{"id":102541,"date":"2026-07-02T15:50:58","date_gmt":"2026-07-02T15:50:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102541"},"modified":"2026-07-02T15:50:58","modified_gmt":"2026-07-02T15:50:58","slug":"sc4046-2019-2005-11012-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc4046-2019-2005-11012-01\/","title":{"rendered":"SC4046-2019 (2005-11012-01)"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

SC4046-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001 31 03 010 2005-11012-01
\nAprobada en sala de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve
\nBogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte los recursos de casaci\u00f3n interpuestos, en forma individual, por H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez, Cecilia Callejas de Campos y Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra, frente a la sentencia de 8 de septiembre de 2010, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario de Meals de Colombia S.A. y Francisco Jos\u00e9 Vergara Carulla contra los recurrentes, Rafael Campos Morales, Jairo Emiro Bejarano Bejarano, H\u00e9ctor Rodr\u00edguez y Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Guevara Rico, quien le cedi\u00f3 sus derechos litigiosos a Jorge Eli\u00e9cer y Alexandra Rojas Merch\u00e1n y donde fue admitido Mart\u00edn Ignacio Angarita Torres como litisconsorte de Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Guevara Rico. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- Pidieron los promotores la reivindicaci\u00f3n del predio \u201cPotos\u00ed I\u201d, con un \u00e1rea de 5.926,70 m2, con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 50C-668335 ubicado en Bogot\u00e1, y que sus contendores se lo restituyan junto con los frutos civiles y naturales producidos durante el lapso en que lo detentaron materialmente (fls. 144 – 153, c.1). <\/p>\n

En sustento, adujeron que por Escritura P\u00fablica 235 de 1964 de la Notar\u00eda Primera de Bogot\u00e1, se constituy\u00f3 Tropicrem Ltda., y posteriormente mediante la 1426 de 1982 de la Notar\u00eda 28 del mismo C\u00edrculo, se transform\u00f3 en Meals de Colombia S.A. <\/p>\n

Seg\u00fan la Escritura P\u00fablica n\u00b0 536 de 1982 otorgada en la Notar\u00eda 30 de esta ciudad, Tropicrem Ltda., adquiri\u00f3 de Malta Ltda., la propiedad de un lote de terreno denominado Potos\u00ed I, con un \u00e1rea de 16.985,67 m2; posteriormente, por Escritura 1583 de 1982 de la Notar\u00eda 16 de Bogot\u00e1, Meals de Colombia S.A., le vendi\u00f3 al Instituto de Desarrollo Urbano de Bogot\u00e1 IDU, una porci\u00f3n de aquel en extensi\u00f3n de 11.080,39 m2. As\u00ed, el predio cuya reivindicaci\u00f3n se demanda corresponde a una fracci\u00f3n del primero, de propiedad de la demandante, quien, a su vez, en el a\u00f1o 1994 le transfiri\u00f3 el 20% del derecho de dominio a su litisconsorte Francisco Jos\u00e9 Vergara Carulla, gener\u00e1ndose entre ellos una comunidad. <\/p>\n

Meals de Colombia S.A., con miras a utilizar dicho predio, contrat\u00f3 a Felipe Machet\u00e1 Barrantes para que efectuara la adecuaci\u00f3n del terreno con rellenos y descapote; no obstante, el contratista se \u00abautoproclam\u00f3 due\u00f1o del inmueble\u00bb y mediante Escritura 2822 de 1992 de la Notar\u00eda Cuarta de Bogot\u00e1, dijo transferirle a Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra, los derechos de posesi\u00f3n y mejoras \u00abde una extensi\u00f3n total de 5.926,70 mts2 de \u00e1rea total y 4.909 mts2 de \u00e1rea \u00fatil\u00bb. <\/p>\n

A partir de este acto, se desencadenaron otras \u00abventas il\u00edcitas\u00bb, documentadas en los instrumentos p\u00fablicos que a continuaci\u00f3n se relacionan, todos otorgados en el C\u00edrculo Notarial de Bogot\u00e1: <\/p>\n

– 3283 de 1992 de la Notar\u00eda Cuarta, mediante el cual Jos\u00e9 Cardona Sierra dijo transferir a Rafael Campos Morales un lote desmembrado de aquel, en una extensi\u00f3n de 1966,74 m2. <\/p>\n

– 3284 de 1992 de la Notar\u00eda Cuarta, por el que Jos\u00e9 Cardona Sierra le vendi\u00f3 a H\u00e9ctor Arnulfo Moreno, la posesi\u00f3n adquirida respecto de un lote con extensi\u00f3n de 1964,63 m2. <\/p>\n

– 14860 de 1993 de la Notar\u00eda 27, en este, Jos\u00e9 Cardona Sierra le vendi\u00f3 a Orlando Casta\u00f1eda Rueda un \u00e1rea de 1600 m2. <\/p>\n

– 2133 de 1992 de la Notar\u00eda 25, por el cual H\u00e9ctor Arnulfo Hern\u00e1ndez le transfiri\u00f3 un lote de 500 m2 de extensi\u00f3n a Cecilia Callejas de Campos. <\/p>\n

– 14869 de 1993 de la Notar\u00eda 27, mediante este, Orlando Casta\u00f1eda Rueda le transfiere su lote de 1600 m2, a Joaqu\u00edn Guevara Rico, en un 33.33% y a Jairo Emiro Bejarano Bejarano el 66.67%. <\/p>\n

Se incluye como demandado a H\u00e9ctor Rodr\u00edguez, porque es el verdadero poseedor, dado que Jairo Bejarano es su \u00abtestaferro\u00bb, as\u00ed como a Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra, por cuanto no existe concordancia entre las porciones vendidas y lo que se relacion\u00f3 en la escritura 2822 de 1992, de lo que se infiere que conserv\u00f3 un remanente sobre el \u00e1rea total adquirida, \u00abaunque se ignora si en realidad posee algo\u00bb. <\/p>\n

2.- Cecilia Callejas de Campos, Rafael Campos Morales, Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Guevara Rico y H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez, por conducto del mismo apoderado, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones y formularon las excepciones de m\u00e9rito de \u201cabandono del predio pretendido reivindicar\u201d, \u201cconcierto documental simulado de ventas del predio entre los actores para despojar del bien a los demandados\u201d y \u201cmera o nuda propiedad del bien pretendido reivindicar\u201d (fls. 175 – 176 y 221 \u2013 224 ib.). <\/p>\n

Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra, Jairo Emiro Bejarano Bejarano y H\u00e9ctor Rodr\u00edguez, fueron emplazados, su curador ad litem adujo que los fundamentos f\u00e1cticos deb\u00edan probarse (fls. 177 – 178, ib.). <\/p>\n

Mart\u00edn Ignacio Angarita Torres fue reconocido como interviniente \u00aben calidad de adquirente\u00bb de los derechos de Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Guevara Rico en el inmueble objeto de litigio, de quien ser\u00eda litisconsorte, seg\u00fan escritura n\u00b0 5356 de 1999 de la Notar\u00eda Segunda de Bogot\u00e1 (fls. 282 \u2013 290 ib.). <\/p>\n

3.- El a quo dict\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 que los accionantes tienen el dominio del predio ubicado en la Avenida Boyac\u00e1 No. 96A-39, \u201cque incluye calle 95 Nos. 60-42\/46\/50\/54\/58\/62\/66\/70 de la urbanizaci\u00f3n Potos\u00ed de la Alcald\u00eda Local 11- Suba de Bogot\u00e1\u201d, con folio inmobiliario 50C-668335, delimitado por los linderos all\u00ed consignados. En consecuencia, le orden\u00f3 a los \u201cdemandados\u201d restituir el bien a sus contendores, junto con las mejoras, anexidades, usos, costumbres y servidumbres, y conden\u00f3 a Rafael Campos, H\u00e9ctor Arnulfo Moreno, Cecilia Callejas, Mart\u00edn Angarita Torres y Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Guevara a pagar los frutos en proporci\u00f3n a la copropiedad de cada uno de los gestores (fls. 251 – 269, c.2). Esta decisi\u00f3n fue apelada por los accionantes y por los demandados Rafael Campos, Mart\u00edn Emilio Angarita Torres, H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez y Cecilia Callejas de Campos (adhesiva). <\/p>\n

4.- En el tr\u00e1mite de la segunda instancia, se acept\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos litigiosos efectuada por Mart\u00edn Ignacio Angarita Torres a favor de Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Guevara Rico (fls. 264 a 267, c. 10) y, posteriormente, fueron reconocidos Jorge Eli\u00e9cer y Alexandra Rojas Merch\u00e1n como litisconsortes de Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Guevara Rico, en virtud de una cesi\u00f3n de derechos litigiosos (fl. 357, c. 10). <\/p>\n

5.- El Tribunal modific\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, en el sentido de determinar que los gestores \u00abtienen el dominio absoluto del lote de terreno ubicado en la Avenida Boyac\u00e1 n\u00b0 96A-39 al cual corresponde el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50C-668335, cuya identificaci\u00f3n, cabida y linderos obran en la Escritura P\u00fablica N\u00b00057 del 18 de enero de 1988 de la Notar\u00eda Treinta de Bogot\u00e1\u00bb; le orden\u00f3 a los \u00abdemandados\u00bb restituir el inmueble con sus mejoras, anexidades, usos y costumbres, pero neg\u00f3 el reconocimiento de las primeras, dejando a salvo la potestad de retirar sus materiales. <\/p>\n

Igualmente, conden\u00f3 a los opositores que fueron tenidos como poseedores, a sufragar los frutos en proporci\u00f3n de 80% a Meals de Colombia S.A. y 20% a Francisco Jos\u00e9 Vergara Carulla, as\u00ed: Rafael Campos Morales la suma de $1.249.114.718,59; H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez, $929.967.601,58; Cecilia Callejas de Campos, $317.265.353,35; Antonio Jos\u00e9 Cardona, $251.027.272,46; y Mart\u00edn Ignacio Angarita y Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Guevara Rico, $1.016.152.377,27, sin reconocer las expensas y gastos para producirlos. <\/p>\n

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n

Los demandantes son titulares del derecho de dominio del predio en litigio desde antes de la \u00e9poca en la que sus contradictores aducen ser poseedores, entendi\u00e9ndose que Meals de Colombia S.A., adquiri\u00f3 el bien el 5 de mayo de 1982. <\/p>\n

El \u00e1nimo de se\u00f1ores y due\u00f1os de los accionados fue acreditado mediante confesi\u00f3n admisible para establecer tal presupuesto de la acci\u00f3n reivindicatoria. Adem\u00e1s, su inter\u00e9s en el aval\u00fao de las mejoras que alegan y las dem\u00e1s conductas constitutivas de se\u00f1or\u00edo que se atribuyen \u201cson un axiom\u00e1tico ejercicio enmarcable en las aristas del art. 195 del C. de P. C.\u201d, pues, no de otro modo puede interpretarse que en el tr\u00e1mite de la segunda instancia invocaran la prescripci\u00f3n extintiva del derecho de sus contrarios. <\/p>\n

Ning\u00fan reparo merece el presupuesto de la singularidad, en cuanto se trata de un bien reivindicable cuyo dominio radica en Meals de Colombia S.A. y Francisco Jos\u00e9 Vergara Carulla, en cuotas del 80% y 20%, respectivamente, comuneros que ejercitan la acci\u00f3n en forma mancomunada. El hecho de que varias personas detenten materialmente el predio no desnaturaliza ese requisito, ni la falta de especificaci\u00f3n en la demanda de la porci\u00f3n que cada una de ellas ocupa la torna inepta, como lo plante\u00f3 el apelante Moreno Hern\u00e1ndez, comoquiera que del fraccionamiento del terreno por los poseedores no han surgido varios inmuebles identificables jur\u00eddicamente por sus linderos y folio inmobiliario. <\/p>\n

La exactitud de la cabida superficiaria como criterio que afecta la plena identidad del inmueble, fue aducida por los apelantes Cecilia Callejas, Rafael campos y H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez. Ese presupuesto de la reivindicaci\u00f3n consulta dos aspectos: uno sustancial y otro procesal, el primero concierne a que el bien de que es titular el actor y el pose\u00eddo por el demandado sean el mismo; el segundo, a que tambi\u00e9n coincidan este \u00faltimo y el pretendido, y en ese sentido se pronunci\u00f3 la Corte en SC 11 jun. 1965, y 25 nov. 1993, indicando que, \u00abpara hallar la identidad del fundo reivindicatorio no es de rigor que los linderos se puntualicen de modo absoluto sobre el terreno; o que la medici\u00f3n acuse exactamente la superficie que los t\u00edtulos declaran; o que haya coincidencia matem\u00e1tica en todos y cada uno de los pormenores por examinar. Basta que razonadamente se trate del mismo predio con sus caracter\u00edsticas fundamentales\u00bb. <\/p>\n

Tal concordancia, trat\u00e1ndose de bienes inmuebles, debe apreciarse en el t\u00edtulo y el modo, que aparejados reflejan el derecho de dominio sobre el predio \u00aby es sobre ellos que la vista del sentenciador debe posar su agudeza, m\u00e1s all\u00e1 de lo que los medios de auxilio probatorio reporten, como que en ellos no descansa la ilaci\u00f3n jur\u00eddica que antecede a la estimaci\u00f3n de las conclusiones suministradas por otras \u00e1reas del conocimiento\u00bb. En este caso, es claro que, al margen de las conclusiones de los peritos, los accionantes s\u00f3lo son titulares de 3.831,78 m\u00b2, seg\u00fan consta en la tercera anotaci\u00f3n del folio inmobiliario 50C-668335, en la que fue inscrita la Escritura P\u00fablica 0057 de 18 de enero de 1988, otorgada en la Notar\u00eda 30 de Bogot\u00e1, por medio de la cual Meals de Colombia S.A aclar\u00f3 los linderos del inmueble, \u00abcomo las medidas y las extensiones del \u00e1rea utilizable\u00bb protocolizando el plano respectivo. <\/p>\n

Esa manifestaci\u00f3n inscrita en un registro p\u00fablico vincula a quien la hizo y define el conocimiento que los terceros deben asumir del alcance del dominio, m\u00e1xime que est\u00e1 justificada en situaciones de inter\u00e9s p\u00fablico, conforme la Resoluci\u00f3n 547 de 7 de diciembre de 1988, en la que el Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n aprob\u00f3 a Meals de Colombia S.A., el proyecto de construir una estaci\u00f3n de servicio en el globo de terreno de 5.926,70 m\u00b2, imponi\u00e9ndole la obligaci\u00f3n de ceder al Distrito 2.122,20 m\u00b2, y del acta de \u00abrecibo provisional\u00bb de 23 de febrero de 1989, por la cual Meals de Colombia S.A., hizo entrega del terreno a la Procuradur\u00eda de Bienes de la ciudad, lo cual concuerda con el metraje consignado en el instrumento de aclaraci\u00f3n registrado en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos. De all\u00ed, que el reivindicante deba atenerse a que la cabida del bien reclamado no es 5.926,70 m2, sino 3.831,78 m2, por lo que v\u00e1lidamente no pod\u00eda aspirar a recobrar la posesi\u00f3n de un predio de extensi\u00f3n superficiaria mayor de la referida en sus t\u00edtulos y modo de adquisici\u00f3n. <\/p>\n

El dictamen inicial y el rendido en el tr\u00e1mite de la objeci\u00f3n coinciden en que el inmueble inspeccionado correspond\u00eda en sus dimensiones al descrito en el pliego introductorio y al graficado en los planos del Departamento Administrativo de Catastro Distrital; empero, esa conclusi\u00f3n ni el citado croquis \u00abse imponen sobre el contenido del registro p\u00fablico inmobiliario\u00bb, por cuanto los expertos partieron de bases equ\u00edvocas, enderezando su estudio a establecer \u00abla identidad formal\u00bb del bien pretendido por los demandantes y el pose\u00eddo por sus contendores, supuesto bajo el cual, \u00abefectivamente habr\u00eda de coincidir que el \u00e1rea del predio ser\u00eda de 5.926.70 m2, soslayando el vigor que impon\u00eda la identidad material que deb\u00eda regentar el resultado, de haberse atendido el contenido de los t\u00edtulos escriturarios ostentados por los actores al adquirir, as\u00ed como sus escrituras p\u00fablicas aclaratorias de linderos y cabida, por ellos mismos extendidas, debidamente inscritas en el registro de instrumentos p\u00fablicos con cargo al folio de matr\u00edcula del inmueble, yerro que configura distorsi\u00f3n en el objeto observado que resulta determinante en el juicio y que impide a la Sala apreciar el contenido y alcance de la tarea auxiliar as\u00ed vertida\u00bb. <\/p>\n

Por tal raz\u00f3n, y atendiendo a que al juzgador no le est\u00e1 vedado fallar infra petita o hasta lo probado, la reivindicaci\u00f3n suplicada solo puede recaer sobre el \u00e1rea de 3.831,78 m\u00b2, a que se refieren los certificados de tradici\u00f3n y catastro distrital, debidamente alinderada en la Escritura P\u00fablica 0057 de 1988 de la Notar\u00eda 30 de Bogot\u00e1; sin atadura a la pretensi\u00f3n de 5.926,70 m2, elevada en la demanda y pese a lo dictaminado en la experticia. <\/p>\n

Para la estimaci\u00f3n de las restituciones mutuas, los poseedores son considerados de mala fe, por cuanto quien les transmiti\u00f3 el bien lo hizo con sus calidades y vicios. En cuanto a frutos, la condena debe comprender el valor de los producidos durante todo el lapso de privaci\u00f3n de la posesi\u00f3n a los propietarios y su tasaci\u00f3n se realiza con apoyo en la experticia rendida en la primera instancia, pero calcul\u00e1ndolos sobre los 3.831,78 m\u00b2 que pertenecen a los gestores. <\/p>\n

III. DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

Recurrieron en esta sede extraordinaria, en forma individual, Rafael Campos Morales, Jorge Eli\u00e9cer Rojas Merch\u00e1n, Alexandra Rojas Merch\u00e1n, H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez, Cecilia Callejas de Campos y Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra. Las demandas formuladas por los tres primeros, se declararon inadmisibles y como consecuencia de ello, desiertos sus recursos (fls. 297 \u2013 318, 427 – 451 y 453 \u2013 484), mientras las restantes fueron admitidas, todas ellas formuladas con arreglo a las previsiones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como normativa vigente para ese momento (fls. 320, 376 y 388, c. 19). <\/p>\n

H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez formul\u00f3 seis (6) cargos, el inicial sustentado en la causal quinta de casaci\u00f3n y los numerados del 2\u00b0 al 5\u00b0 en la primera aduciendo violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales por error de hecho originado en la indebida apreciaci\u00f3n de la demanda y del material probatorio, y el \u00faltimo, con soporte en la misma causal acusa error de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria (fls. 45 a 123, c. 19). <\/p>\n

Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra propuso cuatro cargos, los dos primeros por la causal quinta y los restantes soportados en la primera por violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales (fls. 126 \u2013 165, c. 19). Teniendo en cuenta su vocaci\u00f3n de prosperidad y efecto totalizador respecto de este opugnante, solo se resolver\u00e1 el tercer ataque, sin que sea menester desatar los dem\u00e1s. <\/p>\n

Cecilia Callejas de Campos propuso un solo cargo con respaldo en la primera causal, alegando violaci\u00f3n indirecta de la ley, por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda (fls. 337 \u2013 372, ib.). <\/p>\n

En primer lugar, se resolver\u00e1 acerca de la demanda de Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra, a continuaci\u00f3n, se estudiar\u00e1 la de H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez en el orden que se propusieron los cargos y, finalmente, se examinar\u00e1 la de Cecilia Callejas de Campos. <\/p>\n

DEMANDA DE ANTONIO JOS\u00c9 CARDONA SIERRA <\/p>\n

TERCER CARGO <\/p>\n

Se afirma vulneraci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 961, 962, 963 y 964 del C\u00f3digo Civil por error de hecho manifiesto derivado de falta de apreciaci\u00f3n de unas pruebas, as\u00ed como del an\u00e1lisis en conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana cr\u00edtica de todo el material demostrativo, que condujo al juzgador a dar por demostrada, sin estarla, la individualizaci\u00f3n del bien y deducir posesi\u00f3n por parte de Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra, cuando \u00e9ste la cedi\u00f3 a t\u00edtulo oneroso. Tal afrenta tuvo origen en la defectuosa aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 76, 82, 174, 175, 177, 181, 183, 187, 244, 245, 246, 251 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

El Tribunal sustent\u00f3 su decisi\u00f3n \u00fanicamente en la Escritura P\u00fablica 0057 de 1988 de la Notar\u00eda 30 de Bogot\u00e1 aportada por la parte demandante, de la cual deriv\u00f3 la acreditaci\u00f3n de la propiedad del bien a reivindicar y su identificaci\u00f3n, excluyendo del an\u00e1lisis medios suasorios como la inspecci\u00f3n judicial, dict\u00e1menes periciales y otras escrituras, de los que se extra\u00eda que no se demostr\u00f3 el requisito de la identificaci\u00f3n del bien por sus linderos, cabida y \u00e1rea, ni la posesi\u00f3n en cabeza de Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra, de haberlos analizado habr\u00eda proferido una sentencia totalmente adversa a los intereses de los demandantes. <\/p>\n

Para la prosperidad de la acci\u00f3n de dominio se requiere, adem\u00e1s de la demostraci\u00f3n de la calidad de due\u00f1o de la cosa singular y la posesi\u00f3n del demandado, que el bien sobre el cual se ejerce est\u00e9 debidamente individualizado, \u00faltimo requisito que no se logr\u00f3 establecer con certeza en este asunto; el Tribunal bas\u00f3 su an\u00e1lisis en los actos escriturales por los que se transfirieron unos derechos de posesi\u00f3n, para suplir la orfandad probatoria y hacer coincidir la cabida superficiaria del terreno donde no la hab\u00eda, por cuanto no se establece su delimitaci\u00f3n, ni el porcentaje que poseen los demandados. <\/p>\n

La documental enunciada da cuenta de ventas respecto de la posesi\u00f3n de porciones del terreno sin que exista claridad sobre la extensi\u00f3n de esos predios, por lo tanto, no era un elemento de prueba v\u00e1lido para determinar el \u00e1rea del inmueble que pose\u00eda cada opositor y con base en esta \u00abinferencia il\u00f3gica\u00bb definir los frutos civiles. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, en la sentencia se orden\u00f3 a Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra restituir un porcentaje de terreno del cual carece, pues vendi\u00f3 la totalidad de los derechos de posesi\u00f3n que hab\u00eda adquirido, sin conservar ninguna porci\u00f3n del terreno. Las mismas escrituras de venta de posesi\u00f3n dan cuenta de la transferencia de estos derechos por encima de lo adquirido del antecesor poseedor Luis Felipe Macheta Barrantes, hecho que es confesado por la parte actora en el libelo demandatorio, al se\u00f1alar: "(\u2026) Cardona juega sus restos. Con la escritura # 14860 de octubre 14 de 1993, de la notar\u00eda 27, dice vender a Orlando Casta\u00f1eda Rueda un \u00e1rea de 1.660 metros cuadrados, correspondientes a una porci\u00f3n del predio que seg\u00fan \u00e9l hab\u00eda adquirido en la forma se\u00f1alada en el literal A. Sin embargo, pese a lo cuidadoso que fue en sus falacias, err\u00f3 en sus c\u00e1lculos. Es as\u00ed como sobre los 4.909 metros cuadrados de \u00e1rea \u00fatil reconocida inicialmente, acusa ahora un sobregiro en ventas de 622,37 metros cuadrados. En cambio del \u00e1rea total conserva un remanente de 395,33 metros cuadrados. A la fecha de esta demanda no conoce el suscrito que los 395,33 metros hayan sido transferidos a un tercero, o que el sobregiro en 722 metros se haya corregido de alguna manera". <\/p>\n

Queda en evidencia la indebida valoraci\u00f3n probatoria realizada por el ad quem que conllev\u00f3 a aplicar de manera desacertada normas sustanciales, pues de un estudio integral de los medios persuasivos se deduce de manera inequ\u00edvoca que Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra no era poseedor de ninguna fracci\u00f3n del lote en controversia, dado que los derechos de posesi\u00f3n sobre 4.909 m2, que adquiri\u00f3 en un comienzo, los vendi\u00f3 en su totalidad a trav\u00e9s de la escritura 14860 del 14 de octubre de 1993, prueba que el Tribunal no apreci\u00f3. Adem\u00e1s, en la inspecci\u00f3n judicial ni siquiera fue mencionado como poseedor y as\u00ed se corrobor\u00f3 con la ampliaci\u00f3n de la experticia en la segunda instancia, donde los peritos establecieron claramente que el bien estaba dividido en 4 predios en cuya posesi\u00f3n no se refiri\u00f3 al recurrente, pese a lo cual, el Tribunal orden\u00f3 la restituci\u00f3n de 5 porciones, una de ellas a su cargo con condena al pago de frutos. <\/p>\n

Existe incongruencia en las \u00e1reas del terreno a restituir y, adem\u00e1s, \u00abse incurre en craso error al pretender que Cardona Sierra, quien hab\u00eda vendido la totalidad de su terreno, se le ordene restituir los 395,33 m2, que no posee\u00bb, lo que impide la materializaci\u00f3n de la orden de entrega. <\/p>\n

CONSIDERACIONES. <\/p>\n

1.- Siguiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 952 del C\u00f3digo Civil, la acci\u00f3n de dominio debe dirigirse contra el actual poseedor del bien, de ah\u00ed que solo quien tenga esa calidad est\u00e1 legitimado por pasiva para enfrentarla. Esta clase de acci\u00f3n supone una contrapartida, consistente en que teniendo el actor el derecho real, el demandado ostente la posesi\u00f3n de la cosa en la que recae ese derecho. <\/p>\n

Precisamente, el ataque analizado se edifica en que el Tribunal adopt\u00f3 una decisi\u00f3n en contra del se\u00f1or Cardona Sierra, sin percatarse de la ausencia total de elementos demostrativos de la calidad en la que fue citado. <\/p>\n

2.- El car\u00e1cter de poseedor guarda relaci\u00f3n con la concurrencia en una misma persona de los elementos cl\u00e1sicos de la posesi\u00f3n, el corpus y el animus. El primero, entendido como el poder material o f\u00edsico que ostenta sobre la cosa, y el segundo, como el elemento sicol\u00f3gico, que se traduce en la intenci\u00f3n de comportarse como se\u00f1or y due\u00f1o, sin reconocer dominio ajeno. <\/p>\n

La prueba de dicha condici\u00f3n, en t\u00e9rminos generales, ata\u00f1e a una carga de quien la afirma, pues de conformidad con el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u00ab[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb, de modo que, trat\u00e1ndose de un proceso reivindicatorio, el propietario que acude en pro de obtener la restituci\u00f3n del bien del que ha sido despose\u00eddo, debe demostrar que aquel contra quien dirige sus pretensiones realmente es su poseedor. <\/p>\n

No obstante, esta Sala ha sostenido que, cuando el demandado acepta ser el poseedor del inmueble en controversia, ello es suficiente para tener por establecido el requisito de la posesi\u00f3n material, y con mayor raz\u00f3n cuando con base en ese reconocimiento propone la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva o adquisitiva. <\/p>\n

Sobre el particular, en SC 12 dic. 2001, rad. 5328, se expuso, <\/p>\n

Cuando el demandado en la acci\u00f3n de dominio, dice la Corte, \u201cconfiesa ser poseedor del inmueble en litigio, esa confesi\u00f3n tiene virtualidad suficiente para demostrar a la vez la posesi\u00f3n del demandado y la identidad del inmueble que es materia del pleito\u201d, salvo claro est\u00e1, siempre y cuando no se introduzca discusi\u00f3n alguna sobre el elemento de la identidad, o el juzgador motu proprio halle elementos de convicci\u00f3n que lo lleven a cuestionar dicho presupuesto. Conclusi\u00f3n que igualmente se predica en el caso de que el demandante afirme \u201ctener a su favor la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, alegada\u2026como acci\u00f3n en una demanda de pertenencia y reiterada como excepci\u00f3n en la contestaci\u00f3n a la contrademanda de reivindicaci\u00f3n, que en el mismo proceso se formule\u201d, porque esto \u201cconstituye una doble manifestaci\u00f3n que implica confesi\u00f3n judicial del hecho de la posesi\u00f3n\u201d (sentencia de 22 de julio de 1993, CCXXV-176). <\/p>\n

3.- En el caso bajo examen, lo primero que llama la atenci\u00f3n es que el componente f\u00e1ctico del libelo introductorio no da cuenta de alguna afirmaci\u00f3n categ\u00f3rica referente al car\u00e1cter de poseedor que del inmueble en litigio pudiera tener el recurrente. <\/p>\n

En la relaci\u00f3n de lo que los demandantes denominaron \u00abprocedimiento empleado para la usurpaci\u00f3n del bien que se reivindica\u00bb, se limitaron a citar algunos negocios jur\u00eddicos relacionados con la venta de derechos de posesi\u00f3n sobre algunos lotes inmersos en el predio de mayor extensi\u00f3n, donde \u00e9l intervino, que quedaron documentados en distintas escrituras p\u00fablicas. En t\u00e9rminos generales, solo hicieron un recuento de la participaci\u00f3n que en esa cadena de ventas de posesi\u00f3n tuvo Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra, y en el numeral XIV de esa cronolog\u00eda, tras referir inconsistencias en los linderos descritos en algunos actos escriturarios, se indic\u00f3 que \u00abpor esas diferencias de linderos y por el remanente sobre el \u00e1rea total que ya se se\u00f1al\u00f3, se incluye a Cardona entre los demandados. Aunque se ignora si en la realidad posee algo, ha de incluirse porque la acci\u00f3n que se intenta busca reivindicar la totalidad del lote sustra\u00eddo al leg\u00edtimo dominio de sus propietarios\u00bb. <\/p>\n

Naturalmente que, si ninguna afirmaci\u00f3n concluyente se efectu\u00f3 en ese sentido, tampoco resulta extra\u00f1o que en la fase cognoscitiva los convocantes no se hayan ocupado de acreditar nada al respecto, al punto que el material probatorio recaudado resulta alejado de la demostraci\u00f3n de los actos de detentaci\u00f3n material que el convocado pudiera tener frente a alguna parte del predio, y mucho menos, del comportamiento con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o que para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda exteriorizara. <\/p>\n

Es m\u00e1s, en el acta de la diligencia de inspecci\u00f3n judicial practicada los d\u00edas 21 de agosto y 12 de diciembre de 1997 (fls. 136 \u2013 137, 154-156, c. 2), se hizo constar que el inmueble \u00abf\u00edsicamente contiene varias subdivisiones\u00bb y a continuaci\u00f3n se realiza una descripci\u00f3n de esos fraccionamientos, con indicaci\u00f3n de la modalidad de construcciones y de actividades econ\u00f3micas que all\u00ed se realizan, indicando, adem\u00e1s, los nombres de las personas que se reputan poseedores de cada una de ellas, as\u00ed: de la primera, Rafael Campos; de la segunda, H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez; de la tercera, Cecilia Callejas y de la cuarta y la quinta, Jos\u00e9 Guevara; sin que ninguno de los que all\u00ed participaron hubiese mencionado que, sobre alguna parte del predio inspeccionado, ejerciera se\u00f1or\u00edo Antonio Cardona Sierra. <\/p>\n

4.- Pese a que los accionantes no formularon descontento por no haberse efectuado condena en contra de Cardona Sierra, el ad quem, al resolver la alzada, para deducir la calidad de poseedores de los contradictores, de manera muy general acot\u00f3 que esta \u00abhalla prueba en la confesi\u00f3n que \u00e9stos proveyeran, estando legalmente facultados para hacerlo, siendo medio de prueba plenamente admisible para los fines a que se contrae el requisito\u00bb, y a\u00f1adi\u00f3 que \u00abla provocaci\u00f3n por parte de los demandados de un aval\u00fao mejorario por las obras que dicen haber implantado en el predio y las dem\u00e1s conductas de se\u00f1or\u00edo que se atribuyen sobre el bien con argumentos veintenarios, son un axiom\u00e1tico ejercicio enmarcable en las aristas del art\u00edculo 195 del C. de P.C.\u00bb. En el ac\u00e1pite de restituciones mutuas, razon\u00f3 \u00abpara la Sala es claro que, de acuerdo con las transferencias que se suscitaron entre poseedores, seg\u00fan las escrituras p\u00fablicas aportadas en las instancias, tienen tal calidad cinco y no cuatro personas como lo determina el juzgador de primer grado y de acuerdo igualmente con tales documentos, ostentar\u00edan las siguientes \u00e1reas de terreno\u00bb; es en este apartado del fallo donde se tiene a Antonio Cardona como poseedor de una extensi\u00f3n de 395,33 m2 del lote reclamado y, posteriormente, se le orden\u00f3 pagar por concepto de frutos $251.027.272,46. <\/p>\n

Escrutada esa providencia, emerge con nitidez que frente a este accionado no era extensiva la aseveraci\u00f3n general referente a que su condici\u00f3n de poseedor se demostr\u00f3 a trav\u00e9s del medio probatorio de la confesi\u00f3n, en la medida que \u00e9l concurri\u00f3 al proceso representado por curador ad litem (fls. 177 – 179, c. 1), en cuyo escrito de r\u00e9plica no pudo haber admitido hechos relacionados con cualidades de se\u00f1or\u00edo que ni siquiera fueron afirmadas por los promotores en la exposici\u00f3n factual. <\/p>\n

Tampoco puede pasar inadvertido que el curador ad litem no estaba habilitado para admitir la calidad de poseedor de su representado, al punto que ni siquiera pod\u00eda ser citado a interrogatorio cuya finalidad principal es obtener la confesi\u00f3n, dado que a la luz del art\u00edculo 46 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, solo est\u00e1 facultado para realizar los actos procesales que no est\u00e9n reservados a la parte misma, y no puede recibir ni disponer del derecho en litigio. En ese entendido, tal y como se memor\u00f3 en SC 10 nov. 2004, rad. 7685, \u00abno tiene calidad de representante legal de la persona respecto de la cual ejerce las funciones de curador ad-litem\u2026[y] las aseveraciones o declaraciones que al contestar la demanda hubiere hecho\u2026no tienen la calidad de confesi\u00f3n en relaci\u00f3n con el demandado del cual es curador\u2026\u201d (LXIX, 40)\u00bb1. <\/p>\n

Si conforme al art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil \u00abLa posesi\u00f3n es la tenencia de una cosa determinada con \u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o, sea que el due\u00f1o o el que se da por tal, tenga la cosa por s\u00ed mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de \u00e9l\u00bb, su acreditaci\u00f3n exige la convergencia de los elementos conocidos como corpus y animus, que, en su orden, conciernen a la detentaci\u00f3n material del bien por s\u00ed mismo o por interpuesta persona y a la intenci\u00f3n de actuar como se\u00f1or y due\u00f1o, aspectos sobre los cuales el juzgador de segunda instancia no hizo el an\u00e1lisis particular que ameritaba la situaci\u00f3n del recurrente, dado que no fue condenado en la primera. <\/p>\n

En el descrito panorama, no puede menos que concederse raz\u00f3n al inconforme cuando afirma que el Tribunal coligi\u00f3 \u00abde manera errada\u00bb una condici\u00f3n de poseedor que \u00e9l no ostentaba, pues ciertamente, aunque las escrituras 2822, 3283, 3284 de 1992 todas ellas de la Notar\u00eda Cuarta de Bogot\u00e1 y la n\u00b0 14860 de 1993, de la Notar\u00eda 27 de la misma ciudad, dan cuenta de negociaciones en las que Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra actu\u00f3 como comprador o vendedor de derechos de posesi\u00f3n y mejoras sobre el predio entre los a\u00f1os 1992 y 1993, en ellas no pod\u00eda fincarse una sentencia estimatoria en su contra, pues lejos estaban de acreditar que, para el mes de junio de 1995 cuando se present\u00f3 la demanda, \u00e9ste ejerciera verdaderos actos de esa naturaleza. <\/p>\n

A semejante deducci\u00f3n solamente se lleg\u00f3 contrariando manifiestamente el acervo probatorio y pasando por alto que era imperioso para los demandantes demostrar la posesi\u00f3n que sobre el inmueble ejerc\u00eda cada una de las personas convocadas por pasiva, tarea que no cumplieron respecto del citado. <\/p>\n

En esas condiciones, al efectuar la labor de contraste entre las pruebas allegadas al juicio, con lo afirmado en el libelo y lo concluido por el Tribunal, se deduce la estructuraci\u00f3n del yerro atribuido al fallo impugnado por suposici\u00f3n de medios demostrativos de actos de se\u00f1or\u00edo de este accionado, que a m\u00e1s de ser evidente tambi\u00e9n es trascendente, puesto que se extendi\u00f3 a la parte resolutiva de la providencia imponi\u00e9ndole al recurrente la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n del bien y la consecuente condena al pago de frutos. <\/p>\n

DEMANDA DE H\u00c9CTOR ARNULFO MORENO HERN\u00c1NDEZ <\/p>\n

Para comenzar, se analizar\u00e1 el primer ataque que acusa error in procedendo. Los cargos segundo, tercero, cuarto y quinto, se estudiar\u00e1n de manera conjunta porque todos le achacan a la sentencia violaci\u00f3n indirecta de las mismas normas de contenido material, aduciendo error de hecho por inadecuada contemplaci\u00f3n de la demanda y de algunos medios probatorios, y en esencia, apuntan a cuestionar la identidad y singularidad del predio sobre el cual recae la pretensi\u00f3n, de donde su definici\u00f3n amerita similares reflexiones, por \u00faltimo, se estudiar\u00e1 el sexto embate. <\/p>\n

PRIMER CARGO <\/p>\n

La sentencia recurrida se profiri\u00f3 pese a que el proceso se encontraba viciado de nulidad por haberse tipificado la causal tercera del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al pretermitirse una instancia. <\/p>\n

Conforme al devenir procesal, el demandado H\u00e9ctor Rodr\u00edguez durante todo el tr\u00e1mite de la primera instancia estuvo representado por curador ad litem, y como el fallo del a quo le fue adverso debi\u00f3 ser consultado en acatamiento del art\u00edculo 386 ib\u00eddem, vigente para ese momento. No obstante, ese grado de conocimiento se pas\u00f3 por alto, con desconocimiento de los art\u00edculos 358 y 374 del mismo estatuto. <\/p>\n

En esas condiciones, se estructur\u00f3 la referida causal de nulidad, que al tenor del art\u00edculo 144 ib\u00eddem es insubsanable. La trascendencia del vicio se concreta en que H\u00e9ctor Rodr\u00edguez fue condenado a devolver el inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n, sin garant\u00eda de su derecho de defensa en la segunda instancia. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- El grado jurisdiccional de consulta que establec\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil y que no reconoce el actual C\u00f3digo General del Proceso, se instituy\u00f3 para garantizar que en determinados asuntos de acuerdo a la calidad de las partes y al contenido de la decisi\u00f3n, se efect\u00fae una revisi\u00f3n oficiosa de la sentencia por parte del Juez de la segunda instancia, con miras a controlar la legalidad de la actuaci\u00f3n desde el punto de vista procesal y su avenencia con el derecho sustantivo; todo ello en aras de la defensa de los intereses relacionados con el patrimonio p\u00fablico y de aquellas personas que resulten privadas de su capacidad jur\u00eddica o estuvieron ausentes en el juicio. <\/p>\n

Al respecto, el art\u00edculo 386 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil modificado por el Decreto 2282 de 1989, vigente para el 31 de octubre de 2000 fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia de primera instancia, dispone: <\/p>\n

Las sentencias de primera instancia adversas a la naci\u00f3n, los departamentos, las intendencias, las comisar\u00edas, los distritos especiales y los municipios, deben consultarse con el superior siempre que no sean apeladas por sus representantes o apoderados. Con la misma salvedad deben consultarse las sentencias que decreten la interdicci\u00f3n y las que fueren adversas a quien estuvo representado por curador ad litem. (Subraya intencional). <\/p>\n

Al tenor de esta disposici\u00f3n, para que la consulta se erigiera como obligatoria, era menester que se conjugaran varias condiciones relacionadas con la calidad de la persona a favor de quien deb\u00eda surtirse este segundo grado de competencia funcional -entes territoriales, personas declaradas en interdicci\u00f3n y representadas por curador ad litem-, que el sentido de la decisi\u00f3n fuera adverso a sus intereses y que el beneficiario no hubiera formulado recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

Por su parte, el art\u00edculo 140 ib\u00eddem, en su numeral 3 consagra como causal de nulidad del proceso \u00ab[c]uando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb, \u00faltima hip\u00f3tesis que, ciertamente a tono con la jurisprudencia de la Corte, comprende no haberse surtido el mencionado grado de conocimiento en los casos que lo exige la ley, con independencia de que se haya emitido sentencia de segunda instancia al desatar el recurso de apelaci\u00f3n formulado por un interviniente distinto al beneficiado con la consulta (cfr. CSJ SC 30 mar. 2001, expediente No. 5508). <\/p>\n

2.- A tono con el inciso segundo del art\u00edculo 143 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u00ab[l]a parte que alegue una nulidad deber\u00e1 expresar su inter\u00e9s para proponerla\u00bb, disposici\u00f3n arraigada en el principio de protecci\u00f3n que orienta el r\u00e9gimen de nulidades procesales, y que seg\u00fan lo ha precisado la Corte, \u00abse relaciona con la legitimidad y el inter\u00e9s para hacer valer la irregularidad legalmente erigida en causal de nulidad, en cuanto, dado el car\u00e1cter preponderantemente preventivo que le es inherente, su configuraci\u00f3n se supedita a que se verifique una lesi\u00f3n a quien la alega\u00bb (SC- 01 mar- 2012, rad. 2004-00191). <\/p>\n

En este caso di\u00e1fanamente se aprecia que el casacionista, lejos de propender por la defensa de sus propios intereses, se duele de que, por un yerro de la jurisdicci\u00f3n, en la segunda instancia el codemandado H\u00e9ctor Rodr\u00edguez se vio condenado sin ser o\u00eddo. As\u00ed las cosas, comoquiera que la nulidad invocada se funda en el supuesto de \u00abpretermisi\u00f3n de la instancia\u00bb por omisi\u00f3n de la consulta respecto de un demandado representado por curador ad litem, es claro que cualquier vicio procedimental en ese sentido, solo puede ser alegado por la persona a cuyo favor se impon\u00eda ese grado de competencia, de manera que en cabeza del ahora recurrente no se radica ning\u00fan inter\u00e9s jur\u00eddico para ese efecto. <\/p>\n

3.- Aunque las anteriores disquisiciones ser\u00edan suficientes para deducir el fracaso del embate, se resalta que, si bien la demanda se dirigi\u00f3, entre otros, contra H\u00e9ctor Rodr\u00edguez, frente a \u00e9l no se impuso ninguna condena en la sentencia de primer grado. <\/p>\n

En efecto, pese a que el a quo en el numeral 3 de la parte resolutiva del fallo incurri\u00f3 en una imprecisi\u00f3n al ordenar de manera general \u00aba los demandados\u00bb restituir a los gestores el inmueble all\u00ed descrito, no puede soslayarse que esa parte de la providencia debe mirarse en forma conjunta con la considerativa, \u00faltima en la cual no se analiz\u00f3 la calidad de poseedor que sobre el predio a reivindicar pudiera ostentar H\u00e9ctor Rodr\u00edguez y por supuesto, ninguna obligaci\u00f3n derivada de su posible disfrute del bien por alg\u00fan lapso. <\/p>\n

De all\u00ed que no pueda predicarse con posibilidad de acierto que la decisi\u00f3n proferida por el a quo fue desfavorable a ese emplazado y que en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 386 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, fuera imperativo adelantar el grado de consulta a su favor, de donde emerge que ning\u00fan vicio de nulidad se configur\u00f3 a ese respecto. <\/p>\n

En s\u00edntesis, no prospera el cargo. <\/p>\n

SEGUNDO CARGO. <\/p>\n

Con apoyo en la causal primera, se acusa la sentencia de ser violatoria de los art\u00edculos 946, 947, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil por falta de aplicaci\u00f3n, por error manifiesto de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, lo que condujo a la vulneraci\u00f3n de los c\u00e1nones 949, 961, 962, 963, 964 y 967 ib\u00eddem, y a la defectuosa aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 75, 76 y 82 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

En esa medida, estim\u00f3 que el inmueble pretendido por los actores era \u00abexactamente uno solo y, por tanto, lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n facilista que all\u00ed existe una coposesi\u00f3n, en otras palabras, una comunidad de posesiones o posesi\u00f3n en com\u00fan y proindiviso\u00bb, sin advertir que en el terreno lo que existen son \u00abposesiones independientes, asentadas en igual n\u00famero de globos de terreno de menor extensi\u00f3n con \u00e1reas totalmente definidas y que, por esa misma raz\u00f3n, los lotes pueden y deben estar se\u00f1alados por linderos propios de f\u00e1cil verificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

No se apreci\u00f3 la demanda en su integridad, lo que exig\u00eda interpretarla y desentra\u00f1ar si en ella se ped\u00eda el retorno del bien por todos los contradictores en conjunto o si se reclamaba la restituci\u00f3n de los lotes detentados de manera real por cada uno de ellos, y lo narrado en el hecho XII arrojaba bases suficientes para deducir que los actores ten\u00edan claro que cada quien pose\u00eda una parte determinada y bien especificada del inmueble a reivindicar. <\/p>\n

Si el Tribunal hubiera analizado y valorado a fondo el escrito genitor, habr\u00eda elucidado que all\u00ed se present\u00f3 una \u00abverdadera acumulaci\u00f3n de pretensiones\u00bb y que exist\u00edan cinco lotes pose\u00eddos por cinco de los demandados, ubicados dentro del terreno de mayor extensi\u00f3n que puede ser el bien ra\u00edz que los accionantes persiguen en reivindicaci\u00f3n, de all\u00ed la falta de coincidencia entre lo pretendido por los demandantes y lo pose\u00eddo por sus adversarios. <\/p>\n

TERCER CARGO. <\/p>\n

Invocando la causal primera se afirma afrenta de los art\u00edculos 946, 947, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil por falta de aplicaci\u00f3n, al incurrir en error manifiesto de hecho por preterici\u00f3n de una probanza, lo que condujo a la vulneraci\u00f3n de los c\u00e1nones 949, 961, 962, 963, 964, 966, 967 y 969 ib\u00eddem, quebranto originado en la indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 76, 82, 174, 175, 177, 181, 183, 187, 244, 245 y 246 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

El sentenciador no tuvo en cuenta la inspecci\u00f3n judicial practicada en el proceso, los d\u00edas 23 de julio, 21 de agosto y 12 de diciembre de 1997, en la cual qued\u00f3 consignado que el bien presentaba cinco subdivisiones, as\u00ed como la respectiva descripci\u00f3n de la segunda de ellas sobre la cual H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez ejerce actos de se\u00f1or\u00edo. Ante esa preterici\u00f3n, concluy\u00f3 que el globo de terreno era uno solo y determin\u00f3 que all\u00ed existe una coposesi\u00f3n, incurriendo en yerro al inadvertir que existen cinco posesiones independientes asentadas en igual n\u00famero de globos de terreno de menor extensi\u00f3n, con \u00e1reas totalmente definidas y se\u00f1alados por linderos propios de f\u00e1cil verificaci\u00f3n. <\/p>\n

En esa medida, dio por demostrado, sin estarlo, el requisito de la \u00abcoincidencia total y absoluta entre el bien perseguido por el demandante como propietario suyo y el detentado por el demandado con calidad de poseedor, es decir, con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb, desconociendo su deber legal de apreciar todas las pruebas que obren en el expediente que hayan sido solicitadas, practicadas e incorporadas en debida oportunidad. <\/p>\n

CUARTO CARGO <\/p>\n

Tambi\u00e9n con soporte en la causal primera se afirma afrenta de las mismas disposiciones materiales citadas en el cargo precedente por error manifiesto de hecho al dejar de apreciar unos documentos en su materialidad, quebranto que tuvo origen en la indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 76, 82, 174, 175, 177, 181, 183, 187, 251, 252, 258 y 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

El sentenciador ignor\u00f3 las Escrituras P\u00fablicas 3284 del 28 de abril de 1992 otorgada en la Notar\u00eda Cuarta de Bogot\u00e1 y 2133 de 19 de mayo de 1992 de la Notar\u00eda 25 de la misma ciudad, que fueron pedidas, aducidas, decretadas y practicadas en forma legal en el proceso, pero no valoradas. Mediante la primera, Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra le transfiri\u00f3 a H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez el derecho pleno de posesi\u00f3n y mejoras sobre el lote A-2 ubicado dentro del terreno demarcado con el n\u00famero 96 A- 39 de la Avenida Boyac\u00e1 de Bogot\u00e1; y, en virtud de la segunda, H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez, a su vez, le vendi\u00f3 a Cecilia Callejas de Campos \u00abla posesi\u00f3n y mejoras que tiene y ejerce\u00bb sobre una parte del mismo lote A-2 all\u00ed descrito. <\/p>\n

Por no tener en cuenta esas probanzas, dedujo que el inmueble pretendido era uno solo y que all\u00ed existe una coposesi\u00f3n, sin advertir que en realidad la posesi\u00f3n de los demandados \u00abno se reduce a cuotas partes, sino a lotes debidamente determinables y determinados\u00bb, como se infiere de las referidas escrituras. As\u00ed las cosas, el lote reclamado por los demandantes no es el mismo pose\u00eddo por H\u00e9ctor Arnulfo Moreno pues no coinciden ni por linderos, ni por \u00e1rea, y al no configurarse uno de los requisitos de la reivindicaci\u00f3n este demandado debe ser absuelto de las pretensiones incoadas en su contra. <\/p>\n

QUINTO CARGO. <\/p>\n

A tono con la causal primera se afirma afrenta de las mismas disposiciones sustanciales y procesales referidas en los dos cargos anteriores, incurriendo en error manifiesto de hecho por dejar de apreciar medios persuasivos que obran en el expediente. <\/p>\n

El Tribunal no consider\u00f3 las Escrituras P\u00fablicas 3284 del 28 de abril de 1992 de la Notar\u00eda Cuarta de Bogot\u00e1 y 2133 de 19 de mayo de 1992 de la Notar\u00eda 25 de la misma ciudad, ni la inspecci\u00f3n judicial, medios que fueron pedidos, aducidos, decretados y practicados de manera legal. <\/p>\n

En esencia, para la sustentaci\u00f3n de este embate se recurre a los mismos argumentos de los numerados como tercero y cuarto, precisando que las escrituras en menci\u00f3n se vieron complementadas con la inspecci\u00f3n judicial, por lo que debieron ser apreciadas conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica y en forma conjunta. En esa medida, el juzgador incurri\u00f3 en error manifiesto de hecho por no haberles atribuido el alcance que la ley les confiere. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- Dispone el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil que \u00abla reivindicaci\u00f3n o acci\u00f3n de dominio es la que tiene el due\u00f1o de una cosa singular, de que no est\u00e1 en posesi\u00f3n, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla\u00bb, y conforme a las dem\u00e1s disposiciones que regulan esta acci\u00f3n se pueden reivindicar las cosas corporales, ra\u00edces y muebles (art. 947 ib.), los otros derechos reales como el dominio, excepto el de herencia (art. 948 ib.) y tambi\u00e9n \u00abse puede reivindicar una cuota determinada proindiviso de una cosa singular\u00bb (art. 949 ib.), siendo esta una acci\u00f3n instituida para aquel \u00abque tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa\u00bb (art. 950 ib.) y para el que \u00abha perdido la posesi\u00f3n regular de la cosa y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripci\u00f3n\u00bb (art. 951 ib.). <\/p>\n

Respecto de esta tipolog\u00eda de acci\u00f3n, en CSJ SC 28 feb. 2011, rad. 1994-09601-01, se memor\u00f3, <\/p>\n

(\u2026) Sobre esta particular cuesti\u00f3n, tiene dicho la Corte que \u201cdentro de los instrumentos jur\u00eddicos instituidos para la inequ\u00edvoca y adecuada protecci\u00f3n del derecho de propiedad, el derecho romano prohij\u00f3, como una de las acciones in rem, la de tipo reivindicatorio (reivindicatio, Libro VI, T\u00edtulo I, Digesto), en ejercicio de la cual, lato sensu, se autorizaba al propietario -y se sigue autorizando- para reclamar que, judicialmente, se ordene al poseedor restituir el bien que se encuentra en poder de este \u00faltimo, por manera que la acci\u00f3n reivindicatoria, milenariamente, ha supuesto no s\u00f3lo el derecho de dominio en cabeza de quien la ejerce, sino tambi\u00e9n, a manera de insoslayable presupuesto, que \u00e9ste sea objeto de ataque \u2018en una forma \u00fanica: poseyendo la cosa, y as\u00ed es indispensable que, teniendo el actor el derecho, el demandado tenga la posesi\u00f3n de la cosa en que radica el derecho\u2019 (LXXX, p\u00e1g. 85)\u2026 Como l\u00f3gica, a la par que forzosa consecuencia de lo esgrimido en el p\u00e1rrafo anterior, emergen las dem\u00e1s exigencias basilares para el \u00e9xito de la acci\u00f3n reivindicatoria, cuales son, que ella recaiga sobre una cosa singular o cuota indivisa de la misma, y que exista identidad entre la cosa materia del derecho de dominio que ostenta el actor y la pose\u00edda por el demandado\u201d (cas. civ., sentencia del 15 de agosto de 2001, expediente No. 6219; \u2026). <\/p>\n

Justamente, ejercida la actio reivindicatio por el due\u00f1o de la cosa, sobre \u00e9ste gravita la carga probatoria de su derecho de propiedad con los t\u00edtulos adquisitivos correspondientes debidamente inscritos en el folio de registro inmobiliario (art\u00edculos 43 y 54 del D. 1250 de 1970; cas. civ. sentencias de 30 de julio de 2001, exp. 5672 y 6 de octubre de 2005, exp. 7895) y tambi\u00e9n debe acreditar con elementos probatorios suficientes la identidad del bien reivindicado en forma tal que no exista duda respecto de aqu\u00e9l cuyo dominio invoca y de cuya posesi\u00f3n est\u00e1 privado con el pose\u00eddo por el demandado. <\/p>\n

Seg\u00fan lo ha sostenido en forma consistente la jurisprudencia de la Corte, son elementos para el \u00e9xito de la acci\u00f3n reivindicatoria: a) Derecho de dominio en el demandante; b) Posesi\u00f3n material en el demandado; c) Cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular; y d) Identidad entre la cosa que pretende el demandante y la que es pose\u00edda por el demandado2. <\/p>\n

2.- Entre los requisitos necesarios para viabilizar la acci\u00f3n de dominio se encuentran que \u00e9sta recaiga sobre una cosa singular o cuota determinada de cosa singular, y la identidad entre el bien objeto de reivindicaci\u00f3n y el pose\u00eddo por los demandados. Estos presupuestos deben concurrir en armon\u00eda, comoquiera que la cosa singular, esto es aquella caracterizada como especie o cuerpo cierto que se torna inconfundible, y sobre la cual el demandante alega y demuestra dominio, debe ser la misma pose\u00edda materialmente en forma total o parcial por aquel de quien se reclama la restituci\u00f3n. <\/p>\n

Frente a estos conceptos, en CSJ SC 25 nov. 2002, rad. 7698, reiterada en SC 13 oct. 2011, rad. 2002-00530-01, se precis\u00f3 que, <\/p>\n

(\u2026) la singularidad de la cosa, trat\u00e1ndose de un inmueble, hace relaci\u00f3n a que se trate de una especie o cuerpo cierto, por tanto inconfundible con otro; por consiguiente, no est\u00e1n al alcance de la reivindicaci\u00f3n las universalidades jur\u00eddicas, como el patrimonio y la herencia, o aquellos predios que no est\u00e9n debidamente individualizados o determinados. En esa medida, cabe se\u00f1alar que no pierde la condici\u00f3n de ser cosa singular el inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n por el hecho de que se haya especificado en la demanda un predio, y luego se demuestre que el dominio o la posesi\u00f3n recae sobre una porci\u00f3n menor del mismo, pues \u00e9sta se impregna de esa misma caracter\u00edstica, claro est\u00e1, hall\u00e1ndose perfectamente determinada como parte integrante del bien disputado. <\/p>\n

3. El segundo, la identidad, simplemente llama a constatar la coincidencia entre todo o parte del bien cuya restituci\u00f3n reclama el demandante en su condici\u00f3n de due\u00f1o, con el que efectivamente posee el demandado; y si apenas resulta afectada en esa correlaci\u00f3n una porci\u00f3n del mismo, simplemente se impone aplicar lo dispuesto en el art\u00edculo 305 del C. de P. C., seg\u00fan el cual \u201csi lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocer\u00e1 solamente lo \u00faltimo\u201d. <\/p>\n

4. Es decir, uniendo ambos requisitos, la cosa singular debe ser una misma, sea en todo o en parte, tanto aquella respecto de la cual el demandante alega dominio, como la que posee materialmente el demandado a quien aqu\u00e9l le reclama la restituci\u00f3n. La singularidad ni la identidad, pues, desmerece por el hecho de que el demandante haya singularizado un predio del cual apenas parcialmente ejerce posesi\u00f3n el demandado; tal presupuesto no se verifica entre lo que se demanda y lo que se otorga en la sentencia, sino entre la cosa de la cual afirma y demuestra dominio el actor y lo que respecto de ella posee el demandado. (\u2026)3. <\/p>\n

Posteriormente, en SC 211-2017, rad. 2005-00124-01, se refiri\u00f3, <\/p>\n

(\u2026) Conviene empezar se\u00f1alando que la \u00abidentidad\u00bb requerida en esta estirpe de controversias ostenta un alcance dual, pues de una parte, ata\u00f1e a la coincidencia que debe existir entre la heredad cuya reivindicaci\u00f3n se reclama y la de propiedad del demandante, y a la correspondencia de la cosa pose\u00edda por el accionado con la reclamada por aqu\u00e9l. <\/p>\n

La carencia de cualquiera de los elementos axiol\u00f3gicos que integran la acci\u00f3n reivindicatoria trunca el prop\u00f3sito restitutorio. Se limita el escenario y alcance de la acci\u00f3n, al no demostrarse uno solo de los elementos, as\u00ed concurran los otros requisitos, frustrando su acogimiento. Al respecto, la Corte ha estructurado una doctrina intangible a fin de dar seguridad a las relaciones jur\u00eddicas en el marco del derecho de las cosas. Con relaci\u00f3n al requisito de singularidad expuso: <\/p>\n

\u201cLa determinaci\u00f3n y singularidad de la cosa pretendida circunscribe el campo de la acci\u00f3n reivindicatoria, porque como lo tiene dicho la Corte, \u2018cuando la cosa que se intenta reivindicar no se ha podido determinar no se puede decretar la reivindicaci\u00f3n\u2019. De modo que este elemento atisba a la seguridad y certeza de la decisi\u00f3n, am\u00e9n de su entronque \u00edntimo con el derecho protegido, pues no puede olvidarse que trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n reivindicatoria, tutela del derecho real de dominio y expresi\u00f3n del ius persequendi, la determinaci\u00f3n misma de la cosa se torna en elemento sine qua non, porque el derecho real de dominio s\u00f3lo puede hacerse realidad como poder directo y efectivo sobre una cosa determinada, es decir, una cosa individualizada como un cuerpo cierto\u201d4. <\/p>\n

Luego, enfatiz\u00f3 que la \u201c(\u2026) singularidad de la cosa reivindicada (\u2026) apunta a que la pretensi\u00f3n recaiga sobre una cosa particular, o una cuota determinada proindiviso de ella, puesto que la reivindicaci\u00f3n es una acci\u00f3n de defensa de la propiedad, que supone, como objeto, un bien individualmente determinado, requerimiento que por ende se colma singulariz\u00e1ndolo objetivamente, en forma que no sea dable confundirlo con otro (\u2026)\u201d5\u00bb (\u2026). <\/p>\n

4.3. La verificaci\u00f3n de la identidad del bien reivindicable se obtiene de cotejar objetivamente la prueba de la propiedad en cabeza del actor, la demanda y los medios de persuasi\u00f3n \u00fatiles para el efecto. Ese ejercicio permite determinar si el terreno detentado por el accionado, en realidad corresponde al reclamado por aqu\u00e9l. (subraya intencional). <\/p>\n

3.- En la providencia examinada, la tesis del apelante Moreno Hern\u00e1ndez referida a que el bien no estaba singularizado dado que sobre el mismo ejerc\u00edan posesi\u00f3n varias personas sin que en la demanda se hubiera especificado la identificaci\u00f3n y linderos de cada uno de los predios, fue analizada y desechada por el Tribunal, al hallar \u00abevidente que el inmueble que se reivindica es uno mismo en su cabida, linderos e identificaci\u00f3n registral y as\u00ed se persigui\u00f3 por su propietario en la demanda\u00bb. <\/p>\n

No obstante, en ning\u00fan segmento de la providencia se afirma que los convocados se comportaran o hubiesen sido considerados como coposeedores, esto es, con una intenci\u00f3n manifiesta de poseer en com\u00fan, la totalidad del inmueble o sus divisiones. Por el contrario, se razon\u00f3 que cada uno de ellos ejerc\u00eda actos de se\u00f1or\u00edo sobre un \u00e1rea independiente y bajo ese supuesto se defini\u00f3 su suerte en el proceso, en concreto, cuando se puntualiz\u00f3, <\/p>\n

(\u2026) de acuerdo con las transferencias que se suscitaron entre poseedores, seg\u00fan las escrituras p\u00fablicas aportadas en las instancias, tienen tal calidad [poseedores] cinco y no cuatro personas como lo determinara el juzgador de primer grado y de acuerdo igualmente con tales documentos, ostentar\u00edan las siguientes \u00e1reas de terreno: <\/p>\n

Rafael Campos: \t\t\t1.966.74 m2
\nH\u00e9ctor Arnulfo Moreno: \t\t1.464.63 m2
\nCecilia Callejas de Campos: \t500,00 m2
\nAntonio Jos\u00e9 Cardona: \t\t395,33 m2
\nMart\u00edn Ignacio Angarita:\t\t1.600,00 m2 <\/p>\n

Por otra parte, el Tribunal tuvo muy presente que a su cargo estaba dirimir las discrepancias planteadas por los apelantes con relaci\u00f3n a la individualizaci\u00f3n del predio en litigio y que, en lo medular, los reproches propuestos se sustentaban en la \u00abinconsistencia aritm\u00e9tica a la vez que f\u00edsica, de la cabida superficiaria y linderos\u00bb, lo que pon\u00eda en tela de juicio la satisfacci\u00f3n del requisito de la identidad entre el bien de propiedad de los accionantes y el pose\u00eddo por los demandados. <\/p>\n

Ello qued\u00f3 evidenciado, desde el momento en que se propuso resolver el problema jur\u00eddico consistente en \u00abestablecer si se abre paso la reivindicaci\u00f3n de un inmueble a pesar de las inconsistencias que se presentan en la determinaci\u00f3n f\u00edsica del \u00e1rea total del terreno frente al contenido de la matr\u00edcula inmobiliaria y el t\u00edtulo escriturario, cuando las experticias concluyen en todo caso, que el levantamiento topogr\u00e1fico de dicho terreno se identifica con el que se persigue en la demanda\u00bb, y al acometer esa tarea, le dio preeminencia a la Escritura P\u00fablica 0057 de 1988 otorgada en la Notar\u00eda Treinta de Bogot\u00e1, sobre las conclusiones de los peritos al respecto. <\/p>\n

Mirando con detenimiento el hilo argumentativo del fallo, se aprecia que, para verificar la procedencia de la acci\u00f3n incoada, el Juzgador analiz\u00f3 por separado los distintos requisitos que la jurisprudencia ha referido, que involucran la constataci\u00f3n de los elementos de la identidad del bien reivindicable, labor\u00edo que supon\u00eda un cotejo objetivo entre la prueba de la propiedad de los accionantes, con la demanda y los medios de persuasi\u00f3n allegados para tal fin. En esa direcci\u00f3n, estableci\u00f3 que tanto el segmento de terreno detentado por el recurrente, como los pose\u00eddos por otros de los accionados, estaban inmersos en el predio de mayor extensi\u00f3n reclamado por los promotores. <\/p>\n

El casacionista no cuestiona las inferencias del ad quem relacionadas con los t\u00edtulos de dominio allegados por los demandantes que los legitimaban para promover la acci\u00f3n, pero s\u00ed lo atinente a la interpretaci\u00f3n de la demanda y a la apreciaci\u00f3n de ciertos medios demostrativos de los cuales, seg\u00fan lo asegura, se extrae que en este evento no exist\u00eda un solo bien ra\u00edz, sino cinco globos de terreno de menor extensi\u00f3n \u00abcon \u00e1reas totalmente definidas y se\u00f1aladas por linderos propios\u00bb. <\/p>\n

Los cargos as\u00ed propuestos devienen infundados, por lo siguiente: <\/p>\n

3.1.- Desde la g\u00e9nesis del proceso hubo claridad en punto a que los accionados en diferentes momentos y de manera individual ingresaron al predio a ejercer posesi\u00f3n sobre distintas fracciones; los citados que concurrieron de manera personal al juicio as\u00ed lo admitieron y tal situaci\u00f3n se constat\u00f3 en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, adem\u00e1s, el Tribunal no fue ajeno a esas afirmaciones y evidencias, por lo que, al momento de corroborar la presencia de las condiciones de singularidad e identidad del predio en litigio, acot\u00f3: <\/p>\n

El bien es claramente una cosa singular, que no una universalidad jur\u00eddica, pues no se transforma en dicha modalidad, por fuerza de la tesis expuesta por el apelante Moreno Hern\u00e1ndez, si el sentido de su impugnaci\u00f3n apunta a refutar la singularidad del inmueble por virtud de la posesi\u00f3n que sobre \u00e9l ejercen los varios demandados por no haberse especificado en el libelo genitor la identificaci\u00f3n y linderos de cada uno de los predios pose\u00eddos, en donde encuentra el censor la inepta demanda que igualmente s\u00f3lo en \u00e9ste estadio procesal viene a esbozar. <\/p>\n

Nada m\u00e1s contrario a la real naturaleza del bien involucrado en el litigio, pues el hecho de que sea plural el n\u00famero de poseedores que han venido a ejercer actos de se\u00f1or\u00edo sobre porciones del predio, no lo vuelven una universalidad jur\u00eddica como para que por gracia de tal argumento pierda la vocaci\u00f3n reivindicatoria que a todas luces ostenta, pues ni las varias porciones en que han dado en fraccionarlo sus poseedores, dio surgimiento a varios inmuebles identificables jur\u00eddicamente cada uno por sus linderos y folio de matr\u00edcula separado, ni el hecho de que cada poseedor haya decidido a su vez fraccionar la parte pose\u00edda, da nacimiento a una universalidad de hecho, cuando es evidente que el inmueble que se reivindica es uno mismo en su cabida, linderos e identificaci\u00f3n registral y as\u00ed se persigui\u00f3 por su propietario en la demanda (\u2026). <\/p>\n

Frente a la identidad que debe constatarse entre el bien pretendido y el pose\u00eddo, dijo el ad quem, <\/p>\n

6.- La identidad entre el bien pretendido por el demandante y el pose\u00eddo por los demandados, propici\u00f3 en esta instancia \u00e1lgido debate por parte de los poseedores demandados, reiterativos en se\u00f1alar la inconsistencia aritm\u00e9tica a la vez que f\u00edsica, de la cabida superficiaria y linderos, como una circunstancia que quebranta la conjunci\u00f3n de las exigencias legales para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria. Por esta v\u00eda acusan que el sentenciador de primera instancia desoye las diferencias en el c\u00e1lculo del \u00e1rea pretendida y la que es de propiedad de los demandantes, as\u00ed como lo dictaminado por los peritos, a quienes acusan de ineptitud y empleo de mecanismos inadecuados para hallar la cabida del \u00e1rea de terreno en conflicto. <\/p>\n

6.1.- Es bien cierto que la demanda se busca reivindicar un \u00e1rea de 5.926,70 m2, advirtiendo de entrada la Sala que, desde la escritura 1583 de diciembre 23 de 1982 de la Notar\u00eda 16 de Bogot\u00e1 en la que Meals de Colombia SA. transfiri\u00f3 un \u00e1rea de 11.080,39 m2 al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, quedando un \u00e1rea de 5.905,28 m2 de los 16.985,67 m2 que inicialmente comprend\u00eda el terreno, con lo que se nota ya una inconsistencia aritm\u00e9tica entre los 5.926,70 m2 y los 5.905,28 m2 que en efecto quedaron despu\u00e9s de la transferencia descrita. De ah\u00ed en adelante se sigue la cascada de imprecisiones sobre la cabida superficiaria, m\u00e1s en la menci\u00f3n que se hace de ella en las escrituras p\u00fablicas posteriores, que en lo que pudiere en verdad corresponder con la medici\u00f3n f\u00edsica del lote. <\/p>\n

Es as\u00ed que con Escritura P\u00fablica 2822 del 10 de abril de 1992 se incurre en la imprecisi\u00f3n de indicar como \u00e1rea objeto de la transferencia la de 5.926,70 m2 de Luis Felipe Macheta Barrantes a Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra. Pero adem\u00e1s se indica que de esta \u00e1rea, se descuentan 1.019,69 m2 como \u00e1rea de cesi\u00f3n al distrito quedando un \u00e1rea \u00fatil de 4.909 m2, cuando la evidencia aritm\u00e9tica exige que dicha operaci\u00f3n deber\u00eda arrojar 4.907,01 m2, si es que se toma el \u00e1rea de 5.926,70 m2 que se insiste, no es correcta por lo menos matem\u00e1ticamente. <\/p>\n

6.2.- No obstante, el dictamen pericial practicado en la primera instancia es insistente en concluir que la cabida superficiaria del lote es de 5.926,70 m2 (c. 5), en tanto que, el practicado en segunda, refiere que este concepto alcanza los 5.926,93 m2, respuesta posteriormente aclarada para concluir que el \u00e1rea exacta es de 5.855 m2 (c. 8). <\/p>\n

En relaci\u00f3n con la exactitud de la cabida superficiaria como criterio que afecta la plena identidad del inmueble, apelaron los demandados Cecilia Callejas, Rafael Campos y H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez, este \u00faltimo enf\u00e1tico en apuntar que los demandantes no pueden reivindicar 5.926,70 m2 sino solamente 3.831,78 m2 porque hay porciones que son de otras personas o fueron cedidas a entidades estatales. <\/p>\n

6.3.- Para desatar las impugnaciones a este respecto planteadas, es lo primero apuntalar que este presupuesto sustancial de la acci\u00f3n reivindicatoria dice relaci\u00f3n no s\u00f3lo con la coincidencia entre el inmueble que el demandante pretende y el inmueble pose\u00eddo por los demandados sino principalmente, y es all\u00ed donde estriba la verdadera identidad de la cosa, en lo que ata\u00f1e a la simetr\u00eda entre el bien de que es titular el demandante, de cuya posesi\u00f3n ha sido privado y el bien que reclama en la demanda. <\/p>\n

As\u00ed, la identidad del bien consulta dos aspectos: uno sustancial y otro procesal. Identidad material entre el bien cuya titularidad exhibe el actor y aqu\u00e9l que detenta el demandado poseedor, e identidad entre \u00e9ste y el se\u00f1alado en la demanda, conforme lo exige el art. 76 del C. de P.C. (Subraya intencional). <\/p>\n

A partir de esos razonamientos y tras aludir al m\u00e9rito demostrativo de la anotaci\u00f3n n\u00b0 3 del folio inmobiliario 50C-668335 correspondiente a la Escritura P\u00fablica 0057 de 1988 por la cual Meals de Colombia hizo constar la exactitud de los linderos y extensi\u00f3n del \u00e1rea utilizable del predio, fue que opt\u00f3 por desestimar las experticias practicadas, se\u00f1alando, <\/p>\n

(\u2026) Sin m\u00e1s proleg\u00f3menos debe entonces decirse que las conclusiones tan rotundamente esgrimidas por los duetos periciales tanto en el trabajo inicial como en el rendido para probar la objeci\u00f3n contra aquel, surgieron con ocasi\u00f3n de las bases equ\u00edvocas de las que partieron los estudios, si se tiene en cuenta que lo verificado por los auxiliares apunt\u00f3 a la identidad formal entre el bien pretendido en la demanda y el pose\u00eddo por los demandados, supuesto bajo el cual, efectivamente habr\u00eda de coincidir que el \u00e1rea del predio ser\u00eda de 5.926,70 m2, soslayando el vigor que impon\u00eda la identidad material que deb\u00eda regentar el resultado, de haberse atendido el contenido de los t\u00edtulos escriturarios ostentados por los actores al adquirir, as\u00ed como sus escrituras p\u00fablicas aclaratorias de linderos y cabida, por ellos mismos extendidas, debidamente inscritas en el registro de instrumentos p\u00fablicos con cargo al folio de matr\u00edcula del inmueble, yerro que configura distorsi\u00f3n en el objeto observado que resulta determinante en el juicio y que impide a la Sala apreciar el contenido y alcance de la tarea auxiliar as\u00ed vertida. <\/p>\n

6.7. La reivindicaci\u00f3n que procede entonces ordenar a favor de los propietarios s\u00f3lo puede recaer sobre el \u00e1rea de 3.831,78 m2 a que se refiere el certificado de tradici\u00f3n y el certificado de catastro distrital, como que no est\u00e1 vedado el juzgador de fallar infra petita o 'hasta lo probado, sin atadura a la pretensi\u00f3n de 5.926,70 m2 elevada en la demanda y pese a\u00fan a lo dictaminado, por las razones expuestas en l\u00edneas precedentes. El \u00e1rea que se ordenar\u00e1 reivindicar es la que qued\u00f3 debidamente alinderada en la escritura 0057 de 18 de enero de 1988 de la Notar\u00eda 30 de Bogot\u00e1. <\/p>\n

3.2.- La vulneraci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por indebida interpretaci\u00f3n de la demanda, se concreta a una desfiguraci\u00f3n del debate, ocasionado en que el fallador se ocupe de analizar aspectos ajenos a los que se someten a su estudio, a partir de una manifiesta equivocaci\u00f3n en la comprensi\u00f3n del querer del libelista. Un desacierto de esa magnitud, conduce a que se estudie la cuesti\u00f3n en un marco normativo que no le es propio, dejando de solucionar los puntos que verdaderamente se plantearon para el discernimiento judicial. <\/p>\n

La necesidad de interpretar el pliego demandatorio, acontece cuando presenta deficiencias en la presentaci\u00f3n de sus fundamentos por ambig\u00fcedad, imprecisi\u00f3n o falta de claridad, que obliguen al operador judicial, en aras de las garant\u00edas de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y efectividad de los derechos subjetivos, a buscar su sentido real, eso s\u00ed, teniendo cuidado de no alterar o sustituir la voluntad de quien, en ejercicio de su derecho de acci\u00f3n, acude a la jurisdicci\u00f3n en b\u00fasqueda de una soluci\u00f3n heterocompositiva para una controversia jur\u00eddica. <\/p>\n

En tal virtud, la prosperidad de un cargo en casaci\u00f3n edificado sobre esa causal exige que efectivamente el sentenciador se haya extralimitado por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n en esa labor hermen\u00e9utica, \u00abcomo ocurre cuando tergiversa de modo evidente su texto, o lo hace decir lo que no expresa o, tambi\u00e9n cercena su real contenido\u00bb. (SC 22 ago. 1989), adicionalmente, debe demostrarse que el yerro es manifiesto u ostensible, as\u00ed como su incidencia en la decisi\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto, en SC 27 ago. 2008, rad: 1997-14171-01, dijo la Sala, <\/p>\n

(\u2026) el error del juez en la apreciaci\u00f3n de la demanda ha de ser manifiesto, pr\u00edstino o evidente pues si \u201cno es de esta naturaleza, prima facie, si para advertirlo se requiere de previos y m\u00e1s o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendr\u00e1 incidencia en el recurso extraordinario.\u201d (CXLII, 242). <\/p>\n

Igualmente es menester la naturaleza inobjetable e indudable del yerro, o sea, no debe prestarse a duda, de tal manera que la \u00fanica interpretaci\u00f3n admisible sea la del censor, en tanto, \u201cdonde hay duda no puede haber error manifiesto\u201d (LXVIII, 561, CCXII, p. 113 y CCXXXI, p. 704) y no basta con \u201censayar simplemente (…) un an\u00e1lisis diverso del que hizo el Tribunal para contraponerlo al de \u00e9ste. Porque no es suficiente hacer un examen m\u00e1s profundo o sutil, para que se pueda lograr la modificaci\u00f3n de las apreciaciones que el ad quem haya hecho en su sentencia\u201d (CCXVI, p. 520) y \u201ccuando uno de los hechos afirmados en la demanda incoativa del proceso, ya sea que se le considere aisladamente o ya en conjunto con otro u otros para su definici\u00f3n jur\u00eddica, ofrece dos o m\u00e1s interpretaciones l\u00f3gicas, ninguna de las cuales desborda el objetivo de dicho libelo, puede el sentenciador elegir una u otra, sin que su conducta implique error de hecho manifiesto porque tal proceder no entra\u00f1a arbitrariedad, ni contradice la evidencia que ese escrito ostenta\u201d (CLII, 205), prevaleciendo \u201cel amplio poder de interpretaci\u00f3n que en este \u00e1mbito el ordenamiento positivo les reconoce a los juzgadores (…), no solamente para que desentra\u00f1en la verdadera intenci\u00f3n del demandante en guarda del principio seg\u00fan el cual es la efectividad de los derechos subjetivos el fin que a trav\u00e9s de aqu\u00e9l escrito [demanda] se busca, sino tambi\u00e9n para que libremente determinen y declaren las normas aplicables a los hechos integrantes del objeto demandado cuya certeza de antemano ha sido verificada en el fallo\u201d (CCXXXI, p. 704). (subraya intencional)6. <\/p>\n

Seg\u00fan puede apreciarse, en ejercicio de la acci\u00f3n reivindicatoria prevista en los art\u00edculos 946 y siguientes del C\u00f3digo Civil, los demandantes procuraron obtener la restituci\u00f3n del inmueble de su propiedad, de cuya posesi\u00f3n material hab\u00edan sido privados, junto con sus frutos naturales y civiles. Como soporte de esas aspiraciones, adujeron tanto su calidad de copropietarios del predio, como la de poseedores que ostentaban sus contradictores, en orden a lo cual se ocuparon de relacionar los negocios jur\u00eddicos por los que obtuvieron su derecho real, y aquellos a partir de los cuales los \u00faltimos adquirieron la posesi\u00f3n de diferentes lotes desmembrados del que correspond\u00eda a la mayor extensi\u00f3n, cumpliendo de esa manera el mandato del art\u00edculo 952 ibidem, en el sentido de dirigir la demanda contra los poseedores actuales del bien. <\/p>\n

Quiere decir lo anterior, que en la forma como se plasmaron los hechos y las pretensiones, el libelo no suger\u00eda vaguedad o ambig\u00fcedad, de donde su texto ten\u00eda la trascendencia de delimitar no solo el objeto del proceso, sino tambi\u00e9n la esfera de contradicci\u00f3n de los convocados, entre quienes est\u00e1 el ahora recurrente, que dicho sea de paso, opt\u00f3 por responder la demanda en forma mancomunada con otros tres de los accionados, r\u00e9plica en la que admitieron su condici\u00f3n de poseedores y como enervantes solo invocaron \u201cabandono del predio pretendido reivindicar\u201d, \u201cconcierto documental simulado de ventas del predio entre los actores para despojar del bien a los demandados\u201d y \u201cmera o nuda propiedad del bien pretendido reivindicar\u201d (fls. 175 – 176 y 221 \u2013 224 ib.). <\/p>\n

En esas circunstancias, no es factible acoger la tesis referente a que el Tribunal no comprendi\u00f3 el alcance de lo realmente pedido en el libelo y que por ello ten\u00eda el deber de interpretar la demanda en su integridad para deducir que lo reclamado de cada demandado era la devoluci\u00f3n de los respectivos predios \u00abdeterminados por \u00e1reas y linderos\u00bb, pues no fue esa la forma en que los propietarios plantearon la controversia en el plano sustancial y procesal, y en todo caso, esa situaci\u00f3n del ejercicio independiente de los actos como se\u00f1ores y due\u00f1os efectuados por los opositores, s\u00ed fue considerada por la colegiatura en su fallo. <\/p>\n

En suma, si el Juzgador en la definici\u00f3n del asunto atendiendo los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la causa petendi, accedi\u00f3 a las s\u00faplicas en la forma pedida, no puede ahora el convocado dolerse de un yerro ostensible y trascendente derivado de la indebida apreciaci\u00f3n de la pieza procesal inaugural, por falta de interpretaci\u00f3n, pues si no hall\u00f3 pasajes oscuros, ambiguos o imprecisos en ella, no ten\u00eda por qu\u00e9 interpretarla. Adem\u00e1s, como lo ha decantado la jurisprudencia de la Corte, la actividad de interpretaci\u00f3n solamente es atacable en casaci\u00f3n \u00ab(\u2026) \u2018cuando fuere notoria y evidentemente err\u00f3nea, lo que no se dar\u00eda cuando entre varias interpretaciones razonables y l\u00f3gicamente posibles, el Tribunal ha elegido alguna de ellas, pues es el resultado del ejercicio adecuado de su funci\u00f3n jurisdiccional\u2019 (sentencias del 7 de abril de 1989 y del 28 de febrero de 1992, sin publicar)\u201d (\u2026)\u00bb7, hip\u00f3tesis que aconteci\u00f3 en este proceso. <\/p>\n

3.3.- Igualmente, carecen de asidero los reparos formulados por el recurrente cuando afirma que el Tribunal pretermiti\u00f3 la valoraci\u00f3n de las Escrituras P\u00fablicas 3284 del 28 de abril de 1992 otorgada en la Notar\u00eda Cuarta de Bogot\u00e1 y 2133 de 19 de mayo de 1992 de la Notar\u00eda 25 de la misma ciudad, mediante las cuales, en su orden, Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra le transfiri\u00f3 a H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez el derecho pleno de posesi\u00f3n y mejoras sobre el lote A-2 ubicado dentro del terreno demarcado con el n\u00famero 96 A- 39 de la Avenida Boyac\u00e1 de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1; y \u00e9ste, a su vez, le vendi\u00f3 a Cecilia Callejas de Campos \u00abla posesi\u00f3n y mejoras que tiene y ejerce\u00bb sobre una parte de ese lote, pues es lo cierto que para arribar a la mencionada conclusi\u00f3n en lo que ata\u00f1e a los derechos de H\u00e9ctor Moreno y Cecilia Callejas, el Tribunal s\u00ed tuvo en cuenta lo consignado en los referidos instrumentos escriturales. <\/p>\n

De otra parte, aunque expl\u00edcitamente el ad quem no dijo qu\u00e9 m\u00e9rito probatorio le asign\u00f3 a la inspecci\u00f3n judicial en lo tocante a la identidad del bien, y solo mencion\u00f3 esa probanza para indicar que \u00e9ste fue segregado en cinco lotes y referir las mejoras all\u00ed instaladas, ello no significa que haya desconocido su incidencia en la elucidaci\u00f3n de los hechos relevantes para la definici\u00f3n del asunto, pues precisamente la existencia de las subdivisiones del inmueble constatada en esa diligencia fue pac\u00edfica durante todo el tr\u00e1mite y en armon\u00eda con esa evidencia, la prueba pericial se orient\u00f3 a establecer el valor de las construcciones edificadas y los frutos civiles que pudiera producir el inmueble \u00aben su globo y en cada una de sus secciones\u00bb (fl. 20 \u2013 40, c. 5). <\/p>\n

Se destaca tambi\u00e9n que, en sede de segunda instancia, el superior tuvo presente que algunos de los accionados ejerc\u00edan una posesi\u00f3n independiente sobre diferentes segmentos del predio y en esa direcci\u00f3n, en el auto emitido el 5 de diciembre de 2000 revoc\u00f3 el proferido por el a quo, para disponer la designaci\u00f3n de peritos dentro del tr\u00e1mite de objeci\u00f3n por error grave al dictamen rendido, para que se pronunciaran sobre aspectos relacionados con intereses particulares de los apelantes, referentes a la identificaci\u00f3n del inmueble, mejoras y frutos (fls. 53 \u2013 59, c. 6). <\/p>\n

De lo rese\u00f1ado, salta a la vista que el Juzgador no pas\u00f3 por alto las inconsistencias que sobre la extensi\u00f3n superficiaria del bien y su cabida se presentaron a partir de su fraccionamiento por la venta parcial al IDU seg\u00fan Escritura P\u00fablica 1583 de 1982 de la Notar\u00eda 16 de Bogot\u00e1; de la aclaraci\u00f3n de los linderos y de las \u00abextensiones del \u00e1rea utilizable neta una vez excluidas las zonas verdes, la zona de control ambiental, las v\u00edas locales y las zonas a ceder al Distrito\u00bb documentada en la Escritura P\u00fablica n\u00b0 0057 del 18 de enero de 1988 otorgada por MEALS de Colombia S.A., y de las ventas de derecho de posesi\u00f3n que sobre lotes individuales de \u00e9ste se suscitaron entre los a\u00f1os 1992 y 1993. Sin embargo, encontr\u00f3 allanado el requisito de la singularidad del predio de mayor extensi\u00f3n en su dimensi\u00f3n de cuerpo cierto, por lo mismo, no les impuso a los opositores obligaciones de restituir \u00e1reas de linderos determinados. <\/p>\n

Resulta tambi\u00e9n palmario que, en contrav\u00eda de lo aseverado por el inconforme, el juzgador s\u00ed tom\u00f3 en consideraci\u00f3n la inspecci\u00f3n judicial y las escrituras p\u00fablicas obrantes en el plenario, de ah\u00ed que caiga en el vac\u00edo la acusaci\u00f3n de preterici\u00f3n de esas probanzas, cosa distinta es que sus conclusiones no coincidan con el criterio de aquel, en esa l\u00f3gica, el yerro endilgado ha debido erigirse sobre supuestos de tergiversaci\u00f3n o suposici\u00f3n y no por omisi\u00f3n, lo que impon\u00eda efectuar una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de esas pruebas y lo que ellas realmente dec\u00edan o significaban para la definici\u00f3n del tema controversial. <\/p>\n

No puede desconocerse que cuando se formula censura en casaci\u00f3n por deficiencias en la apreciaci\u00f3n probatoria, la finalidad de este mecanismo extraordinario no es en s\u00ed la apreciaci\u00f3n de las pruebas obrantes en el proceso, sino establecer si la valoraci\u00f3n de aquellas realizada por el sentenciador fue acertada o razonable, o si resulta caprichosa o contraevidente, pues la Corte como Juez de casaci\u00f3n no lo es del proceso sino de la sentencia dictada por el Tribunal, lo que excluye efectuar un nuevo an\u00e1lisis probatorio o una revaluaci\u00f3n de la actividad cr\u00edtica del juzgador en ese labor\u00edo. En tal virtud, si el inconforme opt\u00f3 por atacar la sentencia aduciendo que en la apreciaci\u00f3n de la demanda y del material probatorio el Tribunal incurri\u00f3 en un evidente y trascendente error de hecho, le incumb\u00eda demostrarlo, carga que es este evento no satisfizo. <\/p>\n

3.4.- En adici\u00f3n a lo anterior, vale la pena destacar que al resolver los puntos de inconformidad de los demandados, en lo relacionado con la singularidad e identidad del bien, el fallo recurrido se edific\u00f3 en las siguientes premisas: i) El bien es claramente una cosa singular, pues el hecho de que sea plural el n\u00famero de poseedores, no lo convierten en una universalidad jur\u00eddica; ii) Se acredit\u00f3 la identidad entre el bien pretendido por los demandantes y el pose\u00eddo por los demandados, \u00abno es de rigor que exista una absoluta coincidencia de linderos entre los t\u00edtulos y el bien pretendido (\u2026) Basta que razonablemente se trate del mismo predio con sus caracter\u00edsticas fundamentales\u00bb; iii) de acuerdo con las manifestaciones contenidas en la Escritura 0057 de 1988, los demandantes solo son titulares de 3.831,78 m2, y al estar inscrita en el registro p\u00fablico, determina \u00abel conocimiento que terceros deben asumir del alcance de su dominio\u00bb; iv) no se aprecian los dict\u00e1menes periciales con respecto al \u00e1rea del inmueble, porque partieron de una base equivocada que apunt\u00f3 a la \u00abidentidad formal\u00bb del bien, por encima de la \u00abidentidad material que deb\u00eda regentar el resultado\u00bb, y, v) se emite un fallo infra petita, porque la reivindicaci\u00f3n solo es procedente por un \u00e1rea inferior a la reclamada. <\/p>\n

Sin embargo, llama la atenci\u00f3n que pese a la profusa exposici\u00f3n de las razones por las cuales el sentenciador dict\u00f3 un fallo infra petita, en los ataques objeto de estudio, no se expusieron motivos de refutaci\u00f3n respecto a los que constituyeron pilares argumentativos de esa providencia, pues la censura se propone en tono de discrepancias generales con lo decidido, m\u00e1s a manera de un alegato de instancia que de un cargo en casaci\u00f3n encaminado a derruir la presunci\u00f3n de veracidad y legalidad que la ampara. <\/p>\n

Esta advertencia, solo para poner de presente lo incompletos que en todo caso devienen estos cargos. <\/p>\n

3.5.- En suma, de los embates planteados no se infiere un dislate del sentenciador constitutivo de error de hecho por indebida apreciaci\u00f3n de la demanda o del material probatorio relacionado por el inconforme. <\/p>\n

SEXTO CARGO <\/p>\n

Se acus\u00f3 el fallo como violatorio de los art\u00edculos 960, 947, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil, de manera indirecta por error de derecho, en la apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de la prueba, lo que de paso llev\u00f3 a la aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 949, 961, 962, 963, 964 y 967 ib\u00eddem, transgresi\u00f3n originada en la defectuosa aplicaci\u00f3n de los c\u00e1nones 76, 174, 175, 176, 177, 179, 183, 187, 251, 252, 253, 254, 258 y 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

El Tribunal al dictar su fallo tuvo en cuenta la prueba documental constituida por algunas de las escrituras p\u00fablicas allegadas por los actores, que daban cuenta de la propiedad del inmueble; la confesi\u00f3n de la posesi\u00f3n en cabeza de los demandados, el folio inmobiliario en su tercera anotaci\u00f3n y el certificado catastral y, con base en esos medios, \u00abdio por probada en forma total, la identidad entre lo perseguido en reivindicaci\u00f3n y lo pose\u00eddo por los demandados\u00bb, asign\u00e1ndoles un alcance que no tienen, en orden a acreditar la singularizaci\u00f3n del bien como requisito de la acci\u00f3n de dominio. <\/p>\n

Ese yerro de derecho es ostensible por violaci\u00f3n del art\u00edculo 187 del estatuto procesal, conforme al cual las pruebas deben ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica y el 264 ib\u00eddem, que se\u00f1ala \u00ab[l]os documentos p\u00fablicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza. Las declaraciones que hagan los interesados en escritura p\u00fablica, tendr\u00e1n entre \u00e9stos y sus causahabientes el alcance probatorio se\u00f1alado en el art\u00edculo 258; respecto de terceros; se apreciar\u00e1n conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb. <\/p>\n

El juzgador les confiri\u00f3 valor a las escrituras como \u00fanico pilar para acreditar tanto la singularidad del bien a reivindicar, como su identidad con la cosa pose\u00edda, pero \u00e9stas no son suficientes para sostener el fallo, porque \u00abno aclaran la ubicaci\u00f3n objetiva del inmueble, ni su \u00e1rea actual, real y mucho menos, sus linderos debidamente actualizados, pues los documentos p\u00fablicos solo hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza, pero de ning\u00fan modo pueden dar raz\u00f3n de \u00e1reas y linderos\u00bb. <\/p>\n

De esa manera, incurri\u00f3 en error de derecho, al concederle a esos documentos un alcance probatorio que la ley no les da, y edificar solo sobre ellos su decisi\u00f3n. <\/p>\n

1.- De conformidad con el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00ab[l]as pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb, la omisi\u00f3n de este imperativo legal puede comportar error de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, siempre que se individualicen los medios que no fueron estimados en forma conjunta, siendo de cargo del censor puntualizar los apartados omitidos en esa labor integrativa, cuyo efecto haya sido la violaci\u00f3n indirecta de una norma de derecho sustancial. <\/p>\n

Al efecto, en CSJ SC 29 oct. 2002, rad. 6902, se expuso: <\/p>\n

Respecto de este error ha dicho la Corte que: \u201cEs indiscutible que el incumplimiento por parte del fallador del deber de valorar en conjunto todas las pruebas allegadas al proceso, genera un error de derecho de su parte que hace atacable la sentencia de conformidad con la causal primera de casaci\u00f3n. Empero, no es suficiente que tal cosa se afirme simplemente, sino que es imperativo que, adem\u00e1s de la individualizaci\u00f3n de los medios de prueba no estimados globalmente, se indique por la censura los apartes de cada una de ellas que evidencien y demuestren de modo completo la falta total de dicha integraci\u00f3n, a consecuencia de la cual se produce la violaci\u00f3n de norma de derecho sustancial, so pena de que como secuela de no hacerse as\u00ed permanezca inalterable la presunci\u00f3n de acierto que cobija toda decisi\u00f3n judicial, y por lo mismo inc\u00f3lume la sentencia atacada con el recurso de casaci\u00f3n\u201d.8 <\/p>\n

Es decir, que para que el error denunciado se configure debe demostrar el recurrente que la tarea de evaluaci\u00f3n de las diversas pruebas efectuada por el sentenciador, se llev\u00f3 a cabo al margen del an\u00e1lisis de conjunto ordenado por el art\u00edculo 187 del C. de P.C., lo cual debe realizar poniendo de manifiesto que la apreciaci\u00f3n de los medios de prueba lo fue de manera aislada o separada, sin buscar sus puntos de coincidencia o de enlace, pues si la tarea cumplida por el Tribunal se ci\u00f1\u00f3 al precepto citado, no puede admitirse la existencia del error, cuando con este argumento lo que persigue el casacionista es que se sustituya el examen del conjunto hecho por el juzgador por el realizado por aquel. <\/p>\n

En punto al valor probatorio de los documentos p\u00fablicos, dispone el art\u00edculo 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que \u00e9stos \u00abhacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza\u00bb, y agrega que, \u00ab[l]as declaraciones que hagan los interesados en escritura p\u00fablica, tendr\u00e1n entre \u00e9stos y sus causahabientes el alcance probatorio se\u00f1alado en el art\u00edculo\u00a0258; respecto de terceros; se apreciar\u00e1n conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb. <\/p>\n

2.- El reproche por desconocimiento del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, luce incompleto en la medida que el recurrente no explic\u00f3 qu\u00e9 pruebas se miraron en forma aislada o separada sin buscar sus puntos de coincidencia o de enlace con otros medios de convicci\u00f3n, de tal modo que omiti\u00f3 individualizar los elementos demostrativos que no fueron estimados globalmente, ni indic\u00f3 los apartes de otras probanzas no consideradas, que pusieran en evidencia la falta total de dicha integraci\u00f3n, a consecuencia de la cual se hubiere podido producir la afrenta a disposiciones de contenido material. <\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de referir las normas instrumentales que estim\u00f3 desconocidas como el art\u00edculo 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como documentos relacionados en el fallo cuestionado, el recurrente no realiz\u00f3 ninguna ponderaci\u00f3n o cotejo entre el juicio valorativo probatorio del ad quem a partir de los medios analizados y otros elementos persuasivos que, mirados de manera conjunta con aquellos, pudieran conducir a conclusiones distintas. <\/p>\n

Respecto al m\u00e9rito de los instrumentos p\u00fablicos, la censura se contrae a que, de cara al art\u00edculo 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de las escrituras adosadas al expediente, no pod\u00eda deducirse la individualizaci\u00f3n e identidad del bien pretendido, de modo que a esa documental se le dio \u00abun valor demostrativo que legalmente no tiene frente a los demandados, quienes son verdaderos terceros con relaci\u00f3n a las declaraciones que, sobre linderos y superficie o \u00e1rea, hicieron, por s\u00ed y para s\u00ed, los aqu\u00ed demandantes\u00bb. <\/p>\n

En la forma como se plantea la inconformidad, resulta evidente que los reparos cuestionan la materialidad de la prueba documental en s\u00ed, su contenido, esto es lo que de ella emerge y la estimaci\u00f3n que le reconoci\u00f3 el sentenciador, siendo ese un aspecto relacionado con los supuestos del error de hecho y no de derecho. <\/p>\n

Con todo, a contrario sensu de lo que parece entender la censura, el art\u00edculo 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lejos de desconocer el alcance probatorio de los documentos p\u00fablicos frente a terceros, no hace m\u00e1s que ratificar el principio general de libre apreciaci\u00f3n que irradia el r\u00e9gimen probatorio, cuando prev\u00e9 que, respecto de aquellos, los documentos p\u00fablicos se aprecian conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n

Por otra parte, vale la pena destacar que frente a la individualizaci\u00f3n del inmueble, el sentenciador no consider\u00f3 el plexo de escrituras allegadas por las partes, sino que como ya qued\u00f3 rese\u00f1ado, por encima de los dict\u00e1menes periciales que por su naturaleza eran los medios id\u00f3neos para establecer los aspectos relacionados con \u00e1rea y linderos, privilegi\u00f3 la anotaci\u00f3n tercera del folio inmobiliario, donde se inscribi\u00f3 la citada Escritura 0057 de 1988, por medio de la cual Meals de Colombia S.A aclar\u00f3 los linderos y el \u00e1rea utilizable del inmueble, porque consider\u00f3 que esa manifestaci\u00f3n inscrita en un registro p\u00fablico vincula a quien la hizo y define el conocimiento que los terceros deben asumir del alcance del dominio y adem\u00e1s estaba justificada en situaciones de inter\u00e9s p\u00fablico. <\/p>\n

Dicha valoraci\u00f3n benefici\u00f3 a los accionados ante la reducci\u00f3n de la condena al pago de frutos, en disfavor de su contraparte que no formul\u00f3 casaci\u00f3n, quedando ese \u00edtem por fuera de an\u00e1lisis. <\/p>\n

Ahora, si bien es cierto que, en \u00faltimas, el sentenciador le reconoci\u00f3 a esa anotaci\u00f3n y al instrumento p\u00fablico que la sustenta, el alcance de determinar el \u00e1rea del inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n en 3.831,78 m2, es decir, una extensi\u00f3n inferior a la reclamada en el libelo, y que, ciertamente, era ese un aspecto en el que pod\u00eda darle mayor relevancia a la prueba t\u00e9cnica, no fue ese el motivo de descontento planteado por el casacionista; adem\u00e1s, cualquier desafuero al respecto se tornar\u00eda intrascendente, porque a\u00fan de concederse la raz\u00f3n al inconforme en ese reparo, asumiendo la Corte la posici\u00f3n de Juez de instancia, arribar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n respecto de la satisfacci\u00f3n de los requisitos de singularidad e identidad del bien, lo que impon\u00eda la confirmaci\u00f3n del fallo, comoquiera que las dos experticias practicadas fueron coincidentes en esa inferencia. <\/p>\n

As\u00ed, en el dictamen obrante en el cuaderno n\u00b0 5, tras confrontar la descripci\u00f3n de los linderos del bien efectuada en la demanda, con la prueba documental allegada y la inspecci\u00f3n ocular, aseveraron los auxiliares de la justicia que \u00ablos linderos aunque no precisos en lo que se refiere al direccionamiento cardinal en los diferentes documentos consultados dentro del expediente, corresponden por disposici\u00f3n, colindancia y vecindad\u00bb y agregaron que \u00abel bien inspeccionado, objeto del presente dictamen, s\u00ed corresponde al bien objeto del proceso reivindicatorio que nos ocupa\u00bb (fl. 32). <\/p>\n

Y en el presentado en el curso de la segunda instancia, inicialmente los peritos conceptuaron que el \u00e1rea del \u00abterreno objeto del proceso\u00bb era de 5.926,93 m2, deducci\u00f3n que extrajeron aplicando el m\u00e9todo de \u00abautocad \u2013 comando a\u00e9reo\u00bb, a partir del plano de la manzana catastral que reposa en el Departamento Administrativo de Catastro Distrital, sin embargo, con posterioridad, en la aclaraci\u00f3n de su dictamen a la que acompa\u00f1aron un levantamiento topogr\u00e1fico del mismo predio, precisaron que en realidad su \u00e1rea es de 5.855,oo m2 y que en ella no se encuentran incluidas las zonas verdes o de uso p\u00fablico cedidas al IDU (fls. 57 \u2013 67 y 111 \u2013 136, c. 10). <\/p>\n

De manera que, si se prescindiera de lo consignado en el referido instrumento p\u00fablico para establecer el \u00ab\u00e1rea utilizable el predio\u00bb, de todos modos para la definici\u00f3n del caso, era admisible el razonamiento inicial del juzgador cuando expuso que \u00abla contundencia de las conclusiones arrimadas por los peritos en cuanto a la coincidencia entre el bien pretendido por la parte demandante y el identificado como asentamiento de los poseedores es un criterio que podr\u00eda asumir rasgos de admisibilidad\u00bb dadas las escasas diferencias en la dimensi\u00f3n de algunos linderos y la cabida superficiaria total lo que pod\u00eda obedecer a los cambios que se pueden ir generando con el paso del tiempo y al efecto cit\u00f3 sentencias de esta Sala proferidas el 11 de junio de 1965 y 25 de noviembre de 1993, lo que hubiera bastado para desestimar los cuestionamientos de los apelantes respecto de la singularidad e identidad del fundo. <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, no prospera el cargo.
\nDEMANDA DE CECILIA CALLEJAS DE CAMPOS <\/p>\n

CARGO \u00daNICO <\/p>\n

Con abrigo en la primera causal del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acusa violaci\u00f3n indirecta, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 946 y 949 del C\u00f3digo Civil, incurriendo en un error manifiesto de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, lo que, de paso, gener\u00f3 indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 950, 961, 962, 963, 964 y 967 ibidem. <\/p>\n

El juzgador no analiz\u00f3 en debida forma el libelo introductorio, en especial, el contenido del \u00abcap\u00edtulo primero: propiedad del bien que se reivindica\u00bb, donde al referir de manera espec\u00edfica los derechos detentados por los demandantes, se indic\u00f3 \u00ab[d]e acuerdo a lo dicho el inmueble es ahora propiedad de una comunidad indivisa conformada por Meals de Colombia S.A., propietaria del ochenta por ciento (80%) y Francisco Jos\u00e9 Vergara Carulla, propietario del veinte por ciento (20%) restante\u00bb. <\/p>\n

Los promotores ten\u00edan claro que cada uno de ellos era titular de una cuota determinada proindiviso, sin embargo, ignorando esas aseveraciones, el ad quem consider\u00f3 que se trataba de la acci\u00f3n reivindicatoria de cuerpo cierto consagrada en el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil, incurriendo en un yerro manifiesto, por cuanto en realidad concern\u00eda a una reivindicaci\u00f3n de cuotas de cosa singular, regida por el art\u00edculo 949 ibidem. Si los actores afirmaron ser titulares de derechos de cuota sobre el inmueble reclamado, no pod\u00edan demandar para s\u00ed la reivindicaci\u00f3n de todo el predio, sino de la cuota determinada proindiviso en aquel bien. <\/p>\n

Por indebida apreciaci\u00f3n de la demanda, el Tribunal profiri\u00f3 un fallo a favor de los convocantes con base en derechos que legalmente no ostentaban, al no estar facultados para proponer con \u00e9xito la acci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- Al tenor del art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil, la acci\u00f3n de dominio \u00abes la que tiene el due\u00f1o de una cosa singular, de que no est\u00e1 en posesi\u00f3n, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla\u00bb y conforme al 949 siguiente, tambi\u00e9n \u00ab[s]e puede reivindicar una cuota determinada proindiviso de una cosa singular\u00bb. Como puede verse, la reivindicaci\u00f3n por v\u00eda judicial, puede ser instaurada tanto por quien ostente en forma exclusiva el derecho de dominio sobre la cosa de la que se encuentra despose\u00eddo, como por aquel que solo es titular de una cuota de ella. <\/p>\n

Mientras el \u00fanico titular del derecho de propiedad ejerce la acci\u00f3n en su propio y exclusivo beneficio y respecto de la totalidad, aquel que apenas es propietario de una cuota parte tiene limitada tal prerrogativa, en el sentido de que no puede pedir para s\u00ed la reivindicaci\u00f3n de todo el bien como cuerpo cierto, sino de la cuota determinada proindiviso de cosa singular, como lo autoriza el art\u00edculo 949 del C\u00f3digo Civil, dado que en este \u00faltimo evento, seg\u00fan lo ha decantado la Corte en su Jurisprudencia, es preciso armonizar las disposiciones de la acci\u00f3n de dominio con las que regulan la comunidad. <\/p>\n

Al respecto, en SC 13 may. 1997, rad. 4687, se memor\u00f3 que, <\/p>\n

(\u2026) [d]esde la perspectiva de la normatividad, no es igual afirmar que se es due\u00f1o exclusivo de un bien pero demostrar que apenas se tiene el derecho sobre una parte individualizada del objeto, que pretenderse propietario \u00fanico y luego comprobar que se es titular de un derecho de cuota. Lo primero se gobierna por las reglas propias del derecho de dominio. Y si bien estas reglas son indispensables para lo segundo, no son, en cambio, suficientes, pues, como nadie se atrever\u00eda a negarlo, se las debe articular con las de la comunidad. <\/p>\n

\u201cAproximando el punto de vista sobre el que se viene discurriendo a las reglas pertinentes a la reivindicaci\u00f3n, se ve como la primera hip\u00f3tesis se ajusta, sin m\u00e1s, al art\u00edculo 946 del C.C. En cambio, la segunda tiene inevitablemente que contar, tambi\u00e9n, con el art\u00edculo 949 ib.\u201d.Cas. Civ. de 30 de junio de 1989). <\/p>\n

Y tambi\u00e9n se expres\u00f3 por la Corte, en otra ocasi\u00f3n, lo siguiente: <\/p>\n

\u201cComo en el caso en estudio el actor es due\u00f1o de un derecho correspondiente a la mitad del inmueble objeto de la demanda, con base en \u00e9l no puede demandar para s\u00ed la reivindicaci\u00f3n de todo el predio, como cuerpo cierto, pues si solo es titular de un derecho, la acci\u00f3n que le corresponde ejercer no es la consagrada en el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil, sino la del art\u00edculo 949 ib\u00eddem, referente a la reivindicaci\u00f3n de cuota determinada proindiviso de cosa singular. <\/p>\n

\u201cNo siendo el actor due\u00f1o de todo el predio sino de una parte indivisa -ha dicho la Corte- su acci\u00f3n no pod\u00eda ser la consagrada en el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil sino la establecida en el 949 de la misma obra, ya que el comunero no puede reivindicar para s\u00ed sino la cuota de que no est\u00e1 en posesi\u00f3n y al hacerlo debe determinarla y singularizar el bien sobre el cual est\u00e1 radicado. <\/p>\n

\u201cComo es bien sabido, el comunero posee el bien com\u00fan en su nombre y tambi\u00e9n en el de los condue\u00f1os y por lo mismo la acci\u00f3n de dominio que le corresponde debe ejercitarla para la comunidad\u201d. (Tomo XCI, p\u00e1g. 528). <\/p>\n

2.- Para el recurrente, siendo los demandantes titulares de derechos de cuota sobre el fundo, la acci\u00f3n que debieron intentar era la prevista en el art\u00edculo 949 del C\u00f3digo Civil y no la consagrada en el art\u00edculo 946 ib\u00eddem, y como el Tribunal no repar\u00f3 en tal situaci\u00f3n, emiti\u00f3 un fallo a su favor con base en derechos que no ostentaban. <\/p>\n

Examinado el libelo, en el hecho numerado VIII se afirm\u00f3 \u00ab[d]e acuerdo a lo dicho el inmueble es ahora de propiedad de una comunidad indivisa conformada por MEALS de Colombia S.A., propietaria del 80% y Francisco Jos\u00e9 Vergara Carulla, propietario del 20% restante\u00bb; concurrieron como gestores ambos propietarios del bien reclamando para que se les reconociera esa calidad y que, al estar privados de la posesi\u00f3n, en forma consecuencial, se dispusiera su restituci\u00f3n; y en los fundamentos de derecho, se invocaron, entre otras disposiciones, los art\u00edculos 946 a 971 del C\u00f3digo Civil. As\u00ed, desde la g\u00e9nesis del proceso qued\u00f3 claro que los convocantes incoaron la acci\u00f3n haciendo valer su condici\u00f3n de copropietarios del bien en litigio, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 649 ib\u00eddem. <\/p>\n

El Tribunal al abordar el estudio del requisito de la singularidad del bien, hizo expresa referencia a la legitimaci\u00f3n de los comuneros para proponer la acci\u00f3n reivindicatoria, al efecto, acot\u00f3: <\/p>\n

La singularidad de la cosa que por esta v\u00eda se persigue, no encuentra reparo en la instancia, pues trat\u00e1ndose de un bien reivindicable, cuyo dominio se halla pro indiviso en cuotas del 80% y 20% para las demandantes Meals de Colombia S.A. y Francisco Jos\u00e9 Vergara Carulla respectivamente, los comuneros comparecen mancomunados en su demanda a reclamar el derecho de que han sido despose\u00eddos, en lo que se construye la legitimaci\u00f3n que por activa es necesaria para acudir en acci\u00f3n como la rogada. <\/p>\n

Como se observa, el ad quem de ning\u00fan modo desconoci\u00f3 la calidad de propietarios de cuota de los accionantes, y no hall\u00f3 reparo en la legitimaci\u00f3n por activa que en ellos radicaba para acudir al juicio, menos a\u00fan, cuando entre los dos sumaban el 100% del derecho real de dominio sobre el predio y al momento de pronunciarse sobre el reconocimiento de mejoras y costas, tuvo muy presente que eran acreedores de esas condenas en proporci\u00f3n a sus derechos. <\/p>\n

Las precedentes apreciaciones, son suficientes para colegir lo infundado que resulta el cargo, pues al margen de que en el componente jur\u00eddico del fallo no se haya mencionado expresamente el art\u00edculo 949 del C\u00f3digo Civil, en todo caso la comprensi\u00f3n de la demanda en lo tocante a la condici\u00f3n de copropietarios de los demandantes que ped\u00edan la restituci\u00f3n del predio para la comunidad que ellos mismos en forma exclusiva conforman, no amerita reproche. <\/p>\n

En consecuencia, no prospera el ataque. <\/p>\n

SENTENCIA SUSTITUTIVA PARCIAL <\/p>\n

Al tenor de los art\u00edculos 946 y 952 del C\u00f3digo Civil, la acci\u00f3n reivindicatoria debe dirigirse contra el actual poseedor del inmueble pretendido, por ser el \u00fanico \u00abcon aptitud jur\u00eddica y material para disputarle al demandante el derecho de dominio alegado, en cuanto no s\u00f3lo llega al proceso amparado por la presunci\u00f3n de propietario (art\u00edculo 762, ib\u00eddem), sino porque su situaci\u00f3n de hecho le permitir\u00eda consolidar un derecho de propiedad cierto, ganado por el modo de la prescripci\u00f3n adquisitiva\u00bb (SC 12 dic. 2001, rad. 5328). <\/p>\n

Se acot\u00f3 en l\u00edneas anteriores, que de manera reiterada y uniforme la Jurisprudencia de esta Sala ha sentado que el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n reivindicatoria, supone la convergencia de los siguientes presupuestos: Derecho de dominio en el demandante; posesi\u00f3n material en el demandado; cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular reivindicable e identidad entre la cosa que pretende el demandante y la que es pose\u00edda por el demandado. <\/p>\n

En la sentencia de primer grado, el a quo concluy\u00f3 que la posesi\u00f3n de las distintas partes en que se encontraba dividido el predio, era ostentada por Rafael Campos, H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez, Cecilia Callejas de Campos y Mart\u00edn Ignacio Angarita Torres \u00e9ste \u00faltimo en virtud de la venta que le hiciera Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Guevara, calidad que adem\u00e1s dedujo \u00abde lo dicho por los demandados en la contestaci\u00f3n de la demanda y en la excepci\u00f3n\u00bb, de las que surge \u00abuna confesi\u00f3n espont\u00e1nea acerca de su condici\u00f3n de poseedores\u00bb. <\/p>\n

En ese acto procesal, el juzgador omiti\u00f3 realizar cualquier disquisici\u00f3n sobre la eventual condici\u00f3n de poseedor de Cardona Sierra, pero de acuerdo con los razonamientos del fallo, se infiere que t\u00e1citamente la descart\u00f3, lo que se refleja en el hecho de que la condena consecuencial al pago de frutos, solo la dirigi\u00f3 a los cuatro demandados respecto de quienes encontr\u00f3 acreditado el presupuesto de ser poseedores. No obstante, en el fallo de segundo grado, como consecuencia de las ya enunciadas deficiencias de valoraci\u00f3n probatoria, se impuso tambi\u00e9n condena a este accionado, pese a que ese aspecto ni siquiera fue punto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

A tono con las consideraciones expuestas en el estudio del cargo, cuya repetici\u00f3n resulta innecesaria en esta oportunidad, basta se\u00f1alar que la ausencia de alguno de los elementos estructurales de la acci\u00f3n de dominio trunca su prosperidad, de manera que, ante la falta de prueba de la existencia de actos de se\u00f1or\u00edo de Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra respecto de alguna fracci\u00f3n del predio en litigio, las aspiraciones de los promotores dirigidas en su contra estaban condenadas al fracaso. En tal virtud, por lo que a \u00e9l concierne, la sentencia de segundo grado no pod\u00eda extender sus efectos y en ese sentido se modificar\u00e1. <\/p>\n

IV. COSTAS <\/p>\n

Conforme al inciso final del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en armon\u00eda con el art\u00edculo 19 de la Ley 1395 de 2010, habr\u00e1 de imponerse a los recurrentes H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez y Cecilia Callejas de Campos el pago de las costas procesales en el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, y para la tasaci\u00f3n de las agencias en derecho, se tomar\u00e1 en cuenta que el opositor present\u00f3 r\u00e9plica. <\/p>\n

No hay lugar a condena en costas contra Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra, ante la prosperidad de su recurso. <\/p>\n

V. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

Primero: CASAR parcialmente la sentencia de 8 de septiembre de 2010, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. En consecuencia, el demandado Antonio Jos\u00e9 Cardona Sierra, queda excluido de las condenas all\u00ed impuestas. <\/p>\n

Segundo: NO CASAR la sentencia impugnada, por lo que ata\u00f1e a los recursos incoados por H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez y Cecilia Callejas de Campos. <\/p>\n

Tercero: Condenar en costas por el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n a H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez y Cecilia Callejas de Campos. Liqu\u00eddense. Por concepto de agencias en derecho se fija la suma de $6.000.000. <\/p>\n

Cuarto: Devu\u00e9lvase el expediente a la oficina de origen. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tEn el mismo sentido: CSJ. Civil Cas. Civil del 22 de agosto de 1972, \tGacetas J., T. LXXXVII y CXXXV pp. 79 y 153, reiteradas en \tSC11001-2017.
\n2
\nCfr. \t\tSC 28 feb. \t\t2011, rad: 1994-09601-01, \t\treiterada entre otras en: SC \t\t13 oct. 2011, rad: \t\t2002-00530-01, \t\tSC 3493-2014.
\n3 \tEn \tel mismo sentido pueden consultarse, entre otros, el fallo de 28 de \tjunio de 2002, exp. N\u00b0 6192.
\n4 \tCSJ: \tCivil. \tSentencia de 14 de marzo de 1997, radicaci\u00f3n 3692
\n5 \tCSJ. Civil. Sentencia de 1\u00ba \tnoviembre de 2005, expediente 00556.
\n6 \tEn \tel mismo sentido pueden consultarse entre otras: CSJ \tSC de 14 de oct. de 1993, Exp. 3794, CSJ \tSC de \t19 de sept. de 2009, Rad. 2003-00318-01 \ty SC1905-2019.
\n7 \tCitada en: CSJ \tSC de \t19 de sept. de 2009, Rad. 2003-00318-01.
\n8 \tCas. Civil. Sentencia de 5 de julio de 2000.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente SC4046-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001 31 03 010 2005-11012-01 Aprobada en sala de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte los recursos de casaci\u00f3n interpuestos, en forma individual, por H\u00e9ctor Arnulfo Moreno Hern\u00e1ndez, Cecilia Callejas de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102541","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102541","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102541"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102541\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102541"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102541"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102541"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}