{"id":102545,"date":"2026-07-02T15:51:43","date_gmt":"2026-07-02T15:51:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102545"},"modified":"2026-07-02T15:51:43","modified_gmt":"2026-07-02T15:51:43","slug":"sc4339-2019-2015-00081-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc4339-2019-2015-00081-00\/","title":{"rendered":"SC4339-2019 (2015-00081-00)"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

SC4339-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2015-00081-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de once de septiembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Decide la Corte el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por la UNI\u00d3N DE EMPRESARIOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL ATL\u00c1NTICO S.A. -UNIAPUESTAS S.A.-, respecto de la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2012 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que promovi\u00f3 contra Arnulfo G\u00f3mez G\u00f3mez. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEn el mencionado proceso abreviado, cuyo tr\u00e1mite se ventil\u00f3 en primera instancia ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, la Uni\u00f3n de Empresarios de Apuestas Permanentes del Atl\u00e1ntico S.A. \u2013Uniapuestas S.A., pretendi\u00f3 (i) que se declarara terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes \u00abpor mora en el pago de los c\u00e1nones de arriendo durante varios meses\u00bb, respecto del local comercial situado en la \u00abcalle 45, No. 44-52 y carrera 44, No. 44-48, de la ciudad de Barranquilla\u00bb, o (ii) subsidiariamente, finiquitar el acuerdo \u00abpor la causal 2 del art\u00edculo 518 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb, por requerir el inmueble para la explotaci\u00f3n comercial del juego de apuestas permanentes y dem\u00e1s juegos de azar; y que como consecuencia de lo anterior, se decrete la restituci\u00f3n del local a su favor1. <\/p>\n

2. En procura de sustentar dichas pretensiones, la sociedad interesada argument\u00f3, en s\u00edntesis, que: <\/p>\n

2.1. El 7 de junio de 2007 se suscribi\u00f3 un contrato de arrendamiento respecto del inmueble citado, entre el Grupo Hotelero Coquivacoa Ltda., como arrendador, y Arnulfo G\u00f3mez G\u00f3mez, como arrendatario, por el t\u00e9rmino de 2 a\u00f1os y 10 meses, es decir, por el per\u00edodo comprendido entre el 7 de junio de 2007 y el 31 de marzo de 2010. <\/p>\n

2.2. El canon mensual de arrendamiento pactado fue: $8.000.000.oo durante los 10 primeros meses; para el a\u00f1o siguiente $9.000.000.oo; y para el segundo a\u00f1o de vigencia $10.000.000.oo; sumas que deb\u00edan ser canceladas dentro de los cinco (5) primeros d\u00edas de cada mes \u00aben las oficinas del arrendador\u00bb. <\/p>\n

2.3. El 20 de octubre de 2009, el Grupo Hotelero Coquivacoa Ltda. hizo cesi\u00f3n del contrato de arriendo a Uniapuestas S.A., quedando estipulado en el numeral 3\u00ba de dicha convenci\u00f3n, que el cedente se obligaba a comunicar a los arrendatarios que \u00abel inmueble ha[b\u00eda] sido vendido y por tanto no se renovar[\u00eda] el contrato suscrito entre ellos\u00bb. La cesi\u00f3n fue comunicada a aqu\u00e9llos el d\u00eda 28 de ese mismo mes y a\u00f1o, as\u00ed como que \u00abel nuevo PROPIETARIO de los inmuebles objeto de contrato\u00bb, los requer\u00eda para establecer su empresa. <\/p>\n

2.4. Como el arrendatario incurri\u00f3 en mora de pagar el canon durante varios meses, tuvo que iniciar en su contra la acci\u00f3n de la referencia, pues pese a que el valor pactado para el per\u00edodo comprendido entre el 1\u00ba de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010 fue de $10.000.000.oo, s\u00f3lo cancel\u00f3 $9.500.000.oo algunos meses2. <\/p>\n

3. Mediante auto del 31 de mayo de 2010, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla admiti\u00f3 el libelo y orden\u00f3 su traslado al demandado3. <\/p>\n

4. Este, una vez vinculado al asunto, a trav\u00e9s de apoderado judicial contest\u00f3 la demanda, se opuso a lo pretendido y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito denominadas: \u00abCOBRO DE LO NO DEBIDO\u00bb, INEXISTENCIA DE LA CAUSA INVOCADA\u00bb, PETICI\u00d3N ANTES DE TIEMPO\u00bb y \u00abTODO HECHO QUE RESULTE PROBADO EN VIRTUD DEL CUAL LAS LEYES DESCONOCEN LA EXISTENCIA DE LA OBLIGACI\u00d3N O DECLARAR EXTINGUIDA SI ALGUNA VEZ EXISTI\u00d3\u00bb. <\/p>\n

En sustento de sus defensas adujo, en compendio, lo siguiente: <\/p>\n

4.1. Falta a la verdad la parte demandante al afirmar que se incurri\u00f3 en mora en el pago de los c\u00e1nones de varios meses durante los a\u00f1os 2009 y 2010, pues no solo est\u00e1 demostrado que se cancelaron \u00abdentro de los t\u00e9rminos legales\u00bb o en su defecto, \u00abmucho antes de su vencimiento\u00bb y conforme a lo pactado, por cuanto el 1\u00ba de abril de 2009 se acept\u00f3 \u00abde forma verbal (\u2026) que el canon del arriendo no ser\u00eda por el valor de los $10.000.000.oo que se encontraban pactados en el contrato de arriendo, sino que se acept\u00f3 en una forma t[\u00e1]cita la suma de $9.500.000.oo\u00bb, que debido a la devoluci\u00f3n de varias consignaciones que se efectuaron directamente a una cuenta de Inveretnia S.A. en el Banco Agrario de Colombia S.A., tuvo que convocar a dicha sociedad, a Uniapuestas S.A. y al Grupo Hotelero Coquivacoa Ltda., a una conciliaci\u00f3n ante la C\u00e1mara de Comercio de Barranquilla \u00abpara que se estableciera de una vez por todas a qui[\u00e9]n se le deber\u00eda realizar el pago, para evitar un desgaste innecesario de estar consignando 5 y 6 veces un mismo canon de arriendo\u00bb. <\/p>\n

4.2. Si bien la compa\u00f1\u00eda demandante aleg\u00f3 subsidiariamente en el libelo que se debe dar por terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes porque necesita el inmueble para ejercer su actividad, la cual difiere de la del arrendador, pasa por alto que la misma norma protege al comerciante que lo ha venido ocupando no menos de 2 a\u00f1os con un mismo establecimiento de comercio, como es su caso, pues tom\u00f3 en arriendo el bien desde el 7 de junio de 2007 hasta la fecha, y all\u00ed funciona \u00abCARIBBEAN GOLD HOTEL\u00bb, tal y como lo demuestra el respectivo certificado de c\u00e1mara de comercio; adicionalmente, t\u00e9ngase en cuenta que en la cl\u00e1usula sexta del contrato de arrendamiento se estableci\u00f3, que el arrendatario gozar\u00e1 de la primera opci\u00f3n de compra, con el prop\u00f3sito que el arrendador le garantice a \u00e9ste la inversi\u00f3n que har\u00eda en el predio. <\/p>\n

4.3. Mediante documento del 21 de octubre de 2009, Uniapuestas S.A. le inform\u00f3 que hab\u00eda adquirido los inmuebles por \u00e9l ocupados, por lo que no se renovar\u00eda el contrato suscrito con el Grupo Hotelero Coquivacoa Ltda., dado que el nuevo propietario los requer\u00eda para su funcionamiento; que en virtud de lo anterior, y dado que el contrato venc\u00eda el 30 de marzo de 2010, en esa data deb\u00eda hacer entrega de los mismos; no obstante, como la ley exige que el desahucio se haga con un m\u00ednimo de 6 meses, y a \u00e9l la comunicaci\u00f3n en menci\u00f3n \u00absolo se la entregaron con una anticipaci\u00f3n de 5 meses 11 d\u00edas\u00bb, el contrato de arrendamiento \u00abya se hab\u00eda renovado en las mismas condiciones y por un t\u00e9rmino igual al inicial\u00bb4. <\/p>\n

5. Con escrito allegado al proceso el 13 de agosto de 2010, la parte actora reform\u00f3 la demanda a fin de (i) agregar un hecho nuevo, esto es, \u00abla mora del arrendatario respecto a los meses de abril, mayo y junio de 2010, cuyo canon es la suma de diez millones de pesos mensuales\u00bb, y (ii) modificar las pretensiones de la demanda, en el sentido de renunciar \u00abexpresamente a las pretensiones subsidiarias contenidas en el libelo introductor, que hace referencia a la causal 2 del art\u00edculo 518 del C. de Co.\u00bb5. <\/p>\n

En prove\u00eddo del 15 de octubre siguiente, se resolvi\u00f3: \u00abAceptar la reforma de la demanda propuesta por el apoderado judicial de la parte demandante, en el siguiente sentido: Adem\u00e1s de los hechos expuestos y de las pretensiones solicitadas inicialmente en la demanda, incoada por la Uni\u00f3n de Empresarios de Apuestas Permanentes del Atl\u00e1ntico S.A., t\u00e9nganse como tales los relacionados en los puntos discriminados en su escrito de reforma de demanda de fecha agosto 13 de 2010\u00bb6. <\/p>\n

6. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla clausur\u00f3 el debate con fallo del 29 de noviembre de 2011, estimatorio de las pretensiones, en el que se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento objeto del litigio, y se orden\u00f3 al demandado la restituci\u00f3n del inmueble arrendado, tras advertir, en lo fundamental, que aunque este \u00faltimo adujo estar al d\u00eda en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento reclamados y, por ende, consider\u00f3 inexistente la causal de terminaci\u00f3n del contrato por mora, lo cierto es que no logr\u00f3 demostrar que lo cancelado por los meses comprendidos entre el 1\u00ba de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010 haya sido la suma convenida en el contrato, ello en armon\u00eda con lo dispuesto en el art\u00edculo 1627 del C\u00f3digo Civil; de este modo, \u00abal no probarse por ning\u00fan medio la modificaci\u00f3n del contrato respecto de la reducci\u00f3n del canon de arrendamiento correspondiente al [citado per\u00edodo], queda plenamente establecida la causal de terminaci\u00f3n unilateral del contrato por mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento. Por lo tanto no prospera la excepci\u00f3n del demandado\u00bb7. <\/p>\n

7. Apelada la sentencia por el convocado, la alzada se concedi\u00f3 por el a-quo y se admiti\u00f3 por el ad-quem. Este \u00faltimo desestim\u00f3 una petici\u00f3n de la parte demandante para \u00abrechazar de plano la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb por ser el proceso de \u00fanica instancia, al considerar que para no contar el juicio con la garant\u00eda de la segunda instancia -seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 39 de la Ley 820 de 2003-, la causal de mora en el pago deb\u00eda ser exclusiva, y en este caso existe una pretensi\u00f3n principal (mora en el pago) y otra subsidiaria (necesitar el inmueble para su propia habitaci\u00f3n o negocio), de donde aparece ajustado a derecho el auto del a-quo que otorg\u00f3 la apelaci\u00f3n8. <\/p>\n

Posteriormente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla \u2013 Sala Civil Familia, en fallo del 18 de diciembre de 2012 decidi\u00f3 revocar en su integridad la decisi\u00f3n controvertida, para en su lugar, \u00abDeclarar probadas las excepciones de inexistencia de la causal invocada y cobro de lo no debido formuladas por la parte demandada\u00bb, bajo el argumento consistente en que no obstante en la cl\u00e1usula quinta del contrato de arrendamiento se estableci\u00f3 que para el segundo a\u00f1o de la vigencia del contrato, es decir, del 1\u00ba de abril de 2009 al 31 de marzo de 2010, el canon ser\u00eda de $10.000.00.oo, \u00ablas pruebas incorporadas al proceso, en especial, la documental anexa a la contestaci\u00f3n de la demanda, y la prueba pericial, demuestran con claridad que el canon de arrendamiento se modific\u00f3 en su cuant\u00eda de $10.000.000 a $9.500.000 mensuales\u00bb, destacando que Inveretnia S.A. Inmobiliaria, administradora de los bienes de Uniapuestas S.A., siempre factur\u00f3 el valor de los c\u00e1nones a cargo del demandado durante ese per\u00edodo en $9.500.000.oo, de donde se desprende, entonces, que s\u00ed existi\u00f3 una modificaci\u00f3n verbal a lo acordado inicialmente. As\u00ed concluy\u00f3 que \u00abel demandado inquilino pagaba cabalmente y en forma oportuna el precio acordado como canon mensual de arrendamiento, y por lo mismo, no es dable deducir el incumplimiento del contrato tal y como se hizo por el juzgado de conocimiento. Por lo dem\u00e1s una cuesti\u00f3n es la mora en el pago, y otra bien distinta el incumplimiento en el pago, situaciones que no ocurren en este caso\u00bb. <\/p>\n

En el fallo de segunda instancia se precis\u00f3, igualmente, que \u201clas excepciones de inexistencia de la causal y petici\u00f3n antes de tiempo, no fueron analizadas por el a-quo dado que el actor reform\u00f3 la demanda indicando que la \u00fanica causal para dar por terminado el contrato era la mora del pago de los c\u00e1nones\u201d 9. <\/p>\n

8. Despu\u00e9s de dictada la anterior sentencia, el apoderado de la parte demandante solicit\u00f3 decretar la nulidad de la misma por falta de competencia funcional del Tribunal, al haber asumido el conocimiento de un asunto que deb\u00eda surtirse en \u00fanica instancia, toda vez que la causal alegada era, exclusivamente, la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento10. <\/p>\n

Con auto de 18 de febrero de 2013, la magistrada ponente de dicha Corporaci\u00f3n rechaz\u00f3 de plano la petici\u00f3n de nulidad, porque las presuntas irregularidades denunciadas no fueron atacadas por los medios previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (s\u00faplica contra el auto que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n) y no tendr\u00edan entonces la fuerza para anular el fallo que desat\u00f3 la alzada. Agreg\u00f3 que el art\u00edculo 39 de la Ley 820 de 2003 no es aplicable al caso, y el hecho de que en el recuento procesal se hubiese dicho que el a-quo no estudi\u00f3 las excepciones relativas a aspectos diferentes a la mora en la cancelaci\u00f3n de los c\u00e1nones, no es indicativo \u201cde la admisibilidad de la causal exclusiva que ahora se le pretende endilgar a la Sala\u201d11. <\/p>\n

II. EL RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n

1.\tCon apoyo en la causal consagrada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la Uni\u00f3n de Empresarios de Apuestas Permanentes del Atl\u00e1ntico S.A. \u2013Uniapuestas S.A.-, present\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la decisi\u00f3n de fondo de segunda instancia identificada anteriormente, para que se deje sin valor ni efecto \u00abpor carencia absoluta de motivaci\u00f3n en derecho, ya que si bien la sentencia recurrida contiene motivos o consideraciones \u00e9stos son solo aparentes o formales, pues resultan f\u00e1ctica y jur\u00eddicamente insostenibles\u00bb12. <\/p>\n

2. Como sustento de tal aspiraci\u00f3n, la recurrente adujo, en relaci\u00f3n con la causal invocada, esto es, la que tiene lugar por \u00abExistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. No se alega \u00abque la sentencia objeto del recurso no plantee ning\u00fan argumento (\u2026) sino la ausencia de motivaci\u00f3n por ser esta aparente, porque el tribunal cumpli\u00f3 solo formalmente su carga y deber de fundamentar o motivar sus decisiones\u00bb, comoquiera que el supuesto acuerdo verbal de las partes para modificar el canon de arrendamiento para el segundo a\u00f1o del contrato, \u00abno tiene ning\u00fan respaldo f\u00e1ctico, ni probatorio, ni jur\u00eddico\u00bb; de ah\u00ed que con lo resuelto, la Corporaci\u00f3n criticada \u00abest\u00e1 obligando al acreedor recurrente (\u2026) a recibir del deudor lo que \u00e9ste deliberadamente quiera pagarle conforme sea su voluntad\u00bb, m\u00e1s a\u00fan cuando nunca se analiz\u00f3 si las facturas de pago del canon de arrendamiento allegadas por el demandado \u00abcumpl\u00edan los requisitos legales (C\u00f3digo de Comercio, arts. 772 y ss. Y Ley 1231 de 2008), o si efectivamente estas fueron pagadas\u00bb. <\/p>\n

2.2. No se prob\u00f3 dentro de las diligencias que el deudor demandado no hubiese incurrido en mora, \u00abporque objetivamente con el hecho de no haber pagado la obligaci\u00f3n al d\u00eda en que se venci\u00f3 el plazo ya estaba en mora (\u2026) pero el tribunal simplemente omiti\u00f3 analizar esta circunstancia\u00bb, m\u00e1xime cuando como en este caso se trata de obligaciones sometidas a plazo, \u00abno era necesario formular requerimiento alguno al deudor para constituirlo en mora\u00bb. <\/p>\n

2.3. No pod\u00eda concluirse en la sentencia \u00abque hubo novaci\u00f3n del contrato para reducir el valor del precio del arrendamiento\u00bb, porque sencillamente no se dan los presupuestos legales para el efecto. <\/p>\n

2.4. No se analiz\u00f3 el hecho de que conforme a lo previsto en el art\u00edculo 518 del C\u00f3digo de Comercio, cuando el arrendador incumple el contrato no tiene derecho a la renovaci\u00f3n del mismo, tal y como ocurri\u00f3 en el presente caso, siendo adem\u00e1s muy diferente que \u00abel arrendatario tenga el derecho a la renovaci\u00f3n del contrato, y otra, muy distinta, que le pueda imponer al propietario y arrendador del inmueble las condiciones del contrato de arrendamiento\u00bb <\/p>\n

En ese orden, para cuando el arrendatario ha cumplido la convenci\u00f3n, las causales que se invocan para la restituci\u00f3n son la segunda y tercera del referido art\u00edculo 518, \u201cporque en caso contrario el motivo por proponerse es el del ordinal primero de la citada norma\u201d13. <\/p>\n

III. EL TR\u00c1MITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO <\/p>\n

2. Recibido el legajo, el 9 de noviembre siguiente se admiti\u00f3 la demanda de revisi\u00f3n y se dispuso que de ella se corriera traslado a Arnulfo G\u00f3mez G\u00f3mez16, quien se notific\u00f3 del auto admisorio por intermedio de curadora ad-litem, que se opuso a la prosperidad de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, alegando, b\u00e1sicamente, que: <\/p>\n

2.1. No son ciertas las deducciones efectuadas por Uniapuestas S.A. en la demanda de revisi\u00f3n, por cuanto las consideraciones expuestas por el Tribunal \u00abest\u00e1n ampliamente fundamentadas en pruebas (\u2026) las cuales, permitieron a dicha Corporaci\u00f3n llegar al convencimiento que la parte demandada no se encontraba en mora en el pago del arrendamiento del Local ubicado en la Calle 45 No. 44-52 y Carrera 44 No. 44-48 de la ciudad de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n

2.2. Lo que hace la sociedad recurrente en la demanda es relacionar extractos del fallo, \u00abdescontextualizando el inciso y sentido de la consideraci\u00f3n\u00bb, para luego, efectuar \u00abdeducciones subjetivas\u00bb17. <\/p>\n

3. El tr\u00e1mite prosigui\u00f3 con la apertura de pruebas18 y posterior traslado para que los intervinientes alegaran de conclusi\u00f3n19, el cual fue aprovechado por ambos extremos procesales, as\u00ed: <\/p>\n

3.1. El apoderado de la impugnante refiri\u00f3 la existencia de una nulidad procesal en la sentencia ac\u00e1 reprochada, para lo cual hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso restitutorio en cuesti\u00f3n. <\/p>\n

Destac\u00f3 que all\u00ed se pidi\u00f3 en principio la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, teniendo como causales \u201cla mora\u201d y subsidiariamente la \u201csegunda del art\u00edculo 518 del C. Co.\u201d, pero que despu\u00e9s, al ser reformada la demanda, se renunci\u00f3 a la s\u00faplica eventual, siendo esto aceptado por el juzgador de conocimiento. <\/p>\n

Indic\u00f3, asimismo, que luego de dictada la sentencia desestimatoria de las pretensiones y de concedida la apelaci\u00f3n interpuesta por el extremo accionado, advirti\u00f3 al juzgado y al tribunal, que el proceso se estaba rituando en \u00fanica instancia, por ser la causal invocada la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, no obstante lo cual se termin\u00f3 emitiendo el fallo de segundo grado, que mantuvo esa Corporaci\u00f3n pese a la nulidad propuesta por \u201cfalta de competencia funcional insaneable\u201d. <\/p>\n

Termin\u00f3 exponiendo que para proferir el fallo censurado, el de segunda instancia, el Tribunal no contaba con uno de los presupuestos procesales, competencia, por lo que la decisi\u00f3n adoptada presenta un \u201cerror procesal grave\u201d e insaneable20. <\/p>\n

3.2. La curadora ad-litem de Arnulfo G\u00f3mez G\u00f3mez adujo que la causal de revisi\u00f3n reclamada no est\u00e1 demostrada, por cuanto \u201cla contundencia de las pruebas aportadas por la parte demandada, permitieron al Tribunal valorar la base probatoria de la existencia del pago del canon de arrendamiento, pruebas que el a-quo no advirti\u00f3\u201d21. <\/p>\n

4. Agotadas en consecuencia las etapas previas de rigor, la actuaci\u00f3n se encuentra ahora para dictar sentencia, a lo que enseguida se proceder\u00e1, con sustento en las siguientes <\/p>\n

IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLey procesal aplicable al presente recurso extraordinario de revisi\u00f3n <\/p>\n

Antes de entrar a examinar la cuesti\u00f3n debatida, corresponde indicar que si bien en este momento est\u00e1 en plena vigencia el C\u00f3digo General del Proceso, en la resoluci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n que aqu\u00ed concierne no se aplicar\u00e1n sus directrices, porque en los art\u00edculos 624-5 y 625 de aqu\u00e9l estatuto se establece que los recursos ya radicados, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse empleando \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, y el que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala fue iniciado el 16 de enero de 201522, esto es, bajo el imperio del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por lo que ser\u00e1 este ordenamiento el que siga rigi\u00e9ndolo, por la regla de vigencia ultractiva de la ley adjetiva en el tiempo. <\/p>\n

2. Los problemas jur\u00eddicos planteados <\/p>\n

El objeto del presente recurso de revisi\u00f3n lo constituye la sentencia que en segunda instancia dict\u00f3 el 18 de diciembre de 2012 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, reca\u00edda en un proceso abreviado de restituci\u00f3n de local comercial, que revoc\u00f3 el fallo del a-quo estimatorio de las pretensiones, para en su lugar negar lo suplicado por la demandante. <\/p>\n

En el libelo que incorpora el recurso de revisi\u00f3n, la demandante invoca expresamente la causal octava del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201cExistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u201d, y los hechos concretos que la sustentan, en esencia, ata\u00f1en a la \u201cmotivaci\u00f3n aparente\u201d de la providencia censurada, en cuanto \u201cal supuesto acuerdo verbal de las partes de modificar el precio del contrato de arrendamiento y, consecuentemente, condonar la mora en que incurri\u00f3 el demandado\u201d. <\/p>\n

Centrado el recurso en esos precisos t\u00e9rminos, para decidirlo es menester analizar, en su orden, (i) la legitimaci\u00f3n y oportunidad de su formulaci\u00f3n; (ii) la procedencia del motivo de revisi\u00f3n invocado y si el mismo se estructura en este caso; y (iii) la relevancia que tienen los alegatos conclusivos de la impugnante, al introducir en ese escenario, hechos y supuestos nuevos para deprecar la nulidad de la sentencia reprochada, relacionados con la falta de competencia del Tribunal para resolver la apelaci\u00f3n del veredicto estimatorio. <\/p>\n

3. Un panorama general del recurso extraordinario de revisi\u00f3n <\/p>\n

Si bien el principio de la cosa juzgada se erige como pilar esencial de la seguridad jur\u00eddica, el recurso de revisi\u00f3n fue concebido como un mecanismo excepcional para remover la inmutabilidad de las decisiones judiciales definitivas, en aras de preservar la supremac\u00eda de la justicia cuando se configure alguna de las circunstancias que el legislador estableci\u00f3 de manera taxativa en el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (norma aplicable al presente asunto), que permiten infirmar las sentencias que se hayan pronunciado sin contar con documentos que hubieran modificado el criterio del fallador y que por las razones all\u00ed consagradas no pudieron aportarse en la oportunidad legal, as\u00ed como, las obtenidas fraudulentamente o con quebrantamiento del debido proceso, e incluso, en la hip\u00f3tesis del numeral 9\u00ba ib\u00eddem se tutela la seguridad jur\u00eddica al impedir la coexistencia de providencias contradictorias. <\/p>\n

En esa medida, como medio de impugnaci\u00f3n extraordinario que es, la revisi\u00f3n no constituye un escenario de instancia en el que puedan exponerse o debatirse las mismas pretensiones o excepciones ventiladas y ya decididas a lo largo del proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia enjuiciada, pues en s\u00ed mismo, el mencionado recurso es un remedio extremo concebido para conjurar situaciones irregulares que en su momento distorsionaron la sana y recta administraci\u00f3n de justicia, hasta tal punto que, de no subsanarse, se privilegiar\u00eda la adopci\u00f3n de decisiones opuestas a dicho valor, en contrav\u00eda de principios fundamentales del Estado de Derecho. <\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido de anta\u00f1o, que este instrumento procesal <\/p>\n

\u00abNo franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la v\u00eda normal para corregir los yerros jur\u00eddicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisi\u00f3n no se instituy\u00f3 para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia que se impugna\u00bb23. <\/p>\n

3. El recurso de revisi\u00f3n ac\u00e1 propuesto <\/p>\n

3.1. Oportunidad <\/p>\n

En este asunto, la sentencia del Tribunal que es el referente para efectos del conocimiento del recurso, se profiri\u00f3 el 18 de diciembre de 2012, y su enteramiento se surti\u00f3 mediante edicto que permaneci\u00f3 fijado entre los d\u00edas 15 y 17 de enero de 2013. <\/p>\n

En ese orden de cosas, la ejecutoria de la sentencia solo se produjo el 23 de enero de 2013, valga anotar, tres d\u00edas despu\u00e9s de notificada, por lo que al haberse presentado la demanda que incorpora el recurso extraordinario de revisi\u00f3n el 16 de enero de 201524, la conclusi\u00f3n necesaria es que su formulaci\u00f3n deviene oportuna, al no superarse el lapso de los dos a\u00f1os, establecido como l\u00edmite para recurrir por parte del legislador. <\/p>\n

3.2. La legitimaci\u00f3n del accionante para recurrir en revisi\u00f3n <\/p>\n

Se recuerda que con la sentencia del Tribunal, el proceso abreviado de que se trata culmin\u00f3 con la desestimaci\u00f3n de las pretensiones formuladas por la sociedad Uni\u00f3n de Empresarios de Apuestas Permanentes del Atl\u00e1ntico S. A., de donde emerge que esta \u00faltima tiene inter\u00e9s personal para combatir la sentencia a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, puesto que aunado al hecho de que fue parte en el proceso de restituci\u00f3n, dichas determinaciones le produjeron un agravio, consistente en no haber obtenido la restituci\u00f3n del inmueble de su propiedad, otrora entregado a t\u00edtulo de arrendamiento. <\/p>\n

3.3. La causal alegada <\/p>\n

Es la octava del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, consistente en \u201cExistir nulidad originada en la sentencia \tque puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u201d, y fundada, en este caso, en la motivaci\u00f3n aparente de la sentencia confutada. Para la bienandanza de esa causal, dicho canon contempla, en principio, dos requisitos, a saber: (i) que la invalidez se origine en la decisi\u00f3n de fondo, lo que excluye, en consecuencia, cualquier causa de anulaci\u00f3n que tenga su g\u00e9nesis o se presente durante el tr\u00e1mite del proceso; y (ii) que contra dicha providencia no sea procedente ning\u00fan otro medio de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Ahora bien, sobre las deficiencias en la motivaci\u00f3n o justificaci\u00f3n, como causal de nulidad surgida en la sentencia confutada, se pueden identificar en los precedentes de esta Corporaci\u00f3n dos criterios contrapuestos y bien definidos: uno que las niega como vicio capaz de invalidar la providencia, y otro que las acepta como causa de invalidez ligada al derecho de todos los justiciables a un debido proceso que demanda que las decisiones de los jueces en un Estado Social de Derecho deben ser m\u00ednimamente fundamentadas. <\/p>\n

Seg\u00fan el primero, en el ordenamiento procesal civil colombiano no est\u00e1 consagrada por el legislador la falta de motivaci\u00f3n o la deficiencia de la misma como causal de nulidad procesal, am\u00e9n de que las insuficiencias o precariedades en las consideraciones de una resoluci\u00f3n judicial no son un aspecto externo a la misma, \u201ccondici\u00f3n sine qua non de todas y cada una de las causales de revisi\u00f3n\u201d. La aplicaci\u00f3n de esta doctrina se ilustra en varias sentencias de la Sala como SC14427 de-2016 y SC2817-2917, \u00faltima en la que se indic\u00f3 que \u201cLa Sala, en decisiones mayoritarias aunque no un\u00e1nimes, viene haciendo cr\u00edtica de ella para no acoger como causal de nulidad originada en la sentencia la que tiene \u2018deficiencias graves de motivaci\u00f3n\u2019 que ser\u00edan objeto de otros recursos. <\/p>\n

Para el segundo criterio, la doctrina jurisprudencial de la Corte viene aceptando, desde el 2008, la falta de motivaci\u00f3n de un fallo como circunstancia percutora de su invalidaci\u00f3n, porque la normatividad procesal exige al juzgador explicitar las razones que lo llevaron a adoptar su determinaci\u00f3n, para as\u00ed honrar caros principios superiores relativos a la publicidad, el debido proceso, la seguridad jur\u00eddica y la igualdad. Muestra elocuente de esta postura es la reciente sentencia de revisi\u00f3n del 11 de diciembre de 2018, SC5408-2018, en la que se proclam\u00f3 mayoritariamente, es decir, no sin salvedades, que \u201catendiendo la teor\u00eda del derecho viviente, esta Corte por v\u00eda de interpretaci\u00f3n a trav\u00e9s de su jurisprudencia le ha dado contenido al concepto de \u2018nulidad originada en la sentencia\u2019 incluyendo (\u2026) las graves deficiencias en la motivaci\u00f3n\u2026\u201d. <\/p>\n

Expuesto el anterior marco conceptual, al descender al caso concreto se advierte que, con independencia de que se asuma uno u otro criterio jurisprudencial, la no prosperidad del recurso interpuesto es la conclusi\u00f3n que necesariamente asoma, por cuanto: <\/p>\n

(i) Del contenido mismo de la sentencia censurada se extrae, con notable claridad, que motivaci\u00f3n hubo para revocar el fallo impugnado, pues en su parte considerativa se expusieron con suficiente extensi\u00f3n, las razones de orden jur\u00eddico y probatorio que llevaron al Tribunal a concluir que en el asunto examinado se produjo una modificaci\u00f3n del contrato de arrendamiento sobre el precio inicialmente pactado, y que la renta realmente convenida se pag\u00f3. <\/p>\n

En efecto, al revisar la exposici\u00f3n de las razones que llevaron al ad-quem a resolver en los t\u00e9rminos en que lo hizo, se encuentra la realizaci\u00f3n de un examen cr\u00edtico del material probatorio y la valoraci\u00f3n de los argumentos legales y doctrinarios necesarios para fundamentar la decisi\u00f3n adoptada, lo que permite inferir, entonces, que se atendieron las exigencias regladas en los art\u00edculos 304 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 51 y s.s. de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n

Ciertamente que respecto del punto objeto de la controversia all\u00ed suscitada, el Tribunal s\u00ed ofreci\u00f3 varias consideraciones, que lejos est\u00e1n de ser \u201caparentes\u201d, como lo adujo la recurrente, porque guardaron consonancia con el debate propuesto y se adentraron en la m\u00e9dula del problema jur\u00eddico surgido. <\/p>\n

Para corroborar lo dicho y a\u00fan en desmedro de la exigencia de la brevedad, se precisa un trasunto de los razonamientos de la sentencia de segundo grado, para despejar, en definitiva, cualquier asomo de duda sobre alguna deficiencia grave en el fallo censurado. <\/p>\n

\u00abEn este caso, el contrato de arrendamiento suscrito entre el (\u2026) EL GRUPO HOTELERO COQUIVACOA LTDA (arrendador) y el se\u00f1or ARNULFO G\u00d3MEZ G\u00d3MEZ (arrendatario), estableci\u00f3 en la Cl\u00e1usula Quinta: "…para el segundo a\u00f1o siguiente de la vigencia del contrato, esto del (1o) de abril de 2009 al 31 de marzo de 2010 el canon ser\u00e1 de diez millones de pesos moneda colombiana ($10.000.000)…". Es claro que el canon estipulado en el contrato de arrendamiento fue de $10.000.000, sin embargo, se\u00f1ala el demandado que hubo un acuerdo verbal con el GRUPO HOTELERO COQUIVACOA y lo fijaron para el periodo 1o de Abril de 2009 al 31 de Marzo de 2010 en $9.500.000. A esta situaci\u00f3n se suma, el hecho que el GRUPO HOTELERO COQUIVACOA vendi\u00f3 a la UNION DE APUESTAS PERMANENTES el inmueble, por lo que hubo una cesi\u00f3n en el contrato de arrendamiento, que fue notificada al arrendatario el d\u00eda 28 de octubre de 2009. Establecidos los anteriores hechos, la pregunta a resolver es, si el acuerdo verbal entre el se\u00f1or ARNULFO G\u00d3MEZ G\u00d3MEZ con EL GRUPO HOTELERO COQUIVACOA LTDA., respecto de la reducci\u00f3n del canon en el periodo de abril de 2009 a marzo 31 de 2010, tiene alguna validez frente al contrato escrito y si tal resulta oponible a la UNION DE APUESTAS PERMANENTES. Lo primero a corroborar es si efectivamente existi\u00f3 un acuerdo verbal entre el GRUPO HOTELERO COAQUIVACOA LTDA y el se\u00f1or ARNULFO GOMEZ, para tal el demandado solicit\u00f3 las declaraciones de JOSE GREGORIO MAESTRE, KAREN URZOLA y LIDA MARTINEZ. Luego de analizar tales testimonios, la Sala, al igual que el a quo, no puede concluir que hubiese existido un acuerdo verbal sobre la disminuci\u00f3n en el precio del canon de arrendamiento, pues en ninguna de las declaraciones nada se afirma al respecto. Empero la prueba documental y la prueba pericial precisan de postura diferente, en efecto las pruebas incorporadas al proceso, en especial, la documental anexa a la contestaci\u00f3n de la demanda, y la prueba pericial, demuestran con claridad que el canon de arrendamiento se modific\u00f3 en su cuant\u00eda de $10.000.000 a $9.500.000 mensuales. Se destaca que un tercero, la Sociedad INVERETNIA S.A., inmobiliaria que administra los bienes inmuebles de Uniapuestas facturaba el valor del arrendamiento mensualmente, durante largo tiempo, a cargo del arrendatario demandado, por cuant\u00eda $9.500.000, de tal suerte que tal hecho indiscutible acredita se repite, la modificaci\u00f3n del valor del precio mensual del contrato. Adem\u00e1s, tales soportes documentales (las facturas emitidas por la firma arrendadora y luego por la inmobiliaria administradora del inmueble), son ratificadas en su contenido por la prueba pericial que obra en el proceso a folios 241, 264, 265, relacionada con el movimiento bancario y financiero de la arrendadora y de la inmobiliaria INVERETNIA S.A., prueba pericial que reafirma el valor de las facturas expedidas mensualmente para cobrar el canon de arrendamiento. As\u00ed este panorama probatorio demuestra que el demandado inquilino pagaba cabalmente y en forma oportuna el precio acordado como canon mensual de arrendamiento, y por lo mismo, no es dable deducir el incumplimiento del contrato tal como se hizo por el juzgado de conocimiento. Por lo dem\u00e1s una cuesti\u00f3n es la mora en el pago y otra bien distinta el incumplimiento en el pago, situaciones que no ocurren en este caso. El contrato de arrendamiento es eminentemente consensual y el hecho de haberlo celebrado por escrito no cambia tal condici\u00f3n. Las modificaciones a sus cl\u00e1usulas pueden hacerse verbales y en el presente caso as\u00ed fue; puesto que la modificaci\u00f3n del canon consistente en rebajarlo de $10.000.000 a $9.500.000, tiene su sustento en el hecho de que la arrendadora inicial expidi\u00f3 recibos completos mes a mes por esta suma sin hacer salvedad de que eran abonos o hab\u00edan saldos; y la cesionaria, desde que empez\u00f3 a ejercer como arrendadora, expidi\u00f3 recibos en igual sentido; lo que hace traducir que ese fue el querer de las partes; el cual modific\u00f3 el contrato; no pudiendo exigir un monto mayor en los c\u00e1nones que hab\u00eda sido disminuido previamente de manera verbal\u00bb25. <\/p>\n

(ii) Cuando en el cap\u00edtulo de circunstancias concretas para sustentar la causal octava, el recurrente asever\u00f3, por ejemplo, que \u00aben el expediente no existe ninguna prueba sobre una supuesta modificaci\u00f3n del precio del arrendamiento o condonaci\u00f3n de la mora\u2026\u00bb, que \u00abel argumento del Tribunal resulta contraevidente y violatorio de las reglas sobre imputaci\u00f3n de pagos\u00bb y que \u00abla sentencia recurrida no pod\u00eda concluir, como err\u00f3neamente lo hizo, que hubo novaci\u00f3n del contrato para reducir el valor del precio del arrendamiento\u00bb; no hizo cosa diferente a ignorar la naturaleza extraordinaria del recurso de revisi\u00f3n, y de paso desatender que las nulidades que en ese escenario se puedan postular, son las de contenido estrictamente procesal, pues bien lo ha dicho la Corte de mucho tiempo atr\u00e1s, que \u00abinvocar como motivo de nulidad en la sentencia, el que en \u00e9sta se hubieren hecho apreciaciones erradas al valorar las pruebas, o no se hubiese aplicado una determinada regla de derecho, o se hubiere hecho indebidamente, o estuviere mal interpretada, no constituyen circunstancias que autoricen la revisi\u00f3n por la causal octava\u00bb26. <\/p>\n

(iii) No est\u00e1 dem\u00e1s anotar que ning\u00fan reproche cabe hacer en torno a la ausencia de argumentos del Tribunal en punto de la pretensi\u00f3n \u201csubsidiaria\u201d incorporada en la demanda inicial, consistente en solicitar la restituci\u00f3n del local arrendado con base en la \u201ccausal 2 del art\u00edculo 518 del C\u00f3digo de Comercio\u201d, toda vez que como lo puso de presente la propia impugnante, esa s\u00faplica fue \u201crenunciada\u201d en el momento en el que se introdujo al proceso la reforma del libelo inaugural. <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, en ese marco no cabe duda que el juzgador de segundo grado, al proferir la sentencia ac\u00e1 censurada, cumpli\u00f3 con las exigencias b\u00e1sicas de argumentaci\u00f3n, lo que descarta, incluso a la luz del primer criterio destacado, una nulidad originada en la sentencia por carencia grave o absoluta de motivaci\u00f3n.
\n4. Los hechos y fundamentos nuevos en los alegatos de conclusi\u00f3n <\/p>\n

Como ya se tuvo ocasi\u00f3n de poner de manifiesto, el recurso de revisi\u00f3n es un medio de impugnaci\u00f3n que procede contra sentencias en firme, y de ah\u00ed que la ley procesal civil, de manera deliberada, en salvaguarda de la seguridad jur\u00eddica, haya decidido optar por que la demanda con la que se pretenda sustentar ese remedio cumpla algunas exigencias particulares, si se quiere estrictas, entre ellas, \u201cLa expresi\u00f3n de la causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento\u201d27. <\/p>\n

La admisi\u00f3n de la demanda incoativa del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, por lo tanto, est\u00e1 supeditada, entre varios aspectos, a que se invoque alguno de los motivos tasados en la ley para opugnar, acompa\u00f1ado de la relaci\u00f3n de circunstancias espec\u00edficas que id\u00f3neamente pueden apoyarlo. <\/p>\n

Por manera que mal puede abrirse la puerta a la revisi\u00f3n con base exclusiva en el se\u00f1alamiento de una de las causales legales para recurrir, sino que se hace necesario indicar los hechos que realmente tienen suficiencia para concretar la causal correspondiente, sin que desde luego se trate de una formalidad caprichosa o contraria al derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, porque \u201ccausal\u201d y \u201chechos concretos\u201d son el referente que servir\u00e1 a los convocados para ejercitar su derecho de contradicci\u00f3n y al juez del recurso de revisi\u00f3n para establecer el marco de la sentencia que ha de dictar, porque en esta, como en la de cualquier otro proceso, no es posible imponer condena por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ella28. <\/p>\n

Ahora bien, como la nota caracter\u00edstica del recurso de revisi\u00f3n est\u00e1 en su doble car\u00e1cter dispositivo y extraordinario, que lo hace procedente solo para casos excepcionales, no es del resorte de la autoridad que lo tramita y resuelve extender oficiosamente el objeto o causa de la correspondiente demanda, y tampoco est\u00e1 consagrada la facultad para que la parte que lo interpuso \u201creforme\u201d el escrito genitor de la opugnaci\u00f3n, puesto que imperativamente indica el inciso 5\u00ba del art\u00edculo 383 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que \u201cEn ning\u00fan caso proceder\u00e1 la reforma de la demanda de revisi\u00f3n\u201d, raz\u00f3n por la cual los hechos concretos que sirven de fundamento a la parte recurrente para aducir una causal de revisi\u00f3n deben ser puestos de presente, ab-initio, esto es, desde el libelo inicial, para as\u00ed delimitar el marco en el que se mover\u00e1 el tr\u00e1mite respectivo, se ejercer\u00e1 el derecho de contradicci\u00f3n y se fallar\u00e1. <\/p>\n

Es por lo anterior que la Corte en su jurisprudencia ha insistido en que <\/p>\n

…desde un comienzo debe el recurrente justificar por qu\u00e9 considera fundada la causal de revisi\u00f3n que alega. Desde luego que, en ese contexto, el recurrente tiene \u2018una carga argumentativa cualificada, consistente en formular una acusaci\u00f3n precisa con base en enunciados f\u00e1cticos que guarden completa simetr\u00eda con la causal de revisi\u00f3n que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostraci\u00f3n de esos supuestos, en principio, har\u00eda venturoso el ataque. Dicho de otro modo, corresponde al recurrente explicar por qu\u00e9 considera que la sentencia debe revisarse y, para ello, ha de hacer una presentaci\u00f3n que permita establecer, desde un comienzo, que existen motivos id\u00f3neos que justifican el inicio de este tr\u00e1mite, destinado, como se sabe, a impedir la solidificaci\u00f3n definitiva de la cosa juzgada. De ah\u00ed que si el recurrente no expresa la causal de revisi\u00f3n que pretende hacer valer, o no pone de presente los hechos que la configurar\u00edan, la demanda no puede servir de percutor para la actividad de la Corte; igual sucede, cuando se advierte que los hechos que expone el impugnador no tienen idoneidad para configurar la causal de revisi\u00f3n que se alega, caso en el cual la demanda tampoco tiene vocaci\u00f3n para ser admitida, no s\u00f3lo por el incumplimiento de un perentorio requisito legal, sino porque si en gracia de discusi\u00f3n se tolerara esa deficiencia, tendr\u00eda que adelantarse una actuaci\u00f3n judicial que, a buen seguro, ning\u00fan resultado arrojar\u00eda, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que por la dispositividad del recurso y por la importancia que para el ordenamiento tiene el principio de la seguridad jur\u00eddica, el juez de la revisi\u00f3n no puede hacer pronunciamientos oficiosos, ni salirse del preciso marco de referencia planteado por el censor\u201d (\u00e9nfasis a prop\u00f3sito)29. <\/p>\n

En consecuencia de lo explicado, resulta evidente que las modificaciones que el recurrente pudiere hacer al alegar de instancia respecto de la causal planteada o los hechos concretos que la fundamentan, no deben ser tenidos en cuenta al momento de resolver la impugnaci\u00f3n extraordinaria, pues nada justificar\u00eda que hechos, circunstancias o situaciones nuevas frente a las que no se ha surtido la necesaria contradicci\u00f3n, sirvan para justificar la invalidaci\u00f3n de una sentencia en firme, cuyo examen se ha abierto bajo lineamientos y condiciones de excepcionalidad. <\/p>\n

A la luz de esos presupuestos, como en este caso la falta de competencia funcional del Tribunal por haber resuelto la apelaci\u00f3n de una sentencia dictada en un proceso que se aduce de \u00fanica instancia, solo se introdujo por la recurrente en los alegatos conclusivos, eso es suficiente para no estimar esos \u00abhechos nuevos\u00bb, toda vez que, se insiste, la oportunidad para seleccionar el motivo de revisi\u00f3n (del cat\u00e1logo tasado por el legislador) e indicar la causa que lo soporta, precluy\u00f3 con la presentaci\u00f3n de la demanda de revisi\u00f3n. <\/p>\n

Con todo y haciendo abstracci\u00f3n de lo anterior, la alegada \u00abFALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL de la SALA CIVIL-FAMILIA del Tribunal Superior de Barranquilla para proferir el fallo de 18 de diciembre de 2012\u00bb, hecha consistir en que la sentencia de primera instancia no era susceptible de apelaci\u00f3n, por tratarse de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que tuvo como \u00abCAUSAL UNICA Y EXCLUSIVA la mora del arrendatario\u00bb, presenta un obst\u00e1culo adicional para su eventual acogimiento en esta sede, y radica en que las circunstancias que originaron el vicio procesal invocado, no surgieron en la sentencia reprochada, como lo exige el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sino mucho antes, valga decir, desde el tiempo en el que el juzgado concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n y la parte demandante reproch\u00f3 esa concesi\u00f3n, ora ante el a-quo, y m\u00e1s tarde en el tribunal, en instantes previo al proferimiento del fallo que, finalmente, desat\u00f3 la alzada. <\/p>\n

Ahora bien, conviene recordar a prop\u00f3sito de lo que se viene tratando, que en l\u00ednea de principio la nulidad por falta de competencia no es un vicio que se origine en el fallo judicial, \u201cpues la atribuci\u00f3n de poder de decisi\u00f3n al funcionario legalmente facultado para conocer de un litigio determinado se realiza en el umbral del proceso y no al momento de adoptar la resoluci\u00f3n de m\u00e9rito\u201d30, y en las hip\u00f3tesis contentivas de segunda instancia, la aprehensi\u00f3n del asunto se adquiere cuando se admite a tr\u00e1mite la apelaci\u00f3n. <\/p>\n

Es m\u00e1s, que la nulidad por falta de competencia funcional no sea advertida en ninguna etapa previa a la sentencia de segunda instancia, o que el juzgador respectivo ex professo no la declare, en manera alguna puede reputarse como una situaci\u00f3n creada en el fallo y que sorprenda, por su novedad, a las partes del proceso, como s\u00ed lo podr\u00eda ser y as\u00ed lo consider\u00f3 en alguna \u00e9poca la jurisprudencia de la Corte \u2013ya recogida-, el caso de las sentencias que deciden en segundo grado, sobre temas ajenos al marco de la pretensi\u00f3n impugnaticia. <\/p>\n

5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n

De cuanto queda expuesto y de lo que consta en las actuaciones judiciales, se llega a la conclusi\u00f3n que la impugnaci\u00f3n extraordinaria formulada no es de recibo, porque con independencia del criterio que se quiera adoptar, la sentencia impugnada no presenta defectos graves de motivaci\u00f3n, la falta de competencia funcional se aleg\u00f3 extempor\u00e1neamente y, en todo caso, no se origin\u00f3 en la providencia confutada. De contera, se declarar\u00e1 infundado el recurso de revisi\u00f3n y se condenar\u00e1 en costas y perjuicios a su promotora. <\/p>\n

V. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En armon\u00eda con las consideraciones precedentes, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO.-\tDeclarar infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n propuesto por Uniapuestas S.A. contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n

SEGUNDO.- \tCondenar a la impugnante en costas, y al pago de los perjuicios causados en el tr\u00e1mite del mecanismo excepcional que en esta providencia se decide, en favor del demandado en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado en referencia. En la liquidaci\u00f3n de aqu\u00e9llas incl\u00fayase la suma de $700.000,oo como agencias en derecho; la tasaci\u00f3n de los segundos se har\u00e1 mediante incidente seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. En caso de ser necesario para los anteriores efectos, se tendr\u00e1 en cuenta la p\u00f3liza judicial constituida en el proceso, para lo cual la Secretar\u00eda librar\u00e1 los oficios y expedir\u00e1 las copias correspondientes a costa del interesado. <\/p>\n

TERCERO.-\tCumplido lo anterior, devu\u00e9lvase el expediente al juzgado de origen, a excepci\u00f3n de la actuaci\u00f3n relativa al recurso de revisi\u00f3n. Of\u00edciese. <\/p>\n

CUARTO.- Archivar en su momento, el expediente aqu\u00ed conformado. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00081-01 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto plenamente el sentido de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala, respetuosamente me permito aclarar mi voto, en relaci\u00f3n con la siguiente afirmaci\u00f3n: <\/p>\n

\u00ab(…) [L]a doctrina jurisprudencial de la Corte viene aceptando, desde el 2008, la falta de motivaci\u00f3n de un fallo como circunstancia percutora de su invalidaci\u00f3n, porque la normatividad procesal exige al juzgador explicitar las razones que lo llevaron a adoptar su determinaci\u00f3n, para as\u00ed honrar caros principios superiores relativos a la publicidad, el debido proceso, la seguridad jur\u00eddica y la igualdad\u00bb. <\/p>\n

Ello porque el aparte reci\u00e9n reproducido sostiene que la ausencia de motivaci\u00f3n de la sentencia es un evento estructurante de la nulidad, sin reparar en que esa hip\u00f3tesis realmente no armoniza con el precedente de la Sala, ni con la arquitectura del proceso civil. <\/p>\n

Ciertamente, no se desconoce la trascendencia del deber de motivaci\u00f3n, ni tampoco su v\u00ednculo con la tutela judicial efectiva; al fin y al cabo, la carga de exteriorizar la justificaci\u00f3n fundada que permiti\u00f3 al juez llegar a una determinada conclusi\u00f3n diluye la posibilidad de actuar en forma arbitraria o caprichosa, y legitima los actos jurisdiccionales a partir de su razonabilidad, pertinencia y adecuaci\u00f3n frente al marco normativo y f\u00e1ctico del litigio. <\/p>\n

En este sentido, la doctrina reconoce que <\/p>\n

\u00ab(…) la publicidad del proceso no es suficiente garant\u00eda de una recta justicia. Es indispensable que los funcionarios judiciales expliquen y fundamenten sus decisiones, a menos que se trate de simples \u00f3rdenes para el impulso del proceso. De esta manera se evitan arbitrariedades y se permite a las partes usar adecuadamente el derecho de impugnaci\u00f3n (…). Porque la resoluci\u00f3n de toda sentencia es el resultado de las razones o motivaciones que en ella se explican\u00bb31. <\/p>\n

Sin embargo, la importancia de la aludida carga de justificar las providencias no puede conducir a afirmar (en contrav\u00eda con lo dispuesto por el legislador) que la falta de motivaci\u00f3n constituye motivo de nulidad y, por lo mismo, ese supuesto tampoco armoniza con la hip\u00f3tesis abstracta prevista en la quinta causal de casaci\u00f3n. <\/p>\n

Las causales de invalidaci\u00f3n que recog\u00eda, para la \u00e9poca que importa a este tr\u00e1mite, el canon 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, corresponden, exclusivamente, a supuestos de insatisfacci\u00f3n de los requisitos de validez del acto procesal jurisdiccional; la motivaci\u00f3n del fallo, por su parte, es un asunto de \u00edndole sustancial, y por ello enteramente ajeno al r\u00e9gimen de la anulaci\u00f3n. <\/p>\n

Conforme con ello, el \u00abhaberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley\u00bb, motivo de casaci\u00f3n compendiado en el citado numeral 5 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, tiene que ver con la estructura formal del prove\u00eddo (los requisitos indispensables para la validez de esa actuaci\u00f3n procesal), asunto de procedimiento que, se insiste, nada tiene que ver con la motivaci\u00f3n como carga sustantiva, cuyas deficiencias constituyen un yerro in iudicando, no in procedendo. <\/p>\n

As\u00ed lo ha entendido en forma reiterada el precedente de la Sala: <\/p>\n

\u00abEl motivo de revisi\u00f3n consagrado en el numeral octavo del art\u00edculo 380 del estatuto procesal civil refiere a la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelaci\u00f3n o de casaci\u00f3n, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deber\u00e1 alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnaci\u00f3n no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio. <\/p>\n

Respecto de esta causal, ha reiterado la Corte que \u201c\u2026no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en \u00e9ste el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representaci\u00f3n ni falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, que constituye causal espec\u00edfica y aut\u00f3noma de revisi\u00f3n, como lo indica el numeral 7\u00ba del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo ser\u00eda, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso\u201d (CXLVIII, 1985). <\/p>\n

De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisi\u00f3n se dirige a \u201cabolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa\u201d (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R. 7421). <\/p>\n

Es decir que ha de tratarse de \u201cuna irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido. (SR 078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que \u2013a m\u00e1s de estar expresamente previstos (…)\u2013 \u2026se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes\u201d (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001). <\/p>\n

Este tipo de nulidad puede originarse seg\u00fan la doctrina \u201ccon la sentencia firmada con menor n\u00famero de magistrados o adoptada con un n\u00famero de votos diversos al previsto por la ley, o la pronunciada en proceso legalmente terminado por desistimiento, transacci\u00f3n, perenci\u00f3n, o suspendido o interrumpido\u201d (Hernando MORALES MOLINA. Curso de derecho procesal civil. Parte general. 8\u00aa ed. Bogot\u00e1: ABC, 1983. P. 652). <\/p>\n

Y otros eventos adicionales que destaca la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n radican en la condena a quien no ha figurado en el proceso como parte, o si al resolver la solicitud de aclaraci\u00f3n del fallo se termina modific\u00e1ndolo, y cuando se dicta sentencia \u201csin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar cuando el procedimiento as\u00ed lo exija\u201d. (CSJ SC, 29 ago. 2008. Rad. 2004-00729)\u00bb (CSJ SC9228-2017, 29 jun.).
\nEn los anteriores t\u00e9rminos, y con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, dejo expuestas las razones por las cuales aclaro mi voto, puesto que, reitero, en el fallo de la referencia pareciera darse a entender que la falta de motivaci\u00f3n est\u00e1 enlistada como causal de nulidad adicional a las previstas en el ordenamiento procesal civil, lo cual no concuerda con la principial\u00edstica y finalidad del r\u00e9gimen anulatorio, ni con la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

Fecha ut supra, <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMAGISTRADO <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n: 11001-02-03-000-2015-00081-00 <\/p>\n

1. Como apenas me separo de algunas motivaciones que dieron al traste con el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por la Uni\u00f3n de Empresarios de Apuestas Permanentes del Atl\u00e1ntico S.A. -UNIAPUESTAS S.A.-, respecto de la Sentencia del 18 de diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Familia, en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado contra Arnulfo G\u00f3mez G\u00f3mez, finado durante el juicio, las cuales no alcanzan relevancia en cuanto a lo decidido, no hago m\u00e1s que proceder a aclarar mi voto. <\/p>\n

2. Con ese prop\u00f3sito, resulta trascendente memorar la primera instancia, ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla. Una vez agotado el tr\u00e1mite procesal pertinente, se concedieron las pretensiones de la parte accionante, clausurando el debate con el fallo del 29 de noviembre de 2011, mediante el cual, se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento, al considerar el Juzgador, probado el incumplimiento del demandado, respecto del precio de canon pactado.
\nEn consecuencia, se accedi\u00f3 a las s\u00faplicas del actor, decisi\u00f3n respecto de la cual, a juicio del demandado, no reconoc\u00eda la existencia de una modificaci\u00f3n verbal al acuerdo inicial, aceptada por la administradora de los bienes de la demandante Inveretnia S.A., refiri\u00e9ndose as\u00ed, a un pago menor de dinero por el concepto del canon mensual, de conformidad con los recibos de la devoluci\u00f3n de dinero expedidos por la administradora y en favor de Arnulfo G\u00f3mez G\u00f3mez. <\/p>\n

En ese contexto, el demandado apel\u00f3 la decisi\u00f3n, de modo tal, que el asunto lo dirimi\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante, fallo de 18 de diciembre de 2012, ordenando revocar en su totalidad la Sentencia recurrida, para en su lugar, declarar probadas las excepciones propuestas por el accionado, motivando su razonamiento, en la efectiva alteraci\u00f3n verbal del contrato, realizada por la representante de la demandante en restituci\u00f3n. <\/p>\n

Posteriormente, el apoderado de la parte demandante promovi\u00f3 incidente de nulidad, por falta de competencia funcional del Tribunal, pues en su consideraci\u00f3n el asunto conocido por el Juez Colegiado, deb\u00eda surtirse en \u00fanica instancia. <\/p>\n

Las s\u00faplicas, fueron rechazadas por la magistrada sustanciadora, con auto de 18 de febrero de 2013; resultando as\u00ed, en la subsiguiente interposici\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n fundado en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 380 del C.P.C. Esta Sala al resolver el fondo niega el remedio extraordinario. <\/p>\n

3. Ahora bien, la Corte motiva la soluci\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n formulado en el presente asunto con apoyo en la causal octava del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo tocante con \u201cexistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y no era susceptible de recurso\u201d, incurriendo en una compresi\u00f3n equivocada de esta causal, en contra de cuando, hist\u00f3ricamente, ha venido planteando la Sala y, de una reiterada doctrina probable, con relaci\u00f3n a la \u201causencia de motivaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

La sentencia para resolver el problema jur\u00eddico, err\u00f3neamente, infiere que han existido dos criterios respecto de la causal referenciada, exponiendo: \u201c(\u2026) sobre las deficiencias en la motivaci\u00f3n o justificiaci\u00f3n, como causal de nulidad surgida en la providencia confutada, se pueden identificar en los precedente de esta Corporaci\u00f3n dos criterios contrapuestos y bien definidos: uno que las niega como vicio capaz de invalidar la providencia, y otro que las acepta como causa de invalidez ligada al derecho de todos los justiciables a un debido proceso (\u2026)\u201d(negrillas fuera del texto). Esto no es cierto. <\/p>\n

En lo pertinente al asunto, la \u00fanica consideraci\u00f3n que ha tenido la Corte para dar paso al juicio rescindente, ha sido la carencia total de motivaci\u00f3n. No ha existido otro criterio imperante. La providencia con ponencia del magistrado Edgardo Villamil Portilla del a\u00f1o 200832, es interpretada inadecuadamente, al plasmar en la de ahora: " (\u2026) Para el segundo criterio, la doctrina jurisprudencial de la Corte viene aceptando, desde el 2008 (\u2026)\u201d la \u201cfalta de motivaci\u00f3n\u201d, como un equivalente, a las graves \u201cdeficiencias en la motivaci\u00f3n\u201d. Con el fin de reforzar esta consideraci\u00f3n del segundo criterio a\u00f1adi\u00f3: \u201c(\u2026) Muestra elocuente de esta postura es la sentencia de revisi\u00f3n de 11 de diciembre de 2018 (\u2026) en la que se proclam\u00f3 mayoritariamente (\u2026) que \u201catendiendo a la teor\u00eda del derecho viviente, esta Corte por v\u00eda de interpretaci\u00f3n a trav\u00e9s de su jurisprudencia le ha dado contenido al concepto de \u201cnulidad originada en la sentencia\u201d incluyendo (\u2026) las graves deficiencias en la motivaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En ese orden de ideas, el an\u00e1lisis correcto de la premisa33 comprendida en la sentencia de radicado 2004-00729 del 2008 con ponencia del doctor Edgardo Villamil Portilla con relaci\u00f3n a ese nuevo criterio, all\u00ed \u00fanicamente, se plante\u00f3 como una obiter dicta, fantaseando sobre la causal octava de revisi\u00f3n, incluyendo adem\u00e1s, la motivaci\u00f3n deficiente, impertinente y la contradictoria. Para concretar el porqu\u00e9 es un \u201cmero dicho de paso\u201d, basta observar la siguiente ratio decidendi del antecedente del 2008: <\/p>\n

\u201c\u2026 [P]ara que sea posible hablar de falta de motivaci\u00f3n de la sentencia como vicio invalidativo del proceso, se requiere que aquella sea total o radical (\u2026). Esto, por supuesto, se explica no s\u00f3lo porque l\u00f3gicamente se est\u00e1 en frente de conceptos distintos (una cosa es la motivaci\u00f3n insuficiente y otra la ausencia de motivaci\u00f3n), sino tambi\u00e9n porque en la pr\u00e1ctica no habr\u00eda luego c\u00f3mo precisar cu\u00e1ndo la cortedad de las razones es asimilable al defecto de las mismas, y cu\u00e1ndo no lo puede ser (Cas. Civ. 29 de abril de 1988, sin publicar)\u201d (Sent. Cas. Civ. de 1 de septiembre de 1995 Exp. No. 4219)\u201d34. <\/p>\n

\u201cY recientemente, la Corte reconoci\u00f3 que la nulidad en la sentencia puede provenir de la falta radical, absoluta o total de fundamentaci\u00f3n de la providencia e insiste en que \u201cno se trata de una motivaci\u00f3n parca, corta e insatisfactoria, sino de su completa ausencia o inexistencia, pues, se repite, el juzgador no suministr\u00f3 ning\u00fan elemento de juicio que remotamente apuntara a soportar este punto de la providencia, con lo que emerge la comisi\u00f3n de un vicio de actividad o in procedendo que viene a determinar el \u00e9xito de la censura\u201d (Sent. Cas. Civ. de 23 de enero de 2006, Exp. No. 5969)\u201d35. <\/p>\n

Por consiguiente, lo tocante con la motivaci\u00f3n deficiente, impertinente y contradictoria, se trat\u00f3 de un mero elemento accidental, pues, debo recordar a la Sala que para entonces el recurso de revisi\u00f3n no prosper\u00f3 y se declar\u00f3 infundada la causal. Despu\u00e9s, en el a\u00f1o 201436, el magistrado Jes\u00fas Vall de Ruten, pretendi\u00f3 mutar esa obiter dicta en ratio decidendi, sustentado en las mismas razones. Sin embargo, esa insistencia no encontr\u00f3 eco en la Corporaci\u00f3n y, en efecto, si se mira con detalle la decisi\u00f3n con ponencia del aludido magistrado, tampoco, se declar\u00f3 pr\u00f3spero el motivo, de modo que, esa consideraci\u00f3n no fue fundamental ni causal en la decisi\u00f3n del recurso debatido. <\/p>\n

En fin, el fallo de ahora, altera esa g\u00e9nesis y por tal vicisitud, se citan otros precedentes que contienen errores de percepci\u00f3n de la evoluci\u00f3n jurisprudencial, por cuanto, la doctrina originaria se mantiene sin modificaciones. Nunca ni hasta la fecha -incluyendo la actual Sentencia-, ha prosperado un recurso de revisi\u00f3n por \u201cmotivaci\u00f3n deficiente, impertinente o contradictoria\u201d. Si ello fuera de ese tenor, en esos fallos se habr\u00eda declarado fundado el recurso por ese nuevo criterio. <\/p>\n

4. Otro problema muy distinto, es la viabilidad que se la ha abierto en defensa del debido proceso cuando existen contradicciones o problemas graves en la motivaci\u00f3n de la sentencia, circunstancias s\u00ed, en las cuales la Sala, para proteger los derechos fundamentales y prevenir las graves agresiones al ordenamiento jur\u00eddico, al r\u00e9gimen legal, constitucional y convencional, en el marco del amplio espectro del amparo constitucional, ha procedido a invalidar sentencias de instancia, para disponer la emisi\u00f3n de nuevos fallos ajustados a la Constituci\u00f3n. En esta \u00f3rbita, la Corte se ha comprometido con la aniquilaci\u00f3n de fallos inconstitucionales en la motivaci\u00f3n. Empero, esos aspectos, no son los discutidos en el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, ni se han abordado en el mismo, por el car\u00e1cter limitado y taxativo, con relaci\u00f3n a la no motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n, ni respecto de las dem\u00e1s causales que configuran el recurso, en atenci\u00f3n al principio de limitaci\u00f3n en los medios extraordinarios. <\/p>\n

5. Es cuestionable, en este punto que con meros \u201cdichos de paso\u201d se procure construir e inferir, la existencia de una l\u00ednea jurisprudencial, con relaci\u00f3n, a la impertinencia, contradicci\u00f3n y deficiencia de las motivaciones de la sentencia, correlacionadas, a las subreglas particulares de la causal octava del recurso de revisi\u00f3n. Justamente, en aqu\u00e9llos casos, de 2008 y luego el del 2014 no existi\u00f3 ni exist\u00eda una conexi\u00f3n causa-efecto entre esas obiter dicta de las sentencias y las decisiones de las mismas, puesto que, precisamente, la Sala por unanimidad no acept\u00f3 esas tesis, y de haberlo hecho, habr\u00eda declarado pr\u00f3spera la respectiva causal. <\/p>\n

En las resolutivas de aquellos recursos de revisi\u00f3n, en las dos oportunidades se declar\u00f3 infundada la causal. En ese sentido, dichas premisas son meros obiter dicta. Ahora, en el segundo caso, donde el suscrito magistrado intervino, de haberse aceptado el gobierno o la aplicaci\u00f3n de cualquiera de esas tres categor\u00edas, tal como lo solicit\u00e9 en las discusiones, si \u00e9stas pretend\u00edan ser ratio decidendi en la providencia, consecuencialmente, deb\u00eda haberse fallado a favor del revisionista. Sin embargo, la mayor\u00eda se opuso, neg\u00f3 la revisi\u00f3n y, al un\u00edsono, como secuela, los dos casos muestran que fueron declarados infundados en el prop\u00f3sito rescindente. <\/p>\n

6. Por \u00faltimo, los prove\u00eddos de revisi\u00f3n como el del radicado 2014-00691 con ponencia del doctor Octavio Augusto Tejeiro Duque37 y el presente, incurren en error, en la construcci\u00f3n de la doctrina jurisprudencial del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, en lo tocante a la subregla de la causal 8\u00b0 del art\u00edculo 380 C.P.C y 355 del C.G.P, por cuanto, algunos o muchos de los antecedentes que se utilizan para edificar las tesis diferentes a la carencia total de motivaci\u00f3n, corresponden a decisiones constitucionales de tutela, que otorgan un amplio margen para la soluci\u00f3n de problemas constitucionales, legales y convencionales; org\u00e1nicos, sustantivos o materiales, procedimentales y jurisprudenciales en el labor\u00edo de la sentencia. Sin embargo, esos precedentes jurisprudenciales no conciernen, a los precisos an\u00e1lisis o cuestionamientos de la causal octava del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, respecto de la carencia de motivaci\u00f3n, de ah\u00ed, los yerros jur\u00eddicos de la argumentaci\u00f3n que contienen tanto esta, como la citada 2014-00691. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo aclarado mi voto. <\/p>\n

Fecha ut supra, <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tFolios 4 y 5 del c. 1.
\n2 \tFolios 1 a 4 ib.
\n3 \tFolio 43 \u00eddem.
\n4 \tFolios 1 a \t21, c. 2
\n5 \tFolios 143 a 166 ib.
\n6 \tFolio 168 del c. 3.
\n7 \tFolios 122 a 125 del c. 2.
\n8 \tFolios 24 y 25 del c. 3.
\n9 \tFolios 83 a 91 del c. del Tribunal.
\n10 \tFolios 100 a 107 ib\u00eddem.
\n11 \tFolios 127 a 130 ib.
\n12 \tFolio 44 del c. de la Corte.
\n13 \tFolios 43 a 56 del c. de la Corte.
\n14 \tFolios 70 y 71 ib.
\n15 \tFolio 85 ib.
\n16 \tFolios 107 y 108 Op. Cit.
\n17 \tFolios 149 a 152 del c. de la Corte.
\n18 \tAuto de 31 de octubre de 2017, folios 157 y 157 \tvuelto ib.
\n19 \tFolio 159 \u00eddem.
\n20 \tFolios 160 a 167 del c. de la Corte. <\/p>\n

22 \tFolio 56 del c. de la Corte.
\n23 \tCSJ SC, 24 abr. 1980, reiterada entre otras, en SC12948-2016 y \tSC018-2018.
\n24 \tFolio 56 del c. de la Corte.
\n25 \tFolios 88 a 90 del c. del Tribunal.
\n26 \tCSJ SC del 27 de septiembre de 1999, Exp. 7076.
\n27 \tNumeral 4\u00ba del art\u00edculo 380 del \tC\u00f3digo de Procedimiento Civil, reproducido en su integridad \ten el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 357 del C\u00f3digo \tGeneral del Proceso.
\n28 \tArt\u00edculo 305 del C\u00f3digo de \tProcedimiento Civil, que hoy en d\u00eda corresponde al 281 del \tC\u00f3digo General del Proceso.
\n29 \tCSJ, \tAC, 2 dic. 2009, Rad. n.\u00ba 2009-01923-00; reiterado en AC, 27 \tago. 2012, Rad. n.\u00ba 2012-01285-00).
\n30 \tSC14427-2016
\n31 \tDEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Editorial \tUniversidad, Buenos Aires. 1984, p. 74.
\n32 \tCSJ. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de revisi\u00f3n. \tRad. 2004-00729. (29, agosto, 2008). Mag. Pon. Edgardo Villamil \tPortilla.
\n33 \tIbidem. \u201cEn el mismo sentido, la Sala de Casaci\u00f3n \tPenal ha puesto algunos par\u00e1metros con miras a determinar en \tqu\u00e9 casos la sentencia puede ser nula por defectos de \tmotivaci\u00f3n; alude esa corporaci\u00f3n a cierta escala de \tdefectos que van desde la carencia total de motivaci\u00f3n, hasta \tla fundamentaci\u00f3n incompleta y la motivaci\u00f3n \tinextricable, contradictoria o ambigua\u201d.
\n34 \tCSJ. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de revisi\u00f3n. \tRad. 2004-00729. (29, agosto, 2008). Mag. Pon. Edgardo Villamil \tPortilla.
\n35 \tIbidem.
\n36 \tCSJ. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de revisi\u00f3n. \tRad. 2010-00958. (14, mayo, 2014). Mag. Pon. Jes\u00fas Vall De \tRut\u00e9n Ruiz.
\n37 \tCSJ. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de revisi\u00f3n. \tRad. 2014-00691. (11, diciembre, 2018). Mag. Pon. Octavio Augusto \tTejeiro Duque.
\n45<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente SC4339-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2015-00081-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de septiembre de dos mil diecinueve) Decide la Corte el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por la UNI\u00d3N DE EMPRESARIOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL ATL\u00c1NTICO S.A. -UNIAPUESTAS S.A.-, respecto de la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2012 por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102545","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102545","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102545"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102545\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102545"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102545"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102545"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}