{"id":102532,"date":"2026-07-02T15:47:23","date_gmt":"2026-07-02T15:47:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102532"},"modified":"2026-07-02T15:47:23","modified_gmt":"2026-07-02T15:47:23","slug":"sc3642-2019-1991-02023-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc3642-2019-1991-02023-01\/","title":{"rendered":"SC3642-2019 (1991-02023-01)"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

SC3642-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-007-1991-02023-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de julio de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. En la demanda con \tla que se dio inicio al proceso, que obra en los folios 18 a 23 del \tcuaderno No. 1, en relaci\u00f3n con el contrato de promesa de \tcompraventa celebrado por las partes el 22 de abril de 1977, que \tvers\u00f3 sobre el predio denominado \u201cLote \t#5\u201d \tque \tall\u00ed y en los hechos del libelo introductorio se identific\u00f3 \tpor su linderos y caracter\u00edsticas, se solicit\u00f3, de \tforma principal, su nulidad absoluta y, subsidiariamente, su \tresoluci\u00f3n por incumplimiento, en ambos casos con los \tpronunciamientos consecuentes correspondientes. <\/p>\n

2. De facto, se adujo la celebraci\u00f3n de ese acuerdo de voluntades; la entrega de la tenencia del bien prometido en venta a la aqu\u00ed demandada, con autorizaci\u00f3n para que adelantara \u201clas obras relativas a la servidumbre para el paso de una red de acueducto, \u00fanicamente\u201d; el pago del 50% del precio convenido, es decir, la suma de $750.000.oo; el otorgamiento de la escritura p\u00fablica mediante la cual se perfeccionar\u00eda el negocio prometido, deb\u00eda efectuarse dentro de los treinta d\u00edas siguientes a cuando se registrara la partici\u00f3n de bienes en la sucesi\u00f3n de \u00c1lvaro Gonz\u00e1lez Sierra; dicha estipulaci\u00f3n no satisface las exigencias del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil; en el transcurso del referido lapso de tiempo, \u201cninguna de las partes contratantes\u201d acudi\u00f3 \u201ca la Notar\u00eda para llevar a escritura el contrato prometido\u201d. <\/p>\n

3. Admitida la \tdemanda por auto del 22 de abril de 1991, se verific\u00f3 su \tenteramiento personal a la accionada en diligencia del 8 de mayo \tsiguiente, como aparece en el acta de folio 27 del cuaderno \tprincipal. <\/p>\n

4.\tEn tiempo, la convocada respondi\u00f3 el libelo introductorio, en desarrollo de lo cual se opuso al acogimiento de sus pretensiones. Sobre los hechos, admiti\u00f3 como ciertos unos y neg\u00f3 otros, y con el car\u00e1cter de meritorias propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u201cINEXISTENCIA DE LA PRETENDIDA CAUSAL DE NULIDAD Y CONSECUENTE VALIDEZ DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA QUE SIRVE DE BASE A LA DEMANDA\u201d, \u201cCUMPLIMIENTO\u201d, \u201cCONTRATO NO CUMPLIDO\u201d, \u201cPRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N\u201d, \u201cRATIFICACI\u00d3N DEL NEGOCIO JUR\u00cdDICO SUPUESTAMENTE NULO\u201d y \u201cPRESTACIONES REC\u00cdPROCAS\u201d (fls. 42 a 53, cd. 1). <\/p>\n

5.\tDespu\u00e9s de m\u00faltiples incidencias procesales, el juzgado del conocimiento, que lo fue el S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dict\u00f3 sentencia de primera instancia el 3 de mayo de 2006, en la que declar\u00f3 probadas las excepciones de \u201cINEXISTENCIA DE LA CAUSAL DE NULIDAD Y CONSECUENTE VALIDEZ DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA\u201d y \u201cCONTRATO NO CUMPLIDO\u201d; neg\u00f3 las pretensiones del escrito introductorio de la controversia; y conden\u00f3 en costas a sus promotores (fls. 1727 a 1743, cd. 4). <\/p>\n

6.\tEn desarrollo del recurso de apelaci\u00f3n que las dos partes interpusieron contra dicho fallo, luego de admitir las alzadas, de que se presentaran alegatos de conclusi\u00f3n y de surtirse la audiencia de que trata el art\u00edculo 360 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, mediante auto del 24 de octubre de 2007 (fl. 98, cd. 28), de oficio, cit\u00f3 a las partes a audiencia de conciliaci\u00f3n, con fundamento en el art\u00edculo 43 de la Ley 640 de 2001. <\/p>\n

En el curso de dicho acto, que fue objeto de m\u00faltiples suspensiones decretadas a solicitud de las partes, fruto de la discusi\u00f3n de propuestas entre ellas, \u201cla Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1, se comprometi\u00f3 a realizar un aval\u00fao del predio objeto del proceso, precisando -entre otros puntos- el valor de las 9 hect\u00e1reas -o del n\u00famero de ellas que resulte por debajo de la cota- sobre las cuales podr\u00eda versar el acuerdo, e incluso, consultar con la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n del Distrito, si es posible que algunas de las hect\u00e1reas que se entregar\u00edan a los demandantes, quedaran urbanizables, para el prop\u00f3sito de la conciliaci\u00f3n. (\u2026). El dictamen se pondr\u00e1 en conocimiento de los demandantes, antes de la audiencia, directamente por la Empresa\u201d (audiencia del 21 de noviembre de 2007, fls. 107 a 108 vuelto, cd. 28). <\/p>\n

En la continuaci\u00f3n, verificada el 14 de enero de 2008, \u201cla Empresa aport\u00f3 el informe de aval\u00fao comercial elaborado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, sobre el predio del litigio\u201d, que el despacho del Magistrado Ponente incorpor\u00f3 al expediente y, respecto del cual, corri\u00f3 \u201ctraslado (\u2026) a los demandantes\u201d, sin que estos hicieran manifestaci\u00f3n alguna (fls. 159 a 161, ib.). <\/p>\n

Posteriormente, en el segmento de la audiencia de conciliaci\u00f3n surtido el 24 de enero del a\u00f1o en cita, se dict\u00f3 el siguiente auto: \u201cDe conformidad con lo dispuesto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 60 del C.P.C., se acepta la cesi\u00f3n de derechos litigiosos celebrada entre los demandantes y el Sr. Daniel Rold[\u00e1]n Esparrago[z]a, quien podr\u00e1 intervenir como litisconsorte de los Se\u00f1ores Gonz\u00e1lez. Se reconoce personer\u00eda al abogado Juan Manuel Gonz\u00e1lez Garavito, como apoderado del cesionario\u201d (fls. 165 a 167 ib.). <\/p>\n

A su turno, en subsiguiente ocasi\u00f3n, fechada el 31 de enero, las partes presentaron \u201cel principio de acuerdo al que han llegado (\u2026) el cual se concreta en el documento que se acompa\u00f1a a esta diligencia. Ambas partes manifiestan que el acuerdo contenido en el documento que se anexa, solo se entiende perfeccionado cuando se firmen las escrituras p\u00fablicas de venta y de permuta, y se inscriban en la Oficina de Registro dichos actos de transferencia. Solo cuando se verifiquen esos pasos, se entender\u00e1 que existe conciliaci\u00f3n, para ser aprobada por el Tribunal\u201d. El documento al que remitieron, corresponde al que denominaron \u201cACUERDO DE CONCILIACI\u00d3N. Proceso Rad. 11001-31-03-007-1191-02023-05 (sic)\u201d, que aparece en los folios 176 a 188 del cuaderno No. 28. <\/p>\n

Vinculados a la audiencia los organismos de control, en particular, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Contralor\u00eda de Bogot\u00e1 y la Personer\u00eda Distrital, en la continuaci\u00f3n que tuvo lugar el 8 de abril de 2008, se lleg\u00f3 al \u00fanico acuerdo de \u201cautorizar al Tribunal para que profiriera un fallo en equidad\u201d. El Magistrado Ponente \u201corden\u00f3 tener en cuenta esta petici\u00f3n conjunta\u201d y que \u201cdeb\u00eda ser corroborada por los se\u00f1ores Gonz\u00e1lez, en su condici\u00f3n de cedentes\u201d, para lo que les concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de tres d\u00edas, que posteriormente ampli\u00f3. <\/p>\n

Mediante escrito debidamente autenticado, obrante en el folio 303 del cuaderno en cita, los primigenios demandantes concedieron autorizaci\u00f3n \u201cpara que se dicte un fallo en equidad\u201d, manifestaci\u00f3n que fue tenida en cuenta mediante auto del 9 de mayo de 2008 (fls. 305, cd. 28). <\/p>\n

Seg\u00fan el prove\u00eddo del 15 de octubre siguiente, \u201c[c]omo fue derrotado el proyecto de sentencia en equidad presentado a la Sala de Decisi\u00f3n\u201d, el proceso pas\u00f3 al despacho de la Magistrada que segu\u00eda en turno, para la elaboraci\u00f3n del nuevo proyecto de fallo. <\/p>\n

7. En definitiva, se dict\u00f3 la sentencia de segunda instancia fechada el 22 de febrero de 2011, que resolvi\u00f3 en derecho los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos por las partes contra el fallo de primer grado, revoc\u00e1ndolo para, en defecto del mismo, disponer: <\/p>\n

1. Declarar \tno probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la parte \tdemandada. <\/p>\n

2. Declarar \tla nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa celebrado \tentre Guillermo Gonz\u00e1lez Holgu\u00edn y Gloria Gonz\u00e1lez \tde Esguerra con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1 \tE.S.P., el d\u00eda 22 de abril de 1977 respecto del inmueble \tdenominado \u2018Lote No. 5\u2019, cuya cabida aproximada es de \t175 hect\u00e1reas, con 7.486 metros cuadrados, con matr\u00edcula \tinmobiliaria No. 50N-768166 -que hac\u00eda parte de uno de mayor \textensi\u00f3n denominado \u2018Santa B\u00e1rbara\u2019-, \tcuyos linderos especiales son los siguientes: (\u2026). <\/p>\n

3)\tPor lo anterior se ordena a la entidad demandada la restituci\u00f3n del predio, pero en la modalidad \u2018por equivalencia\u2019, por lo esbozado en la parte motiva, como consecuencia deber\u00e1 la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT\u00c1 S.A. cancelar al se\u00f1or Daniel Alfonso Rold\u00e1n Esparragoza, como cesionario de los derechos litigiosos de los se\u00f1ores GUILLERMO GONZ\u00c1LEZ HOLGU\u00cdN Y GLORIA GONZ\u00c1LEZ DE ESGUERRA, luego de la compensaci\u00f3n arriba detallada, la suma de $4.398.269.355,37 que corresponde a la restituci\u00f3n por equivalencia reconocida a favor de los demandantes. <\/p>\n

4)\tPara efectos de la \u2018restituci\u00f3n por equivalencia\u2019 y lo decidido en esta instancia y procurar la prestaci\u00f3n permanente y eficiente del servicio p\u00fablico esencial a cargo de la demandada, el t\u00edtulo de dominio que posee el se\u00f1or Daniel Alfonso Rold\u00e1n Esparragoza, como cesionario de los derechos litigiosos de los se\u00f1ores GUILLERMO GONZ\u00c1LEZ HOLGU\u00cdN y GLORIA GONZ\u00c1LEZ DE ESGUERRA, o \u00e9stos en su propio nombre, sobre el predio materia del litigio identificado en l\u00edneas precedentes, queda en cabeza de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT\u00c1 S.A., para cuyo efecto se ordena inscribir esta sentencia en el registro p\u00fablico competente en el folio de matr\u00edcula N\u00b0 50N-768166, para lo cual se oficiar\u00e1 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos adjuntando copia aut\u00e9ntica de esta sentencia, cuya compulsa se ordena a costa del interesado. <\/p>\n

5)\tCondenar en costas de ambas instancias a la parte demandada. Liqu\u00eddense las que corresponde a esta instancia, incluyendo en la misma la suma de $33.586.157,00 por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n

6)\tDevu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n al juzgado de origen. An\u00f3tese su salida. <\/p>\n

8. Dicho prove\u00eddo fue aclarado mediante providencia del 6 de mayo del a\u00f1o en cita, \u00fanicamente en cuanto hace a los numerales 2\u00ba y 4\u00ba de su parte resolutiva, de los que se excluy\u00f3 un sector de predio objeto de la promesa, de conformidad con lo que en ella se previ\u00f3, que se identific\u00f3 por sus linderos especiales. Los dem\u00e1s pedimentos que en tal sentido elevaron las partes, fueron denegados (fls. 435 a 440, cd. 28). <\/p>\n

LA SENTENCIA DEL AD QUEM <\/p>\n

Luego de historiar lo acontecido en el litigio, de compendiar el fallo de primer grado, de referir los argumentos esgrimidos por las partes en respaldo de sus apelaciones, de tener por cumplidos los presupuestos procesales, de descartar la presencia de nulidades y de estimar acreditada la legitimaci\u00f3n de las partes, el Tribunal, para arribar a las decisiones que adopt\u00f3, expuso los argumentos que pasan a compendiarse: <\/p>\n

1. Destac\u00f3 \tlos rasgos m\u00e1s generales y distintivos del negocio jur\u00eddico, \tla promesa de contratar, la nulidad absoluta y las condiciones \tdeterminadas e indeterminadas. En relaci\u00f3n con las \u00faltimas, \trefiri\u00f3 adem\u00e1s su utilizaci\u00f3n en esa tipolog\u00eda \tde convenciones. <\/p>\n

2.\tA continuaci\u00f3n, se concentr\u00f3 en la cl\u00e1usula quinta del pacto base de la acci\u00f3n y sobre la misma observ\u00f3, en primer lugar, que \u201ca simple vista, evidencia indeterminaci\u00f3n, en la medida que de su contenido literal resulta imposible extractar la \u00e9poca no s\u00f3lo cierta sino probable del acaecimiento de la condici\u00f3n, [pues] ni siquiera se precisa si aquel juicio sucesorio se encuentra o no en curso y su etapa\u201d, o el \u201ctiempo estimado de duraci\u00f3n del mismo\u201d. <\/p>\n

Y, en segundo t\u00e9rmino, que dicha estipulaci\u00f3n \u201ccontempla la posibilidad de que el sucesorio pueda culminarse en un (1) a\u00f1o, un a\u00f1o y seis meses o incluso superar esos topes, sin precisar o establecer un l\u00edmite temporal para que el referenciado juicio sucesorio agotara su tr\u00e1mite, que habilitara el t\u00e9rmino de los treinta (30) d\u00edas subsiguientes, dentro de los cuales se verificar\u00eda el otorgamiento de la escritura p\u00fablica pertinente; sin que resulte admisible predicar, que lo realmente importante para calificar como \u2018determinada\u2019 la condici\u00f3n pactada, sea que finalmente \u2018alg\u00fan d\u00eda\u2019 se cumpla (\u2026), valga decir que en cualquier \u00e9poca, remota o cercana, se culmine el mentado sucesorio, pues tal raciocinio ri\u00f1e con la esencia misma de los negocios jur\u00eddicos y particularmente de la promesa de contrato como instrumento medi\u00e1tico para facilitar el tr\u00e1fico de capitales\u201d. <\/p>\n

3.\tCon base en tal an\u00e1lisis, extrajo las siguientes conclusiones: <\/p>\n

3.1.\tEs ostensible \u201cel desacierto de la decisi\u00f3n de instancia, en cuanto confiri\u00f3 eficacia al mentado negocio, por cuanto, como qued\u00f3 visto, el mismo no cumple a cabalidad las exigencias del art. 89 de la ley 153 de 1887, al no contener un plazo o condici\u00f3n que fije la \u00e9poca en que ha de celebrarse el contrato, dada la indeterminaci\u00f3n de la cl\u00e1usula que con tal prop\u00f3sito se consign\u00f3 en el contrato\u201d. <\/p>\n

3.2.\tDebido a \u201cla ausencia de un requisito que [la ley] prescribe para la validez y eficacia de la promesa de compraventa, el contrato celebrado por las partes y que es objeto del presente litigio, se encuentra afecto de nulidad absoluta, que se hace imperioso declarar, lo que trae en este evento aparejada la necesidad de revocar la decisi\u00f3n que desestim\u00f3 esta reclamaci\u00f3n del petitum, para en su lugar acoger la misma y disponer las restituciones mutuas que de tal declaraci\u00f3n emergen, lo que de suyo releva a la Sala a examinar la pretensi\u00f3n subsidiaria de resoluci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

3.3.\tLas excepciones de \u201cINEXISTENCIA DE LA PRETENDIDA CAUSAL DE NULIDAD Y CONSECUENTE INVALIDEZ DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA QUE SIRVE DE BASE A LA DEMANDA\u201d, \u201cCUMPLIMIENTO\u201d y \u201cCONTRATO NO CUMPLIDO\u201d, est\u00e1n llamadas a fracasar. <\/p>\n

3. Pas\u00f3 al \testudio de los otros planteamientos defensivos esgrimidos por la \taccionada, sobre los que apunt\u00f3: <\/p>\n

4.1.\tLa prescripci\u00f3n adquisitiva no puede prosperar, puesto que al momento de su alegaci\u00f3n en el sub lite, no estaba autorizado que \u201csu invocaci\u00f3n\u201d pudiera hacerse \u201cpor v\u00eda de excepci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Adicionalmente, examinada en el fondo, en atenci\u00f3n a la reforma que sobre el particular introdujo el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 791 de 2002, se encuentra que la aprehensi\u00f3n material del bien disputado la deriv\u00f3 la demandada, precisamente, del contrato de promesa de compraventa, sin que en \u00e9l se hubiere consagrado expresamente, que la entrega realizada del mismo comportaba el traspaso de la posesi\u00f3n, por lo que mal podr\u00eda reconocerse que dicho atributo se radic\u00f3 en cabeza de ella, postura que sustent\u00f3 con la invocaci\u00f3n de otro fallo de la Corte. <\/p>\n

Subray\u00f3 que, incluso, en el supuesto de haber operado el fen\u00f3meno de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo, el analizado planteamiento tampoco \u201cse hubiera abierto paso, habida consideraci\u00f3n que al no devenir la posesi\u00f3n de justo t\u00edtulo, ser\u00eda una prescripci\u00f3n extraordinaria que requerir\u00eda un lapso temporal de veinte (20) a\u00f1os, t\u00e9rmino que para la fecha en que se notific\u00f3 la demanda, no hab\u00eda transcurrido, toda vez que entre 1977 (fecha de suscripci\u00f3n de la promesa) y 1991 (fecha de presentaci\u00f3n de la demanda), solo mediaban catorce (14) a\u00f1os; pero que no pueden computarse totalmente a favor del pretenso poseedor (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1), en raz\u00f3n a que este para el a\u00f1o 1987, esto es a escasos cuatro (4) a\u00f1os antes de incoarse esta acci\u00f3n, persist\u00eda en su condici\u00f3n de tenedor, reconociendo a\u00fan para esa calenda el dominio de los promitentes vendedores; como se desprende de las documentales allegadas como pruebas, que dan cuenta de los requerimientos que la entidad hac\u00eda a estos, en procura de que suscribieran la escritura de compraventa correspondiente que le transfiriera el dominio\u201d. <\/p>\n

4.2.\tEn punto de la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de nulidad contractual ejercida, el ad quem infiri\u00f3 la interrupci\u00f3n de la misma con la presentaci\u00f3n de la demanda y la notificaci\u00f3n del auto admisorio, en la medida que estos actos se realizaron con sujeci\u00f3n al mandato del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de modo que descart\u00f3 su configuraci\u00f3n. <\/p>\n

4.3.\tNeg\u00f3 la prosperidad de la excepci\u00f3n de \u201cRATIFICACI\u00d3N DEL NEGOCIO JUR\u00cdDICO SUPUESTAMENTE NULO\u201d, en tanto que, dijo, no existe una manifestaci\u00f3n en tal sentido que satisfaga las exigencias legales, esto es, con las mismas solemnidades del contrato ratificado, am\u00e9n que no se produjo t\u00e1citamente, pues ello acaece \u00fanicamente con el cumplimiento de la obligaci\u00f3n contra\u00edda, lo que aqu\u00ed no tuvo lugar. <\/p>\n

4.4.\tPuntualiz\u00f3, finalmente, que el preacuerdo de conciliaci\u00f3n que presentaron las partes en segunda instancia, no modific\u00f3 el derecho sustancial reclamado, pues ellas en la audiencia del 31 de enero de 2008 sujetaron su eficacia, al cabal cumplimiento de lo all\u00ed pactado, que en definitiva no se dio. <\/p>\n

5.\tEn cuanto hace a las prestaciones mutuas, el Tribunal observ\u00f3: <\/p>\n

5.1.\tLa restituci\u00f3n del inmueble por parte de la demandada a los actores no puede hacerse en forma real y material, como quiera que se ver\u00eda comprometido el suministro de agua potable para la ciudad, en tanto que con las obras realizadas en el predio, se habilit\u00f3 el ingreso del 70% del caudal con el que se atiende el requerimiento de la capital, por lo que, siguiendo la jurisprudencia nacional, debe aplicarse extensivamente el art\u00edculo 955 del C\u00f3digo Civil y disponerse la restituci\u00f3n ficta del terreno. <\/p>\n

De los tres aval\u00faos que obran en el proceso, habr\u00e1 de atenderse el que se present\u00f3 en desarrollo de la conciliaci\u00f3n que se intent\u00f3 en el curso de la segunda instancia, toda vez que proviene \u201cde una entidad con excelsa idoneidad\u201d y \u201cconsulta las condiciones particulares y especiales de la heredad en la \u00e9poca m\u00e1s reciente\u201d. <\/p>\n

Por consiguiente, \u201cel valor del predio que, en principio, se debe reconocer por concepto de \u2018restituci\u00f3n por equivalencia\u2019 a favor de los demandantes, como justo precio, estar\u00eda en el orden de los $9.020.408.530,00. No obstante y muy a pesar de la declaratoria de nulidad del contrato de promesa, es lo cierto, que con ocasi\u00f3n a dicho acto negocial la demandada cancel\u00f3 lo que para entonces constitu\u00eda el 50% del justo precio, el cual ante la[s] particular[es] circunstancia[s] que rodean este caso, -que impiden como ya se precis\u00f3 la restituci\u00f3n material-, debe imputarse al precio a pagar, quedando entonces a deber la demandada el restante 50%, que de acuerdo con las precisiones expuestas en l\u00edneas precedentes debe estar acorde al justo precio que hoy tiene el inmueble, lo cual conlleva que el valor a cancelar a los demandantes a t\u00edtulo de restituci\u00f3n por equivalencia asciende a la suma de $4.510.204.265,00, como se dispondr\u00e1 en la parte resolutiva\u201d. <\/p>\n

5.2.\tSi bien es verdad que como regla de principio, habr\u00eda lugar al reconocimiento de frutos a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, debi\u00e9ndose tener a la demandada como poseedora de buena fe, examinado \u201cel acervo probatorio, se evidencia que no existe ninguna prueba que permita establecer destinaci\u00f3n econ\u00f3mica alguna del inmueble con antelaci\u00f3n al a\u00f1o 1977, que pudiera derivar rentabilidad susceptible de ser reconocida por haber sido privado de ella con ocasi\u00f3n del contrato celebrado, siendo la \u00fanica la desarrollada a partir de esa data por la sociedad demandada, la cual como ya qued\u00f3 dicho no puede servir de par\u00e1metro o soporte v\u00e1lido para generar beneficio alguno a favor de los actores, dada la singular destinaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Y agreg\u00f3: \u201cDeviene de lo anterior, que la determinaci\u00f3n de los frutos a reconocer a favor de los se\u00f1ores Gonz\u00e1lez -a\u00fan ante la eventual restituci\u00f3n material del predio objeto del contrato anulado-, qued\u00f3 totalmente hu\u00e9rfana de prueba; no existe, entonces, otra alternativa jur\u00eddica diferente a la de negar dicho pedimento, toda vez que no puede olvidarse que a nadie le es dable hacer de su dicho prueba de los hechos que alega, conforme se desprende del contenido del art\u00edculo 177 del C.P.C., por lo que correspond\u00eda a los actores acreditar, mediante cualquiera de los medios probatorios autorizados en nuestro ordenamiento adjetivo, (\u2026) la cuant\u00eda de los frutos que pudo haber generado el predio con mediana diligencia, al haber desatendido estos dicha carga procesal, no hay lugar a que en esta decisi\u00f3n se imponga su reconocimiento a cargo de la pasiva\u201d. <\/p>\n

5.3.\tComo el predio, por virtud de la restituci\u00f3n por equivalencia, queda materialmente en poder de la demandada, no hay lugar al reconocimiento de mejoras. <\/p>\n

5.4.\tLos demandantes deber\u00e1n reintegrar a la accionada, las sumas que recibieron por concepto de intereses ($180.000.oo y $67.500.oo), que indexadas y computados los correspondientes intereses derivados de ellas, ascienden al total de $117.006.785.81, monto que habr\u00e1 de compensarse con el valor de la restituci\u00f3n, que se reduce, por lo tanto, a la cuant\u00eda de $4.393.197.479.19. <\/p>\n

LAS DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

Como ya se dijo, ambas partes impugnaron el fallo de segunda instancia. <\/p>\n

En la demandada que present\u00f3 la parte actora para sustentar el recurso que propuso, formul\u00f3 siete cargos, el inicial con respaldo en la causal quinta de casaci\u00f3n y los restantes soportados en la primera. <\/p>\n

A su turno, la accionada esgrimi\u00f3 cuatro acusaciones, todas por violaci\u00f3n de la ley sustancial. <\/p>\n

La Corte estudiar\u00e1 los referidos reproches en el siguiente orden: primero, el cargo inicial aducido por la parte demandante, por referirse a un yerro de procedimiento; luego los cargos segundo y tercero propuestos por la misma parte, habida cuenta que ellos, en esencia, plantean la imposibilidad jur\u00eddica de haberse dictado el fallo de segunda instancia, con respaldo en circunstancias ex\u00f3genas a la sentencia misma; a continuaci\u00f3n se ocupar\u00e1 del cargo primero de la accionada, en el que se discuti\u00f3 el genuino sentido y alcance del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887; posteriormente se avocar\u00e1n los reproches segundo y cuarto de la empresa convocada, toda vez que con ellos se cuestion\u00f3 la nulidad declarada; seguidamente concentrar\u00e1 su atenci\u00f3n en el cargo tercero esgrimido por la demandada, mediante el cual se persigui\u00f3 el reconocimiento de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva; y, finalmente, escudri\u00f1ar\u00e1 las acusaciones cuarta a s\u00e9ptima del extremo actor, como quiera que cada una tiene alcances meramente parciales, en tanto que versaron sobre puntuales aspectos de las prestaciones mutuas. <\/p>\n

DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE LA PARTE ACTORA
\nCARGO PRIMERO <\/p>\n

Con apoyo en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se denunci\u00f3 la \u201cnulidad de la sentencia por falta de jurisdicci\u00f3n y ausencia de competencia funcional del Tribunal\u201d, vicios contemplados en los numerales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 140 de ese mismo ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n

Tras reproducir las resoluciones adoptadas en el fallo cuestionado, relacionar lo decidido en el prove\u00eddo que lo adicion\u00f3, adiado el 6 de mayo de 2011, y memorar que en desarrollo de la audiencia de conciliaci\u00f3n decretada de oficio por el ad quem, el cesionario de los actores y la demandada, en el segmento de ella que se adelant\u00f3 el 8 de abril de 2008 (fls. 263 a 265, cd. 28), pidieron de consuno a esa autoridad \u201cdictar un fallo en equidad\u201d, solicitud que posteriormente fue avalada por los primigenios accionantes (escrito de folio 303, ib.), el impugnante sustent\u00f3 la acusaci\u00f3n como pasa a rese\u00f1arse: <\/p>\n

1.1.\tEs posible que en un proceso determinado, \u201clas partes dispongan que el juez no se atenga a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas y aplique, en su lugar, principios de equidad, que lo conduzcan a establecer la \u2018justicia de cada caso concreto\u2019\u201d, hip\u00f3tesis en la que el funcionario judicial \u201cdecide las cuestiones a \u00e9l sometidas, no ya sobre la base de reglas fijas y constantes, como son los textos legales, que limitan el ejercicio de poderes discrecionales por parte del juez, sino que toma en consideraci\u00f3n las circunstancias espec\u00edficas del caso concreto, las situaciones sociol\u00f3gicas que lo rodean e, inclusive, la conveniencia o no de los actos\u201d. <\/p>\n

1.2.\tAyudado por la doctrina for\u00e1nea y patria, diferenci\u00f3 la \u201cjurisdicci\u00f3n en equidad\u201d y la \u201cjurisdicci\u00f3n en derecho\u201d y, con tal base, apunt\u00f3 que \u201c[l]os precedentes criterios jur\u00eddicos tienen plena eficacia en el sistema jur\u00eddico colombiano\u201d, habida cuenta el mandato del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 38 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, precepto declarado conforme a la Constituci\u00f3n, mediante sentencia que reprodujo in extenso. <\/p>\n

1.3.\tEn tal orden de ideas, reliev\u00f3 que en dicho fallo no se sujet\u00f3 la aplicaci\u00f3n del referido precepto a condici\u00f3n alguna y que, por lo tanto, no es admisible sostener que \u201cle est\u00e9 vedado al juzgador de segundo grado, cumplidos los requisitos previstos en el art\u00edculo 38 del C. de P.C., decidir en equidad, toda vez que, de un lado, el mandato contenido en la rese\u00f1ada regla jur\u00eddica no determina, ni pod\u00eda hacerlo, que esa especie de fallo solamente se pueda proferir al finiquitar la primera instancia, como tampoco sustrae de esa potestad al sentenciador de segundo grado, am\u00e9n que no prescribe que el de equidad presuponga un tr\u00e1mite especial\u201d. <\/p>\n

1.4.\tAdvirti\u00f3 que en el presente caso, se cumpl\u00edan las exigencias de la comentada norma y que las partes, teniendo en cuenta que los primigenios actores cedieron su derecho litigioso a un tercero, \u201cen ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad y mediante un acto v\u00e1lido y procedente, reformaron la promesa de contrato con miras a superar sus deficiencias y, a la vez, solucionar la controversia que los implicaba y, justamente, en ese sentido debi\u00f3 enderezarse el fallo en equidad, es decir, avalando el acuerdo mediante el cual, atendiendo criterios de justicia y razonabilidad, las partes pretendieron finiquitar la disputa, adoptando consecuentemente los correctivos para que ese pacto se pudiera cumplir\u201d. <\/p>\n

1.5.\tAdicionalmente, trajo a colaci\u00f3n otro fallo de la Corte relativo a la posibilidad que tienen las partes de un proceso, para sustraer la aplicaci\u00f3n en \u00e9l de las reglas formales. <\/p>\n

2. Enseguida, el \tcensor recab\u00f3 en la falta de competencia funcional que, \tigualmente, adujo como soporte de la nulidad por \u00e9l \tdeprecada, t\u00f3pico sobre el que puntualiz\u00f3: <\/p>\n

2.1.\tDicha carencia en el Tribunal, obedeci\u00f3 a la formulaci\u00f3n de la comentada solicitud, dirigida a que la segunda instancia se resolviera en equidad, postura en pro de la que el impugnante reprodujo otra sentencia de esta Sala de la Corte. <\/p>\n

2.2.\tLa competencia de ese ente, por consiguiente, \u201cestaba circunscrita a resolver en equidad y no en derecho el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por las partes contra la sentencia del 3 de mayo de 2006 que le puso fin a la primera instancia, es decir, al resolver el Tribunal de manera indebida en la forma como lo hizo, rebas\u00f3 la competencia funcional para desatar la segunda instancia, pues claramente repito, la competencia quedaba circunscrita a resolver en equidad y no en derecho, incurriendo el Tribunal as\u00ed en una nulidad originada en la sentencia, por falta de competencia funcional, de car\u00e1cter insaneable, vicio que emerge del fallo impugnado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2.3.\tEl referido defecto se consolid\u00f3, adem\u00e1s, porque el ad quem, pese a \u201cque las partes reclamaron que se\u00f1alara fecha y hora para reanudar la audiencia de conciliaci\u00f3n, tercamente se empecin\u00f3 en no celebrarla para, en su lugar, precipitarse a decidir la instancia\u201d, como lo resolvi\u00f3 en auto del 2 de noviembre de 2009, mediante el cual neg\u00f3 la petici\u00f3n que en tal sentido le formul\u00f3 la actora el 27 de octubre anterior (fl. 338, cd. 24), decisi\u00f3n que mantuvo, pese a la reposici\u00f3n que ella interpuso sin oposici\u00f3n de la parte demandada. <\/p>\n

2.4.\tComo la conciliaci\u00f3n no se agot\u00f3 y el \u00e1nimo conciliatorio de las partes se mantuvo, \u201cno le era dado al Tribunal malograr abruptamente esa potestad de las partes\u201d, inferencia que respald\u00f3 en uno de los fallos que ya hab\u00eda reproducido y en los art\u00edculos 43 y 45 de la Ley 640 de 2001. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tCual viene de registrarse, a decir del recurrente, como las partes, en desarrollo de la facultad que les confer\u00eda el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 38 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, durante el curso de la audiencia de conciliaci\u00f3n que se verific\u00f3 en el tr\u00e1mite de la segunda instancia, solicitaron de consuno al Tribunal, dictar un fallo en equidad, esa Corporaci\u00f3n carec\u00eda de jurisdicci\u00f3n (primera parte de la acusaci\u00f3n), o de competencia (segunda parte), para emitir uno que resolviera en derecho las apelaciones interpuestas contra el de primera instancia, que fue en \u00faltimas el que profiri\u00f3. <\/p>\n

Adicionalmente, la persistencia de las partes en la conciliaci\u00f3n, expresada en las peticiones que elevaron para que continuara, fue otro factor que le imped\u00eda a esa Corporaci\u00f3n dictar el fallo combatido, en el momento en que lo hizo. <\/p>\n

2.\tEn torno de la primera de esas acusaciones, es del caso colegir su fracaso, con apoyo en las siguientes razones: <\/p>\n

2.1.\tComo la demanda origen del presente proceso se present\u00f3 para reparto el 12 de abril de 1991, propio es ver que para entonces reg\u00eda, de un lado, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1886 y, de otro, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, con la modificaci\u00f3n que le introdujo el Decreto 2282 de 1989, ordenamientos jur\u00eddicos que, por lo tanto, ser\u00e1n los que orienten la definici\u00f3n del cargo.
\nConforme a ese plexo normativo, eran jurisdicciones propiamente dichas, la civil, la penal, la laboral y la contencioso-administrativa. Adem\u00e1s, las modificaciones en materia de jurisdicci\u00f3n y competencia, salvo mandato expreso, no var\u00edan la aptitud legal, perpetuando la jurisdicci\u00f3n a\u00fan a costa de las variaciones del derecho. (Sentencia reciente de la sala civil SC1230-2018) <\/p>\n

2.2.\tA voces del art\u00edculo 12 del citado c\u00f3digo, correspond\u00eda \u201ca la jurisdicci\u00f3n civil todo asunto que no est\u00e9 atribuido por la ley a otras jurisdicciones\u201d. <\/p>\n

Dentro de esa organizaci\u00f3n jerarquizada, los jueces civiles de circuito conoc\u00edan en primera instancia, entre otros, de \u201clos procesos contenciosos que sean de mayor cuant\u00eda, salvo los que correspondan a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u201d (num. 1\u00ba, art. 16, ib.); y las Salas Civiles de los Tribunales Superiores, \u201c[e]n segunda instancia\u201d, de \u201clos recursos de apelaci\u00f3n y de las consultas en los procesos de que conocen en primera instancia los jueces de circuito, y de los recursos de queja cuando se deniegue el de apelaci\u00f3n\u201d (lit. a, num. 1\u00ba, art. 26, ib.). <\/p>\n

2.3\tSobre la base de que este asunto era de mayor cuant\u00eda y que la demandada ten\u00eda su domicilio en esta capital (arts. 19, 20 y 23, regla 1\u00aa, ib.), cuestiones que no fueron discutidas en las instancias y, mucho menos, en casaci\u00f3n, se colige que en ning\u00fan error incurri\u00f3 el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 cuando asumi\u00f3 su conocimiento, en primera instancia. <\/p>\n

Al respecto, pertinente es memorar que la demandada, una vez fue vinculada al proceso, reclam\u00f3, por v\u00eda incidental, la nulidad de todo lo actuado, por falta de jurisdicci\u00f3n (num. 1\u00ba, art. 140, ib.), sustentada en que el contrato base de la acci\u00f3n era de naturaleza administrativa y, por lo mismo, el conocimiento de la demanda correspond\u00eda solamente a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa (fls. 89 a 91, cd. 9). <\/p>\n

El a quo, fincado en que el mentado acuerdo de voluntades era un \u201ccontrato de derecho privado de la administraci\u00f3n sometido a las normas comunes\u201d, neg\u00f3 la invalidaci\u00f3n impetrada, mediante auto del 4 de marzo de 1993 (fls. 190 a 195 vuelto, cd. 9). <\/p>\n

Dicho prove\u00eddo lo confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, pronunciamiento que efectu\u00f3 en providencia del 23 de agosto del mismo a\u00f1o, en la que concluy\u00f3 que \u201cal no poderse afirmar que el contrato de promesa de compraventa aducido s\u00f3lo pueda ser de aquellos que por su objeto \u00fanicamente pueda celebrar la Administraci\u00f3n en ejercicio de sus funciones p\u00fablicas, de suerte que impl\u00edcita o virtualmente pueda predicarse su exorbitancia, o que, a\u00fan sin ser as\u00ed, contenga expresamente alguna cl\u00e1usula exorbitante, debe seguirse que como el firmado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1, con Guillermo Gonz\u00e1lez Holgu\u00edn y Gloria Gonz\u00e1lez de Esguerra se ubica entre los de derecho privado de la Administraci\u00f3n, este asunto corresponde dirimirlo a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u201d (fls. 27 a 41, cd. 10). <\/p>\n

La firmeza del prove\u00eddo en precedencia mencionado, dej\u00f3 definido, por lo tanto, que este asunto litigioso s\u00ed era de conocimiento de la mencionada oficina judicial y, correlativamente, que en segunda instancia, la competencia para resolver la ten\u00eda la Sala Civil del Tribunal Superior de esta capital. <\/p>\n

2.4.\tSiendo ello as\u00ed y teniendo muy en cuenta que en ese entonces, como ahora, ni las normas constitucionales, ni las legales aplicables, contemplaban la existencia de jurisdicciones \u201cen equidad\u201d y \u201cen derecho\u201d, mal puede admitirse que el Tribunal, por la circunstancia de que las partes de com\u00fan acuerdo le solicitaron resolver de esa forma -en equidad-, carec\u00eda de jurisdicci\u00f3n y\/o de competencia para pronunciarse sobre los recursos de apelaci\u00f3n que contra el fallo de primera instancia interpusieron las partes, pues, muy por el contrario, esa Corporaci\u00f3n, era la \u00fanica habilitada para desatar las alzadas. <\/p>\n

2.5.\tCosa bien distinta fue que en el transcurso del tr\u00e1mite de segunda instancia, en desarrollo de la habilitaci\u00f3n que al respecto contemplaba la ley procesal civil (num. 1\u00ba, art. 38, C. de P.C.), las partes hubiesen buscado alterar el alcance de sus apelaciones, en el sentido de que pretendieron que ellas no fueran resueltas a la luz, exclusivamente, de la normatividad positiva imperante, sino de un criterio m\u00e1s flexible, como es el de la equidad, independientemente de la procedencia de esa modificaci\u00f3n. <\/p>\n

Tal pedimento de las partes, por consiguiente, no vari\u00f3 en nada la jurisdicci\u00f3n y competencia radicadas en el Tribunal para resolver la segunda instancia del proceso, sino que propendi\u00f3 por el ensanchamiento de la dimensi\u00f3n de la decisi\u00f3n adoptable, toda vez que, como acaba de decirse, esa Corporaci\u00f3n, en virtud de \u00e9l, pod\u00eda, en principio, fallar por fuera del r\u00edgido marco de la ley, esto es, guiada por criterios de justicia no formales. <\/p>\n

2.6.\tAs\u00ed las cosas, ning\u00fan acogimiento merece la acusaci\u00f3n que se deja examinada. <\/p>\n

3.\tEn cuanto hace al otro cuestionamiento formulado en la censura, es decir, la falta de competencia del Tribunal derivada del hecho de encontrarse sin definir la conciliaci\u00f3n decretada en segunda instancia, se establece: <\/p>\n

3.1.\tLa insistencia de las partes en la continuaci\u00f3n de la audiencia ordenada con ese fin, no es cuesti\u00f3n que le quitara al Tribunal la competencia para resolver. Lo m\u00e1s que pudiera desprenderse de la circunstancia de que el ad quem no atendi\u00f3 ese pedimento, es que su fallo fue prematuro, eventualidad que no es constitutiva de nulidad. <\/p>\n

3.2.\tAl margen de lo anterior, la revisi\u00f3n de lo actuado deja en claro que, contrariamente a lo predicado por el recurrente, la conciliaci\u00f3n intentada s\u00ed concluy\u00f3 antes del proferimiento de la sentencia impugnada, as\u00ed no exista un pronunciamiento expreso en tal sentido. <\/p>\n

V\u00e9ase c\u00f3mo, en la diligencia del 31 de enero de 2008, el se\u00f1or \u00d3scar Garc\u00eda Poveda, en representaci\u00f3n de la demandada, y el apoderado del cesionario, de manera conjunta, \u201cexpusieron el principio de acuerdo al que han llegado las partes[,] el cual se concreta en el documento que se acompa\u00f1a (\u2026)\u201d, ocasi\u00f3n en la que ambas partes y sus apoderados solicitaron la suspensi\u00f3n de la audiencia, con miras \u201cde adelantar los actos de perfeccionamiento del acuerdo\u201d (fls. 195 a 198, cd. 28). <\/p>\n

El 6 de marzo posterior, el se\u00f1or Personero Distrital se\u00f1al\u00f3 que esa entidad ten\u00eda dudas respecto del \u201cprecio que se pretende pagar, dados los antecedentes econ\u00f3micos del contrato y el terreno que conservar\u00edan los demandantes\u201d, planteamiento que aval\u00f3 la Jefe de la Oficina de Asesor\u00eda Jur\u00eddica de la Contralor\u00eda de Bogot\u00e1, quien adem\u00e1s se reserv\u00f3 \u201cel derecho a obrar como organismo de control, de conformidad con la ley\u201d. <\/p>\n

Escuchadas esas intervenciones, as\u00ed como las de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el cesionario de los actores y la empresa demandada, frente al interrogante que se les plante\u00f3 \u201csobre su decisi\u00f3n de conciliar\u201d, expresaron que \u201cs\u00ed e[ra] su prop\u00f3sito, pero que requ[er\u00edan] un tiempo para adoptar la decisi\u00f3n final, por lo que solicita[ro]n el aplazamiento de la audiencia\u201d, a lo que se accedi\u00f3 (fls. 257 a 259, cd. 28). <\/p>\n

En la oportunidad subsiguiente, que lo fue el 8 de abril de 2008, frente a la solicitud que se hizo a las partes para que manifestaran \u201csi han llegado a un acuerdo conciliatorio, m\u00e1s concretamente, si la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1 mantiene los t\u00e9rminos del preacuerdo suscrito el 31 de enero de 2008\u201d, el cesionario de los demandantes expres\u00f3 que \u201cpersevera(\u2026) en el acuerdo, mientras que el Gerente de la empresa demandada se\u00f1al[\u00f3] que existen algunas discrepancias, pero que plantea autorizar al Tribunal para que profiera un fallo en equidad, propuesta que acept[\u00f3] la parte demandante\u201d y que el ad quem exigi\u00f3 fuera coadyuvada por los primigenios accionantes (fls. 263 a 266, cd, 28), lo que posteriormente ellos hicieron (fl. 303, cd. 28). <\/p>\n

Significa lo anterior, que el principio de acuerdo al que llegaron las partes en la audiencia del 31 de enero de 2008 fracas\u00f3, porque la demandada, en definitiva, no lo aprob\u00f3; y que la \u00fanica f\u00f3rmula en la que ellas se pusieron de acuerdo, fue la consistente en autorizar al Tribunal para que resolviera \u201cen equidad\u201d, propuesta que los promotores del litigio coadyuvaron posteriormente, mediante escrito autenticado que obra en el folio 303 del cuaderno en cita. <\/p>\n

El recuento precedente permite colegir, a la vez, que la conciliaci\u00f3n, como tal, estaba finiquitada, sin haberse logrado un acuerdo que pusiera fin al proceso, mas s\u00ed uno dirigido a que el Tribunal decidiera la segunda instancia en equidad. <\/p>\n

De suyo, entonces, que no anduvo descaminado el Tribunal cuando en los autos de 3 de noviembre y 7 de diciembre de 2009, mediante los cuales, en su orden, no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de se\u00f1alar una nueva fecha para continuar la audiencia de conciliaci\u00f3n y no repuso esa determinaci\u00f3n, estim\u00f3 que, pese al \u00e1nimo de los intervinientes de llegar a un arreglo y a que ellos habilitaron a esa Corporaci\u00f3n para dictar un fallo en equidad, \u201cno se logr\u00f3 un acuerdo definitivo\u201d; que por lo tanto \u201cel proceso (\u2026) se encuentra legalmente en estado de dictar sentencia\u201d; y que la posibilidad de conciliar \u201cfue debidamente agotada\u201d. <\/p>\n

3.3.\tSiendo ello as\u00ed, nada imped\u00eda al Tribunal el proferimiento de la correspondiente sentencia, de lo que se sigue que este segundo aspecto del ataque, tampoco est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n

4. Corolario de todo lo expuesto, es que el cargo auscultado no se abre paso. <\/p>\n

DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE LA PARTE ACTORA
\nCARGO SEGUNDO <\/p>\n

Denunci\u00f3 la violaci\u00f3n directa, por indebida aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 955, 1611, 1741, 1742, 1746 del C\u00f3digo Civil; y, por falta de aplicaci\u00f3n, del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 38 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201cque faculta a las partes para que de consuno soliciten un fallo en equidad\u201d. <\/p>\n

En resumen, el proponente de la acusaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

1.\tEl Tribunal, \u201cal empe\u00f1arse obstinadamente en soslayar la voluntad de las partes de que su controversia fuese definida atendiendo exclusivamente criterios de equidad, potestad que inquebrantablemente les concede el numeral primero del art\u00edculo 38 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, regla esta que se abstuvo de aplicar, infringi\u00f3, igualmente, las referidas normas del C\u00f3digo Civil, por hacerlas obrar cuando ello no era procedente\u201d. <\/p>\n

2.\tEn la sentencia de constitucionalidad de ese precepto, que el censor reprodujo en lo pertinente, se dej\u00f3 bien en claro que el acceso a la justicia, a m\u00e1s de subjetivo, es un derecho fundamental \u201cque no se circunscribe a la posibilidad de reclamarle a los jueces que hagan concreta la voluntad abstracta de la ley, sino que igualmente comprende, entre otras libertades y garant\u00edas, la de que se respete y acoja su com\u00fan voluntad para que un asunto sea decidido en equidad para lo cual envisten al juez del poder que es menester\u201d. <\/p>\n

3.\tNo obstante haber sido eso lo que en este asunto solicitaron las partes, el ad quem desconoci\u00f3 su petici\u00f3n para, contrari\u00e1ndola, proceder a resolver la segunda instancia en derecho, \u201cactitud tozuda pero errada del sentenciador\u201d, que \u201clo condujo a aplicar a pesar de que le estaba vedado hacerlo, los art\u00edculos 955, 1611, 1742, 1746 del C\u00f3digo Civil, cuando lo cierto es que las partes hab\u00edan modificado la promesa, adoptando los correctivos para superar las anomal\u00edas que la afectaban y sentando las bases para que se profiriese un fallo en equidad\u201d. <\/p>\n

4.\tTermin\u00f3 diciendo que la definici\u00f3n de la controversia a la luz de las normas legales, no traduce que el fallo dictado \u201cse nutr[a] de principios de equidad\u201d, pues el sentenciador de segunda instancia fue expl\u00edcito en se\u00f1alar que no resolver\u00eda de esa manera y \u201cporque no se preocup\u00f3 por establecer si la rigurosa, fr\u00eda e implacable aplicaci\u00f3n de las aludidas normas legales comportaban una decisi\u00f3n particularmente justa en este caso\u201d. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tComo se deduce del cargo, el punto en el que se sustent\u00f3 fue la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n por parte del Tribunal del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 38 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en la medida que entendi\u00f3 que los fallos en equidad s\u00f3lo proceden en primera instancia, comprensi\u00f3n que lo llev\u00f3, de un lado, a desatender la solicitud que en tal sentido le elevaron los intervinientes en el proceso y, de otro, a aplicar indebidamente las normas del C\u00f3digo Civil que igualmente identific\u00f3 al inicio de la censura. <\/p>\n

2.\tSiendo ello as\u00ed, hay que decir que el precitado precepto no es de linaje sustancial. <\/p>\n

Reza, en lo pertinente, que \u201c[e]l juez tendr\u00e1 los siguientes poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n: 1. Resolver los procesos en equidad, si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Dicha norma forma parte del T\u00edtulo IV -\u201cDe los deberes, poderes y responsabilidad de los jueces civiles\u201d-, que integra la Secci\u00f3n Primera -\u201c\u00d3rganos judiciales y sus auxiliares\u201d- del Libro Primero -\u201cSujetos del proceso\u201d- del citado estatuto procedimental. <\/p>\n

Se trata, pues, de un precepto de contenido netamente instrumental, cuyo fin exclusivo era delimitar los poderes, en este caso, de \u201cordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n\u201d del juez, en los procesos civiles. <\/p>\n

Sin mayores explicaciones, as\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 la Sala al inadmitir algunos de los reproches propuestos en una demanda de casaci\u00f3n, ocasi\u00f3n en la que apunt\u00f3 que \u201clos cargos tercero, quinto y sexto, no expresan el quebranto de ninguna norma sustancial, pues todos los enunciados son de linaje procesal, como de tiempo atr\u00e1s lo ha se\u00f1alado esta Sala en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 38 (auto octubre 25\/1996), (\u2026)\u201d (CSJ, SC del 25 de enero de 2008, Rad. n.\u00b0 2002-00373-01). <\/p>\n

Ni siquiera visto desde la perspectiva de la facultad que contempla en favor de las partes, de pedir que el proceso en el que intervienen sea decidido en equidad, califica de sustancial, toda vez que esa posibilidad no concierne con sus derechos materiales propiamente dichos, sino que, como ya se dej\u00f3 insinuado al desatarse el cargo anterior y se ampliar\u00e1 m\u00e1s adelante, ata\u00f1e con los linderos que el juez debe observar al proferir el fallo correspondiente, que se ampl\u00edan para abarcar principios extralegales, como son los de la equidad. <\/p>\n

La carencia de sustancialidad del analizado mandato legal determina el fracaso del cargo, pues como ya se registr\u00f3, su presunto quebranto constitu\u00eda la piedra angular de la acusaci\u00f3n, toda vez que de tal vulneraci\u00f3n fue que el censor deriv\u00f3 la indebida aplicaci\u00f3n de las otras normas que precis\u00f3 en el encabezamiento del ataque. <\/p>\n

3.\tDe aceptarse, s\u00f3lo en gracia de discusi\u00f3n, que la indicada norma, en este caso concreto, s\u00ed ostenta car\u00e1cter sustancial, el cargo, de todas maneras, no se abre paso, pues adolece de una grave falla t\u00e9cnica en su formulaci\u00f3n, como pasa a analizarse: <\/p>\n

3.1.\tEn desarrollo del derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el art\u00edculo 26 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1886, y en el 29 de la actual, los jueces, desde siempre, como regla de principio, deben resolver en derecho los procesos sometidos a su conocimiento. <\/p>\n

Ello, en apretada s\u00edntesis, comporta hacer actuar las normas legales en los casos concretos y reconocer los efectos jur\u00eddicos que de esa aplicaci\u00f3n se desprendan. <\/p>\n

De suyo, entonces, que cuando una parte demanda, en ejercicio del derecho de acci\u00f3n, y la otra se opone a sus pedimentos, como manifestaci\u00f3n de su derecho a la defensa, ambas, en esencia, le est\u00e1n reclamando a la autoridad judicial, que someta su caso a la ley preexistente y, fincado en esa labor de subsunci\u00f3n, declare la soluci\u00f3n del conflicto en la sentencia con la que ponga fin al debate litigioso. <\/p>\n

3.2.\tEmpero puede ocurrir que las partes quieran que la definici\u00f3n de su problem\u00e1tica atienda criterios m\u00e1s amplios que la ley positiva misma, caso en el cual, trat\u00e1ndose de derechos disponibles y siendo ellas capaces, tienen la posibilidad de ensanchar los poderes de \u201cordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n\u201d del juez de la causa, mediante la formulaci\u00f3n de la solicitud de que trata el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 38 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

Al declarar exequible el comentado numeral, la Corte Constitucional expres\u00f3 que \u201caun cuando la equidad como tal no constituye una fuente de derecho positivo, las pautas que se derivan de su aplicaci\u00f3n y las que surgen de la aplicaci\u00f3n del derecho legislado, no tienen contenidos necesariamente diferentes. En tal medida, como resultado de la actividad judicial, no son opciones materialmente excluyentes y, por lo tanto, una decisi\u00f3n en equidad, sin dejar de serlo, puede ser tambi\u00e9n una decisi\u00f3n jur\u00eddicamente aceptable\u201d (Sentencia C-1547 del 21 de noviembre de 2000; se subraya). <\/p>\n

3.3.\tNo hay duda, entonces, que el art\u00edculo 38 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en general, es una norma regulativa de la actividad judicial, lo que resalta su car\u00e1cter eminentemente procesal; y, adicionalmente, que su numeral 1\u00ba disciplina la gesti\u00f3n decisoria del juez, toda vez que le dice a \u00e9ste que cuando las partes le formulan la solicitud de que all\u00ed se trata, se ampl\u00edan sus poderes de \u201cordenaci\u00f3n\u201d de tal modo que puede, al resolver el litigio sometido a su composici\u00f3n, aplicar par\u00e1metros de justicia distintos de la ley positiva. <\/p>\n

3.4.\tEn este orden de ideas, salta a la vista que el desconocimiento de la prorrogativa contemplada en la disposici\u00f3n analizada engendra un vicio de actividad, que no de juzgamiento, denunciable en casaci\u00f3n \u00fanicamente a la luz de la causal de incongruencia, que el C\u00f3digo de Procedimiento Civil consagraba en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 368 y que el actual C\u00f3digo General del Proceso establece en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 336, pues, en \u00faltimas, lo que sucede en ese supuesto, es que el fallador no respeta, porque los reduce, los l\u00edmites que debe observar al proferir la sentencia con la que dirime el pleito sometido a su conocimiento. <\/p>\n

3.5.\tDe lo dicho se infiere la indebida formulaci\u00f3n del cargo, toda vez que mediante \u00e9l se denunci\u00f3 la comisi\u00f3n de un error puramente jur\u00eddico, bajo la \u00e9gida del motivo inicial del primero de los preceptos atr\u00e1s invocados, desatino t\u00e9cnico que tambi\u00e9n provoca su naufragio. <\/p>\n

4.\tEl cargo, en definitiva, no prospera. <\/p>\n

DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE LA PARTE ACTORA
\nCARGO TERCERO <\/p>\n

Consisti\u00f3 en el quebranto indirecto de los art\u00edculos 765 -inciso final-, 1494, 1495, 1602, 2469, 2470, 2471, 2483 y 2484 del C\u00f3digo Civil; y 340 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de error de hecho por \u201cindebida apreciaci\u00f3n del acuerdo a que llegaron las partes contendientes en este proceso visible a folios 176 a 188 del cuaderno del Tribunal y que envolv\u00eda una transacci\u00f3n que pon\u00eda fin al proceso y as\u00ed ha debido ser declarado\u201d. <\/p>\n

La acusaci\u00f3n la estructur\u00f3 su proponente, de la siguiente manera: <\/p>\n

1.\tEl documento arriba mencionado contiene un \u201ccontrato de transacci\u00f3n suscrito el 31 de enero de 2008 por las partes\u201d, cuyo contenido reprodujo el censor en integridad. <\/p>\n

2.\tA ese acuerdo arribaron los litigantes \u201cdespu\u00e9s de arduas negociaciones\u201d, realizadas a lo largo de las diferentes sesiones que conformaron la audiencia de conciliaci\u00f3n decretada y practicada en segunda instancia, cuyo desenvolvimiento explic\u00f3 sucintamente. <\/p>\n

3.\tNo obstante que el Tribunal repar\u00f3 en dicho documento, tergivers\u00f3 su alcance, puesto que dej\u00f3 de ver que a trav\u00e9s suyo: <\/p>\n

3.1.\tSe modific\u00f3, subsan\u00f3 y perfeccion\u00f3 la promesa de compraventa base de la acci\u00f3n, sin que lo acordado consista en su mera ratificaci\u00f3n. <\/p>\n

3.2.\tLa demandada se dio por notificada de la cesi\u00f3n de derechos litigiosos que los primigenios demandantes efectuaron al se\u00f1or Daniel Rold\u00e1n Esparragoza y acept\u00f3 que \u00e9ste sustituyera a aqu\u00e9llos. <\/p>\n

4.\tIndependientemente de que la convenci\u00f3n a que se alude, fuera resultado de la conciliaci\u00f3n surtida en el proceso y de que la misma no hubiese recibido aprobaci\u00f3n como tal, \u201ces lo cierto que las partes celebraron un contrato de transacci\u00f3n que tiene autonom\u00eda jur\u00eddica, mediante el cual, como ha quedado manifestado, zanjaron sus diferencias en la forma vista, es decir, modificando la promesa de venta del 22 de abril de 1977 por lo cual el precio de la compraventa fue pactado as\u00ed: a) $750.000.00, ya recibidos por el demandante; b) $5.500.000.000.00, una vez se presente la correspondiente cuenta de cobro en la forma estipulada en la transacci\u00f3n; c) $386.889.000.00, mediante la transferencia de los predios denominados en la transacci\u00f3n Tanque predio 1, Tri\u00e1ngulo predio 2. Por su parte los demandantes transfieren el inmueble descrito en la cl\u00e1usula tercera de la transacci\u00f3n que hac\u00eda parte del inmueble inicialmente prometido en venta y del cual se segrega; secuela de esta transferencia los demandantes conservan el dominio sobre los predios denominados en la cl\u00e1usula cuarta de la transacci\u00f3n, predio 3, predio 4, predio 5, predio 6, los que, en consecuencia, debe entregar la demandada por encontrarse en su poder\u201d. <\/p>\n

5.\tFincado en lo que la Corte tiene dicho sobre la transacci\u00f3n, conforme a las reproducciones que de diversos pronunciamientos suyos efectu\u00f3 el censor, \u00e9ste afirm\u00f3 que \u201cante la presencia (\u2026) del contrato de transacci\u00f3n en autos, que evidencia y alberga como se ha indicado el designio inexcusable de las partes de poner fin al litigio, no le queda otro camino a la Corte que impartirle su aprobaci\u00f3n, disponiendo como ineludible efecto la terminaci\u00f3n del proceso\u201d. <\/p>\n

6.\tLlegado a este punto, el inconforme advirti\u00f3 la ocurrencia de otro \u201cprotuberante yerro f\u00e1ctico al apreciar el acta de la audiencia de conciliaci\u00f3n realizada el 31 de enero de 2008\u201d, pues con vista en ella el Tribunal se neg\u00f3 a admitir la ocurrencia de hechos sobrevinientes con alcance de modificar el derecho sustancial debatido, \testimaci\u00f3n del ad quem que aqu\u00e9l calific\u00f3 de equivocada, pues denota que esa autoridad \u201cconfunde el cumplimiento del acuerdo con la eficacia jur\u00eddica del mismo, a la vez que trastoca el convenio ajustado por las partes, en este caso una transacci\u00f3n, con la terminaci\u00f3n del proceso como consecuencia de la conciliaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Luego de traer a colaci\u00f3n las previsiones de los art\u00edculos 191, 195, 1602 y 1625 del C\u00f3digo Civil, el impugnante observ\u00f3 que \u201ccuando las partes en el transcurso de la audiencia de conciliaci\u00f3n efectuada el 31 de enero de 2008 (folios 197 del cuaderno del Tribunal), expresaron que \u2018el acuerdo contenido en el documento que se anexa, s\u00f3lo se entiende perfeccionado cuando se firmen las escrituras p\u00fablicas de venta y de permuta y se inscriban en la Oficina de Registro dichos actos de transferencia. Solo cuando se verifiquen esos pasos, se entender\u00e1 que existe conciliaci\u00f3n\u2019, no pod\u00edan estar supeditando la existencia de la transacci\u00f3n a su cumplimiento, pues, como acaba de demostrarse, si existen obligaciones que cumplir es porque previamente existe un contrato que las impone. Si las partes se comprometieron a firmar las escrituras prometidas de venta y permuta y a inscribirlas en la Oficina pertinente, es porque antecedentemente, mediante un negocio jur\u00eddico preexistente, perfecto y v\u00e1lido, hab\u00edan estipulado la obligaci\u00f3n de suscribirlas y registrarlas. Si alguna de ellas no lo hizo o incumpli\u00f3 lo convenido, deber\u00e1 soportar las consecuencias ya rese\u00f1adas derivadas de su incumplimiento, cuesti\u00f3n que, en todo caso, debe discutirse y decidirse en su debida oportunidad y con el acatamiento de las reglas del debido proceso\u201d. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que ese entendimiento de lo realmente acaecido en la conciliaci\u00f3n, qued\u00f3 \u201cpatentizado con la petici\u00f3n que elevaron las partes (folios 198), en el sentido de suspender la audiencia de conciliaci\u00f3n para \u2018adelantar los actos\u2019 de perfeccionamiento del acuerdo, vocablo este \u00faltimo que, atendiendo las reglas previstas en los art\u00edculos 1618, 1620 y 1621 del C\u00f3digo Civil hay que entender como sin\u00f3nimo de cumplimiento de lo pactado. Desde luego que la primera de las citadas normas impele atender la intenci\u00f3n de las partes, antes que el contenido literal del texto. El art\u00edculo 1620 propugna porque deben preferirse las interpretaciones que dan eficacia a lo pactado sobre aquellas que se la niegan. Por \u00faltimo, la mejor interpretaci\u00f3n de un contrato es aquella que mejor cuadre con su naturaleza. Y la naturaleza de la transacci\u00f3n es poner fin a las disputas\u201d, postura que defendi\u00f3 con la invocaci\u00f3n de otro fallo de la Corte. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el recurrente coligi\u00f3 que se equivoc\u00f3 el Tribunal cuando, de un lado, predic\u00f3 la \u201cinexistencia del convenio de transacci\u00f3n aduciendo el hipot\u00e9tico incumplimiento de lo acordado\u201d y, de otro, cuando \u201ctrastoc\u00f3 el convenio ajustado por las partes, en este caso una transacci\u00f3n, con la terminaci\u00f3n del proceso como consecuencia de una conciliaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

7.\tAl cierre, argument\u00f3 la transcendencia del yerro imputado, toda vez que gracias a su comisi\u00f3n el ad quem dict\u00f3 la sentencia confutada, \u201cen lugar de haber dado por terminado el proceso como indefectiblemente l[e] correspond\u00eda hacerlo\u201d. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tTiene asidero la acusaci\u00f3n, en la calificaci\u00f3n como \u201ctransacci\u00f3n\u201d que el recurrente hizo del documento militante en los folios 176 a 188 del cuaderno No. 28, denominado \u201cACUERDO DE CONCILIACI\u00d3N\u201d, allegado por las partes en el segmento de la audiencia de conciliaci\u00f3n surtida en segunda instancia, que se verific\u00f3 el 31 de enero de 2008. <\/p>\n

Con apoyo en esa tipificaci\u00f3n, el impugnante le reproch\u00f3 al Tribunal haber desconocido el alcance y los efectos propios de dicha convenci\u00f3n, as\u00ed como la improcedencia del fallo con el que desat\u00f3 los recursos de apelaci\u00f3n que las partes interpusieron contra el de primera instancia. <\/p>\n

2.\tPara no ir lejos, fuera de la raz\u00f3n principal para negar validez a lo alegado en este punto como error de procedimiento, podr\u00eda tambi\u00e9n aducirse que el cargo se cae por su base, pues tambi\u00e9n es f\u00e1cil concluir complementariamente que la transacci\u00f3n que se reclama no existi\u00f3. <\/p>\n

2.1.\tYa se memor\u00f3 y ahora se refrenda, que el referido documento fue allegado por el cesionario de los primigenios demandantes y la empresa accionada en la audiencia de conciliaci\u00f3n verificada el 31 de enero de 2008; y que fueron dichos intervinientes quienes, al presentarlo, fijaron su naturaleza jur\u00eddica y alcance, en la medida que especificaron que se trataba de un \u201cprincipio de acuerdo\u201d, que s\u00f3lo podr\u00eda entenderse \u201cperfeccionado\u201d cuando se otorgaran y registraran las escrituras p\u00fablicas mediante las cuales se verificaran las transferencias inmobiliarias a que \u00e9l alud\u00eda y que \u00fanicamente, despu\u00e9s de cumplidos esos pasos, era factible comprender \u201cque existe conciliaci\u00f3n, para ser aprobada por el Tribunal\u201d. <\/p>\n

2.2.\tIndependientemente de su contenido literal, es claro, entonces, seg\u00fan esas precisiones de las partes, que en dicho documento ellas plasmaron el ideal de conciliaci\u00f3n al que quer\u00edan llegar, por lo que se trataba de un mero proyecto de soluci\u00f3n del conflicto y no un arreglo terminado. <\/p>\n

2.3.\tPrecisamente, porque se trataba de una simple intenci\u00f3n de remediar el litigio, y no de una convenci\u00f3n completamente finiquitada, fue que la empresa demandada, posteriormente, en la audiencia surtida el 8 de abril de 2008, le retir\u00f3 su apoyo al manifestar, frente a la pregunta de \u201csi (\u2026) mant[en\u00eda] los t\u00e9rminos del preacuerdo suscrito el 31 de enero de 2008\u201d, que ten\u00eda \u201calgunas discrepancias\u201d en cuanto a \u00e9l, y cambi\u00f3 la f\u00f3rmula conciliatoria, para proponer que el Tribunal resolviera en equidad. <\/p>\n

2.4.\tExtr\u00e1ctase de lo dicho que esa iniciativa, por ser tal, no se erigi\u00f3 como un contrato, propiamente dicho, y mucho menos de transacci\u00f3n, pues ese no fue el \u00e1nimo que las partes tuvieron al convenirla, prop\u00f3sito determinante al definir su naturaleza jur\u00eddica, pues como reza el art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil, \u201c[c]onocida claramente la intenci\u00f3n de los contratantes, debe estarse a ella m\u00e1s que a lo literal de las palabras\u201d, principio de interpretaci\u00f3n aplicable a todo acto o negocio jur\u00eddico. <\/p>\n

2.5.\tA\u00f1\u00e1dese que dicho \u201cprincipio de acuerdo\u201d, en \u00faltimas, no recibi\u00f3 el concurso de la voluntad de la empresa aqu\u00ed demandada, como ya se acot\u00f3, y que, por lo mismo, mal podr\u00eda hablarse de su configuraci\u00f3n como contrato, pues en su caso no se avizora el cumplimiento del art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual \u201c[p]ara que una persona se obligue a otra por un acto o declaraci\u00f3n de voluntad es necesario: 1o) \u2026; 2\u00ba) que consienta en dicho acto o declaraci\u00f3n y su consentimiento no adolezca de vicio; 3o)\u2026; 4\u00ba)\u2026.\u201d. <\/p>\n

3.\tDesvirtuada la existencia del contrato de transacci\u00f3n, en el que se fund\u00f3 la acusaci\u00f3n ahora examinada, ella queda signada por la derrota. <\/p>\n

DEMANDA DE CACASI\u00d3N DE LA ACCIONADA
\nCARGO PRIMERO <\/p>\n

Se hizo consistir en el quebranto directo de los art\u00edculos 89 de la Ley 153 de 1887, por \u201cdarle un sentido que no tiene\u201d; 1740 a 1742 y 1746 del C\u00f3digo Civil, por \u201caplicaci\u00f3n indebida\u201d; y 1491, 1495, \u201c1602 y ss\u201d, 2512, 2513, 2517, 2518, 2527 a 2529, 2531 y 2532 de la misma obra, por \u201cfalta de aplicaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Su autor, lo dirigi\u00f3 por la siguiente senda: <\/p>\n

1.\tMemor\u00f3 las razones en virtud de la cuales el Tribunal coligi\u00f3 que la promesa de compraventa sobre la que versaron las pretensiones de la demanda, no cumple las exigencias del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887, en particular, que la condici\u00f3n a que esa disposici\u00f3n hace referencia debe ser \u201cdeterminada\u201d, mientras que la expresada en la citada convenci\u00f3n califica como \u201cindeterminada\u201d. <\/p>\n

2.\tReproch\u00f3 que a la primera de tales inferencias, el ad quem hubiese llegado siguiendo la pr\u00e9dica contenida en un sentencia de la Corte, toda vez que en nuestro sistema jur\u00eddico, la jurisprudencia es un \u201ccriterio(\u2026) auxiliar de la actividad judicial\u201d y no una \u201cfuente formal de derecho\u201d. <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas, trajo el mandato del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887 y resalt\u00f3 que \u201c[l]a ley exige pues, la presencia de un plazo o de una condici\u00f3n, sin calificar a esta \u00faltima\u201d, mucho menos, de determinada, clasificaci\u00f3n que no est\u00e1 contemplada en la ley misma. <\/p>\n

4.\tEl entendimiento que el sentenciador de segunda instancia le dio al referido precepto, no obstante que corresponde a la interpretaci\u00f3n que \u201cen varias decisiones anteriores\u201d adopt\u00f3 esta Corporaci\u00f3n, pero contrariando su precedente doctrina al respecto, ri\u00f1e con los art\u00edculos 27 y 1620 del C\u00f3digo Civil, con \u201cel hecho de que por definici\u00f3n toda condici\u00f3n es indeterminada, en el sentido de que puede realizarse o no\u201d y con \u201cel principio general de interpretaci\u00f3n de la ley que se\u00f1ala que all\u00ed donde el legislador no distingue, no le es permitido distinguir al int\u00e9rprete\u201d. <\/p>\n

5.\tA continuaci\u00f3n, el censor sustent\u00f3 la postura jur\u00eddica que plante\u00f3 en la acusaci\u00f3n, mediante la reproducci\u00f3n del concepto de algunos tratadistas nacionales y for\u00e1neos, as\u00ed como de un salvamento de voto a un fallo de la Corte en el que se sostuvo la tesis del Tribunal, an\u00e1lisis que lo llev\u00f3 a sostener que \u201cla doctrina actual de la honorable Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia respecto del art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, no obstante su respetabilidad, se ha convertido en una repetici\u00f3n mec\u00e1nica de una posici\u00f3n asumida frente a un caso espec\u00edfico, que se hubiera podido justificar por particulares circunstancias de protecci\u00f3n a un contratante d\u00e9bil o expuesto a una consecuencia monstruosa o contraria a la equidad\u201d; y que \u201clo que es evidente en la regulaci\u00f3n de la forma de la promesa de venta es definir la solemnidad del acto que conduce a la adquisici\u00f3n de la obligaci\u00f3n de celebrar un contrato futuro, pero no, como se ha pretendido, caracterizar ese acto con calificaciones rituales de tal manera estrictas en aspectos de tan poca importancia como la fecha exacta, el sitio o la hora de celebraci\u00f3n de contrato prometido, que hagan verdaderamente azarosa y excepcional la validez del acto\u201d. <\/p>\n

6.\tAl final explic\u00f3 la trascendencia del cargo y la forma c\u00f3mo se produjo el quebranto de las normas que enlist\u00f3 al inicio como infraccionadas. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDispone el art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887, reformatorio del 1611 del C\u00f3digo Civil: <\/p>\n

La promesa de celebrar un contrato no produce obligaci\u00f3n alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes: <\/p>\n

1a) Que la promesa conste por escrito; <\/p>\n

2a) Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el art\u00edculo 1511 del C\u00f3digo Civil; <\/p>\n

3a) Que la promesa contenga un plazo o condici\u00f3n que fije la \u00e9poca en que ha de celebrarse el contrato; <\/p>\n

4a) Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo s\u00f3lo falte la tradici\u00f3n de la cosa o las formalidades legales. <\/p>\n

Los t\u00e9rminos de un contrato prometido, s\u00f3lo se aplicar\u00e1n a la materia sobre que se ha contratado. <\/p>\n

2.\tEl Tribunal fij\u00f3 el genuino sentido y alcance del numeral 3\u00ba de esa disposici\u00f3n, conforme a la doctrina que esta Corporaci\u00f3n viene sosteniendo de tiempo atr\u00e1s, seg\u00fan la cual, en s\u00edntesis, el car\u00e1cter transitorio y solemne que distingue ese tipo de acuerdos; su finalidad, que no es otra que la celebraci\u00f3n de una convenci\u00f3n ulterior, esa s\u00ed definitiva; la circunstancia de que las obligaciones que de ellos emanan, son solamente de hacer; y la exigencia contemplada en el numeral 4\u00ba de la misma disposici\u00f3n, relativa a que en la promesa debe determinarse el contrato prometido de tal manera que para su perfeccionamiento solamente falte \u201cla tradici\u00f3n de la cosa o las formalidades legales\u201d, conduce a colegir que el plazo y\/o la condici\u00f3n que se utilicen para fijar la \u00e9poca en que ha de realizarse el contrato prometido, deben ser determinados. <\/p>\n

Ello \u201cpor cuanto solo una condici\u00f3n de estas (o un plazo), permite la delimitaci\u00f3n de la \u00e9poca en que debe celebrarse el contrato prometido. La de otra clase, precisamente por su incertidumbre total, deja en el limbo esa \u00e9poca, y con ella la transitoriedad del contrato de promesa que es una de sus caracter\u00edsticas esenciales\u201d, toda vez que \u201c(\u2026) \u2018(\u2026) bien se comprende que para cumplir tal exigencia no puede acudirse a un plazo indeterminado o a una condici\u00f3n indeterminada, porque ni el uno ni el otro, justamente por su indeterminaci\u00f3n son instrumentos id\u00f3neos que sirven para cumplir el fin perseguido, que es el se\u00f1alamiento o fijaci\u00f3n de la \u00e9poca precisa en que ha de celebrarse la convenci\u00f3n prometida\u2019 (Sentencia de Casaci\u00f3n civil de 5 de julio de 1983, citada en G.J. N\u00b0 2423, p\u00e1g. 284)\u201d (CSJ, SC del 22 de abril de 1997, Rad. n.\u00b0 4461). <\/p>\n

3.\tEn opini\u00f3n del censor, ese labor\u00edo hermen\u00e9utico es inaceptable, por no ser propio del Tribunal sino la reiteraci\u00f3n de la tesis m\u00e1s reciente de la Corte, con la que abrog\u00f3 su propia doctrina anterior, sujeci\u00f3n conceptual que desconoce la voz del art\u00edculo 230 de Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, conforme al cual la jurisprudencia, no es m\u00e1s que un criterio auxiliar de la actividad judicial. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que la tesis expuesta por esta Corporaci\u00f3n, y que simplemente repiti\u00f3 el ad quem, vulnera el principio de interpretaci\u00f3n de la ley consistente en que donde el legislador no distingue, no le es dable al operador de la norma hacerlo, puesto que el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887 simplemente exige la indicaci\u00f3n de un plazo o condici\u00f3n que fije la \u00e9poca de celebraci\u00f3n del contrato prometido, \u201csin calificar\u201d uno y otra, de donde no es factible inferir de ese mandato, que la condici\u00f3n de que all\u00ed se trata debe ser \u201cdeterminada\u201d, clasificaci\u00f3n que por lo dem\u00e1s no existe en la ley. <\/p>\n

Igualmente observ\u00f3, que dicho planteamiento vulnera los art\u00edculos 27 y 1620 del C\u00f3digo Civil y desv\u00eda el genuino prop\u00f3sito de la norma, que no es otro que \u201cdefinir la solemnidad del acto que conduce a la adquisici\u00f3n de la obligaci\u00f3n de celebrar un contrato futuro\u201d. <\/p>\n

4.\tComo con facilidad se aprecia, ninguna de las razones aducidas por el recurrente lleva a colegir que es necesario modificar la tesis jurisprudencial que en torno del verdadero sentido de la comentada norma viene, desde hace ya bastante tiempo, predicando y defendiendo esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

4.1.\tLa invocaci\u00f3n que el Tribunal hizo de dicha doctrina para explicar su postura, no desvirt\u00faa que ese sea su propio criterio y, por lo mismo, mal puede afirmarse que con esa actitud, el ad quem vulner\u00f3 el sistema de fuentes contemplado en el art\u00edculo 230 de la Carta Pol\u00edtica actual. <\/p>\n

4.2.\tPor otra parte, se\u00f1alar que como el numeral 3\u00ba del precepto que se comenta no indica expresamente que la condici\u00f3n a que alude deba ser determinada, afirmar tal cosa comporta el quebranto de la norma, es un planteamiento insuficiente para erosionar el criterio de la Sala, pues \u00e9sta, como ya se compendi\u00f3, arrib\u00f3 a tal deducci\u00f3n soportada en diferentes elementos, fundamentalmente, la naturaleza y finalidad del contrato de promesa, el car\u00e1cter que tienen las obligaciones que \u00e9l engendra y el mandato de su numeral 4\u00ba. <\/p>\n

Es que como se dijo en tiempo mucho m\u00e1s reciente:
\nPor ser la promesa bilateral de celebrar un contrato un negocio jur\u00eddico de car\u00e1cter preparatorio de otro futuro, su existencia es, por esencia, limitada en el tiempo. Ello se infiere de lo dispuesto en el art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, en cuyo enunciado general, en principio, se le priva de eficacia, salvo que se ajuste a todas y cada una de las exigencias que all\u00ed mismo se ordenan y describen, entre las cuales merece especial atenci\u00f3n, en lo pertinente al presente caso, la de que, seg\u00fan el numeral 3\u00b0 de la ley citada, deba contener \u2018un plazo o condici\u00f3n que fije la \u00e9poca en que ha de celebrarse el contrato\u2019, es decir, que necesariamente bajo una de dichas modalidades, plazo o condici\u00f3n determinados, o ambas en combinaci\u00f3n, pueden y deben las partes establecer cu\u00e1ndo se ha de celebrar o perfeccionar el ulterior contrato, esto es el prometido. Es obvio que si tales modalidades se consagran o combinan para obtener el efecto contrario, o sea, para dejar indeterminada tal \u00e9poca, la respectiva promesa no adquiere eficacia, pues no cumplir\u00eda cabalmente con la referida exigencia legal. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

(\u2026) En tal virtud, cuando las partes acuden a se\u00f1alar un plazo determinado para la celebraci\u00f3n del contrato prometido, la verificaci\u00f3n de la vigencia de la promesa se hace expedita y, sobre todo, la de su cumplimiento o incumplimiento. Pero si en lugar del plazo determinado aqu\u00e9llas optan, como tambi\u00e9n es legalmente admisible, por sujetar la referida \u00e9poca a que ocurra un hecho futuro e incierto, de todas maneras debe establecerse un momento en que pueda constatarse el acaecimiento de la condici\u00f3n, que es lo que la erige como determinada, la cual corresponde, para decirlo con palabras de la Corte, a \u2018aquella que, sin perder sus caracteres de futura e incierta, ofrece la particularidad de que, si llega a realizarse, por anticipado se sabe cu\u00e1ndo o en qu\u00e9 \u00e9poca ha de suceder\u2019 (G.J. t, CLXXII, pag. 122). <\/p>\n

Ciertamente, la cl\u00e1usula respectiva, en el supuesto de cumplirse la condici\u00f3n, ha de ofrecer certidumbre respecto de la \u00e9poca en que el contrato prometido deber\u00eda celebrarse; y en el evento de que la misma resulte fallida, ha de indicar otro momento preciso para la realizaci\u00f3n del negocio prometido o dar a entender que ya no hay lugar a exigir la prestaci\u00f3n de hacer que de la promesa se deriva, quedando, por ende, desligadas las partes de todos los compromisos contractuales por ellas adquiridos; en otras palabras, corresponder\u00eda contemplar una nueva oportunidad para el exacto cumplimiento, o que ella no va m\u00e1s all\u00e1, todo lo cual debe estar incluido o aparecer en la promesa misma, al punto de ser posible su identificaci\u00f3n desde cuando se celebra o constituye el acto preparatorio. <\/p>\n

Sobre el particular tiene dicho esta Corporaci\u00f3n que \u2018Con relaci\u00f3n al requisito previsto en el ordinal 3\u00ba de la mencionada disposici\u00f3n, por averiguado se tiene que dado el car\u00e1cter preparatorio y transitorio del contrato de promesa, en cuanto su vida es ef\u00edmera y destinada a dar paso al contrato fin, la condici\u00f3n, o el plazo, a que all\u00ed se alude compatible con la funci\u00f3n que dicho contrato debe cumplir, es la que comporta un perfil determinado, por ser la \u00fanica que permite delimitar la \u00e9poca en que debe celebrarse el contrato prometido, pues la otra, la indeterminada, 'por su incertidumbre total, deja en el limbo esa \u00e9poca, y con ella la transitoriedad del contrato de promesa que es una de sus caracter\u00edsticas esenciales' (\u2026) (Sentencia de 23 de junio de 2002, Exp. 5295, no publicada a\u00fan oficialmente) (CSJ, SC del 13 de mayo de 2003, Rad. n.\u00b0 6760; se subraya). <\/p>\n

4.3.\tComo se ve, para la interpretaci\u00f3n que se deja expuesta, la Corte aplic\u00f3 el mandato del art\u00edculo 30 del C\u00f3digo Civil, en virtud del cual \u201c[e]l contexto de la ley servir\u00e1 para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armon\u00eda\u201d. <\/p>\n

4.4.\tNo se trat\u00f3, ni se trata, de que el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887, en s\u00ed mismo considerado, sea obscuro. Lo que observ\u00f3, y observa la Sala, es que su aplicaci\u00f3n exige armonizar el requisito que contempla con la naturaleza transitoria y solemne de la promesa, con su finalidad, que no es otra que la de servir de instrumento eficaz en procura de que se celebre el contrato prometido, y con la exigencia de su numeral 4\u00ba. <\/p>\n

Con otras palabras, la Corte no desconoci\u00f3 el tenor literal de dicho mandato, ni hizo distinciones donde el legislador guard\u00f3 silencio, ni cambi\u00f3 el sentido de las palabras del precepto, ni lo interpret\u00f3 para tornarlo ineficaz, ni soslay\u00f3 que toda condici\u00f3n es, por esencia, indeterminada, en el sentido de que se trata de un hecho futuro del que no se sabe si habr\u00e1 de realizarse. <\/p>\n

Su labor hermen\u00e9utica fue bien distinta. Partiendo de su contenido, tal y como fue concebido por el legislador, contextualiz\u00f3 el requisito que contempla con los dem\u00e1s elementos esenciales de la promesa, en procura de conseguir, por un parte, que ella en verdad sirva al prop\u00f3sito para el que fue concebida -la celebraci\u00f3n de la convenci\u00f3n ulterior- y, por otra, que no se convierta en un factor desestabilizador del negocio en \u00faltimas perseguido, en tanto que por no fijarse la \u00e9poca en que debe celebrarse el contrato prometido, las partes queden vinculadas indefinidamente a la convenci\u00f3n preparatoria, sin poder concretar aqu\u00e9l. <\/p>\n

Por eso la Sala, en la sentencia que acaba de memorarse, agreg\u00f3: \u201cSi fuera posible pensar de otra manera se llegar\u00eda a la inaceptable conclusi\u00f3n de que pese a que falle la condici\u00f3n pactada, los contratantes quedaran atados a la promesa, con todo y que no pudieran establecer cu\u00e1ndo deben, por fin, acatar dicho acuerdo de voluntades, lo que vendr\u00eda a significar que la exigencia prevista en el numeral 3\u00b0 de la ley 153 de 1887 pasar\u00eda a ser mera entelequia, en detrimento de su raz\u00f3n de ser que estriba, precisamente, como ya se dijo, en que se consagre de modo exacto la vigencia del acto y, por ende, su transitoriedad que le es consustancial\u201d (ib\u00eddem). <\/p>\n

4.5.\tA\u00f1\u00e1dese que es inexacta la afirmaci\u00f3n que hizo el censor, de que la clasificaci\u00f3n de las condiciones en determinadas e indeterminadas, es legalmente inexistente. <\/p>\n

Si el art\u00edculo 1550 del C\u00f3digo Civil, que integra el t\u00edtulo IV (\u201cDE LAS OBLIGACIONES CONDICIONALES Y MODALES\u201d) del Libro Cuarto (\u201cDE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS CONTRATOS\u201d), prev\u00e9 que \u201c[l]as disposiciones del t\u00edtulo 4\u00ba del libro 3\u00ba sobre las asignaciones testamentarias condicionales o modales, se aplican a las convenciones en lo que no pugne con lo dispuesto en los art\u00edculos precedentes\u201d, propio es entender, entonces, que estas \u00faltimas, las convenciones, igualmente se encuentran sometidas a esas normas, entre ellas, a los art\u00edculos 1139 y 1141, que a la letra rezan: <\/p>\n

Art. 1139.- El d\u00eda es cierto y determinado, si necesariamente ha de llegar, y se sabe cu\u00e1ndo, como el d\u00eda tantos de tal mes y a\u00f1o, o tantos d\u00edas, meses o a\u00f1os despu\u00e9s de la fecha del testamento o del fallecimiento del testador. <\/p>\n

Es cierto pero indeterminado, si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cu\u00e1ndo, como el d\u00eda de la muerte de una persona. <\/p>\n

Es incierto pero determinado si puede llegar o no; pero suponiendo que haya de llegar se sabe cu\u00e1ndo, como el d\u00eda en que una persona cumpla veinticinco a\u00f1os. <\/p>\n

Finalmente es incierto e indeterminado, si no se sabe si ha de llegar, ni cu\u00e1ndo, como el d\u00eda en que una persona se case. <\/p>\n

Art. 1141.- El d\u00eda incierto e indeterminado es siempre una verdadera condici\u00f3n y se sujeta a las reglas de las condiciones. <\/p>\n

La aplicaci\u00f3n que por la advertida remisi\u00f3n puede hacerse de esos preceptos a \u201clas convenciones\u201d, cuando no pugnan con los art\u00edculos que preceden al 1550, relativos precisamente a las obligaciones \u201ccondicionales\u201d y modales, da a entender que el legislador, pese a que no clasific\u00f3 expresamente las condiciones en determinadas e indeterminadas, s\u00ed contempl\u00f3 las \u00faltimas, como aquellos sucesos futuros en relaci\u00f3n con los cuales \u201cno se sabe si ha[n] de llegar, ni cu\u00e1ndo\u201d, dejando en claro que est\u00e1n caracterizadas por la m\u00e1s absoluta incertidumbre. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no es cuesti\u00f3n aventurada ni caprichosa que la Corte, en las sentencias que se han ocupado de interpretar el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887, hubiese hecho referencia a las \u201ccondiciones indeterminadas\u201d como aquellas que no sirven al prop\u00f3sito de fijar la \u00e9poca en que ha de celebrarse el contrato prometido, por cuanto respecto de ellas, a m\u00e1s de que no se sabe si habr\u00e1n de tener ocurrencia, como condiciones que son, de tenerla, se desconoce cu\u00e1ndo acaecer\u00e1n. <\/p>\n

3. El cargo no \tprospera. <\/p>\n

DEMANDA DE CACASI\u00d3N DE LA ACCIONADA
\nCARGO SEGUNDO <\/p>\n

Con pie de apoyo en el primero de los motivos consagrados en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se asever\u00f3 aqu\u00ed que el fallo combatido viol\u00f3 indirectamente los art\u00edculos 1494, 1495, 1602 y siguientes, 1740 a 1742 y 1746 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de los errores de hecho en que el Tribunal incurri\u00f3, al ponderar el material probatorio. <\/p>\n

En respaldo del reproche, se consignaron los fundamentos que pasan a rese\u00f1arse: <\/p>\n

1.\tLa condici\u00f3n establecida en la cl\u00e1usula quinta de la promesa de compraventa base de la acci\u00f3n, que el censor reprodujo, no acusa la vaguedad observada por el Tribunal, puesto que el registro de la partici\u00f3n de un proceso sucesoral que est\u00e1 en curso, como ocurr\u00eda con el del causante \u00c1lvaro Gonz\u00e1lez Sierra, seg\u00fan se desprende de la copia de la escritura p\u00fablica No.184 del 24 de febrero de 1982 de la Notar\u00eda Treinta y Dos de Bogot\u00e1 que se aport\u00f3 al proceso, y el \u201clapso posterior a esa fecha dentro del cual deb\u00eda llevarse a cabo el negocio prometido, son perfectamente determinadas\u201d.
\n2.\tDe all\u00ed que \u201cla condici\u00f3n de que se iba a hacer pendiente la celebraci\u00f3n del contrato prometido[,] era (\u2026) de posible realizaci\u00f3n y bastaba para ello, que los promitentes vendedores interesados, estuvieran en capacidad de celebrar la escritura p\u00fablica de venta\u201d con la prometiente compradora y que \u201coportunamente dieran aviso de la culminaci\u00f3n del proceso sucesorio una vez hecho el correspondiente registro de la partici\u00f3n correspondiente, momento a partir del cual corr\u00eda un t\u00e9rmino completamente determinado, para acudir a la Notar\u00eda que deber\u00eda ser se\u00f1alada por reparto como la legislaci\u00f3n de la \u00e9poca ordenaba\u201d, previsiones contractuales que \u201cdeja[n] sin piso el argumento de la sentencia en el sentido de que la condici\u00f3n es indeterminada\u201d. <\/p>\n

3.\tLo anterior \u201cest\u00e1 respaldado y confirmado con otras condiciones de la promesa\u201d, que el Tribunal no tuvo en cuenta, a saber: <\/p>\n

3.1.\tLa entrega del 50% del precio al tiempo de su suscripci\u00f3n, puesto que dicho pago se hizo a t\u00edtulo de \u201carras simplemente confirmatorias\u201d y, por lo mismo, descart\u00f3 toda posibilidad de retractaci\u00f3n, seg\u00fan voces del art\u00edculo 1861 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

3.2.\tLa multa de la cl\u00e1usula d\u00e9cima, habida cuenta el mandato del art\u00edculo 867 del C\u00f3digo de Comercio, toda vez que all\u00ed, igualmente, se elimina la posibilidad del retracto. <\/p>\n

3.3.\tLos intereses previstos en el misma cl\u00e1usula quinta. <\/p>\n

4.\tEl ad quem, adem\u00e1s, no apreci\u00f3 las cartas del 21 de marzo y 14 de agosto de 1984, 8 de abril, 10 de junio y 4 de septiembre de 1987, que aparecen en los folios 34 a 41, 203 y 204 del cuaderno principal, en la medida que con ellas se acredit\u00f3 que pese a que los prometientes vendedores no dieron aviso de la culminaci\u00f3n del respectivo proceso sucesoral, ellos y la prometiente compradora \u201centraron en conversaciones para determinar la fecha de celebraci\u00f3n del contrato prometido y discutieron los t\u00e9rminos finales de la minuta de compraventa\u201d. <\/p>\n

5.\tTampoco ponder\u00f3 y, mucho menos en conjunto con los anteriores elementos de juicio, la confesi\u00f3n de los actores, contenida en el interrogatorio de parte que absolvieron, consistente en que admitieron que ellos le dieron poder al doctor Roberto Uribe Pinto para que realizara esas conversaciones. <\/p>\n

6.\tEl comportamiento omisivo del Tribunal se extendi\u00f3 al testimonio del precitado profesional, quien reconoci\u00f3 haber suscrito la carta de agosto de 1984, que remiti\u00f3 al acueducto, \u201ccomentando las cl\u00e1usulas de la promesa y algunos aspectos topogr\u00e1ficos dentro de las conversaciones adelantadas para llegar a un acuerdo\u201d. <\/p>\n

7.\tEn opini\u00f3n del recurrente, las precedentes pruebas, conjuntadas, demuestran que \u201cla condici\u00f3n que hab\u00eda sido establecida en la promesa era perfectamente determinada, en el sentido de que bastaba simplemente que los promitentes vendedores fuesen leales a sus obligaciones contractuales para que surgiera claramente y con total nitidez, la \u00e9poca en que deb\u00eda celebrarse el contrato prometido\u201d. <\/p>\n

8.\tAl cierre, el censor se refiri\u00f3 a la transcendencia de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tPara el Tribunal, la condici\u00f3n fijada en la cl\u00e1usula quinta del contrato de promesa base de la acci\u00f3n es indeterminada, pues de \u201csu contenido literal resulta imposible extractar la \u00e9poca no solo cierta sino probable\u201d en que ella deb\u00eda acaecer, toda vez que ni siquiera se precis\u00f3 si el juicio a que all\u00ed se hace referencia estaba \u201cen curso o no\u201d, ni la \u201cetapa\u201d en que se encontraba, ni el \u201ctiempo estimado de duraci\u00f3n del mismo\u201d. <\/p>\n

Adicionalmente, para el sentenciador de segunda instancia, que no se estableciera \u201cun l\u00edmite temporal para que el referenciado juicio sucesorio agotara su tr\u00e1mite\u201d, dej\u00f3 a la deriva el t\u00e9rmino de \u201clos treinta (30) d\u00edas subsiguientes, dentro de los cuales se verificar\u00eda el otorgamiento de la escritura p\u00fablica pertinente\u201d. <\/p>\n

2.\tPara el recurrente, esa estipulaci\u00f3n es determinada, porque: <\/p>\n

2.1.\tEn este proceso se prob\u00f3, con la aportaci\u00f3n de la correspondiente escritura p\u00fablica, la existencia del tr\u00e1mite sucesoral al que ella hizo menci\u00f3n y, en consecuencia, que su terminaci\u00f3n y el registro de la partici\u00f3n, s\u00ed eran factibles. <\/p>\n

2.2.\tOtras estipulaciones de la promesa, desvirtuaron toda posibilidad de que los contratantes pudieran retractarse, en concreto, la del pago, en que se previ\u00f3 que la entrega del 50% del precio era a t\u00edtulo de arras meramente confirmatorias, la de la multa por incumplimiento de los prometientes vendedores (punto d\u00e9cimo) y aquella en que se consagr\u00f3 el pago de intereses sobre el saldo (misma quinta). <\/p>\n

2.3.\tLas partes adelantaron negociaciones con el prop\u00f3sito de fijar la fecha de celebraci\u00f3n del contrato prometido y las condiciones finales de la minuta, lo que se acredit\u00f3 con las cartas allegadas como prueba dentro del proceso; los interrogatorios de parte absueltos por los actores, en los que confesaron la autorizaci\u00f3n que dieron con ese fin al abogado Roberto Uribe Pinto; y el testimonio de este \u00faltimo, quien reconoci\u00f3 haber firmado tales misivas en representaci\u00f3n de los actores. <\/p>\n

3.\tLa cl\u00e1usula quinta del contrato de promesa de compraventa ajustado entre las partes, es del siguiente tenor: <\/p>\n

QUINTA.- La escritura p\u00fablica por la cual se d\u00e9 cumplimiento a esta promesa deber\u00e1 otorgarse dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la fecha en que se registre la partici\u00f3n de bienes en la sucesi\u00f3n de [\u00c1]lvaro Gonz\u00e1lez Sierra, en la Notar\u00eda del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, a la cual sea repartida la minuta. Durante el t\u00e9rmino de un a\u00f1o contado a partir de la firma de esta promesa, EL PROMETIENTE COMPRADOR se obliga a pagar a LOS PROMETIENTES VENDEDORES, intereses anuales del veinticuatro por ciento (24%), sobre el saldo adeudado o sea la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($750.000.00) M\/Cte. Estos intereses correspondientes a un a\u00f1o ser\u00e1n pagados por anticipado, una vez legalizada esta promesa. En caso de que durante el t\u00e9rmino de un a\u00f1o no se haya otorgado la escritura correspondiente, por no haberse terminado el [j]uicio de [s]ucesi\u00f3n, EL PROMETIENTE COMPRADOR pagar\u00e1 a LOS PROMETIENTES VENDEDORES intereses del diez y ocho por ciento (18%) anual, durante seis (6) meses, pagaderos por trimestres vencidos. Si durante este nuevo plazo no se otorgare la escritura, por no haberse terminado el [j]uicio de [s]ucesi\u00f3n, EL PROMETIENTE COMPRADOR no pagar\u00e1 ninguna clase de intereses a LOS PROMETIENTES VENDEDORES. <\/p>\n

4.\tIndependientemente de cualquier otra consideraci\u00f3n, es lo cierto que con base en la referida estipulaci\u00f3n, no era posible determinar la \u00e9poca en que deb\u00eda celebrarse el contrato prometido, puesto que, de un lado, no se sab\u00eda si el hecho consistente en la terminaci\u00f3n del juicio sucesoral a que ella aludi\u00f3, en verdad suceder\u00eda; y, de otro, de ser as\u00ed, cu\u00e1ndo. <\/p>\n

Sin m\u00e1s, entonces, hay que concluir que en ning\u00fan error y, menos a\u00fan, en uno manifiesto, incurri\u00f3 el Tribunal cuando, respecto de esa espec\u00edfica previsi\u00f3n contractual, coligi\u00f3 que \u201cde su contenido literal resulta imposible extractar la \u00e9poca no solo cierta sino probable del acaecimiento de la condici\u00f3n\u201d y, en tal virtud, calific\u00f3 la misma como indeterminada. <\/p>\n

5.\tAhora bien, como el car\u00e1cter determinado o indeterminado de la condici\u00f3n utilizada s\u00f3lo puede deducirse de ella misma, esto es, atendiendo \u00fanicamente la manera como fue consagrada en el contrato, debido al car\u00e1cter solemne de la promesa, que permea todos sus requisitos esenciales, ning\u00fan alcance jur\u00eddico tienen, a efectos de calificar la que se previ\u00f3 en la cl\u00e1usula quinta atr\u00e1s transcrita, de un lado, las otras estipulaciones contractuales mencionadas por el censor, de las que dedujo que las partes no pod\u00edan retractarse de la promesa que convinieron; y, de otro, las negociaciones que ellas adelantaron con posterioridad a su celebraci\u00f3n, dirigidas a fijar la \u00e9poca de celebraci\u00f3n de la compraventa que en definitiva persegu\u00edan, argumento que confirma la indeterminaci\u00f3n de este elemento en el contrato preparatorio. <\/p>\n

Mal podr\u00eda estimarse que la comentada cl\u00e1usula quinta del contrato de promesa examinado s\u00ed serv\u00eda al prop\u00f3sito de fijar la \u00e9poca en que habr\u00eda de celebrarse el contrato prometido, con base en esos otros elementos de juicio, que le son ajenos, puesto que, como lo tiene dicho la Corte, \u201cla calificaci\u00f3n de condici\u00f3n determinada debe surgir del propio contrato de promesa, o sea desde el momento mismo de su celebraci\u00f3n, pues es all\u00ed donde debe quedar plasmada la condici\u00f3n \u2018con todos los atributos propios de su naturaleza\u2019, porque como antes se anot\u00f3, el lapso temporal dentro del cual debiera ocurrir el evento incierto debe quedar \u2018determinado de antemano\u2019\u201d (CSJ, SC del 22 de abril de 1997, Rad. n.\u00b0 4461). <\/p>\n

En la otra sentencia ya citada, sobre el aspecto ahora comentado, se puntualiz\u00f3: <\/p>\n

Justamente, el que la ley exija un plazo o una condici\u00f3n determinados que sirva para fijar la \u00e9poca de celebraci\u00f3n del contrato prometido est\u00e1 indicando a las claras que la promesa apenas es un acto jur\u00eddico instrumental ef\u00edmero y que por consiguiente, su vigencia, adem\u00e1s de provisional, debe estar plasmada con exactitud en el escrito que la contiene, de tal manera que no deje m\u00e1rgenes de duda en cuanto a su efecto temporal transitorio. <\/p>\n

Lo anterior acompasa con el car\u00e1cter solemne de la promesa, que implica que la satisfacci\u00f3n de todos los requisitos que la ley consagra para que produzca efectos figuren en ella misma, puesto que, como lo tiene dicho la jurisprudencia de la Corte, \u2018Los caracteres que en nuestro derecho tiene la promesa de contratar, constitutiva en s\u00ed misma de una convenci\u00f3n, le dan la naturaleza de un contrato solemne porque para su perfeccionamiento y validez se requieren condiciones especiales sin cuya concurrencia no produce obligaci\u00f3n alguna, entre las cuales la primera es la exigencia de que conste por escrito. Estos requisitos, que condicionan la promesa como fuente creadora de v\u00ednculos jur\u00eddicos, son condiciones ad probationem. En el caso del art. 89 que acaba de citarse, la forma escrita de la promesa de contratar se exige ad substantiam actus, como requisito especial para la validez del contrato que junto con las dem\u00e1s condiciones requeridas, integra el conjunto de formalidades especiales, sin las cuales no produce ning\u00fan efecto civil, como est\u00e1 dicho en el art. 1500 del C.C. al definir el contrato solemne\u2019 (G.J. t, LII, pag 19)\u201d (CSJ, SC del 13 de mayo de 2003, Rad. n.\u00b0 6760). <\/p>\n

6.\tEn este contexto, mal podr\u00eda admitirse que el Tribunal, al juzgar de indeterminada la condici\u00f3n fijada en la ya tantas veces citada cl\u00e1usula quinta, pretiri\u00f3 esos otros elementos de juicio invocados por el censor, pues ellos, se reitera, carec\u00edan de alcance con ese fin. <\/p>\n

7.\tResulta por consiguiente frustr\u00e1nea la acusaci\u00f3n.
\nDEMANDA DE CASACI\u00d3N DE LA ACCIONADA
\nCARGO CUARTO <\/p>\n

Le imput\u00f3 al Tribunal la vulneraci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1494, 1495, 1602 y siguientes, 1740 a 1742, 1746, 1752 y 1753 del C\u00f3digo Civil, en raz\u00f3n de los errores de hecho que cometi\u00f3 al valorar las pruebas indicadas por el recurrente, que lo \u201cllevaron (\u2026) a considerar que no estaba probado que posteriormente a la celebraci\u00f3n de la promesa de compraventa que sirve de base a la demanda, las partes directamente o a trav\u00e9s de apoderado ratificaron sus compromisos emanados de la misma y discutieron los t\u00e9rminos definitivos del contrato prometido\u201d, que en \u00faltimas no se concret\u00f3, \u201cpor la sola voluntad de los promitentes vendedores\u201d. <\/p>\n

1.\tEn sustento del cargo, el recurrente esgrimi\u00f3 id\u00e9nticas razones a aquellas con las que fundament\u00f3 el segmento final del cargo segundo, compendiadas en los numerales 4\u00ba a 6\u00ba del resumen que se hizo de esa acusaci\u00f3n. <\/p>\n

2.\tA\u00f1adi\u00f3 que las partes, por lo tanto, \u201chicieron caso omiso de cualquier supuesto vicio del acto de promesa celebrado y, habiendo transcurrido ya buen tiempo sin que se suscribiera el contrato prometido, por escrito, en correspondencia intercambiada, discutieron los t\u00e9rminos de la minuta del contrato prometido, en el entendido de que una vez acordados esos t\u00e9rminos se proceder\u00eda al otorgamiento de la escritura, proceso que se frustr\u00f3 nuevamente ante el silencio de los promitentes vendedores que se manifiesta ante la falta de respuesta de los posteriores requerimientos hechos por la empresa demandada\u201d. <\/p>\n

3.\tY concluy\u00f3 que si el Tribunal hubiera visto \u201cel acto de ratificaci\u00f3n\u201d de la promesa, \u201cproducido a trav\u00e9s de comunicaciones cruzadas entre las partes, no hubiera declarado la nulidad del mismo, puesto que cualquier nulidad en ese sentido estar\u00eda saneada\u201d, lo que los habr\u00eda llevado a confirmar la sentencia desestimatoria emitida en primera instancia. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEl Tribunal descart\u00f3 la ratificaci\u00f3n de la promesa de compraventa por parte de sus celebrantes y, consecuencialmente, el saneamiento de la invalidaci\u00f3n solicitada, en raz\u00f3n a que estim\u00f3 que para que ello hubiese acontecido \u201cexpresamente, debi\u00f3 la ratificaci\u00f3n someterse a las mismas solemnidades a que est\u00e1 sometido el contrato afectado y que se ratifica (art. 1753 C.C.), esto es, era indispensable que la manifestaci\u00f3n de ratificaci\u00f3n constara por escrito, superando la falencia presentada, que en caso de autos era, incuestionablemente, indicando la \u00e9poca en que se otorgar\u00eda la escritura de compraventa que perfeccionara el contrato prometido, lo cual no se acredit\u00f3 por la pasiva\u201d. <\/p>\n

Igualmente neg\u00f3 que la convalidaci\u00f3n se realizara t\u00e1citamente, \u201cen la medida que ello se da con la ejecuci\u00f3n voluntaria de la obligaci\u00f3n contra\u00edda (art. 1754 ib\u00eddem), la cual en modo alguno se present\u00f3 en este asunto, por cuanto los promitentes vendedores no se allanaron al otorgamiento de la escritura de compraventa del inmueble, que era la obligaci\u00f3n contra\u00edda en el contrato afectado de nulidad\u201d. <\/p>\n

2.\tEl recurrente, sin tener en cuenta esa argumentaci\u00f3n, predic\u00f3 que la ratificaci\u00f3n se produjo como consecuencia de las negociaciones que, mucho despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n de la promesa, los contratantes adelantaron con el prop\u00f3sito de que se suscribiera la escritura de compraventa que materializara el negocio buscado por ellas, intento que a su propio decir \u201cse frustr\u00f3 nuevamente ante el silencio de los promitente vendedores\u201d y que se comprob\u00f3 con las cartas que identific\u00f3, con los interrogatorios absueltos por los demandantes, en los que confesaron haber dado poder al doctor Ricardo Uribe Pinto para su realizaci\u00f3n, y con el testimonio de este \u00faltimo. <\/p>\n

3.\tDel s\u00f3lo contraste de unos y otros planteamientos, los del Tribunal y los del censor, se concluye el desenfoque del cargo, pues sin confutar las genuinas razones que condujeron al Tribunal a colegir que no hubo ratificaci\u00f3n, esgrimi\u00f3 unas paralelas, que en su sentir son indicativas de ello. <\/p>\n

Resultado de ese proceder del impugnante, es que los referidos fundamentos de la sentencia sigan inc\u00f3lumes y que, en virtud de su firmeza, no haya espacio para evaluar el acierto del censor. <\/p>\n

4.\tPero es que ni siquiera forzando el enfrentamiento de la tesis del impugnante con la del ad quem, esta \u00faltima se cae. <\/p>\n

Es que as\u00ed se admitiera la plena comprobaci\u00f3n de que los contratantes buscaron, luego de la celebraci\u00f3n de la promesa, que el contrato que ella instrument\u00f3 se perfeccionara, seguir\u00eda gravitando la exigencia del Tribunal de que por versar la ratificaci\u00f3n sobre un contrato solemne, ella deb\u00eda constar por escrito, inferencia que obtuvo respaldo en el mandato del art\u00edculo 1753 del C\u00f3digo Civil, escrito que ech\u00f3 de menos y que, ciertamente, no aparece en el proceso. <\/p>\n

Igual acontece con la ratificaci\u00f3n t\u00e1cita. El Tribunal, a la luz del art\u00edculo 1754 ib\u00eddem, infiri\u00f3 que su ocurrencia s\u00f3lo se presenta con \u201cla ejecuci\u00f3n voluntaria de la obligaci\u00f3n contratada\u201d, sin que en el caso sub lite se hubiere otorgado el contrato de promesa de compraventa prometido, pues como ya se registr\u00f3, las negociaciones esgrimidas por el censor no dieron ning\u00fan fruto, am\u00e9n que en la demanda, de forma subsidiaria, se solicit\u00f3 la resoluci\u00f3n de la promesa precisamente porque el contrato que en definitiva pretend\u00edan las partes, no se realiz\u00f3. <\/p>\n

5.\tNinguna posibilidad hay, pues, para que el cargo se acoja. <\/p>\n

DEMANDA DE CASASI\u00d3N DE LA ACCIONADA
\nCARGO TERCERO <\/p>\n

Al igual que en la censura anterior, se denunci\u00f3 la sentencia combatida por violar indirectamente las mismas normas all\u00ed precisadas y los art\u00edculos 762, 2512, 2513, 2517, 2518, 2527 a 2529, 2531 y 2532 del C\u00f3digo Civil, debido a los errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas del proceso en que incurri\u00f3 el ad quem, desatinos que lo llevaron a sostener equivocadamente que la entrega que se hizo del inmueble prometido en venta, fue de su mera tenencia, y no de la posesi\u00f3n. <\/p>\n

Luego de memorar los fundamentos que a ese respecto explicit\u00f3 el sentenciador de segunda instancia en su fallo, el recurrente afirm\u00f3 que \u201cla entrega anticipada en desarrollo de una promesa de venta transfiere posesi\u00f3n y no solo mera tenencia\u201d y, con base en tal idea, expuso los siguientes planteamientos, con los que sustent\u00f3 la acusaci\u00f3n: <\/p>\n

1.\tRecab\u00f3 en que la postura del Tribunal al respecto, obedeci\u00f3 a la adopci\u00f3n por su parte, sin criterio propio, de la tesis que sobre ese particular viene predicando esta Corporaci\u00f3n desde 1975, con la que cambi\u00f3 la que ten\u00eda anteriormente, que admit\u00eda que la entrega derivada de una promesa de contratar, otorgaba posesi\u00f3n. <\/p>\n

2.\tEstim\u00f3 que la argumentaci\u00f3n que sostiene la referida doctrina actual \u201ces falsa, si se tiene en cuenta que en Colombia no existen t\u00edtulos traslaticios de dominio, ya que por definici\u00f3n los t\u00edtulos solo generan derechos personales; la adquisici\u00f3n de los derechos reales requiere siempre necesariamente la realizaci\u00f3n de un modo de adquirir que complemente el t\u00edtulo y permita la adquisici\u00f3n, transferencia o constituci\u00f3n de un derecho real como es el dominio\u201d, exposici\u00f3n que sustent\u00f3 con el concepto de un autorizado tratadista nacional. <\/p>\n

3. A\u00f1adi\u00f3 \tque \u201cla \tentrega que se hace en desarrollo de una promesa de venta es el \tcumplimiento anticipado de una de las obligaciones que en el caso de \tla compraventa, genera el contrato prometido, no la promesa. Por eso \tla significaci\u00f3n de la entrega que se hace con base en lo \tpactado en una promesa, no tiene estrictamente relaci\u00f3n con \tla promesa que solo genera obligaciones de hacer, y sus \tconsecuencias deben analizarse independientemente\u201d, \tprecisi\u00f3n que igualmente respald\u00f3 en la opini\u00f3n \tde otro autor vern\u00e1culo, cuya obra reprodujo a espacio. <\/p>\n

4.\tTras advertir que la Corte, en diferentes \u00e9pocas, ha sostenido las dos tesis, el impugnante reconoci\u00f3 su adhesi\u00f3n sin reservas a la de \u201cla posesi\u00f3n, en desarrollo de todos los criterios que tradicionalmente han defendido esta figura por encima de los formalismos documentales y en defensa de los derechos que genera el trabajo creador de las personas sobre los bienes. Como respuesta al logicismo jur\u00eddico que encarna la tesis de la mera tenencia, la de la posesi\u00f3n en cambio previene cumplidamente la injusticia involucrada en situaciones en desarrollo de las cuales, incluso ante una manifiesta mala fe contractual que impide a veces la celebraci\u00f3n del contrato prometido en forma oportuna y se suma a un abandono de muchos a\u00f1os del inmueble en disputa por parte de su propietario inscrito, se adelantan reclamos cuantiosos que amenazan con causar severos perjuicios a personas que, por el contrario, por el mismo lapso, han actuado sobre los bienes sin ninguna duda, como due\u00f1os absolutos, inequ\u00edvocamente con el \u00e1nimo de tales, requiriendo continuamente del mencionado propietario inscrito lo que es una simple regularizaci\u00f3n formal de los t\u00edtulos\u201d. <\/p>\n

5.\tReiter\u00f3 la inexactitud de la pr\u00e9dica actual de la Sala, por estar fincada en el concepto de t\u00edtulo traslaticio de dominio, toda vez que de ellos \u00fanicamente se desprenden obligaciones y explic\u00f3: \u201cdesde ese punto de vista, dentro de un proceso de negociaci\u00f3n complejo en el que se incluyen promesa, contrato prometido y modo de adquirir, promesa y contrato prometido son igualmente t\u00edtulos y ninguno de los dos tiene la virtualidad de transferir el dominio; en el plano de la intenci\u00f3n de las partes, la intenci\u00f3n en una y en otro es id\u00e9ntica, a saber: poner en marcha la ejecuci\u00f3n de una serie de actos jur\u00eddicos que lleguen a producir la transferencia del derecho de dominio. Nada importa que esa intenci\u00f3n sea menos pr\u00f3xima en la promesa cuando, por otra, parte, es bien claro que si las partes optan, la una por entregar anticipadamente la cosa y la otra por recibirla tambi\u00e9n en forma anticipada, lo que est\u00e1n haciendo es anticipar, como ya se dijo, las prestaciones propias del contrato prometido y, con ello, por lo menos uno de los elementos fundamentales de la tradici\u00f3n como modo de adquirir\u201d. <\/p>\n

6.\tEn punto de la significaci\u00f3n del ataque, el censor puso de presente que si el Tribunal hubiese admitido que la entrega del inmueble a la demandada comport\u00f3 la transferencia de su posesi\u00f3n, ten\u00eda que concluir que ella s\u00ed estaba en capacidad de ganar el dominio del inmueble \u201cpor prescripci\u00f3n adquisitiva (\u2026) y as\u00ed lo habr\u00eda declarado, calificando como probada la excepci\u00f3n\u201d que en tal sentido se propuso. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tCuatro, en concreto, fueron los argumentos que el Tribunal adujo para negar la prescripci\u00f3n adquisitiva que la accionada, al contestar la demanda, esgrimi\u00f3 en su favor, a saber: <\/p>\n

1.1.\tLa ley, al momento de la formulaci\u00f3n de dicha defensa, no autorizaba que ella pudiera proponerse como excepci\u00f3n. <\/p>\n

1.2.\tSi a la luz de la Ley 791 de 2002, se aceptara la procedencia de esa alegaci\u00f3n en la forma como se plante\u00f3, de todas maneras no podr\u00eda salir avante, por cuanto la demandada no es poseedora del inmueble materia de la litis, toda vez que se hizo a \u00e9l en virtud de la promesa de compraventa que celebr\u00f3 con los primigenios demandantes, sin que en dicho contrato se hubiere previsto de forma clara y concreta que la aprehensi\u00f3n material del bien por parte de la prometiente compradora fuera con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, postura con la que acogi\u00f3 el criterio jurisprudencial que al respecto viene predicando esta Corporaci\u00f3n, conforme al cual, la entrega anticipada de lo que se promete en venta, concede a quien recibe la mera tenencia de la cosa, salvo que se hubiere convenido expresamente la transferencia de la posesi\u00f3n. <\/p>\n

1.3.\tIncluso, de contemplarse la posibilidad de que la accionada hubiese modificado su posici\u00f3n frente al bien, de mera tenedora a poseedora, no se configur\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva, porque la prescripci\u00f3n aplicable ser\u00eda la extraordinaria, por carecer aqu\u00e9lla de un justo t\u00edtulo, modalidad que exige una posesi\u00f3n de veinte a\u00f1os, t\u00e9rmino \u201cque para la fecha en que se notific\u00f3 la demandada, no hab\u00eda transcurrido, toda vez que entre 1977 (fecha de suscripci\u00f3n de la promesa) y 1991 (fecha de presentaci\u00f3n de la demanda), solo mediaban catorce (14) a\u00f1os\u201d. <\/p>\n

1.4.\tEn el supuesto anterior, la prescripci\u00f3n no alcanz\u00f3 siquiera el indicado tiempo, habida cuenta que \u201cpara el a\u00f1o 1987, esto es a escasos cuatro (4) a\u00f1os antes de iniciarse esta acci\u00f3n\u201d, la accionada \u201cpersist\u00eda en su condici\u00f3n de tenedora, reconociendo a\u00fan para esa calenda el dominio de los promitentes vendedores; como se desprende de las documentales allegadas como pruebas, que dan cuenta de los requerimientos que la entidad hac\u00eda a \u00e9stos, en procura de que suscribiesen la escritura de compraventa correspondiente que le transfiriera el dominio\u201d. <\/p>\n

2.\tCon el prop\u00f3sito de que se tenga \u201ccomo probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta\u201d, el recurrente opuso al raciocinio del Tribunal el cargo que ahora se analiza, en el que, \u201cdebido a errores manifiestos y trascendentes de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u201d, denunci\u00f3 la infracci\u00f3n indirecta de los preceptos sustanciales indicados en la introducci\u00f3n del mismo, cuestionamiento que sustent\u00f3, exclusivamente, con la cr\u00edtica que hizo a la referida tesis jurisprudencial, que desde 1980 preconiza esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

3.\tDe entrada, se observa grave falla t\u00e9cnica en la acusaci\u00f3n, pues pese a que, como acaba de destacarse, mediante ella se denunci\u00f3 la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de la comisi\u00f3n de yerros f\u00e1cticos al ponderarse el material probatorio, es lo cierto que en la sustentaci\u00f3n del ataque no se singularizaron los medios de convicci\u00f3n sobre los que recayeron esos desatinos y, menos a\u00fan, se comprobaron los errores de hecho que se atribuyeron al ad quem, omisi\u00f3n del censor que fue absoluta, pues a lo largo de la acusaci\u00f3n no hizo la m\u00e1s m\u00ednima menci\u00f3n a los elementos de juicio recaudados en el proceso, ni a su contenido objetivo, ni a las inferencias que de ellos extrajo o debi\u00f3 obtener el sentenciador de segunda instancia. <\/p>\n

Es que, como ya se apunt\u00f3, la fundamentaci\u00f3n del cargo se circunscribi\u00f3 a controvertir la postura que, con apego a la jurisprudencia, adopt\u00f3 el Tribunal sobre el efecto jur\u00eddico de la entrega anticipada de un bien prometido en venta, sin ocuparse, para nada, de las cuestiones f\u00e1cticas debatidas en el litigio. <\/p>\n

Las falencias detectadas, frustran el reproche examinado. <\/p>\n

4.\tEn procura de que el cargo cumpla el fin para el que se propuso, es del caso interpretarlo, en el sentido de entender que \u00e9l, en verdad, imput\u00f3 el quebranto directo de los preceptos de linaje sustancial explicitados en su comienzo y que, por consiguiente, la menci\u00f3n que contiene de que esa infracci\u00f3n fue indirecta, no pasa de ser un error de mera transcripci\u00f3n. <\/p>\n

Pese a lo anterior, la acusaci\u00f3n no est\u00e1 llamada a prosperar, por las razones que siguen a elucidarse: <\/p>\n

4.1.\tEs ostensible que ella luce incompleta, pues de los cuatro argumentos que el Tribunal invoc\u00f3 para desestimar la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva, atr\u00e1s relacionados, el recurrente s\u00f3lo combati\u00f3 el segundo. <\/p>\n

Nada dijo sobre la improcedencia de esa alegaci\u00f3n como excepci\u00f3n; ni sobre la insuficiencia del tiempo de la posesi\u00f3n, de admitirse que la misma comenz\u00f3 desde la fecha de celebraci\u00f3n de la promesa; ni de la reducci\u00f3n de ese tiempo, debido al reconocimiento que en el a\u00f1o 1987 la demandada hizo de los actores como due\u00f1os del inmueble, al requerirlos para que otorgaran en su favor la escritura de venta prometida. <\/p>\n

Cada uno de esos planteamientos, que al no haber sido combatidos en casaci\u00f3n se mantiene en pie, brindan suficiente apoyo a la sentencia de segunda instancia, la cual, por ende, no puede derrumbarse. <\/p>\n

4.2.\tEl silencio que el censor guard\u00f3 frente al tercero y cuarto de los advertidos fundamentos, torn\u00f3 su reproche intrascendente, toda vez que as\u00ed se admitiera que la posesi\u00f3n de la demandada comenz\u00f3 desde la fecha misma de la entrega, cuya realizaci\u00f3n coincide con la fecha de celebraci\u00f3n de la promesa de compraventa, no habr\u00eda c\u00f3mo casar la sentencia combatida, pues ese supuesto constituye, precisamente, el primero de tales argumentos, el cual, al no haber sido cuestionado en el recurso extraordinario, deviene intangible para la Corte, tornando inane la acusaci\u00f3n, en tanto que frente a ella, habr\u00eda que colegir, como esa autoridad lo predic\u00f3, que la posesi\u00f3n de la accionada no alcanz\u00f3 para que se configurara la prescripci\u00f3n extraordinaria, pues, en principio, s\u00f3lo se extendi\u00f3 por el lapso de catorce a\u00f1os, tiempo que se redujo a cuatro, toda vez que en 1987 la accionada reconoci\u00f3 el dominio de los demandantes. <\/p>\n

4.3.\tSi lo anterior no fuera suficiente, examinado en el fondo el cargo, se encuentra: <\/p>\n

4.3.1.\tDe manera consistente, la Corte, de hace ya algo m\u00e1s de tres d\u00e9cadas, viene sosteniendo que \u201c[c]uando el prometiente comprador de un inmueble lo recibe por virtud del cumplimiento anticipado de la obligaci\u00f3n de entrega que corresponde al contrato prometido, toma conciencia de que el dominio de la cosa no le corresponde a\u00fan; que de este derecho no se ha desprendido todav\u00eda el prometiente vendedor, a quien por tanto el detentador considera due\u00f1o, a tal punto que lo requiere para que le transmita la propiedad ofrecida. Para que la entrega de un bien prometido en venta pueda originar posesi\u00f3n material, ser\u00eda indispensable entonces que en la promesa se estipulara clara y expresamente que el prometiente vendedor le entrega al futuro comprador en posesi\u00f3n material la cosa sobre la cual versa el contrato de promesa, pues s\u00f3lo as\u00ed se manifestar\u00eda el desprendimiento del \u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o en el promitente vendedor, y la voluntad de adquirirlo por parte del futuro comprador\u201d (CSJ, SC del 24 de junio de 1980, G.J. t. CLXVI, p\u00e1gs. 51 y 52). <\/p>\n

4.3.2.\tY se dice que en forma consistente, pues no obstante el paso del tiempo, la tesis de la Corte no s\u00f3lo se ha mantenido sin fisuras sino que, si se quiere, se ha robustecido, como lo acredita el siguiente fallo, relativamente reciente, en el que no s\u00f3lo se reitera dicho criterio, sino que se ofrecen argumentos que por s\u00ed solos, desvirt\u00faan la acusaci\u00f3n examinada: <\/p>\n

En este contexto, la noci\u00f3n legis de posesi\u00f3n, de suyo y ante s\u00ed, presupone no reconocer dominio ajeno, por cuanto es \u2018la tenencia de una cosa determinada con \u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o\u2026\u2019, o sea, la detentaci\u00f3n real, f\u00edsica, material u objetiva de un bien (corpus) con designio e intenci\u00f3n de se\u00f1or\u00edo (animus), ser, comportarse o hacerse due\u00f1o (animus domini, animus remsibi habendi) (cas. civ. sentencias de 13 de marzo de 1937, XLIV, 713; 24 de julio de 1937, XLV, 329; 10 de mayo de 1939, XLVIII, 18; 9 de noviembre de 1956, LXXXIII, 775; 27 de abril de 1955, LXXX, 2153, 83), por lo cual, el reconocimiento de esta calidad a otro sujeto, la excluye por antin\u00f3mica e incompatible. <\/p>\n

Contrario sensu, la promesa de compraventa, per se, envuelve reconocer dominio ajeno, pues en su virtud, las partes contraen rec\u00edprocamente la prestaci\u00f3n calificada de hacer consistente en la celebraci\u00f3n del posterior contrato definitivo de compraventa, por cuya inteligencia se obligan a transferir y adquirir la propiedad del due\u00f1o (titulus), lo que se produce con la tradici\u00f3n (modus), resultando elemental por ineludibles principios l\u00f3gicos, el reconocimiento de esa calidad, que por su naturaleza y concepto legal, es incompatible con la posesi\u00f3n. <\/p>\n

El contrato preparatorio, preliminar, promesa de contrato, precontrato (pactum de contrahendo o pactum de ineiundo contratu), en efecto, genera esencialmente (esentialia negotia), una prestaci\u00f3n de hacer, su funci\u00f3n es preparatoria e instrumental, proyecta y entra\u00f1a la obligaci\u00f3n de estipular en un futuro determinado otro contrato diferente en sus elementos, naturaleza, funci\u00f3n y efectos. <\/p>\n

No obstante, la figura legis, admite pactos expresos (accidentalia negotia) y en desarrollo de la autonom\u00eda privada dispositiva, libertad contractual o de contrataci\u00f3n reconocida por el ordenamiento jur\u00eddico a las partes, nada se opone a la ejecuci\u00f3n anticipada de algunas prestaciones propias del contrato definitivo, verbi gratia, trat\u00e1ndose de promesa de compraventa, en el tr\u00e1fico jur\u00eddico negocial, es frecuente el pago anticipado de todo o una parte del precio y, tambi\u00e9n, es usual la entrega anticipada del bien, incluso a t\u00edtulo de posesi\u00f3n. <\/p>\n

Con estos lineamientos, la Sala de antiguo, partiendo de la natural distinci\u00f3n, estructura nocional y funcional entre el contrato preliminar, el contrato definitivo, y la posesi\u00f3n, tiene dicho \u2018que la promesa de compraventa y la posesi\u00f3n material que ejerza uno de los promitentes compradores al momento de la celebraci\u00f3n de la misma, no son incompatibles, pues no siempre la celebraci\u00f3n de la primera establece, modifica o extingue la segunda, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que la entrega anticipada del bien prometido en venta, que en la praxis de la promesa suele pactarse, no viene a ser sino una cl\u00e1usula adicional que est\u00e1 referida a las obligaciones propias del contrato prometido, y, por tanto, sin incidencia inmediata en el suceso de la posesi\u00f3n material\u2019 (SR-078 de 1996, subrayas ajenas al texto); \u2018…el preliminar, es contrato con efectos obligatorios, cuya \u00fanica prestaci\u00f3n esencial es la de celebrar el contrato futuro o posterior definitivo y carece de eficacia real, esto es, no envuelve hip\u00f3tesis de adquisici\u00f3n originaria o derivativa, traslaticia o constitutiva del derecho real de dominio y, por tanto, \u2018no es t\u00edtulo traslaticio (\u2026) acto de enajenaci\u00f3n que genere obligaciones de dar\u2019 (cas. marzo 22\/1979 reiterada en cas. marzo 22\/1988 y cas. mayo 8\/2002, exp. 6763; G. GABRIELLI, Il Contratto Preliminare. Giuffr\u00e8 Editore. Mil\u00e1n. 1970, pp. 1 y 2; ID, Contratto preliminare, in Enc. Giur., Roma, 1997; F. MESSINEO, Contratto Preliminare. EdD., X. Giuffr\u00e8 Editore. 1962, 167), porque la obligaci\u00f3n de hacer \u2018no va destinada a la mutaci\u00f3n del derecho real\u2019 (CLIX, p\u00e1g. 88) y \u2018…por sus mismas connotaciones funcionales, en particular por limitarse a comprometer la conducta futura de los contratantes … no resulta eficaz, para traducirse en fuente o detonante del dominio, ya que se repite, esa tipolog\u00eda de negocio preparatorio tan solo origina una obligaci\u00f3n de celebrar -in futurum- el contrato convenido (de hacer) y, en consecuencia, no puede -por definici\u00f3n- ser traslativo o constitutivo de derechos\u2019 (cas. civil, mayo 8\/2002, exp. 6763; A. CHIANALE, Contratto preliminare, in Digesto Discipline privatistiche, Sez. Civile, 276; P. FORCHIELLI, Contratto preliminare, Nov. Dig., Torino, 1959, IV, 683). Tampoco, por s\u00ed, genera prestaci\u00f3n diferente a la de estipular el contrato futuro definitivo. Con todo, las partes, accidentalia negotia, pueden acordar otras prestaciones compatibles y, de ordinario, pactan \u2018otras obligaciones propias del negocio jur\u00eddico prometido (prestaciones anteladas), mediante las cuales persiguen la consecuci\u00f3n de algunos de los efectos concernientes a \u00e9ste. Son, pues, prestaciones que se avienen m\u00e1s con la naturaleza del contrato prometido, en el cual encuentran venero y no tanto con la de la promesa que, como ya se dijese, agota su eficacia final en el cumplimiento de una mera obligaci\u00f3n de hacer\u2019 (cas. marzo 12\/2004, S-021-2004, exp. 6759). Por esa v\u00eda, se llega a dar alcance a obligaciones diferentes, las cuales, desde luego, generan efecto vinculante y deben cumplirse en un todo conforme a lo estipulado. El problema, sin embargo, vuelve a plantear la autonom\u00eda de ambos tipos negociales seg\u00fan la mayor o menor amplitud del contenido accidental, pues, en el esquema del contrato preliminar, las partes est\u00e1n obligadas a estipular el definitivo cuyas prestaciones est\u00e1n subordinadas a su celebraci\u00f3n y son inherentes a su naturaleza, estructura y funci\u00f3n, por lo cual, no deben antelarse in integrum. Nada obsta, empero, estipular el cumplimiento anticipado de algunas prestaciones del contrato posterior. En fin, \u2018la promesa de compraventa genera esencial y exclusivamente la prestaci\u00f3n de hacer consistente en la celebraci\u00f3n futura, posterior y definitiva de la compraventa, sin perjuicio de acordarse en forma clara, expresa e inequ\u00edvoca por pacto agregado a prop\u00f3sito, el cumplimiento anticipado del precio o la entrega de la tenencia o posesi\u00f3n del bien, en tanto, la venta constituye la prestaci\u00f3n de dare rem y, por consiguiente, transferir el derecho real de dominio (cas. sentencia de 7 de febrero de 2008 [SC-007-2008], exp. 2001-06915-01, subrayas de ahora); la simple entrega sin ninguna otra indicaci\u00f3n, \u2018supone, en t\u00e9rminos generales, el reconocimiento de dominio de otro, en la medida en que quien por ella pretende adquirir parte de la obvia admisi\u00f3n de su carencia de derecho. Esa es la inteligencia que la figura muestra en principio, sin perjuicio de que se admita la posibilidad de salvedades que, en el \u00e1mbito propio de las convenciones, pueden acontecer, como ser\u00eda el caso en que con explicitud rotunda se exprese en ella la entrega material acompa\u00f1ada del \u00e1nimo de due\u00f1o, circunstancia que \u2018\u2026puede generar o derivar una posesi\u00f3n inmediata, si es inequ\u00edvoca la declaraci\u00f3n de las partes en ese sentido\u2026\u2019 (sentencia de 26 de junio de 1986, G. J. CLXXXIV, p\u00e1g. 95). De esa suerte se derribar\u00eda la consideraci\u00f3n contraria y se permitir\u00eda estimar poseedor a quien prometi\u00f3 comprar\u2019 (cas. civ. sentencia de 9 de noviembre de 2009, exp. 15759-3103-001-2003-00043-01), pues \u2018cuando el prometiente comprador de un inmueble lo recibe por virtud del cumplimiento anticipado de la obligaci\u00f3n de entrega que corresponde al contrato prometido, toma conciencia de que el dominio de la cosa no le corresponde a\u00fan; que de este derecho no se ha desprendido todav\u00eda el promitente vendedor, a quien, por tanto el detentador considera due\u00f1o, a tal punto que lo requiere para que le transmita la propiedad ofrecida\u2019 (CLXVI, 51), la promesa no es por s\u00ed misma \u2018un acto jur\u00eddico traslaticio de la tenencia o de la posesi\u00f3n del bien sobre el cual ella versa\u2019 (CCXLIII, 530), salvo \u2018que en la promesa se estipulara clara y expresamente que el promitente vendedor le entrega al futuro comprador en posesi\u00f3n material la cosa sobre la cual versa el contrato de promesa\u2019 (CLXVI, 51), y para \u2018que la entrega de un bien prometido en venta pueda originar posesi\u00f3n material, ser\u00eda indispensable entonces que en la promesa se estipulara clara y expresamente que el prometiente vendedor le entrega al futuro comprador en posesi\u00f3n material la cosa sobre la cual versa el contrato de promesa, pues s\u00f3lo as\u00ed se manifestar\u00eda el desprendimiento del \u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o en el prometiente vendedor, y la voluntad de adquirirlo por parte del futuro comprador\u2019 (G. J., t. CLXVI, p\u00e1g. 51). <\/p>\n

Por consiguiente, cuando los promitentes contratantes anticipando el cumplimiento del contrato prometido, en forma clara, expl\u00edcita e inequ\u00edvoca no estipulan expressis verbis en cl\u00e1usula agregada a prop\u00f3sito la entrega antelada de la posesi\u00f3n de la cosa prometida en compraventa, se entiende entregada y recibida a t\u00edtulo de mera tenencia, porque al prometerse con la celebraci\u00f3n del definitivo, transferir y adquirir la propiedad de su due\u00f1o, se reconoce dominio ajeno, y tal reconocimiento, excluye la posesi\u00f3n (CSJ, SC del 30 de julio de 2010, Rad. n.\u00b0 2005-00154-01; se subraya). <\/p>\n

4.3.3.\tCon posterioridad, la Corte ha reiterado dicho criterio, entre otras, en las sentencias SC 7004 del 5 de junio de 2014 (Rad. n.\u00b0 2004-00209-01), SC-16993 del 12 de diciembre de 2014 (Rad. n.\u00b0 2010-00166-01) y SC 10825 del 8 de agosto de 2016 (Rad. n.\u00b0 2011-00213-01). <\/p>\n

4.3.4.\tComo se extracta de ese pasaje de la sentencia atr\u00e1s reproducida y se explica a continuaci\u00f3n, ninguno de los argumentos explicitados por el censor, tiene la virtud de resquebrajar esa s\u00f3lida doctrina. <\/p>\n

a)\tLa circunstancia de que todo t\u00edtulo, particularmente el contrato, \u00fanicamente est\u00e9 llamado a producir obligaciones, sin que, por s\u00ed s\u00f3lo, provoque la tradici\u00f3n de los derechos reales, no desvirt\u00faa la existencia de unos que tienen por objetivo servir a esa finalidad y que, por ende, bien pueden recibir la denominaci\u00f3n de \u201ctraslaticios de dominio\u201d, que por su naturaleza obligan a transferir el dominio pero que por s\u00ed mismos no lo hacen. <\/p>\n

Al respecto, debe llamarse la atenci\u00f3n sobre el mandato del art\u00edculo 745 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual \u201c[p]ara que valga la tradici\u00f3n se requiere de un t\u00edtulo traslaticio de dominio, como el de venta, permuta, donaci\u00f3n, etc.\u201d; y esto por oposici\u00f3n a los que solo obligan a entregar la tenencia y no el dominio como el arrendamiento o el comodato. <\/p>\n

Es inocultable la funci\u00f3n que el t\u00edtulo presta en la circulaci\u00f3n de los bienes, tem\u00e1tica en relaci\u00f3n con la cual cabe recordar que: <\/p>\n

(\u2026) T\u00edtulo y modo son dos conceptos claramente diferenciados en el ordenamiento jur\u00eddico patrio, que no pueden ser confundidos so capa de la complementariedad que existe entre ellos. El primero, a no dudarlo, cumple la funci\u00f3n de servir de fuente de obligaciones, por lo que, desde la perspectiva del acreedor, \u00fanicamente lo hace titular de derechos personales. De \u00e9l es ejemplo elocuente el contrato (art. 1495 C.C.). El segundo, por el contrario, guarda relaci\u00f3n con los mecanismos establecidos en la ley para adquirir un derecho real, entre los que se cuenta la ocupaci\u00f3n, la accesi\u00f3n, la tradici\u00f3n, la usucapi\u00f3n y la sucesi\u00f3n por causa de muerte (art. 673 ib.). <\/p>\n

De all\u00ed, entonces, que el simple t\u00edtulo -en Colombia- no afecte derecho real alguno, por ejemplo, la propiedad, pues apenas si genera, en el caso de los llamados t\u00edtulos traslaticios (inc. 3\u00ba, art. 765 C.C.), la obligaci\u00f3n de hacer due\u00f1o al acreedor, por el modo de la tradici\u00f3n (arts. 740, 654 y 756, ib.). Pero \u00e9ste, a su turno, tampoco se basta para demostrar el dominio sobre una cosa, dado que la propiedad requiere la conjunci\u00f3n de uno y otro, al punto que el art\u00edculo 745 del C\u00f3digo Civil establece que \u2018Para que valga la tradici\u00f3n se requiere un t\u00edtulo traslaticio de dominio, como el de venta, permuta, donaci\u00f3n, etc.\u2019. <\/p>\n

Sobre este particular ha expresado la Sala que el \u2018t\u00edtulo no dice sino que un sujeto se oblig\u00f3; que restringi\u00f3 su libertad en la medida que hoy est\u00e1 sujeto a una determinada actitud, que consiste en dar, hacer o no hacer una cosa. El que contrata, es cierto, simplemente es un contratante; hay que suponer que all\u00ed necesariamente surgieron obligaciones, pues que el contrato es por antonomasia, bien pudiera decirse, la gran f\u00e1brica de las obligaciones. Hasta ese momento para nada se ha rozado el concepto del derecho real; porque para que \u00e9ste brote o simplemente mude, es menester que ocurra algo m\u00e1s que el simple t\u00edtulo: en t\u00e9rminos concisos, que quien result\u00f3 obligado por ese titulo, cumpla; esto es, extinga la obligaci\u00f3n. As\u00ed, el vendedor, el mero contratante, no hace que el dominio se radique desde ya en cabeza del comprador, porque hasta all\u00ed no han realizado m\u00e1s que el simple t\u00edtulo. Ese algo m\u00e1s, que de menos se echa, es que el vendedor cumpla la obligaci\u00f3n de transferir el dominio; lo que acontecido v\u00e1lidamente, toma el nombre de tradici\u00f3n, que es precisamente el modo que hasta entonces se echaba de menos. Por manera que solamente cuando a la realizaci\u00f3n del t\u00edtulo se suma la del modo, prod\u00facense ah\u00ed s\u00ed consecuencias jur\u00eddicas en punto de los derechos reales. El propietario anterior, quien entre tanto era apenas vendedor, al realizar el modo de la tradici\u00f3n, deja de serlo, porque tal derecho real de dominio se ubica entonces en cabeza del adquiriente, quien, correlativamente, en el entretanto, no fue m\u00e1s que un mero comprador o simple contratante\u2019 (cas. civ. de. 20 junio de 2000. Cfme: Sentencias Nos. 031 de 6 de mayo\/98; 084 de 29 de septiembre\/98; 020 de 9 de junio\/99 y 029 de julio 29\/99) (CSJ, SC del 16 de diciembre de 2004, Rad. n.\u00b0 7870). <\/p>\n

Reconocer la existencia de t\u00edtulos traslaticios de dominio, no traduce admitir que ellos, sin m\u00e1s, tienen la virtud de mudar el derecho de propiedad que se tiene sobre las cosas, como parece entenderlo con desacierto el recurrente. <\/p>\n

Significa aceptar que hay t\u00edtulos de los que se desprende la obligaci\u00f3n de efectuar la tradici\u00f3n en favor del otro, que son indispensables para que la mutaci\u00f3n que en cumplimiento de ellos se realice, sea, en definitiva, v\u00e1lida. <\/p>\n

De suyo, entonces, cuando la Corte, en desarrollo de la jurisprudencia que se comenta, observa que la promesa de contratar y, m\u00e1s exactamente, la de vender, no es un t\u00edtulo traslaticio de dominio, lo que hace es destacar que esa tipolog\u00eda contractual no genera la obligaci\u00f3n de efectuar la tradici\u00f3n del bien cuya enajenaci\u00f3n se prometi\u00f3, lo que explica que la entrega que en virtud de ella se realice, no implica para el prometiente vendedor, desprenderse del citado derecho real y para el prometiente comprador, adquirir la posesi\u00f3n del respectivo bien. <\/p>\n

b)\tA lo anterior se agrega otra inconsistencia de la censura. Confunde la promesa, con el contrato prometido, lo que es inaceptable desde todo punto de vista, pues pese al ligamen que los une, se trata de negocios jur\u00eddicos aut\u00f3nomos e independientes, cada uno con fisonom\u00eda, naturaleza y objetivos propios, como se se\u00f1al\u00f3 en el fallo reproducido en el punto 4.3.2. precedente. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, mal puede sostenerse que con la entrega anticipada del bien que promete enajenarse, se cumple una obligaci\u00f3n propia del contrato de venta, pues \u00e9ste, al momento de la realizaci\u00f3n de aquella, no existe jur\u00eddicamente, porque a\u00fan no se ha celebrado, constataci\u00f3n que impide entender que el prometiente vendedor, con dicho acto, el de la entrega, est\u00e9 haciendo tradici\u00f3n de la cosa y\/o se est\u00e9 desprendiendo del dominio que tiene sobre ella. <\/p>\n

c)\tA\u00f1\u00e1dese que las razones extrajur\u00eddicas insinuadas por el recurrente, como que la posici\u00f3n de la Corte \u201cresulta sustancialmente conservadora y derogatoria del concepto del trabajo del hombre aplicado a la explotaci\u00f3n de los bienes\u201d, o que con ella se otorga prevalencia \u201ca la denominada \u2018posesi\u00f3n inscrita\u2019 sobre la posesi\u00f3n material\u201d y\/o al \u201cformulismo de las inscripciones en el registro sobre el hecho real de la detentaci\u00f3n de los bienes con intenci\u00f3n de due\u00f1o\u201d, no cuentan con la fuerza suficiente para, como ya se dijo, provocar el desquiciamiento de la doctrina jurisprudencial analizada. <\/p>\n

5.\tEs, por lo tanto, estruendoso el fracaso del cargo. <\/p>\n

DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE LA PARTE ACTORA
\nCARGO QUINTO <\/p>\n

Atribuy\u00f3 al ad quem la infracci\u00f3n indirecta de las mismas disposiciones sustanciales detalladas en la acusaci\u00f3n anterior, salv\u00f3 los art\u00edculos 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 669 del C\u00f3digo Civil, esta vez como consecuencia de error de derecho, que comport\u00f3 el quebranto de los art\u00edculos 174, 175, 177, 183, 187, 233 y 243 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201cen la apreciaci\u00f3n del informe de aval\u00fao elaborado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi sobre el predio en litigio (folios 117 a 151 del cuaderno del Tribunal)\u201d. <\/p>\n

Adujo el censor: <\/p>\n

1.\tEl Tribunal, a efecto de fijar el monto de la restituci\u00f3n por equivalencia que decret\u00f3, tuvo en cuenta el aval\u00fao que el Instituto Agust\u00edn Codazzi elabor\u00f3 respecto del predio objeto de la promesa de compraventa fuente de la controversia, allegado por la demandada en el curso de la audiencia de conciliaci\u00f3n surtida en la segunda instancia. <\/p>\n

2.\tEsa apreciaci\u00f3n comport\u00f3 la comisi\u00f3n del error de derecho denunciado, \u201cporque dicha experticia, aportada al expediente por la Empresa de Acueducto de Bogot\u00e1, y aceptada por los demandantes (audiencia de conciliaci\u00f3n de 14 de enero de 2008, folios 159 a 161 del cuaderno del Tribunal), ten\u00eda como fin \u00fanicamente servir de sustento y fundamento al acuerdo a que llegaron las partes para zanjar sus diferencias (folios 176 a 188 del cuaderno del Tribunal), y como la conciliaci\u00f3n dentro del proceso devino frustr\u00e1nea y el Tribunal como he indicado en cargos anteriores no procedi\u00f3 a aceptar la transacci\u00f3n que obraba en autos, no pod\u00eda tener como sustento de su sentencia y para los efectos vistos dicho informe pues \u00e9ste perdi\u00f3 su raz\u00f3n de ser por los motivos examinados, y as\u00ed no constitu\u00eda un medio probatorio legalmente aducido para resolver mediante sentencia la composici\u00f3n del litigio, pasando por encima de la voluntad de las partes\u201d. <\/p>\n

3.\tLa contemplaci\u00f3n de ese aval\u00fao por el ad quem signific\u00f3 la ponderaci\u00f3n de una prueba aducida en el proceso sin observancia de los requisitos legales, pues dicha experticia \u201cno ten\u00eda otra finalidad que soportar el acuerdo a que llegaron las partes y no servir de medio de prueba para la composici\u00f3n del litigio por parte del Tribunal\u201d, actitud con la que \u00e9ste desconoci\u00f3 \u201clas normas que regulan la admisibilidad y producci\u00f3n de los medios probatorios en el ordenamiento procesal\u201d. <\/p>\n

4.\tEn adici\u00f3n, el censor explic\u00f3 la trascendencia del cargo y la forma c\u00f3mo resultaron quebrantadas las normas de disciplina probatoria que indic\u00f3 al inicio del mismo. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEn el inicio de la audiencia de conciliaci\u00f3n a la que, de oficio, el Tribunal convoc\u00f3 a la partes del proceso, que tuvo lugar el 21 de noviembre de 2007, el Magistrado Ponente, tras explicar \u201cel prop\u00f3sito\u201d de dicho acto y \u201clas reglas\u201d del mismo, dej\u00f3 constancia de que \u201c[s]e presentaron, (\u2026), varias f\u00f3rmulas de soluci\u00f3n al litigio, planteadas tanto por los demandantes, como por la parte demandada, las cuales fueron discutidas para valorar su viabilidad\u201d; y que, en virtud de ese an\u00e1lisis, \u201cse fijaron varios puntos que deben desarrollarse para concertar una eventual negociaci\u00f3n. As\u00ed, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1, se comprometi\u00f3 a realizar un aval\u00fao del predio objeto del proceso, (\u2026). El dictamen se pondr\u00e1 en conocimiento de los demandantes, antes de la audiencia, directamente por el Empresa\u201d (fls. 197 a 108 vuelto, cd. 28; se subraya). <\/p>\n

En la continuaci\u00f3n del acto, sesiones que se realizaron los d\u00edas 13 y 18 de diciembre del precitado a\u00f1o, los intervinientes informaron las gestiones por ellos adelantadas y solicitaron nuevas suspensiones de la audiencia, peticiones que fueron acogidas por el ad quem (fls. 109 a 112, cd. 28). <\/p>\n

El 14 de enero de 2008, la empresa demandada \u201caport\u00f3 el informe de aval\u00fao comercial elaborado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, sobre el predio [d]el litigio, (\u2026). El Magistrado incorpora los documentos al expediente y da traslado de ellos a los demandantes\u201d. Luego de discutirse nuevas propuestas de arreglo, se suspendi\u00f3 la audiencia (fls. 159 a 161, cd. 28). <\/p>\n

2.\tSignifica lo anterior, que en desarrollo de la conciliaci\u00f3n ordenada por el ad quem con fundamento en el art\u00edculo 43 de la Ley 640 de 2001, las partes optaron por la pr\u00e1ctica de un nuevo dictamen pericial sobre el valor comercial del predio, que les permitiera avanzar en su prop\u00f3sito de llegar a un arreglo del pleito. <\/p>\n

El ejercicio de esa prerrogativa, fue avalado por el ad quem, en la medida que, en la misma audiencia, autoriz\u00f3 la realizaci\u00f3n de la experticia con cargo a la empresa demandada y defini\u00f3 sus alcances. <\/p>\n

Adicionalmente, la prueba fue aportada al proceso en la continuaci\u00f3n de la conciliaci\u00f3n, acto en el que el magistrado sustanciador corri\u00f3 traslado de ella a la parte actora. <\/p>\n

3.\tCorolario de lo expuesto, es que el informe pericial de que se trata, obedeci\u00f3 al consenso a que llegaron las partes en la audiencia de conciliaci\u00f3n; su realizaci\u00f3n estuvo precedida de orden judicial, que la habilit\u00f3 y defini\u00f3 sus perfiles; fue aportado en la oportunidad prevista por las partes y el juez, al convenirla y decretarla; y respet\u00f3 el derecho de defensa, como quiera que, mediante auto dictado en audiencia, se agreg\u00f3 a los autos y se dej\u00f3 en conocimiento de la parte contraria a la que lo aport\u00f3. <\/p>\n

4.\tLa circunstancia de que el medio persuasivo de que se trata, no hubiese sido solicitado en las espec\u00edficas oportunidades probatorias que la ley procesal civil prev\u00e9 tanto para la primera instancia (demanda, contestaci\u00f3n y traslado de las excepciones), como para la segunda (t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelaci\u00f3n), as\u00ed como el hecho de que su confecci\u00f3n y allegamiento no se hubiere dado en la etapa que para la materializaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n est\u00e1 contemplada respecto de cada uno de esos compartimentos del proceso, son cuestiones que no imped\u00edan su ponderaci\u00f3n, si se tiene en cuenta el origen de la prueba, esto es, que ella fue fruto del acuerdo al que, en desarrollo de la conciliaci\u00f3n, llegaron las partes sobre su pr\u00e1ctica. <\/p>\n

Esa g\u00e9nesis determin\u00f3, en primer lugar, que la probanza estuviese guiada por las reglas que fijaron las partes al convenir su realizaci\u00f3n, para cuyo dise\u00f1o ellas estaban facultadas por actuar en sede de conciliaci\u00f3n; y, en segundo t\u00e9rmino, lo que es consecuencia de lo anterior, que no quedara supeditada al rigor de las normas disciplinantes de la oportunidad para pedir y practicar pruebas en el proceso. <\/p>\n

Si a lo anterior se suma que, como ya se vio, la prueba respet\u00f3 los principios que determinan la eficacia de los medios de convicci\u00f3n, es del caso reiterar que ning\u00fan obst\u00e1culo hab\u00eda para que el Tribunal fincara algunas de las decisiones que adopt\u00f3, en ella. <\/p>\n

5.\tAhora bien, que el prop\u00f3sito de las partes al acordar la realizaci\u00f3n de dicho aval\u00fao, hubiese sido que \u00e9l orientara una f\u00f3rmula de arreglo que les permitiera zanjar sus diferencias, no era una camisa de fuerza que vedara al Tribunal la posibilidad de apoyarse en \u00e9l para definir ciertas cuestiones econ\u00f3micas de su fallo. <\/p>\n

Es que como se sabe, las pruebas, si bien provienen de la iniciativa de los litigantes, una vez se practican, pasan a pertenecer y a servir al proceso sin restricciones, de donde el juez, al ponderarlas, puede y debe extractar de ellas todo lo que demuestran, en tanto sea de inter\u00e9s para solucionar la controversia a trav\u00e9s de la sentencia. <\/p>\n

6.\tLo expuesto, deja sin piso la acusaci\u00f3n examinada. <\/p>\n

DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE LA PARTE ACTORA
\nCARGO CUARTO <\/p>\n

Reproch\u00f3 la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 669, 955, 961 a 966, 969, 971, 1627, 1742, 1746 del C\u00f3digo Civil y 18 de la Ley 153 de 1887, como consecuencia los errores de hecho que cometi\u00f3 el Tribunal al apreciar las pruebas del proceso, \u201crelacionados todos ellos con las restituciones mutuas\u201d que dispuso en la sentencia que dict\u00f3. <\/p>\n

1.\tAl respecto, el censor memor\u00f3 lo que en punto de las referidas prestaciones resolvi\u00f3 el Tribunal; reprodujo el mandato del art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil; y puso de presente que, conforme doctrina de esta Corporaci\u00f3n, existen tres excepciones al deber de devoluci\u00f3n impuesto por dicha norma, a saber: \u201c(\u2026) \u2018en primer lugar, cuando la nulidad proviene de un objeto o causa il\u00edcita; en segundo lugar, cuando se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz omiti\u00e9ndose los requisitos que la ley exige y, en tercer lugar, por razones de inter\u00e9s p\u00fablico\u2019\u201d. <\/p>\n

En cuanto hace a la \u00faltima de esas hip\u00f3tesis, el impugnante resalt\u00f3 que su operancia exige \u201cque realmente el inmueble se encuentra comprometido con la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de que se trate, de manera que ante la evidencia de ese hecho el inter\u00e9s privado deba ceder ante el inter\u00e9s general\u201d. <\/p>\n

2.\tSoportado en lo anterior, asever\u00f3 que en el caso sub lite, el Tribunal \u201cno se percat\u00f3 de que solamente una porci\u00f3n muy reducida del lote, en proporci\u00f3n con su extensi\u00f3n, se encontraba realmente afectada a la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de acueducto de la ciudad\u201d, por lo que \u201cdebi\u00f3 ordenar la restituci\u00f3n material del predio, cual lo impone el aludido art\u00edculo 1746, descontadas las peque\u00f1as \u00e1reas comprometidas con el aludido servicio\u201d. <\/p>\n

3.\tEstim\u00f3 que el advertido desatino, obedeci\u00f3 a los siguientes yerros de valoraci\u00f3n probatoria: <\/p>\n

3.1.\tHaber preterido el dictamen pericial rendido por los se\u00f1ores Jos\u00e9 Emilio Barrera Medina y C\u00e9sar Alberto Correal, incluidas las adiciones de que fue objeto, toda vez en dichos trabajos, respecto de las zonas comprometidas con la prestaci\u00f3n del referido servicio p\u00fablico, se precis\u00f3: que por debajo de \u201cla cota de nivel 2700, solamente estaban afectados (\u2026) 142.820 metros cuadrados\u201d; que las obras destinadas directa o indirectamente al mismo, eran \u201cel tanque de Santa Ana, los t\u00faneles, las tuber\u00edas de diferentes di\u00e1metros, las cajas para la conducci\u00f3n, v\u00edas peatonales y vehiculares de diferente orden, diferentes puntos del sistema como las c\u00e1maras de pit\u00f3metros, cunetas, etc.\u201d; que \u201cel lote mide 1.757.484 m2 menos las \u00e1reas de afectaci\u00f3n que son: 4.410 + 19.800; tanque 7.738; t\u00fanel 55.500 y Cajas 984; para un total de 88.432 m2. Entonces queda una de 1.669.054 m2 en la cual se encuentra la zona ocupada por el Club que no incide en la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de acueducto\u201d; y que \u201c[e]l porcentaje total de las afectaciones corresponde al (5.0317%) cinco punto cero tres uno siete por ciento del total del lote\u201d. <\/p>\n

3.2.\tNo haber apreciado \u201cel plano No. 1 allegado por los peritos Barrera y Correal en el que (\u2026) detall[aron] las \u00e1reas ocupadas por las cajas, el t\u00fanel y, en general la afectaci\u00f3n al inter\u00e9s general, \u00e1rea que como all\u00ed f\u00e1cilmente se aprecia es una peque\u00f1a porci\u00f3n del predio\u201d. <\/p>\n

3.3.\tDesconocer el oficio 6153 del 22 de marzo de 1994, librado por el Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n Distrital (fl. 640, cd. 2), en el que se indican los diferentes usos permitidos para el terreno. <\/p>\n

3.4.\tSoslayar el dictamen pericial, su aclaraci\u00f3n y la complementaci\u00f3n del mismo, rendido por los expertos Julio Ord\u00f3\u00f1ez y Odilia M\u00e1rquez, quienes \u201cafirmaron que el \u00e1rea neta comprometida con la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de acueducto era de 480.792.52 m2 y un \u00e1rea total de afectaci\u00f3n, esto es, sumadas las \u00e1reas de influencia, de 575.460.98 m2\u201d; se\u00f1alaron que las obras directa e indirectamente relacionadas con la referida actividad, eran \u201cel tanque de Santa Ana, las casetas de control y celadur\u00eda, el t\u00fanel Santa Ana, las tuber\u00edas, cajas de control, v\u00edas de acceso, tanque Usaqu\u00e9n, ventosas y redes el\u00e9ctricas\u201d; manifestaron que por debajo de la cota 2.700 \u201cno existen obras que se relacionen con el servicio de acueducto\u201d, salvo \u201cun tramo de [la] v\u00eda de acceso con longitud de 400 m\u201d; y, en definitiva, conceptuaron que \u201cel \u00e1rea comprometida con el servicio p\u00fablico prestado por la demandada solamente comprend\u00eda una extensi\u00f3n de 665.975.96 m2, de los cuales 12.386 estaban bajo la cota de 2700 metros y el resto sobre \u00e9sta\u201d. <\/p>\n

3.5.\tIgnorar el plano No. 5 allegado por los peritos en precedencia mencionados. <\/p>\n

4.\tComo corolario de su queja, el recurrente predic\u00f3 que al no disponerse la restituci\u00f3n material del terreno objeto de la promesa de compraventa que el Tribunal declar\u00f3 nula, sino el pago de \u201cuna exigua y desproporcionada compensaci\u00f3n en dinero\u201d, esa autoridad prohij\u00f3 \u201cuna expropiaci\u00f3n irregular\u201d, que viola el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, precepto que con ayuda de la jurisprudencia constitucional, coment\u00f3 ampliamente. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEs verdad, el Tribunal no se percat\u00f3 que las obras que en forma directa est\u00e1n relacionadas con la prestaci\u00f3n del servicio de acueducto a la ciudad por parte de la empresa demandada, ocupan s\u00f3lo un reducido sector del terreno prometido en venta, considerada su extensi\u00f3n total. <\/p>\n

De ello dieron cuenta las pruebas relacionadas por el recurrente, que el ad quem pretiri\u00f3, o cercen\u00f3, alterando su contenido objetivo, cuando pos\u00f3 sus ojos en ellas. <\/p>\n

No hay duda, entonces, que el sentenciador de segunda instancia incurri\u00f3 en buena parte de los yerros f\u00e1cticos referidos en la censura. <\/p>\n

2.\tPese a lo anterior, el cargo habr\u00e1 de desestimarse, pues de reconocerse su prosperidad, la Corte, al momento de dictar la sentencia de remplazo, tendr\u00eda que llegar a similar conclusi\u00f3n a la que obtuvo el Tribunal, esto es, que no procede el reintegro material de terreno objeto de la contrataci\u00f3n invalidada, aunque por razones diversas, que pasan a exponerse: <\/p>\n

2.1.\tMediante Resoluci\u00f3n 076 del 31 de marzo de 1977, emitida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se aprob\u00f3 el Acuerdo No. 0030 del 30 de septiembre de 1976, de la Junta Directiva del entonces existente Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente \u2013INDERENA-, en el que se declar\u00f3 \u201ccomo \u00c1rea de Reserva Forestal Protectora a la zona denominada Bosque Oriental de Bogot\u00e1, ubicada en jurisdicci\u00f3n del Distrito Especial de Bogot\u00e1\u201d, que all\u00ed mismo se identific\u00f3 por sus lineros. <\/p>\n

Tal declaratoria, entre otras razones, obedeci\u00f3 a que \u201cla vegetaci\u00f3n de las monta\u00f1as situadas alrededor de la Sabana de Bogot\u00e1 deber ser protegida para conservar su efecto regulador de la cantidad y calidad de las aguas que son utilizadas por los habitantes de ella\u201d; y a que \u201cel paisaje constituido por dichas monta\u00f1as merece protecci\u00f3n por su contribuci\u00f3n al bienestar f\u00edsico y espiritual de los habitantes del Distrito Especial de Bogot\u00e1 y Municipios aleda\u00f1os\u201d. <\/p>\n

Dicha \u00e1rea, por lo tanto, qued\u00f3 sometida a las previsiones de los art\u00edculos 206 y 207 del Decreto Ley 2811 de 1974, que establecen: <\/p>\n

Art. 206.- Se denomina \u00e1rea de reserva forestal la zona de propiedad p\u00fablica o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilizaci\u00f3n racional de \u00e1reas forestales productoras, protectoras o productoras-protectoras (se subraya). <\/p>\n

Art. 207.- El \u00e1rea de reserva forestal solo podr\u00e1 destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan y, en todo caso, deber\u00e1 garantizarse la recuperaci\u00f3n y supervivencia de los bosques (se subraya). <\/p>\n

2.2.\tEl Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 463 del 14 de abril de 2005, redelimit\u00f3 la referida Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogot\u00e1 para excluir de ella 973 hect\u00e1reas, con las que cre\u00f3 una \u201cfranja de adecuaci\u00f3n\u201d cuyo objetivo era, y es, \u201cconstituir un espacio de consolidaci\u00f3n de la estructura urbana y una zona de amortiguaci\u00f3n y contenci\u00f3n definitiva de los procesos de urbanizaci\u00f3n de los cerros orientales\u201d. <\/p>\n

El manejo de ese sector deb\u00eda someterse a planes zonales y parciales, en cuyo dise\u00f1o era forzoso atender \u201clas siguientes determinantes\u201d: <\/p>\n

a) No permitir construcciones en \u00e1reas con pendientes superiores a 45 grados, en zonas de ronda de quebradas y drenajes, relictos de vegetaci\u00f3n nativa y zona de carga de acu\u00edferos; <\/p>\n

b) Promover y proyectar la consolidaci\u00f3n de un \u00c1rea de Ocupaci\u00f3n P\u00fablica Prioritaria en contacto con el l\u00edmite occidental de la reserva, a trav\u00e9s del establecimiento de parques urbanos, corredores ecol\u00f3gicos viales, corredores ecol\u00f3gicos de ronda y de borde, integrando en lo posible las \u00e1reas verdes que quedan excluidas en la redelimitaci\u00f3n de la reserva forestal, de tal forma que se constituya en espacio p\u00fablico de transici\u00f3n entre la Reserva Forestal y el desarrollo y\/o edificaci\u00f3n, que permita la promoci\u00f3n y desarrollo de actividades de recreaci\u00f3n pasiva y de goce y disfrute del espacio p\u00fablico; <\/p>\n

c) Promover y proyectar que todo proceso de desarrollo y\/o edificaci\u00f3n que se adelante en el \u00e1rea de Adecuaci\u00f3n del Borde Urbano contenga, cierre y formalice estructural, espacial y legalmente el desarrollo urbano de la ciudad en contacto con la reserva forestal; <\/p>\n

d) En todos los procesos de desarrollo urban\u00edstico dentro del \u00c1rea de Adecuaci\u00f3n del Borde Urbano, se deber\u00e1 propender por el objetivo general de conservaci\u00f3n y manejo de la Reserva Forestal. Por ello, la dimensi\u00f3n y forma de las estructuras viales y dem\u00e1s infraestructura de servicios de nuevos desarrollos que se proyecten de manera planificada, deber\u00e1n ser consecuentes y concordantes con el car\u00e1cter ambiental de la reserva forestal y promover que dichas estructuras representen el cierre de crecimiento urbano y la generaci\u00f3n de espacios p\u00fablicos lineales dispuestos en el \u00c1rea de Ocupaci\u00f3n P\u00fablica Prioritaria; <\/p>\n

(\u2026). <\/p>\n

En l\u00edneas generales, la comentada resoluci\u00f3n mantuvo su vigencia, pese a que, en virtud de la se\u00f1alada exclusi\u00f3n, mediante el ejercicio de una acci\u00f3n popular, se solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la defensa del patrimonio p\u00fablico y cultural de la Naci\u00f3n, a la seguridad y salubridad p\u00fablicas, a la prevenci\u00f3n de desastres y a la realizaci\u00f3n de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos con sujeci\u00f3n a la normatividad jur\u00eddica, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes. <\/p>\n

As\u00ed lo resolvi\u00f3 en segunda instancia el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 5 de noviembre de 2013. <\/p>\n

A su turno, en el art\u00edculo 111, modificado por el 210 de la Ley 1450 de 2011, se\u00f1al\u00f3: \u201cDecl\u00e1rense de inter\u00e9s p\u00fablico las \u00e1reas de importancia estrat\u00e9gica para la conservaci\u00f3n de recursos h\u00eddricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales. (\u2026). Los departamentos y municipios dedicar\u00e1n un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisici\u00f3n y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales. (\u2026). Los recursos de que trata el presente art\u00edculo, se destinar\u00e1n prioritariamente a la adquisici\u00f3n y mantenimiento de las zonas. (\u2026). Las autoridades ambientales definir\u00e1n las \u00e1reas prioritarias a ser adquiridas con estos recursos o d\u00f3nde se deben implementar los esquemas por pagos de servicios ambientales de acuerdo con la reglamentaci\u00f3n que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el efecto. Su administraci\u00f3n corresponder\u00e1 al respectivo distrito o municipio. Los municipios, distritos y departamentos garantizar\u00e1n la inclusi\u00f3n de los recursos dentro de sus planes de desarrollo y presupuestos anuales respectivos, individualiz\u00e1ndose la partida destinada para tal fin\u201d (se subraya). <\/p>\n

El gobierno nacional, con el Decreto 0953 del 17 de mayo de 2013, reglament\u00f3 la precedente norma y, en desarrollo de ello, precis\u00f3 que su fin era \u201cla conservaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de las \u00e1reas de importancia estrat\u00e9gica para la conservaci\u00f3n de recursos h\u00eddricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, mediante la adquisici\u00f3n y mantenimiento de dichas \u00e1reas y la financiaci\u00f3n de los esquemas de pago por servicios ambientales\u201d (art. 1\u00ba; se subraya). <\/p>\n

Por otra parte, consagr\u00f3 que \u201c[p]ara efectos de la adquisici\u00f3n de predios o la implementaci\u00f3n de esquemas de pago por servicios ambientales por parte de las entidades territoriales, las autoridades ambientales deber\u00e1n previamente identificar, delimitar y priorizar las \u00e1reas de importancia estrat\u00e9gica, con base en la informaci\u00f3n contenida en los planes de ordenaci\u00f3n y manejo de cuencas hidrogr\u00e1ficas, planes de manejo ambiental de microcuencas, planes de manejo ambiental de acu\u00edferos o en otros instrumentos de planificaci\u00f3n ambiental relacionados con el recurso h\u00eddrico. (\u2026). En ausencia de los instrumentos de planificaci\u00f3n de que trata el presente art\u00edculo o cuando en \u00e9stos no se haya identificado, delimitado y priorizado las \u00e1reas de importancia estrat\u00e9gica, la entidad territorial deber\u00e1 solicitar a la autoridad ambiental competente que identifique, delimite y priorice dichas \u00e1reas\u201d (art. 4\u00ba; se subraya). <\/p>\n

2.4.\tPara el caso del Distrito Capital de Bogot\u00e1, las autoridades ambientales, en concreto, la Secretar\u00eda Distrital de Ambiente – SDA, Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNN, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca – CAR, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Chivor – Corpochivor, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Guavio – Corpoguavio y la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia, mediante concertaci\u00f3n, que consta en el \u201cACTA DE CONCERTACI\u00d3N DE LAS \u00c1REAS ESTRAT\u00c9GICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO H\u00cdDRICO DEL DISTRITO CAPITAL\u201d, fechada el 21 de octubre de 2016, acordaron \u201cque las \u00c1reas de Importancia Estrat\u00e9gica para el Distrito Capital son las que se referencian en el plano anexo que hace parte integral de esta Acta\u201d. <\/p>\n

Dicha concertaci\u00f3n recibi\u00f3 el aval del Consejo Estrat\u00e9gico de la Cuenca Hidrogr\u00e1fica del R\u00edo Bogot\u00e1 \u2013 CECH, conforme qued\u00f3 registrado en el Acta No. 18 del 22 de noviembre de 2016. <\/p>\n

Conforme esa decisi\u00f3n, con prioridad \u201cMuy Alta\u201d, se incluy\u00f3 como \u00e1rea de importancia estrat\u00e9gica para el distrito Capital toda la zona correspondiente a la \u201cReserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogot\u00e1\u201d, creada mediante la Resoluci\u00f3n 076 de 1977, ya relacionada. <\/p>\n

2.5. Teniendo en mente los antecedentes que acaban de registrarse, es del caso se\u00f1alar que en el \u201cinforme de aval\u00fao\u201d elaborado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, allegado por la demandada en el curso de la audiencia de conciliaci\u00f3n, conforme lo que all\u00ed convinieron las partes, que es susceptible de valorarse como prueba seg\u00fan se analiz\u00f3 al resolverse el cargo precedente (quinto de la parte actora), respecto del inmueble base de la acci\u00f3n, se consignaron las siguientes precisiones: <\/p>\n

A la luz de la cartograf\u00eda de la Resoluci\u00f3n 463 de 2005, el predio se encuentra ubicado una m\u00ednima parte en suelo urbano, parte dentro de la denominada Franja de Adecuaci\u00f3n y la mayor parte dentro de la denominada Zona de reserva forestal. <\/p>\n

Para la parte localizada en suelo urbano sector normativo 18, su manejo deber\u00e1 adelantarse a trav\u00e9s de un Plan director, seg\u00fan las disposiciones en el decreto 215 de 2005, Plan Maestro de Espacio P\u00fablico. <\/p>\n

Y teniendo en cuenta [los] art\u00edculo[s] 43, 252, 253, 254, 255, 273 y 343 del Decreto Distrital 190 de 2004 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Las normas precedentemente indicadas, fueron reproducidas despu\u00e9s, percibi\u00e9ndose que ellas hacen relaci\u00f3n a la implementaci\u00f3n de \u201cparques de escala regional, metropolitana y zonal\u201d, a las \u201czonas verdes de los equipamientos deportivos y recreativos privados\u201d y a las \u00e1reas de \u201cActividad Dotacional\u201d, que son espacios \u201cpara la localizaci\u00f3n de los servicios necesarios para la vida urbana y para garantizar el recreo y esparcimiento de la poblaci\u00f3n, independientemente de su car\u00e1cter p\u00fablico o privado\u201d. <\/p>\n

A continuaci\u00f3n, el informe de que se trata especific\u00f3: <\/p>\n

En cuanto al sector localizado en la franja de adecuaci\u00f3n el ministerio a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n 463 de 2005 en su art\u00edculo 5, identifica esta franja como aqu\u00e9llas \u00e1reas que con fundamento en la resoluci\u00f3n 76 de 1977 hac\u00edan parte de la reserva forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogot\u00e1 y quedan excluidas de la misma de acuerdo con la redelimitaci\u00f3n planteada en el art\u00edculo 1 de la mencionada resoluci\u00f3n, Franja de Adecuaci\u00f3n entre la ciudad y la Reserva Forestal. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

(\u2026) la mayor parte del predio se encuentra localizada en la zona de reserva forestal bosque oriental de Bogot\u00e1, el cual seg\u00fan el decreto 190 de 2004 est[\u00e1] clasificada como \u00e1rea protegida de orden nacional dentro del territorio distrital y como tal sus usos son restringidos de acuerdo con su alto valor ambiental y ecol\u00f3gico no solo para el Distrito, sino para la naci\u00f3n, no permiti\u00e9ndose all\u00ed la construcci\u00f3n de edificaciones que atente[n] contra dicho patrimonio. <\/p>\n

Es importante hacer menci\u00f3n que el (\u2026) \u00e1rea correspondiente a 364,91 m2 es atravesada por dos redes matrices de acueducto de 20\u2019\u2019 y 60\u2019\u2019 en operaci\u00f3n actualmente[,] lo cual restringe desarrollos urban\u00edsticos sobre ellas. <\/p>\n

2.6.\tReunida toda la informaci\u00f3n precedente, se extractan de ella las siguientes conclusiones: <\/p>\n

2.6.1.\tEl predio materia de la promesa de compraventa en este asunto invalidada, en su mayor extensi\u00f3n, se encuentra ubicado en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogot\u00e1, establecida mediante la Resoluci\u00f3n Presidencial 76 del 31 de marzo de 1997. <\/p>\n

2.6.2.\tDicho inmueble, sin perder su condici\u00f3n de tal, se reitera, de reserva forestal protectora, fue clasificado como \u201c\u00e1rea de importancia estrat\u00e9gica para la protecci\u00f3n de los recursos h\u00eddricos\u201d del Distrito Capital de Bogot\u00e1, con prioridad \u201cMuy alta\u201d, seg\u00fan la concertaci\u00f3n que las autoridades ambientales efectuaron y que qued\u00f3 consignada en el acta del 21 de octubre de 2016, ya relacionada, decisi\u00f3n avalada por el Consejo Estrat\u00e9gico de la Cuenca Hidrogr\u00e1fica del R\u00edo Bogot\u00e1 \u2013 CECH, en sesi\u00f3n del 22 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, seg\u00fan consta en el acta No. 18 de ese organismo, igualmente ya especificada. <\/p>\n

2.6.3.\tEn virtud de lo anterior y en acatamiento de las previsiones del art\u00edculo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el art\u00edculo 210 de la Ley 1450 de 2011, as\u00ed como de su Decreto Reglamentario 0953 de 2013, es claro que el referido predio, por resultar de \u201cinter\u00e9s p\u00fablico\u201d y formar parte de un \u201c\u00e1rea de importancia estrat\u00e9gica\u201d para el Distrito Capital, deb\u00eda ser adquirido por \u00e9ste, ya sea por el sistema de \u201cnegociaci\u00f3n directa y voluntaria\u201d o por \u201cexpropiaci\u00f3n de bienes inmuebles\u201d, todo con sujeci\u00f3n al \u201cprocedimiento establecido en la Ley 388 de 1997, o la norma que la modifique, adicione, sustituta o complemente\u201d (art. 6\u00ba del citado decreto). <\/p>\n

2.7.\tSiendo ello as\u00ed, como en efecto lo es, y estando ya dicho que en virtud de la sentencia impugnada, el predio objeto de la negociaci\u00f3n anulada, desde el punto de vista de su dominio, qued\u00f3 en poder de la empresa demandada, habida cuenta de lo decidido en el punto cuarto de su parte resolutiva, determinaci\u00f3n que al no haber sido combatida en casaci\u00f3n se mantiene en pie, surge claro que ning\u00fan sentido tendr\u00eda proveer sobre la restituci\u00f3n f\u00edsica del terreno, o de parte del mismo, que es lo que se pretende con esta acusaci\u00f3n, pues de todas maneras \u00e9l estaba llamado a quedar, tanto en el plano jur\u00eddico como en el material, bajo la tutela exclusiva del Distrito Capital, por efecto de la imposici\u00f3n legal de su adquisici\u00f3n, atr\u00e1s examinada. <\/p>\n

2.8.\tAhora bien, como con los elementos de juicio de que aqu\u00ed se dispone, no es posible delimitar con exactitud el sector del inmueble que, en m\u00ednima proporci\u00f3n, puede estar por fuera tanto de la reserva forestal mencionada, como del \u201c\u00e1rea de importancia estrat\u00e9gica\u201d para la ciudad, sobre todo de esta \u00faltima, no hay lugar a ning\u00fan fraccionamiento del predio, de donde se torna forzoso colegir la imposibilidad de su restituci\u00f3n global. <\/p>\n

3.\tEsta queja del impugnante, por lo expresado, tampoco es merecedora de acogimiento. <\/p>\n

DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE LA PARTE ACTORA
\nCARGO SEXTO <\/p>\n

Soportado tambi\u00e9n en la causal primera de casaci\u00f3n, el recurrente le imput\u00f3 al Tribunal haber quebrantado rectamente los art\u00edculos 955, 961, 1740 a 1742, 1746 del C\u00f3digo Civil y 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, porque les atribuy\u00f3 \u201cuna inteligencia distinta de la que verdaderamente les corresponde\u201d. <\/p>\n

En pro de la censura, explic\u00f3: <\/p>\n

1.\tEl sentenciador de segunda instancia, en consideraci\u00f3n a que la mitad del precio convenido en la promesa que invalid\u00f3 fue efectivamente pagado a los prometientes vendedores, al definir la \u201crestituci\u00f3n por equivalencia\u201d, coligi\u00f3 que su valor ascend\u00eda solamente al 50% del aval\u00fao en que soport\u00f3 su juicio al respecto, esto es, la suma de $4.510.204.265.oo. <\/p>\n

2.\tCon ese razonamiento, el ad quem desconoci\u00f3 el verdadero alcance jur\u00eddico del art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil y vulner\u00f3 el derecho de la parte demandante \u201ca obtener una restituci\u00f3n plena y completa de su patrimonio en la medida en que (\u2026) reconoci\u00f3 que el valor de $9.020.408.530.00, era el justo precio del inmueble en la \u00e9poca m\u00e1s reciente, y as\u00ed, ha debido simplemente restarle a esa cantidad la suma de $750.000.00, ya recibida por los demandantes, tra\u00edda a valor presente, para respetar desde luego la simetr\u00eda econ\u00f3mica de la restituci\u00f3n por equivalencia\u201d. <\/p>\n

3.\tEse proceder del citado juzgador, no respet\u00f3 el efecto propio de la nulidad que declar\u00f3, como era \u201cborrar todas las consecuencias\u201d del acto invalidado, que \u201cnaturalmente se extiende a todos los derechos y t\u00edtulos adquiridos y a las prestaciones cumplidas, como si el acto jam\u00e1s hubiera existido\u201d. <\/p>\n

Con otras palabras, la sentencia impugnada no acat\u00f3 la \u201ceficacia retroactiva de la declaraci\u00f3n de nulidad, restablecedora no solo de la legalidad objetiva sino adem\u00e1s de la indemnidad de los patrimonios afectados\u201d. <\/p>\n

4.\tEn desarrollo de esos planteamientos, el recurrente reprodujo distintos fallos de la Corte relativos a la referida tem\u00e1tica y concluy\u00f3 que, por consiguiente, \u201cno pod\u00eda considerar el Tribunal para efectos de la restituci\u00f3n por equivalencia del inmueble sobre el que recay\u00f3 la nulidad de la promesa de venta de 22 de abril de 1977, que como la demandada hab\u00eda pagado ya el 50% del justo precio, solo restaba completar el otro 50%, pues al proceder as\u00ed, no solo fragment\u00f3 indebidamente la restituci\u00f3n debida, sino que adem\u00e1s le concedi\u00f3 efectos a la negociaci\u00f3n declarada nula\u201d. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEn punto de las prestaciones mutuas derivadas de la invalidaci\u00f3n de la promesa de compraventa celebrada por las partes, el Tribunal destac\u00f3 que la \u201cm\u00e1s importante obligaci\u00f3n que surge a cargo de la demandada como PROMITENTE COMPRADORA, y que es esencial en este asunto, es la de restituir a los demandantes el predio objeto del contrato\u201d. <\/p>\n

No obstante lo anterior, frente a la circunstancia de que en el inmueble se realizaron las obras necesarias para la recepci\u00f3n y distribuci\u00f3n del agua potable proveniente del sistema \u201cChingaza\u201d, que aporta el 70% de la requerida por la ciudad, dicha autoridad coligi\u00f3 que \u201cno resulta posible, sin menoscabo del inter\u00e9s general e inminente vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales (\u2026), disponer a t\u00edtulo de restituciones mutuas la que corresponde a la entrega material del bien por parte del [p]romitente [c]omprador a los [p]romitentes [v]endedores\u201d y que, por lo tanto, a cambio de esa medida, deb\u00eda acudirse a la \u201cfigura de la \u2018restituci\u00f3n por equivalencia\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Ocupado de fijar la cuant\u00eda del valor de reemplazo, tras apreciar los dict\u00e1menes periciales existentes en el proceso, estableci\u00f3 que, por \u201cprovenir de una entidad con excelsa idoneidad\u201d y referir \u201clas condiciones particulares y especiales de la heredad en la \u00e9poca m\u00e1s reciente\u201d, atender\u00eda el \u00faltimo rendido por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi en el curso de la conciliaci\u00f3n surtida en segunda instancia. <\/p>\n

Y agreg\u00f3:
\nEn este orden de ideas, el valor del predio que, en principio, se debe reconocer por concepto de \u2018restituci\u00f3n por equivalencia\u2019 a favor de los demandantes, como justo precio, estar\u00eda en el orden de los $9.020.408.530.00. No obstante y muy a pesar de la declaratoria de nulidad del contrato de promesa, es lo cierto, que con ocasi\u00f3n a dicho acto negocial la demandada cancel\u00f3 lo que para entonces constitu\u00eda el 50% [del] justo precio, el cual ante la[s] paticular[es] circunstancia[s] que rodean este caso, -que impiden como ya se precis\u00f3 la restituci\u00f3n material-, debe imputarse al precio a pagar quedando entonces a deber la demandada el restante 50%, que de acuerdo con las precisiones expuestas en l\u00edneas precedentes debe estar acorde al justo precio que hoy tiene el inmueble, lo cual conlleva que el valor a cancelar a los demandantes a t\u00edtulo de restituci\u00f3n por equivalencia asciende a la suma de $4.510.204.265,00, como se dispondr\u00e1 en la parte resolutiva (se subraya). <\/p>\n

2.\tPese a la cortedad de esa fundamentaci\u00f3n, se capta que la circunstancia motivante para que el Tribunal, respecto de la restituci\u00f3n por equivalencia, tuviera en cuenta que al momento de la celebraci\u00f3n de la promesa de compraventa anulada la demandada pag\u00f3 el 50% del \u201cjusto precio\u201d que en ese entonces se convino, fue la imposibilidad de la restituci\u00f3n material del predio y que este, por lo mismo, quedaba jur\u00eddica y materialmente en cabeza de la accionada. <\/p>\n

De all\u00ed infiri\u00f3 que como consecuencia de esa situaci\u00f3n, a la demandada le correspond\u00eda pagar a los actores el \u201cjusto precio\u201d del bien; y que como en relaci\u00f3n con el mismo, aqu\u00e9lla ya hab\u00eda sufragado la mitad, su deber se circunscrib\u00eda al 50% restante. <\/p>\n

3.\tSe percibe, entonces, que la causa de esa determinaci\u00f3n, fue la situaci\u00f3n creada por el mismo fallo de segunda instancia, es decir, que la accionada, en virtud de \u00e9l, quedaba, jur\u00eddica y materialmente, en poder del inmueble objeto de la controversia. <\/p>\n

V\u00e9ase c\u00f3mo, en la parte resolutiva de la sentencia se dispuso: \u201cPara efectos de la \u2018restituci\u00f3n por equivalencia\u2019 y lo decidido en esta instancia y procurar la prestaci\u00f3n permanente y eficiente del servicio p\u00fablico esencial a cargo de la demandada, el t\u00edtulo de dominio que posee el se\u00f1or Daniel Alfonso Rold\u00e1n Esparragoza, como cesionario de los derechos litigiosos de los se\u00f1ores GUILLERMO GONZ\u00c1LEZ HOLGU\u00cdN y GLORIA GONZ\u00c1LEZ DE ESGUERRA, o \u00e9stos en su propio nombre, sobre el predio materia del litigio identificado en l\u00edneas precedentes, queda en cabeza de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT\u00c1 S.A., para cuyo efecto se ordena inscribir esta sentencia en el registro p\u00fablico competente en el folio de matr\u00edcula N\u00b0 50N-768166, para lo cual se oficiar\u00e1 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos adjuntando copia aut\u00e9ntica de esta sentencia, cuya compulsa se ordena a costa del interesado\u201d. <\/p>\n

4.\tEse entendimiento del fallo del Tribunal, desvirt\u00faa que la imputaci\u00f3n del pago que la prometiente compradora efectu\u00f3 al tiempo de la promesa, al \u201cjusto precio\u201d que \u00e9sta deb\u00eda cancelar a los prometientes compradores en raz\u00f3n de la \u201crestituci\u00f3n por equivalencia\u201d, tuviese venero en dicho contrato preparatorio y que, con esa determinaci\u00f3n, se hubiere desconocido el efecto arrasador derivado de la nulidad decretada, como lo adujo el censor en apoyo de la acusaci\u00f3n ahora examinada, toda vez que dicha aplicaci\u00f3n, como viene de explicarse, fue consecuencia de la situaci\u00f3n creada por la misma sentencia de segunda instancia y tuvo como \u00fanico fin, que el deber prestacional a cargo de la demandada all\u00ed impuesto, tuviera la dimensi\u00f3n que en verdad le correspond\u00eda. <\/p>\n

5.\tAs\u00ed las cosas, no puede concederse la raz\u00f3n al recurrente y, por lo mismo, el cargo auscultado naufraga. <\/p>\n

DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE LA PARTE ACTORA
\nCARGO S\u00c9PTIMO <\/p>\n

Como en el caso del cargo anterior, aqu\u00ed tambi\u00e9n se denunci\u00f3 la violaci\u00f3n directa de los preceptos all\u00ed identificados como sustanciales y, adem\u00e1s, de los art\u00edculos 717, 964, 969 y 1617 del C\u00f3digo Civil, en la medida que el Tribunal \u201comiti\u00f3 el reconocimiento de frutos civiles o intereses legales sobre la suma de $4.510.204.365.00 fijada a favor de la parte demandante por raz\u00f3n de la \u2018restituci\u00f3n por equivalencia\u2019 decretada\u201d. <\/p>\n

Sirvieron de fundamento a la acusaci\u00f3n, los argumentos que pasan a sintetizarse: <\/p>\n

1.\tLuego de transcribir las razones que invoc\u00f3 el Tribunal para denegar la condenaci\u00f3n al pago de frutos, el censor apunt\u00f3 que con ellas esa Corporaci\u00f3n \u201ccometi\u00f3 grave error jur\u00eddico, pues su argumentaci\u00f3n era viable si lo restituido a favor de la parte demandante hubiera sido el predio objeto de la promesa de venta declarada nula, y si los frutos hubieran sido los naturales, en lo que no hay discrepancia alguna de car\u00e1cter probatorio, pero como lo decretado fue una restituci\u00f3n por equivalencia determinada en la suma de $4.510.204.265.00, sobre este valor ha debido reconocer frutos civiles representados en los intereses legales del 6% anual generados por esa cantidad a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, hecho que ocurri\u00f3 el 8 de mayo de 1991, todo de conformidad con lo previsto por el inc. 3\u00ba del art. 964 del C\u00f3digo Civil, aplicable a este asunto, seg\u00fan el cual, \u2018el acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando s\u00f3lo cobra intereses; basta el hecho del retardo\u2019\u201d. <\/p>\n

2.\tExplic\u00f3 que la abstenci\u00f3n de reconocer los referidos frutos civiles, a m\u00e1s de que infringi\u00f3 el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, le impidi\u00f3 a la parte demandante \u201cobtener una restituci\u00f3n plena y completa de su patrimonio, pues, reitero, la eficacia retroactiva de la declaraci\u00f3n de nulidad, busca no s\u00f3lo restablecer la legalidad objetiva sino adem\u00e1s procurar indemnidad de los patrimonios afectados\u201d con ella. <\/p>\n

3.\tPuso de presente que las restituciones a que da lugar la nulidad, \u201cse rigen por las mismas reglas generales de las prestaciones mutuas consignadas en el Cap\u00edtulo 4\u00ba del T\u00edtulo 12 del Libro 2\u00ba del C\u00f3digo Civil, entre las que se encuentra enlistada la del art\u00edculo 964, que reconoce el derecho a percibir los frutos a cargo del detentador o poseedor vencido seg\u00fan el caso\u201d. <\/p>\n

4.\tY luego de referirse al concepto de \u201cfrutos\u201d, conforme doctrina extranjera y la previsi\u00f3n del art\u00edculo 717 del C\u00f3digo Civil, insisti\u00f3 en que la invalidaci\u00f3n de una convenci\u00f3n acarrea que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban al momento de contratar, como si el respectivo acuerdo de voluntades no hubiese existido, efecto jur\u00eddico que se materializa en \u201clas restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes\u201d, entre ellas, las de los \u201cintereses y frutos (\u2026), tom\u00e1ndose en consideraci\u00f3n los casos fortuitos, y la posesi\u00f3n de buena o mala fe de las partes; todo ello seg\u00fan las reglas generales (\u2026)\u201d (art. 1746, C.C.), que es lo que desde anta\u00f1o \u201cse denomina restituci\u00f3n in integrum (Cas. Civil. Sentencia 130 del 18 de agosto de 2000)\u201d. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tPara andar sin rodeos, hay que dejar en claro desde ya, que los frutos que contempl\u00f3 el Tribunal y que neg\u00f3, por no figurar en el proceso prueba de su causaci\u00f3n, fueron los que el inmueble objeto de la negociaci\u00f3n invalidada produjo o que, con mediana inteligencia y actividad, hubiese podido producir. Es decir, los previstos en el art\u00edculo 964 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

Sobre el particular, el Tribunal explic\u00f3: <\/p>\n

As\u00ed las cosas, dada la calidad de poseedor de buena fe predicable de la demandada, para el caso de las restituciones mutuas, en principio, los frutos que deber\u00edan restituirse en la forma prevista por el inc. 3\u00ba del art. 964 ib\u00eddem, valga decir, se pagar\u00edan a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, hecho que ocurri\u00f3 el 8 de mayo de 1991, sin que en modo alguno resulte admisible que su eventual c\u00e1lculo se pretenda derivar de la rentabilidad que pudiera tener la Empresa demandada por causa de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de acueducto que desarrolla en el predio, en la medida que dicha rentabilidad, es derivada de una actividad propia y exclusiva de la entidad que, a m\u00e1s de no ser susceptible de desarrollar[se] libremente por cualquier individuo por su propia naturaleza (servicio p\u00fablico esencial sometido a la vigilancia y control del Estado), requiere de una infraestructura especial, que fueron precisamente las mejoras que plant\u00f3 la entidad para poder desarrollarla y de las cuales no puede, sin caer en un enriquecimiento sin causa, beneficiarse la parte actora. <\/p>\n

En el sub judice, si bien de acuerdo con la jurisprudencia memorada, en un principio pudo haber lugar al reconocimiento de frutos en favor de los demandantes, tras examinar el acervo probatorio, se evidencia que no existe ninguna prueba que permita establecer destinaci\u00f3n econ\u00f3mica alguna del inmueble con antelaci\u00f3n al a\u00f1o 1977, que pudiera derivar rentabilidad susceptible de ser reconocida por haber sido privado de ella con ocasi\u00f3n del contrato celebrado, siendo la \u00fanica la desarrollada a partir de esa data por la sociedad demandada, la cual como ya qued\u00f3 dicho no puede servir de par\u00e1metro o soporte v\u00e1lido para generar beneficio alguno a favor de los actores, dada la singular destinaci\u00f3n. <\/p>\n

Deviene de lo anterior, que la determinaci\u00f3n de los frutos a reconocer a favor de los se\u00f1ores Gonz\u00e1lez -a\u00fan ante la eventual restituci\u00f3n material del predio objeto del contrato anulado-, qued\u00f3 totalmente hu\u00e9rfana de prueba; no existiendo, entonces, otra alternativa jur\u00eddica diferente a la de negar dicho pedimento, toda vez que no puede olvidarse que a nadie le es dable hacer de su dicho prueba de los hechos que alega, conforme se desprende del contenido del art\u00edculo 177 del C.P.C., por lo que correspond\u00eda a los actores acreditar, mediante cualquiera de los medios probatorios autorizados en nuestro ordenamiento adjetivo, la cuant\u00eda de los frutos que pudo haber generado el predio con mediana diligencia, al haber desatendido estos dicha carga procesal, no hay lugar a que en esta decisi\u00f3n se imponga su reconocimiento a cargo de la pasiva (se subraya). <\/p>\n

2.\tEl recurrente protest\u00f3 porque el Tribunal no reconoci\u00f3 los \u201cfrutos civiles representados en los intereses legales del 6% anual generados\u201d por la suma de $4.510.204.265.oo que orden\u00f3 en compensaci\u00f3n al hecho de no poderse disponer la restituci\u00f3n material del predio objeto de la negociaci\u00f3n invalidada. <\/p>\n

3.\tPaladino es, entonces, el descarr\u00edo del cargo y, como consecuencia de \u00e9l, su improsperidad. <\/p>\n

Mientras que el Tribunal circunscribi\u00f3 su estudio a los frutos derivados del inmueble objeto de la promesa de compraventa ajustada entre las partes, el censor se ocup\u00f3 de los generados por la suma de dinero que el ad quem fij\u00f3 como \u201crestituci\u00f3n por equivalencia\u201d, sobre los cuales, valga acotarlo, dicha autoridad no hizo ning\u00fan pronunciamiento. <\/p>\n

4.\tA\u00f1\u00e1dese que el cargo fue mal formulado, como quiera que lo debi\u00f3 ser a la luz de la causal segunda de casaci\u00f3n y no de la primera, como se propuso. <\/p>\n

Es que la queja del censor en verdad delat\u00f3 que, \u201ccomo lo decretado fue una restituci\u00f3n por equivalencia determinada en la suma de $4.510.204.265.00, sobre este valor ha debido reconocer frutos civiles representados en los intereses legales del 6% anual (\u2026), todo de conformidad con lo previsto por el inc. 3\u00ba del art. 964 del C\u00f3digo Civil, y con lo determinado por el numeral segundo del art\u00edculo 1617 [ib\u00eddem] (\u2026), aplicable a este asunto, seg\u00fan el cual, \u2018el acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando s\u00f3lo cobra intereses; basta el retardo\u2019\u201d. <\/p>\n

Con otras palabras, el recurrente le enrostr\u00f3 al sentenciador de segunda instancia no haberse pronunciado sobre un aspecto accesorio de la condena que impuso a t\u00edtulo de \u201crestituci\u00f3n por equivalencia\u201d, defecto de actividad que tipifica incongruencia por resultar el fallo \u201ccitra petita\u201d. <\/p>\n

5.\tVacuo es, por ende, el reproche examinado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 22 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, D.C., Sala Civil, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado en los comienzos de este prove\u00eddo. <\/p>\n

Sin costas en casaci\u00f3n, por el rec\u00edproco fracaso del recurso intentado por cada una de las partes. <\/p>\n

C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente SC3642-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-007-1991-02023-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de julio de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).- ANTECEDENTES 1. En la demanda con la que se dio inicio al proceso, que obra en los folios 18 a 23 del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102532","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102532","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102532"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102532\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102532"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102532"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102532"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}