{"id":102539,"date":"2026-07-02T15:50:44","date_gmt":"2026-07-02T15:50:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102539"},"modified":"2026-07-02T15:50:44","modified_gmt":"2026-07-02T15:50:44","slug":"sc3955-2019-2018-02393-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc3955-2019-2018-02393-00\/","title":{"rendered":"SC3955-2019 (2018-02393-00)"},"content":{"rendered":"
Magistrado Ponente
\nSC3955-2019
\nRadicaci\u00f3n \tn\u00b0 11001-02-03-000-2018-02393-00
\n(Aprobada en sesi\u00f3n de diecinueve de junio de dos mil diecinueve)
\nBogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de Sergio Eduardo Luj\u00e1n Saad frente al fallo de 17 de agosto de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso verbal que adelant\u00f3 contra Country Motors S.A.
\nI.ANTECEDENTES <\/p>\n

i. El impugnante por medio de \t\t\tacci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual promovida \t\t\tante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de \t\t\tBarranquilla, busc\u00f3 que se condenara a Country Motors S.A. \t\t\ta indemnizarle los perjuicios por la entrega de $300\u2019000.000 \t\t\tque hizo a su Coordinadora de Operaciones Departamento de \t\t\tServicios para hacer pr\u00e9stamos a los empleados de la \t\t\tempresa, sin que le fueran devueltos, suma a ser reconocida a \t\t\tt\u00edtulo de da\u00f1o emergente y como lucro cesante \t\t\t$64\u2019000.000 por intereses dejados de percibir, a la tasa del \t\t\t1.2% mensual desde el 1 de noviembre de 2012 hasta la presentaci\u00f3n \t\t\tdel libelo, todo ello debidamente indexado (fls. 1 al 22, cno. 1, \t\t\trad. 2014-00201). \t <\/p>\n

ii. La primera instancia culmin\u00f3 \t\t\tcon sentencia desestimatoria de 22 de febrero de 2016, que apel\u00f3 \t\t\tel promotor (fls. 182 y 183, cno. 1, rad. 2014-00201). \t <\/p>\n

iii. El superior, en fallo de 17 \t\t\tde agosto de 2016, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n (fls. \t\t\t14 y 15, cno. 3, rad. 2014-00201). \t <\/p>\n

iv. Sergio Eduardo Luj\u00e1n \t\t\tSaad pretende que en virtud del recurso extraordinario de revisi\u00f3n \t\t\tse invalide la providencia del ad quem con amparo en la \t\t\tcausal sexta del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del \t\t\tProceso, por maniobras fraudulentas de la contraparte en \t\t\tdetrimento de sus intereses, al dejar de aportar la direcci\u00f3n \t\t\tde una declarante clave que ella misma hab\u00eda pedido citar y \t\t\t\u00abfalsear los testimonios\u00bb de Clemente Rojas \t\t\tRam\u00edrez y Ana Carmela Barcasnegras Viloria (fls. 516 al \t\t\t527). \t <\/p>\n

v. Luego de \t\t\trecibir el expediente del verbal, que se encontraba en el Despacho \t\t\tde primer grado, se admiti\u00f3 el medio de contradicci\u00f3n \t\t\ten providencia que dispuso correr traslado a la sociedad que \t\t\ttambi\u00e9n particip\u00f3 all\u00ed (fl. 538). \t <\/p>\n

vi. Country \t\t\tMotors S.A. se opuso y excepcion\u00f3 \u00abausencia \t\t\tde los requisitos exigidos para que se configure la causal 6\u00aa \t\t\tde revisi\u00f3n invocada\u00bb, \t\t\t\u00abmala fe del demandante\u00bb \t\t\te \u00abinexistencia de da\u00f1o \t\t\to perjuicio\u00bb \t\t\t(fls. 556 al 576). \t <\/p>\n

vii. En el auto \t\t\tde decreto de pruebas, en el cual se advirti\u00f3 que las \t\t\tobrantes se apreciar\u00edan por su valor legal y que no quedaba \t\t\talguna pendiente de recaudo, se prescindi\u00f3 de la audiencia \t\t\tdel art\u00edculo 358 del C\u00f3digo General del Proceso con \t\t\tel fin de proferir sentencia anticipada (fl. 621), como lo \t\t\tautoriza el numeral 2 del inciso final del art\u00edculo 278 \t\t\tib\u00eddem y que no es ajeno al tr\u00e1mite como aconteci\u00f3 \t\t\ten SC5671-2018 y SC2776-2018 entre otras. \t <\/p>\n

II.CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Si bien el art\u00edculo \t302 del C\u00f3digo General del Proceso fija las reglas en virtud \tde las cuales las providencias judiciales cobran firmeza, el 354 \tejusdem abre el camino para que en expresos eventos las \tsentencias ejecutoriadas puedan ser examinadas, ya sea por \tdificultades o irregularidades en el recaudo de los elementos de \tconvicci\u00f3n, actos de colusi\u00f3n, indebida representaci\u00f3n \to vicios ostensibles que afectan la validez de lo tramitado. <\/p>\n

Eso no quiere decir que ese remedio excepcional se constituya en una nueva oportunidad para reabrir el debate a manera de tercera instancia, sugerir propuestas argumentativas alternas por muy convincentes que sean, ni superar deficiencias en la estructuraci\u00f3n del caso o la estrategia de defensa, puesto que su viabilidad deriva de graves falencias que se advierten con posterioridad a la culminaci\u00f3n del pleito sin que existiera posibilidad de analizarlas en el fallo. <\/p>\n

Como se dijo en SC5671-2018, <\/p>\n

[s]i bien el principio de la cosa juzgada se erige como pilar esencial de la seguridad jur\u00eddica, el recurso de revisi\u00f3n fue concebido como un mecanismo excepcional para remover la inmutabilidad de las decisiones judiciales definitivas, en aras de preservar la supremac\u00eda de la justicia cuando se configure alguna de las circunstancias que el legislador estableci\u00f3 de manera taxativa en el art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, que permiten infirmar las sentencias que se hayan pronunciado sin contar con documentos que hubieran modificado el criterio del fallador y que por las razones all\u00ed consagradas no pudieron aportarse en la oportunidad legal, as\u00ed como las obtenidas fraudulentamente o con quebrantamiento del debido proceso, e incluso, en la hip\u00f3tesis del numeral 9\u00ba ib\u00eddem se tutela la seguridad jur\u00eddica al impedir la coexistencia de providencias contradictorias. <\/p>\n

En esa medida, como medio de impugnaci\u00f3n extraordinario que es, la revisi\u00f3n no constituye un escenario de instancia en el que puedan exponerse o debatirse las mismas pretensiones o excepciones ventiladas y ya decididas a lo largo del proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia enjuiciada, pues en s\u00ed mismo, el mencionado recurso es un remedio extremo concebido para conjurar situaciones irregulares que en su momento distorsionaron la sana y recta administraci\u00f3n de justicia, hasta tal punto que, de no subsanarse, se privilegiar\u00eda la adopci\u00f3n de decisiones opuestas a dicho valor, en contrav\u00eda de principios fundamentales del Estado de Derecho. <\/p>\n

2. El ejercicio del referido \tmecanismo de contradicci\u00f3n se encuentra limitado en el \ttiempo, puesto que el art\u00edculo 356 id, fija un plazo de dos \ta\u00f1os contados desde la ejecutoria del prove\u00eddo a \tatacar para hacer uso del mismo cuando se aduce el sexto motivo de \tdiscordia. <\/p>\n

Incluso la presentaci\u00f3n extempor\u00e1nea justifica su rechazo al tenor del tercer inciso del art\u00edculo 353 de la referida compilaci\u00f3n, sin que se supere tal obst\u00e1culo por darle curso, existiendo lugar a constatar su oportunidad en este estado. <\/p>\n

Como en el presente caso el inconforme inco\u00f3 el libelo el 16 de agosto de 2018 (fl. 528), quiere decir que fue tempestivo si se tiene en cuenta que lo hizo antes de cumplir los dos a\u00f1os siguientes al 17 de agosto de 2016, data de la decisi\u00f3n puesta en duda. Adem\u00e1s, el auto admisorio de 23 de octubre de 2018 se notific\u00f3 a Country Motors S.A. el 27 de noviembre siguiente (fl. 554), por lo que oper\u00f3 la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino extintivo a la luz del art\u00edculo 94 del estatuto procesal vigente. <\/p>\n

3. Respecto de la raz\u00f3n de \tdisconformidad expuesta, esto es, la sexta del art\u00edculo 355 \tdel C\u00f3digo General del Proceso, consistente en \u00ab[h]aber \texistido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes \ten el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya \tsido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado \tperjuicios al recurrente\u00bb, se contrae a hechos externos al \tlitigio pero con ocurrencia mientras est\u00e1 en curso y con el \tprop\u00f3sito expreso de torpedearlo, ya sea por desfiguraci\u00f3n \tu ocultamiento malintencionado de la verdad, sin que se admitan como \ttales situaciones de insuficiencia en el recaudo de las pruebas o la \tforma como fueron sopesadas \u00e9stas al proferir la decisi\u00f3n. <\/p>\n

Se trata de un proceder de cualquiera de los litigantes encaminado a desfigurar el ambiente procesal, en el que debe primar un desempe\u00f1o con lealtad y probidad, lo que precisamente se desatiende con actuaciones defraudatorias en el devenir contencioso a sabiendas de que ri\u00f1en con el debido ejercicio del derecho de acci\u00f3n o defensa, para direccionar un resultado que atente contra el prop\u00f3sito de lograr una \u00abtutela jurisdiccional efectiva\u00bb contemplado en el art\u00edculo 2 ejusdem. <\/p>\n

Dicha causal de revisi\u00f3n en la redacci\u00f3n del estatuto procesal vigente se mantiene id\u00e9ntica a la que contemplaba el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por lo que conserva relevancia lo que sobre el particular se record\u00f3 en SC12559-2014, seg\u00fan la cual <\/p>\n

Los t\u00e9rminos colusi\u00f3n y fraude llevan impl\u00edcita una infracci\u00f3n a la normatividad vigente, en detrimento de determinada persona, bien natural ora jur\u00eddica, y as\u00ed lo define el DRAE cuando dice que el primero es el \u00abpacto il\u00edcito en da\u00f1o de tercero\u00bb, mientras que el \u00faltimo es \u00abacto tendiente a eludir una disposici\u00f3n legal en perjuicio del Estado o de terceros\u00bb. <\/p>\n

Seg\u00fan criterio de la Corte, se\u00f1alado en SR de 30 de junio de 1988 y 11 de septiembre de 1990, entre otras, G. J., T. CCIV, p\u00e1gina 45, citadas en la de 19 de diciembre de 2011, rad. 2008-01281-00, esas maniobras fraudulentas comportan \u201c(\u2026) una actividad enga\u00f1osa que conduzca al fraude, una actuaci\u00f3n torticera, una maquinaci\u00f3n capaz de inducir a error al juzgador al proferir el fallo en virtud de la deformaci\u00f3n artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultaci\u00f3n de los mismos por medios il\u00edcitos; es en s\u00edntesis, un artificio ingeniado y llevado a la pr\u00e1ctica con el prop\u00f3sito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia\u201d. <\/p>\n

Lo que complementa la Sala, seg\u00fan SR 243 de 7 de diciembre de 2000, rad. 007643, con que sus elementos esenciales son \u201c(\u2026) una conducta fraudulenta, unilateral o colusiva, realizada con el fin de obtener una sentencia contraria a derecho, que a su turno cause perjuicios a una de las partes o a un tercero, y determinante, por lo decisiva, de la sentencia injusta. Todo el fen\u00f3meno de la causal dicha puede sintetizarse diciendo que maniobra fraudulenta existe en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intenci\u00f3n de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin\u201d. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, debe corresponder a situaciones ajenas al pleito y que no se hayan controvertido dentro del mismo o que pudi\u00e9ndolo hacer se dejaron pasar, pues, de ser as\u00ed se estar\u00eda reabriendo la discusi\u00f3n como si se tratara de su replanteamiento o un reexamen de los puntos desatados, lo que se aleja de los fines propios de esta impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n

Como estim\u00f3 la Corporaci\u00f3n en SR 208 de 18 de diciembre de 2006, expediente 2003-00159-01, es \u201c(\u2026) requisito para que determinada situaci\u00f3n pueda calificarse de maniobra fraudulenta, como causa eficiente para dar lugar a la revisi\u00f3n\u2026, que la misma resulte de hechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de \u00e9l, pues si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas all\u00ed, o que pudieron serlo, la revisi\u00f3n no es procedente por la sencilla raz\u00f3n de que aceptar lo contrario ser\u00eda tanto como permitir, que al juez de revisi\u00f3n se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo el litigio\u201d. <\/p>\n

4. En esta oportunidad no se \tencuentra fundamento a las exposiciones del opugnador, ya que es \tmanifiesta la deficiencia probatoria frente a los comportamientos \tque endilga a su contraparte y constituyen meras suposiciones sin \tsustento concreto, que pasan a analizarse por separado: <\/p>\n

1. Frente al ocultamiento de \t\t\t\tinformaci\u00f3n sobre el paradero de Lesbia L\u00f3pez \t\t\t\tBorja, quien fue enunciada por Country Motors S.A. como \t\t\t\tdeclarante pero sin que facilitara su comparecencia, vale \t\t\t\tresaltar que fue el impugnante quien desde un comienzo \t\t\t\tdesperdici\u00f3 la posibilidad de que dicha persona asistiera \t\t\t\ta rendir versi\u00f3n sobre lo acontecido con sus \t\t\t\timplicaciones, ya que si como afirma L\u00f3pez Borja pod\u00eda \t\t\t\t\u00abconfesar los hechos de la demanda del se\u00f1or \t\t\t\tSergio Eduardo Luj\u00e1n Saad y, ese riesgo no lo iba a correr \t\t\t\tla doctora Lena Barrios Contreras; y es por eso, que decide \t\t\t\tmanifestar a trav\u00e9s de su apoderado judicial que desconoce \t\t\t\tla direcci\u00f3n de esa testigo clave\u00bb \t\t\t\t(se resalta), resulta extra\u00f1o e il\u00f3gico que frente \t\t\t\ta tal categorizaci\u00f3n \u00e9l mismo prescindiera de \t\t\t\tconvocarla, para limitar su carga demostrativa a las fotocopias \t\t\t\tcon que acompa\u00f1\u00f3 el libelo (fls. 20 y 21, cno. 1, \t\t\t\trad. 2014-00201), a pesar de que seg\u00fan la narraci\u00f3n \t\t\t\tfactual manten\u00eda una comunicaci\u00f3n permanente con \t\t\t\tL\u00f3pez Borja. \t\t \t <\/p>\n

Incluso si tal desidia fuera irrelevante, sin serlo, de todas maneras cont\u00f3 con la oportunidad de plantear dentro de la contienda cualquier descontento por obstrucci\u00f3n en el recaudo de una de las pruebas, que le hubiera sido favorable as\u00ed fuera la contraparte quien al pidi\u00f3, lo que desatendi\u00f3 al guardar silencio frente a la manifestaci\u00f3n de la opositora antes del decreto de pruebas en el sentido de que era su deseo \u00abrenunciar a los testimonios de la se\u00f1ora Lesbia L\u00f3pez y del se\u00f1or Dayron Padilla\u00bb1 y la subsiguiente determinaci\u00f3n de la juzgadora al admitirla, cuando se pronunci\u00f3 al respecto. <\/p>\n

Por dem\u00e1s, como de manera oficiosa se orden\u00f3 el testimonio de Lesbia Cristina L\u00f3pez Borja por considerarlo necesario para el esclarecimiento de las circunstancias, quiere decir que era carga de ambas partes propender por su ubicaci\u00f3n y no solo de la demandada, m\u00e1xime cuando la cercan\u00eda entre Luj\u00e1n Saad y la citada da a entender que conoc\u00eda la localizaci\u00f3n de \u00e9sta o se le facilitaba obtenerla. De ah\u00ed que la inasistencia de L\u00f3pez Borja2 no encaja dentro del supuesto de maniobra maledicente de la contradictora, sino que corresponde a una imposibilidad de ambos litigantes de lograr que acudiera o, en grado extremo, a un desinter\u00e9s conjunto de que lo hiciera con los efectos adversos rec\u00edprocos que de ello derivaba. <\/p>\n

En vista de lo anterior, as\u00ed en la denuncia penal que formul\u00f3 Country Motors S.A. contra Lesbia Cristina L\u00f3pez Borja se\u00f1alara como lugar de notificaci\u00f3n de la denunciada la calle 73 N\u00b0 24-40 de Barranquilla, de lo que se concluye que la sociedad ten\u00eda conocimiento de su residencia y que por dem\u00e1s conservaba para el 3 de abril de 20183, eso solo no conlleva un estorbo en la recepci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de Lesbia, que dicha sociedad solicit\u00f3 en la contestaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n indemnizatoria, puesto que nunca dijo ignorar donde se hallaba, sino que la \u00abdirecci\u00f3n residencial o laboral ser\u00e1 aportada oportunamente para su citaci\u00f3n\u00bb y fuera de eso, antes de que la sentenciadora se pronunciara sobre la viabilidad de dicho medio de convicci\u00f3n, la peticionaria espont\u00e1neamente \u00abrenunci\u00f3\u00bb a su pr\u00e1ctica. <\/p>\n

En resumen, si bien Lesbia Cristina L\u00f3pez Borja era conocedora de las circunstancias de modo y lugar que dieron lugar a la reclamaci\u00f3n del gestor, \u00e9ste no estim\u00f3 necesario hacerla acudir cuando le dio comienzo a la disputa. A pesar de que la contradictora s\u00ed la relacion\u00f3 como testigo abandon\u00f3 tal prop\u00f3sito con antelaci\u00f3n al decreto de pruebas, frente a lo cual ninguna manifestaci\u00f3n hizo el oponente. Por dem\u00e1s, el que la funcionaria estimara importante tal recaudo y as\u00ed lo dispusiera de oficio, significaba que compel\u00eda a ambas partes hacer que Lesbia Cristina estuviera presente en la fecha indicada para el efecto, de ah\u00ed que la inasistencia no pod\u00eda serle imputable a uno de ellos sino que el desinter\u00e9s en escucharla termin\u00f3 siendo compartido. <\/p>\n

Incluso el desconcierto de la falladora de primer grado en el sentido de que \u00abciertamente lamenta que no sea posible recepcionar el testimonio de la se\u00f1ora Lesbia Cristina L\u00f3pez Borja que es la persona que s\u00ed hubiese estado interesada en escuchar su versi\u00f3n de los hechos, pero lastimosamente no ha comparecido en ninguno de los d\u00edas en que se ha desarrollado la audiencia\u00bb fue generalizado, sin que lo dirigiera a alguno de los intervinientes en particular, luego de lo cual ninguno insisti\u00f3 en citar a la deponente o agotar los pasos para obtener su comparecencia forzada. <\/p>\n

Tal situaci\u00f3n dista de constituir un entorpecimiento a dilucidar los aspectos constitutivos de responsabilidad por la demandada, ya que lo que revela es una completa confianza del accionante en que sus aspiraciones ten\u00edan respaldo en los medios de convicci\u00f3n que aport\u00f3 con el libelo y sin que le diera trascendencia a lo que L\u00f3pez Borja pudiera agregar. De ah\u00ed que la relevancia que ahora le atribuye, antes que denunciar un proceder reprochable de la sociedad, obedece m\u00e1s a un replanteamiento de la cuesti\u00f3n frente al fracaso en ambas instancias con el \u00e1nimo de reforzar su estrategia, lo que es inadmisible por esta senda. <\/p>\n

2. La inconformidad frente a \t\t\t\tlas declaraciones de Clemente Rojas y Ana Barcasnegras \t\t\t\tcorresponde m\u00e1s a la causal tercera de revisi\u00f3n en \t\t\t\tel sentido de \u00ab[h]aberse basado la sentencia en \t\t\t\tdeclaraciones de personas que fueron condenadas por falso \t\t\t\ttestimonio en raz\u00f3n de ellas\u00bb, toda vez que los \t\t\t\ttilda de que \u00abfaltaron a la verdad\u00bb y agrega \t\t\t\tque contra ambos formul\u00f3 \u00abdenuncia penal por \t\t\t\tfalso testimonio\u00bb, sin que fuera estructurado el ataque \t\t\t\tbajo ese escenario y lo torna deficiente. \t\t \t <\/p>\n

A pesar de que el opugnador asocia tal comportamiento a una \u00abtotal connivencia y subordinaci\u00f3n con su jefe inmediato Lena Barrios Contreras\u00bb, no deja de ser una simple especulaci\u00f3n sin sustento en alg\u00fan comportamiento comprobado o al menos se prescindi\u00f3 de solicitar alg\u00fan medio de convicci\u00f3n del cual se pudiera extraer un concierto mediado por el temor o dependencia laboral. <\/p>\n

Ahora, la referencia a las supuestas contradicciones en que incurrieron dichos deponentes son reiteraciones de las intervenciones del apoderado del accionante durante la audiencia donde \u00e9stos atendieron los cuestionamientos de las partes, ya que en el curso de las mismas trat\u00f3 de llamar la atenci\u00f3n sobre la existencia de los dos pleitos en que ambos fueron ejecutados y que ahora allega en fotocopia, frente a lo cual la juzgadora fue enf\u00e1tica en que tales manifestaciones eran propias de los alegatos de conclusi\u00f3n, fuera de que las precisiones y preguntas en ese sentido correspond\u00edan a hechos nuevos no tratados en el libelo ni en las contestaciones. Por ende, ninguna novedad reporta tal situaci\u00f3n para los fines de esta senda extraordinaria ya que fue un tema tratado mientras transcurri\u00f3 el debate que se busca reabrir, sin que se lograra el objetivo perseguido por el censor en ese momento. <\/p>\n

De todas maneras, en los fallos de ambas instancias fue escasa la relevancia que se le dio a los testimonios en relaci\u00f3n con el fracaso de las aspiraciones del promotor, ya que la raz\u00f3n fundamental para desestimar las pretensiones consisti\u00f3 en que el contrato de prestaci\u00f3n de servicios celebrado entre Sergio Eduardo Luj\u00e1n Saad y Lesbia Cristina L\u00f3pez Borja ninguna relaci\u00f3n ten\u00eda con el objeto social de la compa\u00f1\u00eda demandada, que fue ajena al v\u00ednculo, y sin que se pudiera establecer ni siquiera la existencia de un mandato aparente que la comprometiera. <\/p>\n

Vale recordar lo que se\u00f1al\u00f3 el a quo cuando concluy\u00f3 que no estaba demostrada la culpa de la opositora en la ocurrencia de los hechos, como elemento estructural de la responsabilidad civil cuando se predica de una persona jur\u00eddica: <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el elemento culpa, tal y como previamente se indic\u00f3, dicho t\u00f3pico ha de valorarse a la luz de lo postulado en el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, toda vez que las personas jur\u00eddicas deben responder en forma directa por los hechos de sus empleados, siempre y cuando ellos act\u00faen en ejercicio de las funciones encomendadas por la persona jur\u00eddica o con motivo de las mismas. En el caso sub examine obra en los folios 29 a 31 del expediente documento privado denominado Contrato de Prestaci\u00f3n de Servicios n\u00famero uno, el cual tambi\u00e9n fue aportado en el original en el transcurso de interrogatorio de parte practicado al demandante en audiencia del 1\u00b0 de octubre del a\u00f1o 2015. En la referida relaci\u00f3n negocial el se\u00f1or Sergio Luj\u00e1n Saad y la se\u00f1ora Lesbia L\u00f3pez Borja suscribieron dicho contrato, el cual tuvo por objeto lo siguiente: Cl\u00e1usula primera: La Contratista, es decir la se\u00f1ora Lesbia L\u00f3pez Borja, en calidad de su cargo como Jefe de Taller de la empresa Country Motor S.A., recibe la suma inicial de $80\u2019000.000 del contratante, es decir, del se\u00f1or Sergio Luj\u00e1n, para destinarlos de forma exclusiva para la colocaci\u00f3n de cr\u00e9ditos a los empleados de la empresa Country Motors S.A. en sus diferentes sedes. Analizado dicho elemento de prueba, el mismo es de especial relevancia, dado que en el referido contrato se da cuenta no solo del objeto de la relaci\u00f3n negocial entre demandante y la se\u00f1ora Lesbia L\u00f3pez, sino que adem\u00e1s, tal y como se observa en la cl\u00e1usula s\u00e9ptima del mismo, el cual aparece a folio 148 del expediente, era el propio contratante, es decir el demandante se\u00f1or Sergio Luj\u00e1n, quien ten\u00eda el control y ejerc\u00eda una funci\u00f3n de vigilancia respecto a la ejecuci\u00f3n del servicio profesional encomendado a la se\u00f1ora Lesbia L\u00f3pez. Aunado a lo anterior, es evidente que el desenvolvimiento de las relaciones negociales eran en absoluto ajenas al objeto social de la sociedad demandada Country Motors S.A., toda vez que tal y como viene expuesto las relaciones negociales surgidas y ejecutadas entre el se\u00f1or Sergio Luj\u00e1n Saad y la se\u00f1ora Lesbia L\u00f3pez Borja, las cuales consist\u00edan en el pr\u00e9stamo o celebraci\u00f3n de contratos de mutuo con intereses a personas naturales que al parecer se desempe\u00f1aban como empleados de Country Motors, tal y como se evidencia en los correos electr\u00f3nicos aportados con la demanda, visibles a folios 38 a 58 del expediente, no solo se desarrollaron al margen o eran extra\u00f1as a las funciones en comendadas a Lesbia L\u00f3pez como Coordinadora de Taller, sino que adem\u00e1s dichas operaciones de colocaci\u00f3n o pr\u00e9stamos de dinero con intereses con personas naturales no hacen parte del desarrollo del objeto social de la sociedad demandada (folios 87 a 89 del expediente). M\u00e1xime cuando de las declaraciones dadas por los testigos Clemente Rojas y Ana Barcasnegras en audiencia del d\u00eda 18 de febrero del presente a\u00f1o, se tiene que los empleados de la sociedad demandada cuentan con un fondo de empleados, que al parecer es el encargado de suplir tales contingencias. Aunado a lo anterior, resalta el juzgado, que el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad demandada en uno de los numerales del objeto social se indica: En desarrollo de su objeto social principal la sociedad podr\u00e1: Gestionar y conseguir los recursos financieros necesarios para el cumplimiento del objeto social con entidades financieras del pa\u00eds y del exterior (reverso del folio 87 del expediente). En este punto debe tenerse en cuenta lo estipulado en el art\u00edculo 99 del C\u00f3digo de Comercio, el cual indica \u00abLa capacidad de la sociedad se circunscribir\u00e1 al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto\u00bb, lo anterior puesto que la capacidad u objeto social de las sociedades es de car\u00e1cter limitativo y, por ende, toda la actividad empresarial que la misma desarrolle debe darse en el estricto margen de los actos estipulados en su objeto social al momento de crearse o constituirse. Por otro lado, si bien la parte demandante arguye un deber in vigilando de la sociedad demandada sobre la se\u00f1ora Lesbia L\u00f3pez, dicho criterio jur\u00eddico de imputaci\u00f3n de responsabilidad civil, tal y cual se iter\u00f3, no es un criterio aplicable a la responsabilidad bajo estudio. Y si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara el hecho de que la se\u00f1ora Lesbia L\u00f3pez haya desarrollado un cruce continuo de correspondencia con el demandante usando la cuenta de correo electr\u00f3nico suministrada por la empresa, tal circunstancia no implicaba que la sociedad demandada, en raz\u00f3n del arg\u00fcido deber in vigilando, tuviese acceso a dichas comunicaciones, puesto que las mismas eran de car\u00e1cter privado y s\u00f3lo mediando orden de autoridad judicial pertinente las mismas hubiesen podido ser intervenidas. Aunado a las anteriores consideraciones, si se pasara por alto el no encontrar acreditado el elemento culpa en cabeza de la sociedad demanda y se abordara el estudio del nexo de causalidad, es de indicarse que con indiferente (sic) si las relaciones comerciales que se dieron o no entre el demandante Sergio Lujan y la se\u00f1ora Lesbia L\u00f3pez se presentaron en la forma manifestada y con las consecuencias da\u00f1osas que se pretendieron en la demanda, no se encuentra acreditado que la sociedad demandada en el desarrollo de esa actividad comercial haya desplegado un actuar con la causalidad jur\u00eddica adecuada generadora del evento da\u00f1oso alegado por el demandante, dado que tal y como viene analizando, si bien la se\u00f1ora Lesbia L\u00f3pez para la fecha de los hechos era empleada de Country Motos S.A., la actividad desarrollada por esa persona era ajena o extra\u00f1a al objeto comercial de la sociedad demandada, siendo inclusive prueba de tal circunstancia quebrantadora del nexo causal el contrato de prestaci\u00f3n de servicios aportado por el demandante, el cual obra en original en los folios 147 a 149 del expediente. Por lo tanto y como quiera que este despacho judicial no ha encontrado acreditada la culpa en cabeza de la demandada Country Motors S.A. y en raz\u00f3n a que en ausencia de dicho elemento estructural de la responsabilidad civil pretendida se hace inocuo el abordaje del estudio de los dem\u00e1s elementos del juicio de responsabilidad pretendida, este despacho prescindir\u00e1 del estudio de las excepciones de m\u00e9rito propuestas y en consecuencia negar\u00e1 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n

Como se puede ver los elementos de convicci\u00f3n en que se sustent\u00f3 la determinaci\u00f3n fueron eminentemente documentales, de un lado el acuerdo base de reclamo y por el otro el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la empresa. La referencia aislada al dicho de los terceros se concentr\u00f3 en que daban raz\u00f3n de un Fondo de Empleados, del cual incluso daba noticia la correspondencia cruzada entre Luj\u00e1n Saad y L\u00f3pez Borja, por lo que se puede decir que fue nula su incidencia en el descalabro de las aspiraciones indemnizatorias. <\/p>\n

Por su parte el ad quem fue consistente en que, conforme al objeto social certificado, la compa\u00f1\u00eda no se ocupa de celebrar contratos como el que quer\u00eda hacer valer el gestor, toda vez que Lesbia obr\u00f3 como Jefe de Taller y en ning\u00fan momento en calidad de representante legal de la sociedad, circunstancia que por s\u00ed sola no confiere facultades para representarla. Fuera de eso el contratante debi\u00f3 verificar si la actividad era consentida por la persona jur\u00eddica, sin que se evidenciara siquiera un mandato aparente porque existi\u00f3 \u00abajenidad de la demandada frente a las actividades negociales de Lesbia\u00bb, concluyendo con que <\/p>\n

[e]n resumen, el cardumen probatorio en ning\u00fan sentido demuestra que el da\u00f1o que dice haber sufrido el demandante se haya verificado en ejercicio o con ocasi\u00f3n de las labores propias de la se\u00f1ora L\u00f3pez Borja como Jefe de Taller o Jefe de atenci\u00f3n al cliente de la compa\u00f1\u00eda demandada. Menos a\u00fan se acredita que la sociedad Country Motors S.A. por su culpa haya dado motivos para creer que su dependiente estaba autorizada o facultada para celebrar el negocio con el demandante, razones suficientes para negar las pretensiones de la demanda y por lo tanto confirmar la sentencia recurrida. <\/p>\n

Vistos ambos prove\u00eddos en su contexto el pilar probatorio lo constituyen los documentos en que se hizo \u00e9nfasis y fue escasa la relevancia de los dem\u00e1s elementos demostrativos, de ah\u00ed que cualquier reparo frente a los alcances dados a las respuestas dadas por Clemente Rojas y Ana Barcasnegras resulta intrascendente al amparo de cualquier motivo de inconformidad por v\u00eda de revisi\u00f3n en que se quisiera encajar. <\/p>\n

5. Quiere decir que como las \tdisconformidades del objetor no constituyen razones serias para \tsocavar la firmeza del fallo, fracasa el recurso extraordinario. <\/p>\n

6. Conforme a lo dispuesto en el \tinciso final del art\u00edculo 359 del C\u00f3digo General del \tProceso, se impondr\u00e1 al opugnador la carga de asumir las \tcostas y perjuicios generados. Las primeras se liquidar\u00e1n por \tSecretar\u00eda en la forma establecida en el art\u00edculo 366 \tib\u00eddem, incluyendo como agencias en derecho la suma de \t$3.000.000. <\/p>\n

III.DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que formul\u00f3 Sergio Eduardo Luj\u00e1n Saad frente al fallo de 17 de agosto de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso verbal que adelant\u00f3 contra Country Motors S.A. <\/p>\n

SEGUNDO: Condenar al impugnante al pago de las costas, que ser\u00e1n liquidadas por Secretar\u00eda tomando como agencias en derecho $3\u2019000.000. As\u00ed mismo se le ordena el reconocimiento de los perjuicios causados con este tr\u00e1mite <\/p>\n

TERCERO: Devolver el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dict\u00f3 la sentencia objeto de revisi\u00f3n, salvo el cuaderno de la Corte, agregando copia de la presente providencia. <\/p>\n

CUARTO: Archivar la actuaci\u00f3n, una vez cumplidas las \u00f3rdenes impartidas. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tIntervenci\u00f3n de apoderado de la contradictora al agotarse el \tinterrogatorio que absolvi\u00f3 la representante legal de quien \tagenciaba, en audiencia del 1\u00b0 de diciembre de 2015.
\n2 \tSeg\u00fan hizo evidente la falladora en audiencia de 18 de \tfebrero de 2016 la testigo \u00abno se hizo presente\u00bb, \tmin. 3:14.
\n3 \tFecha en que aparece recibida por Edith Borja la citaci\u00f3n a \tLesbia Cristina L\u00f3pez Borja para formulaci\u00f3n de \timputaci\u00f3n que env\u00edo el Centro de Servicios de los \tJuzgados Penales Municipales y a la cual asisti\u00f3 la \tdestinataria el 10 siguiente, seg\u00fan obra a folios 252 a 256.
\n4 \tFls. 161 y 167 al 171.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrado Ponente SC3955-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-02393-00 (Aprobada en sesi\u00f3n de diecinueve de junio de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de Sergio Eduardo Luj\u00e1n Saad frente al fallo de 17 de agosto de 2016, proferido por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102539","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102539","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102539"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102539\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102539"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102539"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102539"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}