{"id":102537,"date":"2026-07-02T15:50:27","date_gmt":"2026-07-02T15:50:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102537"},"modified":"2026-07-02T15:50:27","modified_gmt":"2026-07-02T15:50:27","slug":"sc3954-2019-2014-00890-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc3954-2019-2014-00890-00\/","title":{"rendered":"SC3954-2019 (2014-00890-00)"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado Ponente
\nSC3954-2019
\nRadicaci\u00f3n \tn\u00b0 11001-02-03-000-2014-00890-00
\n(Aprobada en sesi\u00f3n de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve)
\nBogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de Sandra Patricia Garc\u00eda Roa frente al fallo de 12 de diciembre de 2012, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del proceso de privaci\u00f3n de patria potestad de la impugnante, en representaci\u00f3n de la menor Lizza Manuela Katrina Puig Garc\u00eda, contra Jorge Alberto Puig Machado.
\nI.ANTECEDENTES <\/p>\n

i. En el litigio que promovi\u00f3 \t\t\tla Defensor\u00eda de Familia del ICBF Regional Bogot\u00e1 a \t\t\tsolicitud de Sandra Patricia Garc\u00eda Roa contra Jorge \t\t\tAlberto Puig Machado, el a quo profiri\u00f3 sentencia el \t\t\t18 de abril de 2012, en la que dispuso suspender la patria \t\t\tpotestad del demandado respecto de su hija en com\u00fan, \t\t\tdecisi\u00f3n que fue apelada por ambas partes (fls. 519 al 545, \t\t\tcno. 1, rad. 2010-00413). \t <\/p>\n

ii. El superior, en fallo de 12 \t\t\tde diciembre de 2012, revoc\u00f3 esa determinaci\u00f3n y \t\t\tneg\u00f3 las pretensiones, dej\u00f3 en custodia provisional \t\t\tdel padre a la adolescente, fij\u00f3 cuota alimentaria a cargo \t\t\tde la madre y ordeno al Instituto Colombiano de Bienestar familiar \t\t\thacer seguimiento al caso (fls. 317 al 343, cno. 3, rad. \t\t\t2010-00413). \t <\/p>\n

iii. Sandra Patricia Garc\u00eda \t\t\tRoa, actuando en nombre propio y en representaci\u00f3n de su \t\t\tdescendiente, pide que se invalide la providencia cuestionada y \t\t\tpara el efecto invoca las siguientes causales de revisi\u00f3n \t\t\t(fls. 89 al 93): \t <\/p>\n

1. La primera, por \u00abhechos \t\t\t\tconstitutivos de fuerza mayor que imposibilitaron la oportuna \t\t\t\taportaci\u00f3n (\u2026) por parte de la recurrente\u00bb \t\t\t\tde la entrevista a la ni\u00f1a y la Resoluci\u00f3n de \t\t\t\tmodificaci\u00f3n de una medida en tr\u00e1mite relacionado \t\t\t\tcon su custodia en la Defensor\u00eda de Familia de San \t\t\t\tCrist\u00f3bal, ambas del 6 de diciembre de 2012, toda vez que \t\t\t\tel Defensor de Familia no atendi\u00f3 la solicitud de \t\t\t\tremitirlas al Tribunal, \u00absituaci\u00f3n \u00e9sta \t\t\t\tque escap\u00f3 de las manos de la actora, constituy\u00e9ndose \t\t\t\tpara ella en un acto irresistible (fuerza mayor)\u00bb. \t\t \t <\/p>\n

2. La octava por vicios de \t\t\t\tnulidad que afectan el debido proceso de conformidad con el \t\t\t\tart\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en \t\t\t\tvista de que a pesar de haberse fijado por el ad quem fecha \t\t\t\tpara desatar la alzada, el demandado \u00aben momento \t\t\t\tprocesal no oportuno allega documental en donde aparentemente se \t\t\t\tcuestiona la conducta\u00bb de la progenitora y con ello \t\t\t\tprovoc\u00f3 el decreto de pruebas de oficio que s\u00f3lo lo \t\t\t\tfavorecieron a \u00e9l, aunado a falencias en la valoraci\u00f3n \t\t\t\tprobatoria con incumplimiento \u00abde lo ordenado legalmente \t\t\t\ten el art\u00edculo 187 del C.P.C.\u00bb. \t\t \t <\/p>\n

iv. Luego de \t\t\tconceder amparo de pobreza a la opugnadora (fls. 60 al 63 cno. 2), \t\t\tpor lo que qued\u00f3 relavada de constituir la cauci\u00f3n \t\t\texigida por el art\u00edculo 383 del C\u00f3digo de \t\t\tProcedimiento Civil, se solicit\u00f3 en pr\u00e9stamo el \t\t\texpediente al Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 \t\t\t(fls. 102 al 104). \t <\/p>\n

v. Admitido \t\t\tel libelo se dispuso correr traslado al progenitor; al Procurador \t\t\tDelegado para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la \t\t\tAdolescencia y la Familia; y a la Defensor\u00eda de Familia \t\t\t(fls. 169 y 170). \t <\/p>\n

vi. El \t\t\tMinisterio P\u00fablico conceptu\u00f3 que \u00ablos \t\t\tfundamentos de la demanda no son concluyentes para adoptar \t\t\tdecisi\u00f3n favorable a los intereses de la libelista\u00bb \t\t\t(fls. 175 al 177). \t <\/p>\n

Jorge Alberto Puig Machado se opuso a lo pedido (fls. 216 al 222). <\/p>\n

A su vez la Defensora de Familia no observ\u00f3 \u00abque sea procedente lo solicitado por la peticionaria, por falta de pruebas que soporten su inter\u00e9s\u00bb (fls. 228 al 231). <\/p>\n

vii. Agotado el \t\t\tdecreto y recaudo de pruebas, se corri\u00f3 traslado para \t\t\talegar a los intervinientes, quienes insistieron en sus posiciones \t\t\t(fls. 257 al 271). \t <\/p>\n

II.CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Aunque el C\u00f3digo \tGeneral del Proceso entr\u00f3 en vigencia a partir del 1\u00ba de \tenero de 2016, de conformidad con el art\u00edculo 1\u00b0 del \tAcuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, esta \timpugnaci\u00f3n extraordinaria se rige por las disposiciones del \tC\u00f3digo de Procedimiento Civil y con base en estas ser\u00e1 \tresuelto, dado que fue instaurado el 28 de abril de 2014 y de \tconformidad con el art\u00edculo 624 del primer estatuto citado, \tque modific\u00f3 el 40 de la Ley 153 de 1887, \u00ablos \trecursos interpuestos (\u2026), se regir\u00e1n por las leyes \tvigentes cuando se interpusieron\u00bb. <\/p>\n

2. Si bien el art\u00edculo 331 \tdel estatuto procesal civil fija las reglas en virtud de las cuales \tlas providencias judiciales cobran firmeza, el 379 ib\u00eddem \tabre el camino para que en expresos eventos las sentencias \tejecutoriadas puedan ser examinadas, ya sea por dificultades o \tirregularidades en el recaudo de los elementos de convicci\u00f3n, \tactos de colusi\u00f3n, indebida representaci\u00f3n o vicios \tostensibles que afectan la validez de lo tramitado. <\/p>\n

Eso no quiere decir que ese remedio excepcional se constituya en una nueva oportunidad para reabrir el debate a manera de tercera instancia, sugerir propuestas argumentativas alternas por muy convincentes que sean, ni superar deficiencias en la estructuraci\u00f3n del caso o la estrategia de defensa, puesto que su viabilidad deriva de graves falencias que se advierten con posterioridad a la culminaci\u00f3n del pleito sin que existiera posibilidad de analizarlas en el fallo. <\/p>\n

Como bien se dijo en SC 15 nov. 2012, rad. 2010-00754, <\/p>\n

[t]al figura es una expresi\u00f3n del deber de administrar cumplida justicia evitando las decisiones contrarias a ella, con el fin de solventar situaciones que afecten las garant\u00edas procesales de las partes, para, de ser necesario y acreditado uno o varios de los motivos esgrimidos, invalidar lo inadecuadamente tramitado o proferir un nuevo fallo en el que se protejan sus derechos, tanto adjetivos como sustanciales (\u2026) No obstante, el recurso de revisi\u00f3n por su connotaci\u00f3n extraordinaria debe reunir determinados supuestos, de un lado encajando dentro de las situaciones que para el efecto consagra la ley procesal y del otro correspondiendo a verdaderos descubrimientos o hechos nuevos que patenticen la irregularidad alegada, ajena a la desidia o descuido de los deberes propios de quienes estuvieron involucrados en la litis, toda vez que si existi\u00f3 campo para su discusi\u00f3n dentro del curso normal del debate no es este el escenario propicio para hacerlo, ya que se convertir\u00eda en una nueva instancia o la oportunidad de reabrir etapas debidamente preclu\u00eddas con amparo en la normatividad vigente. <\/p>\n

Y en CSJ SC 23 ago. 2011, rad. 2011-01192, agreg\u00f3 la Corporaci\u00f3n que <\/p>\n

[p]or la connotaci\u00f3n que revisten esas limitaciones se ha sostenido que los supuestos f\u00e1cticos llamados a configurar los diversos motivos deben constituir aut\u00e9nticas novedades procesales, para dar a comprender que ella s\u00f3lo tiene cabida ante \u201ccircunstancias que, en t\u00e9rminos generales, son extr\u00ednsecas o ajenas al proceso en el cual se profiri\u00f3 la sentencia que por tal medio se impugna\u201d, que, por tanto, \u201cconstituyen aspectos novedosos frente a \u00e9l, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aqu\u00e9lla, ora porque no empece antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hip\u00f3tesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redund\u00f3 en la adopci\u00f3n de una resoluci\u00f3n injusta\u201d (sentencia 234 de 1\u00ba de diciembre de 2000, expediente 7754). (\u2026) Cuando se reclama que los aspectos esgrimidos deben constituir aut\u00e9nticas novedades, se exige que el hecho o medio probatorio aducido, con base en el cual se invoque el particularmente seleccionado, no haya formado parte del proceso donde se dict\u00f3 el fallo (\u2026), por supuesto que no se colma este presupuesto cuando la circunstancia al efecto escogida fue evaluada en el pleito en que se dict\u00f3 la resoluci\u00f3n que se revisa, porque en esa hip\u00f3tesis no se estar\u00eda en presencia de ning\u00fan acontecimiento nuevo respecto del ya transitado. <\/p>\n

3. El ejercicio del referido \tmecanismo de contradicci\u00f3n se encuentra limitado en el \ttiempo, puesto que el art\u00edculo 381 ejusdem, modificado por el \tnumeral 191 art\u00edculo 1 del Decreto 2282 de 1989, fija un \tplazo de dos a\u00f1os contados desde la ejecutoria del prove\u00eddo \ta atacar para hacer uso del mismo, ya sea que se aduzca el primer \tmotivo de discordia o el octavo. <\/p>\n

Incluso la presentaci\u00f3n extempor\u00e1nea justifica su rechazo al tenor del cuarto inciso del art\u00edculo 383 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil con la reforma del numeral 192 art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 2282 de 1989, sin que se supere tal obst\u00e1culo por darle curso, existiendo lugar a constatar su oportunidad en este estado. <\/p>\n

En el presente caso el libelo se inco\u00f3 el 28 de abril de 2014, esto es, antes de que se cumpliera un bienio computado desde el 12 de diciembre de 2012, data de la decisi\u00f3n puesta en duda. Adem\u00e1s, en el mismo auto admisorio de 5 de junio de 2015 se tuvo notificado por conducta concluyente a Jorge Alberto Puig Machado, fuera de que las entidades convocadas se enteraron los d\u00edas 23 y 30 de los mismos mes y a\u00f1o (fls. 169, 170, 174 y 226), por lo que oper\u00f3 la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino extintivo a la luz del art\u00edculo 90 del estatuto procesal civil con la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 10 de la Ley 794 de 2003, raz\u00f3n por la cual resulta tempestiva la censura. <\/p>\n

4. Ahora, como previene el \tart\u00edculo 379 ejusdem \u00abel recurso extraordinario de \trevisi\u00f3n procede contra las sentencias ejecutoriadas de la \tCorte Suprema, los tribunales superiores, los jueces de circuito, \tmunicipales y de menores\u00bb, lo que no quiere decir que se \textienda a todas las que se profieran en el curso de los procesos, \tsino a aquellas que una vez en firme quedan inalterables, pues, son \tlas \u00fanicas que ameritan su quiebre. <\/p>\n

De tal manera que cuando esa clase de providencias \u00abdecidan situaciones susceptibles de modificaci\u00f3n mediante proceso posterior, por autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u00bb y, por ende, sin que constituyan cosa juzgada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 333 id, no son susceptibles de examen por esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n

La Sala en AC 2 sep. 2013, rad. 2013-01525-00, citado en AC2817-2014, record\u00f3 como <\/p>\n

[d]e tiempo atr\u00e1s tiene dicho la Corporaci\u00f3n que \u201cen el campo del derecho procesal no puede establecerse sinonimia entre las expresiones sentencia ejecutoriada y sentencia definitiva, por cuanto la primera es la sentencia que, seg\u00fan la ley, es irrecurrible, o que si\u00e9ndolo, no fue impugnada, raz\u00f3n por la cual no puede modificarse en el proceso en que se profiri\u00f3; sin embargo, tal ejecutoria no impide que, en ciertos casos y seg\u00fan la naturaleza de la controversia que define la sentencia, el contenido de \u00e9sta pueda modificarse, en proceso posterior; y la segunda, en cambio, es la que a m\u00e1s de encontrarse ejecutoriada, constituye cosa juzgada material, y por ende, se torna inmodificable, hasta el punto de que sus efectos no pueden variarse en el proceso posterior, ni de oficio ni a petici\u00f3n de parte\u201d. <\/p>\n

Agrega la Corte que: \u201csi una sentencia solo hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada formal, la declaraci\u00f3n de certeza que ella contenga es solamente interna en sus efectos y por tanto provisional, pero no material o externa. Por consiguiente, esa sentencia no puede ser legalmente susceptible de atacarse con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, pues en tal hip\u00f3tesis no hay valladar alguno que impida hacerle modificaciones en proceso posterior, que ciertamente no es posible hacerle, en el mismo proceso en que se profiri\u00f3 (\u2026) De consiguiente, no son susceptibles del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, por cuanto no constituye cosa juzgada en sentido material las sentencias enumeradas en el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, o sea, las que se dicten en procesos de jurisdicci\u00f3n voluntaria, las que deciden sobre situaciones susceptibles de modificaci\u00f3n mediante proceso posterior, por autorizaci\u00f3n expresa de la ley, las que declaran probada una excepci\u00f3n de car\u00e1cter temporal, que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento y las que contengan decisi\u00f3n inhibitoria sobre el m\u00e9rito del litigio\u201d (G.J. T. CCVIII, p\u00e1g. 252, reiterada en Sent. de Revisi\u00f3n del 22 de septiembre de 1999, exp 6700). <\/p>\n

En lo que a patria potestad se refiere, cualquier disconformidad sobre su ejercicio puede ser sometida a soluci\u00f3n con la intervenci\u00f3n de las diferentes autoridades administrativas y judiciales instituidas para el efecto, indistintamente de que existan pronunciamientos previos en los cuales haya quedado sin mutaci\u00f3n el ejercicio de esa potestad parental o si s\u00f3lo se suspendi\u00f3 para alguno o ambos progenitores, m\u00e1xime cuando los nuevos reclamos provienen de hechos sobrevinientes que lo justifiquen. <\/p>\n

La inalterabilidad de una resoluci\u00f3n sobre esta materia s\u00f3lo se da en los casos de emancipaci\u00f3n, que como prev\u00e9 el art\u00edculo 312 del C\u00f3digo Civil \u00abes un hecho que pone fin a la patria potestad\u00bb, pues, el art\u00edculo 313 de la misma compilaci\u00f3n, seg\u00fan la adici\u00f3n del 8\u00b0 del Decreto 2820 de 1974, establece que \u00abuna vez efectuada es irrevocable\u00bb. <\/p>\n

Corrobora lo anterior el que el art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto 2272 de 1989, que estuvo vigente hasta la entrada en rigor del C\u00f3digo General del Proceso en los t\u00e9rminos del literal c) del art\u00edculo 626 de dicha compilaci\u00f3n, contemplara como asunto de competencia de los jueces de familia, en primera instancia, \u00abla p\u00e9rdida, suspensi\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n de la patria potestad\u00bb, a tramitarse de manera breve y con la conciencia de que la figura en menci\u00f3n est\u00e1 instituida en beneficio de los hijos que no han llegado a la mayor\u00eda de edad. <\/p>\n

En esta oportunidad, como la impugnante manifiesta que el proceso donde se produjo el fallo cuestionado es verbal de privaci\u00f3n de la patria potestad, en el que se negaron las pretensiones de la demanda y dej\u00f3 \u00abprovisionalmente la custodia y cuidado de la menor en cabeza de su progenitor\u00bb, sin que se haya sustra\u00eddo de la misma a la madre, quiere decir que no corresponde a un asunto inmodificable que admita revisi\u00f3n. <\/p>\n

5. De todas formas, as\u00ed se \tpasara por alto la anterior circunstancia, tampoco existen razones \tpara acceder a las aspiraciones de la opugnadora dentro de los \tmotivos expuestos, empezando por resaltar que se\u00f1ala con ese \tprop\u00f3sito los numerales 1\u00b0 y 8\u00b0 del \u00abart. \t355 C.G.P.\u00bb, sin tener en cuenta que el C\u00f3digo \tGeneral del Proceso, en lo que respecta a la norma citada, no hab\u00eda \tempezado a regir cuando se acudi\u00f3 al medio de contradicci\u00f3n, \tseg\u00fan se desprende del art\u00edculo 627 numeral 6 de dicha \tcompilaci\u00f3n, en consonancia con los Acuerdos PSA13-10073 y \tPSAA14-10155 del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

Aun siendo m\u00e1s laxos, bajo el entendido de que se refer\u00eda a las sim\u00e9tricas eventualidades que contemplaba el art\u00edculo 380 del estatuto procesal civil, consistentes en \u00ab1. Haberse encontrado despu\u00e9s de pronunciada la sentencia documentos que habr\u00edan variado la decisi\u00f3n contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria\u00bb y \u00ab8. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb, tampoco se cumplen las exigencias particulares de cada una, como pasa a verse: <\/p>\n

1. La primera causal se \trefiere a documentos preexistentes al momento en que se inici\u00f3 \tel pleito o, a m\u00e1s tardar, para cuando vence la \u00faltima \toportunidad para la solicitud de medios de convicci\u00f3n, que en \tel caso de las sentencias apeladas es \u00aben el t\u00e9rmino \tde ejecutoria del auto que admita el recurso\u00bb, si se dan \tlos supuestos del art\u00edculo 361 ib\u00eddem, entre los \tcuales est\u00e1 \u00ab[c]uando versen sobre hechos ocurridos \tdespu\u00e9s de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en \tprimera instancia, pero solamente para demostrarlos o \tdesvirtuarlos\u00bb. <\/p>\n

Como se resalt\u00f3 en SC1901-2019, <\/p>\n

[e]n cuanto a la primera de las v\u00edas de revisi\u00f3n invocadas, la Corte, en CSJ SC, 25 jun. 2009, rad. 2005-00251-01, adujo lo siguiente: <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el alcance de este supuesto normativo tiene sentado la Corporaci\u00f3n que, dada \u201cla finalidad propia del recurso, no se trata\u2026 de mejorar la prueba aducida deficientemente al proceso en el que se dict\u00f3 la sentencia cuyo aniquilamiento se busca, o de producir otra despu\u00e9s de pronunciado el fallo; se contrae\u2026 a demostrar que la justicia, por absoluto desconocimiento de un documento que a pesar de su preexistencia fue imposible [la] oportuna aducci\u00f3n por el litigante interesado, profiri\u00f3 un fallo que resulta a la postre paladinamente contrario a la realidad de los hechos y por ende palmariamente injusto\u201d, puesto que no \u201ces lo mismo recuperar una prueba que producirla o mejorarla\u201d, ya que, de lo contrario, no habr\u00eda jam\u00e1s cosa juzgada, bastando que el litigante vencido en un juicio adecuara la prueba en el de revisi\u00f3n o produjera otra. De all\u00ed que, desde este punto de vista, \u201cla prueba de eficacia en revisi\u00f3n\u2026 debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acci\u00f3n\u201d, de donde si no constituye \u201cesa pieza documental -bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia- una aut\u00e9ntica e incontestable novedad frente al material\u2026 recogido en el proceso, la predicada injusticia de esta resoluci\u00f3n no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido\u201d; debe, por tanto, \u201ctratarse de una prueba espec\u00edfica, la documental, que preexista en las oportunidades probatorias, no despu\u00e9s, s\u00f3lo que el recurrente no pudo aducirla por causas ajenas a su voluntad. El medio…\u2018debi\u00f3 existir desde el momento mismo en que se present\u00f3 la demanda, o por lo menos desde el vencimiento de la \u00faltima oportunidad procesal para aportar pruebas, no siendo admisible, en consecuencia, la que se encuentre o configure despu\u00e9s de pronunciada la sentencia\u201d (Sentencia de 12 de junio de 1987, sin publicar). \u2026 el hecho de que con posterioridad al fallo, se encuentre un documento que hubiera podido hacer variar la decisi\u00f3n combatida, no es suficiente para sustentar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u2026\u201d. (subrayas ajenas al texto). <\/p>\n

Por ende, como los \u00abdocumentos\u00bb que se dicen \u00abhallados\u00bb, consistentes en la entrevista a la menor involucrada en el debate y una Resoluci\u00f3n en diligencias administrativas relacionadas con ella, se produjeron del 6 de diciembre de 2012, eso quiere decir que no encajan dentro de los requerimientos narrados ya que fueron muy posteriores a la ejecutoria del auto de 10 de mayo de 2012, cuando se admiti\u00f3 la alzada por el Tribunal (fl. 3 cno. 3, rad. 2010-00413). <\/p>\n

Eso sin entrar a calificar las razones que se se\u00f1alan como constitutivas de \u00abfuerza mayor o caso fortuito\u00bb que impidieron aportarlas, no relacionadas con circunstancias insuperables para la promotora sino con el descuido de un Defensor de Familia. <\/p>\n

2. Respecto de la nulidad en que \tse hace consistir la causal octava, consistente en una afrenta al \tdebido proceso en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 29 de la \tConstituci\u00f3n Nacional, relacionado con el decreto de pruebas \tde oficio por el fallador de segundo grado, tal situaci\u00f3n no \tconstituye uno de los expresos eventos que permiten revisar la \tdecisi\u00f3n. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con la cita gen\u00e9rica del precepto superior, la Corte en SC21722-2017, se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n

[l]a simple cita del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no logra consolidar un motivo especial y aut\u00f3nomo de anulaci\u00f3n por violaci\u00f3n al debido proceso, puesto que la norma consagra ese principio superior como de car\u00e1cter general, precisando como \u00fanica regla concreta con ese alcance el que es \u00abnula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb y de eso no se trata lo que expone el impugnante. <\/p>\n

Las precisiones reiterativas del inconforme antes que fundamentar graves vicios susceptibles de corregir, lo que evidencian es una profunda resistencia a admitir lo resuelto por el sentenciador, formulando una propuesta de valoraci\u00f3n probatoria acorde con sus intereses, como si lo perseguido fuera un pronunciamiento en tercera instancia que le diera la raz\u00f3n. <\/p>\n

Como bien dej\u00f3 dicho la Sala en CSJ SC6958-2014, <\/p>\n

Para la configuraci\u00f3n de la causal bajo an\u00e1lisis \u2013tiene dicho esta Corporaci\u00f3n- es imperativo que la nulidad que surge del fallo mismo, sea de naturaleza estrictamente procesal, en tanto que la finalidad del recurso extraordinario se dirige a \u00ababolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa\u00bb (CSJ SC, 22 Sep. 1999, Rad. 7421), circunstancia que excluye la posibilidad de reabrir nuevamente el debate ya concluido, so pretexto de alegar una irregularidad inexistente (\u2026) En ese orden, el motivo de invalidaci\u00f3n denunciado debe corresponder a alguno de los establecidos en el art\u00edculo 140 de la normatividad adjetiva, o al previsto en el inciso final del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que contempla la nulidad de la prueba obtenida con violaci\u00f3n al debido proceso (\u2026) Sobre lo anterior sostuvo la Corte que ha de tratarse de \u00abuna irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido. (Sent. Rev. S-078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que \u2018los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -a m\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u2026 se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes\u00bb (\u2026) Y agreg\u00f3: \u00ab(\u2026) no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representaci\u00f3n ni falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, que constituye causal espec\u00edfica y aut\u00f3noma de revisi\u00f3n, como lo indica el numeral 7\u00ba del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad\u2026\u00bb. (CLVIII, 134), (CSJ SC, 29 Oct. 2004, Rad. 03001). <\/p>\n

Si nada se discute sobre la obtenci\u00f3n de una prueba con violaci\u00f3n del debido proceso, sino la inconformidad de que el Tribunal hiciera uso de una facultad que le confieren los art\u00edculos 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ning\u00fan fundamento le asiste a la opugnadora para acudir por esta senda excepcional. <\/p>\n

6. Por si lo anterior fuera poco, \ten esta oportunidad el efecto que se busca con este medio de \tcontradicci\u00f3n, para que se reconsideren las determinaciones \ttomadas respecto de la patria potestad de Lizza Manuela Katrina \tPuig, as\u00ed como su custodia y cuidado personal, carece de \tsentido pr\u00e1ctico en la actualidad toda vez que Lizza Manuela \tnaci\u00f3 el 6 de diciembre de 1998, como consta en el registro \tcivil aportado (fl. 1, cno. 1, rad. 2010-00413), lo que quiere decir \tque lleg\u00f3 a su mayor\u00eda de edad el 6 de diciembre de \t2016 y nada habr\u00eda que decidir sobre el particular hoy en \td\u00eda. <\/p>\n

7. Toda vez que el pronunciamiento \tatacado no era susceptible de cuestionar por esta senda, fuera de \tque las objeciones son infundadas e irrelevantes en su prop\u00f3sito, \tfracasa el recurso extraordinario. <\/p>\n

Si bien no se impondr\u00e1n costas a la opugnadora porque goza de amparo de pobreza, lo que la exonera de asumir esta carga pecuniaria seg\u00fan lo reglado en el art\u00edculo 163 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, s\u00ed se le ordenar\u00e1 asumir los detrimentos ocasionados con su interposici\u00f3n, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

8. En vista de que en el tr\u00e1mite \tse cont\u00f3 con la participaci\u00f3n del Procurador Delegado \tpara la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la \tFamilia, as\u00ed como de la Defensor\u00eda de Familia, por \tmandato de los art\u00edculos 32 numeral 2 del Decreto 262 de 2000 \ty 82 numeral 11 de la Ley 1098 de 2006, respectivamente, se \tdispondr\u00e1 su enteramiento en los t\u00e9rminos del numeral \t3 del art\u00edculo 314 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \tcon la modificaci\u00f3n introducida por el numeral 143 del \tart\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 2282 de 1989. <\/p>\n

III.DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que formul\u00f3 Sandra Patricia Garc\u00eda Roa frente al fallo de 12 de diciembre de 2012, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del proceso de privaci\u00f3n de patria potestad de la impugnante, en representaci\u00f3n de la menor Lizza Manuela Katrina Puig Garc\u00eda, contra Jorge Alberto Puig Machado. <\/p>\n

TERCERO: Devolver el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dict\u00f3 la sentencia objeto de revisi\u00f3n, salvo el cuaderno de la Corte, agregando copia de la presente providencia. <\/p>\n

CUARTO: Archivar la actuaci\u00f3n, una vez cumplidas las \u00f3rdenes impartidas. <\/p>\n

QUINTO: Disponer la notificaci\u00f3n personal de est\u00e9 prove\u00eddo a los funcionarios p\u00fablicos que actuaron en curso del diligenciamiento en su car\u00e1cter de tales. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

OCTAVIO AUGUISTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente SC3954-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2014-00890-00 (Aprobada en sesi\u00f3n de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de Sandra Patricia Garc\u00eda Roa frente al fallo de 12 de diciembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102537","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102537","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102537"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102537\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102537"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102537"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102537"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}