{"id":102552,"date":"2026-07-02T15:53:58","date_gmt":"2026-07-02T15:53:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102552"},"modified":"2026-07-02T15:53:58","modified_gmt":"2026-07-02T15:53:58","slug":"sc4803-2019-2009-00114-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc4803-2019-2009-00114-01\/","title":{"rendered":"SC4803-2019 (2009-00114-01)"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

SC4803-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-31-03-002-2009-00114-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de junio de dos mil diecinueve). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Al haber sido casada la sentencia de 14 de diciembre de 2011, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso ordinario que incoaron Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas y Gloria Elsa Montoya Rojas contra Alma Roc\u00edo Santos Romero, Cooperativa de Transportes del Sur del Tolima Ltda. \u00abCointrasur\u00bb y Seguros Colpatria S.A., procede la Corte, en sede de segunda instancia, a dictar el fallo sustitutivo. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Tal cual se compendi\u00f3 en la sentencia de casaci\u00f3n dictada en este litigio, las accionantes solicitaron: <\/p>\n

1.1. Se declare que las demandadas incumplieron el contrato transporte celebrado con Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas, con ocasi\u00f3n del accidente del bus de placas WGY-636 afiliado a Cointrasur. <\/p>\n

1.2. Se les condene a pagar en forma solidaria, contractual y extracontractualmente, a favor de Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas, con indexaci\u00f3n e intereses: $15\u2019065.213 por da\u00f1o emergente, $207\u2019200.000 por lucro cesante o el equivalente a 400 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes al momento del pago, m\u00e1s 200 y 400 de esos salarios por da\u00f1o moral y a la vida de relaci\u00f3n, respectivamente; para Gloria Elsa Montoya Rojas 200 salarios m\u00ednimos legales mensuales por da\u00f1o moral. <\/p>\n

2.\tLa causa para pedir se resume as\u00ed: <\/p>\n

2.1. Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas, para aquel entonces con 40 a\u00f1os de edad y en condici\u00f3n de pasajera del automotor citado, fue v\u00edctima del accidente de tr\u00e1nsito en que se vio involucrado ese rodante por ir con exceso de velocidad, en la v\u00eda que de Ataco conduce a Coyaima en el departamento del Tolima. <\/p>\n

2.2. Dicho suceso produjo a la viajera una herida abierta en su cabeza, al golpearse contra la parte superior del veh\u00edculo, una ruptura de su columna vertebral con secuelas permanentes, deformidad f\u00edsica y perturbaci\u00f3n funcional del \u00f3rgano de soporte. <\/p>\n

2.3. Como docente ella obten\u00eda un salario de $600.000 mensuales m\u00e1s otros ingresos, totalizando $2\u2019500.000, los que empleaba en alimentaci\u00f3n, vestuario, transporte y gastos en general para ella y su familia, y que dej\u00f3 de percibir por el accidente. <\/p>\n

3.\tExcepto Alma Roc\u00edo Santos Romero, quien guard\u00f3 silencio, las demandadas se opusieron a las pretensiones. <\/p>\n

Seguros Colpatria formul\u00f3 las defensas de m\u00e9rito de \u00abausencia de los requisitos sustanciales para la vinculaci\u00f3n de Seguros Colpatria como demandada\u00bb, \u00abausencia de responsabilidad civil contractual y extracontractual del asegurador\u00bb, \u00abinexistencia de solidaridad\u00bb, \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n indemnizatoria por ausencia de los requisitos sobre cuant\u00eda de la p\u00e9rdida\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, \u00abcarencia de prueba del supuesto perjuicio\u00bb, \u00abtasaci\u00f3n excesiva del perjuicio\u00bb, \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb e \u00abimposibilidad jur\u00eddica para reclamar doble indemnizaci\u00f3n por perjuicios la demandante con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito\u00bb. <\/p>\n

Cointrasur adujo las excepciones perentorias de \u00abcarencia de presupuestos para la responsabilidad civil extracontractual\u00bb, \u00abintervenci\u00f3n de un elemento extra\u00f1o que no es imputable al demandado\u00bb, \u00abcaso fortuito porque el hecho fue inevitable por falta de demarcaci\u00f3n del carril\u00bb y \u00abexceso en la cuant\u00eda reclamada\u00bb. <\/p>\n

4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 dict\u00f3 sentencia inhibitoria, el 16 de noviembre de 2010, tras considerar inepta la demanda, por adolecer de indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones al invocar de forma simult\u00e1nea la responsabilidad contractual y extracontractual en favor de ambas promotoras. <\/p>\n

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

1. Al desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte actora, el ad-quem revoc\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada; en su lugar deneg\u00f3 las pretensiones que invoc\u00f3 Gloria Elsa Montoya Rojas en su condici\u00f3n de allegada de la v\u00edctima; declar\u00f3 infundadas las excepciones propuestas por las enjuiciadas; y proclam\u00f3 responsables contractual y solidariamente a Cointrasur y Alma Roc\u00edo Santos Romero de los perjuicios causados a Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas como pasajera de aquella empresa. <\/p>\n

Dichos da\u00f1os los tas\u00f3 en ochocientos mil seiscientos setenta y nueve pesos ($800.679) por lucro cesante, quince millones de pesos ($15\u2019000.000) por perjuicio moral y otra cantidad igual a \u00e9sta por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n; as\u00ed mismo dispuso que Seguros Colpatria responder\u00eda por tal condena en los t\u00e9rminos de la p\u00f3liza de seguros que expidi\u00f3. <\/p>\n

Tal determinaci\u00f3n se fund\u00f3 en que el libelo g\u00e9nesis del pleito cumpli\u00f3 las exigencias formales, porque al interpretarlo se extrae que Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas pretendi\u00f3 la declaratoria de responsabilidad contractual, mientras Gloria Elsa Montoya la extracontractual, lo que no es excluyente; descart\u00f3 esta solicitud porque la peticionaria bas\u00f3 el da\u00f1o moral reclamado en su supuesta condici\u00f3n de madre de crianza de la codemandante, pero no prob\u00f3 ese v\u00ednculo afectivo. <\/p>\n

De otro lado, el juzgador colegiado accedi\u00f3 a la s\u00faplica de Cecilia, al encontrar probado el pacto transportador y los da\u00f1os que a ella ocasion\u00f3 el incumplimiento de tal relaci\u00f3n, de donde coligi\u00f3 responsables a la transportadora, a Alma Roc\u00edo Santos Romero -quien figura en la entidad de transporte como propietaria del veh\u00edculo y no contest\u00f3 la demanda- y a la compa\u00f1\u00eda aseguradora seg\u00fan la p\u00f3liza contratada. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con la mensura de los perjuicios neg\u00f3 el da\u00f1o emergente pedido porque los documentos aportados no identifican qui\u00e9n hizo los pagos derivados de las lesiones, si fueron adicionales a los cubiertos por el SOAT, tampoco hay prueba de la naturaleza del gasto de transporte, de los servicios de la enfermera asistente o el contrato de arrendamiento celebrado por la demandante con Edilma Rinc\u00f3n, ni que obedecieran a las lesiones padecidas por aquella. <\/p>\n

Acerca del lucro cesante anot\u00f3 el Tribunal que el concepto de Medicina Legal fij\u00f3 una incapacidad definitiva de 45 d\u00edas, como secuelas una deformidad \u00abque afecta el cuerpo de car\u00e1cter transitorio y perturbaci\u00f3n funcional del \u00f3rgano osteoarticular (columna vertebral, locomoci\u00f3n) de car\u00e1cter permanente\u00bb, pero sin probarse que estas \u00abafectaran la capacidad laboral de la demandante en grado tal que se abra paso una indemnizaci\u00f3n distinta\u00bb a los citados d\u00edas. <\/p>\n

Y seguidamente lo tas\u00f3 partiendo de la incapacidad definitiva de 45 d\u00edas y el valor del salario m\u00ednimo al momento del accidente ($461.500 mensuales), en $692.250 que indexados a la fecha de la sentencia ascienden a ochocientos mil seiscientos setenta y nueve pesos ($800.679), esto por cuanto la certificaci\u00f3n aportada para acreditar ingresos por $600.000 mensuales es de una persona jur\u00eddica desconocida, que adem\u00e1s hizo menci\u00f3n de un contrato laboral sin que se allegaran constancias de los pagos mensuales. <\/p>\n

Respecto al da\u00f1o moral, luego de estimar que puede inferirse una afectaci\u00f3n emocional de la promotora por los traumas de las lesiones que padeci\u00f3, la atenci\u00f3n m\u00e9dica recibida y la perturbaci\u00f3n en su locomoci\u00f3n a consecuencia de las lesiones, reconoci\u00f3 la suma de quince millones de pesos ($15\u2019000.000). <\/p>\n

Tambi\u00e9n accedi\u00f3 a reconocer el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, por estar probadas las lesiones del \u00f3rgano de locomoci\u00f3n, \u00abaunque no se conoce la magnitud de la afectaci\u00f3n, es razonable inferir que el desarrollo normal de sus actividades se ha visto alterado, pues ya no podr\u00e1n efectuarse en las condiciones usuales, sino que exigir\u00e1n un esfuerzo adicional, por m\u00ednimo que sea\u00bb, de donde lo estim\u00f3 en quince millones de pesos ($15\u2019000.000). <\/p>\n

2. La Corte, con prove\u00eddo SC22036 de 19 de diciembre de 2017, cas\u00f3 parcialmente la determinaci\u00f3n de segunda instancia, \u00fanicamente en lo que ata\u00f1e a la tasaci\u00f3n del lucro cesante y el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, al encontrar que respecto al primero el fallo vulner\u00f3 el principio de reparaci\u00f3n integral por tergiversar las pruebas que daban cuenta de la lesi\u00f3n sufrida por Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas con car\u00e1cter permanente y que afecta su movilidad; lo que igualmente sucedi\u00f3 en la estimaci\u00f3n del segundo, pues no observ\u00f3 la real extensi\u00f3n de tal perjuicio causado a la reclamante. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuesti\u00f3n de primer orden es recordar, como anot\u00f3 la Corte al casar parcialmente la sentencia de segunda instancia a petici\u00f3n de Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas solamente, que a pesar de entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso desde el 1\u00ba de enero de 2016, al sub lite no resulta aplicable por consagrar, en el numeral 5\u00ba de su art\u00edculo 625, que los recursos ya interpuestos, entre otras actuaciones, deben surtirse empleando \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb. <\/p>\n

Y como el de apelaci\u00f3n que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala fue iniciado bajo el imperio del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ser\u00e1 este ordenamiento el que siga rigi\u00e9ndolo, por el principio de la ultractividad de la vigencia de la ley en el tiempo. <\/p>\n

2. En segundo lugar, necesario es precisar que son aspectos ajenos a esta decisi\u00f3n la absoluci\u00f3n de las demandadas en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n incoada por Gloria Elsa Montoya Rojas, la responsabilidad civil contractual declarada contra las convocadas en favor de Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas, la mensura de los da\u00f1os emergente y moral reclamados por \u00e9sta, y la extensi\u00f3n de dicha condena frente a la aseguradora enjuiciada. <\/p>\n

Lo anterior por cuanto esos pronunciamientos del Tribunal se mantuvieron inc\u00f3lumes, en la medida en que la prosperidad del recurso extraordinario de casaci\u00f3n s\u00f3lo abarc\u00f3 la tasaci\u00f3n del da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n y el lucro cesante deprecados por Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas, derivados de la declaratoria de responsabilidad civil contractual proclamada a su favor, producto del incumplimiento del contrato de transporte que celebr\u00f3 con Cointrasur. <\/p>\n

3. Con base en dichos l\u00edmites, prosigue la Corte al c\u00e1lculo de estos perjuicios, para lo cual se tiene, en lo que ata\u00f1e al primero, que se entiende por \u00ablucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligaci\u00f3n, o cumpli\u00e9ndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento\u00bb (art. 1614 C.C.) <\/p>\n

Tal da\u00f1o, como se anot\u00f3 en el fallo SC22036 de 19 de diciembre de 2017, con el que fue casada parcialmente la determinaci\u00f3n de segunda instancia, denota que \u00aba la vista saltaba que la secuela remarcada por \u00e9l mismo, consist\u00eda en \u00abperturbaci\u00f3n funcional del \u00f3rgano osteoarticular (columna vertebral, locomoci\u00f3n) de car\u00e1cter permanente\u00bb, esto es, que la v\u00edctima qued\u00f3 con un trastorno en la movilidad, de por vida.\u00bb <\/p>\n

De all\u00ed que la Corte agregara c\u00f3mo \u00ab(e)l fallador no apreci\u00f3 en la dimensi\u00f3n que corresponde la consecuencia f\u00edsica padecida por la demandante, porque a pesar de tener que ver con un esencial \u00f3rgano de la vida humana, como es el de locomoci\u00f3n, se conform\u00f3 con afirmar que no fue probada la afectaci\u00f3n de \u2018la capacidad laboral de la demandante en grado tal que se abra paso una indemnizaci\u00f3n distinta\u2019 a los antedichos d\u00edas de incapacidad, como se transcribi\u00f3. La ausencia valorativa de tan nociva secuela para la integridad corporal de la demandante, fue trascendente sin lugar a titubeos, comoquiera que la dej\u00f3 fuera de resarcimiento alguno\u2026\u00bb <\/p>\n

As\u00ed las cosas, qued\u00f3 probada la merma de la capacidad de locomoci\u00f3n permanente de la demandante Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas, producto del accidente de tr\u00e1nsito de que fue v\u00edctima, de un lado, con los conceptos t\u00e9cnicos expedidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y acogidos por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9; de otro, con la calificaci\u00f3n m\u00e9dica practicada por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Tolima, que dictamin\u00f3 una p\u00e9rdida de la capacidad laboral del 44.90%, cuya estructuraci\u00f3n correspondi\u00f3 al 8 de enero de 2008, fecha del suceso automovil\u00edstico anotado, probanza que fue allegada tras decreto oficioso de la Corte y ninguno de los intervinientes censur\u00f3 (folios 124 a 131, precedentes). <\/p>\n

En aras de estimar econ\u00f3micamente el aludido menoscabo, el actual entendimiento jurisprudencial del principio de reparaci\u00f3n integral en punto a la indemnizaci\u00f3n por lucro cesante ordena que, una vez demostrada la afectaci\u00f3n negativa del ejercicio de una actividad productiva, debe procederse al restablecimiento patrimonial del agraviado, para lo cual basta la prueba de su aptitud laboral y, para fines de cuantificaci\u00f3n, la remuneraci\u00f3n percibida, sin perjuicio de que esta sea suplida por el salario m\u00ednimo legal mensual vigente. <\/p>\n

Esto \u00faltimo desarrolla el aludido principio, reconocido normativamente en el art\u00edculo 16 de la ley 446 de 1998, el cual ordena \u00abque al afectado por da\u00f1os en su persona o en sus bienes, se le restituya en su integridad o lo m\u00e1s cerca posible al estado anterior\u2026, y por eso, acreditada la responsabilidad civil, el juez \u2018tendr\u00e1 que cuantificar el monto de la indemnizaci\u00f3n en concreto, esto es que habr\u00e1 de tomar en consideraci\u00f3n todas las circunstancias espec\u00edficas en que tuvo lugar el da\u00f1o, su intensidad, si se trata de da\u00f1os irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio\u2019 (CSJ SC, 18 dic. 2012, Rad. 2004-00172-01)\u00bb (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2009-0014-01). <\/p>\n

As\u00ed lo dej\u00f3 sentado esta Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar: <\/p>\n

Demostrado, entonces, que se causaron perjuicios no se puede dictar fallo exonerando de la condena bajo el argumento de que no obra demostraci\u00f3n de la cuant\u00eda del mismo ni tampoco se puede morigerar o amainar su monto predicando de manera simple y rutinaria que no hay forma de acreditar una superior, raz\u00f3n por la cual tiene que acudirse a deducir como retribuci\u00f3n por los servicios prestados la correspondiente al \u2018salario m\u00ednimo legal\u2019 (SC de 21 oct. 2013, rad. n.\u00b0 2009-00392-01). <\/p>\n

La utilizaci\u00f3n de la remuneraci\u00f3n m\u00ednima en la jurisprudencia es de vieja data, soportada en pautas de equidad y sentido com\u00fan, con el fin de evitar que la indemnizaci\u00f3n se pierda en divagaciones probatorias, al paso que garantiza la protecci\u00f3n de la v\u00edctima1. <\/p>\n

Obviar esta obligaci\u00f3n \u00abdesconoce la existencia de [esta] capacidad\u2026 en toda persona humana que como atributo indestructible forma parte de su misma sustantividad existencial. La plena capacidad cordial (incluyendo la mental, puesto que concebidos al hombre como un ser \u00fanico e indiviso) y por lo tanto, su habilidad, siempre entra\u00f1a la posibilidad de que luchar\u00e1 y buscar\u00e1 la forma de obtener, as\u00ed sea, exclusiva y ego\u00edstamente su propio sustento para sobrevivir sin solidaridad con su familia\u00bb (SC16690, 17 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2000-00196-01). <\/p>\n

Por tanto, no es menester exigir al afectado que demuestre el desarrollo de un labor\u00edo redituable para acceder a su pretensi\u00f3n, pues basta con encontrar acreditada la p\u00e9rdida de su capacidad laboral -temporal o permanente-, salvo que su aspiraci\u00f3n sea una tasaci\u00f3n mayor. <\/p>\n

Esto \u00faltimo fue lo reclamado en el sub lite, en tanto la accionante Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas deprec\u00f3 la tasaci\u00f3n de los perjuicios materiales con base en el salario de $600.000 mensuales que obten\u00eda como docente, que sumados a otros ingresos totalizaba la suma de $2\u2019500.000. <\/p>\n

Sin embargo, con ese prop\u00f3sito tal demandante s\u00f3lo aport\u00f3, acompa\u00f1ada a su libelo, constancia expedida por la Asociaci\u00f3n Instituto Salem Proservicios, en la que consign\u00f3 mantener un contrato verbal con Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas en desarrollo del cual \u00e9sta devengaba $600.000 mensuales para la \u00e9poca del referido accidente de tr\u00e1nsito (folio 53, cuaderno 1). <\/p>\n

Por el contrario, el estatuto adjetivo en lo civil prev\u00e9 libertad probatoria, como regla general, de modo que no existe obst\u00e1culo que impida la estimaci\u00f3n de los aludidos medios de convicci\u00f3n, a lo cual se suma que los enjuiciados no los censuraron. <\/p>\n

Sin embargo, para calcular el lucro cesante que habr\u00e1 de reconocerse a la v\u00edctima mencionada debe partirse, \u00fanicamente, del ingreso que ella obten\u00eda para la \u00e9poca del accidente (8 de enero de 2008) en cuant\u00eda de $600.000 mensuales, en tanto que no acredit\u00f3 retribuci\u00f3n superior. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, a la casacionista le corresponder\u00eda la cantidad de $600.000, que debe ser actualizada previamente con el fin de calcular su lucro cesante, para lo cual se aplicar\u00e1 la siguiente f\u00f3rmula de indexaci\u00f3n: <\/p>\n

VP = VA x IPC final (octubre 2019)
\nIPC inicial (enero 2008) <\/p>\n

Donde: <\/p>\n

VP = valor presente
\nVA = valor actualizado <\/p>\n

Aplicada al caso, tenemos: <\/p>\n

VP = $600.000 x 103,43
\n65,51 <\/p>\n

VP = $947.306 <\/p>\n

En aplicaci\u00f3n de los descritos factores, se proceder\u00e1 a establecer el quantum de la indemnizaci\u00f3n, teni\u00e9ndose en cuenta, adem\u00e1s, que Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas ostentaba la edad de cuarenta a\u00f1os y dos meses para la fecha del accidente de tr\u00e1nsito, seg\u00fan se infiere de su registro civil de nacimiento (folio 54, cuaderno de la Corte) y las copias aut\u00e9nticas de la historia cl\u00ednica (folios 96 a 109 ib\u00eddem), a cuyo tenor naci\u00f3 el 2 de noviembre de 1967. <\/p>\n

3.1. Relativo al lucro cesante consolidado, tasado desde el momento en que ocurri\u00f3 el siniestro -8 de enero de 2008- hasta el 8 de noviembre de 2019, con base en el IPC del mes de octubre inmediatamente anterior, por ser la \u00faltima fecha de variaci\u00f3n porcentual del IPC certificada por el DANE, equivale a un per\u00edodo indemnizable de ciento cuarenta y dos (142) meses. <\/p>\n

As\u00ed mismo, para el c\u00e1lculo promedio del ingreso de la v\u00edctima, al salario que para el a\u00f1o 2019 ascender\u00eda a novecientos cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y nueve pesos ($947.306), aplicando la indexaci\u00f3n del lucro cesante pasado seg\u00fan se anot\u00f3, se le aplicar\u00e1 el porcentaje del 44.90% por p\u00e9rdida de la capacidad laboral atribuido a ella, cifra que arroja un total de cuatrocientos veinticinco mil trescientos cuarenta pesos ($425.340). <\/p>\n

Para tal efecto, se emplear\u00e1 la siguiente f\u00f3rmula: <\/p>\n

VA es el valor actual del lucro cesante pasado total, incluidos los intereses del 6% anual.
\nLCM es el lucro cesante mensual actualizado.
\nSn es el valor acumulado de la renta peri\u00f3dica de un peso que se paga n veces a una tasa de inter\u00e9s i por per\u00edodo. <\/p>\n

De otro lado, la f\u00f3rmula matem\u00e1tica para Sn es: <\/p>\n

Sn= (1 + i)n – 1
\ni <\/p>\n

Siendo: <\/p>\n

i = la tasa inter\u00e9s por per\u00edodo.
\nn = el n\u00famero de meses a liquidar. <\/p>\n

Reemplazando la f\u00f3rmula: <\/p>\n

LCM = $425.340 <\/p>\n

Sn= (1 + 0.005)142 \u2013 1
\n0.005 <\/p>\n

Sn = 206,08
\nVA = $425.340 x 206,08
\nVA = $87\u2019654.067 <\/p>\n

La suma a pagar por lucro cesante consolidado, entonces, ser\u00e1 de ochenta y siete millones seiscientos cincuenta y cuatro mil sesenta y siete pesos ($87\u00b4654.067). <\/p>\n

B) En relaci\u00f3n con el lucro cesante futuro, su c\u00e1lculo inicia desde la fecha final incluida en la liquidaci\u00f3n inmediatamente anterior, que usualmente corresponde a la sentencia, y termina con la expectativa de vida de la v\u00edctima, que seg\u00fan la resoluci\u00f3n n\u00ba 1112 de 29 de junio de 2007 de la Superintendencia Financiera era de 79 a\u00f1os de edad para el momento del accidente en que se vio involucrada, lo cual arroja trescientos veinticuatro meses (324), cantidad a la que se aplica la f\u00f3rmula siguiente: <\/p>\n

VA= LCM x Ra <\/p>\n

VA es el valor del lucro cesante futuro.
\nLCM es el lucro cesante mensual.
\nRa es el descuento por pago anticipado. <\/p>\n

De otro lado, la f\u00f3rmula matem\u00e1tica para Ra es: <\/p>\n

\u20131
\n(1+i)n <\/p>\n

Siendo: <\/p>\n

i = tasa de inter\u00e9s por per\u00edodo.
\nn = n\u00famero de meses a liquidar. <\/p>\n

Reemplazando la f\u00f3rmula: <\/p>\n

LCM = $425.340 <\/p>\n

Ra= (1 + 0.005)324 \u2013 1
\n0.005 x (1+0.005)324 <\/p>\n

Ra = 160,26
\nVA = $425.340 x 160,26
\nVA = $68\u2019165.061 <\/p>\n

La suma correspondiente al lucro cesante futuro ser\u00e1 de sesenta y ocho millones ciento sesenta y cinco mil sesenta y un pesos ($68\u2019165.061). <\/p>\n

En total, el lucro cesante, consolidado y futuro, asciende a ciento cincuenta y cinco millones ochocientos diecinueve mil ciento veintiocho pesos ($155\u2019819.128). <\/p>\n

4. Respecto a la alteraci\u00f3n de las condiciones de existencia relacional o da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, reconocido jurisprudencialmente como uno de los componentes del principio de reparaci\u00f3n integral, como se anot\u00f3 en la sentencia de casaci\u00f3n dictada en el sub judice (SC22036 de 19 de diciembre de 2017), se ha considerado que es un perjuicio de naturaleza extrapatrimonial, distinto del moral, pues tiene car\u00e1cter especial y con una entidad jur\u00eddica propia, al no corresponder certeramente al dolor f\u00edsico y moral que experimentan las personas por desmedros producidos en su salud, o por lesi\u00f3n o ausencia de los seres queridos, sino a la afectaci\u00f3n emocional que, como consecuencia del da\u00f1o sufrido en el cuerpo o en la salud, o en otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, causados la v\u00edctima directa o a terceras personas allegadas a la misma, genera la p\u00e9rdida de acciones que hacen m\u00e1s agradable la existencia de los seres humanos, como las actividades placenteras, l\u00fadicas, recreativas, deportivas, entre otras. <\/p>\n

Igualmente, tiene dicho la Sala que es entendido como \u00abun menoscabo que se evidencia en los sufrimientos por la relaci\u00f3n externa de la persona, debido a \u2018disminuci\u00f3n o deterioro de la calidad de vida de la v\u00edctima, en la p\u00e9rdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como tambi\u00e9n en la privaci\u00f3n que padece el afectado para desplegar las m\u00e1s elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad\u2019, que por eso queda limitado a tener una vida en condiciones m\u00e1s exigentes que los dem\u00e1s, como enfrentar barreras que antes no ten\u00eda, conforme a lo cual actividades muy simples se tornan complejas o dif\u00edciles\u00bb (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00114-01). <\/p>\n

En relaci\u00f3n con su prueba, la Corte tiene dicho que con el fin de evitar antojadizas intuiciones perge\u00f1adas a la carrera para sustentar condenas excesivas, la determinaci\u00f3n del da\u00f1o en comentario debe atender a \u00ablas condiciones personales de la v\u00edctima, apreciadas seg\u00fan los usos sociales, la intensidad de la lesi\u00f3n, la duraci\u00f3n del perjuicio\u00bb (SC5885, 6 may. 2016, rad. n.\u00b0 2004-00032-01). <\/p>\n

Es que ante la ausencia de certeza sobre la forma en que se torpede\u00f3 la interacci\u00f3n social del demandante, resulta inviable acceder a una condena por este aspecto, ya que habr\u00eda que hacer juicios hipot\u00e9ticos que impiden la configuraci\u00f3n del deber de reparar. Recu\u00e9rdese que \u00ab[l]a condici\u00f3n de reparabilidad est\u00e1 dada por la certidumbre y gravedad suficiente del da\u00f1o y no por pertenecer a alguna subcategor\u00eda espec\u00edfica\u00bb2. <\/p>\n

Sin embargo, eventos hay en los cuales dicho menoscabo extrapatrimonial constituye hecho notorio, siendo excesivo requerir prueba para tenerlo por demostrado, porque esta se satisface aplicando las reglas de la experiencia y el sentido com\u00fan. <\/p>\n

Aunque no son habituales tales eventualidades y por ello el juzgador debe mirarlas con celo para evitar desproporciones y abusos, no cabe duda acerca de su existencia, verbi gratia, la p\u00e9rdida del sentido de la visi\u00f3n de forma permanente, en tanto que exigirle a esta acreditar c\u00f3mo se ver\u00eda afectada su vida con posterioridad a dicho menoscabo es un desprop\u00f3sito. <\/p>\n

Ser\u00eda tanto como intimar a que el perjudicado demuestre c\u00f3mo va cambiar su desenvolvimiento en sociedad o, dicho en otros t\u00e9rminos, qu\u00e9 ve\u00eda antes de su padecimiento y qu\u00e9 pudo haber visto despu\u00e9s, de donde el sentido com\u00fan repele dicha exigencia probatoria y conduce a tener por colmada la acreditaci\u00f3n del da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n derivado de ese padecimiento. <\/p>\n

Igual sucede con la persona que pierde la movilidad de forma permanente, pues no cabe duda de que sus condiciones de vida no ser\u00e1n iguales a su estado previo y que enfrentar\u00e1 nuevas barreras, como quiera que disminuir\u00e1 su facultad de locomoci\u00f3n aut\u00f3noma, esto es, sin ayudas mec\u00e1nicas o de otras personas. <\/p>\n

Conminar a quien est\u00e1 en esta situaci\u00f3n a que demuestre que antes caminaba y c\u00f3mo en el futuro no lo podr\u00e1 hacer, igualmente se muestra inconcebible en raz\u00f3n a que la p\u00e9rdida de dicha prerrogativa basta por s\u00ed sola. <\/p>\n

De all\u00ed que el inciso final del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que hoy corresponde al canon 167 del C\u00f3digo General del Proceso, regulara que \u00ab[l]os hechos notorios (\u2026) no requieren prueba\u00bb. <\/p>\n

Precisamente en un juicio en el cual la v\u00edctima present\u00f3 diagnostic\u00f3 de paraplejia que lo confin\u00f3 a una silla de ruedas, esta Corporaci\u00f3n llam\u00f3 la atenci\u00f3n acerca de que: <\/p>\n

Para estos efectos, con sujeci\u00f3n al marco f\u00e1ctico sustancial descrito en la causa petendi que sirva como soporte de las pretensiones y al resultado que arrojen los medios probatorios recaudados en el proceso, los juzgadores han de emprender decididamente el an\u00e1lisis encaminado a desentra\u00f1ar el alcance real de los obst\u00e1culos, privaciones, limitaciones o alteraciones que, como consecuencia de la lesi\u00f3n, deba afrontar la v\u00edctima con respecto a las actividades ordinarias, usuales o habituales, no patrimoniales, que constituyen generalmente la vida de relaci\u00f3n de la mayor\u00eda de las personas, en desarrollo del cual podr\u00e1n acudir a presunciones judiciales o de hombre, en la medida en que las circunstancias y antecedentes espec\u00edficos del litigio les permitan, con fundamento en las reglas o m\u00e1ximas de la experiencia, construir una inferencia o razonamiento intelectual de este tipo. (CSJ, SC de 13 may. 2008, rad. 1997-09327). <\/p>\n

En suma, casos habr\u00e1 en los cuales el sentido com\u00fan y las reglas de la experiencia bastar\u00e1n para tener probado el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n padecido por quien vio alteradas sus condiciones de vida, por tratarse de hechos notorios, los que -se resalta- deben examinarse en cada caso concreto por el funcionario judicial con miras a evitar su uso desbordado e injusto. <\/p>\n

5. Descendiendo nuevamente al sub judice dest\u00e1case innecesaria la aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n judicial o de hombre para tener por establecido el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n de Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas, en tanto que la Corte aplic\u00f3 las anteriores premisas probatorias en el fallo SC22036 de 19 de diciembre de 2017, con el cual cas\u00f3 parcialmente la determinaci\u00f3n de segunda instancia dictada en el presente proceso, al disponer c\u00f3mo \u00aba la vista saltaba que la secuela remarcada (\u2026) consist\u00eda en \u00abperturbaci\u00f3n funcional del \u00f3rgano osteoarticular (columna vertebral, locomoci\u00f3n) de car\u00e1cter permanente\u00bb, esto es, que la v\u00edctima qued\u00f3 con un trastorno en la movilidad, de por vida\u00bb, para lo cual se fund\u00f3 en el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral valorado en autos, a cuyo tenor Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas \u00abingres\u00f3 en silla de ruedas\u00bb y \u00abno logra paresia de miembros inferiores bilateral\u00bb (folio 129, cuaderno de la Corte). <\/p>\n

Y de all\u00ed extract\u00f3 la acreditaci\u00f3n del da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, secuela de la paresia de miembros inferiores que conmin\u00f3 a tal reclamante a una silla de ruedas, pues en ese prove\u00eddo la Corte coligi\u00f3 que el ad-quem se equivoc\u00f3 al tasar el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n de la promotora, al incurrir en \u00ab[y]erro de an\u00e1lisis similar al que aconteci\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de la misma prueba para la tasaci\u00f3n del lucro cesante, pues en ambos casos el Tribunal estim\u00f3 que era indiscutible la existencia del da\u00f1o corporal de la citada interesada, pero en el terreno de la cuantificaci\u00f3n se bas\u00f3 en unos criterios indefinidos que al cabo le impidieron hacerlo de una manera apropiada.\u00bb (Resalt\u00f3 la Sala). <\/p>\n

Total, para el caso de autos, en la cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n debe tenerse en cuenta su real dimensi\u00f3n, esto es, que Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas sufri\u00f3 la p\u00e9rdida permanente de su capacidad de locomoci\u00f3n, lo que implica que en los a\u00f1os venideros su cotidianeidad no ser\u00e1 igual, en tanto no podr\u00e1 caminar, correr, as\u00ed como realizar actividades en la misma forma en las cuales las ejecutaba, pues depender\u00e1 de otras personas, a lo sumo hasta tanto adquiera las destrezas necesarias para valerse por s\u00ed misma y conforme le sea posible, las que de cualquier manera no la retornar\u00e1n a su estado natural. <\/p>\n

Ni qu\u00e9 decir del deterioro de su calidad de vida porque, aun cuando es cierto que sus nuevas dificultades f\u00edsicas resultan superables, no menos lo es que constituyen una barrera que antes no ten\u00eda. <\/p>\n

Esto constituye hecho notorio, al denotar que la promotora se ver\u00e1 imposibilitada de cumplir actividades b\u00e1sicas como caminar de manera independiente, lo cual menguara su desempe\u00f1o laboral y por contera su realizaci\u00f3n en tal campo de la vida, tambi\u00e9n el desarrollo de algunas pr\u00e1cticas l\u00fadicas que impliquen actividad f\u00edsica, por solo mencionar algunas, aun cuando sea de modo parcial y transitorio en tanto se vale de mecanismos ajenos a su estado primigenio. <\/p>\n

Por lo tanto resulta acorde justipreciar el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n padecido por tal demandante en cincuenta salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes (50 SMMLV) por cuanto, ha sentado la doctrina de esta Corte3, dada su estirpe extrapatrimonial es propia del prudente arbitrio del juez (arbitrium iudicis), acorde con las circunstancias particulares de cada evento. <\/p>\n

6. Como quiera que decisiones adoptadas en el presente juicio por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 se mantuvieron inc\u00f3lumes, en raz\u00f3n a que la sentencia de segunda instancia fue casada de forma parcial, no total, dicho prove\u00eddo ser\u00e1 modificado con el \u00fanico prop\u00f3sito de condenar a las demandadas al pago, en favor de Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas, del lucro cesante en cuant\u00eda de ciento cincuenta y cinco millones ochocientos diecinueve mil ciento veintiocho pesos ($155\u2019819.128) y del da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n equivalente a cincuenta salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes (50 SMMLV) para la fecha en que se concrete su pago. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, en sede de segunda instancia, MODIFICA la sentencia dictada 14 de diciembre de 2011 por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario de Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas y Gloria Elsa Montoya Rojas contra Alma Roc\u00edo Santos Romero, Cooperativa de Transportes del Sur del Tolima Ltda. y Seguros Colpatria S.A., \u00fanicamente con el fin de se\u00f1alar que el lucro cesante y el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n reconocidos a favor de Cecilia Hern\u00e1ndez Vanegas asciende a las cantidades indicadas en el p\u00e1rrafo inmediatamente anterior de este prove\u00eddo. <\/p>\n

En firme esta providencia, retornen las diligencias al despacho de origen. <\/p>\n

Notif\u00edquese, <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

(Con ausencia justificada). <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tCfr. SC, 25 oct. 1994, rad. n.\u00b0 3000; SC, 30 jun. 2005, rad. n.\u00b0 \t1998-00650-01; SC, 6 sep. 2004, rad. n.\u00b0 7576; SC, 19 dic. 2006, \trad. n.\u00b0 2002-00109-01; SC, 24 nov. 2008, rad. n.\u00b0 \t1998-00529-01; SC, 20 nov. 2012, rad. n.\u00b0 2002-01011-01; \tSC22036, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00114-01; entre muchas \totras.
\n2\u0002 \tEnrique Barros Bourie, Tratado \tde Responsabilidad Extracontractual, Ed. \tJur\u00eddica de Chile, 2009, \tp. 291.
\n3\u0002 \tSentencias \tde 13 may. 2008, rad. 1997-09327-01; 20 ene. 2009, rad. \t1993-00215-01; 9 dic. 2013, rad. 2002-00099-01; SC5885 \tde 2016, rad. 2004-00032-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC4803-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-31-03-002-2009-00114-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de junio de dos mil diecinueve). Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). Al haber sido casada la sentencia de 14 de diciembre de 2011, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102552","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102552","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102552"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102552\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102552"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102552"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102552"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}