{"id":102536,"date":"2026-07-02T15:49:40","date_gmt":"2026-07-02T15:49:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102536"},"modified":"2026-07-02T15:49:40","modified_gmt":"2026-07-02T15:49:40","slug":"sc3862-2019-2014-00034-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc3862-2019-2014-00034-01\/","title":{"rendered":"SC3862-2019 (2014-00034-01)"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

SC3862-2019
\nRadicaci\u00f3n: 73001-31-03-001-2014-00034-01
\n(Aprobado parcialmente en Sala de veintitr\u00e9s de mayo de dos mil dieciocho y definitivamente en Sesi\u00f3n de veinte de junio de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.1. El petitum. El demandante solicit\u00f3, declarar la responsabilidad extracontractual de los convocados, con la condena a pagar da\u00f1o emergente y lucro cesante, a causa del accidente de tr\u00e1nsito provocado por \u00e9stos.
\n1.2. La causa petendi. El actor, Hernando V\u00e1squez Duarte, el 19 de enero de 2005, se desplazaba en horas de la tarde en su motocicleta, en un tramo conocido como \u201cAlto de El Bledo\u201d, en la v\u00eda L\u00e9rida- Guayabal (Tolima), momento en el cual fue embestido por la \u201ctractomula\u201d conducida por \u00d3scar Augusto Restrepo Jaramillo. El impacto le provoc\u00f3 la amputaci\u00f3n de su pierna izquierda. <\/p>\n

Denuncia que seg\u00fan el informe de la Polic\u00eda, el accidente se debi\u00f3 al exceso de velocidad y a la falta de mantenimiento del tractocami\u00f3n. <\/p>\n

1.3. La contestaci\u00f3n de la demanda. La sociedad interpelada se opuso a las pretensiones, aceptando los hechos de la demanda, por as\u00ed aparecer demostrados con la \u201c(\u2026) documentaci\u00f3n aportada (\u2026)\u201d, salvo los que se relacionan con la causa del accidente. <\/p>\n

1.4. El fallo de primer grado. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, el 18 de marzo de 2014, neg\u00f3 las pretensiones. Adujo que la prueba documental relacionada era muy fr\u00e1gil. En efecto, como aparece, el veh\u00edculo pesado fue codificado por exceso de velocidad, falta de mantenimiento mec\u00e1nico, y fallas en los frenos; mientras la motocicleta, por transitar distante de la acera u orilla de la carretera. <\/p>\n

Igualmente, por cuanto la declaraci\u00f3n del patrullero de la polic\u00eda Jhonatan Irre\u00f1o Ram\u00edrez, era bastante tenue, y porque el conductor del tractocami\u00f3n sostuvo en la indagatoria que el motociclista le sali\u00f3 de manera imprudente. <\/p>\n

1.5. La decisi\u00f3n de segundo grado. Confirma la anterior determinaci\u00f3n, al resolver la apelaci\u00f3n del demandante. <\/p>\n

2. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

2.1. Seg\u00fan el Tribunal, no ten\u00edan m\u00e9rito demostrativo los medios de convicci\u00f3n allegados en copias simples para acreditar el motivo del menoscabo y la responsabilidad de los demandados, en particular, el informe del accidente de tr\u00e1nsito, la declaraci\u00f3n del patrullero Jhonatan Irre\u00f1o Ram\u00edrez ante la Fiscal\u00eda Treinta y Dos Local de L\u00e9rida, y la indagatoria rendida por \u00d3scar Augusto Restrepo Jaramillo en la Fiscal\u00eda Veintisiete Local de Rionegro. <\/p>\n

Lo anterior, porque no se sujetaban a lo previsto en los art\u00edculos 254 y 268 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como en el canon 11 de la Ley 1395 de 2010, los cuales confieren eficacia probatoria a las copias cuando su autenticidad la certifique cualquier notario o secretario de oficina judicial, o en su defecto, la reconozca expresamente la contraparte o se demuestre mediante cotejo. <\/p>\n

2.2. Adem\u00e1s, el demandante fue desidioso de sus deberes procesales por no gestionar la incorporaci\u00f3n de los anotados documentos en copia aut\u00e9ntica, solicitados de oficio por ambos juzgadores de instancia. <\/p>\n

2.3. En todo caso, al examinar la indagatoria del conductor de la tractomula, este \u201cno acept\u00f3 ser el responsable del accidente\u201d, ni exist\u00eda constancia en el expediente de que no hubiere asistido a absolver el interrogatorio de parte. <\/p>\n

3. EL RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

El recurrente demandante formul\u00f3 dos cargos por la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, los cuales no fueron replicados por la contraparte. La Corte resolver\u00e1 las acusaciones conjuntamente por las razones que en su momento se dir\u00e1n. <\/p>\n

4. CARGO PRIMERO <\/p>\n

4.1. Denuncia la transgresi\u00f3n de los art\u00edculos 2341, 2347, 2356, 2357 del C\u00f3digo Civil, 243, 244, 254 del C\u00f3digo General del Proceso, y 37.4, 179, 180, 268 y 289 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a ra\u00edz de la comisi\u00f3n de un error de derecho, al no d\u00e1rsele m\u00e9rito probatorio a los documentos allegados en copias simples, mediante los cuales se acreditaba la causa del da\u00f1o y la responsabilidad de los convocados. <\/p>\n

4.1.1. En sentir de la censura, el informe del accidente de tr\u00e1nsito, la declaraci\u00f3n del patrullero Jhonatan Irre\u00f1o Ram\u00edrez y la indagatoria rendida por \u00d3scar Augusto Restrepo Jaramillo, s\u00ed ten\u00edan eficacia demostrativa por cuanto ninguno de los instrumentos contentivos de esas pruebas fueron tachados de falsos por los interpelados, significando su aceptaci\u00f3n como medios de persuasi\u00f3n. <\/p>\n

Lo antelado, porque el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en l\u00ednea con el C\u00f3digo General del Proceso, y conforme a los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo, le asign\u00f3 pleno vigor acreditativo a las copias sin autenticar, siempre y cuando su veracidad no la censure la parte frente a quien se pretenden hacer valer. <\/p>\n

Lo planteado, dice, explica el porqu\u00e9 el Tribunal no debi\u00f3 aplicar los preceptos 254 y 268 del anotado r\u00e9gimen procesal civil, los cuales exigen como requisito de idoneidad probatoria de los escritos reproducidos del original, su aportaci\u00f3n aut\u00e9ntica, dado que dichas disposiciones contradicen el contenido de los art\u00edculos 289 y 290 ej\u00fasdem, que permit\u00edan a los extremos procesales \u201ctachar de falso\u201d cualquier documento allegado por su contraparte, con el fin de restarle eficacia probatoria. <\/p>\n

Adem\u00e1s, las reglas atinentes a la exclusi\u00f3n demostrativa de las copias simples, pugnan con el canon 246 del C\u00f3digo General del Proceso, debiendo declinar aqu\u00e9llas por virtud de su derogatoria t\u00e1cita, al tenor de la regla 72 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

La prevalencia del nuevo enjuiciamiento civil en el caso concreto, acota, se justifica tambi\u00e9n al adoptar dicho sistema un modelo hermen\u00e9utico garantista que faculta al juez tener mayor dinamismo en la contemplaci\u00f3n de las pruebas, permiti\u00e9ndole apreciar los documentos informales cuando las partes, con su silencio, los \u201cconvalidan\u201d. <\/p>\n

Empero, al desconocer el sentenciador acusado tal enfoque normativo, transgredi\u00f3 los postulados de la buena fe y lealtad imperantes en el juicio, adoptando una decisi\u00f3n contraria a la justicia material. <\/p>\n

4.2. Para la censura, al descartar el ad-quem las pruebas allegadas en copias simples, incidi\u00f3 en la falta de demostraci\u00f3n del nexo causal de la responsabilidad aquiliana endilgada a los demandados. <\/p>\n

4.3. Solicita el impugnante, por lo tanto, casar el fallo atacado y declarar en sede de instancia la prosperidad de las pretensiones e imponer las condenas respectivas. <\/p>\n

5. CARGO SEGUNDO <\/p>\n

5.1. Acusa el desconocimiento de los art\u00edculos 1496, 1613, 2341, 2356 y 2357 del C\u00f3digo Civil; y 37.4, 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de la comisi\u00f3n de errores de hecho probatorios. El Tribunal, en opini\u00f3n del recurrente: <\/p>\n

5.1.1. Pretiri\u00f3 el informe de la Fiscal\u00eda Veintisiete Local de Rionegro, Antioquia, pues en \u00e9l, dicho ente dijo no saber de \u201ccausa alguna\u201d relacionada con el n\u00famero del expediente indicado por el a-quo en el auto mediante el cual gestion\u00f3 las copias de la investigaci\u00f3n adelantada a ra\u00edz del accidente de tr\u00e1nsito padecido por el aqu\u00ed actor, situaci\u00f3n que implicaba proveer de nuevo su recaudo, corrigiendo la informaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n

5.1.2. Omiti\u00f3 la solicitud de pruebas oficiosas y el derecho de petici\u00f3n de \u201cexpedici\u00f3n de documentos\u201d que el demandante interpuso ante la Fiscal\u00eda Treinta y Dos Local de L\u00e9rida. <\/p>\n

La primera, cuando puso de presente al ad-quem la dificultad para obtener las \u201ccopias\u201d ante la mencionada autoridad, exigi\u00e9ndole requerirlas otra vez; y el segundo, al no ser cierto el desinter\u00e9s del actor por la consecuci\u00f3n de las mismas, pese a \u201cno obtener respuesta\u201d. <\/p>\n

5.1.3. Supuso que \u00d3scar Augusto Restrepo Jaramillo, conductor de la tractomula, \u201cno confes\u00f3\u201d en la indagatoria su participaci\u00f3n en el siniestro, aseveraci\u00f3n deducida sin confrontar el contenido del informe de polic\u00eda y el croquis, los cuales demostraban lo contrario, esto es, \u201cla maniobra imprudente de [aqu\u00e9l] en la v\u00eda\u201d. <\/p>\n

5.2. Concluye el impugnante, los yerros de facto enrostrados, incidieron en la aplicaci\u00f3n de las normas denunciadas como vulneradas, al punto de negar sin acierto, la responsabilidad civil implorada. <\/p>\n

5.3. Demanda, en consecuencia, conceder el recurso extraordinario, revocar la sentencia del juzgado, y en su lugar, acoger sus reclamaciones. <\/p>\n

6. CONSIDERACIONES <\/p>\n

6.1. Si bien hoy rige la Ley 1564 de 2012, \u201cpor medio de la cual se expide el C\u00f3digo General del Proceso\u201d1, para el presente asunto se aplicar\u00e1 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues la impugnaci\u00f3n extraordinaria examinada se formul\u00f3 bajo su vigor, debiendo resolverse conforme a lo all\u00ed reglado. <\/p>\n

Lo anterior, en cumplimiento de la regla tempus regit procesum, contenida en el art\u00edculo 625, numeral 5\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, la cual dispone que \u201c(\u2026) los recursos interpuestos (\u2026), se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se [instauraron] (\u2026)\u201d. <\/p>\n

6.2. El estudio aunado de los cargos se justifica, por cuanto, como se observa, en ambos se denuncian como violados unos mismos preceptos legales, y porque, en general, los errores de hecho y de eficacia probatoria se asocian con las copias simples aportadas con el libelo genitor, cuya autenticidad, seg\u00fan se sostiene, qued\u00f3 superada en el decurso del proceso. <\/p>\n

Pese a denunciarse en un segmento del cargo segundo, la comisi\u00f3n de un yerro de hecho, en cuanto el Tribunal pretiri\u00f3 apreciar algunos documentos, la Sala lo examinar\u00e1 desde la \u00f3ptica del error de derecho, porque el quid de la \u201c(\u2026) confesi\u00f3n (\u2026)\u201d de uno de los demandados y la falta de contraste de tal medio con otros, ata\u00f1e a aquilatar conjuntamente los elementos de convicci\u00f3n, \u00e1mbito de esta otra clase de error. La cuesti\u00f3n no apunta a constatar su existencia material en el proceso, ni a fijar su contenido objetivo, aspecto del yerro de facto. <\/p>\n

El antelado an\u00e1lisis viene al caso siguiendo el garantismo del juicio, inserto en las reglas 29 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. <\/p>\n

Con mayor raz\u00f3n cuando el ad-quem no omiti\u00f3 justipreciar ning\u00fan elemento de juicio; por el contrario, al referirse a las copias, las tuvo en cuenta y las valor\u00f3, distinto es que les haya restado eficacia demostrativa por no estar autenticadas. Igualmente, al decir, que el conductor demandado \u201c(\u2026) en la indagatoria no acredit\u00f3 ser el responsable del accidente (\u2026)\u201d. <\/p>\n

6.3. El error de iure ocurre cuando el sentenciador le da a una prueba el alcance demostrativo no reconocido por la ley o le niega el fijado en \u00e9sta, y cuando se equivoca en torno a su regularidad. <\/p>\n

Se configura, seg\u00fan lo tiene afirmado la doctrina invariable de la Corte, al errar el Tribunal \u201c(\u2026) en la aplicaci\u00f3n de las normas legales que regulan la aducci\u00f3n, pertinencia o eficacia de la prueba, o cuando admite un medio que el legislador precisamente rechaza para comprobar un hecho o deja de estimar el medio preciso que estima indispensable para comprobarlo (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

Tan impecable razonamiento, reiterado en otros fallos3; supone que el anotado desacierto se presenta en cualquiera de los cuatro momentos que integran la actividad probatoria4: (i) en la incorporaci\u00f3n o conformaci\u00f3n del conjunto de pruebas; (ii) durante el acto de su decreto, pr\u00e1ctica o evacuaci\u00f3n; (iii) en la calificaci\u00f3n o la valoraci\u00f3n; o (iv) en la etapa decisional sobre los hechos comprobados. <\/p>\n

En la fase del primero, ligada con la aducci\u00f3n, aportaci\u00f3n, petici\u00f3n o solicitudes de pruebas que se pretenden hacer valer, porque es all\u00ed donde convergen la mayor parte de los elementos hist\u00f3ricos presentados o aducidos por las partes y que el juez debe considerar al resolver la litis. Se integra por las pruebas o evidencias recopiladas e incorporadas; contempla qui\u00e9n puede solicitarlas, ante qui\u00e9n, c\u00f3mo, cu\u00e1ndo, y cu\u00e1les son los medios autorizados. Dicha etapa se rige por los criterios previstos por los sistemas procesales: dispositivo, inquisitivo o mixto; o seg\u00fan sea el caso, en las facultades otorgadas por el legislador a las partes para ofrecer pruebas. <\/p>\n

El segundo, se refiere a la instrucci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n solicitados, el cual abarca el decreto y pr\u00e1ctica de los peticionados por las partes como las decretadas de oficio; y por tanto, atiende los requisitos extr\u00ednsecos e intr\u00ednsecos generales y particulares para admitirlas o rechazarlas motivadamente, mirando su pertinencia (congruencia f\u00e1ctica), conducencia (congruencia normativa) y utilidad; tambi\u00e9n su licitud (constitucionalidad) o ilegalidad. En la pr\u00e1ctica, por ejemplo, es donde con mayor rigor se observan los principios de inmediaci\u00f3n y contradicci\u00f3n, interactuando el juez, apoderados, partes y terceros. En esta fase cobra particular trascendencia la regla de exclusi\u00f3n probatoria. <\/p>\n

El tercero se contrae a evaluar el acervo demostrativo incorporado, decretado y practicado. Aqu\u00ed se halla como etapa previa a la valoraci\u00f3n o m\u00e9rito, la asunci\u00f3n judicial de la prueba, entendida como \u201c(\u2026) la percepci\u00f3n sensorial y la aprehensi\u00f3n mental de la prueba por el juez (\u2026)\u201d5, labor\u00edo indispensable que asume el juzgador, al admitirla o practicarla directamente, o cuando le es remitida por el comisionado, y asimila cognitivamente su contenido. No se trata de un hecho f\u00edsico de admitir o practicar la prueba, sino del fen\u00f3meno s\u00edquico o mental para conocer y entender el medio demostrativo. <\/p>\n

En este tercer estadio, se busca luego de la asunci\u00f3n, establecer el m\u00e9rito o convicci\u00f3n de las pruebas recaudadas, que como razonamiento judicial se expone en la motivaci\u00f3n de la providencia, el cual se gobierna seg\u00fan el r\u00e9gimen respectivo: la \u00edntima convicci\u00f3n, la tarifa legal, la probabilidad racional o l\u00f3gica, o la sana cr\u00edtica; en fin. Este \u00faltimo, prevalente en nuestro sistema procesal, se halla sometido a los criterios generales de la l\u00f3gica, la ciencia y las reglas de la experiencia o del sentido com\u00fan. Analiza el grado de apoyo que cada medio persuasivo brinda y el conjunto de los acopiados, a efectos de establecer el nivel de confirmaci\u00f3n de las distintas hip\u00f3tesis que solucionan el problema del caso. <\/p>\n

Y el cuarto, se finca en la apreciaci\u00f3n o calificaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, y se circunscribe a la selecci\u00f3n de las tesis probatorias que obtuvieron mayor grado de confirmaci\u00f3n o de certidumbre y que, desde el punto de vista de los hechos, con mayor rigor o est\u00e1ndar, edifican la solidez del fallo, sustentando la ratio decidendi. <\/p>\n

En fin, es en estas fases donde con mayor frecuencia se pueden escrutar o depositar los errores de derecho en la prueba, tras comparar su regularidad con las normas probatorias pertinentes. <\/p>\n

6.4. En punto de lo censurado, la Corte, inveteradamente, conforme al art\u00edculo 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, afirm\u00f3 que las copias simples no tienen valor probatorio6; claro, en el marco dentro del cual est\u00e1 planteada la controversia. <\/p>\n

En efecto, por regla general, quien pretenda hacer valer dentro del proceso documentos que se encuentran en su poder, debe adjuntarlos con la demanda o en la contestaci\u00f3n, seg\u00fan lo se\u00f1alan los preceptos 77, num. 6\u00ba, y 92, num. 5\u00ba, inciso 2\u00ba, ej\u00fasdem; hoy este mismo criterio se halla en los art\u00edculos 84, num. 3\u00ba, y 96, num. 5\u00ba, inciso 2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

No obstante, la aportaci\u00f3n de reproducciones mec\u00e1nicas o fotost\u00e1ticas no pod\u00eda realizarse de cualquier modo, por cuanto el canon 254 del Estatuto Procesal Civil, condicionaba su importancia denotativa, entre otros casos, \u201c(\u2026) cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de polic\u00eda, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Acorde con la mencionada disposici\u00f3n, la regla 268 \u00eddem, consagraba las excepciones que autorizaban a las partes a adjuntar \u201cen copia\u201d los documentos. En primer lugar, los protocolizados; en segundo t\u00e9rmino, los que formen parte de otro proceso de donde no pueden desglosarse, siempre y cuando la reproducci\u00f3n se expida por orden de un juez; y en tercer orden, aqu\u00e9llos cuyo original no se encuentra en poder de quien lo aporta, caso en el cual, ser\u00e1 necesario que su autenticidad haya sido certificada por notario o secretario de oficina judicial, o reconocida expresamente por la parte contraria o demostrada mediante cotejo. <\/p>\n

Con todo, hoy d\u00eda, la anotada regla probatoria, reafirmada por la jurisprudencia de esta Corte7, debe comprenderse en contextos procesales donde haya duda en el origen o en el contenido del instrumento escrito de que se trate, pero no cuando la conducta de los sujetos en contienda, respecto de los duplicados informales de documentos p\u00fablicos, despejan cualquier inc\u00f3gnita acerca de su creaci\u00f3n o significado. <\/p>\n

En esa l\u00ednea, incluso frente a los \u201c(\u2026) documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados (…) en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios (\u2026)\u201d, el art\u00edculo 11 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del inciso 4\u00ba del canon 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, les confiri\u00f3 autenticidad iuris tantum en relaci\u00f3n con la tipolog\u00eda antes anotada; presunci\u00f3n ahora inserta en el canon 244 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

El cumplimiento de las formalidades tendientes a hallar la autenticidad, resulta esencial frente a las copias simples, siempre que exista incertidumbre sobre el autor o procedencia del documento, sea p\u00fablico o privado, y deja de serlo en sentido contrario, esto es, cuando no se controviertan; pues lo realmente importante es confirmar la autenticidad de \u00e9ste, cual ocurre, seg\u00fan el tenor del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando hay \u201c(\u2026) certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

6.5. El error de derecho tambi\u00e9n se produce cuando el sentenciador, sin raz\u00f3n, y existiendo serios motivos para hacerlo, no decreta las pruebas de oficio necesarias para la verificaci\u00f3n de \u201c(\u2026) los hechos relacionados con las alegaciones de las partes (\u2026)\u201d8. <\/p>\n

La anterior exigencia, distinta de su vertiente obligatoria9, no implica per s\u00e9 suplir las cargas desatendidas por los extremos procesales, ni el desconocimiento de la discrecionalidad con la cual cuenta el fallador al respecto, sino cuando dicha facultad probatoria se torna apremiante para esclarecer aquellas situaciones claramente sugeridas o insinuadas en el expediente. <\/p>\n

Ello ocurre, por ejemplo, cuando obra la prueba aunque indebidamente aducida o incorporada, hip\u00f3tesis en la cual, de ser trascendente en la decisi\u00f3n10, se hace imperioso regularizarla, porque de no hacerlo \u201c(\u2026) se produce una grave desatenci\u00f3n de los elementos que conforman el plenario (\u2026)\u201d11. <\/p>\n

6.6. En cuanto ata\u00f1e al tipo de responsabilidad civil descrita en la acusaci\u00f3n, la misma corresponde a la prevista en el art\u00edculo 235612 del C\u00f3digo Civil, esto es, la originada por el ejercicio de actividades peligrosas, la cual consagra una presunci\u00f3n de responsabilidad que opera en favor de la v\u00edctima por el da\u00f1o causado producto de una labor riesgosa; aspecto que la releva de probar la imprudencia o negligencia en el acaecimiento del accidente13. <\/p>\n

La concepci\u00f3n de la presunci\u00f3n legal de responsabilidad que dimana del anotado precepto 2356, es un texto situado en la \u00f3rbita del riesgo creado, provecho, o beneficio, riesgo empresarial, creaci\u00f3n o exposici\u00f3n al peligro; o en el \u00e1mbito de una forma de responsabilidad objetiva. <\/p>\n

Lo antelado fluye no solo de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la preceptiva ej\u00fasdem, por el hecho de las cosas inanimadas o sin ellas, sino tambi\u00e9n, muy s\u00f3lidamente de las sentencias de 14 de marzo y 31 de mayo de 1938, G. J. T. XLVI, pags. 216, 2\u00aa, y 561, 2\u00aa, doctrina jurisprudencial en la cual, con rigor se asienta que en el precepto ib\u00eddem, se halla una presunci\u00f3n de responsabilidad a favor de la v\u00edctima, m\u00e1s no, una presunci\u00f3n de culpa; descartando, por tanto, que baste alegar para exonerarse, ora la ausencia de culpa, o ya la conducta diligente o cuidadosa para ponerse a salvo. <\/p>\n

En la significativa sentencia de 14 de marzo de 1938, la Sala de Casaci\u00f3n Civil14 hinc\u00f3 s\u00f3lidamente los primeros lineamientos jurisprudenciales sobre los cuales hoy se sustenta la \u201cteor\u00eda de la responsabilidad por actividades peligrosas\u201d, bajo el esquema de una presunci\u00f3n de responsabilidad, exponiendo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a teor\u00eda del riesgo, seg\u00fan la cual al que lo crea se le tiene por responsable, mira principalmente a ciertas actividades por los peligros que implican, inevitablemente anexos a ellas y mira a la dificultad, que suele llegar a la imposibilidad, de levantar las respectivas probanzas los damnificados por los hechos ocurridos en raz\u00f3n o con motivo o con ocasi\u00f3n del ejercicio de esas actividades [\u2026]. De ah\u00ed que los da\u00f1os de esa clase se presuman, en esa teor\u00eda, causados por el agente respectivo [\u2026] Y de ah\u00ed tambi\u00e9n que tal agente o autor no se exonere de la indemnizaci\u00f3n, sea en parte en algunas ocasiones, sea en el todo otras veces, sino en cuanto demuestre caso fortuito, fuerza mayor o intervenci\u00f3n de elemento extra\u00f1o. [\u2026] <\/p>\n

\u201c(\u2026) <\/p>\n

\u201cPorque, a la verdad, no puede menos de hallarse en nuestro citado art. 2356 una presunci\u00f3n de responsabilidad. De donde se sigue que la carga de la prueba no es del damnificado sino del que caus\u00f3 el da\u00f1o, con s\u00f3lo poder \u00e9ste imputarse a su malicia o negligencia. <\/p>\n

\u201cNo es que con esta interpretaci\u00f3n se atropelle el concepto informativo de nuestra legislaci\u00f3n en general sobre presunci\u00f3n de inocencia, en cuanto aparezca crearse la de negligencia o malicia, sino que simplemente teniendo en cuenta la diferencia esencial de casos, la Corte reconoce que en las actividades caracterizadas por su peligrosidad, de que es ejemplo el uso y manejo de un autom\u00f3vil, el hecho da\u00f1oso lleva en s\u00ed aquellos elementos, a tiempo que la manera general de producirse los da\u00f1os de esta fuente o \u00edndole impide dar por provisto al damnificado de los necesarios elementos de prueba. <\/p>\n

\u201cEntendido, de la manera aqu\u00ed expuesta nuestro art. 2356 tantas veces citado, se tiene que el autor de un hecho no le basta alegar que no tuvo culpa ni puede con esta alegaci\u00f3n poner a esperar que el damnificado se la compruebe, sino que para excepcionar eficazmente ha de destruir la referida presunci\u00f3n demostrando uno al menos de estos factores: caso fortuito, fuerza mayor, intervenci\u00f3n de elemento extra\u00f1o (\u2026)\u201d (se destaca).
\nLa anterior decisi\u00f3n fue reiterada por esta Sala en sentencias de 31 de mayo y 17 de junio de 1938, 24 de junio de 1942, 31 de agosto de 1954, 14 de febrero de 1955, 27 de febrero de 2009 (rad. 2001-000013-01), y reafirmada el 24 de agosto de 2009 (rad. 2001-01054-01), expresando esta \u00faltima: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El fundamento normativo general de la responsabilidad civil por actividades peligrosas, en la constante jurisprudencia de la Sala se ha estructurado en el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil por determinadas actividades de cuyos riesgos y peligros dimana la obligaci\u00f3n de reparar los da\u00f1os con tal que puedan imputarse a la conducta de quien las desarrolla y exista una indisociable secuencia causal entre la actividad y el quebranto.
\n\u201c(\u2026) <\/p>\n

\u201cEl r\u00e9gimen de responsabilidad por las actividades peligrosas es singular y est\u00e1 sujeto a directrices espec\u00edficas en su etiolog\u00eda, ratio y fundamento. Por su virtud, el fundamento y criterio de imputaci\u00f3n de la responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e inminente de causar un da\u00f1o a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento. La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneraci\u00f3n; no es menester su demostraci\u00f3n, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente de la actividad peligrosa, el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad; y, el autor de la lesi\u00f3n, la del elemento extra\u00f1o, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, la participaci\u00f3n de un tercero o de la v\u00edctima que al actuar como causa \u00fanica o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y determina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor. En contraste, siendo causa concurrente, pervive el deber jur\u00eddico de reparar en la medida de su contribuci\u00f3n al da\u00f1o. Desde este punto de vista, tal especie de responsabilidad, por regla general, admite la causa extra\u00f1a, esto la probanza de un hecho causal ajeno como la fuerza mayor o el caso fortuito, la intervenci\u00f3n exclusiva de un tercero o de la v\u00edctima, sin perjuicio de las previsiones normativas; por ejemplo, en el transporte a\u00e9reo, la fuerza mayor no es susceptible de desvanecerla (art. 1880 del C\u00f3digo de Comercio), m\u00e1s si el hecho exclusivo de un tercero o de la v\u00edctima (Cas. Civ. de 14 de abril de 2008, radicaci\u00f3n 2300131030022001-00082-01) (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n

Ahora, si bien es cierto que la Corte, pese a reconocer que la responsabilidad por actividades peligrosas se funda en la teor\u00eda del riesgo, la cual, per s\u00e9, excluye el elemento culpa, por cuanto el autor del menoscabo, a efectos de liberarse de resarcirlo, debe limitarse a demostrar el quiebre del nexo causal a trav\u00e9s de la ocurrencia de la causa extra\u00f1a, vino a afirmar en fallos posteriores15, que respecto del responsable de este tipo de lesiones, derivadas de un rol peligroso, reca\u00eda una \u201cpresunci\u00f3n de culpa\u201d, expresi\u00f3n cimentada bajo la interpretaci\u00f3n literal del art\u00edculo 2356 del C.C., al referir este como origen de ese tipo de da\u00f1o la \u201cmalicia o negligencia\u201d16, o en los casos ejemplificativos en \u00e9l descritos, los cuales suponen un error en la conducta17; no cabe duda que en ninguna de las decisiones que acu\u00f1aron dicha expresi\u00f3n, se afirm\u00f3, en todo caso, que el demandado deb\u00eda probar la diligencia y cuidado para poder exonerarse de la obligaci\u00f3n de reparar. <\/p>\n

Por el contrario, para esta Corporaci\u00f3n en el art\u00edculo 2356 siempre ha sido incuestionable la diferencia entre los conceptos de culpa y responsabilidad, de modo que, aun cuando inapropiadamente refiri\u00f3 a la expresi\u00f3n \u201cpresunci\u00f3n de culpa\u201d, tal locuci\u00f3n no puede utilizarse indistintamente o asimilarse a la culpa como t\u00edtulo de atribuci\u00f3n para la clase de responsabilidad por actividades peligrosas, la cual, seg\u00fan se afirm\u00f3, funda una teor\u00eda de la responsabilidad sin culpa. Se ha tratado de simples nomenclaturas sem\u00e1nticas, por cuanto, en todo caso, con independencia de la calificaci\u00f3n que hayan dado a la presunci\u00f3n, \u00fanicamente han aceptado como factor para destruir el nexo causal en su sentido natural\u00edstico o jur\u00eddico, la comprobaci\u00f3n de la causa extra\u00f1a. <\/p>\n

Por supuesto, la culpa es elemento determinante y de hallarse demostrada, contribuye a generar responsabilidad pero \u00fanicamente en los sistemas y en los eventos de culpa probada o de responsabilidad subjetiva, que por regla general sigue el derecho nacional, para las hip\u00f3tesis en donde se hace necesario escrutar la subjetividad del agente en procura de deducir la respectiva responsabilidad; pero, no ocurre lo mismo en el \u00e1mbito del precepto 2356 del C\u00f3digo Civil, venero de la original doctrina patria de la responsabilidad por el ejercicio de las actividades peligrosas, precepto de nuestro ordenamiento mucho m\u00e1s creativo y din\u00e1mico que la regla 1384 del C\u00f3digo Civil franc\u00e9s. <\/p>\n

Esta Sala ha sido categ\u00f3rica en resaltar que la responsabilidad derivada de la ejecuci\u00f3n de labores peligrosas, se asienta en la teor\u00eda del riesgo y no en la culpa, aun cuando frente al autor del da\u00f1o, se reitera, haya se\u00f1alado, indistintamente, que sobre \u00e9l reposa una \u201cpresunci\u00f3n de culpa\u201d, siendo en realidad una \u201cpresunci\u00f3n de responsabilidad\u201d, en tanto que para desvirtuarla, impone acreditar exclusivamente la \u201ccausa extra\u00f1a\u201d (hecho de la v\u00edctima, o de un tercero, la fuerza mayor o el caso fortuito), mas no exige probar que se obr\u00f3 con esmero, prudencia y meticulosidad, aspectos t\u00edpicos para refutar un error en la conducta (culpabilidad). Siempre, para la Sala, la exoneraci\u00f3n queda reducida al terreno de la causalidad en el marco del art\u00edculo 2356. <\/p>\n

Por ejemplo, en sentencia SC-5885 de 6 de mayo de 2016, sostuvo: <\/p>\n

En esa l\u00ednea, la sentencia SC-12994 de 15 de septiembre de 2016, expuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Trat\u00e1ndose del ejercicio de actividades peligrosas, la Sala en desarrollo de lo previsto en el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil, tiene decantado que la responsabilidad se juzga al abrigo de la \u201cpresunci\u00f3n de culpabilidad\u201d (CSJ. Civil. Vid. Sentencias de 26 de agosto de 2010, expediente 00611, y de 18 de diciembre de 2012, expediente 00094; posici\u00f3n reiterada recientemente en sentencia de 6 de octubre de 2015, rad. 2005-00105). Cualquier exoneraci\u00f3n, por tanto, debe plantearse en el terreno de la causalidad, mediante la prueba de un elemento extra\u00f1o (fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la v\u00edctima). <\/p>\n

\u201c(\u2026). <\/p>\n

\u201c[C]on fundamento en el sistema de imputaci\u00f3n de culpa presunta contemplado en el art\u00edculo 2356 del C.C, por supuesto diferente del de culpa probada del canon 2341 ej\u00fasdem, solo le es posible al convocado desvirtuar la responsabilidad atribuible, demostrando cualquiera de las causas extra\u00f1as referidas en precedencia (…)\u201d (negrilla fuera de texto). <\/p>\n

En id\u00e9ntico sentido, el fallo SC-17723 de 7 de diciembre de 2016, afirm\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a [teor\u00eda] de la actividad peligrosa [se] construy\u00f3 la doctrina jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n, con sustento en el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil, la cual comporta como una de sus principales caracter\u00edsticas, la concerniente a la \u00abpresunci\u00f3n de culpa\u00bb de quien ejecuta dicha actividad, por lo que para liberarse de responsabilidad en el evento de reclamaci\u00f3n con fines indemnizatorios, deber\u00e1 demostrar que el hecho deriv\u00f3 de una causa extra\u00f1a, esto es, culpa exclusiva de la v\u00edctima, o hecho proveniente de un tercero, o existencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n

La misma senda abrigan los siguientes fallos, as\u00ed revistan a juicio de algunos cr\u00edticos, motivaciones aparentemente contradictorias: <\/p>\n

La sentencia SC-18146 de 15 de diciembre de 2016, dijo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La Sala, respecto de la responsabilidad por actividades peligrosas, en general, tiene establecido: (\u2026) [que] la fuente positiva de esta teor\u00eda se localiza en el art\u00edculo 2356 del C. Civil, cuyo texto permite presumir la culpa en el autor del da\u00f1o que a su vez genera la actividad peligrosa, sin que ello implique modificar la concepci\u00f3n subjetiva de la responsabilidad, pues a\u00fan dentro del ejercicio de la actividad peligrosa \u00e9sta se sigue conformando por los elementos que inicialmente se identificaron, pero con una variaci\u00f3n en la carga probatoria, porque demostrado el ejercicio de la actividad peligrosa ocasionante del da\u00f1o, la culpa entra a presumirse en el victimario. \u2018A la v\u00edctima le basta demostrar -ha dicho la Corte- los hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligrosa y el perjuicio sufrido y ser\u00e1 el demandado quien debe comprobar que el accidente ocurri\u00f3 por la imprudencia exclusiva de la v\u00edctima, por la intervenci\u00f3n de un elemento extra\u00f1o, o por fuerza mayor o caso fortuito, ya que el ejercicio de una actividad peligrosa, por su naturaleza, lleva envuelto el de culpa en caso de accidente\u2019 (CSJ, SC del 25 de octubre de 1999, Rad. n.\u00b0 5012; se subraya) (\u2026)\u201d (negrilla fuera de texto). <\/p>\n

Recientemente, esta Colegiatura en fallo SC-002 de 12 de enero de 2018, conceptu\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [C]uando el art\u00edculo 2356 exige como requisito estructural el \u2018da\u00f1o que pueda imputarse a malicia o negligencia\u2019, est\u00e1 se\u00f1alando que no es necesario demostrar la culpa como acto (la incorrecci\u00f3n de la conducta por haber actuado con imprudencia), sino simplemente la posibilidad de su imputaci\u00f3n. Luego, como la culpa no es un n\u00facleo sint\u00e1ctico del enunciado normativo, la consecuencia pragm\u00e1tica de tal exclusi\u00f3n es el rechazo de su prueba en contrario. Por consiguiente, se trata de una presunci\u00f3n iuris et de iure, como se deduce del art\u00edculo 66 antes citado, lo que explica que el demandado no pueda eximirse de responsabilidad con la prueba de su diligencia y cuidado. <\/p>\n

\u201cDe lo anterior se concluye que la responsabilidad por actividades peligrosas tiene que analizarse, por expreso mandato legal, en el nivel de la categorizaci\u00f3n de la conducta del agente seg\u00fan haya tenido el deber jur\u00eddico de evitar la creaci\u00f3n del riesgo que dio origen al da\u00f1o (riesgo + da\u00f1o); pero no en el \u00e1mbito de la mera causaci\u00f3n del resultado lesivo como condici\u00f3n suficiente (s\u00f3lo da\u00f1o), pues no se trata de la responsabilidad objetiva que se rige por el criterio del deber absoluto de no causar da\u00f1os; ni mucho menos en el nivel que exige la demostraci\u00f3n de la culpabilidad como requisito necesario (da\u00f1o + riesgo + culpa o dolo), pues no se trata de la responsabilidad bajo el criterio de la infracci\u00f3n de los deberes de prudencia o previsibilidad de los resultados (\u2026)\u201d (destacado propio). <\/p>\n

De tal forma, en todas las referidas sentencias, para la Corte ha sido inoperante el juicio de negligencia por carencia de relevancia, por corresponder el factor de atribuci\u00f3n al r\u00e9gimen de actividades peligrosas. <\/p>\n

As\u00ed, seg\u00fan lo anotado, por razones de justicia y de equidad, se impone interpretar el art\u00edculo 2356 ej\u00fasdem, como un precepto que entra\u00f1a una presunci\u00f3n de responsabilidad, pues quien se aprovecha de una actividad peligrosa que despliega riesgo para los otros sujetos de derecho, debe indemnizar los da\u00f1os que de \u00e9l se deriven. <\/p>\n

Aceptar la mencionada presunci\u00f3n como si se tratara de suposici\u00f3n de culpa, implicar\u00eda probar primero la conducta antijur\u00eddica, el da\u00f1o, el nexo causal, y posteriormente, la imputabilidad como presupuesto para la culpabilidad, revictimizando a la parte afectada con la conducta da\u00f1osa, puesto que la obligar\u00eda a demostrar en los casos de actividades peligrosas, muchos m\u00e1s elementos de los que cotidianamente se requieren en este tipo de responsabilidad. En ninguna de las decisiones anteriores se ha exigido en torno al canon 2356, demostrar el elemento culpa. <\/p>\n

Por tanto, para que el autor del menoscabo sea declarado responsable de su producci\u00f3n, trat\u00e1ndose de labores peligrosas, s\u00f3lo le compete al agredido acreditar: el hecho o conducta constitutiva de la actividad peligrosa, el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad entre \u00e9ste y aqu\u00e9l. <\/p>\n

Por consiguiente, esa presunci\u00f3n no se desvirt\u00faa con la prueba en contrario, argumentando prudencia y diligencia, sino que por tratarse de una presunci\u00f3n de responsabilidad, ha de demostrarse una causal eximente de reparar a la v\u00edctima por v\u00eda de la causa extra\u00f1a no imputable al obligado o ajena jur\u00eddicamente al agente, esto es, con hechos positivos de relevante gravedad, consistentes en: la fuerza mayor, el caso fortuito, causa o hecho exclusivo de la v\u00edctima, el hecho o la intervenci\u00f3n de un tercero. <\/p>\n

De ah\u00ed, que cuando concurren roles riesgosos en la causaci\u00f3n del da\u00f1o, tampoco resulta congruente aludir a la compensaci\u00f3n de culpas, sino a la participaci\u00f3n concausal o concurrencia de causas18. Y ello, no puede ser de otro modo, por cuanto demostrada la conducta, el comportamiento o la actividad peligrosa como primer elemento, establecido el da\u00f1o como requisito consecuencial, y comprobado el v\u00ednculo de causalidad entre la acci\u00f3n y el resultado, el agente \u00fanicamente puede exonerarse demostrando causa extra\u00f1a19; de manera que a \u00e9ste, no le basta justificar ausencia de culpa sino la ruptura del nexo causal para liberarse de la obligaci\u00f3n indemnizatoria. <\/p>\n

En resumen, la jurisprudencia de la Corte en torno de la responsabilidad civil por actividades peligrosas, ha estado orientada por la necesidad de reaccionar de una manera adecuada \u201c(\u2026) ante los da\u00f1os en condiciones de simetr\u00eda entre el autor y la v\u00edctima, procurando una soluci\u00f3n normativa, justa y equitativa (\u2026)\u201d20. <\/p>\n

6.7. Frente a las anteriores directrices, y en punto al an\u00e1lisis de los cargos, se advierte que el recurrente reprocha al ad-quem por dos aspectos relacionados con la acreditaci\u00f3n del nexo causal: El inicial, alusivo a las pruebas de la incidencia de la conducta del demandado en la producci\u00f3n del da\u00f1o, al negarle su valor demostrativo por obrar en documentos informales; y el final, por no recaudar de oficio esas copias. <\/p>\n

En adici\u00f3n, la censura recrimina al sentenciador de segundo grado por no declarar confeso al conductor de la tractomula, ni ponderar la declaraci\u00f3n de \u00e9ste junto con el informe de polic\u00eda y la versi\u00f3n del patrullero Jhonatan Irre\u00f1o Ram\u00edrez, los cuales corroboraban su responsabilidad exclusiva en el accidente.
\n6.7.1. El Tribunal, es cierto, no dej\u00f3 acreditado el nexo causal entre el hecho constitutivo de la actividad peligrosa y el da\u00f1o, porque las \u00fanicas pruebas que supuestamente lo demostraban, se allegaron en documentos simples, debiendo ser aut\u00e9nticas, pues as\u00ed lo dispon\u00edan las otroras reglas probatorias imperantes al juicio, previstas en los art\u00edculos 254 y 268 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

Tal conclusi\u00f3n, en efecto, es equivocada y configura prima facie un yerro de contemplaci\u00f3n jur\u00eddica como atr\u00e1s, se explic\u00f3, por cuanto la procedencia y contenido del \u201c(\u2026) informe del accidente de tr\u00e1nsito, la declaraci\u00f3n del patrullero Jhonatan Irre\u00f1o Ram\u00edrez, y la indagatoria de \u00d3scar Augusto Restrepo Jaramillo (\u2026)\u201d, incorporados con la demanda, quedaron fuera de duda con la contestaci\u00f3n realizada por Continental Transportadores Limitada, Transcontinental, al admitir de manera expl\u00edcita su autenticidad, seg\u00fan se motiv\u00f3, ut supra. <\/p>\n

En efecto, la enunciaci\u00f3n numerada de los hechos del libelo introductorio, hac\u00edan referencia directa a los se\u00f1alados documentos; el primero, respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar tocantes con el acontecer del accidente. A \u00e9stos la convocada lo respondi\u00f3 afirmando que era \u201c(\u2026) cierto [,] (\u2026) en cuanto as\u00ed se demuestra con la documentaci\u00f3n aportada con la demanda (sic) (\u2026)\u201d, de lo cual se infiere, que reconoci\u00f3 en su contexto, el origen y significado de tales piezas pertinentes con el acaecimiento del suceso, m\u00e1s no la causa imputada a la parte demandada. <\/p>\n

Lo mismo ocurre frente a los hechos quinto y sexto de la demanda, relacionados con los detalles acerca de la existencia o no de veh\u00edculos aparcados en la v\u00eda al momento de producirse el choque, colegidos del \u201c(\u2026) informe del accidente de tr\u00e1nsito (\u2026)\u201d y de la indagatoria del conductor de la tractomula ante la Fiscal\u00eda, los cuales replic\u00f3 la interpelada aduciendo que \u201c(\u2026) [e]s cierto (\u2026)\u201d, porque \u201c(\u2026) as\u00ed aparece afirmado en diligencias que menciona el demandante (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Sentado lo precedente, resulta claro que el asunto sobre la falta de autenticidad de los documentos informales, al rompe, fue superado por la convocada en el ejercicio de su derecho de contradicci\u00f3n, quien los habilit\u00f3 jur\u00eddicamente para darles la eficacia demostrativa que ostentaban. <\/p>\n

Primero, porque sus respuestas, aunque no implicaron la aceptaci\u00f3n de las causas del siniestro, dieron plena fe a la reproducci\u00f3n textual de los mismos respecto de los originales, tanto en sus caracteres internos (contenido) como externos (forma), legitim\u00e1ndolos como prueba genuina; segundo, porque una vez incorporados al expediente con la demanda, y validados por la contraparte, de suyo, era innecesario de oficio, como ocurri\u00f3 sin \u00e9xito, proveer de manera \u201caut\u00e9ntica\u201d su recaudo; y, tercero, puesto que el mismo legislador, al prever la tacha como mecanismo para excluir probatoriamente documentos presuntamente alterados, ya en el origen, ora en su aspecto (art\u00edculos 289 y 290 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy recogidos por los preceptos 269, 270 y 271 del C\u00f3digo General del Proceso), la demandada rehus\u00f3 convocar a dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n

6.7.1.1. Empero, aunque el error de derecho, o si se quiere el de hecho denunciado, se configurar\u00eda, el mismo resultar\u00eda intrascendente, en tanto, la falta de idoneidad persuasiva de los se\u00f1alados medios no fue \u00f3bice para su estudio por el ad-quem, al advertir, en particular, frente a la declaraci\u00f3n no jurada de \u00d3scar Augusto Restrepo Jaramillo, la poca contundencia para establecer, sin resquicio, la relaci\u00f3n de causa y efecto entre la conducta del convocado y el menoscabo padecido por el demandante. <\/p>\n

6.8. En cuanto a lo antes rese\u00f1ado, al otorgarse en su conjunto eficacia demostrativa a las pruebas documentales simples, as\u00ed el sentenciador de segundo grado de manera contradictoria las haya calificado de inoperantes debido a su falta de autenticidad, lo cual denota, en \u00faltimas, que ese requisito fue superado por \u00e9ste o que no revest\u00edan entidad suficiente para despreciarlas. <\/p>\n

Por esto, seguramente, el recurrente en casaci\u00f3n, se aplica a poner de presente la falta de valoraci\u00f3n integral de lo dicho por Restrepo Jaramillo, respecto del informe de polic\u00eda y la afirmaci\u00f3n del agente Jhonatan Irre\u00f1o Ram\u00edrez, pues de hacerse, cobrar\u00eda plena demostraci\u00f3n el nexo causal de la responsabilidad endilgada al demandado. <\/p>\n

El Tribunal, desde luego, no pudo incurrir en dicho error legal, pues no referir expresamente lo plasmado en la prueba documental contentiva de distintos medios demostrativos, no conllevaba a materializar la falta de contrastaci\u00f3n denunciada. No, el ad-quem si los contempl\u00f3, pero los desestim\u00f3 por resultar d\u00e9biles en sus efectos persuasivos, porque poco o nada contribu\u00edan a dilucidar el problema jur\u00eddico planteado, esto es, determinar la certeza del rol causal. <\/p>\n

El juzgador de segundo grado, en el punto, dej\u00f3 sentado que de la indagatoria del conductor del tractocami\u00f3n no se coleg\u00eda \u201c(\u2026) ser el responsable del accidente (\u2026)\u201d, conclusi\u00f3n desprendida de lo afirmado por \u00e9ste, al sostener como causa eficiente del impacto, la maniobra descuidada del demandante, al \u201c(\u2026) sali[rle] (\u2026)\u201d en su motocicleta de manera imprudente, cuando realizaba el sobrepaso de dos camiones detenidos a un costado de la v\u00eda. <\/p>\n

La anotada prueba, por s\u00ed sola, era insuficiente para dar cabida a las pretensiones, por cuanto se limitaba apenas a ofrecer una versi\u00f3n exculpatoria de lo acontecido, por supuesto, favorable y no adversa a la parte, como requisito de la confesi\u00f3n (num. 2\u00ba, art. 195 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy num. 2\u00ba, art. 191 del C\u00f3digo General del Proceso), queriendo ello decir que aunada a los otros elementos de juicio, no la confirmaban, pero tampoco la desvirtuaban. <\/p>\n

Lo anterior, teniendo en cuenta que para resolver con acierto si el actor era o no responsable del siniestro de tr\u00e1nsito, o en su defecto, establecer, ya el quiebre del nexo causal por la causa extra\u00f1a, ora la concausalidad, resultaba necesario precisar las causas del impacto, lo cual, compel\u00eda repasar el esquema f\u00e1ctico propicio para la demostraci\u00f3n de esa clase de accidentes. <\/p>\n

Era indispensable, en consecuencia, escrutar, a trav\u00e9s de las acervo probatorio practicado y recaudado, (i) la descripci\u00f3n del lugar de la colisi\u00f3n22 (vgr. la anchura o uniformidad de la v\u00eda, topograf\u00eda y se\u00f1ales de tr\u00e1nsito del sector circundante antes y despu\u00e9s del punto de colisi\u00f3n, el estado del tramo vial); (ii) los factores de importancia en el iter del choque23 (hora, condiciones atmosf\u00e9ricas, caracter\u00edsticas del flujo vial al momento del impacto, campo de visibilidad, la ubicaci\u00f3n de los veh\u00edculos luego del suceso, as\u00ed como su examen mec\u00e1nico, entre ellos, las se\u00f1ales ac\u00fasticas y luminosas, las condiciones de los neum\u00e1ticos, huellas de frenado, detritus de vidrios, fango o barniz desprendidos de los automotores por efectos de la colisi\u00f3n); (iii) los aspectos atinentes al comportamiento de los involucrados (averiguado mediante las versiones de \u00e9stos o mediante testigos presenciales del hecho)24; y (iv) las conclusiones sobre las comprobaciones f\u00e1cticas acerca de las razones que provocaron el accidente. <\/p>\n

En el sublite, todos los rese\u00f1ados componentes de verificaci\u00f3n de las causas del siniestro, no se lograron determinar con los dem\u00e1s elementos probatorios. <\/p>\n

As\u00ed, por ejemplo, en el informe de accidente de tr\u00e1nsito, contenido en la planilla n\u00famero 24-03332525, se codific\u00f3 a la tractomula con \u201c(\u2026) exceso de velocidad [,] (\u2026) falta de mantenimiento mec\u00e1nico y falla de frenos (\u2026)\u201d, sin haberse comprobado penalmente; pero al mismo tiempo, se cifr\u00f3 a la motocicleta de placas TAB-49, conducida por la v\u00edctima demandante, \u201c(\u2026) transitar distante de la acera u orilla de la calzada (\u2026)\u201d, situaci\u00f3n que supone, apenas un evento concurrente entre dos sujetos desplegando una actividad riesgosa como la conducci\u00f3n de automotores. <\/p>\n

Sin m\u00e1s, al anotado croquis rese\u00f1\u00f3 la descripci\u00f3n del lugar del siniestro, indicando que la v\u00eda era \u201c(\u2026) recta (\u2026)\u201d, \u201c(\u2026) de doble sentido (\u2026) [con] dos carriles (\u2026), asfaltada [y en] estado bueno (sic) (\u2026), plenamente demarcada por l\u00edneas \u201c(\u2026) central [y] de borde (\u2026)\u201d; no obstante, guard\u00f3 silencio sobre la existencia o no de se\u00f1ales viales antes y despu\u00e9s del punto de colisi\u00f3n, evento que hubiere podido inferir indicios sobre la posible violaci\u00f3n de algunas normas de tr\u00e1nsito por los involucrados, es decir, saber si hubo sobrepaso prohibido, o si excedieron o no el l\u00edmite de velocidad permitido en el tramo del accidente. <\/p>\n

Sobre los factores del iter de la colisi\u00f3n, omiti\u00f3 consignar la hora de ocurrencia del mismo, situaci\u00f3n que impidi\u00f3 conocer en ese momento, las caracter\u00edsticas del tr\u00e1fico, esto es, si presentaba alto o bajo flujo en un sentido o en ambos, condici\u00f3n que determinar\u00eda las condiciones de velocidad del tramo vial; tampoco referenci\u00f3 el campo de visibilidad, pues de haberlo hecho, se hubiese corroborado la versi\u00f3n del conductor del tractocami\u00f3n, quien asever\u00f3 que antes del choque, observ\u00f3 delante de \u00e9l y del motociclo, a dos rodantes estacionados en un costado de la carretera. <\/p>\n

En cuanto a la ubicaci\u00f3n de los veh\u00edculos, seg\u00fan el plano, la l\u00ednea de trayectoria sugiri\u00f3 que antes de la colisi\u00f3n, la motocicleta y el tractocami\u00f3n, transitaban en el mismo sentido, el uno detr\u00e1s del otro, empero, el punto del impacto se present\u00f3 casi al borde de la l\u00ednea divisoria con el otro carril, suponi\u00e9ndose, factiblemente, que ambos automotores pudieron, simult\u00e1neamente, querer sobrepasar un obst\u00e1culo delante de ellos, o que una vez el tracto cami\u00f3n alcanz\u00f3 el carril de adelantamiento, plausible y hall\u00e1ndose en esa maniobra, el conductor de la moto aceler\u00f3 simult\u00e1neamente para tambi\u00e9n adelantar, sin sopesar que el otro conductor tambi\u00e9n ven\u00eda ejecutando la misma acci\u00f3n.
\nNo obstante, dicha hip\u00f3tesis perdi\u00f3 fuerza al codificar el informe de polic\u00eda como \u201c(\u2026) causas probables (\u2026)\u201d del accidente, razones distintas al adelantamiento, al endilgarles a juntos rodantes participaci\u00f3n causal en diferente grado en el choque: la motocicleta, por \u201c(\u2026) transitar distante de la acera u orilla de la calzada (\u2026)\u201d; y la tractomula, por (\u2026) exceso de velocidad [,] (\u2026) falta de mantenimiento mec\u00e1nico y falla de frenos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Si bien el croquis adujo que el tractocami\u00f3n, posiblemente, pudo rebasar el l\u00edmite de rapidez, o presentar aver\u00eda mec\u00e1nica o deficiencia en el frenado, tales m\u00f3viles, en todo caso, se contradicen con el mismo contenido de ese informe policial, pues seg\u00fan se expuso en l\u00edneas anteriores, se guard\u00f3 silencio sobre la existencia de se\u00f1ales de tr\u00e1nsito antes y despu\u00e9s del punto de impacto, en particular, las relacionadas con el control de velocidad, y porque en el plano, nada se indic\u00f3 acerca del estado de los neum\u00e1ticos o marcas de frenado, pero tampoco tales asertos fueron convalidados por la declaraci\u00f3n del patrullero Jhonatan Irre\u00f1o Ram\u00edrez, como a continuaci\u00f3n se demuestra. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con la motocicleta, el informe policial dio cuenta que se movilizaba \u201c(\u2026) distante de la acera u orilla de la calzada (\u2026)\u201d, pero examinado el plano, tal codificaci\u00f3n se refuta, en tanto que la recta del curso del choque, supone, igual que el otro rodante, una desviaci\u00f3n hacia el carril izquierdo, lo cual implica, parece, haber realizado una maniobra de adelantamiento.
\nCon todo, dicho dossier perdi\u00f3 veracidad cuando fue el propio oficial Jhonatan Irre\u00f1o Ram\u00edrez, responsable de elaborarlo, en su versi\u00f3n rendida ante la Fiscal\u00eda Treinta y Dos de L\u00e9rida, Tolima26, quien expuso un relato confuso y nada esclarecedor de tal informe, manifestando que al llegar \u201c(\u2026) una hora despu\u00e9s (\u2026)\u201d al lugar de los hechos \u201c(\u2026) no hab\u00eda nada (\u2026)\u201d, omitiendo explicitar detalles acerca de la existencia o no de otros rodantes detenidos que obstaculizaban la v\u00eda antes del impacto, o si hab\u00edan huellas de frenado de la tractomula que evidenciaran exceso de velocidad, bien sea por una falla en los frenos u otra raz\u00f3n imputable a la falta de mantenimiento. Esto \u00faltimo, se insiste, porque en el croquis no se indic\u00f3 la existencia de pisadas o manchas de neum\u00e1ticos desperdigadas en la v\u00eda, fuera de que en el proceso, los defectos t\u00e9cnico-mec\u00e1nicos del rodante quedaron hu\u00e9rfanos de prueba. <\/p>\n

Igualmente, y para reiterar, la versi\u00f3n de \u00d3scar Augusto Restrepo Jaramillo, conductor del tracto cami\u00f3n, no contiene confesi\u00f3n, por el contrario, imputa causalidad en el demandante27. Adem\u00e1s \u00e9ste, no asisti\u00f3 a la diligencia de interrogatorio de parte, ni justific\u00f3 su falta de comparecencia, y al mismo tiempo, la convocada, Continental Transportadores Limitada, Transcontinental, contest\u00f3 el libelo introductorio, oponi\u00e9ndose a los hechos28, ubicando las consecuencias procesales de rigor, en su contra.
\n6.9. Ahora, examinado el presente asunto desde la confluencia de labores riesgosas en la producci\u00f3n del da\u00f1o, estudiado desde la perspectiva del r\u00e9gimen jur\u00eddico consagrado en el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil, no se logra determinar con \u00e9xito la incidencia de la actividad desplegada por agente y v\u00edcitma, en la producci\u00f3n del menoscabo. <\/p>\n

Si bien liminarmente, la doctrina de esta Corte resolvi\u00f3 el problema de la concurrencia de actividades peligrosas, adoptando diversas teor\u00edas como la \u201cneutralizaci\u00f3n de presunciones\u201d29, \u201cpresunciones rec\u00edprocas\u201d30, \u201casunci\u00f3n del da\u00f1o por cada cual\u201d31 y \u201crelatividad de la peligrosidad\u201d32. Fue a partir de la sentencia de 24 de agosto de 2009, rad. 2001-01054-0133, en donde retom\u00f3 la tesis de la \u201cintervenci\u00f3n causal\u201d34, doctrina hoy predominante35. <\/p>\n

Al respecto, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La (\u2026) graduaci\u00f3n de \u2018culpas\u2019 en presencia de actividades peligrosas concurrentes, [impone al] (\u2026) juez [el deber] de (\u2026) examinar a plenitud la conducta del autor y de la v\u00edctima para precisar su incidencia en el da\u00f1o y determinar la responsabilidad de uno u otra, y as\u00ed debe entenderse y aplicarse, desde luego, en la discreta, razonable y coherente autonom\u00eda axiol\u00f3gica de los elementos de convicci\u00f3n allegados regular y oportunamente al proceso con respeto de las garant\u00edas procesales y legales. <\/p>\n

\u201cM\u00e1s exactamente, el fallador apreciar\u00e1 el marco de circunstancias en que se produce el da\u00f1o, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetr\u00eda de las actividades peligrosas concurrentes, sus caracter\u00edsticas, complejidad, grado o magnitud de riesgo o peligro, los riesgos espec\u00edficos, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cu\u00e1l es la determinante (imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jur\u00eddico de esta responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro (\u2026)\u201d (se resalta). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la problem\u00e1tica de la concurrencia de actividades peligrosas se resuelve en el campo objetivo de las conductas de lesionado y actor, y en la secuencia causal de las mismas en la generaci\u00f3n del da\u00f1o. Tal entendimiento debe hacerse, claro, considerando aspectos relevantes sobre la forma en que se gener\u00f3 el da\u00f1o, como el tipo de rol peligroso (vgr. conducci\u00f3n de automotores; transformaci\u00f3n, transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, etc.), sus particularidades (c\u00f3mo, cu\u00e1ndo y d\u00f3nde), y qui\u00e9n increment\u00f3 o disminuy\u00f3 el riesgo frente a la actividad (vgr. cuando al conducir se decide cambiar de carril sin hacer uso de direccionales, o se transita en contrav\u00eda). <\/p>\n

Visto lo rese\u00f1ado, y teniendo en cuenta que ambos conductores desempe\u00f1aban una tarea arriesgada, en tanto, previo a la colisi\u00f3n, los dos veh\u00edculos se hallaban en marcha, tales actividades, en principio, no resultan equivalentes o asim\u00e9tricas, por no tener la misma magnitud o id\u00e9ntica fuerza, por cuanto se trata de un tracto cami\u00f3n y de una motocicleta, infiriendo razonablemente que el primer rodante despliega mayor grado de peligrosidad que el segundo. <\/p>\n

Empero, la anotada ponderaci\u00f3n respecto de la potencialidad da\u00f1ina de los automotores involucrados, no resiste el an\u00e1lisis en punto a la proporci\u00f3n de la incidencia causal de \u00e9stos frente a la producci\u00f3n del resultado lesivo, en concreto, sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar; y la gradaci\u00f3n del riesgo en la actividad desplegada, en raz\u00f3n a la falta de comprobaci\u00f3n de las causas que provocaron el accidente, situaci\u00f3n demostrada por la inconsistencia probatoria. <\/p>\n

En efecto, seg\u00fan se analiz\u00f3, de los \u00fanicos elementos recaudados relativos a la acreditaci\u00f3n del nexo causal, se puede concluir, se itera, del informe de polic\u00eda, la falta de esclarecimiento de las razones de la colisi\u00f3n; de la declaraci\u00f3n del demandado, quien adjudica la responsabilidad en el conductor de la moto, al expresar que \u00e9ste le sali\u00f3 intempestiva e inopinadamente cuando para sobrepasar, ya se hallaba en marcha el tracto cami\u00f3n; y de la versi\u00f3n del agente de tr\u00e1nsito, el cual reconoci\u00f3 llegar una hora despu\u00e9s de acaecido el insuceso, y en donde dicho sea de paso, no aclar\u00f3 las dudas presentadas en el croquis. <\/p>\n

Los anotados medios de convicci\u00f3n no lograron edificar, desde lo causal, c\u00f3mo y el por qu\u00e9 ocurri\u00f3 el siniestro, situaci\u00f3n que impide establecer juicios acerca del grado de mayor o menor incidencia de los rodantes en el choque, hall\u00e1ndose simult\u00e1neamente, una alta concurrencia causal del demandante. <\/p>\n

Sumado a lo anterior, sobresale la conducta desinteresada del demandante por aclarar los hechos relacionados con la ocurrencia del siniestro, teniendo en cuenta que no asisti\u00f3 al interrogatorio de parte ni justific\u00f3 su inasistencia. <\/p>\n

6.10. Frente a lo expuesto, surge di\u00e1fano que el Tribunal al fijar exclusiones y conclusiones respecto de los anotados medios demostrativos, no pugn\u00f3 con las reglas de la sana cr\u00edtica ni transgredi\u00f3 los principios de apreciaci\u00f3n conjunta e individual de las pruebas, como exigencias de los m\u00e9todos anal\u00edticos y sint\u00e9ticos (previstos en los art\u00edculos 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 176 del C\u00f3digo General del Proceso), no incurriendo entonces en error material u objetivo, ni de eficacia jur\u00eddica, al desestimar la responsabilidad extracontractual de los convocados. <\/p>\n

6.11. En ese orden de ideas, ninguna de las acusaciones se abre paso. <\/p>\n

7. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de 10 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario incoado por el recurrente contra Continental Transportadores Limitada, Transcontinental, y \u00d3scar Augusto Restrepo Jaramillo. <\/p>\n

Las costas en casaci\u00f3n corren a cargo del demandante recurrente. En la liquidaci\u00f3n, incl\u00fayase la suma de tres millones de pesos ($3\u2019000.000), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que la demanda de casaci\u00f3n no fue replicada. <\/p>\n

C\u00f3piese, notif\u00edquese y cumplido lo anterior, devu\u00e9lvase el expediente a la oficina de origen. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito expresar las razones por las cuales no estoy de acuerdo con la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 en la sentencia de casaci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n

1. Son escasos los litigios que presentan tanta sencillez y claridad como el que se dej\u00f3 a la consideraci\u00f3n de esta sede; y en pocos casos podr\u00eda encontrarse tanta evidencia probatoria como para tener por demostrados todos los elementos de la responsabilidad civil. <\/p>\n

La facilidad del caso, sin embargo, result\u00f3 opacada por una cantidad de afirmaciones incoherentes y ret\u00f3ricas frente a la simplicidad de lo evidente: que un motociclista fue atropellado por un tractocami\u00f3n y como consecuencia de ese accidente de tr\u00e1nsito le fue amputada una pierna. Por consiguiente, el due\u00f1o del veh\u00edculo que produjo el accidente, la empresa guardiana de la actividad peligrosa, y el conductor que gener\u00f3 directamente las lesiones a la v\u00edctima est\u00e1n civilmente obligados a indemnizarla. Si los demandados quer\u00edan eximirse de responsabilidad deb\u00edan demostrar que una \u201ccausa extra\u00f1a\u201d o la conducta de la v\u00edctima fueron el factor jur\u00eddicamente relevante en el desencadenamiento de los perjuicios. Pero como no demostraron los supuestos de hecho en los que fundaron sus excepciones estaban llamados a pagar solidariamente la totalidad de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n

A pesar de la sencillez del caso, los jueces de las instancias y esta Corte llegaron a una soluci\u00f3n tan contraevidente como antijur\u00eddica: para ellos el motociclista fue el \u00fanico \u2018causante\u2019 de su propia desgracia, pero no la tractomula que iba a exceso de velocidad y sin frenos, como qued\u00f3 debidamente probado en el proceso.
\nLa sentencia hizo un esfuerzo est\u00e9ril por sentar una doctrina que jam\u00e1s ha sido admitida por nuestra jurisprudencia: que la responsabilidad por actividades peligrosas es un tipo de responsabilidad objetiva. Aun as\u00ed concluy\u00f3 que la incidencia de la tractomula en el desencadenamiento del da\u00f1o fue \u201ccausalmente irrelevante\u201d porque el motociclista atropellado fue el productor exclusivo de su infortunio. <\/p>\n

Tal consideraci\u00f3n se cae por su propio peso, pues no est\u00e1 sujeto a discusi\u00f3n que el atropellamiento por el tractocami\u00f3n fue la \u201ccausa\u201d relevante del accidente. De modo que cualquier alusi\u00f3n a la intervenci\u00f3n de la v\u00edctima para excluir o graduar la responsabilidad de los guardianes de la actividad peligrosa no pod\u00eda resolverse en el \u00e1mbito de la \u201cconcurrencia de causas\u201d \u2013como se dijo en el fallo\u2013, sino en el contexto de la adjudicaci\u00f3n de deberes de evitaci\u00f3n de riesgos y da\u00f1os. <\/p>\n

La atribuci\u00f3n de responsabilidad civil no se resuelve exclusivamente en t\u00e9rminos causales porque las consecuencias previstas por las normas jur\u00eddicas siguen una l\u00f3gica distinta a las leyes que rigen en la naturaleza. <\/p>\n

La responsabilidad jur\u00eddica deriva de las leyes del hombre, no de las relaciones de causa-efecto; pues si la conducta humana estuviera determinada s\u00f3lo por nexos causales las personas no ser\u00edan libres para obrar o abstenerse de obrar, sino que ser\u00edan simples aut\u00f3matas o m\u00e1quinas. La responsabilidad jur\u00eddica basada s\u00f3lo en la causalidad natural es un contrasentido, pues el determinismo causal anula la libertad de decisi\u00f3n. <\/p>\n

La postura asumida en la sentencia demuestra que a\u00fan no se ha comprendido que el \u201cnexo de causalidad\u201d no es un factor necesario ni suficiente para atribuir responsabilidad, aunque es una variable que en muchos casos debe ser tenida en cuenta. La \u201crelaci\u00f3n causal\u201d no es un elemento \u201csustancial\u201d de la responsabilidad porque no siempre est\u00e1 presente (en las omisiones y por el hecho ajeno), y cuando se presenta no basta para derivar de ella la obligaci\u00f3n de indemnizar; pero es una variable que puede y debe ser tenida en cuenta cuando el juez justifica los criterios jur\u00eddicos que utiliz\u00f3 para valorarla como condici\u00f3n relevante. <\/p>\n

Lejos de ser una novedad, la \u201cobjetivaci\u00f3n\u201d de la responsabilidad civil es un gran retroceso doctrinal, pues supondr\u00eda confundir el mundo del derecho con el mundo de las interacciones deterministas que rigen en una parte de la naturaleza,36 desconociendo los avances del derecho moderno y contempor\u00e1neo, que se sustenta en la imputaci\u00f3n de responsabilidad a partir de la existencia de normas que establecen una posici\u00f3n de garante frente al deber de evitaci\u00f3n de los da\u00f1os a los bienes de relevancia jur\u00eddica. <\/p>\n

La confusi\u00f3n entre el \u00e1mbito de las leyes de la causalidad natural y el nivel de sentido jur\u00eddico conduce a soluciones jur\u00eddicamente insostenibles: i) atribuir responsabilidad a una persona por el simple hecho de haber intervenido de cualquier manera en la producci\u00f3n del resultado lesivo, aunque no tenga el deber jur\u00eddico de evitar el da\u00f1o (como por ejemplo, el fabricante de la cosa con la que el autor ocasiona las lesiones); o ii) eximir de responsabilidad a quien no intervino causalmente en la producci\u00f3n del resultado lesivo, aunque tenga una posici\u00f3n de garante frente a la evitaci\u00f3n de los da\u00f1os. <\/p>\n

La responsabilidad sustentada en \u201cla mera causalidad\u201d es, adem\u00e1s, insuficiente para resolver los problemas de concurrencia de actividades peligrosas porque desde el punto de vista \u201cnaturalista\u201d la v\u00edctima siempre ser\u00eda \u201ccausante\u201d de su desgracia por simple hecho de interponerse en el horizonte de sucesos que le produjeron la lesi\u00f3n corporal, as\u00ed fuera de manera pasiva, como aconteci\u00f3 en el caso presente. <\/p>\n

2. Es cierto que nuestra jurisprudencia ha sostenido desde la primera mitad del siglo pasado que la responsabilidad por actividades peligrosas prescinde por completo del juicio de reproche subjetivo o culpabil\u00edstico. Pero ello no significa que esta responsabilidad pueda ser considerada como objetiva o por mera causaci\u00f3n, porque para su declaraci\u00f3n es necesario demostrar que el da\u00f1o le es imputable al agente como suyo en virtud de una norma de adjudicaci\u00f3n que le impone el deber de evitar producir da\u00f1os (sin adentrarse en el an\u00e1lisis concreto de la conducta a partir de la infracci\u00f3n de los deberes de prudencia, lo cual se reserva para los casos de responsabilidad por culpa). <\/p>\n

Adem\u00e1s, la concurrencia de actividades peligrosas no puede resolverse en el plano de la causalidad sine qua non, porque entonces habr\u00eda que concluir que cualquier persona cuya conducta haya incidido en la producci\u00f3n del perjuicio est\u00e1 llamada a responder civilmente. <\/p>\n

Hay que insistir \u2013como se explic\u00f3 en el fallo Las Vegas (SC13925-2016)\u2013 en que la atribuci\u00f3n de un resultado a un agente \u2018como suyo\u2019 (imputatio facti) a partir de normas de adjudicaci\u00f3n que establecen posiciones de garante es distinta al reproche concreto de la conducta del agente a partir de la infracci\u00f3n de las normas de comportamiento que permiten cualificar su participaci\u00f3n como \u2018culpable\u2019 (imputatio iuris). <\/p>\n

Pero ello no significa que la primera etapa deba confundirse con un supuesto an\u00e1lisis \u201ccausal\u201d o \u201cde hecho\u201d, pues ello supondr\u00eda un retorno al viejo esquematismo de la \u201ccausalidad\u201d, propio de las ciencias naturales. En ambas etapas se est\u00e1 frente al an\u00e1lisis jur\u00eddico de una conducta (activa u omisiva) a partir de la existencia de normas que establecen, respectivamente, deberes de evitaci\u00f3n de da\u00f1os o de comportamiento prudente. <\/p>\n

Lo anterior bastaba para condenar civilmente a los demandados, por ser los guardianes de la actividad peligrosa que caus\u00f3 la amputaci\u00f3n de la pierna del motociclista. <\/p>\n

Hay que resaltar que la relaci\u00f3n causal entre el accidente y la p\u00e9rdida anat\u00f3mica es tan clara y contundente que ni siquiera fue materia del debate probatorio, pues las partes la dieron por supuesta. Aun as\u00ed, el \u201cnexo causal\u201d no era suficiente para atribuir responsabilidad a quienes no intervinieron en el accidente, como la empresa afiliadora y el due\u00f1o del veh\u00edculo, pues frente a ellos la responsabilidad se imputa en virtud de la posici\u00f3n de garante o de guardianes de la actividad peligrosa, lo cual es un criterio de atribuci\u00f3n jur\u00eddica y no una \u201cley de causalidad f\u00edsica\u201d, como puede concluirse con facilidad si se piensa un poco en el asunto. <\/p>\n

La atribuci\u00f3n del resultado lesivo a los demandados por ser los guardianes de la actividad peligrosa bastaba para condenarlos al pago de la indemnizaci\u00f3n reclamada por la v\u00edctima del accidente, sin que fuera necesario entrar en consideraciones sobre el reproche en concreto de la conducta de los part\u00edcipes, como hizo el fallo contrariando sus propios postulados sobre la supuesta \u201cobjetividad\u201d de la responsabilidad que, al final, no se vio por ninguna parte a la hora de hacer la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n

Si la Corte hubiera sido consecuente con los postulados que crey\u00f3 defender en el fallo de casaci\u00f3n (que la responsabilidad por actividades peligrosas es objetiva) ten\u00eda que haber llegado a una conclusi\u00f3n opuesta a la que finalmente adopt\u00f3, pues no hay ninguna duda de que el motociclista perdi\u00f3 una de sus extremidades inferiores porque la tractomula lo atropell\u00f3. Si esa no es una inferencia causal evidente, entonces no es posible entender a qu\u00e9 hizo referencia la Corte cuando tuvo por no demostrada \u201cla prueba de la relaci\u00f3n de causalidad\u201d. <\/p>\n

No hab\u00eda ninguna necesidad de \u201cobjetivar\u201d el tipo de responsabilidad de que se trat\u00f3, ni de invocar normas constitucionales o tratados internacionales, ni aludir a la justicia y la equidad, ni intentar causar conmiseraci\u00f3n al suponer que exigir al actor el cumplimiento de su carga probatoria es \u201crevictimizarlo\u201d. Todo ello no fue m\u00e1s que simple ret\u00f3rica, pues para impartir justicia con sujeci\u00f3n al derecho bastaba con atenerse a lo que qued\u00f3 probado en el proceso: la tractomula atropell\u00f3 al motociclista en despliegue de una actividad peligrosa y, como consecuencia, \u00e9ste perdi\u00f3 una de sus extremidades; por tanto, los guardianes de esa actividad est\u00e1n llamados a indemnizar los da\u00f1os que el ordenamiento jur\u00eddico les atribuye como suyos. Cualquier otra consideraci\u00f3n sobraba en un caso que ameritaba una argumentaci\u00f3n sencilla y simple. <\/p>\n

3. Las incoherencias de la motivaci\u00f3n del fallo de casaci\u00f3n resaltan a simple vista. <\/p>\n

3.1. A folio 16 se dijo que la responsabilidad consagrada en el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil \u00abconsagra una presunci\u00f3n de responsabilidad que opera en favor de la v\u00edctima por el da\u00f1o causado producto de una labor riesgosa; aspecto que la releva de probar la imprudencia o negligencia en el acaecimiento del accidente\u00bb. <\/p>\n

No existe, ni puede existir, en nuestro ordenamiento jur\u00eddico una \u201cpresunci\u00f3n de responsabilidad\u201d, pues ello supondr\u00eda que el demandante est\u00e1 eximido de demostrar todos los elementos estructurales de la responsabilidad de que se trate. <\/p>\n

Afirmar que el art\u00edculo 2356 consagra una presunci\u00f3n de responsabilidad conducir\u00eda a admitir que el actor no tiene que probar nada, ni siquiera que sufri\u00f3 un da\u00f1o, pues todos los elementos de la responsabilidad se presumir\u00edan; lo cual dejar\u00eda a ese instituto jur\u00eddico en la m\u00e1s completa indeterminaci\u00f3n, pues todos los demandados tendr\u00edan que pagar la indemnizaci\u00f3n reclamada por el simple hecho de haber sido llamados al proceso. <\/p>\n

3.2. A folio 21 se afirm\u00f3 que la diferencia entre \u201cpresunci\u00f3n de culpa\u201d y \u201cpresunci\u00f3n de responsabilidad\u201d es una simple \u201cnomenclatura sem\u00e1ntica\u201d, porque el \u00fanico factor eximente de responsabilidad en trat\u00e1ndose de actividades peligrosas es la causa extra\u00f1a. <\/p>\n

Lo anterior es falso. En primer lugar, porque ya se explic\u00f3 que la atribuci\u00f3n de responsabilidad y los problemas de indeterminaci\u00f3n causal no se resuelven en el plano de la causalidad, sino en el de la imputaci\u00f3n. Luego, el demandado puede exonerarse de responsabilidad si demuestra que no ten\u00eda el deber jur\u00eddico de evitar el da\u00f1o, aunque su participaci\u00f3n en la producci\u00f3n del perjuicio haya sido causalmente eficiente (prohibici\u00f3n de regreso). <\/p>\n

En segundo lugar, porque no se trata de una simple \u201cnomenclatura sem\u00e1ntica\u201d, toda vez que la determinaci\u00f3n del tipo de presunci\u00f3n de que se trate incidir\u00e1 directamente en la exigencia de los elementos estructurales de la acci\u00f3n que deben quedar probados en el proceso. Lejos de ser una simple discusi\u00f3n doctrinal, es un asunto eminentemente pr\u00e1ctico que repercute en el derecho a la prueba y a la contradicci\u00f3n que tienen las partes. Si fuera una discusi\u00f3n irrelevante, la Corte no tendr\u00eda que haberse adentrado en ella. <\/p>\n

3.3. A folio 26 se expres\u00f3: \u00abpara que el autor del menoscabo sea declarado responsable de su producci\u00f3n, trat\u00e1ndose de labores peligrosas, s\u00f3lo le compete al agredido acreditar el hecho o conducta constitutiva de la actividad peligrosa, el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad entre \u00e9ste y aqu\u00e9l\u00bb. <\/p>\n

Si la sentencia hubiera sido coherente con la anterior afirmaci\u00f3n, entonces ten\u00eda que haberse casado el fallo del tribunal porque los requisitos mencionados no s\u00f3lo quedaron debidamente probados en el proceso sino que la parte demandada ni siquiera los refut\u00f3 o desvirtu\u00f3, dada su indiscutible evidencia. <\/p>\n

En efecto, la p\u00e9rdida de la pierna del demandante con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito fue un hecho confesado, no refutado y probado por varios medios. Que se trat\u00f3 de una actividad peligrosa es un hecho no sujeto a discusi\u00f3n, pues as\u00ed lo tiene establecido nuestra jurisprudencia. Y la relaci\u00f3n causal no es un hecho de la experiencia susceptible de prueba: las relaciones causales son inferencias l\u00f3gicas (inductivas) o conclusiones a las que llega el entendimiento humano al correlacionar un hecho con un resultado porque la experiencia ha demostrado que siempre que se presenta uno de ellos se presenta el otro. De ese modo, un razonamiento bastante sencillo y trivial lleva a inferir que el accidente fue la causa de los da\u00f1os a sufridos por el motociclista. <\/p>\n

Seg\u00fan las motivaciones del fallo, se impon\u00eda la consecuencia jur\u00eddica necesaria de condenar a los demandados. <\/p>\n

Es verdad que el actor fue revictimizado, pero no porque se le exigiera cumplir con la carga probatoria que le impon\u00eda el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil sino porque, a pesar de haber demostrado en el proceso todos los elementos de la responsabilidad que reclam\u00f3, se le vulner\u00f3 su derecho a ser indemnizado por la p\u00e9rdida anat\u00f3mica que sufri\u00f3, debido a las confusiones conceptuales de la Corte y a sus deficiencias en materia probatoria. El actor no s\u00f3lo fue v\u00edctima del accidente, sino, principalmente, de la insensatez de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

4. Un plano de an\u00e1lisis distinto se impon\u00eda, ya no para analizar la influencia causal del accidente, el grado de peligrosidad de la actividad desplegada por el conductor de la tractomula y la posici\u00f3n de garante de los guardianes de la actividad peligrosa \u2013todo lo cual qued\u00f3 demostrado\u2013; sino la valoraci\u00f3n jur\u00eddica de la intervenci\u00f3n de v\u00edctima en la generaci\u00f3n de los da\u00f1os que sufri\u00f3, con el fin de poder establecer si fue coautora del riesgo (2344), autora exclusiva (2356), o si la indemnizaci\u00f3n estaba sujeta a reducci\u00f3n por haberse expuesto al da\u00f1o con imprudencia (2357). Pero ello no se resolv\u00eda en el \u00e1mbito de la causalidad, pues la conducci\u00f3n de una motocicleta tambi\u00e9n es una actividad peligrosa que contribuy\u00f3 a la generaci\u00f3n del accidente, as\u00ed fuera de manera pasiva. <\/p>\n

Desde un punto de vista \u201ccausal\u201d, aplicando el test sine qua non, nada puede decirse sobre la concurrencia de actividades peligrosas, salvo la tautolog\u00eda de que son concurrentes, es decir igual de relevantes en t\u00e9rminos causales, dado que sin la presencia de una de ellas el resultado no se habr\u00eda producido. <\/p>\n

Ahora bien, si se introdujera un \u201ccriterio\u201d como el an\u00e1lisis del \u201cgrado de incidencia causal\u201d de cada una de las actividades, no habr\u00eda ninguna duda de la desproporci\u00f3n destructiva entre una tractomula que transita a exceso de velocidad y sin frenos, y una motocicleta de peque\u00f1o cilindraje. <\/p>\n

Circunscritos \u201cal plano causal\u201d, hab\u00eda que condenar a los demandados. <\/p>\n

Pero la incidencia de la conducta de la v\u00edctima no se resuelve en el plano de la causalidad natural, pues no se trata de analizar el comportamiento de un cuerpo o part\u00edcula f\u00edsica seg\u00fan las leyes de la mec\u00e1nica cl\u00e1sica, la electrodin\u00e1mica o la termodin\u00e1mica; sino de establecer qui\u00e9n cre\u00f3 un riesgo jur\u00eddicamente desaprobado en retrospectiva, qui\u00e9n infringi\u00f3 las normas jur\u00eddicas que establecen el deber de evitar da\u00f1os a terceros, y qui\u00e9n se expuso con imprudencia a los peligros generados por otros, todo lo cual excede las leyes de la causalidad newtoniana. <\/p>\n

4.1. La v\u00edctima no fue la creadora exclusiva del riesgo porque est\u00e1 m\u00e1s que demostrado que en la generaci\u00f3n del accidente intervino el riesgo de atropellamiento creado con la conducci\u00f3n de un tractocami\u00f3n. As\u00ed de f\u00e1cil era concluir que el accidente no se debi\u00f3 a la actuaci\u00f3n de la v\u00edctima ni a la injerencia de un factor extra\u00f1o. <\/p>\n

4.2. Tampoco hab\u00eda lugar a reducci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, porque no se prob\u00f3 que la v\u00edctima se expuso al peligro con imprudencia. <\/p>\n

Lo \u00fanico que existe en el proceso es una afirmaci\u00f3n en el informe rendido por la autoridad de tr\u00e1nsito en el que se indic\u00f3 que el motociclista transitaba \u201calejado\u201d de la acera. Sin embargo, nunca se estableci\u00f3 qu\u00e9 tan alejado de la orilla conduc\u00eda, ni se compar\u00f3 esa conducta con las normas de tr\u00e1nsito de automotores que proh\u00edben tal maniobra o permiten deducir que el motociclista las infringi\u00f3. <\/p>\n

La afirmaci\u00f3n seg\u00fan la cual \u201cel motociclista transitaba distante de la acera u orilla de la calzada\u201d es demasiado vaga como para fundar en ella una causal excluyente de responsabilidad, toda vez que el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito dispone que las motocicletas deben circular a una distancia m\u00e1xima de un metro desde el borde lateral de la calzada. Pero al no estar demostrado en el proceso cu\u00e1l fue la distancia exacta a la que circulaba la moto respecto de la orilla, mal podr\u00eda reproch\u00e1rsele al accidentado una infracci\u00f3n de la reglamentaci\u00f3n de tr\u00e1nsito. <\/p>\n

En todo caso, la sola infracci\u00f3n de una norma de tr\u00e1nsito \u2013en la hip\u00f3tesis de que se hubiera probado\u2013 no bastaba para inferir que el motociclista fue el autor exclusivo del accidente, pues faltaba hacer la correlaci\u00f3n de imputaci\u00f3n entre esa infracci\u00f3n y el resultado lesivo. Es decir que por muy alejado del and\u00e9n que hubiera conducido el motociclista, no hay ning\u00fan motivo que permita suponer que el accidente se produjo por ese distanciamiento, toda vez que lejos o cerca de la acera, de igual modo hubiera sido atropellado por el tractocami\u00f3n que transitaba a exceso de velocidad y sin frenos. <\/p>\n

La Corte concluy\u00f3 que ese informe no ten\u00eda mucha fuerza demostrativa para probar \u201cla relaci\u00f3n de causalidad\u201d entre el accidente y la p\u00e9rdida de la pierna. Pero s\u00ed le dio valor probatorio para demostrar la culpa de la v\u00edctima a pesar de que del mismo no es posible inferir el m\u00e1s m\u00ednimo indicio de que el motociclista infringi\u00f3 sus deberes de prudencia. Lo anterior demuestra, una vez m\u00e1s, la revictimizaci\u00f3n que sufri\u00f3 el accidentado por la equivocada valoraci\u00f3n probatoria que hizo la Corte. <\/p>\n

4.3. La v\u00edctima no fue la causante exclusiva del accidente, ni su intervenci\u00f3n causal fue jur\u00eddicamente relevante, ni se expuso al peligro con imprudencia. En consecuencia, no se prob\u00f3 ninguna causal eximente o atenuante de responsabilidad. <\/p>\n

Cualquiera que sea la teor\u00eda que se aplique, hab\u00eda que condenar a los demandados porque fueron los agentes responsables del accidente. <\/p>\n

5. La sentencia quiso defender \u2013sin \u00e9xito\u2013 la tesis de que los problemas de concurrencia de actividades peligrosas se resuelven \u201cen el plano de la causalidad\u201d. <\/p>\n

Es cierto que los problemas de autor\u00eda, participaci\u00f3n e injerencia de la conducta de la v\u00edctima para la atribuci\u00f3n de responsabilidad en el ejercicio de actividades peligrosas no se resuelven en el \u00e1mbito de la culpabilidad, pero tampoco se solucionan con una supuesta \u201cconcurrencia de causas\u201d, porque siempre ser\u00e1 necesario seleccionar de entre el flujo infinito de condiciones antecedentes o confluyentes los factores que se estiman relevantes para el caso seg\u00fan un criterio jur\u00eddico que impone deberes de evitaci\u00f3n de riesgos. <\/p>\n

Al respecto, esta Corte, en sentencia del 5 de mayo de 1999,37 descart\u00f3 la postura de la \u201cneutralizaci\u00f3n de las presunciones\u201d que se hab\u00eda empleado hasta esa fecha, dando paso a la \u201cteor\u00eda\u201d de la \u201crelatividad de la peligrosidad de la actividades\u201d, que es una explicaci\u00f3n insuficiente porque no existe ning\u00fan criterio que permita saber cu\u00e1ndo una actividad es m\u00e1s peligrosa que otra, con lo que la soluci\u00f3n del problema termina dependiendo de los prejuicios y creencias del juez.38 <\/p>\n

Posteriormente, en fallo del 2 de mayo de 2007, se acogi\u00f3 la tesis de la \u201cgraduaci\u00f3n o relatividad de las actividades peligrosas\u201d, advirtiendo que en caso de presentarse una \u201cequivalencia\u201d en las actividades se debe acudir a la \u201cneutralizaci\u00f3n de las presunciones\u201d. Esa sentencia aludi\u00f3, adem\u00e1s, a la valoraci\u00f3n de la \u201cculpa adicional\u201d de los agentes, mezclando de esa manera el r\u00e9gimen de culpa presunta con el de culpa probada. En todo caso, no ofreci\u00f3 ning\u00fan criterio para distinguir la peligrosidad de las actividades, con lo que, finalmente, todo el esfuerzo doctrinal fue in\u00fatil, pues la soluci\u00f3n de los casos quedar\u00eda dependiendo del arbitrio del juez.39 <\/p>\n

En sentencia del 24 de agosto de 2009, la Corte reconoci\u00f3 que los problemas de concurrencia de actividades peligrosas no pueden solucionarse en el \u00e1mbito de la culpabilidad.40 En tal sentido, afirm\u00f3 que tales conflictos se resuelven seg\u00fan \u201cel grado de incidencia causal\u201d de las actividades peligrosas. Una vez m\u00e1s, se trat\u00f3 de una soluci\u00f3n infructuosa porque el problema de fondo radica en que no hay criterios imparciales que permitan saber cu\u00e1ndo una actividad es m\u00e1s peligrosa que otra, a menos que se quiera afirmar que la fuerza del mecanismo m\u00e1s grande es m\u00e1s destructiva que la del aparato m\u00e1s peque\u00f1o, lo cual fue una opini\u00f3n que pod\u00eda mantenerse en tiempos pasados, cuando s\u00f3lo se observaban fuerzas mec\u00e1nicas. <\/p>\n

Hoy en d\u00eda la ciencia ha podido demostrar la existencia de fuerzas a nivel cu\u00e1ntico y electromagn\u00e9tico, imperceptibles para los sentidos, que aunque no causan una gran impresi\u00f3n psicol\u00f3gica o temor, tienen mayor capacidad de destrucci\u00f3n que el m\u00e1s grande de los artefactos construidos por el hombre. <\/p>\n

\u201cEl grado de incidencia causal\u201d tampoco es \u00fatil para resolver los problemas de omisiones ni tiene en cuenta los criterios jur\u00eddicos que eximen de la obligaci\u00f3n de responder cuando no se tiene el deber de evitar los da\u00f1os, aunque se haya contribuido eficazmente a la producci\u00f3n del perjuicio (prohibici\u00f3n de regreso). <\/p>\n

En fallo del 26 de agosto de 2010, la Corte reiter\u00f3 que la responsabilidad por actividades peligrosas entra\u00f1a una presunci\u00f3n de culpabilidad. Pero los problemas de concurrencia de actividades peligrosas se resuelven seg\u00fan \u201cel grado de incidencia causal\u201d de las actividades.41 <\/p>\n

En providencia del 16 de diciembre de 2010, la Corte insisti\u00f3 en que la valoraci\u00f3n del aporte causal es el factor dirimente cuando las actividades del agente y de la v\u00edctima son peligrosas, sin necesidad de adentrarse en el juicio de reproche subjetivo.42 <\/p>\n

El problema, no obstante, sigui\u00f3 sin soluci\u00f3n al reducir el nivel de sentido jur\u00eddico al plano de la \u201ccausalidad natural\u201d, desconociendo que la atribuci\u00f3n de un resultado a un agente como suyo no se resuelve a partir del an\u00e1lisis f\u00edsico de las interacciones deterministas que se dan en la naturaleza, sino en el \u00e1mbito de la imputaci\u00f3n a partir de normas que adjudican deberes de evitaci\u00f3n de riesgos, lo que de ninguna manera significa que las relaciones causales deban ser desconocidas al interior del proceso, como si el derecho fuese una mera abstracci\u00f3n alejada de la realidad. <\/p>\n

Finalmente, en sentencia del 12 de enero de 2018, se dejaron a la luz las inconsistencias y contradicciones a las que llegaban todas las posturas anteriores, y se mostr\u00f3 su insuficiencia para resolver los problemas de \u201cindeterminaci\u00f3n causal\u201d y de concurrencia de actividades peligrosas.43 <\/p>\n

En aquella oportunidad se concluy\u00f3 que los problemas de ausencia de causalidad (como las omisiones y la responsabilidad por hechos ajenos) y de incertidumbre causal (pluricausalidad o pluriconsecuen- cialidad) no se resuelven en el \u00e1mbito de la causalidad natural, f\u00edsica, eficiente o adecuada, sino en el de la imputaci\u00f3n, porque la responsabilidad jur\u00eddica no se establece a partir de las determinaciones naturales sino en el nivel de significaci\u00f3n del derecho, a partir de las posibilidades de elecci\u00f3n de alternativas cuando se tiene el deber jur\u00eddico de actuar de cierta manera; lo cual no es ninguna novedad y, por el contrario, en esa distinci\u00f3n se asientan todas las teor\u00edas contempor\u00e1neas del derecho. <\/p>\n

Mucho menos es admisible afirmar que los problemas de indeterminaci\u00f3n causal se resuelven en el plano de la culpabilidad, porque la atribuci\u00f3n de un resultado a un agente \u201ccomo suyo\u201d es distinta a la valoraci\u00f3n de su conducta en concreto a la luz de la infracci\u00f3n de los deberes de prudencia. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 que en materia de responsabilidad por actividades peligrosas \u2013que prescinde por completo de la valoraci\u00f3n de la culpa\u2013, resulta contradictorio adentrarse en el an\u00e1lisis del reproche subjetivo concreto de la conducta del agente para solucionar los problemas de incertidumbre causal. <\/p>\n

Por ello, los problemas inherentes a las teor\u00edas de la causalidad no pueden superarse o solucionarse mediante la introducci\u00f3n de una \u201cfase causal\u201d que lleva impl\u00edcitas todas las inconsistencias de las teor\u00edas de la causalidad, pues ello supondr\u00eda una regresi\u00f3n infinita que aplaza el problema indefinidamente.
\nPara evitar la anterior contradicci\u00f3n y resolver el problema con base en las normas sustanciales que rigen la materia, la incidencia de la v\u00edctima en la producci\u00f3n del da\u00f1o se tiene que analizar en dos niveles distintos de imputaci\u00f3n, pues su actuaci\u00f3n (u omisi\u00f3n) puede encuadrarse en el instituto de la autor\u00eda o participaci\u00f3n (art\u00edculos 2356 y 2344) o en el de la exposici\u00f3n imprudente al da\u00f1o (art\u00edculo 2357), dependiendo de si tuvo la posibilidad de evitar \u2018producir\u2019 el riesgo que ocasion\u00f3 el perjuicio, o si tuvo la posibilidad de evitar \u2018exponerse\u2019 a \u00e9l con imprudencia pero sin haberlo creado. <\/p>\n

i) El da\u00f1o es imputable por completo a la v\u00edctima cuando \u00e9sta cre\u00f3 totalmente el riesgo que ocasion\u00f3 el da\u00f1o, o particip\u00f3 en su producci\u00f3n (art\u00edculo 2344). <\/p>\n

ii) El da\u00f1o es imputable parcialmente a la v\u00edctima, por lo que hay lugar a reducci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n, cuando no fue quien cre\u00f3 el riesgo que ocasion\u00f3 el da\u00f1o, ni particip\u00f3 en su producci\u00f3n; pero s\u00ed tuvo la posibilidad de evitar exponerse imprudentemente al peligro que sufri\u00f3 (art\u00edculo 2357). <\/p>\n

En el caso concreto, el riesgo no fue creado por el motociclista, quien pudo haber creado otros riesgos como accidentarse o atropellar a otras personas, pero no el ser atropellado, dado que el accidente no dependi\u00f3 de su \u00e1mbito de acci\u00f3n (pues fue solo un sujeto pasivo) sino de la actuaci\u00f3n del conductor del tractocami\u00f3n. <\/p>\n

Habr\u00eda sido distinto si el motociclista se hubiera expuesto con imprudencia al peligro que cre\u00f3 el autor del accidente. Pero en ese caso no pod\u00eda haber culpa exclusiva de la v\u00edctima, sino \u00fanicamente reducci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2357; mas, la carga de la prueba de la culpa de la v\u00edctima ten\u00eda que ser asumida por el demandado que formul\u00f3 esa excepci\u00f3n. <\/p>\n

El anterior an\u00e1lisis implica valorar la atribuci\u00f3n de responsabilidad en varios niveles de imputaci\u00f3n, seg\u00fan el n\u00famero de autores o part\u00edcipes cuyas acciones u omisiones sean consideradas como jur\u00eddicamente relevantes en la producci\u00f3n de los da\u00f1os, siendo un enfoque satisfactorio para resolver el problema de la concurrencia de actividades peligrosas en el nivel de sentido jur\u00eddico, seg\u00fan la asignaci\u00f3n de deberes de evitaci\u00f3n de riesgos que producen da\u00f1os, una vez que ha quedado en evidencia la inutilidad de la tesis de la \u201cgraduaci\u00f3n de la incidencia causal\u201d. <\/p>\n

Por no haberse comprendido lo anterior, la supuesta objetividad de la responsabilidad por actividades peligrosas que mencion\u00f3 el fallo que es materia de este salvamento, el \u201cgarantismo\u201d del que tanto se ufan\u00f3, la \u201cpresunci\u00f3n de responsabilidad\u201d, las alusiones a los principios constitucionales, a las normas internacionales, a la justicia y la equidad, y al incumplimiento de las cargas probatorias quedaron en nada cuando se exigi\u00f3 al actor la demostraci\u00f3n de una enorme cantidad de requisitos que la norma sustancial que rige el caso (2356) no establece. <\/p>\n

En efecto, a folio 33 se afirm\u00f3: \u00abera indispensable en consecuencia, escrutar, a trav\u00e9s del acervo probatorio practicado y recaudado, (i) la descripci\u00f3n del lugar de la colisi\u00f3n (vgr. la anchura o uniformidad de la v\u00eda, topograf\u00eda y se\u00f1ales de tr\u00e1nsito del sector circundante antes y despu\u00e9s del punto de colisi\u00f3n, el estado del tramo vial); (ii) los factores de importancia en el iter del choque (hora, condiciones atmosf\u00e9ricas, caracter\u00edsticas del flujo vial al momento del impacto, campo de visibilidad, la ubicaci\u00f3n de los veh\u00edculos luego del suceso, as\u00ed como su examen mec\u00e1nico, entre ellos, las se\u00f1ales ac\u00fasticas y luminosas, las condiciones de los neum\u00e1ticos, huellas de frenado, detritus de vidrios, fango o barniz desprendidos de los automotores por efectos de la colisi\u00f3n); (iii) los aspectos atinentes al comportamiento de los involucrados (averiguado mediante las versiones de \u00e9stos o mediante testigos presenciales del hecho); y (iv) las conclusiones sobre las comprobaciones f\u00e1cticas acerca de las razones que provocaron el accidente\u00bb. <\/p>\n

Se exigi\u00f3, de ese modo, la demostraci\u00f3n de condiciones espec\u00edficas que s\u00f3lo se requieren para probar la culpa, pues para la elaboraci\u00f3n de la inferencia causal s\u00f3lo se necesitaba observar la ocurrencia de una acci\u00f3n y deducir que ella produjo un resultado determinado: la tractomula atropell\u00f3 al motociclista, el motociclista sufri\u00f3 graves lesiones con el accidente, entre ellas la p\u00e9rdida de su extremidad inferior. Luego, la amputaci\u00f3n de la pierna fue el resultado del accidente. Ninguna otra consideraci\u00f3n ni prueba se necesitaba para tener por demostrada la tan anhelada \u201crelaci\u00f3n de causalidad\u201d que no vieron los jueces de las instancias ni esta Corte. <\/p>\n

Al exigirse la prueba de las condiciones espec\u00edficas que rodearon la producci\u00f3n del accidente, la observancia de reglamentaciones de tr\u00e1nsito, \u201clos aspectos atinentes al comportamiento de los involucrados\u201d, y \u201clas razones que provocaron el accidente\u201d, se convirti\u00f3 a la responsabilidad por actividades peligrosas en la m\u00e1s subjetiva de todas las responsabilidades, pues todos esos aspectos relativos a la conducta concreta de los intervinientes forman parte del juicio de culpabilidad. <\/p>\n

La sentencia, que tanto \u00e9nfasis hizo en la \u201cresponsabilidad objetiva\u201d o por mera causaci\u00f3n, finalmente resolvi\u00f3 el problema en el \u00e1mbito de la culpabilidad; lo que es una verdadera incoherencia, como no pod\u00eda ser de otro modo, dado que se confundieron los conceptos de causalidad, imputaci\u00f3n y culpabilidad; lo cual no ser\u00eda tan preocupante si no fuera porque tales incoherencias terminaron por negar el derecho que tiene la v\u00edctima a ser indemnizada. <\/p>\n

La contradicci\u00f3n se muestra, una vez m\u00e1s, en el siguiente fragmento: \u00abla problem\u00e1tica de la concurrencia de actividades peligrosas se resuelve en el campo objetivo de las conductas de lesionado y actor, y en la secuencia causal de las mismas en la generaci\u00f3n del da\u00f1o. Tal entendimiento debe hacerse, claro, considerando aspectos relevantes sobre la forma en que se gener\u00f3 el da\u00f1o, como el tipo de rol peligroso (vgr. conducci\u00f3n de automotores; transformaci\u00f3n, transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, etc.), sus particularidades (c\u00f3mo, cu\u00e1ndo y d\u00f3nde), y qui\u00e9n increment\u00f3 o disminuy\u00f3 el riesgo frente a la actividad (vgr. cuando al conducir se decide cambiar de carril sin hacer uso de direccionales, o se transita en contrav\u00eda)\u00bb. [Folio 40] <\/p>\n

El fallo incurri\u00f3 en graves confusiones conceptuales respecto de la comprensi\u00f3n de las relaciones causales, pues todas las consideraciones se\u00f1aladas en el p\u00e1rrafo transcrito no son indicativas de causalidad sino de culpabilidad, dado que se refieren al an\u00e1lisis concreto de las conductas de los intervinientes seg\u00fan se ajusten o contravengan los deberes de prudencia. <\/p>\n

Al final de sus consideraciones, el fallo de casaci\u00f3n concluy\u00f3 que las pruebas aportadas al proceso \u00abno lograron edificar, desde lo causal, c\u00f3mo y porqu\u00e9 ocurri\u00f3 el siniestro, situaci\u00f3n que impide establecer juicios acerca del grado de mayor o menor incidencia de los rodantes en el choque, hall\u00e1ndose simult\u00e1neamente, una alta concurrencia causal del demandante\u00bb. [Folio 41] <\/p>\n

Esa conclusi\u00f3n es arbitraria porque en el juicio de responsabilidad por actividades peligrosas es absolutamente irrelevante establecer \u201cdesde lo causal, c\u00f3mo y por qu\u00e9 ocurri\u00f3 el accidente\u201d. A nadie le interesa demostrar las causas del accidente. Lo que interesa demostrar es si los perjuicios sufridos por la v\u00edctima son o no jur\u00eddicamente atribuibles a la conducta de los demandados, y ello es un asunto sustancialmente distinto de la averiguaci\u00f3n \u201cdel c\u00f3mo y el porqu\u00e9 del accidente\u201d. <\/p>\n

En trat\u00e1ndose de una actividad peligrosa la causa del accidente es completamente intrascendente, toda vez que el juicio de imputaci\u00f3n debe circunscribirse a establecer si se trat\u00f3 o no de una actividad peligrosa, si el da\u00f1o generado por esa actividad puede ser atribuido a los demandados y si quedaron demostrados o no las causales eximentes de responsabilidad; y nada de ello tiene relaci\u00f3n con \u201cel porqu\u00e9\u201d del accidente.
\nLa afirmaci\u00f3n es, adem\u00e1s, contradictoria, porque si se dijo que a partir del caudal probatorio no fue posible \u201cestablecer juicios acerca del grado de mayor o menor incidencia de los rodantes en el choque\u201d, entonces no logra comprenderse c\u00f3mo se concluy\u00f3 a partir de esa misma ausencia de pruebas \u201cuna alta concurrencia causal del demandante\u201d. La contradicci\u00f3n salta a la vista. <\/p>\n

6. Todos los elementos de la responsabilidad por actividades peligrosas quedaron demostrados en el proceso: <\/p>\n

a) El da\u00f1o, que consisti\u00f3 en la amputaci\u00f3n de la pierna, siendo un hecho probado, confesado y no discutido ni refutado. <\/p>\n

b) Que la conducci\u00f3n de un tractocami\u00f3n es una actividad peligrosa, lo cual es tan evidente que ser\u00eda una necedad entrar a discutirlo. <\/p>\n

c) El factor jur\u00eddico de atribuci\u00f3n del resultado a los demandados, por ser guardianes de la cosa que produjo el da\u00f1o, guardianes de la actividad peligrosa y garantes del deber de evitaci\u00f3n de causar perjuicios a terceros con el despliegue de esa actividad. <\/p>\n

La \u201crelaci\u00f3n causal\u201d entre la actividad peligrosa desplegada por el conductor del tractocami\u00f3n y los perjuicios ocasionados al motociclista es tan evidente que ni siquiera fue materia de discusi\u00f3n o actividad probatoria, pues fue admitida por los demandados. Pero hay que reconocer que entre la posici\u00f3n de garante de los guardianes de la actividad peligrosa y las lesiones sufridas por la v\u00edctima no hay ni puede haber \u201crelaci\u00f3n causal\u201d. De ah\u00ed que la \u201ccausalidad\u201d no sea una condici\u00f3n necesaria ni suficiente para atribuir responsabilidad. <\/p>\n

Es m\u00e1s, a\u00fan si se hubiera regido el caso por la responsabilidad por culpa probada, la misma qued\u00f3 demostrada, toda vez que qued\u00f3 debidamente acreditado que la tractomula transitaba a exceso de velocidad y sin frenos. <\/p>\n

No hab\u00eda, por tanto, ninguna necesidad de adentrarse en disquisiciones sobre la autenticidad de los documentos, porque no se trataba de instrumentos de naturaleza dispositiva. <\/p>\n

A pesar de no albergar dudas sobre el valor formal y material de la prueba documental, la Corte concluy\u00f3 que era \u00abpoco contundente para establecer, sin resquicio, la relaci\u00f3n de causa y efecto entre la conducta del convocado y el menoscabo padecido por el demandante\u00bb. [Folio 31] <\/p>\n

8. El fallo de casaci\u00f3n, en suma, se extravi\u00f3 en un embrollo de conceptos vac\u00edos, contradictorios y carentes de sentido, que condujeron a negar la existencia de un \u201cnexo causal\u201d tan contundente que ni siquiera los demandados se atrevieron a negarlo; cuando para establecer la anhelada \u201crelaci\u00f3n causal\u201d bastaba hacer una inferencia indiciaria sencilla: si el motociclista perdi\u00f3 la pierna con ocasi\u00f3n del accidente que produjo el conductor del tractocami\u00f3n, entonces hay razones suficientes para deducir que la p\u00e9rdida anat\u00f3mica se debi\u00f3 a esa actividad peligrosa. <\/p>\n

Por no haber comprendido los jueces de las instancias y esta Corte que las relaciones causales no son hechos susceptibles de pruebas directas sino construcciones l\u00f3gicas, y por no haber admitido que la \u201ccausalidad\u201d no es un factor necesario ni suficiente para atribuir responsabilidad civil, no se materializ\u00f3 el derecho en el caso concreto, por lo que toda alusi\u00f3n a la justicia, la equidad y el garantismo, de los que tanto se habl\u00f3 en la sentencia, no fueron m\u00e1s que sofismas, falacias o palabras vac\u00edas. <\/p>\n

Podr\u00e1 invertirse o distribuirse la carga de la prueba; podr\u00e1 abusarse de la pr\u00e1ctica de pruebas de oficio; podr\u00e1n usarse frases pomposas sobre el garantismo, la justicia y la equidad; podr\u00e1 aludirse a la aplicaci\u00f3n de tratados internacionales; podr\u00e1 afirmarse que se trata de una \u201cresponsabilidad objetiva\u201d; podr\u00e1n emplearse frases sentimentales sobre la \u201crevictimizaci\u00f3n\u201d de quien tiene que cumplir su carga demostrativa; y podr\u00e1n inventarse todos los recursos ret\u00f3ricos que se quiera. <\/p>\n

Pero si no se identifican con claridad los elementos estructurales de cada tipo de responsabilidad que deben quedar demostrados en el proceso, si no se elaboran las hip\u00f3tesis indiciarias que requiere el caso a partir de los hechos probados, y si se impone a las v\u00edctimas una carga probatoria imposible de cumplir y no prevista por las leyes sustanciales, cualquier doctrina que se adopte para fundar en ella la atribuci\u00f3n de responsabilidad estar\u00e1 destinada al fracaso, de lo cual esta sentencia fue la demostraci\u00f3n m\u00e1s palpable. <\/p>\n

9. La sentencia del tribunal, en suma, ten\u00eda que ser casada para, en su remplazo, condenar a los demandados al pago de la indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os que sufri\u00f3 el demandante, toda vez que quedaron demostrados todos los elementos de la responsabilidad por actividades peligrosas. <\/p>\n

De los Se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tEl Acuerdo n\u00ba PSAA15-10392 de la Sala Administrativa del \tConsejo Superior de la Judicatura, le asign\u00f3 al nuevo \tEstatuto de Ritos Civiles su pleno imperio a partir del 1 de enero \tde 2016.
\n2 \tCSJ SC, 24 de junio de 1964, Tomo CVII n.\u00b0 2272, p\u00e1g. 350 \ta 364.
\n3 \tCSJ SC 13 \tde abril de 2005, rad. 1998 0056 02; 24 de noviembre de 2008, rad. \t1998-00529 01; 15 de diciembre de 2009, rad. 1999 01651 01, entre \totros.
\n4 \tFERRER BELTR\u00c1N, Jordi. \u201cLa \tvaloraci\u00f3n racional de la prueba\u201d. \tMadrid. Marcial Pons, 2007, pag. 66 a 144. <\/p>\n

6 \tCSJ SC \t4 \tde noviembre de 2009, exp. \t2001-00127-01; 6 de abril de 2011, exp. 2004-00206-01; 18 de \tdiciembre de 2012, rad. 00104; 1 de diciembre de 2015, exp. 00080; y \t27 de agosto de 2014, rad. SC 11347.
\n7 \t\u00cddem.
\n8 \tArt\u00edculo 179 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy \tart\u00edculos 165 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso.
\n9 \tLa \tomisi\u00f3n de pruebas de oficio, en la especie de obligatorias, \tla Corte tambi\u00e9n la ha visto como un error de derecho \tprobatorio por el incumplimiento de un poder deber. Por ejemplo, \t\u201c(\u2026) \tla gen\u00e9tica \ten los procesos de filiaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n; la \tinspecci\u00f3n judicial en los de declaraci\u00f3n de \tpertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las \tindispensables para condenar en concreto por frutos, intereses, \tmejoras o perjuicios, etc. De an\u00e1logo modo para impedir el \tproferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades\u2019, \teventos en los cuales \u2018es ineludible el \u2018decreto de \tpruebas de oficio\u2019, so pena de que una omisi\u00f3n de tal \tenvergadura afecte la sentencia (\u2026)\u201d \t(CSJ \tSC 15 de julio de 2008, rad. 00689, reiterada en fallos de 20 de \toctubre de 2011, rad. 08220, y 21 de octubre de 2013, rad. 00392, \tentre otros). Hoy en concordancia con el numeral 5\u00ba del \tart\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso.
\n10 \tCSJ SC \t24 \tde noviembre de 2008, exp. 1998-00529-01, reiterada el 15 de \tdiciembre de 2009, exp. 2006-00161-01.
\n11 \tCSJ SC \t10880-2015.
\n12 \t\u201c(\u2026) \tPor \tregla general todo da\u00f1o que pueda imputarse a malicia o \tnegligencia de otra persona, debe ser reparado por \u00e9sta (\u2026)\u201d.
\n13 \tCSJ SC 14 de abril de 2008: \u201c(\u2026) \tLa \tculpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad \tpor actividades peligrosas, ni para su exoneraci\u00f3n (\u2026)\u201d.
\n14 \tG.J. \tT. XLVI, p\u00e1g. 211 a 217.
\n15 \tLas \tprovidencias de 29 de octubre, 4 de diciembre de 1945, 15 de mayo de \t1946, entre otras, as\u00ed como la sentencia de 26 de agosto de \t2010 (rad. 4700131030032005-00611-1), retrotrajeron la presunci\u00f3n \tde responsabilidad, ubic\u00e1ndola contradictoriamente como \tpresunci\u00f3n de culpa en actividades peligrosas, categorizaci\u00f3n \tque prima \tfacie \tresulta funesta, injusta, inequitativa e infortunada hoy, en un \tescenario totalmente diferente, plenamente industrializado, y con \tmayor raz\u00f3n en la actual estructura constitucional, y sobre \ttodo, ante el inusitado avance de las actividades ejecutadas por el \thombre con ayuda de m\u00e1quinas o con elementos que implican el \tejercicio de actividades peligrosas en forma masiva que ampl\u00edan \tla potencia de la fuerza muscular humana o los alcances de la \tinteligencia humana, y en condiciones hist\u00f3ricas de \tcreciente desarrollo t\u00e9cnico y mec\u00e1nico, impensado \thace d\u00e9cadas (energ\u00edas el\u00e9ctricas, at\u00f3micas \ty nucleares; motores de todo tipo, calderas, armas, explosivos, \tcontaminantes, maquinismo, transportes de todo tipo, construcci\u00f3n, \tsustancias inflamables, excavaciones, miner\u00eda, etc.).
\n16 \t\u201c(\u2026) \tArt\u00edculo \t2356. \t\u00a0Por \tregla general todo \tda\u00f1o que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra \tpersona, \tdebe ser reparado por \u00e9sta.
\nSon \tespecialmente obligados a esta reparaci\u00f3n:
\n1. \tEl que dispara imprudentemente una arma de fuego.
\n2. \tEl que remueve las losas de una acequia o ca\u00f1er\u00eda, o \tlas descubre en calle o camino, sin las precauciones necesarias para \tque no caigan los que por all\u00ed transiten de d\u00eda o de \tnoche.
\n3. \tEl que obligado a la construcci\u00f3n o reparaci\u00f3n de un \tacueducto o fuente, que atraviesa un camino, lo tiene en estado de \tcausar da\u00f1o a los que transitan por el camino \t(\u2026)\u201d (se resalta).
\n17 \tPor \tsupuesto, que el art\u00edculo 2356 ej\u00fasdem \ttrae \talgunos ejemplos sobre la modalidad bajo an\u00e1lisis, pero ellos \tson explicables para la \u00e9poca de redacci\u00f3n del C\u00f3digo \tCivil, correspondiendo al juez, dada su tarea de compromiso con la \thistoria y con la justicia, actualizar y hacer vigente a cada \tinstante el sentido y el prop\u00f3sito del legislador, quien \tguiado por los principios de equidad, asienta con sabidur\u00eda \tinquebrantable una protecci\u00f3n legal para las v\u00edctimas \tde los da\u00f1os causados por las actividades peligrosas en el \tmundo contempor\u00e1neo.
\n18 \tPor ello, en este caso, nada obsta para del mismo modo aludir a la \texistencia de presunci\u00f3n de causalidad en forma concordante \tcon Henry Mazeaud; pero no puede entenderse que se trate de \tpresunci\u00f3n de culpa. Es decir, da lugar a presumir la \texistencia del nexo causal, el cual podr\u00eda quedar a la deriva \tcon la presencia de causa extra\u00f1a.
\n19 \tCSJ. Civil. Cas. 17 de abril de 1970, G.J. T. LXXXIV, p. 41; Cas. 27 \tde abril de 1972, G.J. T. CLXII, pp. 173-174.
\n20 \t\u00cddem.
\n21 \tModificada por las leyes 1503 de 2011, 1548 de 2012, 1696 de 2013, \t1730 de 2014, 1753 de 2015, 1811 de 2016, y 1843 de 2017.
\n22 \tFerrari Paolino. \u201cInfortunistica \tstradale scientifica: Guida all'accertamento del sinistro a fine \tgiuridico\u201d. \tGiuffr\u00e8, \t2002.
\n23 \t\u00cddem.
\n24 \tObra cit., \u00eddem.
\n25 \tFolio 18, cuaderno principal.
\n26 \tFolio 12, cuaderno principal.
\n27 \tFolios 15 a 15, cuaderno principal.
\n28 \tFolios 110 a 111, cuaderno principal.
\n29 \tTen\u00eda aplicaci\u00f3n en los eventos de responsabilidad \tdonde se habla de \u201cpresunci\u00f3n \tde culpa\u201d, \to de \u201cpresunci\u00f3n \tde responsabilidad\u201d, \tes decir, cuando se ejerce una actividad riesgosa. Dicha teor\u00eda \tafirmaba que las presunciones se aniquilaban, anulaban o eliminaban, \tpara dar paso a la culpa probada, por tratarse de la regla general, \tpues se compensan o contrarrestan (vgr. En la sentencia de 5 \tde mayo de 1999, rad. 4978, los hechos del caso se refer\u00edan a \tla colisi\u00f3n rec\u00edproca entre un bus de servicio p\u00fablico \ty una motocicleta, falleciendo el conductor y el acompa\u00f1ante. \tEn dicho asunto, la Corte estableci\u00f3 la falta de negligencia \tdel conductor del bus, por no tener en cuenta las se\u00f1ales de \ttr\u00e1nsito). Durante su implementaci\u00f3n, un sector de la \tdoctrina se opon\u00eda a la misma, por \u201c(\u2026) \tcarecer de fundamento normativo, toda vez que el hecho de haberse \tcausado el da\u00f1o por la intervenci\u00f3n encontrada de dos \tcosas riesgosas no puede provocar una mutaci\u00f3n normativa, es \tdecir, pasar del riesgo como factor de imputaci\u00f3n, a la culpa \tprobada (\u2026)\u201d \t(PIZARRO, Ram\u00f3n Daniel, \u201cResponsabilidad \tpor riesgo creado y de empresa. Contractual y extracontractual\u201d, \tt. II. Buenos Aires. La Ley, 2006, pp. 274-277). Esta tesis ya la \thab\u00eda aplicado la Sala el 16 de julio de 1945, en el caso de \tla colisi\u00f3n de dos embarcaciones (G.J. \tLIX, p\u00e1gina 1058 y ss LIX, p\u00e1gina 1058 y ss). En \tl\u00edneas generales la secund\u00f3 el profesor \u00c1lvaro \tP\u00e9rez Vives (Teor\u00eda General de las Obligaciones, Vol. \t1. Bogot\u00e1. Temis, 1966).
\n30 \tEn este evento, las presunciones por quienes desarrollan labores \triesgosas no se neutralizan sino que permanecen inc\u00f3lumes, y \tcada cual debe probar el da\u00f1o causado por el otro, o la causa \textra\u00f1a que lo exonere y le incumba. Significaba que cuando \tuna de las partes era la que sufr\u00eda el da\u00f1o, la \tpresunci\u00f3n subsist\u00eda en contra de quien no lo padeci\u00f3, \tquien podr\u00e1 destruir la presunci\u00f3n probando la \tincidencia del hecho de la v\u00edctima en la producci\u00f3n \tdel evento da\u00f1oso (CSJ SC 26 de noviembre de 1999, rad. \t5220). Su cr\u00edtica radicaba en que \u201c(\u2026) la \tsoluci\u00f3n se apoyaba en una falsa idea de la responsabilidad \tcivil, cuya esencia se fundamenta en la idea de indemnizaci\u00f3n \ty no de pena, por tal motivo no se pod\u00eda determinar la \tresponsabilidad seg\u00fan la culpa del ofensor o la v\u00edctima \t(\u2026)\u201d \t(PEIRANO FACIO, Ram\u00f3n Daniel. \u201cResponsabilidad \textracontractual\u201d, 3\u00aa \ted. Bogot\u00e1. Temis, 1981, p\u00e1g. 442).
\n31 \tAmbos asumen su propio da\u00f1o, de modo que resulta poni\u00e9ndolos \ten el terreno de la culpabilidad, y en mismo sentido, se halla la \tasunci\u00f3n del da\u00f1o por ambos de acuerdo al grado de \tculpa. La doctrina ensaya muchas otras soluciones, como la asunci\u00f3n \tplena de responsabilidad a quien se le pruebe un grado adicional de \tculpa; responsabilidad plena por el da\u00f1o causado al otro, \ttambi\u00e9n conectada, como condenas cruzadas; repartici\u00f3n \tentre los comprometidos en la actividad peligrosa, formando una \tcuenta com\u00fan por los responsables para indemnizar a las \tv\u00edctimas; resarcimiento proporcional, y la teor\u00eda de \tla presunci\u00f3n s\u00f3lo a favor de la v\u00edctima.
\n32 \tSe tiene en cuenta el mayor o menor grado de peligrosidad de la \tactividad o mayor o menor grado de potencialidad da\u00f1ina (CSJ \tSC \t2 de mayo de 2007, rad. 1997-03001-01). \tSu censura consist\u00eda en que dicha tesis se preocupaba m\u00e1s \tpor establecer que labor era m\u00e1s riesgosa en relaci\u00f3n \tcon otra, dejando de lado considerar cu\u00e1l de ellas hab\u00eda \tcausado el da\u00f1o.
\n33 \tReiterado en sentencias de \t26 de agosto de 2010, rad. 2005-00611-01, \ty 16 de diciembre de 2010, rad. 1989-000042-01.
\n34 \tTeor\u00eda que en todo caso hab\u00eda sido acogida \toriginariamente por esta Corte en sentencia de 30 de abril de 1976, \tG.J. \tCLII, \tn\u00ba. 2393, p\u00e1g. 108.
\n35 \tCSJ. \tSC-12994 de 15 de septiembre de 2016, y recientemente la sentencia \tSC- 2107 de 12 de junio de 2018.
\n36 \tLas relaciones de causa-efecto s\u00f3lo rigen en una peque\u00f1a \tfracci\u00f3n de la naturaleza, como en la f\u00edsica cl\u00e1sica \tnewtoniana. La relatividad general, la f\u00edsica cu\u00e1ntica \ty la termodin\u00e1mica se rigen por interacciones no-causales. \tLos sistemas complejos, como el derecho de la sociedad, tampoco se \trige por leyes causales sino por interdependencias o correlaciones \tfuncionales.
\n37 \tM.P.: Jorge Castillo Rugeles. Exp. 4978.
\n38 \tM.P.: Silvio Fernando Trejos Bueno. Exp. 5220.
\n39 \tM.P.: Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. \t1997-03001-01. <\/p>\n

41 \tM.P.: Ruth Marina D\u00edaz. Exp. \t2005-00611-01.
\n42 \tM.P.: Arturo Solarte Rodr\u00edguez. Exp. \t1989-00042-01.
\n43 \tSC002-2018. Exp. 11001-31-03-027-2010-00578-01<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC3862-2019 Radicaci\u00f3n: 73001-31-03-001-2014-00034-01 (Aprobado parcialmente en Sala de veintitr\u00e9s de mayo de dos mil dieciocho y definitivamente en Sesi\u00f3n de veinte de junio de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) 1. ANTECEDENTES 1.1. El petitum. El demandante solicit\u00f3, declarar la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102536","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102536","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102536"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102536\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102536"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102536"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102536"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}