, que el ad quem invoc\u00f3 como fundamento de su fallo. <\/p>\n

Y puso de presente que el numeral 15 del precepto de que se trata, le conced\u00eda a los liquidadores \u201clegitimidad para intentar todo tipo de acciones necesarias para la conservaci\u00f3n y reintegraci\u00f3n de los bienes\u201d en beneficio de la sociedad deudora y con el objeto de \u201cpoder cumplir con el pago de las acreencias\u201d, por lo que pregunt\u00f3 \u201c\u00bf[q]u\u00e9 sentido tendr\u00eda permitirle al liquidador intentar este tipo de acciones reconstructivas del patrimonio, y no permitirle intentar la responsabilidad subsidiaria de una matriz?\u201d. <\/p>\n

En compendio, asever\u00f3 que una \u201cinterpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica\u201d de todo el conjunto de atribuciones que la ley le confiri\u00f3 a los liquidadores permit\u00eda concluir \u201cque dicho funcionario no solamente est\u00e1 facultado para intentar acciones de responsabilidad subsidiaria, sino que (\u2026) est\u00e1 por ley obligado a ello\u201d. <\/p>\n

2.\tEn un segundo plano, el impugnante se\u00f1al\u00f3 que los art\u00edculos 183 a 186 y 191 de la misma Ley 222 de 1995, conced\u00edan a los liquidadores \u201clegitimidad para intentar acciones revocatorias, de simulaci\u00f3n y de responsabilidad de los socios, necesarias para la reintegraci\u00f3n de los bienes, a fin de beneficiar las masa (\u2026) de la sociedad, para poder cumplir con el pago de las acreencias\u201d. <\/p>\n

Con tal base, predic\u00f3 que una visi\u00f3n panor\u00e1mica de esas normas, llevaba a pensar que los referidos auxiliares estaban habilitados \u201cpara la defensa del patrimonio\u201d del deudor; y que si el Tribunal las hubiera aplicado, \u201cno habr\u00eda llegado a la equivocada conclusi\u00f3n\u201d de que dicho funcionario \u201cno est[aba] legitimado para intentar la acci\u00f3n de responsabilidad subsidiaria de las matrices\u201d. <\/p>\n

3.\tFinalmente, previa transcripci\u00f3n del par\u00e1grafo del art\u00edculo 148 de la Ley 222 de 1995, el censor observ\u00f3 que la norma no se ocup\u00f3 \u201cde la legitimidad para intentar la(\u2026) acci[\u00f3n]\u201d que ella establece, \u201ccomo err\u00f3neamente lo supone el Tribunal en la sentencia acusada, al negar la legitimidad\u201d del promotor del presente asunto litigioso, pues el precepto \u201cno est\u00e1 consagrando prohibici\u00f3n alguna al liquidador, que fue facultado por los numerales 14 y 15 y del art\u00edculo 166, como antes se explic\u00f3\u201d. <\/p>\n

4.\tAl cierre, el recurrente concluy\u00f3 que \u201c[s]e\u00f1alar que son los acreedores los \u00fanicos legitimados para incoar la acci\u00f3n de responsabilidad contra las matrices, equivale a desvirtuar el fin propio de la liquidaci\u00f3n misma y a negarle a los acreedores en general, y a los laborales en particular, el derecho a una tutela judicial efectiva por conducto a la liquidaci\u00f3n, con grave violaci\u00f3n del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional. Pero es que adem\u00e1s, de conformidad con la ley 222 y las normas que se han se\u00f1alado como infringidas, es competencia de los liquidadores adelantar todo tipo de acciones que puedan beneficiar a la prenda general de los acreedores\u201d. <\/p>\n

CARGO SEGUNDO <\/p>\n

Tambi\u00e9n con respaldo en el primero de los motivos de casaci\u00f3n, se enrostr\u00f3 al Tribunal haber quebrantado el \u201cart\u00edculo 166 numeral 14 parte final, 15, 89, 90 y par\u00e1grafo del art\u00edculo 148 de la ley 222 de 1995 y 116 de la Constituci\u00f3n Nacional\u201d, esta vez de forma indirecta y como consecuencia de los \u201cerrores de hecho\u201d en que incurri\u00f3, \u201cen el examen del recaudo probatorio\u201d. <\/p>\n

En desarrollo de la censura, su autor expuso: <\/p>\n

1.\tLa imprecisi\u00f3n y desacierto de la sentencia impugnada, en cuanto sostuvo que \u201cconforme a los documentos allegados con la demanda y el material probatorio recaudado\u201d, el actor \u201ccarece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, en la medida que no demostr\u00f3 ser el titular de los derechos subjetivos reclamados\u201d. <\/p>\n

Lo primero, porque no especific\u00f3 las pruebas soportantes de su razonamiento; y, lo segundo, debido a que, si bien es verdad que el derecho debatido est\u00e1 en cabeza del \u201crespectivo acreedor o [de] la sociedad que se encuentra en liquidaci\u00f3n\u201d, tambi\u00e9n lo es que la actuaci\u00f3n del liquidador, dirigida a \u201creconstruir la masa\u201d y\/o a \u201clograr la responsabilidad subsidiaria del caso\u201d, debe entenderse soportada en \u201cla ley\u201d, en \u201clas \u00f3rdenes recibidas del juez de la liquidaci\u00f3n\u201d y en la autorizaci\u00f3n conferida por la \u201cJunta Asesora\u201d. <\/p>\n

En suma, para el recurrente, la \u201clegitimaci\u00f3n del liquidador emana de la ley y no de ser titular de derechos subjetivos\u201d. <\/p>\n

2.\tEn ese orden de ideas, el censor denunci\u00f3 la falta y\/o la indebida apreciaci\u00f3n de las siguientes piezas procesales: <\/p>\n

2.1.\tEl poder conferido por el liquidador para el adelantamiento del presente proceso, en tanto que all\u00ed se\u00f1al\u00f3 que actuaba en su condici\u00f3n de representante legal de Textiles El Cedro S.A., en liquidaci\u00f3n obligatoria, y que procuraba la declaraci\u00f3n de responsabilidad subsidiaria de la matriz \u201cpara beneficiar a toda la masa y a todos los acreedores de la sociedad en liquidaci\u00f3n\u201d, sin que, entonces, adujera ser titular de derecho subjetivo alguno. <\/p>\n

2.2.\tLa demanda, como quiera que de ella \u201cse desprende claramente que la apoderada act\u00faa conforme al poder que le confiri\u00f3 el liquidador de la empresa y no en representaci\u00f3n de unos derechos subjetivos concretos, como equivocadamente lo interpret[\u00f3] el Tribunal en la sentencia recurrida, por no haber mirado debidamente el escrito\u201d.
\n2.3.\tLa autorizaci\u00f3n de la Junta Asesora, dada al liquidador para que adelantara \u201clas acciones revocatorias, ejecutivas y de responsabilidad subsidiaria de la matriz\u201d, con miras a que se pudieran pagar los cr\u00e9ditos a cargo de la textilera fallida, en la que, adicionalmente, se le facult\u00f3 expresamente para que iniciara \u201ccualquier otra acci\u00f3n que conduzca, como ya lo dijo, a reintegrar la masa de bienes de la sociedad\u201d. <\/p>\n

2.4.\tEl requerimiento que le hizo el Superintendente Delegado para los Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades al liquidador, contenido en el auto No. 440-011734 del 26 de julio de 2002, para que, con sujeci\u00f3n al numeral 14 del art\u00edculo 166 de la Ley 222 de 1995, iniciara \u201clas acciones de responsabilidad subsidiaria con ocasi\u00f3n de la citada inscripci\u00f3n de [c]ontrol en los t\u00e9rminos del PAR\u00c1GRAFO del art\u00edculo 148\u201d de ese mismo ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n

Se trat\u00f3, pues, de una \u201corden\u201d impartida por el Superintendente, en su condici\u00f3n de superior del liquidador, fundada en los art\u00edculos 116 de la Constituci\u00f3n Nacional y 89 y 90 de la Ley 222 de 1995, de la que, si hubiese sido apreciada, pod\u00eda deducirse que este \u00faltimo, al promover el presente proceso, \u201cactu\u00f3 en nombre de la sociedad, en beneficio de los acreedores en su totalidad y atendiendo una orden judicial expresa contenida en una providencia que se encontraba en firme\u201d. <\/p>\n

3.\tComo corolario, el impugnante se\u00f1al\u00f3 que \u201c[s]i el Tribunal hubiese mirado los anteriores documentos en su real dimensi\u00f3n y alcance probatorio, habr\u00eda llegado a la conclusi\u00f3n de que el liquidador actu\u00f3 para solicitar la responsabilidad subsidiaria de la matriz, en su car\u00e1cter de tal, como representante de la sociedad y en ejercicio de las competencias que la ley le confiere, con el \u00e1nimo de poder pagar los pasivos de la sociedad y no ejerciendo derechos personales ajenos, como equivocadamente lo confunde la sentencia\u201d. <\/p>\n

CARGO TERCERO <\/p>\n

Con su proposici\u00f3n se imput\u00f3 a la sentencia combatida, ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 89 y 90 de la Ley 222 de 1995; 62 a 66 del antiguo C\u00f3digo Contencioso Administrativo; y 187, 251, 252, 258, 264, 331, 334 y 335 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, todo como consecuencia de \u201cerror de derecho en la apreciaci\u00f3n de una prueba documental\u201d. <\/p>\n

La acusaci\u00f3n discurri\u00f3 por el siguiente sendero: <\/p>\n

1.\tEn concreto, se reproch\u00f3 al Tribunal \u201cno haber valorado en su real dimensi\u00f3n, la orden dada por el [j]uez del concurso al liquidador para intentar las acciones de responsabilidad subsidiaria contra la matriz\u201d, mediante el ya mencionado auto No. 440-011734 del 16 de febrero de 2002, emitido en el proceso liquidatorio por el Superintendente Delegado encargado del mismo. <\/p>\n

2.\tEstim\u00f3 el censor que mediante ese prove\u00eddo \u201cse hizo aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n autorizada de la ley 222\u201d y que, en tal virtud, fue que el Superintendente \u201cconsider\u00f3 que era el Liquidador de Textiles El Cedro quien deb\u00eda impetrar la acci\u00f3n judicial que inici\u00f3 este proceso\u201d, pronunciamiento que al estar en firme, no pod\u00eda ser desconocido por el Tribunal Superior de Cali, por carecer de competencia para ello. <\/p>\n

Para el casacionista, \u201cla discusi\u00f3n acerca de qui\u00e9n deb\u00eda impetrar la acci\u00f3n ya la [hab\u00eda saldado] la misma Superintendencia de Sociedades, quien haciendo aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n autorizada de la Ley 222 en general, y del art\u00edculo 166 en particular, consider\u00f3 que era el Liquidador el llamado a hacerlo\u201d. <\/p>\n

3.\tAgreg\u00f3 que si la demandada ten\u00eda reparos en relaci\u00f3n con dicha orden, debi\u00f3 combatirla por los cauces legales, esto es, recurrirla o demandarla ante lo contencioso administrativo, lo que no hizo, omisi\u00f3n que determin\u00f3 su firmeza. <\/p>\n

4.\tPuntualiz\u00f3 que, por lo tanto, el liquidador no pod\u00eda hacer cosa distinta que atender el requerimiento que se le formul\u00f3, so pena de ser sancionado por desacato; y que, a su turno, los acreedores tampoco pod\u00edan desconocerla, por lo que les estaba vedado \u201cacudir a la justicia civil de manera aut\u00f3noma y descoordinada del proceso de liquidaci\u00f3n, pues con ello afectar\u00edan la orden de pagos en el proceso concursal tal como lo consagra[n] los art\u00edculo[s] 95, 151 numeral 6, y 157 numerales 4 y 5 de la Ley 222 de 1995\u201d. <\/p>\n

5.\tPuso de presente que al tenor de las previsiones de los art\u00edculos 89 y 90 de la Ley 222 de 1995, \u201cla Superintendencia de Sociedades ejerce una funci\u00f3n jurisdiccional privativa, de suerte que la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n que (\u2026) haga de las normas no s\u00f3lo es autorizada sino tambi\u00e9n especializada, experta y competente\u201d, por lo que \u201cdesconocer los autos\u201d que ella profiere, \u201cequivale a desconocer un documento p\u00fablico, que contiene una orden en firme, de conformidad con los art\u00edculos 187, 251, 252, 258, 264, 331 y 334 del C. de P. Civil\u201d. <\/p>\n

6.\tTras insistir en que la comentada determinaci\u00f3n no fue cuestionada por la aqu\u00ed accionada y que, por lo mismo, se encuentra en firme e hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, el recurrente afirm\u00f3 que deb\u00eda ser \u201crespetada y acatada\u201d, de modo que \u201c[n]ing\u00fan operador judicial puede abrogarse el derecho de anularla o desconocerla si no ha existido pronunciamiento judicial que la haya hecho desaparecer del mundo jur\u00eddico\u201d, menos un juez civil, planteamiento en pro del cual reprodujo un fallo de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

7.\tEn ese orden de ideas, reiter\u00f3 que el ad quem \u201cen su sentencia no apreci[\u00f3] el documento probatorio que le ordena al [l]iquidador el procedimiento, lo desconoc[i\u00f3], violando claras normas probatorias que establecen la firmeza de las actuaciones procesales y su acatamiento una vez en firme, por lo cual se configura el error de derecho enrostrado en la apreciaci\u00f3n de esta prueba\u201d. <\/p>\n

CARGO CUARTO <\/p>\n

Vers\u00f3 sobre la violaci\u00f3n directa de las mismas normas indicadas en la acusaci\u00f3n anterior, salvo los art\u00edculos 187, 251, 252, 258, 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

1.\tDe entrada, explic\u00f3 el censor que la proposici\u00f3n de este reproche obedec\u00eda a que era \u201c[c]onsiente (\u2026) de que en el medio judicial existe la posici\u00f3n jur\u00eddica de que una providencia judicial no es [u]n medio probatorio y adem\u00e1s bajo la premisa de que las decisiones de la Superintendencia en los procesos de liquidaci\u00f3n tienen car\u00e1cter jurisdiccional\u201d. <\/p>\n

2.\tA\u00f1adi\u00f3 que, por lo tanto, era obligaci\u00f3n suya, \u201cutilizando el principio de la independencia y autonom\u00eda de los cargos en casaci\u00f3n, (\u2026) presentar este ataque por la v\u00eda directa, bajo el entendido de los supuestos anteriores, que teniendo la decisi\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades como una providencia judicial, el ataque tendr\u00eda que encausar por la v\u00eda directa, por no hacer consideraci\u00f3n alguna a la prueba\u201d. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEn criterio del Tribunal, el liquidador de la empresa demandante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para intentar la presente acci\u00f3n, mediante la cual pretendi\u00f3 que se declarara que la matriz y controlante de ella, por haber provocado su liquidaci\u00f3n, deb\u00eda responder subsidiariamente por los cr\u00e9ditos cuyo pago no pudo realizarse en el proceso dirigido a cristalizar su extinci\u00f3n definitiva, debido a la insuficiencia de activos, pues los \u00fanicos titulares del derecho reclamado eran, y son, los acreedores de aqu\u00e9lla. <\/p>\n

Esa fue la raz\u00f3n para que negara las pretensiones del libelo introductorio. <\/p>\n

2.\tEl recurrente, en cada uno de los reproches que propuso, tild\u00f3 de equivocada esa aserci\u00f3n del sentenciador de segunda instancia, porque, en su concepto, la ley s\u00ed asign\u00f3 al liquidador la facultad de solicitar la responsabilidad subsidiaria de la matriz, de forma general (cargo primero) y para el caso concreto (cargos tercero y cuarto), am\u00e9n que en el proceso se demostr\u00f3 que fue en virtud de dicha potestad que aqu\u00e9l promovi\u00f3 el litigio (cargo segundo). <\/p>\n

Esa unidad de objeto de las acusaciones, aconseja su estudio conjunto, tal y como en efecto aqu\u00ed se har\u00e1. <\/p>\n

3.\tEl par\u00e1grafo del art\u00edculo 148 de la Ley 222 de 1995, norma rectora de la cuesti\u00f3n litigada, por ser la que estaba vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, incluida en la derogaci\u00f3n contenida en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 126 de la Ley 1116 de 20061, dispon\u00eda: <\/p>\n

Cuando la situaci\u00f3n de concordato o de liquidaci\u00f3n obligatoria haya sido producida por causa o con ocasi\u00f3n de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinaci\u00f3n y en inter\u00e9s de \u00e9sta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en concordato, la matriz o controlante responder\u00e1 en forma subsidiaria por las obligaciones de aqu\u00e9lla. Se presumir\u00e1 que la sociedad se encuentra en esa situaci\u00f3n concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, seg\u00fan el caso, demuestren que esta fue ocasionada por una causa diferente. <\/p>\n

4.\tComo se aprecia, el deber subsidiario contemplado en la norma, es la consecuencia jur\u00eddica del proceder culposo de la matriz en el manejo de la sociedad subordinada, cuando con \u00e9l provoc\u00f3 el debilitamiento econ\u00f3mico de la segunda en perjuicio de los acreedores, por la merma de la prenda general de garant\u00eda de los cr\u00e9ditos, los cuales, en tal virtud, no son atendidos en el proceso seguido para la liquidaci\u00f3n de aqu\u00e9lla. <\/p>\n

Ese entendimiento de la figura deja al descubierto que ella comporta, sin duda, un supuesto de responsabilidad, en el que la sociedad matriz, controlante o holding debe, conforme al principio general \u201cneminem laedere\u201d, reparar el da\u00f1o que ocasion\u00f3 a otros, en este caso, los acreedores de la subordinada, quienes no pueden hacer efectivos los cr\u00e9ditos frente a \u00e9sta, raz\u00f3n por la cual se impone a aqu\u00e9lla la obligaci\u00f3n de asumir su pasivo insoluto. <\/p>\n

Al respecto se destaca, de un lado, que la aludida responsabilidad es extracontractual, habida cuenta la inexistencia de un v\u00ednculo jur\u00eddico previo entre la matriz y los acreedores perjudicados; y, de otro, el car\u00e1cter subsidiario del pago que se asigna a la primera, particularidad que por s\u00ed sola sugiere que los titulares de la acci\u00f3n son \u00fanicamente los acreedores de la subordinada y, m\u00e1s todav\u00eda, no todos, sino solamente los titulares de cr\u00e9ditos no atendidos en el proceso concursal de la \u00faltima, por ser solamente en relaci\u00f3n con ellos que, como m\u00e1s adelante se ampliar\u00e1, se materializa el da\u00f1o. <\/p>\n

As\u00ed lo declar\u00f3 la Corte Constitucional al resolver sobre la exequibilidad de ese precepto, ocasi\u00f3n en la que expres\u00f3: <\/p>\n

Como se observa, pese a la existencia de personer\u00edas jur\u00eddicas distintas, el fen\u00f3meno de la subordinaci\u00f3n, por cualquiera de los factores dichos, significa una ostensible p\u00e9rdida de autonom\u00eda econ\u00f3mica, financiera, administrativa y de decisi\u00f3n por parte de las sociedades filiales o subsidiarias, ya que, por definici\u00f3n, est\u00e1n sujetas a las determinaciones, directrices y orientaciones de la matriz y tienen con ella indudables v\u00ednculos que implican en la pr\u00e1ctica la unidad de intereses y prop\u00f3sitos. <\/p>\n

Conviene recordar los presupuestos en que se funda la norma demandada, los cuales constituyen punto de referencia obligado para determinar si ella se ajusta o no a la Carta Pol\u00edtica: <\/p>\n

1. Se trata de una situaci\u00f3n de concordato o liquidaci\u00f3n obligatoria de la sociedad, es decir, de una circunstancia en la cual, ante la p\u00e9rdida del equilibrio patrimonial de ella, debe buscarse, por mandato de la ley, un acuerdo con los acreedores para el pago de sus obligaciones, o la terminaci\u00f3n forzosa de su objeto bajo la vigilancia estatal con el mismo prop\u00f3sito. <\/p>\n

2. La causa de las dificultades que se pretende conjurar mediante el concordato est\u00e1 constituida por actuaciones realizadas por la sociedad matriz o controlante. <\/p>\n

3. Tales actuaciones se producen, por definici\u00f3n legal, en virtud de la subordinaci\u00f3n y en inter\u00e9s de la matriz o de cualquiera de sus subordinadas. <\/p>\n

4. Las mismas actuaciones tienen lugar en contra del beneficio de la sociedad en concordato y, por lo tanto, aunque no lo expresa la norma, se deduce, como l\u00f3gica consecuencia, que inciden en la prenda com\u00fan de los acreedores y, por tanto, afectan los intereses de \u00e9stos. <\/p>\n

Ahora bien, el efecto jur\u00eddico que la disposici\u00f3n atribuye a la situaci\u00f3n descrita es la responsabilidad subsidiaria de la matriz o controlante por las obligaciones de la compa\u00f1\u00eda sometida a concordato, que es su subordinada. <\/p>\n

Debe tenerse en cuenta que la responsabilidad en cuesti\u00f3n tiene un car\u00e1cter estrictamente econ\u00f3mico y que est\u00e1 \u00edntimamente relacionada con actuaciones de la matriz, seg\u00fan lo expuesto, luego no puede afirmarse que se imponga gratuitamente a una persona jur\u00eddica totalmente ajena a los hechos materia de proceso. Son precisamente las decisiones de la compa\u00f1\u00eda controlante las que repercuten en la disminuci\u00f3n o afectaci\u00f3n del patrimonio de la subordinada y son tambi\u00e9n las que, en los t\u00e9rminos del precepto, generan su responsabilidad. <\/p>\n

Adem\u00e1s, no se trata de una responsabilidad principal sino subsidiaria, esto es, la sociedad matriz no est\u00e1 obligada al pago de las acreencias sino bajo el supuesto de que \u00e9l no pueda ser asumido por la subordinada, lo que, unido a la hip\u00f3tesis legal de que las actuaciones provenientes de aqu\u00e9lla tienen lugar en virtud de la subordinaci\u00f3n y en inter\u00e9s de la matriz o de otras subordinadas, apenas busca restablecer el equilibrio entre deudor y acreedores, impidiendo que \u00e9stos resulten defraudados2 (se subraya). <\/p>\n

5.\tSurge de lo expuesto, como algo evidente, que la figura analizada, se erigi\u00f3 como un mecanismo de protecci\u00f3n de los acreedores de la fallida, cuyos cr\u00e9ditos no sean pagados en el proceso concursal al que la misma se ve conminada, toda vez que siendo ellos extra\u00f1os al nexo existente entre la matriz y la subordinada, mal podr\u00edan resultar perjudicados por los actos de control ejercidos por aqu\u00e9lla sobre \u00e9sta. <\/p>\n

Correlativamente se encuentra que la referida responsabilidad, en puridad, no fue erigida en beneficio de la subordinada, pues si el efecto jur\u00eddico deducido por la ley en contra de la matriz o controlante es que debe pagar subsidiariamente los cr\u00e9ditos de la primera que por falta de activos fueron desatendidos en el respectivo proceso concursal, propio es entender que esa medida reparatoria prevista por el legislador, no comporta ning\u00fan beneficio para la sociedad filial, pues no apunta a conjurar su d\u00e9ficit econ\u00f3mico, ni propugna por la consecuci\u00f3n de recursos para que pueda pagar las obligaciones a su cargo. <\/p>\n

6.\tEs por consiguiente ostensible e insoslayable, que el instrumento instituido en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 148 de la Ley 222 de 1995 fue establecido en beneficio exclusivo de los acreedores de la subordinada, puesto que son ellos quienes, ante la falta de soluci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos por parte de aqu\u00e9lla, pueden buscar que los mismos sean atendidos por la sociedad matriz. <\/p>\n

7.\tDe la precedente inferencia se desprende que solamente los acreedores de la subordinada cuyos cr\u00e9ditos queden insolutos en los procesos concursales a que ella, como consecuencia del control, se ve obligada -antes, concordato y liquidaci\u00f3n obligatoria; hoy en d\u00eda, reorganizaci\u00f3n empresarial y liquidaci\u00f3n judicial- son los legitimados para demandar la responsabilidad subsidiaria de la matriz o controlante y que, por lo mismo, ni la sociedad subordinada, en esa calidad y\/o en la de deudora, como tampoco su liquidador, sea como representante legal de ella o en su condici\u00f3n de tal y por raz\u00f3n de sus funciones, est\u00e1n facultados para enarbolar esa pretensi\u00f3n, deducci\u00f3n jur\u00eddica que, per se, descarta la prosperidad de la totalidad de los cargos examinados, en la medida que cada uno, desde su propia perspectiva, sostiene lo contrario. <\/p>\n

8.\tNo obstante que lo hasta aqu\u00ed expuesto es suficiente para, como acaba de anotarse, desestimar las acusaciones auscultadas, en refuerzo de esa conclusi\u00f3n caben se\u00f1alarse las razones que a continuaci\u00f3n se a\u00f1aden. <\/p>\n

8.1.\tEn cuanto hace al cargo primero: <\/p>\n

8.1.1.\tMem\u00f3rase que el art\u00edculo 166 de la Ley 222 de 1985 rezaba: <\/p>\n

Art\u00edculo 166. FUNCIONES DEL LIQUIDADOR. El liquidador tendr\u00e1 la representaci\u00f3n legal de la entidad deudora y como tal desempe\u00f1ar\u00e1 las funciones que adelante se le asignan, y en ejercicio de ellas deber\u00e1 concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la apertura del tr\u00e1mite y en especial las siguientes: <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

2. Gestionar el recaudo de los dineros y la recuperaci\u00f3n de los bienes que por cualquier circunstancia deban ingresar al activo a liquidar, incluso los que correspondan a capital suscrito y no pagado en su integridad, as\u00ed como las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementari[a]s. Igualmente exigir de acuerdo al tipo societario las obligaciones que correspondan a los socios. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

15. Intentar con autorizaci\u00f3n de la junta asesora, todas las acciones necesarias para la conservaci\u00f3n y reintegraci\u00f3n de los bienes que conforman el patrimonio a liquidar, lo mismo que atender y resolver las solicitudes de restituci\u00f3n de los bienes que deban separarse del mismo patrimonio (se subraya). <\/p>\n

8.1.2.\tComo fluye del encabezamiento de la norma, todas las funciones que el precepto fija al liquidador, son y deben ser ejercidas en raz\u00f3n de su condici\u00f3n de representante legal de la entidad deudora, que all\u00ed mismo se le asigna. <\/p>\n

Se impone pensar, entonces, que en todos los actos del liquidador, \u00e9ste act\u00faa en nombre de la persona jur\u00eddica fallida y que, por contera, ninguna de sus realizaciones, est\u00e1 desprovista de ese car\u00e1cter. <\/p>\n

Pertinente es resaltar, entonces, que no hay funci\u00f3n que el liquidador pueda ejecutar al margen de la representaci\u00f3n legal de la concursada y que, por lo mismo, ninguna de las actividades consagradas en la norma, tiene causa en la mera condici\u00f3n de tal, se aclara, de liquidador. <\/p>\n

8.1.3.\tEn ese contexto, el art\u00edculo 166 de la Ley 222 de 1995, asign\u00f3 al liquidador, entre otras, las funciones, en primer lugar, de \u201c[g]estionar\u201d la \u201crecuperaci\u00f3n\u201d o adelantar \u201ctodas las acciones necesarias para la conservaci\u00f3n y reintegraci\u00f3n\u201d de los bienes de la fallida (numerales 2\u00ba y 15); y, en segundo t\u00e9rmino, de \u201c[p]romover acciones de responsabilidad civil o penal, contra los asociados, administradores, revisores fiscales y funcionarios de la entidad en liquidaci\u00f3n obligatoria, y en general, contra cualquier persona a la cual pueda deducirse responsabilidad\u201d (numeral 14). <\/p>\n

8.1.4.\tSi como viene de decirse, en el ejercicio de esas funciones, como en el de todas, el liquidador act\u00faa en representaci\u00f3n de la concursada, propio es pensar que tanto las actividades de recuperaci\u00f3n, conservaci\u00f3n o reintegraci\u00f3n de bienes, as\u00ed como el ejercicio de las acciones de responsabilidad autorizadas, deben ser de inter\u00e9s para ella. <\/p>\n

Por eso la norma, en cuanto hace a las gestiones tocantes con los bienes, las circunscribe a los que \u201cdeban ingresar al activo a liquidar\u201d (num. 2\u00ba) o a los que \u201cconforman el patrimonio a liquidar\u201d (num. 15), expresiones con las que se puso de presente el directo inter\u00e9s de la respectiva sociedad en su conservaci\u00f3n o recuperaci\u00f3n. <\/p>\n

8.1.5.\tAhora bien, la circunstancia de que en el numeral 14 no se haga un se\u00f1alamiento expreso del inter\u00e9s de la sociedad fallida en que se adelanten las acciones all\u00ed autorizadas, no traduce que dicho inter\u00e9s no deba existir. <\/p>\n

Sobre el punto, se sobreentiende que no era necesario hacer menci\u00f3n alguna al respecto, pues trat\u00e1ndose de acciones de responsabilidad, como es l\u00f3gico entenderlo, tiene cumplida aplicaci\u00f3n el principio general consistente en que su ejercicio corresponde al perjudicado, que en el \u00e1mbito contractual viene a ser el contratante al que le sobrevino una lesi\u00f3n patrimonial o extrapatrimonial como consecuencia del incumplimiento o de la ejecuci\u00f3n tard\u00eda o defectuosa del acuerdo de voluntades (arts. 1546 y 1602 a 1614, C.C.); y, en el campo extracontractual, a la persona que sufre similar desmedro, en virtud de la afectaci\u00f3n de un derecho personal suyo (arts. 2341 y 2342, ib.). <\/p>\n

Con otras palabras, las acciones previstas en el numeral 14 del precepto que se comenta, eran aquellas mediante las cuales la persona fallida pod\u00eda reclamar el resarcimiento de un perjuicio suyo, derivado de la insatisfacci\u00f3n de deberes contractuales o extracontractuales por parte de otro. <\/p>\n

Empero, como ya se insinu\u00f3, la acci\u00f3n aqu\u00ed intentada, no tiene por fin conseguir la recuperaci\u00f3n, conservaci\u00f3n o reintegraci\u00f3n de los bienes de la concursada, pues no concierne con su patrimonio y, menos a\u00fan, con los activos del mismo. <\/p>\n

Se trata de una acci\u00f3n encaminada a que se declare que la demandada, como matriz, por haber causado la liquidaci\u00f3n de la actora, en raz\u00f3n de los actos de control que desarroll\u00f3 sobre ella, est\u00e1 llamada a responder subsidiariamente por las deudas a su cargo, que no fueron satisfechas en el proceso liquidatorio que para su extinci\u00f3n se adelant\u00f3 ante la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n

Significa lo anterior, que la sociedad deudora carece de inter\u00e9s para invocar la responsabilidad subsidiaria en comento, en tanto que el reconocimiento de esa s\u00faplica no le reportar\u00eda ning\u00fan beneficio real y, por lo mismo, su desestimaci\u00f3n no le acarrea perjuicio. <\/p>\n

8.1.6.\tLlegados a este punto, debe se\u00f1alarse, en l\u00edneas generales, que el \u201cinter\u00e9s para obrar\u201d o, como en tiempos m\u00e1s recientes ha dado en llamarse, \u201cinter\u00e9s jur\u00eddico para obrar\u201d, \u201creclama que \u2018el demandante tenga un inter\u00e9s subjetivo o particular, concreto y actual en las peticiones que formula en la demanda, esto es, en la pretensi\u00f3n incoada, y que el demandado tenga uno igual en contradecir esa pretensi\u00f3n\u2019 y aunque es diferente a la legitimaci\u00f3n en la causa, es \u2018el complemento\u2019 de esta \u2018porque se puede ser el titular del inter\u00e9s en litigio y no tener inter\u00e9s serio y actual en que se defina la existencia o inexistencia del derecho u obligaci\u00f3n, como ocurrir\u00eda v. gr. cuando se trata de una simple expectativa futura y sin efectos jur\u00eddicos\u2019\u201d. <\/p>\n

En ese mismo fallo se especific\u00f3 que \u201c[e]n relaci\u00f3n con el demandante, el inter\u00e9s para obrar ha de ser subjetivo, dado que no es el general que existe en relaci\u00f3n con la soluci\u00f3n del conflicto, la declaraci\u00f3n o el ejercicio de los derechos, sino el particular o privado, que mira la b\u00fasqueda de su propio beneficio. (\u2026). Adem\u00e1s, se exige que sea concreto, dado que es necesaria su existencia en cada caso especial respecto de la relaci\u00f3n jur\u00eddica material debatida, es decir, atinente a las pretensiones formuladas en la demanda. (\u2026). Se adiciona a las caracter\u00edsticas mencionadas, las de que sea \u2018serio y actual en obtener del proceso un resultado jur\u00eddico favorable\u2019. (\u2026). Lo primero puede deducirse del beneficio o perjuicio que derivar\u00eda de la sentencia de fondo, el cual no necesariamente es de \u00edndole patrimonial, sino que puede ser moral como aquel que aparece vinculado en ciertos asuntos relativos a la instituci\u00f3n de la familia o en materia de derechos personal\u00edsimos, por se\u00f1alar solo dos ejemplos e inclusive, en algunos casos, puede concurrir con el econ\u00f3mico. (\u2026). Por otra parte, la actualidad del inter\u00e9s alude a que, tal como lo explica la doctrina, aquel ha de existir \u2018en el momento en que se constituye la litis contestatio\u2019 para que se justifique que \u2018el \u00f3rgano jurisdiccional se pronuncie sobre la existencia de la relaci\u00f3n sustancial o del derecho subjetivo pretendido\u2019, de modo que \u2018Las simples expectativas o los eventuales y futuros derechos o perjuicios, que puedan llegar a existir si sucede alg\u00fan hecho incierto, no otorgan inter\u00e9s serio y actual para su declaraci\u00f3n judicial, puesto que no se hallan objetivamente tutelados; (\u2026)\u2019\u201d (CSJ, SC 16279 del 11 de noviembre de 2016, Rad. n.\u00b0 2004-00197-01). <\/p>\n

8.1.7.\tVisible es, entonces, que ni la persona jur\u00eddica aqu\u00ed demandante, ni quien fungi\u00f3 como su liquidador y representante, estaban asistidos de inter\u00e9s jur\u00eddico para deprecar la responsabilidad subsidiaria en cuesti\u00f3n, toda vez que ese reconocimiento o la negativa al mismo, no representaba para ellos ning\u00fan beneficio o perjuicio en cuanto hace a sus derechos subjetivos, constataci\u00f3n que impide que el cargo primero se abra paso. <\/p>\n

8.2.\tLa segunda acusaci\u00f3n, en la que se adujo el quebranto indirecto de la ley sustancial como consecuencia de la comisi\u00f3n de error de hecho consistente en la falta y\/o indebida apreciaci\u00f3n del poder, de la demanda, de la autorizaci\u00f3n dada por la Junta Asesora para que el liquidador de la actora instaurara el presente proceso y del requerimiento que a este \u00faltimo, con ese mismo fin, le hizo el Superintendente de Sociedades Delegado, puesto que de esos elementos de juicio se desprende que la \u201clegitimaci\u00f3n\u201d del promotor de este asunto \u201cemana de la ley y no de ser titular de derechos subjetivos\u201d, qued\u00f3 sin respaldo jur\u00eddico, en virtud de la interpretaci\u00f3n que se hizo tanto del par\u00e1grafo del art\u00edculo 148 como del art\u00edculo 166 de la Ley 222 de 1995. <\/p>\n

De suyo que las circunstancias f\u00e1cticas a que alude dicha censura en nada inciden sobre la comprensi\u00f3n realizada de las mencionadas normas y, por lo mismo, no desvirt\u00faan que a la luz de su contenido, los \u00fanicos legitimados para deprecar la responsabilidad subsidiaria concebida en la primera, son los acreedores de la sociedad subordinada cuyos cr\u00e9ditos no fueron atendidos en el proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria a que ella fue sometida. <\/p>\n

En ese mismo orden de ideas, si se admitiera que el Tribunal dej\u00f3 de apreciar la mencionada autorizaci\u00f3n de la Junta Asesora y\/o el referido requerimiento del Superintendente, ese actuar no ser\u00eda constitutivo de un error de hecho trascendente, pues la ponderaci\u00f3n de esos elementos de juicio no conducir\u00eda al alterar el genuino sentido de las normas rectoras de la controversia, que como se sabe, es cuesti\u00f3n netamente jur\u00eddica y, por ende, extra\u00f1a a los hechos. <\/p>\n

8.3.\tDel mismo modo, el an\u00e1lisis jur\u00eddico atr\u00e1s consignado, en particular, el concerniente con el art\u00edculo 166 de la Ley 222 de 1995, descarta el acogimiento de los cargos tercero y cuarto, en tanto que deja por sentado que la aplicaci\u00f3n normativa verificada por el Superintendente Delegado para los Procedimientos Mercantiles en el auto 440-011734 del 26 de julio de 2002, por m\u00e1s respetable que sea, no fue acertada. <\/p>\n

Al respecto, debe resaltarse que el prove\u00eddo en cuesti\u00f3n, en cuanto hace a dicha aplicaci\u00f3n, que no aparece justificada, ni explicada, carece de poder vinculante; y que la labor hermen\u00e9utica que pudiera comportar, no obliga a ninguna autoridad y, mucho menos, a esta Corporaci\u00f3n, a la que la Constituci\u00f3n le atribuy\u00f3 la funci\u00f3n de \u201c[a]ctuar como Tribunal de Casaci\u00f3n\u201d (num. 1, art. 235, C.P.) y, por lo mismo, le confi\u00f3 las labores de \u201cunificar la jurisprudencia nacional\u201d (arts. 365 del C. de P.C. y 333 del C. G. del P.) y, adicionalmente, en el r\u00e9gimen actualmente imperante, de \u201cdefender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico\u201d (art. 333 ib.), siendo por consiguiente ella la llamada a fijar el sentido y alcance de las normas que integran el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n

9.\tCorolario adicional de lo expuesto, es la ratificaci\u00f3n del fallo proferido por esta Sala de la Corte, que orient\u00f3 el criterio adoptado por el Tribunal3, el cual ofrece otras razones que igualmente explican el fracaso de los reproches casacionales analizados. <\/p>\n

En ese prove\u00eddo, tras advertirse que la reforma del r\u00e9gimen societario efectuada mediante la Ley 222 de 1995 tuvo por fin \u201cdotar al pa\u00eds de una legislaci\u00f3n que, acorde con los cambios sobrevenidos con la Carta Pol\u00edtica de 1991 y los fen\u00f3menos econ\u00f3micos a nivel global, atendiese las exigencias y necesidades de este linaje de entes societarios, en el escenario nacional e internacional y a la par establec[er] mecanismos de protecci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la empresa\u201d, se destac\u00f3 que una de las mayores bondades de la reforma, entre muchas otras, fue determinar \u201clos efectos derivados de las situaciones de control, estableciendo de la mano con ello la necesidad de publicitar los v\u00ednculos de subordinaci\u00f3n entre sociedades, con lo que admiti\u00f3 la existencia de los denominados \u2018grupos empresariales\u2019\u201d. <\/p>\n

A ese respecto, enseguida subray\u00f3 por su importancia, que el legislador, \u201capercibido de la crisis de la noci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de las sociedades, privilegio contra el cual se alzan voces de inconformidad de todas latitudes reclamando por los constantes abusos y fraudes propiciados con \u00e9l, busc\u00f3 incorporar instrumentos cuyo cumplido efecto fuera conjurarlos, como ya en otros campos hab\u00edase admitido, se\u00f1aladamente en el tributario y el laboral, donde el velo societario hab\u00eda venido perdiendo su cariz absoluto, desti\u00f1\u00e9ndose de alguna manera, a cuenta de lo que doctrinariamente ha dado en denominarse el \u2018allanamiento de la personalidad jur\u00eddica\u2019; es decir, el rompimiento del principio de limitaci\u00f3n de responsabilidad de los socios frente a las obligaciones de la sociedad, como si estas fueran propias del asociado\u201d. <\/p>\n

En ese orden de ideas, la Corporaci\u00f3n explic\u00f3 que \u201cel allanamiento de la personalidad jur\u00eddica, tambi\u00e9n conocido como la \u2018perforaci\u00f3n del velo societario\u2019, figura cuyo acu\u00f1amiento hunde sus ra\u00edces remotas en el derecho anglosaj\u00f3n [disgregard of legal entity], no es en la pr\u00e1ctica nada distinto a la posibilidad de prescindir o remontar el esquema societario perfilado sobre la base del contrato social, cuando derechos de terceros, normalmente acreedores sociales, se ven vulnerados sin f\u00f3rmula de soluci\u00f3n a la vista. En estos casos, es factible a terceros penetrar los linderos del contrato que da vida a la persona jur\u00eddica por expresa autorizaci\u00f3n legal; la forma externa de la misma cede as\u00ed para desenmascarar las personas e intereses ocultos tras ella, en el confesado prop\u00f3sito de proteger tales derechos de terceros, lesionados o en peligro de serlo por la actuaci\u00f3n torticera de sus administradores o asociados. Horadarlo hasta el mismo sustrato del sujeto de derecho asociativo, llegando especialmente a sus miembros, lo que permite al tercero encontrar respuesta a eso que no pudo hallar en la estructura formal societaria\u201d. <\/p>\n

Luego de enfatizar que la comentada figura no puede operar \u201cinopinadamente y en todos los casos en que puedan existir terceros afectados\u201d, porque la regla general que sigue vigente es la de la \u201cseparaci\u00f3n patrimonial\u201d entre la sociedad y sus socios, observ\u00f3 que ello tiene cabida \u00fanicamente cuando \u201ce[n]funda fraude, mala fe, abuso del derecho o simulaci\u00f3n, cosas todas que imponen en la mente la idea de desviaci\u00f3n de su objeto, al punto de configurar el ejercicio anormal de derechos por parte de administradores y asociados, categor\u00eda en que ingresan no s\u00f3lo los \u00f3rganos que dentro de la empresa determinan su direcci\u00f3n, con abstracci\u00f3n de las nomenclaturas que se le[s] puedan dar, sino tambi\u00e9n los socios propiamente dichos y las personas que externamente, mediante la figura del control, asuman ese papel, desde luego que uno de los principales efectos de la proliferaci\u00f3n que el mundo actual ha visto en la conformaci\u00f3n de grupos dominantes en la estructura econ\u00f3mica de los pa\u00edses, es el estrechamiento de los lazos que los unen y, en definitiva, determinan la direcci\u00f3n de sus filiales y subsidiarias\u201d. <\/p>\n

Sentadas esas bases, la Corte arrib\u00f3 al an\u00e1lisis de la responsabilidad subsidiaria prevista en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 148 de la Ley 222 de 1995, en relaci\u00f3n con la cual, luego de relatar lo ocurrido en el Congreso en torno de su consagraci\u00f3n final, observ\u00f3 que \u201cla filosof\u00eda que desde el inicio marc\u00f3 su presencia en el proyecto\u201d fue la de \u201cmorigerar el principio de limitaci\u00f3n de responsabilidad de los socios\u201d y que de dicho \u201c[p]ostulado (\u2026) brota paladina la protecci\u00f3n de terceros ajenos al esquema societario derivado del contrato social\u201d. <\/p>\n

Con ese fundamento, rechaz\u00f3 que en cualquier caso y, sobre todo, en el que era objeto de decisi\u00f3n, se dejara de lado el \u201cinter\u00e9s para obrar\u201d, que calific\u00f3 de \u201cproverbial en el ejercicio de cualquier acci\u00f3n\u201d, puesto que \u201ctodo el que acude al aparato jurisdiccional del Estado para obtener la tutela de un derecho \u2018debe estar provisto de \u00e9ste, considerado como la necesidad del proceso para satisfacer el derecho afirmado como fundamento de la pretensi\u00f3n o de la defensa, (\u2026)\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Agreg\u00f3: <\/p>\n

Puestas las cosas de este modo, inobjetable es la tesis de que son los acreedores sociales quienes a la mano tienen este instrumento en defensa de sus derechos; lo que bien visto, claro, en la panor\u00e1mica te\u00f3rica del allanamiento de la personalidad jur\u00eddica, no resulta ex\u00f3tico, pues de lo contrario \u00bfc\u00f3mo explicar entonces que en otro de los casos donde admiti\u00f3se por la ley 222 tal penetraci\u00f3n (art. 207), s\u00f3lo que frente a socios [hip\u00f3tesis distinta a la desarrollada por el par\u00e1grafo del art\u00edculo 148, que autoriza esa perforaci\u00f3n pero respecto del grupo empresarial y las sociedades matrices] la legitimaci\u00f3n la haya entregado el legislador exclusivamente a dichos acreedores para perseguir a los socios a fin de obtener el pago integral de sus cr\u00e9ditos? Reza la norma, a prop\u00f3sito, que \u2018cuando los bienes de la liquidaci\u00f3n sean insuficientes para cubrir el total de los cr\u00e9ditos reconocidos y se demuestre que los socios utilizaron la sociedad para defraudar a los acreedores, ser\u00e1n responsables del pago del faltante del pasivo externo, en proporci\u00f3n a los derechos que cada uno tenga en la sociedad. La demanda deber\u00e1 promoverse por el acreedor respectivo y se tramitar\u00e1 por el proceso ordinario\u2019 (subl\u00edneas ajenas al texto)\u201d (negrillas fuera del texto). <\/p>\n

Y al cierre, puntualiz\u00f3: <\/p>\n

Y no se diga que por haber encontrado sitio entre la disposiciones concursales aludidas, la acci\u00f3n termin\u00f3 erigi\u00e9ndose como una herramienta sui-generis al servicio del contralor o el liquidador, quienes por esa raz\u00f3n pueden utilizarla indistintamente bajo el entendido de que obran con el prop\u00f3sito de conservar la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, que es la misi\u00f3n del primero, o la de liquidar con agilidad el patrimonio de la sociedad cuya recuperaci\u00f3n es inalcanzable, que es el objeto de este proceso. <\/p>\n

Hincapi\u00e9 debe hacerse en la naturaleza jur\u00eddica de esas acciones a que alude el art\u00edculo 166, que obviamente deben analizarse a la luz de los preceptos en que tienen desarrollo, esto es los art\u00edculos 183 a 187 del mismo estatuto reformatorio, que aluden a las acciones de reintegro patrimonial (revocatorias y de simulaci\u00f3n) y a los art\u00edculos 206 y 207 ib\u00eddem, que refieren a las acciones estatuidas para deducir responsabilidad en cabeza de administradores, socios, revisor fiscal y terceros, porque es precisamente parando mientes en esas atribuciones donde puede constatarse que el liquidador no puede deducir la responsabilidad subsidiaria a que se contrae el litigio, pues decididamente no hay forma de sostener que se trata de una acci\u00f3n cuyos alcances se acerquen siquiera al objetivo que perfila las reguladas en los art\u00edculos citados. <\/p>\n

No es, ni con mucho, una acci\u00f3n concebida para reclamar perjuicios derivados de acciones u omisiones de terceros, ni es tampoco una herramienta para reintegrar el patrimonio del deudor en liquidaci\u00f3n; es, como repetidamente se ha dicho, una acci\u00f3n subsidiaria, establecida para que los acreedores insatisfechos del concursado puedan, en las condiciones que all\u00ed vienen delimitadas, obtener el pago de sus cr\u00e9ditos de manos de las sociedades matrices o controladoras del deudor concursado, algo sustancialmente diferente, en cuanto que no busca acrecentar los activos de la masa a liquidar -que es el prop\u00f3sito \u00faltimo de esas acciones de responsabilidad-, y no es tampoco una acci\u00f3n que permita la recomposici\u00f3n de ese patrimonio, al punto que no abre la posibilidad de que el liquidador obtenga recursos de la matriz o controladora para cumplir con las obligaciones del deudor. <\/p>\n

Cierto que el liquidador, precisamente por el car\u00e1cter tuitivo que respecto de \u00e9l obra, puede y debe procurar la satisfacci\u00f3n de los cr\u00e9ditos que los terceros tienen para con la sociedad en liquidaci\u00f3n. Paga con la masa de bienes; reconstruy\u00e9ndola si es preciso, una de cuyas manifestaciones m\u00e1s vigorosa est\u00e1 cuando adelanta por ejemplo acciones revocatorias, quiz\u00e1 una de las poderosas herramientas de las que ha sido dotado positivamente. Fecunda ser\u00e1 la gesti\u00f3n que as\u00ed adelante. Pero, eso s\u00ed, siempre sobre la masa que forman los bienes de la persona liquidada. Delineado tiene pues el contexto dentro del cual obra de veras como liquidador. Porque si, saltando por encima de \u00e9sta, enfila bater\u00edas para que otros patrimonios, ante la insuficiencia de aqu\u00e9l, sean los que respondan a los terceros, as\u00ed sea el de quienes con el deudor ten\u00edan alguna relaci\u00f3n jur\u00eddica, dif\u00edcilmente podr\u00e1 sostenerse que obra como liquidador. Si los terceros no logran dentro del proceso concursal el pago de sus cr\u00e9ditos, explorar\u00e1n otras v\u00edas, como ser\u00eda en su caso perseguir a quienes sean responsables de modo subsidiario. Pero ya esas acciones ser\u00e1n de su resorte exclusivo, sin que pueda el liquidador arrogarse la legitimaci\u00f3n. Dicho m\u00e1s el\u00edpticamente, el liquidador paga hasta donde puede, sin que est\u00e9 obligado ni facultado para salirse de las lindes liquidatorias y buscar qui\u00e9n otro puede pagar los cr\u00e9ditos insolutos. El liquidador es representante del deudor en liquidaci\u00f3n, mas no representante de los acreedores del mismo (negrillas fuera del texto). <\/p>\n

10.\tEn definitiva, los cargos escrutados est\u00e1n signados por el fracaso. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 11 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado al inicio de este prove\u00eddo. <\/p>\n

Costas en casaci\u00f3n, a cargo de la parte recurrente. Como la demanda con la que se sustent\u00f3 la impugnaci\u00f3n, fue replicada oportunamente por la accionada, se fija como agencias en derecho la suma de $6.000.000.oo. La Secretar\u00eda de la Sala practique la correspondiente liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tDicho inciso establece: \t\u201cSalvo \tlo que se indica en los incisos anteriores, la presente ley \tcomenzar\u00e1 a regir seis (6) meses despu\u00e9s de su \tpromulgaci\u00f3n y deroga el T\u00edtulo II de la Ley 222 de \t1995, la cual estar\u00e1 vigente hasta la fecha en que entre a \tregir la presente ley\u201d.
\n2 \t\tCorte Constitucional, sentencia C-510 del 9 de octubre de 1997.
\n3 \tCSJ, SC del 3 de agosto de \t2006, Rad. n.\u00b0 2001-0364-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente SC3414-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-013-2004-00011-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de sala civil del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante TEXTILES EL CEDRO S.A., EN LIQUIDACI\u00d3N OBLIGATORIA, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102529","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102529","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102529"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102529\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102529"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102529"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102529"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}