{"id":102553,"date":"2026-07-02T15:54:19","date_gmt":"2026-07-02T15:54:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102553"},"modified":"2026-07-02T15:54:19","modified_gmt":"2026-07-02T15:54:19","slug":"sc4901-2019-2007-00181-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc4901-2019-2007-00181-01\/","title":{"rendered":"SC4901-2019 (2007-00181-01)"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

SC4901-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-03-014-2007-00181-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de mayo de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que formul\u00f3 la parte demandante frente a la sentencia de 2 de marzo de 2017, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso declarativo que promovi\u00f3 Alonso Tolosa Pimentel contra el Banco de Bogot\u00e1 S.A. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tPretensiones de la demanda. <\/p>\n

Adem\u00e1s, reclam\u00f3 que se condenara a la demandada al pago de \u00ab20.000 gramos [de] oro (\u2026) como [reparaci\u00f3n por el perjuicio] causado por la negativa a cancelar un cheque de gerencia de la propia entidad demandada, generando desconfianza y desestabilidad econ\u00f3mica en los usuarios del sistema bancario\u00bb. <\/p>\n

2.\tSustento f\u00e1ctico. <\/p>\n

2.1\tLa sucursal \u2018Calle 84\u2019 del Banco de Bogot\u00e1 S.A., ubicada en la ciudad de Barranquilla, \u00abgir\u00f3 a favor [del demandante] el cheque de gerencia No. 2118599, por valor de $510.000.000, de su cuenta corriente 125-77777-1\u00bb. <\/p>\n

2.2.\tEse documento de contenido crediticio fue entregado al convocante por el se\u00f1or David Barrero Callejas, quien \u00abse present\u00f3 (\u2026) a cambiar un cheque de gerencia (\u2026) despu\u00e9s de haber intentado cambiar siete cheques a nombre de siete personas distintas, y haber convenido que solo podr\u00eda cambiarse si el cheque era elaborado a nombre del propietario de la Caja de Cambia (sic) Country de la 76\u00bb, es decir, el se\u00f1or Tolosa Pimentel. <\/p>\n

2.3.\tEl cheque en menci\u00f3n fue entregado a los colaboradores del demandante a las 5:30 pm del d\u00eda 4 de abril de 2007, y en contraprestaci\u00f3n, se \u00abentreg\u00f3 en efectivo la suma de $245.000.000 (\u2026) y el saldo, de $257.350.000 con un cheque de su cuenta personal\u00bb. <\/p>\n

2.4.\tSin embargo, al ser \u00abpresentado para su cobro por su titular (sic), don Alonso Tolosa Pimentel, el d\u00eda lunes 9 de abril de 2007 (\u2026), [fue] devuelto impagado por las causales 25 y 08, es decir, \u201cacercarse a nuestras oficinas\u201d y \u201corden de no pago\u201d\u00bb. <\/p>\n

2.5.\t Al acudir a la sede del banco, \u00able informaron que los fondos trasferidos a la cuenta de ahorros No. 0125094730 a nombre de Jaime Daza Ortega\u00bb, quien solicit\u00f3 la expedici\u00f3n del cheque de gerencia, \u00aberan el resultado de una operaci\u00f3n fraudulenta anterior de fondos de una cuenta (o cuentas) de CORPOBOYAC\u00c1\u00bb. <\/p>\n

2.6.\tLas consecuencias de dicho il\u00edcito no pueden ser soportadas por el actor, pues \u00abla relaci\u00f3n del Banco de Bogot\u00e1 Sucursal Calle 84 [y] Alonso Tolosa Pimentel (\u2026) es aut\u00f3noma, sin vinculaci\u00f3n alguna (\u2026) con el se\u00f1or Jaime Daza Ortega\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abel cheque de gerencia es garant\u00eda en el comercio colombiano de tener pleno respaldo de fondos y es ajeno a cualquier operaci\u00f3n mercantil que le anteceda en su adquisici\u00f3n y negociaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.7.\tAunque la entidad financiera aleg\u00f3 que el impago del cheque obedeci\u00f3 a la orden de una autoridad, \u00abeso no es cierto, ya que el oficio remitido por el intendente de polic\u00eda de Soat\u00e1, Boyac\u00e1, no guarda relaci\u00f3n con el cheque girado por el banco contra su cuenta corriente (\u2026), sino a (sic) la anterior de provisi\u00f3n de fondos de CORPOBOYAC\u00c1 a Jaime Daza Ortega, y de este al Banco de Bogot\u00e1, sin que el giro del cheque de gerencia (\u2026) y su no pago pueda sujetarse a las operaciones o transacciones anteriores\u00bb. <\/p>\n

2.8.\tEn suma, es evidente la negligencia del Banco de Bogot\u00e1 S.A., \u00abpues no averigu\u00f3 de manera id\u00f3nea la procedencia de los fondos transferidos a la cuenta o cuentas de CORPOBOYAC\u00c1\u00bb, permitiendo el dep\u00f3sito de altas sumas de dinero a las cuentas del se\u00f1or Daza Ortega \u00absin averiguar (\u2026) si era cierto o no que dichas transferencias hab\u00edan sido autorizadas\u00bb. <\/p>\n

3.\tActuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n

3.1.\tEl libelo inicial fue admitido por auto de 8 de agosto de 2007. De dicha providencia se notific\u00f3 al Banco de Bogot\u00e1, quien oportunamente se opuso a la prosperidad de las pretensiones del demandante, esgrimiendo las siguientes excepciones: <\/p>\n

(i)\t\u00abFuerza mayor \u2013 orden judicial de no pago del cheque y bloque (sic) de cuentas\u00bb, fundada en que \u00abpara la fecha en que fue presentado el cheque (\u2026) por parte del demandante (9 de abril de 2007), la Unidad de Investigaci\u00f3n de Polic\u00eda Judicial Soat\u00e1 del Departamento de Polic\u00eda de Boyac\u00e1, ya hab\u00eda radicado el oficio No. S-018-SIJIN-C.483 de 4 de abril de 2006, mediante el cual orden\u00f3 el bloqueo de todas las cuentas involucradas en el fraude por internet, entre ellas la que provisionaba el aludido t\u00edtulo valor\u00bb. <\/p>\n

(ii)\t \u00abFalta de causa y ausencia de derecho para demandar\u00bb, dada la inexistencia de v\u00ednculo contractual entre las partes del litigio, pues \u00abquien compr\u00f3 el cheque fue el titular de la cuenta, no el demandante, quien no celebr\u00f3 ning\u00fan negocio jur\u00eddico con el Banco de Bogot\u00e1, y por lo mismo no existe nexo causal o subyacente\u00bb. <\/p>\n

(iii)\t\u00abEnriquecimiento il\u00edcito del demandante\u00bb, que se finc\u00f3 en que los actos delictuosos no pueden ser fuente de derechos, ni de transferencias patrimoniales v\u00e1lidas. <\/p>\n

(iv)\t\u00abBuena fe, actuar diligente y libre de culpa del Banco de Bogot\u00e1\u00bb, defensa cimentada en que la entidad alert\u00f3 oportunamente a los entes de control sobre la existencia de algunas transacciones at\u00edpicas, lo que permiti\u00f3 \u00abdetectar el fraude y emitir en forma oportuna la orden de bloqueo de las cuentas y no pago de los cheques\u00bb. <\/p>\n

(v)\t\u00abAusencia de autonom\u00eda del cheque de gerencia cuando es solicitado por un cuentahabiente\u00bb, en tanto el pago de esos cartulares \u00abest\u00e1 condicionado a la provisi\u00f3n de fondos que [el cliente] haya previamente realizado, desde luego, de manera l\u00edcita\u00bb, de modo que \u00abmal puede decirse que no existe ninguna relaci\u00f3n entre la persona que autoriza el cheque y su beneficiario\u00bb. <\/p>\n

(vi)\t\u00abFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, porque \u00absi al demandante se le ocasion\u00f3 alg\u00fan perjuicio por el no pago del cheque de gerencia por valor de $510.000.000, debe elevar su demanda frente al titular de la cuenta de ahorros, se\u00f1or Jaime Alberto Daza Ortega, e incluso, dirigir sus pretensiones contra David Barrero Callejas, que fue la persona con la cual \u201cnegoci\u00f3\u201d el cheque\u00bb. <\/p>\n

(vii)\t\u00abCulpa e incumplimiento contractual de CORPOBOYAC\u00c1\u00bb, basada en que, si esta hubiera actuado \u00abcon diligencia y cuidado, jam\u00e1s los delincuentes hubieran podido realizar \u201cexitosamente\u201d las transacciones comentadas a trav\u00e9s del portal de internet al cual estaba afiliado esa entidad\u00bb. <\/p>\n

(viii)\t\u00abCulpa de la v\u00edctima\u00bb, dado que los perjuicios que sufri\u00f3 el se\u00f1or Tolosa Pimentel fueron \u00abproducto de su propia imprudencia, si se considera que su comportamiento descrito en la demanda ri\u00f1e con las m\u00e1ximas de la l\u00f3gica y de la experiencia, la cual nos ense\u00f1a que las personas son cautelosas a la hora de realizar transacciones o negocios cuantiosos\u00bb. <\/p>\n

(ix)\t\u00abDolo, mala fe y hechos de terceros\u00bb, que exoneran al Banco de Bogot\u00e1 S.A. de la responsabilidad que se le endilga. <\/p>\n

3.2.\tEl demandado tambi\u00e9n llam\u00f3 en garant\u00eda a la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Boyac\u00e1 (CORPOBOYAC\u00c1) y al cuentahabiente Jaime Alberto Daza Ortega. <\/p>\n

Admitidas esas solicitudes de vinculaci\u00f3n, y notificados ambos llamados, CORPOBOYAC\u00c1 presento oposici\u00f3n a los reclamos del demandante, invocando las excepciones de \u00abausencia de obligaci\u00f3n o v\u00ednculo contractual\u00bb, \u00abprejudicialidad\u00bb y \u00abbuena fe\u00bb; a su turno, el se\u00f1or Daza Ortega (representado por curador ad l\u00edtem), se limit\u00f3 a se\u00f1alar que no le constaban la mayor\u00eda de los hechos de la demanda y del llamamiento en garant\u00eda. <\/p>\n

3.3.\tLa primera instancia finaliz\u00f3 mediante providencia de 9 de febrero de 2015, en la que se negaron la totalidad de las pretensiones de la demanda. Contra esa decisi\u00f3n el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

4.\tLa sentencia impugnada. <\/p>\n

En fallo calendado el 2 de marzo de 2017, el tribunal confirm\u00f3 en su integridad lo resuelto por el a quo. Las premisas fundantes de ese prove\u00eddo pueden sintetizarse as\u00ed: <\/p>\n

(i)\tAntes de emitir el cheque de gerencia solicitado por Jaime Alberto Daza Ortega, el Banco de Bogot\u00e1 S.A. hizo acopio de varios elementos de juicio, entre ellos la solicitud de servicios financieros firmada por el cuentahorrista, donde este \u00abmanifiesta que su actividad econ\u00f3mica es de \u201ccontador\u201d (…), copia de los documentos que acreditan el origen o procedencia de los dineros que deposita en dicha cuenta, tales como el Acta de 29 de marzo de 2006 de la Cooperativa de Trabajo Asociado de las Confecciones de Barranquilla, donde se le designa en el cargo de tesorero (…), [y] cinco contratos de prestaci\u00f3n de servicios en asesor\u00eda para la Oficina de Gesti\u00f3n Medio Ambiente de CORPOBOYAC\u00c1 por valores que (…) sumados arrojan un monto de $603.696.600\u00bb. <\/p>\n

(ii)\tLa informaci\u00f3n que recaud\u00f3 el banco demandado \u00able permiti\u00f3 considerar que el cliente bancario (…) ejerc\u00eda con \u00e9xito la profesi\u00f3n de contador, y que contaba con un respaldo econ\u00f3mico que le permit\u00eda tener un flujo de dinero legal en su cuenta bancaria, suficiente para soportar el cheque de gerencia que finalmente result\u00f3 impagado\u00bb. <\/p>\n

(iii)\tLa cuenta de ahorros de la que era titular el se\u00f1or Daza Ortega nunca fue \u00abobjeto de alguna investigaci\u00f3n\u00bb, ni se detectaron en ella movimientos u operaciones inusuales, por lo que \u00abresultaba totalmente viable la admisi\u00f3n de los dineros consignados, provenientes de los contratos que hab\u00eda acreditado, y por supuesto, la emisi\u00f3n del mencionado cheque, eximi\u00e9ndose as\u00ed de alguna responsabilidad el banco al momento de atender la solicitud de giro del cheque de gerencia\u00bb. <\/p>\n

(iv)\tLa entidad financiera \u00abdespleg\u00f3 todas las medidas de seguridad inherentes a la actividad que ejerce\u00bb, al punto que \u00abcuando detect\u00f3 movimientos bancarios sospechosos en las cuentas de CORPOBOYAC\u00c1 lo report\u00f3 al UIAF dando origen a la investigaci\u00f3n penal correspondiente, y se abstuvo de pagar el mencionado cheque por as\u00ed haberlo ordenado la autoridad que inici\u00f3 la investigaci\u00f3n penal; de manera que no se le puede atribuir responsabilidad a la demandada por el hecho que afect\u00f3 el patrimonio del demandante\u00bb. <\/p>\n

(v)\tAm\u00e9n de lo anterior, no puede perderse de vista que, con posterioridad a la emisi\u00f3n del cheque girado en favor del convocante, \u00ablas autoridades pertinentes profirieron oficios dirigidos a congelar o bloquear los fondos en cualquier cuenta a las que se hubieren trasladado los dineros de CORPOBOYAC\u00c1, orden\u00e1ndose as\u00ed mismo bloquear, abstenerse de pagar, retener y poner a disposici\u00f3n de la Unidad Investigativa correspondiente los dineros y dem\u00e1s t\u00edtulos que se hubieren emitido o constituido con dineros retirados de las cuentas de dicha corporaci\u00f3n, entre los cuales estaba el cheque en menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

(vi)\tEn efecto, \u00abla orden de no disponer de los dineros que hab\u00edan sido retirados de las cuentas bancarias de CORPOBOYAC\u00c1 fue emitida por la SIJIN y comunicada al Banco de Bogot\u00e1 mediante oficio No. S-018\/SIJIN de fecha abril 04 de 2006, que le fue enviado v\u00eda fax ese d\u00eda a las 11:05 pm, donde adem\u00e1s se le orden\u00f3 colocar a disposici\u00f3n de dicha unidad los cheques de gerencia que hab\u00eda (sic) sido emitidos por la Oficina 125 de la Calle 84 de la ciudad de Barranquilla, encontr\u00e1ndose dentro de estos el girado con cargo a los dineros depositados en la cuenta de ahorros (…) cuyo titular [era] Jaime Alberto Daza Ortega\u00bb. <\/p>\n

(vii)\tPor lo anterior, \u00abel banco demandado no actu\u00f3 de manera arbitraria o caprichosa al emitir el cheque de gerencia referenciado y posteriormente retener y disponer el no pago del mismo por valor de $510.000.000, pues su actuar obedeci\u00f3 al cumplimiento de una orden emanada de autoridad competente, que no pod\u00eda desatender\u00bb. <\/p>\n

5.\tLa demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

El se\u00f1or Tolosa Pimentel interpuso oportunamente recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo del tribunal, formulando un \u00fanico cargo, al amparo de la causal consagrada en el ordinal segundo del art\u00edculo 336 del estatuto procesal civil. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tR\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n

Cabe advertir que el recurso de casaci\u00f3n en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n

2.\tEstudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

2.1.\tFormulaci\u00f3n del cargo \u00fanico. <\/p>\n

El actor acus\u00f3 la sentencia del tribunal de \u00abinfringir indirectamente la ley sustancial, por indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2341 del C\u00f3digo Civil, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 2342 de la misma codificaci\u00f3n, y con los art\u00edculos 626, 627, 717, 719, 731 y 745 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb; lo anterior como consecuencia de \u00aberrores de hecho manifiestos y trascedentes en la apreciaci\u00f3n de unas determinadas pruebas, y en la falta de apreciaci\u00f3n de otras pruebas\u00bb.
\nLa sustentaci\u00f3n y desarrollo de la censura se edific\u00f3 sobre los siguientes argumentos: <\/p>\n

(i)\tEl ad quem asever\u00f3 que el Banco de Bogot\u00e1 no detect\u00f3 operaciones inusuales o sospechosas en la cuenta de ahorros del se\u00f1or Daza Ortega. Sin embargo, los documentos que se relacionaron para apuntalar esa afirmaci\u00f3n no permiten deducir que el cuentahabiente \u00abcontaba con el respaldo econ\u00f3mico que le permitiera tener personalmente el flujo de dinero legal en cuenta para pagar el cheque de gerencia N\u00b0 2118599\u00bb. <\/p>\n

(ii)\tDe haber valorado adecuadamente el acervo probatorio, se habr\u00eda advertido que los ingresos mensuales de Jaime Alberto Daza Ortega apenas superaban $3.000.000, lo que significa que este era \u00abuna persona de bajos ingresos y de poca capacidad econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n

(iii)\tAdem\u00e1s, el \u00abacta del 29 de marzo de 2006 de la Cooperativa de Trabajo Asociado de las Confecciones de Barranquilla (…) y los cinco contratos de prestaci\u00f3n de servicios de asesor\u00eda\u00bb que mencion\u00f3 el ad quem en su motivaci\u00f3n, no indican que el titular de los derechos patrimoniales originados en esos negocios jur\u00eddicos fuera el se\u00f1or Daza Ortega. <\/p>\n

(iv)\tTampoco se tuvo en cuenta la prueba del historial de movimientos de la cuenta bancaria del solicitante del cheque de gerencia, que \u00abpermit\u00eda concluir que Jaime Alberto Daza Ortega nunca antes hab\u00eda recibido una transferencia electr\u00f3nica de tan elevada cuant\u00eda y que en su cuenta de ahorros solo hab\u00edan consignaciones por peque\u00f1as cantidades, muy inferiores a la inusual transferencia de los $603.696.600\u00bb. <\/p>\n

(v)\tSi la aludida corporaci\u00f3n \u00abno hubiera incurrido en los graves errores que se han dejado expuestos y demostrados (…), habr\u00eda dado por demostrado (sic) que el Banco de Bogot\u00e1 no cumpli\u00f3 con los deberes que le impuso la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica No. 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Financiera (…), para determinar como sospechosa la transferencia de los $603.696.650 a la cuenta de ahorros de este cliente y reportarla en forma oportuna y eficiente\u00bb. <\/p>\n

(vi)\tSolo a partir de los yerros expuestos se explica que se hubiera exonerado a la demandada \u00abde [la] responsabilidad por los perjuicios econ\u00f3micos sufridos por el demandante en su calidad de tenedor leg\u00edtimo del cheque de gerencia No. 2118599 comprado (sic) por Jaime Alberto Daza Ortega en una operaci\u00f3n sospechosa (sic)\u00bb. <\/p>\n

2.2.\tLa r\u00e9plica de la entidad convocada. <\/p>\n

Al descorrer el traslado del recurso de casaci\u00f3n, el Banco de Bogot\u00e1 S.A. resalt\u00f3 que \u00abel recurrente jam\u00e1s cuestion\u00f3 el pilar fundamental del fallo atacado \u2013que igualmente es el fundamento principal de la decisi\u00f3n apelada\u2013, esto es, la existencia de una orden de autoridad que orden\u00f3 (sic) al Banco de Bogot\u00e1 abstenerse de pagar el t\u00edtulo (…), argumento principal que imped\u00eda atribuirle la causaci\u00f3n de cualquier da\u00f1o a la conducta omisiva del banco, pues la misma, lejos de ser caprichosa, ten\u00eda como fundamento una orden de autoridad cuyo cumplimiento era mandatorio\u00bb. <\/p>\n

A lo dicho en precedencia a\u00f1adi\u00f3 que \u00abla conclusi\u00f3n probatoria del tribunal no corresponde a la valoraci\u00f3n de un solo medio de convicci\u00f3n, en forma individual y desligado de los dem\u00e1s elementos de prueba, sino que su afirmaci\u00f3n, en el sentido de que el Banco de Bogot\u00e1 cumpli\u00f3 con su deber de solicitar informaci\u00f3n sobre el origen de los fondos, fue cumplida no s\u00f3lo por la informaci\u00f3n vertida en la solicitud de servicios financieros, sino porque el titular de la cuenta alleg\u00f3 documentos que soportaban el valor de la operaci\u00f3n que precedi\u00f3 al libramiento del cheque, [en] cuya veracidad el banco deb\u00eda confiar en desarrollo del principio de la buena fe\u00bb. <\/p>\n

3.\tExamen de la Corte. <\/p>\n

3.1. Generalidades de la responsabilidad civil. <\/p>\n

Acorde con el precedente de esta Sala, <\/p>\n

\u00ab[l]a primera se estructura por la existencia de una relaci\u00f3n jur\u00eddica preexistente entre las partes, es decir, cuando el menoscabo deviene de la inejecuci\u00f3n o ejecuci\u00f3n defectuosa o tard\u00eda de una obligaci\u00f3n pactada en un contrato existente y v\u00e1lido. La segunda, a su vez, surge de incumplir el mandato legal y gen\u00e9rico, concerniente a no causar da\u00f1o a otro, el cual, en nuestro sistema jur\u00eddico se halla previsto en el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil. Su surgimiento se produce sin previo pacto y por virtud de un encuentro fortuito entre los relacionados con el da\u00f1o, o en otros t\u00e9rminos, de un hecho jur\u00eddico que puede ser una conducta punible (hecho jur\u00eddico humano voluntario il\u00edcito) o un il\u00edcito civil (hecho jur\u00eddico humano involuntario il\u00edcito), al margen de un incumplimiento obligacional previo y vinculante\u00bb (CSJ SC1230-2018, 25 abr.). <\/p>\n

Y aunque no pueden desconocerse las profundas diferencias existentes entre ambas vertientes de la responsabilidad civil, lo cierto es que esta, cualquiera sea su naturaleza, supone la presencia de (cuando menos) tres elementos concurrentes, a saber: (i) un comportamiento, activo u omisivo, del responsable; (ii) un da\u00f1o padecido por la v\u00edctima; y, (iii) el necesario nexo de causalidad entre una y otra cosa. <\/p>\n

3.2. Breve s\u00edntesis de la motivaci\u00f3n de la sentencia impugnada. <\/p>\n

Luego de aludir al texto del art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, con miras a identificar los presupuestos estructurales de la responsabilidad extranegocial, denominada tambi\u00e9n aquiliana, el ad quem apoy\u00f3 su decisi\u00f3n absolutoria en dos columnas argumentales: <\/p>\n

(i)\tInicialmente, resalt\u00f3 la ausencia de pruebas que permitieran imputar el hecho da\u00f1oso alegado a una conducta subjetivamente reprochable del Banco de Bogot\u00e1 S.A., en el ejercicio de las actividades de intermediaci\u00f3n financiera que desarrolla. <\/p>\n

Con el prop\u00f3sito de aquilatar esta premisa, destac\u00f3 que \u00abno se advierte que la cuenta de ahorros No. 0125094730 del se\u00f1or Jaime Alberto Daza Ortega, en alguna \u00e9poca (…) hubiera sido objeto de alguna investigaci\u00f3n, o que se hubiera detectado una operaci\u00f3n inusual que pudiera ser calificada por la entidad bancaria como sospechosa, por lo que resultaba totalmente viable la admisi\u00f3n de los dineros consignados, provenientes de los contratos que hab\u00eda acreditado [el cuentahabiente] y, por supuesto, la emisi\u00f3n del mencionado cheque, eximi\u00e9ndose as\u00ed de alguna responsabilidad al banco\u00bb1 <\/p>\n

Tambi\u00e9n reliev\u00f3 la alerta temprana emitida por el demandado a partir de \u00abun monitoreo aleatorio a las cuentas de los clientes\u00bb, que posibilit\u00f3 detectar que \u00abpresuntamente se hab\u00eda (sic) realizado operaciones bancarias irregulares, procediendo a adelantar las diligencias policivas administrativas y penales pertinentes (…), luego de lo cual las autoridades pertinentes profirieron oficios dirigidos a congelar o bloquear los fondos en cualquier cuenta a la que se hubieren trasladado los dineros de CORPOBOYAC\u00c1\u00bb2. <\/p>\n

(ii)\tA partir de all\u00ed, sostuvo tambi\u00e9n que el impago del cartular antes referido \u00abobedeci\u00f3 al cumplimiento de una orden emanada de autoridad competente, que [el demandado] no pod\u00eda desatender\u00bb3, lo que se traduce en un evento de fuerza mayor o caso fortuito, a voces del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Civil4. <\/p>\n

Para ello trajo a cuento que, mediante oficio No. S-018-SIJIN-C.483, dirigido a los Gerentes de los Bancos AV Villas S.A. y de Bogot\u00e1 S.A., y recibido en las oficinas de este \u00faltimo el 4 de abril de 2007 (d\u00edas antes de la presentaci\u00f3n para su cobro del cheque de gerencia n.\u00b0 2118599), la Unidad Investigativa de Polic\u00eda Judicial Soat\u00e1 del Departamento de Polic\u00eda de Boyac\u00e1 se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

\u00abEn forma comedida me permito solicitar con car\u00e1cter urgente se digne ordenar a quien corresponda el bloqueo de las cuentas bancarias que se relacionan a continuaci\u00f3n y que corresponden a estas entidades financieras: <\/p>\n

Cuentas corrientes n\u00fameros: 173069592, 125103028, 438407678, 438424632 y 173359928; cuenta de ahorros 1250947305 del Banco de Bogot\u00e1; del Banco AV Villas las siguientes cuentas de ahorros: 002065415, 002090082, 002092443, 002094050, 004003828, 007007784, 007791556, 008333304, 008333312, 011246915, 023205263, 031103286, 031103294, 044025583, 056044159, 065779352, 823740936 y cuenta corriente 002065415; se solicita se retengan, no se paguen y se pongan a disposici\u00f3n de esta unidad, los cheques de gerencia que fueron vendidos en la oficina 125 del Banco de Bogot\u00e1 Calle 84 de Barranquilla, as\u00ed: <\/p>\n

Girados de la cuenta de ahorros del Banco de Bogot\u00e1 125094730 por valor de $510.015.080 y de la cuenta corriente 125103028 por los siguientes valores: $32.535.790, $41.250.760, $35.925.980, $26.755.950, $28.595.680, $32.283.740, $30.875.88. <\/p>\n

Lo anterior se requiere con car\u00e1cter inmediato, dentro de la investigaci\u00f3n que se adelante por el delito de hurto (transacci\u00f3n en internet), siendo v\u00edctima la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Boyac\u00e1 CORPOBOYAC\u00c1\u00bb6 (resaltado intencional). <\/p>\n

Por esa v\u00eda, para la colegiatura que conoci\u00f3 de la segunda instancia de este litigio, la mencionada comunicaci\u00f3n, proveniente de una autoridad de polic\u00eda, constituy\u00f3 para el banco un imprevisto al que no es posible resistir, que exime de responsabilidad a este \u00faltimo, por romper el nexo de causalidad entre su conducta y el da\u00f1o cuya indemnizaci\u00f3n persigue el demandante, tal y como lo reconoce la doctrina especializada, al decir que <\/p>\n

\u00ab(…) [l]a fuerza mayor (llamada tambi\u00e9n caso fortuito) es un evento que exonera totalmente al autor supuesto o aparente del da\u00f1o en materia delictual. Fuerza mayor y responsabilidad son conceptos irreconciliables: o bien el da\u00f1o se deriva de la falta de alguien o del hecho de sus cosas, y no hay fuerza mayor; o bien, al contrario, el da\u00f1o ha sido provocado por la fuerza mayor y no existe nexo de causalidad con una culpa o el hecho de la cosa. De ello se deriva que la irresponsabilidad es total en estas circunstancias\u00bb7. <\/p>\n

Sobre el punto, en el fallo materia del recurso extraordinario en estudio se sostuvo lo siguiente: <\/p>\n

\u00ab(…) se constata efectivamente [que] la orden de no disponer los dineros que hab\u00edan sido retirados de las cuentas bancarias de CORPOBOYACA, fue emitida por la SIJIN y comunicada al Banco de Bogot\u00e1 mediante Oficio No. S\u2014018\/SIJIN de fecha abril 04 de 2006, que le fue enviado v\u00eda fax ese d\u00eda a las 11:05 pm, donde adem\u00e1s se le orden\u00f3 colocar a disposici\u00f3n de dicha Unidad los cheques de gerencia que hab\u00eda emitidos (sic) por la oficina 125 de la calle 84 de la ciudad de Barranquilla, encontr\u00e1ndose dentro de estos, el girado con cargo a los dineros depositados en la cuenta de ahorros (…) cuyo titular correspond\u00eda (sic) al se\u00f1or Jaime Alberto Daza Ortega <\/p>\n

(…) En ese orden de ideas, considera el Despacho que el Banco demandado no actu\u00f3 de manera arbitraria o caprichosa al emitir el cheque referenciado y posteriormente retener y disponer el no pago del mismo por valor de $510.00.000, pues su actuar obedeci\u00f3 al cumplimiento de una orden emanada de autoridad competente, que no pod\u00eda desatender (…); de manera que ante la ausencia de relaci\u00f3n de causalidad entre el actuar del banco y el da\u00f1o padecido por el actor, tal como sostuvo el juez a quo, no pueden prosperar las pretensiones de la demanda\u00bb8. <\/p>\n

3.3. La carga del casacionista de derruir todos los pilares del fallo del tribunal. <\/p>\n

El precedente inalterado de esta Corporaci\u00f3n tiene decantado que la demanda de casaci\u00f3n debe desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a su sentencia, porque en la medida en que sus argumentos basilares se mantengan inc\u00f3lumes, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor del ad quem deviene inquebrantable. <\/p>\n

Al respecto, se ha sostenido que <\/p>\n

\u00ab[l]a competencia que el recurso de casaci\u00f3n otorga a la Corte, no abre un debate sin l\u00edmite como si fuera un thema decidendum, todo lo contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre s\u00ed la censura, como thema decisum. La demanda de casaci\u00f3n delinea estrictamente los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea de velar por la cabal aplicaci\u00f3n del derecho objetivo y la preservaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, seg\u00fan sea la causal alegada. S\u00edguese de ello, que no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n. En suma, el ataque en casaci\u00f3n supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasar\u00e1 indemne\u00bb (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985 reiterada en CSJ SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01). <\/p>\n

Con similar orientaci\u00f3n, la Sala manifest\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) en materia casacional la demanda \u201cdebe contener una cr\u00edtica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, se\u00f1alando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnaci\u00f3n resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en los fallos de 7 de noviembre de 2002, exp. 7587, y 28 de mayo de 2004, exp. 7101, para citar solo algunos\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01). <\/p>\n

(…) \u201cdado el car\u00e1cter dispositivo de la impugnaci\u00f3n y la imposibilidad que de all\u00ed se deriva para completar oficiosamente la acusaci\u00f3n, iteradamente (\u2026) ha se\u00f1alado que \u2018por v\u00eda de la causal primera de casaci\u00f3n no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan s\u00f3lo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en \u00e9sta; de all\u00ed que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura\u2019 (Sent. cas. civ. No. 027 de 27 de julio de 1999; subrayas de ahora), de donde resulta que la prosperidad del reproche depender\u00e1 de \u2018que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia\u2019 (Sent. cas. civ. No. 002 de 25 de enero de 2008) y \u2018exista completa \u2018armon\u00eda de la demanda de casaci\u00f3n con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jur\u00eddicas y probatorias que fundamentan la resoluci\u00f3n\u2019 (Auto 034 de 12 de marzo de 2008, expediente 00271)\u2019 (Auto de 15 de enero de 2010)\u2019 (auto de 29 de julio de 2010, exp. 00366)\u201d (fallo de 27 de febrero de 2012)\u00bb (CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01). <\/p>\n

M\u00e1s recientemente se reiter\u00f3 este criterio, as\u00ed: <\/p>\n

\u00ab(…) el recurso de casaci\u00f3n debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado. <\/p>\n

(\u2026) para cumplir con la exigencia de suficiente sustentaci\u00f3n de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa. <\/p>\n

Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u00bb (CSJ SC15211-2017, 26 sep.). <\/p>\n

3.4. An\u00e1lisis concreto del cargo. <\/p>\n

3.4.1. Al examinar el \u00fanico cargo propuesto (compendiado en el numeral 2.1., supra) se advierte sin dificultad que el recurrente concentr\u00f3 sus esfuerzos en fustigar el primer segmento argumentativo del fallo del tribunal, relativo a la ausencia de culpa del Banco de Bogot\u00e1 S.A., pero no desarroll\u00f3 ninguna cr\u00edtica frente a la segunda columna de dicha decisi\u00f3n: la inexistencia de nexo causal entre la conducta del convocado y el da\u00f1o sufrido por el actor. <\/p>\n

El impugnante denunci\u00f3 en su demanda de casaci\u00f3n que se dio por probado, sin estarlo, que \u00abel intendente de la polic\u00eda (…) era autoridad judicial competente para impartir la orden de no pago del cheque (…)\u00bb (resaltado original), reproche que, de un lado, es desenfocado, pues el ad quem jam\u00e1s le dio esa connotaci\u00f3n \u2013de \u00abautoridad judicial competente\u00bb\u2013 a la Unidad Investigativa de Polic\u00eda Judicial Soat\u00e1. <\/p>\n

En efecto, la Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla solo se refiri\u00f3 a la Unidad Investigativa de Polic\u00eda Judicial Soat\u00e1 del Departamento de Polic\u00eda de Boyac\u00e1 (emisora del oficio No. S-018-SIJIN-C.483, ya citado) como \u00abautoridad pertinente\u00bb o \u00abautoridad competente\u00bb9, sin equiparar su petici\u00f3n de no pago del cheque girado a favor del convocante a la decisi\u00f3n de un \u00f3rgano jurisdiccional. <\/p>\n

Y, de otro lado, la aludida cr\u00edtica fue completamente obviada en el desarrollo de la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario, lo que era necesario, en tanto que la somera menci\u00f3n antes transcrita, por s\u00ed sola, no permite entender satisfechas las exigencias de un ataque por la v\u00eda indirecta, pues este requiere acreditaci\u00f3n suficiente, lo que presupone, entre otras cosas, explicar las razones por las cuales la inferencia probatoria que se combate es abiertamente contraria al contenido objetivo de la prueba (lo que aqu\u00ed no se hizo). <\/p>\n

Lo anterior implica que esa puntual acusaci\u00f3n no atiende las exigencias formales del recurso, porque como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, cuando se denuncia que la sentencia trasgredi\u00f3 en forma indirecta de la ley sustancial por \u00aberrores de hecho\u00bb, es imperativo que el recurrente en casaci\u00f3n, \u00ab(\u2026) m\u00e1s que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo -o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada (\u2026)\u00bb (CSJ AC, 14 abr. 2011, rad. 2005-00044-01, reiterado en CSJ AC6243-2016, 26 oct.), nada de lo cual puede extraerse de la escueta frase del casacionista, que previamente se cit\u00f3. <\/p>\n

Tiene dicho la Corte que, si el prop\u00f3sito de la censura es comprobar un yerro f\u00e1ctico, <\/p>\n

\u00ab(…) es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u201cEl impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u201d (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u201csi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u201d (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670, resaltado por la Sala). <\/p>\n

No se olvide que, como ya se advirti\u00f3, las sentencias llegan a la Corte amparadas por una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que le incumbe al recurrente desvirtuarla, efectuando una cr\u00edtica concreta, coherente, sim\u00e9trica y razonada frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicaci\u00f3n de los fundamentos generadores de la infracci\u00f3n a la ley, evidenciando la trascendencia del error y refiri\u00e9ndose a todos los cimientos de la decisi\u00f3n. <\/p>\n

No en vano el numeral 2, literal a), del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que <\/p>\n

\u00ab[e]n caso de que la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias. Cuando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u00bb (resaltado intencional). <\/p>\n

3.4.2. Esas marcadas falencias hacen que el recurso extraordinario se torne irrelevante, porque aun de suponer los actos omisivos y negligentes que reiteradamente resalt\u00f3 el se\u00f1or Tolosa Pimentel en el comportamiento de su contraparte, la sentencia recurrida se mantendr\u00eda inmodificable. <\/p>\n

Es pac\u00edfico que el censor debati\u00f3, in extenso, la valoraci\u00f3n de la conducta de la entidad financiera, que hiciera el tribunal en orden a desvirtuar uno de los elementos de la responsabilidad aquiliana: el actuar culposo del demandado. Pero tambi\u00e9n es irrefutable que el sentenciador de segundo grado encontr\u00f3 acreditado un evento determinante de fuerza mayor, con la aptitud de interrumpir la relaci\u00f3n de causalidad entre esa conducta del querellado y el resultado perjudicial alegado en la demanda, tem\u00e1tica que \u2013se insiste\u2013 se mantuvo a salvo del embate del actor, pese a que, per se, excluye la posibilidad de atribuir jur\u00eddicamente al convocado la carga de resarcir ese da\u00f1o. <\/p>\n

Expresado de otra manera, el tribunal entendi\u00f3 que el da\u00f1o que invoc\u00f3 el se\u00f1or Tolosa Pimentel consisti\u00f3 en \u00abretener y disponer el no pago del [cheque]\u00bb10 \u2013hermen\u00e9utica que, dicho sea de paso, tampoco fue criticada\u2013, y luego concluy\u00f3 que ese evento perjudicial no obedeci\u00f3 a una conducta imputable al demandado, sino al acatamiento de una \u00aborden de autoridad\u00bb: la incorporada en el citado oficio No. S-018-SIJIN-C.483 de 4 de abril de 2006, expedido por la Unidad Investigativa de Polic\u00eda Judicial Soat\u00e1 del Departamento de Polic\u00eda de Boyac\u00e1, orientada a \u00abbloque[ar] la (…) cuenta de ahorros 125094730 del Banco de Bogot\u00e1, [y a que], no se paguen los cheques de gerencia que fueron vendidos en la oficina 125 del Banco de Bogot\u00e1 Calle 84 de Barranquilla, as\u00ed: Girados de la cuenta de ahorros del Banco de Bogot\u00e1 125094730 (…)\u00bb (resaltado propio). <\/p>\n

Y esa raz\u00f3n, que al no ser debatida por el impugnante se torna inmodificable para la Corte, en virtud de la naturaleza dispositiva del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, es bastante para mantener inc\u00f3lume un fallo contrario a los intereses del demandante, aun si \u2013en gracia de discusi\u00f3n\u2013 se asumiera que el Banco de Bogot\u00e1 S.A. obr\u00f3 en forma culposa, o que la responsabilidad de este fuera objetiva. <\/p>\n

Ciertamente, en la sentencia recurrida se sostuvo, reiteradamente, que en la estructuraci\u00f3n del da\u00f1o medi\u00f3 una de las modalidades de causa extra\u00f1a, el caso fortuito o fuerza mayor, proveniente de la \u00aborden de autoridad\u00bb ya comentada, buscando con ello resaltar que el hecho generador de la responsabilidad no era atribuible al aqu\u00ed querellado, por el rompimiento del nexo de causalidad.
\nCon relaci\u00f3n al efecto liberatorio del fen\u00f3meno que encontr\u00f3 probado el tribunal (sin disputa del recurrente), la Sala ha tenido la oportunidad de aclarar: <\/p>\n

\u00ab(…) el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Civil considera como \u201c(\u2026) fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario p\u00fablico, etc.\u201d. La unidad conceptual o sinonimia establecida por el legislador se explica en que \u201cno existe realmente diferencia apreciable en t\u00e9rminos de la funci\u00f3n que ambas est\u00e1n llamadas a cumplir en el \u00e1mbito de la legislaci\u00f3n civil vigente\u201d (Sentencia CSJ SC, 26 nov. 1999, rad. 5220), refiri\u00e9ndose ellas, en esencia, a acontecimientos an\u00f3nimos, imprevisibles, irresistibles y externos a la actividad del deudor o de quien se pretende lo sea, demostrativos en cuanto tales, del surgimiento de una causa extra\u00f1a, no atribuible a aqu\u00e9l. <\/p>\n

Por tanto, para poder predicar su existencia, se impone establecer que el citado a responder estuvo en imposibilidad absoluta de enfrentar el hecho da\u00f1oso, del cual \u00e9l es ajeno, debido a la aparici\u00f3n de un obst\u00e1culo insuperable. <\/p>\n

Al respecto, se han considerado como presupuestos de tales situaciones exonerativas de responsabilidad, la imprevisibilidad e irresistibilidad del acontecimiento, entendida aquella como la irrupci\u00f3n s\u00fabita de un suceso imposible de eludir, a pesar de la diligencia y cuidado observados con tal fin, para cuya evaluaci\u00f3n en cada caso concreto, deber\u00e1n tenerse en cuenta criterios como \u201c1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realizaci\u00f3n, y 3) El concerniente a su car\u00e1cter inopinado, excepcional y sorpresivo\u201d (CSJ SC, 6 ago. 2009, rad. 2001-00152-01). <\/p>\n

La irresistibilidad, por su parte, ata\u00f1e a la imposibilidad objetiva absoluta de evitar el suceso imprevisto y sus consecuencias, no obstante los medios empleados para contrarrestarlo o sobreponerse a \u00e9l y a su desenlace, o en otros t\u00e9rminos, cuando en las mismas condiciones del demandado y atendiendo la naturaleza del hecho, ninguna otra persona hubiera podido enfrentar sus efectos perturbadores. En tales condiciones, no ser\u00eda viable deducir responsabilidad, pues nadie es obligado a lo imposible\u00bb (CSJ SC1230-2018, 25 abr.).
\nY como se sugiri\u00f3 en el fallo atacado, la estructuraci\u00f3n de una causa extra\u00f1a, por ser ajena a la actividad del demandado, rompe el nexo de causalidad entre el da\u00f1o y el actuar este, lo que resulta bastante para que la pretensi\u00f3n indemnizatoria no se abra paso, porque <\/p>\n

\u00abno se puede atribuir responsabilidad sin que de manera antelada se haya acreditado a plenitud la autor\u00eda del perjuicio; ello es as\u00ed porque como \u201cel da\u00f1o cuya reparaci\u00f3n se pretende debe estar en relaci\u00f3n causal adecuada con el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producci\u00f3n\u201d, emerge \u201cnecesaria la existencia de ese nexo de causalidad\u201d ya que, \u201cde otro modo\u201d, podr\u00eda darse la eventualidad de que se atribuyera \u201ca una persona el da\u00f1o causado por otro o por la cosa de otro\u201d; de all\u00ed que la relaci\u00f3n causal, cual presupuesto \u201cdel acto il\u00edcito y del incumplimiento contractual, vincula el da\u00f1o directamente con el hecho, e indirectamente con el elemento de imputaci\u00f3n subjetiva o de atribuci\u00f3n objetiva\u201d, y se constituye en \u201cel factor aglutinante que hace que el da\u00f1o y la culpa, o en su caso el riesgo, se integren en la unidad del acto que es fuente de la obligaci\u00f3n de indemnizar\u201d; es, en fin, \u201cun elemento objetivo porque alude a un v\u00ednculo externo entre el da\u00f1o y el hecho de la persona o de la cosa\u201d (Bustamante Alsina, JORGE. Teor\u00eda General de la Responsabilidad Civil, 9\u00aa edici\u00f3n, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, p\u00e1g. 267). <\/p>\n

(…) [E]l \u201cconcepto de causa y el de causalidad se utilizan en materia de responsabilidad civil, para tratar\u201d, en lo fundamental, \u201cde dar respuesta a dos tipos de problemas: el primero es encontrar alguna raz\u00f3n por la cual el da\u00f1o puede ligarse con una determinada persona, de manera que se pongan a cargo de \u00e9sta, haci\u00e9ndola responsable, las consecuencias indemnizatorias\u2026; en segundo lugar, se trata de relacionar \u2026 el da\u00f1o con la persona, pues\u2026 se indemniza \u2018el da\u00f1o causado\u2019\u201d (D\u00edez-Picazo, LUIS. Derecho de Da\u00f1os, Civitas Ediciones, Madrid, 1999, pag.331). O como lo expone otro sector de la doctrina, \u201cpara que el hecho o la omisi\u00f3n de una persona capaz de delito o cuasidelito le imponga responsabilidad delictual o cuasidelictual civil, no basta que ese hecho u omisi\u00f3n haya sido ejecutado con dolo o culpa, ni que cause da\u00f1o\u201d, sino que \u201ces menester que entre el dolo o la culpa, por una parte, y el da\u00f1o, por la otra, haya una relaci\u00f3n de causalidad, es decir, que \u00e9ste sea la consecuencia o efecto de ese dolo o culpa\u201d, porque \u201cde lo contrario el autor del hecho o de la omisi\u00f3n no es responsable del da\u00f1o sufrido por la v\u00edctima\u201d (Alessandri Rodr\u00edguez, ARTURO. De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil, Imprenta Universal, 1981, pag.138). <\/p>\n

Al un\u00edsono con la doctrina, la jurisprudencia ha expresado de manera reiterada y uniforme \u201cque el nexo causal entre la conducta imputable al demandado y el efecto adverso que de ella se deriva para el demandante, debe estar debidamente acreditado porque el origen de la responsabilidad gravita precisamente en la atribuci\u00f3n del hecho da\u00f1oso\u201d a aqu\u00e9l, o sea, que \u201cla responsabilidad supone la inequ\u00edvoca atribuci\u00f3n de la autor\u00eda de un hecho que tenga la eficacia causal suficiente para generar el resultado, pues si la incertidumbre recae sobre la existencia de esa fuerza motora del suceso, en tanto que se ignora cu\u00e1l fue la verdadera causa desencadenante del fen\u00f3meno, no ser\u00eda posible endilgar responsabilidad al demandado\u201d; en compendio, \u201cpara que la pretensi\u00f3n de responsabilidad civil \u2026 sea pr\u00f3spera, el demandante debe acreditar, adem\u00e1s del da\u00f1o cuyo resarcimiento persigue, que tal resultado tuvo por causa directa y adecuada, aquella actividad imputable al demandado y de la que sobrevino la consecuencia lesiva, de lo cual se desprende que ausente la prueba de la relaci\u00f3n de causalidad, las pretensiones estar\u00edan destinadas al fracaso\u201d (sentencia de 23 de junio de 2005, exp. 1995-00058-01). <\/p>\n

Y no se diga que por el hecho de que se llegara a tratar de una responsabilidad en la que el promotor del litigio no estuviera precisado a asumir la carga de probar la culpabilidad del demandado, ya sea porque involucrase una especie de responsabilidad objetiva, o debido a que la misma se presumiera o porque se estuviera en presencia de un esquema de \u201cresponsabilidad especial\u201d, (…) la v\u00edctima est\u00e1 eximida de demostrar los fundamentos f\u00e1cticos estructurales del citado nexo, puesto que, a\u00fan en estos particulares o especiales supuestos, a aqu\u00e9l en todo caso le tocar\u00eda ejercer a cabalidad la carga de demostrarlo\u00bb (CSJ SC, 24 sep. 2009, rad. 2005-00060-01). <\/p>\n

3.4.3. Consecuente con todo lo anterior, se advierte que el censor dej\u00f3 de controvertir uno de los principales bloques argumentativos del fallo del tribunal, o los espec\u00edficos planteamientos que lo integran (expresa o impl\u00edcitamente), omisi\u00f3n que torna incompleto y carente de argumentaci\u00f3n el \u00fanico cargo propuesto. <\/p>\n

Esa acusaci\u00f3n (fragmentaria e insuficientemente desarrollada), de ser acogida, dar\u00eda lugar a entender acreditados dos de los elementos de la responsabilidad civil alegada: el obrar culposo del banco, que el tribunal no entendi\u00f3 demostrado, y el da\u00f1o padecido por el se\u00f1or Tolosa Pimentel, esto es, el impago del cheque de gerencia, sobre lo que no existe debate. <\/p>\n

Pero la indemnizaci\u00f3n quedar\u00eda truncada, pues el ad quem tampoco dio por probado el tercer fundamento de la se\u00f1alada fuente de las obligaciones, esto es, el nexo causal entre una y otra cosa (obrar del demandado y da\u00f1o padecido por el actor), inferencia esta \u00faltima que fue abandonada en la sustentaci\u00f3n de su recurso de casaci\u00f3n, y que, por lo mismo, no puede ser alterada por la Corte. <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Aunque el tribunal soport\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada en dos puntales, a saber: (i) inexistencia de culpa del demandado, y (ii) ausencia de nexo causal entre la conducta de este y el da\u00f1o sufrido por el actor, dado el acaecimiento de un hecho constitutivo de fuerza mayor, el recurrente solo desarroll\u00f3 su censura frente al primero. <\/p>\n

Por ende, el cargo formulado resulta intrascendente, pues aun de suponer verificadas las cr\u00edticas que all\u00ed se desarrollan, un pilar de la decisi\u00f3n absolutoria se mantendr\u00eda siempre a salvo: la existencia de una causa extra\u00f1a, que \u2013por destruir el aludido encadenamiento causal\u2013 eximir\u00eda de responsabilidad al Banco de Bogot\u00e1 S.A. <\/p>\n

5.\tConsideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n

Acorde con el inciso final del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[l]a Corte no podr\u00e1 tener en cuenta causales de casaci\u00f3n distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n

Empero, esta posibilidad11 no puede asumirse como una causal aut\u00f3noma de casaci\u00f3n, a la que pueda aferrarse el impugnante cuando sus alegaciones resulten insuficientes para quebrar la sentencia del ad quem, sino que constituye una herramienta para superar los requerimientos formales propios de todo recurso extraordinario, en orden a impedir que un fallo abiertamente contrario al ordenamiento produzca efectos. <\/p>\n

Y, justamente para no alterar la naturaleza de la casaci\u00f3n como remedio extraordinario, a la comentada facultad solo puede acudirse excepcionalmente, y ante la inequ\u00edvoca evidencia de la lesi\u00f3n que el fallo recurrido irroga al orden o el patrimonio p\u00fablico, los derechos o las garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n

Ahora, en el sub lite no se advierte, al menos en forma manifiesta, como lo exige el legislador, que la sentencia impugnada comprometa gravemente los derechos y garant\u00edas constitucionales del se\u00f1or Tolosa Pimentel, ni mucho menos \u00abel patrimonio p\u00fablico\u00bb, como este lo aleg\u00f3 en el ac\u00e1pite final de la sustentaci\u00f3n de su recurso extraordinario. <\/p>\n

En este juicio no se debate la suerte de los recursos depositados por CORPOBOYAC\u00c1 en el banco demandado, ni las circunstancias que permitieron la defraudaci\u00f3n de sus cuentas, sino lo relativo al evento da\u00f1oso que, seg\u00fan el texto de la demanda, habr\u00eda afectado el patrimonio (privado) del convocante, hip\u00f3tesis diametralmente distinta de la que prev\u00e9 el citado art\u00edculo 336, inciso final, del estatuto procesal vigente. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 2 de marzo de 2017, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual que promovi\u00f3 Alonso Tolosa Pimentel contra el Banco de Bogot\u00e1 S.A. <\/p>\n

SEGUNDO. CONDENAR a Alonso Tolosa Pimentel, como impugnante extraordinario, al pago de las costas procesales de esta actuaci\u00f3n. En la liquidaci\u00f3n respetiva, incl\u00fayase por concepto de agencias en derecho, la suma de seis millones de pesos ($6\u2019000.000). <\/p>\n

Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1\u0002 \tFolio 26 vto., cuaderno 17.
\n2\u0002 \t\u00cddem.
\n3\u0002 \tFolio 27 vto., \u00edd.
\n4\u0002 \t\u00abSe llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que \tno es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el \tapresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un \tfuncionario p\u00fablico, etc.\u00bb.
\n5\u0002 \tCuyo titular es el se\u00f1or Daza Ortega, quien solicit\u00f3 \tla expedici\u00f3n del cheque de gerencia en favor del ahora \tdemandante.
\n6\u0002 \tFolio 160, cuaderno 1.
\n7\u0002 \tLE TOURNEAU, Philippe. La \tresponsabilidad Civil. Ed. Legis, \tBogot\u00e1. 2004, p. 91
\n8\u0002 \tFolios 27 a 28, cuaderno 17.
\n9\u0002 \tComo puede verse en las transcripciones del fallo \tcompendiadas en el numeral 3.2., supra.
\n10\u0002 \tConforme las pretensiones segunda y tercera de la demanda, folios 60 \ty 61, cuaderno n.\u00b0 1.
\n11\u0002 \tQue \tarmoniza con los fines de la casaci\u00f3n que introdujo el \tart\u00edculo 333 del estatuto procedimental civil vigente, esto \tes, \u00abdefender \tla unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, lograr la \teficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia \ten el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, \tcontrolar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia \tnacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n \tde la providencia recurrida\u00bb.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC4901-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-03-014-2007-00181-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de mayo de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que formul\u00f3 la parte demandante frente a la sentencia de 2 de marzo de 2017, proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102553","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102553","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102553"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102553\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102553"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102553"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102553"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}