{"id":102554,"date":"2026-07-02T15:54:32","date_gmt":"2026-07-02T15:54:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102554"},"modified":"2026-07-02T15:54:32","modified_gmt":"2026-07-02T15:54:32","slug":"sc4902-2019-2015-00145-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc4902-2019-2015-00145-01\/","title":{"rendered":"SC4902-2019 (2015-00145-01)"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

SC4902-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-006-2015-00145-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de abril de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C trece (13) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Procede la Corte a decidir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en audiencia de 29 de septiembre de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso verbal promovido por la sociedad Av\u00edcola Pollo Estrella S.A.S. frente a la sociedad Tri\u00e1ngulo Pollo Rico S.A. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES. <\/p>\n

1. Las \tpretensiones de la demanda. <\/p>\n

1. Mediante \t\tescrito presentado el 17 de febrero de 2015, la sociedad Av\u00edcola \t\tPollo Estrella S.A.S. demand\u00f3 a la tambi\u00e9n sociedad \t\tTri\u00e1ngulo Pollo Rico S.A., para que por los tr\u00e1mites \t\tdel proceso verbal, inicialmente previsto en la Ley 1395 de 2010, \t\tse declarara que entre ellas \u00abdesde \t\tel a\u00f1o 2010 existe un contrato de suministro por medio del \t\tcual TRI\u00c1NGULO POLLO RICO S.A., vende a AVICOLA POLLO \t\tESTRELA S.A.S. pollo en canal para su distribuci\u00f3n.\u00bb <\/p>\n

2. Tambi\u00e9n \t\tpidi\u00f3 se declarara que la demandada hab\u00eda facturado \t\t\u00abel \t\tpeso del POLLO EN CANAL, en cantidades superiores a las realmente \t\tentregadas\u00bb; \t\tadem\u00e1s, que dicha facturaci\u00f3n se hab\u00eda dado \u00aba \t\tprecios superiores a los acordados entre las partes\u00bb, \t\ty que la encausada hab\u00eda incumplido el referido contrato de \t\tsuministro \u00abal \t\tsuspender de manera definitiva y en forma intempestiva, sin previo \t\taviso, ni causa que lo justifique, el suministro de POLLO EN CANAL \t\ta AV\u00cdCOLA POLLO ESTRELLA S.A.S.\u00bb. <\/p>\n

Como consecuencia de lo anterior, reclam\u00f3 se declarara \u00abel incumplimiento del contrato de suministro de pollo en canal por parte de TRI\u00c1NGULO POLLO RICO S.A.\u00bb, y que, por tanto, \u00abse declare civilmente responsable a la sociedad TRI\u00c1NGULO POLLO RICO S.A. por los da\u00f1os y perjuicios ocasionados a la sociedad AV\u00cdCOLA POLLO ESTRELLA S.A.S.\u00bb. <\/p>\n

3. Derivado \t\tde lo precedente, pretendi\u00f3 que se condenara a la demandada \t\ta pagar $1.774.570.564 por concepto de diferencias en la \t\tfacturaci\u00f3n de los a\u00f1os 2010 a 2014, m\u00e1s \t\tintereses de mora, liquidados a la tasa m\u00e1xima vigente, en \t\tlos t\u00e9rminos del art\u00edculo 111 de la Ley 510 de 1999. <\/p>\n

Del mismo modo, se le condenara a pagar $127.715.539, suma que corresponde a las diferencias de precios facturados entre el 21 de noviembre de 2013 y el 1\u00ba de julio de 2014, conjuntamente con los r\u00e9ditos moratorios, en la forma ya indicada. <\/p>\n

Igualmente, solicit\u00f3 que la condena se extendiera a las sumas de $66.305.549, por los gastos a los que se vio obligado a incurrir en el mes de julio de 2014; $68.952.382 por los de agosto de 2014; $63.928.144 por los de septiembre de ese a\u00f1o; $36.012.091 por los de octubre; $31.747.099 correspondientes al mes de noviembre; $28.227.570 en diciembre siguiente, y $940.919 diarios, \u00abdesde el primero (1\u00ba) de Enero de 2015 y hasta que se reanude el suministro de pollo de canal\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, respecto de esas sumas tambi\u00e9n se deprec\u00f3 la orden de reconocimiento y pago de intereses de mora a la tasa m\u00e1xima legal permitida, desde las fechas aludidas y \u00abhasta el pago total y satisfactorio del mismo\u00bb. <\/p>\n

2. Sustento \tf\u00e1ctico. <\/p>\n

1. La sociedad \t\taccionante relat\u00f3 que celebr\u00f3 con la sociedad \t\tTri\u00e1ngulo Pollo Rico S.A. \u00abun \t\tCONTRATO DE SUMINISTRO DE POLLO EN CANAL, el cual inici\u00f3 \t\tdesde el 20 de agosto de 2010\u00bb. <\/p>\n

2. Adujo \t\tque en desarrollo de la convenci\u00f3n, la convocada le \t\tsuministraba \u00abpollos \t\ten canal a AV\u00cdCOLA POLLO ESTRELLA S.A.S., quien se encargaba \t\tde la distribuci\u00f3n y comercializaci\u00f3n en los mismos, \t\ten el denominado sistema de ventas TAT (Tienda a Tienda) de manera \t\tcontinua y permanente\u00bb. <\/p>\n

3. Despu\u00e9s \t\tde diferenciar el concepto de aves en pie del denominado pollo en \t\tcanal, y de indicar que en \u00e9ste el peso del animal se \t\treduc\u00eda a un 85%, el actor se\u00f1al\u00f3 que la \t\tdemandada para proceder al sacrificio del pollo que hab\u00eda \t\tengordado, \u00abutiliza \t\tentre otras los servicios de INDUAVES S.A.S., CONSORCIO AV\u00cdCOLA \t\tSANTA HELENA LTDA., Y POLLO SUPREMO\u00bb, \t\ta lo cual agreg\u00f3 que cuando se entregaba el pollo en el \t\t\u00abbeneficiadero\u00bb, \t\tse elaboraban unas planillas en las que constaba \u00abel \t\tn\u00famero de aves a procesar, hora de llegada, hora final y en \t\tforma muy espec\u00edfica y detallada el n\u00famero de aves, \t\tel peso bruto en kilos, el Destare o descuento por el guacal, el \t\tpeso promedio en pie y finalmente el PESO NETO DE LOS ANIMALES EN \t\tPIE\u00bb. <\/p>\n

4. Anot\u00f3 que \t\ten medio de la ejecuci\u00f3n contractual, el 26 de septiembre de \t\t2011 la encausada le hab\u00eda otorgado \u00abun \t\tcr\u00e9dito rotativo [\u2026] por valor de TRESCIENTOS SESENTA \t\tMILLONES DE PESOS M\/CTE. ($360.000.000)\u00bb, y \t\tcomo respaldo al contrato de suministro se hab\u00edan \t\tconstituido \u00abCUATRO \t\t(4) hipotecas como garant\u00eda, lo cual consta en comunicaci\u00f3n \t\tdel d\u00eda 26 de septiembre de 2011 y certificados de tradici\u00f3n \t\ty libertad de NUEVE (9) inmuebles\u00bb. <\/p>\n

5. Aludi\u00f3 \t\ta varias comunicaciones que le remiti\u00f3 la sociedad TR\u00c1NGULO \t\tPOLLO RICO S.A., entre ellas, la de 21 de agosto de 2012, mediante \t\tla cual le solicitaba \u00abnormalizar \t\tla cartera toda vez que a la fecha referenciada se encontraba \t\tsobregirado\u00bb; la de 4 de septiembre \t\tde ese a\u00f1o, en la que le manifestaba \u00abque \t\tdeb\u00eda cumplir con los compromisos adquiridos con dicha \t\tsociedad, cumpliendo con el cupo del cr\u00e9dito acordado\u00bb; \t\tla fechada el 23 de octubre siguiente, en cuyo texto la accionada \t\texpuso \u00abque \t\tdebido a un d\u00e9ficit en la producci\u00f3n av\u00edcola, \t\tera apremiante que AV\u00cdCOLA POLLO ESTRELLA S.A.S. normalizara \t\tsu cartera a m\u00e1s tardar el d\u00eda 31 de diciembre de ese \t\ta\u00f1o\u00bb, y la de 4 de marzo de \t\t2013 alusiva a que \u00abel \t\tcupo otorgado es por valor de Cuatrocientos Millones de Pesos \t\t($400.000.000) cifra que no puede ser sobrepasada\u00bb. <\/p>\n

6. Indic\u00f3 \t\tque adicionalmente hab\u00eda suscrito un contrato de prenda sin \t\ttenencia con su proveedor sobre una m\u00e1quina inyectora IMAX \t\t350 GEN IISH -50 NEEDLES, por valor de $100.000.000, con el fin de \t\trespaldar la ampliaci\u00f3n del cr\u00e9dito rotativo ya \t\treferido, que el 21 de noviembre de 2013 se adicion\u00f3 hasta \t\t$600.000.000, acord\u00e1ndose como precio de venta del kilo de \t\tpollo, de m\u00ednimo $2500 y m\u00e1ximo de $3000. <\/p>\n

7. Refiri\u00f3 \t\tque el 2 de julio de 2014 \u00abTRI\u00c1NGULO \t\tPOLLO RICO S.A. sin previo aviso ni comunicaci\u00f3n a mi \t\trepresentada, suspendi\u00f3 el suministro de pollo en canal sin \t\tjustificaci\u00f3n alguna, y como consecuencia de dicha \t\tsuspensi\u00f3n hizo que AV\u00cdCOLA POLLO ESTRELLA S.A.S. \t\tincurriera en mora en el pago de sus obligaciones, en cese de \t\tactividades y grandes perjuicio econ\u00f3micos\u00bb. <\/p>\n

8. Expuso \t\tque una vez suspendido el suministro le escribi\u00f3 una carta a \t\tla encausada \u00absolicitando \t\tque se reanudara el despacho de pollos en canal, toda vez que al \t\tser la demandada el \u00fanico proveedor, se estaban causando \t\tgraves perjuicios econ\u00f3micos\u00bb, pero \t\tdijo que de esa misiva no hab\u00eda recibido respuesta. <\/p>\n

9. Explic\u00f3 que entre 2010 y 2014 la sociedad Tri\u00e1ngulo \t\tPollo Rico S.A. hab\u00eda remitido facturas que, en total, \t\tsumaban $11.830.470.429, \u00abque \t\tcorresponde a la venta de \u2018pollo fresco en canal con \t\tv\u00edscera\u2019, es decir, animales ya sacrificados las \t\tcuales toman en cuenta para la liquidaci\u00f3n del valor de la \t\tfactura el peso neto del pollo en pie conforme a la planilla \t\telaborada en el beneficiadero o planta de sacrificio, sin tener en \t\tcuenta la merma de proceso, lo que implica que hay un sobreprecio \t\tdel 15% por ser el peso el factor para determinar el valor final de \t\tla factura, lo cual implica un sobreprecio de MIL SETECIENTOS \t\tSETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA \t\tY CUATRO PESOS ($1.774.570.564\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s, arguy\u00f3 que no obstante haber acordado un precio m\u00e1ximo de $3000 la demandada no lo respet\u00f3, lo que en su sentir contradice el principio de la buena fe y genera un sobrecosto por valor de $127.715.539. <\/p>\n

10. Relacion\u00f3 \t\tlos gastos que se vio forzado a afrontar y cuyo reconocimiento \t\tpretende, para despu\u00e9s aducir que la actuaci\u00f3n del \t\taccionado es violatoria de las normas previstas en el Decreto 2153 \t\tde 1992, adem\u00e1s de implicar un incumplimiento del contrato. <\/p>\n

3. Actuaci\u00f3n \tprocesal. <\/p>\n

1. Notificada \t\tla sociedad demandada neg\u00f3 la existencia de un contrato de \t\tsuministro, porque la relaci\u00f3n comercial se debe catalogar a \t\tla luz de un contrato de compraventa \u00abde \t\tPOLLO FRESCO EN CANAL CON V\u00cdSCERA, venta que se hac\u00eda \t\tcon el otorgamiento de un cr\u00e9dito rotativo que la sociedad \t\tque represento otorg\u00f3 a la sociedad demandante\u00bb. <\/p>\n

Admiti\u00f3 que el contrato, aunque con naturaleza diferente, como ya se dijo, hab\u00eda comenzado en 2010, pero que desde antes se presentaban las ventas teniendo como compradora a la se\u00f1ora Isabel del Pilar Pico Vanegas. <\/p>\n

De otro lado, cuestion\u00f3 el objeto social indicado respecto de ambas sociedades y neg\u00f3 el concepto del denominado pollo en canal, en la medida que las actividades relativas al procesamiento de carne se encuentran regladas en el Decreto 1550 de 2007, que las estima como una producci\u00f3n de car\u00e1cter primario, lo que ha aceptado la jurisprudencia del Consejo de Estado. <\/p>\n

Tocante con el tr\u00e1mite previo al sacrificio, anot\u00f3 que sobre el particular se extienden dos planillas, una relativa a la entrega del pollo y otra, denominada \u00absack-off\u00bb o planilla de entrega del pollo de canal, la cual, agreg\u00f3, \u00abse la entregan al beneficiario o comprador y all\u00ed siempre el peso de lo entregado es mayor al recibido por la hidrataci\u00f3n que recibe el producto (agua y hielo)\u00bb. <\/p>\n

Frente al cr\u00e9dito rotativo detall\u00f3 las condiciones de su otorgamiento, inicialmente por $360.000.000, esto es, \u00aba) Cr\u00e9dito amparado con garant\u00eda real, hipoteca de tres predios; b) La venta ser\u00eda de pollo fresco en canal con v\u00edscera; c) Las condiciones ser\u00edan revisadas trimestralmente. Acuerdo que fue modificado con posterioridad al ampliarse el plazo y las condiciones del mismo\u00bb. <\/p>\n

Acept\u00f3 el env\u00edo de las referidas comunicaciones, pero adujo que la primera denotaba que el comprador hab\u00eda sobrepasado el cupo de dicho cr\u00e9dito y que, por lo tanto, \u00abel pago de las futuras compras debe hacerse en efectivo y por anticipado\u00bb, y agreg\u00f3 que esa carta \u00abfue aceptada por la sociedad demandante ya que no manifest\u00f3 nada al respecto y continu\u00f3 con la relaci\u00f3n comercial y no rechaz\u00f3 las facturas presentadas por la sociedad demandada\u00bb. <\/p>\n

Indic\u00f3 que en otra de las misivas se hab\u00eda incrementado dicho cr\u00e9dito, \u00abya que para ese momento estaba en mora y por encima del valor del cr\u00e9dito aprobado\u00bb, y dio por ciertas las dem\u00e1s, pero advirti\u00f3 sobre el que, en su criterio, era el verdadero sentido de las mismas, esto es, que se deb\u00eda bajar \u00abel cr\u00e9dito rotativo a $300.000.000\u00bb; que se deb\u00edan reunir \u00abpara establecer las condiciones del negocio en el a\u00f1o 2013\u00bb; que \u00abse ha superado el l\u00edmite de la cartera rotativa\u00bb; que \u00ablos plazos de 60 d\u00edas no pueden seguir manej\u00e1ndose\u00bb; que \u00abel despacho hace parte de la factura as\u00ed no se encuentre facturado\u00bb, y que \u00abse est\u00e1 considerando el descuento dado ya que no cumple con los pagos ni con el volumen de compras\u00bb. <\/p>\n

Dio por cierto el contrato de prenda, pero no hizo lo mismo en cuanto a las condiciones para normalizar la cartera, las que, asegur\u00f3, \u00abno cumpli\u00f3 la sociedad demandante\u00bb. Por lo tanto, se vio obligada a presentar una demanda constitutiva de proceso ejecutivo, circunstancia que no impidi\u00f3 que las sociedades siguieran en conversaciones y que se despachara pollo hasta julio de 2014, afirmaci\u00f3n de la cual dedujo que \u00abno fue una decisi\u00f3n arbitraria ni de un momento a otro, sino que existieron reuniones y avisos para tratar de normalizar el cr\u00e9dito rotativo\u00bb. <\/p>\n

Manifest\u00f3 que le hab\u00eda llamado la atenci\u00f3n el hecho que \u00abAV\u00cdCOLA POLLO ESTRELLA S.A.S. nunca haya manifestado su protesta por el peso y por la factura expedida por la sociedad demandada si fuera cierto que el peso facturado no coincidiera con el recibido, \u00bfqui\u00e9n paga lo que no ha recibido?\u00bb, m\u00e1xime que de haber reclamos aceptados, se pod\u00eda generar \u00abpor la sociedad demandada una nota cr\u00e9dito que se abonaba al cr\u00e9dito rotativo\u00bb, lo que en efecto sucedi\u00f3 \u00abtal como es certificado por la Revisora Fiscal de Tri\u00e1ngulo Pollo Rico, al indicar en certificaci\u00f3n de 25 de mayo de 2015 que el valor de esas notas cr\u00e9ditos fue de $203.539.106.20 de los a\u00f1os 2010 a 2014\u00bb. <\/p>\n

Coment\u00f3 que en el proceso ejecutivo la entonces demandada no \u00abmanifest\u00f3 su inconformidad con el valor ni con el peso indicado en la misma\u00bb, fuera de que estaba \u00aben libertad de comprar o no el producto ofrecido si fuera cierto que se estaba vendiendo por encima de los precios del mercado\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que el valor vendido entre 2010 y 2014 era superior al indicado en el libelo y que nunca se pact\u00f3 exclusividad. Asegur\u00f3 no haber violado las normas sobre libre competencia y neg\u00f3 los perjuicios y gastos, cuya indemnizaci\u00f3n se pretend\u00eda. <\/p>\n

2. Se \t\topuso a la prosperidad de las pretensiones y, con el fin de \t\tenervarlas, plante\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 \t\t\u00abviolaci\u00f3n \t\tde la sociedad demandante a su propia conducta contractual o \t\tviolaci\u00f3n al principio o teor\u00eda \u2018de lo actos \t\tpropios\u2019\u00bb; \t\t\u00abviolaci\u00f3n \t\tpor parte de la sociedad demandante al principio \u2018de la buena \t\tfe contractual\u2019\u00bb; \t\t\u00abcosa \t\tjuzgada y caducidad de la demanda\u00bb; \t\t\u00abincumplimiento \t\tde la sociedad demandante a sus obligaciones contractuales o \t\texceptio non adimpleti contractus\u00bb; \t\ty, \u00abel \t\tpago de las facturas de venta materializa el contrato de venta del \t\tpollo fresco en canal con v\u00edscera y una vez recibidas sin \t\tprotesta por el comprador, este no puede ser o\u00eddo en el \t\tproceso sobre faltantes de mercanc\u00eda\u00bb. <\/p>\n

4. La sentencia \tde primera instancia. <\/p>\n

En audiencia celebrada el 31 de mayo de 2016, el Juzgado de primer grado dict\u00f3 sentencia, en la que determin\u00f3 que la relaci\u00f3n contractual suscitada entre las partes era de suministro, despu\u00e9s de lo cual defini\u00f3 los problemas jur\u00eddicos a resolver, esto es, \u00ab1) Si entre el 20 de agosto de 2010 y el 1\u00ba de julio de 2014, la demandada cobr\u00f3 el precio de las aves, por su peso como pollo \u2018en pie\u2019, cuando se deb\u00eda cobrar como pollo \u2018en canal con v\u00edsceras\u2019; 2) Si para el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2013 y el 1\u00ba de julio de 2014, existi\u00f3 un sobreprecio en el suministro de pollo en canal con v\u00edsceras (precio que excedi\u00f3 un tope pactado, de 3000 por kl), y 3) Si el 2 de julio de 2014, el demandado suspendi\u00f3 en forma intempestiva el suministro, generando con ello, unos perjuicios a Pollo Estrella S.A.S.\u00bb. <\/p>\n

Respecto del primero de ellos, el Juzgado consider\u00f3 que la parte demandante no hab\u00eda demostrado \u00abque la \u2018merma de proceso, que se prob\u00f3 afectaba el peso del pollo en un 15%, repercutiera en id\u00e9ntico porcentaje (el 15%) en el precio del producto. Es que no resulta l\u00f3gico considerar, que el valor resultante de carne y v\u00edsceras comestibles, es igual, que el proveniente del peso de la merma (sangre, cut\u00edcula, plumas y dem\u00e1s desperdicios)\u00bb. <\/p>\n

En torno del segundo adujo que \u00abno todas las operaciones por encima de 3000 pesos pueden ser calificadas como contrarias al precio del contrato, pues tambi\u00e9n se observa, que existe una comunicaci\u00f3n posterior, de 7 de mayo de 2014, proveniente de Tri\u00e1ngulo Pollo Rico S.A. [\u2026], en la que esta se\u00f1al\u00f3 que el precio del pollo, en adelante, ser\u00eda por valor de mercado\u00bb. Por tal raz\u00f3n la indemnizaci\u00f3n por este concepto, concluy\u00f3, no pod\u00eda ser total.
\nEn referencia al tercer problema jur\u00eddico, consider\u00f3 esa Dependencia judicial que \u00abal suspender Pollo Rico S.A. la entrega de pollo a la demandante, sin siquiera, haber dado un preaviso de los motivos, incurri\u00f3 en un quebranto al deber de buna fe\u00bb, y agreg\u00f3 que \u00ab[e]n ese panorama, es di\u00e1fano, que a\u00fan para la suspensi\u00f3n se debi\u00f3 dar un preaviso, y poner en conocimiento de Pollo Estrella S.A.S. las circunstancias que a juicio de la demandada, le imped\u00edan seguir suministrando el pollo, con la regularidad que lo ven\u00eda haciendo. As\u00ed lo debi\u00f3 hacer, con miras a no generar traumatismos que pudiera llevar a la quiebra de su contraparte contractual.\u00bb <\/p>\n

No obstante lo anterior, estim\u00f3 que los perjuicios se circunscribieron a los gastos operacionales, los que no guardan relaci\u00f3n de causalidad con la conducta de la demandada. <\/p>\n

Finalmente, juzg\u00f3 que en el caso no aplicaba la teor\u00eda de los actos propios ni la excepci\u00f3n de contrato no cumplido. <\/p>\n

En suma, neg\u00f3 las pretensiones relativas al cobro del pollo por un peso distante del recibido; concedi\u00f3 parcialmente lo pedido en cuanto a algunas facturas que superaban el precio techo de $3000, y aunque declar\u00f3 que la demandada hab\u00eda desconocido la buena fe contractual, neg\u00f3 la pretensi\u00f3n indemnizatoria. <\/p>\n

II. SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

En audiencia de 29 de septiembre de 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la sentencia de primer grado y, en su lugar, declar\u00f3 que entre las partes existi\u00f3 un contrato de suministro, al tiempo que declar\u00f3 probadas las excepciones de cosa juzgada, con algunas salvedades que indic\u00f3, e incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la demandada. <\/p>\n

En tal virtud, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares y conden\u00f3 en costas, en ambas instancias, a la parte convocante. <\/p>\n

En primer lugar, el Tribunal adujo que hab\u00eda hechos probados, entre ellos la existencia de una relaci\u00f3n comercial entre las partes, en cuyo desarrollo la demandada le otorg\u00f3 un cr\u00e9dito rotativo a la demandante, en cuant\u00eda inicial de $360.000.000, luego ampliado hasta $600.000.000, amparado con garant\u00edas reales. <\/p>\n

Encontr\u00f3 acreditado tambi\u00e9n que en el marco de esos cr\u00e9ditos se suscribi\u00f3 el pagar\u00e9 n\u00famero CA16550172 de 19 de agosto de 2010, a cargo de la parte demandante, el cual sirvi\u00f3 de fundamento para la presentaci\u00f3n de un proceso ejecutivo, fincado en que \u00e9sta no hab\u00eda dado cumplimiento a lo pactado en el cr\u00e9dito rotativo y no hab\u00eda comprado los dos viajes diarios de pollo. <\/p>\n

Del mismo modo, entendi\u00f3 acreditado que la relaci\u00f3n comercial hab\u00eda terminado debido al incumplimiento por parte de Pollo Estrella S.A.S., lo que deriv\u00f3 del interrogatorio de parte absuelto por la parte demandante en este proceso. <\/p>\n

Adem\u00e1s, dio por sentado que en la sentencia proferida dentro del proceso ejecutivo se hab\u00eda declarado probada la excepci\u00f3n de pago de la obligaci\u00f3n en forma parcial, as\u00ed como extinguido el saldo de la obligaci\u00f3n incorporada a ese t\u00edtulo con la consecuente terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n

Igualmente, consider\u00f3 demostrado que la causa del proceso se resum\u00eda en que la demandada \u00abFactur\u00f3 el peso del pollo en canal en cantidades superiores a las realmente entregadas\u00bb; \u00abFactur\u00f3 el pollo en canal a precios superiores a los acordados\u00bb; \u00abSuspendi\u00f3 de manera definitiva e intempestiva el suministro de dicho producto, lo que pidi\u00f3 fuera declarado\u00bb. <\/p>\n

Describi\u00f3 la oposici\u00f3n de la demandada en este juicio, para despu\u00e9s aludir a la comunicaci\u00f3n de 21 de noviembre de 2013, mediante la cual Tri\u00e1ngulo Pollo Rico S.A. le informaba a Av\u00edcola Pollo Estrella S.A.S. \u00ablas condiciones comerciales que deb\u00eda cumplir para normalizar la cartera que presentaba una mora de 60 d\u00edas, tales como:
\n1.- La autorizaci\u00f3n del aumento del cupo de cr\u00e9dito hasta por $600.000.000, previo lo cual deb\u00eda inscribirse la prenda.
\n2.- Se deb\u00eda comprometer a comprar 2 viajes de pollo diarios sin importar su peso y el valor pagado ser\u00eda aplicado a las facturas vencidas.
\n3.- El precio del kilo de pollo ser\u00e1 de m\u00ednimo $2500 y m\u00e1ximo $3000, siempre y cuando los precios de la producci\u00f3n no aumenten.
\n4.- En caso de no realizar el pago del producto de acuerdo a esas condiciones, Tri\u00e1ngulo Pollo Rico no estar\u00e1 en la obligaci\u00f3n de despachar el producto y proceder\u00e1 de inmediato a realizar el cobro de la totalidad de la cartera que a la fecha se adeude, as\u00ed como a folio 31 del cuaderno 1.\u00bb <\/p>\n

Posteriormente, el Tribunal procedi\u00f3 a interpretar la demanda, lo que estim\u00f3 necesario, y en ese orden \u00abla Sala analizar\u00e1 el caso bajo la \u00f3ptica del incumplimiento contractual en obediencia del deber judicial de interpretar la demanda cuando quiera que el planteamiento de las pretensiones no ofrezca la claridad y precisi\u00f3n necesarias\u00bb. <\/p>\n

Ahora, antes de abordar los problemas jur\u00eddicos emergentes en el proceso, el Tribunal valor\u00f3 \u00abla existencia de un negocio jur\u00eddico entre las partes, claro que lo hubo, y a pesar de la honda divergencia que hoy sostienen en cuanto a su naturaleza, una parte, contrato de suministro, otra parte dice que es un contrato de compraventa, esta Sala desde ya lo califica como de suministro y en ello se le otorga raz\u00f3n al juzgador de primer grado, si se tiene en cuenta que no se trat\u00f3 de un contrato de ejecuci\u00f3n instant\u00e1nea, sino de tracto sucesivo, ni de una prestaci\u00f3n \u00fanica sino de m\u00faltiples, que si bien involucraban todas esas ventas, lo que buscaban en \u00faltimas era mantener la relaci\u00f3n comercial por un largo periodo de tiempo\u00bb. <\/p>\n

Y agreg\u00f3 que prueba de ello son las \u00abfacturas de venta que desde el a\u00f1o 2010 hasta el a\u00f1o 2014 sirvieron para documentar las transacciones existentes entre las partes, as\u00ed como las diferentes comunicaciones remitidas entre directivos de ambas sociedades, en las que se establec\u00edan no s\u00f3lo las condiciones de ese contrato, sino las modificaciones introducidas al mismo, al punto que la demandada le concedi\u00f3 un cupo rotativo, le hizo una ampliaci\u00f3n a $600.000.000 a la demandante, pero le impuso una serie de condiciones para que normalizara su cartera, como se ve en la misiva del 21 de noviembre de 2013, a la que hice alusi\u00f3n cundo me refer\u00ed a los hechos probados en el expediente que consta a folio 31, es este un genuino contrato de suministro en el que dej\u00f3 de ser una prestaci\u00f3n principal cual era proveer pollo por canal, para incorporarse otras adicionales como obligaciones hipotecarias y prendarias, adem\u00e1s del pago del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n

La correspondencia interpretativa de las dos instancias, respecto a la existencia de un contrato de suministro, se rompe en cuanto a la responsabilidad decretada, dado que, para el Tribunal \u00abesta no es una acci\u00f3n de responsabilidad civil propiamente dicha, pues la lectura en conjunto de la demanda demuestra que su objeto es otro, sino adem\u00e1s porque tanto esa pretensi\u00f3n como aquella que apuntaba a que se declarara el incumplimiento por haber facturado el peso del pollo en canal en cantidades superiores a las realmente entregadas no pod\u00edan ser objeto de discusiones a trav\u00e9s de este proceso, al haber operado en su contra el fen\u00f3meno de la preclusi\u00f3n.\u00bb <\/p>\n

Lo anterior se fundamenta en que todos los aspectos relacionados con el cobro del pollo en canal se hab\u00edan documentado en las facturas, cuyo impago condujo a la presentaci\u00f3n de la demanda ejecutiva; luego, siendo ello as\u00ed, resultaba l\u00f3gico que en ese escenario se cuestionara el valor exigido, lo que, sin embargo, no se hizo. <\/p>\n

Por ello se pregunt\u00f3 el Tribunal: \u00ab\u00bfno ser\u00e1 entonces esa la oportunidad para oponerse al valor contenido en esos t\u00edtulos?, es decir, si el ejecutado aleg\u00f3 que ya hab\u00eda pagado las facturas y que por eso no hab\u00eda lugar a diligencias ni a exigir el pagar\u00e9, se pregunta la Sala por qu\u00e9 entonces no aleg\u00f3 en ese juicio que lo que se estaba cobrando en tales documentos, no era lo que se deb\u00eda, ya sea porque le estaban facturando el pollo en cantidades superiores a las realmente entregadas, ora por encima del valor pactado o sea $3000, \u00bfno era esa la oportunidad para determinar si los documentos, facturas de venta, en las que se soport\u00f3 la obligaci\u00f3n incorporada en el pagar\u00e9, objeto de recaudo, fueron llenados por un valor cierto, acorde con la realidad del negocio?\u00bb. <\/p>\n

Respecto de lo expuesto en precedencia, la Sala asever\u00f3 tambi\u00e9n que \u00ablas irregularidades contenidas en las facturas y cuya supuesta falta de pago dio lugar a la formulaci\u00f3n del juicio ejecutivo, debieron proponerse y decidirse al interior de ese asunto dentro de la oportunidad legalmente prevista para ello\u00bb. <\/p>\n

Continuando con este punto, el ad quem indic\u00f3 que el valor del cr\u00e9dito rotativo se pagaba con la cancelaci\u00f3n de las facturas de venta, lo cual se acredita con las misivas de 21 de agosto de 2012 y 21 de noviembre de 2013. Adem\u00e1s, esa circunstancia fue aceptada por el representante legal de la demandante, en interrogatorio de parte absuelto en el proceso ejecutivo. <\/p>\n

Corolario de lo expuesto, el Tribunal concluy\u00f3 diciendo que \u00abel solo hecho de no haberse planteado la totalidad de los medios defensivos o exceptivos contra la obligaci\u00f3n ejecutada, pone en evidencia la configuraci\u00f3n de la exceptiva de preclusi\u00f3n que en efecto se declarar\u00e1 en esta instancia\u00bb. <\/p>\n

En lo que ata\u00f1e al supuesto incumplimiento de la demandada, cuando se neg\u00f3 a seguir suministrando el pollo, la segunda instancia entendi\u00f3 que \u00abfue Av\u00edcola Pollo Estrella S.A.S., quien primeramente se sustrajo de cumplir con sus obligaciones contractuales al incurrir en mora en el pago de la obligaci\u00f3n dineraria que ten\u00eda para con su co-contratante, ello se concluye luego de reparar en su propio dicho, espec\u00edficamente el interrogatorio de parte que se le practic\u00f3 al representante legal, donde all\u00ed confes\u00f3 \u2018si es cierto\u2019 cuando se le hac\u00eda la pregunta que si deb\u00eda alg\u00fan dinero con respecto a la venta del pollo fresco en canal con v\u00edsceras y consta a folio 341 lo que pone en evidencia que ya hab\u00eda entrado en mora contractual en el momento en que formul\u00f3 esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Adicionalmente, consider\u00f3 que no era de recibo afirmar que la suspensi\u00f3n del suministro se produjo sin previo aviso e injustificadamente, si se tiene en cuenta \u00abla comunicaci\u00f3n de 21 de noviembre de 2013\u00bb; pues, para dicha Colegiatura, \u00abeste es un claro aviso de las consecuencias que acarrear\u00eda un eventual incumplimiento como el que efectivamente se materializ\u00f3, de modo que no resulta acertado afirmar que la demandante desconoc\u00eda no solo que estaba desatendiendo sus prestaciones, sino adem\u00e1s cu\u00e1les eran las consecuencias que ese proceder le acarrear\u00edan cuando estaba m\u00e1s que notificada de ello\u00bb. <\/p>\n

Frente a la excepci\u00f3n de contrato no cumplido, estim\u00f3 que \u00absi en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes est\u00e1 en mora dejando de cumplir lo pactado mientras el otro no lo cumpla por su parte o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos como lo ordena el art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil, resulta incontestable que la aqu\u00ed demandante no estaba habilitada para incoar la acci\u00f3n de incumplimiento por lo que este medio exceptivo tambi\u00e9n habr\u00e1 de declararse probado\u00bb. <\/p>\n

III.\tDEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

La sociedad demandante, Av\u00edcola Pollo Estrella S.A.S., interpuso recurso de casaci\u00f3n en contra de la sentencia comentada, el cual, una vez admitido, la condujo a presentar la correspondiente demanda. En ella plantea cinco cargos, cuyos argumentos se sintetizan de la siguiente manera: <\/p>\n

CARGO PRIMERO <\/p>\n

Arguy\u00f3 que cuando el Tribunal abord\u00f3 la ruptura intempestiva del suministro invoc\u00f3 la excepci\u00f3n de contrato no cumplido y, en ese orden, le imput\u00f3 a la demandante \u00abhaber desatendido primero sus obligaciones contractuales al incurrir en mora en el pago\u00bb, conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 \u00abporque en el interrogatorio admiti\u00f3 como \u2018cierto\u2019 deber la suma de $615.000.000 y consta a folio 341 \u2018que ya hab\u00eda entrado en mora contractual en el momento en que formul\u00f3 esta acci\u00f3n\u2019\u00bb. <\/p>\n

Asever\u00f3 que seguidamente el ad quem dedujo de la comunicaci\u00f3n de 21 de noviembre de 2013 que \u00abes verdad que el demandante estaba en mora de pagar alguna factura, o un periodo del cr\u00e9dito rotativo estando en curso el contrato de suministro\u00bb. De ese modo, el Tribunal entendi\u00f3 acreditada la relaci\u00f3n de suministro entre las partes, pero \u00abcay\u00f3 en el infortunio de omitir las reglas propias de esa instituci\u00f3n contractual y m\u00e1s precisamente las normas que gobiernan los estadios de crisis del contrato por incumplimiento.\u00bb
\nEl yerro, advirti\u00f3, consiste en que el Tribunal tuvo al demandante como contratante incumplido a la luz de concepciones b\u00e1sicas de insatisfacci\u00f3n contractual, esto es, las derivadas de lo dispuesto en los art\u00edculos 1546 y 1609 del C\u00f3digo Civil, las que seg\u00fan el censor resultaban \u00abinsuficientes para gobernar las relaciones entre proveedor y el consumidor en el contrato de suministro\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s, el art\u00edculo 5 de la Ley 57 de 1887 establece que debe preferirse la disposici\u00f3n especial a la general, lo que aplicado al evento actual obliga a concluir que al no haberse observado las reglas del suministro, \u00e9ste art\u00edculo fue desconocido. <\/p>\n

Aludi\u00f3 el recurrente a la teor\u00eda del abuso del derecho, la cual analiz\u00f3 teniendo en cuenta doctrina nacional e internacional, adem\u00e1s de jurisprudencia local y for\u00e1nea. En ese \u00e1mbito, sostuvo que \u00abuna ruptura intempestiva del contrato en condiciones de abuso, no es solo una manifestaci\u00f3n del contrato mismo, sino que la terminaci\u00f3n o culminaci\u00f3n del contrato en cuanto excede o cruce el umbral de lo permisible, y entre en el terreno del injusto y la desmesura, ya no ser\u00eda necesariamente un momento del contrato, ni un desprendimiento natural del negocio jur\u00eddico, sino una manifestaci\u00f3n aut\u00f3noma del abuso\u2026\u00bb. <\/p>\n

En el mismo sentido y bajo el amparo del canon 972 del C. de Comercio, el impugnante adujo que la parte demandada, como proveedor, \u00abestaba obligada a dar un \u2018preaviso\u2019 prudencial antes de dar por incumplida alguna obligaci\u00f3n y romper intempestivamente el contrato\u00bb, actividad que no despleg\u00f3 y el Tribunal desde\u00f1\u00f3.
\nEs m\u00e1s, con cimiento en el precepto 973 ib\u00eddem, cuyo sentido auscult\u00f3 en los mismos contornos, concluy\u00f3 que \u00abel incumplimiento de una de las partes relativo a alguna de las prestaciones, tan solo conferir\u00e1 derecho a la otra para dar por terminado el contrato, cuando ese incumplimiento le haya ocasionado perjuicios graves o tenga cierta importancia, capaz por si solo de mermar la confianza de esa parte en la exactitud de la otra para hacer los suministros sucesivos\u00bb. Sin embargo, en este caso la tenuidad, levedad, inanidad o intrascendencia del incumplimiento exclu\u00eda la posibilidad de reclamar resoluci\u00f3n o excepci\u00f3n de contrato no cumplido. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, como el Tribunal excluy\u00f3 la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 972, 973 y 977 del C. de Comercio, \u00abni siquiera se coloc\u00f3 en el dilema de juzgar la trascendencia del incumplimiento, ni hubo de averiguar si los perjuicios recibidos por el proveedor eran graves o eran de magnitud o importancia tales que fueran capaces por s\u00ed solos de mermar la confianza del consumidor para atender las obligaciones derivadas de los suministros sucesivos\u00bb. <\/p>\n

Del mismo modo, omiti\u00f3 considerar que para la terminaci\u00f3n del suministro se necesitaba enviar un desahucio prudencial, circunstancias todas que, de haberse considerado, esto es, de haberse dado aplicaci\u00f3n a la citada normativa, el Tribunal \u00abhubiera tenido que concluir que la ruptura intempestiva del contrato de suministro realizada por la demandada Tri\u00e1ngulo Pollo Rico S.A. fue contraria a la ley y que por tanto proced\u00eda la imputaci\u00f3n hecha en la demanda a ese t\u00edtulo con la consiguiente indemnizaci\u00f3n de perjuicios como fueron pedidos en la demanda.\u00bb <\/p>\n

CARGO SEGUNDO <\/p>\n

Por haber incurrido en violaci\u00f3n indirecta por error de hecho, se denunci\u00f3 la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 882, 905, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 977 y 980 del C. de Comercio, y los art\u00edculos 1546 y 1609 del C. Civil. <\/p>\n

Se refiri\u00f3 a la supuesta confesi\u00f3n del representante legal de la parte actora, seg\u00fan la cual hab\u00eda aceptado que la empresa entr\u00f3 en mora en el pago de $615.000.000, pues dicha prueba no pod\u00eda analizarse en forma aislada, sino a la luz de las dem\u00e1s pruebas del proceso ejecutivo allegado, \u00abque de haberlas considerado le habr\u00edan llevado a una conclusi\u00f3n distinta.\u00bb <\/p>\n

De ese modo, \u00absi el Tribunal no hubiere cercenado el alcance del proceso ejecutivo que coment\u00f3 con el prop\u00f3sito de dar por probada la cosa juzgada, hubiera tenido que concluir que el t\u00edtulo ejecutivo que all\u00ed se cobr\u00f3, el que fuera emitido por Av\u00edcola Pollo Estrella S.A.S., en favor del proveedor oper\u00f3 como pago de la obligaci\u00f3n\u00bb, esto es, el giro del t\u00edtulo valor se hizo para pagar la obligaci\u00f3n nacida del suministro. <\/p>\n

En ese orden, el juzgador de segundo grado desvi\u00f3 el contenido de la sentencia dictada en el proceso ejecutivo que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de pago conforme los preceptos 905, 643 y 882 del C. de Comercio, y derivado de ello afirm\u00f3 erradamente que la convocante fue la que primero incumpli\u00f3 el contrato de suministro. <\/p>\n

M\u00e1s todav\u00eda, si el Tribunal hubiera visto las garant\u00edas otorgadas en favor del proveedor, hubiera concluido que de haber existido la tardanza, que en verdad no la hubo, la demora ser\u00eda intrascendente. <\/p>\n

Continuando con este cargo el casacionista se refiri\u00f3 a la misiva de 21 de noviembre de 2013, pues la misma no puede equivaler al preaviso prudencial que exigen los art\u00edculos 972, 973 y 977 citados, esto es, \u00abse equivoc\u00f3 el Tribunal cuando vio en la misiva el \u2018preaviso prudencial\u2019, pues la misiva no contiene un anuncio del d\u00eda en que cesar\u00e1 el suministro, para que el consumidor pudiera tomar las debidas providencias frente a la ruptura definitiva del contrato, que es en \u00faltimas la teleolog\u00eda de un \u2018preaviso prudencial\u2019. En suma, el Tribunal vio en la comunicaci\u00f3n un \u2018preaviso prudencial\u2019, cuando no hay aviso y mucho menos tiene el car\u00e1cter de prudencial\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s, esa comunicaci\u00f3n no pod\u00eda significar un preaviso porque despu\u00e9s de esa fecha \u00abla demandada continu\u00f3 la provisi\u00f3n, lo hizo hasta el 2 de julio de 2014, con lo cual sembr\u00f3 en la conciencia de la demandante la idea de que el contrato continuaba vigente sin que la tardanza en el pago fuera un evento de la magnitud suficiente para justificar la quiebra del contrato\u00bb. Incluso, de la continuaci\u00f3n del contrato se dej\u00f3 constancia en la misiva del 7 de mayo de 2014, que la segunda instancia dej\u00f3 de apreciar. <\/p>\n

Entonces, en la sentencia impugnada \u00abse incurri\u00f3 en graves errores de hecho, pues supuso la existencia de prueba de algunos hechos, alter\u00f3 el contenido objetivo de otros a los que asign\u00f3 un sentido del cual carecen, con total olvido de los medios probatorios que se enuncian en este cargo, cuya estimaci\u00f3n le hubieran llevado con seguridad a una decisi\u00f3n distinta, desechando el incumplimiento que le sirvi\u00f3 de pretexto para aplicar la excepci\u00f3n de contrato no cumplido, y determinado finalmente la responsabilidad del proveedor\u00bb. <\/p>\n

CARGO TERCERO <\/p>\n

Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, se reclam\u00f3 la violaci\u00f3n directa, por aplicaci\u00f3n indebida, de los art\u00edculos 332, 512 del C. de Procedimiento Civil, 784 del C. de Comercio, y falta de aplicaci\u00f3n de los preceptos 880, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 977 y 980 de la ley mercantil. <\/p>\n

En el desarrollo del cargo, el recurrente denunci\u00f3 que el Tribunal subsumi\u00f3 todo el debate sobre la diferencia de precios y cantidades entregadas y cobradas, a la necesidad de haber ventilado esas circunstancias en el proceso ejecutivo, por lo cual la sentencia all\u00ed dictada habr\u00eda extinguido la jurisdicci\u00f3n del Estado. \u00ab[L]uego se exoner\u00f3 el Tribunal de resolver el fondo del asunto y el reclamo por abuso en la fijaci\u00f3n del precio y mermas en la entrega\u00bb. <\/p>\n

De esa manera se viol\u00f3 el canon 880 del C. de Comercio, en virtud del cual se establece el derecho del deudor a rectificar siempre el finiquito en los contratos de colaboraci\u00f3n, a lo cual agreg\u00f3 que para construir el argumento de la cosa juzgada o de la preclusi\u00f3n que declar\u00f3, se dejaron de aplicar los art\u00edculos ya referidos, que regulan el derecho a rectificar el finiquito. <\/p>\n

De otro lado, esgrimi\u00f3 que no era posible reclamar en el proceso ejecutivo la indemnizaci\u00f3n derivada de la imposici\u00f3n de un precio excesivo y la merma del peso. <\/p>\n

CARGO CUARTO <\/p>\n

Por id\u00e9ntica v\u00eda directa se aleg\u00f3 la violaci\u00f3n de las mismas normas citadas en el cargo anterior. <\/p>\n

Se finca el recurrente en que no pod\u00eda declararse la excepci\u00f3n de cosa juzgada con base en una sentencia anterior, no ejecutoriada, fuera de que, como tambi\u00e9n se adujo en el cuarto cargo, el proceso ejecutivo no permit\u00eda el escrutinio de todo el contrato de suministro que es de colaboraci\u00f3n, de tracto sucesivo y de larga duraci\u00f3n. <\/p>\n

CARGO QUINTO <\/p>\n

Censur\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta, por error de hecho, de los art\u00edculos 880, 882, 905, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 977, 784 y 880 del C. de Comercio, y de los art\u00edculos 1546 y 1609 del C. Civil.
\nEsa vulneraci\u00f3n se gener\u00f3 por cuanto la sentencia supuso, sin prueba alguna, la identidad de la materia litigiosa entre el proceso que curs\u00f3 ante el Juzgado 5\u00ba Civil del Circuito y el presente. Sin embargo, existe una imposibilidad temporal para que operara la cosa juzgada o la preclusi\u00f3n, por exclusi\u00f3n de la identidad f\u00e1ctica. <\/p>\n

El Tribunal tom\u00f3 como hitos del contrato de suministro los a\u00f1os 2010 a 2014, de suerte que las divergencias presentadas en lo tocante con el peso y el precio del producto se extienden a cuatro a\u00f1os, extremos estos que no son materia del proceso ejecutivo, porque dicho tr\u00e1mite comprend\u00eda un cr\u00e9dito rotativo asociado a un periodo de 60 d\u00edas. <\/p>\n

As\u00ed, adujo que \u00abmolesta a la raz\u00f3n pretender que coincida con los 4 a\u00f1os que cubren la existencia del suministro seg\u00fan lo admiti\u00f3 el propio Tribunal, de todo lo cual se sigue sin m\u00e1s rodeos, que no puede haber identidad f\u00e1ctica entre el contenido contencioso del proceso ejecutivo y el que se suscita por las controversias del contrato de suministro sostenido durante 4 a\u00f1os por los menos\u00bb. <\/p>\n

Significa lo anterior, que el Tribunal supuso un hecho para aplicar la cosa juzgada, esto es, que hay identidad en la controversia o, \u00ablo que es lo mismo, que ante la demanda ejecutiva cobrando unas pocas facturas correspondientes a un periodo de 60 d\u00edas, el ejecutado all\u00e1, Av\u00edcola Pollo Estrella SAS, estaba obligado a rescatar todos los motivos de incumplimiento de su demandante Tri\u00e1ngulo Pollo Rico SA, durante 4 a\u00f1os, es decir, no bastaba con que afirmara y demostrara el pago de lo que mal se cobraba, como efectivamente lo demostr\u00f3\u00bb.
\nEn suma, expuso que \u00abEl yerro del Tribunal es manifiesto, pues a pesar de la diferencia esencial entre la resistencia en el proceso declarativo y las pretensiones de la demanda del presente proceso declarativo, el Tribunal supuso que la una era espejo de la otra\u00bb. <\/p>\n

Igualmente, denunci\u00f3 que se presentaba una imposibilidad cuantitativa de que haya identidad f\u00e1ctica, vale decir, el per\u00edodo de 60 d\u00edas, que era objeto de estudio del juzgador del ejecutivo, no coincide con la duraci\u00f3n del contrato, que es de cuatro a\u00f1os, y que es materia de esta causa, en tanto que lo pretendido \u00abalude a cantidades superiores a las que fueron objeto de recaudo en el proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n

Para finalizar, se\u00f1al\u00f3 que el ad quem hizo decir a la sentencia lo que ella no dice; que en el ejecutivo la excepci\u00f3n de pago inhib\u00eda al juez para examinar todo lo dem\u00e1s. <\/p>\n

Por tanto, de no haberse incurrido en el remarcado yerro se habr\u00eda determinado la responsabilidad contractual de la demandada, por haber desconocido las reglas legales y contractuales; por haber impuesto unilateralmente un precio en contravenci\u00f3n del contrato; y, por haber cobrado en exceso y haber suministrado una cantidad menor a la convenida y registrada. <\/p>\n

IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La Sala advierte \t\tinicialmente que los cargos primero y segundo denuncian la \t\tviolaci\u00f3n de las mismas normas sustanciales. Sin embargo, \t\tcomo aquel efect\u00faa la censura por la v\u00eda directa y \t\t\u00e9ste por la indirecta por un supuesto yerro probatorio, \t\ttales censuras se resolver\u00e1n en forma independiente. <\/p>\n

1.2.\tEn cambio, los tres \u00faltimos cargos se definir\u00e1n de manera conjunta, pues la completitud de los argumentos obliga a considerar aspectos jur\u00eddicos y probatorios, en orden a evidenciar si, como se arguye, se present\u00f3 la violaci\u00f3n de las normas sustanciales denunciadas, producto de la supuesta sobrefacturaci\u00f3n por peso y valor del pollo suministrado, pasible de discutir en el finiquito contractual, y en cuanto la influencia del proceso ejecutivo tramitado entre las partes respecto de esta causa. <\/p>\n

2.\tGeneralidades del recurso de casaci\u00f3n y la violaci\u00f3n de normas sustanciales, por la v\u00eda directa como por la indirecta. <\/p>\n

1. En cuanto ata\u00f1e \t\tal presente medio de refutaci\u00f3n, se recuerda que el mismo \t\test\u00e1 orientado a juzgar la sentencia impugnada y no el \t\tlitigio en s\u00ed mismo considerado, pues de hacerlo, mutar\u00eda \t\taquel en una tercera instancia, que la ley no prev\u00e9. <\/p>\n

En consecuencia, tal reproche se dirige a que la Corte determine, dentro de los l\u00edmites trazados por la censura, si el fallo combatido est\u00e1 o no ajustado al ordenamiento sustancial o, en su caso, al procesal, sin desconocer, claro est\u00e1, que el juzgador de conocimiento goza de una discreta autonom\u00eda para apreciar los medios demostrativos, seg\u00fan los dictados de la sana cr\u00edtica, esto es, se encuentra bajo el apremio de enjuiciarlos con soporte en el sentido com\u00fan, la l\u00f3gica y las reglas tanto de la ciencia como de la experiencia. <\/p>\n

El supuesto de violaci\u00f3n de la norma sustancial por v\u00eda directa se puede configurar, en el evento de no tener en cuenta la disposici\u00f3n legal adecuada para resolver el caso, o por aplicar un precepto ajeno a la controversia, o cuando a pesar de ser la norma regulatoria del asunto materia del litigio, se le da un alcance que no corresponde a su correcto sentido jur\u00eddico. El debate se circunscribe s\u00f3lo al aspecto puramente jur\u00eddico; de manera que no cabe all\u00ed plantear controversias en torno al aspecto probatorio. <\/p>\n

Acerca de la citada causal de casaci\u00f3n esta Corporaci\u00f3n, en sentencia CSJ SC9100-2014, rad. n\u00b0 2006-00146-01, entre otras, memor\u00f3: <\/p>\n

\u00ab[…] ha precisado la Corte que la \u2018violaci\u00f3n directa de las normas sustanciales, que como motivo de casaci\u00f3n contempla la causal primera del art\u00edculo 368 ib\u00eddem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuesti\u00f3n probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposici\u00f3n sustancial a que deb\u00eda someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposici\u00f3n rectora del asunto, yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace, y que, por lo mismo, cuando el ataque en casaci\u00f3n se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas del sentenciador, cuesti\u00f3n esta que solo puede abordarse por la v\u00eda indirecta.\u00bb. <\/p>\n

Y en anterior oportunidad, hab\u00eda resaltado: <\/p>\n

\u00abCuando la acusaci\u00f3n se dirige por la v\u00eda directa, el impugnante debe poner de presente la manera como el sentenciador transgredi\u00f3 la norma sustancial, sin que sea v\u00e1lido hacer reproche alguno a la apreciaci\u00f3n de las pruebas. Lo que caracteriza esa clase de ataque es su total prescindencia de la cuesti\u00f3n probatoria, pues se presenta \u2018directamente, en l\u00ednea recta, sin rodeos, sin el medio o veh\u00edculo de los errores en el campo probatorio\u2019 (CSJ, GJ. LXXXVIII, 657)\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s, en CSJ AC-2332-2016, rad. n\u00b0 2008-00731-01, en lo pertinente, sostuvo: <\/p>\n

\u00ab[\u2026], cuando se invoca la afectaci\u00f3n por v\u00eda directa de la ley sustancial, es necesario partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por acreditados en el fallo, sin que exista campo para disentir de los medios de convicci\u00f3n recaudados, por cuanto la cr\u00edtica debe estar dirigida a derruir los falsos raciocinios de las normas que gobiernan el caso, bien sea porque el Tribunal no las tuvo en cuenta, se equivoc\u00f3 al elegirlas o, a pesar de ser las correctas, les da un entendimiento ajeno a su alcance\u00bb. <\/p>\n

2. En \t\tcambio, cuando el ataque se construye sobre la base de haberse \t\tcometido un yerro f\u00e1ctico, violatorio consecuencialmente de \t\tnorma sustancial, que como v\u00eda indirecta integra la primera \t\tcausal del precepto 368 del C. de P.C., actualmente, ordinal 2\u00ba \t\tdel canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, su \t\tacreditaci\u00f3n presupone, entre otras exigencias, que la \t\tinferencia probatoria atacada sea abiertamente contraria al \t\tcontenido objetivo de la prueba, lo cual comporta su estructuraci\u00f3n \t\tcuando el desacierto es tan notorio que se advierte a simple vista, \t\tes decir, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o de tal magnitud que \t\tse percibe discordante frente a lo evidenciado en el proceso. <\/p>\n

Adicionalmente, como las sentencias llegan a la Corte amparadas por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, le incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual ha de efectuar una cr\u00edtica concreta, coherente, sim\u00e9trica y razonada frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicaci\u00f3n de los fundamentos generadores de la infracci\u00f3n a la ley, evidenciar la trascendencia del yerro y referirse a todos los pilares de la decisi\u00f3n. <\/p>\n

3.\tAn\u00e1lisis del cargo primero. <\/p>\n

3.1.\tRecuento del agravio denunciado. <\/p>\n

Dentro de la tem\u00e1tica de resoluci\u00f3n propuesta, se advierte que en el primero de los argumentos el censor discuti\u00f3 que el Tribunal lo hubiese considerado contratante incumplido a la luz de normas generales civiles, en lugar de haber analizado la cuesti\u00f3n bajo la \u00f3ptica de las reglas especiales del contrato de suministro. <\/p>\n

Adem\u00e1s, indic\u00f3 que no incumpli\u00f3 el contrato aunque precis\u00f3 que, de observarse alguna infracci\u00f3n, \u00e9sta no ser\u00eda grave, por lo que no era viable la terminaci\u00f3n unilateral de la convenci\u00f3n. Finalmente, estim\u00f3 que la ruptura intempestiva del contrato constituye un abuso del derecho, m\u00e1xime cuando, como ocurri\u00f3 en este evento, el proveedor no dio aviso prudencial de la intenci\u00f3n de finalizar el suministro. <\/p>\n

2. Generalidades \t\tdel contrato de suministro. <\/p>\n

1. Siguiendo la \t\t\tpreceptiva del art\u00edculo 968 del C\u00f3digo de Comercio, \t\t\tel suministro es un contrato nominado y t\u00edpico, en virtud \t\t\tdel cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestaci\u00f3n, \t\t\ta cumplir a favor de otra, en forma independiente, prestaciones \t\t\tperi\u00f3dicas o continuadas de cosas o servicios. \t <\/p>\n

De esta definici\u00f3n surge que entre las partes, proveedor y suministrado, existe una necesidad de vinculaci\u00f3n a una red de distribuci\u00f3n que los involucra, es decir, la convenci\u00f3n prev\u00e9 el mantenimiento de relaciones extendidas en el tiempo. <\/p>\n

3.2.2.\tEn ese orden, son sus notas caracter\u00edsticas la duraci\u00f3n y la previsi\u00f3n futura, dado que, como lo expone el profesor Joaqu\u00edn Garrigues, \u00abla duraci\u00f3n del cumplimiento incide en la causa del contrato, de tal suerte que \u00e9ste no cumpla su funci\u00f3n econ\u00f3mica si su ejecuci\u00f3n no se prolonga en el tiempo: la utilidad para el contratable es proporcional a la duraci\u00f3n del contrato. La causa en los contratos de duraci\u00f3n no consiste en asegurar a las partes una prestaci\u00f3n \u00fanica, aunque realizada en momentos diversos, sino en asegurar por cierto tiempo varias prestaciones o una prestaci\u00f3n continuada\u00bb.1 <\/p>\n

Lo dicho tambi\u00e9n trasciende, en la pr\u00e1ctica, al ahorro de tiempo, fuera de que reduce el desgaste administrativo y negocial, pues con esta figura contractual se evita la celebraci\u00f3n continua de contratos de compraventa, e incluso se garantiza continuidad en la obtenci\u00f3n de los bienes y servicios suministrados. <\/p>\n

3.2.3.\tAhora bien, de la definici\u00f3n indicada, prevista en el art\u00edculo 968 se\u00f1alado, surgen prestaciones continuas de cosas y\/o de servicios, lo cual supone una pluralidad de obligaciones, que en principio son aut\u00f3nomas, pero ligadas entre s\u00ed, lo que, sin embargo, no implica necesariamente que los compromisos deban ser iguales o sim\u00e9tricos, dado que bien se puede consentir un suministro indeterminado, pero determinable, como determinable puede ser tambi\u00e9n su duraci\u00f3n. <\/p>\n

Del mismo modo, la periodicidad es, como se desprende de lo dicho, una caracter\u00edstica esencial del contrato de suministro, pero sin que se exija una perfecta e inmodificable sincron\u00eda temporal, de suerte que los actos continuados pueden variar en cuanto el tiempo de ejecuci\u00f3n, pues la norma no demanda esa igualdad y en atenci\u00f3n a que el suministro depende de la capacidad de consumo del suministrado. <\/p>\n

Es m\u00e1s, el art\u00edculo 972 del C\u00f3digo de Comercio advierte que el plazo de cada prestaci\u00f3n puede acordarse de antemano o dejarse a una de las partes su se\u00f1alamiento, o pactarse en cada pedido, o simplemente ajustarse a la naturaleza misma del suministro acordado, lo cual denota que esa periodicidad no tiene que estar fijamente preestablecida. <\/p>\n

2. Terminaci\u00f3n \t\tdel contrato de suministro. <\/p>\n

1. La perpetuidad \t\t\tno es normal en la ejecuci\u00f3n de los contratos; al \t\t\tcontrario, resulta extra\u00f1a e incompatible al concepto de \t\t\tobligaci\u00f3n, y al orden p\u00fablico por suprimir la \t\t\tlibertad contractual, desde luego, sin perjuicio de las \t\t\tdenominadas obligaciones propter rem, que, por surgir con \t\t\tocasi\u00f3n de un derecho real principal, el titular de \u00e9ste \t\t\tse constituye deudor de aquellas mientras mantenga esa calidad \t\t\tjur\u00eddica; pero, aqu\u00e9l d\u00e9bito sigue siempre \t\t\tanejo al referido derecho, y se transmite al adquirente del mismo. \t\t\tEs oportuno se\u00f1alar que algunos atribuyen caracter\u00edsticas \t\t\tparecidas a las denominadas obligaciones modales, as\u00ed \t\t\tllamadas por el art\u00edculo 1147 del C\u00f3digo Civil; \t\t\taunque cabe advertir que lo modalizado no es la obligaci\u00f3n, \t\t\tsino el derecho del asignatario adquirente. \t <\/p>\n

En ese sentido, se estima que el legislador o las partes, ce\u00f1idas a la ley, la \u00e9tica, la correcci\u00f3n, y en fin, con apego a la buena fe, con observancia de la funci\u00f3n, utilidad y relatividad de los contratos, y en ejercicio de la libertad contractual, pueden disponer, adem\u00e1s de otros aspectos, la terminaci\u00f3n unilateral del v\u00ednculo negocial. <\/p>\n

Las razones por las cuales una de las partes recurre a la finalizaci\u00f3n unilateral del pacto son m\u00faltiples en el esquema de libertad contractual, las que no se reducen al incumplimiento, dado que puede ser consecuencia de la confianza perdida o de la intenci\u00f3n de poner fin a relaciones indeseables o inconvenientes. De hecho, puede ser una manifestaci\u00f3n del derecho al arrepentimiento, en sentido lato, de cara a la duraci\u00f3n diferida o al tracto sucesivo del pacto, como lo entendi\u00f3 la Sala en SC, 14 dic. 2001, rad. 6230, en la que explic\u00f3: <\/p>\n

\u00abPero m\u00e1s all\u00e1 de \u00e9ste indiscutido fundamento teleol\u00f3gico, no es posible perder de vista que la revocaci\u00f3n tambi\u00e9n puede hundir sus ra\u00edces en m\u00faltiples motivos no necesaria o indefectiblemente ligados a la confianza, stricto sensu, o a la protecci\u00f3n de la uberrima bona fides \u2013cuando alguna de las partes considere que el comportamiento contractual de la otra no se acompasa con tan caro postulado-, pudiendo considerarse, bien como una garant\u00eda instituida en pro del consumidor y en beneficio de una sana, ortodoxa y transparente competencia, en cuanto que aquel puede leg\u00edtimamente aprovecharse de las ventajas cualitativas y cuantitativas que ofrece el mercado, v. gr.: en materia de primas y de coberturas; ora como una expresi\u00f3n del derecho al arrepentimiento \u2013en sentido lato- de cara al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n a\u00fan no transcurrido en los negocios jur\u00eddicos \u201cfluyentes\u201d, de duraci\u00f3n, de ejecuci\u00f3n diferida o de tracto sucesivo, como acontece en punto tocante con el contrato de seguro, conforme se refiri\u00f3 en aparte que antecede. De ah\u00ed que para algunos doctrinantes, la revocaci\u00f3n \u2013o su equivalente en el Derecho nacional pertinente- deba entenderse como \u201cuna declaraci\u00f3n de voluntad unilateral incausada\u201d2 (se subraya), lo que pone de presente, en lo que a su g\u00e9nesis ata\u00f1e, que es altamente subjetiva, que ella \u201cdebe dejarse al arbitrio unilateral de cada uno de los contratantes\u201d (ad nutum), como \u2013a prop\u00f3sito- se consign\u00f3 en la Exposici\u00f3n de motivos del meritado Proyecto de C\u00f3digo de Comercio del a\u00f1o 1958, sin que ello signifique, de ninguna manera, que el revocante escape al inexorable y plausible deber constitucional y legal de no abusar de sus derechos (art. 95-1 C. Pol. y 830 C. de Co.), habida cuenta que el reconocimiento de una facultad o poder, de por s\u00ed, no constituye salvoconducto o patente de corso para propiciar la arbitrariedad, so pena de la condigna indemnizaci\u00f3n de los perjuicios irrogados. Es por ello por lo que el abuso, en s\u00ed, trasciende al mero arbitrio o a la simple volici\u00f3n3\u00bb. <\/p>\n

De ese modo, ambas partes son titulares de un derecho potestativo para terminar unilateralmente el contrato, sin asentimiento de la otra, aunque la generalidad de la doctrina ense\u00f1a que debe darse un preaviso m\u00ednimo, legal o convencional, o en su defecto, congruo, razonable y suficiente, que le permita al otro contratante realizar las gestiones pertinentes, en orden a procurar nuevos clientes, o proveedores o abrir otros mercados, entre varias alternativas. <\/p>\n

En otras palabras, se busca evitar una terminaci\u00f3n abrupta e intempestiva que sorprenda al otro contratante, al punto de impedirle adoptar medidas adecuadas para continuar sus actividades con un m\u00ednimo de par\u00e1lisis o afectaci\u00f3n de su giro ordinario. <\/p>\n

\u00abCuando a la actora se le comunica unas horas antes del vencimiento, que el contrato de suministro para distribuci\u00f3n, luego de dos a\u00f1os de relaci\u00f3n, no se va a prorrogar, se procede en forma intempestiva, se genera sorpresa en ella y, de un momento a otro, posiblemente, se le compromete a desmontar toda la infraestructura dispuesta para el cumplimiento de ese acuerdo. No se le da, entonces, la oportunidad de realizar ajustes, preavisar personal, reducir costos y, lo que es peor, eventualmente, dadas las caracter\u00edsticas del producto distribuido, cesar toda actividad. <\/p>\n

En esa direcci\u00f3n resulta incontrovertible que a pesar de existir cl\u00e1usulas que autorizan la terminaci\u00f3n unilateral del convenio, en cualquier tiempo, es menester, en virtud de la aplicaci\u00f3n del principio de buena fe, la existencia de un preaviso; en el entendido que el anuncio anticipado de la culminaci\u00f3n del pacto crea al comerciante las condiciones favorables para lograr hacer el tr\u00e1nsito de actividad o implementar medidas para evitar perjuicios.\u00bb. <\/p>\n

Y agreg\u00f3: <\/p>\n

\u00abPara la Sala es evidente que dentro de la ejecuci\u00f3n negocial, en asuntos caracterizados por la necesidad de colaboraci\u00f3n y permanencia, las noticias inesperadas sobre su finalizaci\u00f3n, por lo inesperadas, tienen la capacidad suficiente para impresionar negativamente el \u00e1nimo o el patrimonio de quien las recibe; ante esas circunstancias, no hay lugar a reaccionar ya sea para impedir el impacto negativo que le produce o por lo menos aminorarlo; no cabe duda que, por lo sorpresivo del anuncio, se afecta a la parte contraria. El sentido com\u00fan ense\u00f1a que se requieren tiempos m\u00ednimos o prudenciales para culminar una determinada relaci\u00f3n; por ejemplo, para poder verificar y finiquitar los an\u00e1lisis contables, los estudios de cr\u00e9ditos, los per\u00edodos de prueba en asuntos laborales, el otorgamiento de garant\u00edas; la cesaci\u00f3n del arrendamiento o su no pr\u00f3rroga, etc.; con mayor raz\u00f3n cuando el anuncio intempestivo tiende a dar por concluido un v\u00ednculo entre comerciantes que se potencializa como de larga duraci\u00f3n, por la esencia propia del acuerdo.\u00bb <\/p>\n

Concordante con ello, de ordinario se admite la necesidad de un preaviso, el cual cumple la notoria funci\u00f3n de advertir la decisi\u00f3n de poner fin al contrato por la sola voluntad de uno de los contratantes, pero adem\u00e1s satisface imperiosas necesidades de mitigaci\u00f3n o evitaci\u00f3n de da\u00f1os al otro, lo cual deriva del postulado de la buena fe, vale decir, de la probidad, la rectitud y el no abuso del derecho. <\/p>\n

Sobre esa base, se ha sentado la necesidad de conceder al preavisado un tiempo proporcional, justo y razonable para el despliegue de actuaciones adecuadas y oportunas, el cual, cuando la ley no lo ha determinado, deber\u00e1 atender la antig\u00fcedad, la continuidad, la utilidad y el inter\u00e9s de las partes en el negocio. <\/p>\n

3.3.2.\tLo explicado tiene cabida, con mayor raz\u00f3n, en el contrato de suministro sin duraci\u00f3n estipulada, por mediar advertencia legal expresa del art\u00edculo 977 del estatuto comercial, seg\u00fan el cual \u00abSi no se hubiere estipulado la duraci\u00f3n del suministro, cualquiera de las partes podr\u00e1 dar por terminado el contrato, dando a la otra preaviso en el t\u00e9rmino pactado o en el establecido por la costumbre o, en su defecto, con una anticipaci\u00f3n acorde con la naturaleza del suministro\u00bb. <\/p>\n

Sobre el particular, el tratadista argentino Ricardo Luis Lorenzetti ense\u00f1a: <\/p>\n

\u00abSiendo un contrato de larga duraci\u00f3n tiene relevancia la consideraci\u00f3n de la rescisi\u00f3n unilateral incausada. Si el proveedor hace uso de esta facultad pactada puede ocasionar grandes p\u00e9rdidas al suministrado porque \u00e9ste se queda sin los insumos en forma imprevista, desarticul\u00e1ndose su negocio. Si el suministrado es quien la utiliza, puede causar da\u00f1os al proveedor si \u00e9ste ha efectuado inversiones importantes (ampliaci\u00f3n de la planta, compra de materias primas) en previsi\u00f3n de futuras entregas que se producir\u00e1n. Por ello, y de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema [de Argentina], debe efectuarse un preaviso cuya extensi\u00f3n debe estar en relaci\u00f3n a la antig\u00fcedad que tiene la relaci\u00f3n y a la posibilidad de amortizar las inversiones\u00bb4. <\/p>\n

Adicional a lo expuesto, los art\u00edculos 977 y 973 del C\u00f3digo de Comercio, establecen reglas que permiten la terminaci\u00f3n unilateral del contrato de suministro, mediando incumplimiento. <\/p>\n

As\u00ed, el primero de ellos, consagr\u00f3 que \u00ab[e]l incumplimiento de una de las partes relativo a alguna de las prestaciones, conferir\u00e1 derecho a la otra para dar por terminado el contrato, cuando ese incumplimiento le haya ocasionado perjuicios graves o tenga cierta importancia, capaz por s\u00ed solo de mermar la confianza de esa parte en la exactitud de la otra para hacer los suministros sucesivos.\u00bb, y el segundo, estableci\u00f3 que \u00abEn ning\u00fan caso el que efect\u00faa el suministro podr\u00e1 poner fin al mismo, sin dar aviso al consumidor como se prev\u00e9 en el art\u00edculo precedente.\u00bb <\/p>\n

Las normas transcritas implican, de un lado, que el incumplimiento grave o, al menos, importante, autoriza la terminaci\u00f3n del suministro y, de otro, que si el proveedor es el damnificado, para poder acudir a la se\u00f1alada posibilidad, debe dar aviso al suministrado. <\/p>\n

En ese orden, es claro que al proveedor le corresponde notificar la terminaci\u00f3n al consumidor, no obstante el incumplimiento de \u00e9ste, lo cual, como ya se expuso, requiere la fijaci\u00f3n de un t\u00e9rmino suficiente, en ausencia de uno legal. <\/p>\n

Tales caracter\u00edsticas -suficiencia y sensatez de la comunicaci\u00f3n- est\u00e1n vinculadas con el plazo prudencial para la satisfacci\u00f3n del suministro, por expresa remisi\u00f3n del canon 973 al art\u00edculo 972 del estatuto mercantil, del siguiente tenor: \u00abCuando se deje a una de las partes el se\u00f1alamiento de la \u00e9poca en que cada prestaci\u00f3n debe efectuarse, estar\u00e1 obligada a dar preaviso prudencial a la otra de la fecha en que debe cumplirse la correspondiente prestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el plazo razonable para anunciar la terminaci\u00f3n anticipada del convenio puede definirse previa y expresamente o, en su defecto, establecerse siguiendo los mismos criterios dispuestos para el cumplimiento de las prestaciones propias del contrato de suministro. <\/p>\n

De lo expuesto, se colige que el contrato de suministro puede terminar en forma unilateral, cuando no tiene duraci\u00f3n estipulada y a pesar del cabal cumplimiento de las prestaciones, si el contratante preavisa al otro, para lo cual debe contemplar o aludir a un plazo razonable y suficiente, acorde con la naturaleza del suministro, como lo dispone el canon 977 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n

Ahora bien, cuando la finalizaci\u00f3n tiene como causa el incumplimiento contractual, el proveedor debe acudir a un desahucio de similares ribetes, como lo prescribi\u00f3 el legislador en los preceptos 973 y el 972 de la codificaci\u00f3n comercial. <\/p>\n

2. An\u00e1lisis del caso concreto. <\/p>\n

3.4.1.\tNormativa aplicable en cuanto al incumplimiento del suministro. <\/p>\n

3.4.1.1.\tEl recurrente denuncia la violaci\u00f3n directa de norma sustancial, en tanto el Tribunal analiz\u00f3 el incumplimiento que le endilg\u00f3 a la demandante, \u00aba la luz de la categor\u00edas conceptuales b\u00e1sicas del incumplimiento deducibles de los art\u00edculos 1546 y 1609 del C.C., cuando en verdad estas reglas resultaban absolutamente insuficientes para gobernar las relaciones entre el proveedor y el consumidor en el contrato de suministro.\u00bb, a lo cual agreg\u00f3 que \u00abomiti\u00f3 absolutamente las reglas especiales que instituyen el contrato de suministro\u00bb, am\u00e9n de la violaci\u00f3n del art\u00edculo 5 de la Ley 57 de 1887, \u00abcon sujeci\u00f3n a la cual la ley especial prevalece sobre la ley general.\u00bb <\/p>\n

Resulta claro que el Tribunal examin\u00f3 la excepci\u00f3n de contrato no cumplido bajo la \u00f3ptica de las normas generales del C\u00f3digo Civil, art\u00edculos 1546 y 1609, sin alusi\u00f3n a los postulados normativos de los c\u00e1nones 973 y 977 del C\u00f3digo de Comercio, pero esa circunstancia no constituye, per se, violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos citados en la demanda de casaci\u00f3n, dado que el genuino sentido de ambas legislaciones demanda la presencia de incumplimiento resolutorio, esto es, importante y trascendente, que mine la utilidad del negocio. <\/p>\n

3.4.1.2. Puestas de tal manera las cosas, se entiende que paralelo al concepto de cumplimiento, referido a la actividad del deudor, espec\u00edficamente al pago o ejecuci\u00f3n de su deber de prestaci\u00f3n (art. 1626 del C. C.), corre en el otro v\u00e9rtice el de incumplimiento, que genera la frustraci\u00f3n del acreedor por no haberlo recibido, \u00abbajo todos los respectos de conformidad al tenor de la obligaci\u00f3n\u00bb (art. 1627 del C. C.). <\/p>\n

Por tanto, cuando el incumplimiento aflora o se presenta, el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil autoriza al acreedor para que por intermedio de las autoridades judiciales competentes, obtenga la resoluci\u00f3n de la convenci\u00f3n, al tiempo que puede constituir motivo v\u00e1lido para su terminaci\u00f3n unilateral. <\/p>\n

Es claro que no todo incumplimiento por parte de uno de los contratantes conduce a la resoluci\u00f3n o a la terminaci\u00f3n del convenio. Pensar lo contrario, ser\u00eda tanto como desconocer el principio de mantenimiento de los contratos, cuyo significado no es otro que tratar de prolongar la vigencia del pacto, por supuesto si es v\u00e1lido, en orden a su ejecuci\u00f3n, con preferencia a la alternativa de finalizarlo. <\/p>\n

Esa regla principal ha sido considerada por la doctrina extranjera, por mediaci\u00f3n de Luis D\u00edez-Picazo, quien se\u00f1ala que \u00abNo se resuelven las obligaciones porque los incumplimientos hayan sido culpables. Se resuelven porque (y cuando) la resoluci\u00f3n es un remedio perfectamente razonable (o, incluso, necesario) frente al incumplimiento. Y ello ocurre lo mismo si el incumplimiento es culpable que si no lo es. Los casos relativos a la imposibilidad sobrevenida fortuita, que m\u00e1s adelante se examinar\u00e1n, son una prueba palmaria, si no fuera suficiente el hecho de que el art. 124 CC contempla el incumplimiento, pero no su imputabilidad.\u00bb5 <\/p>\n

Adem\u00e1s, esta Sala ha mantenido una l\u00ednea jurisprudencial respecto al citado principio, que en SC 18 dic. 2009, rad. 1996-09616, confirm\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u00ab[E]s bien sabido que la expresi\u00f3n incumplimiento tiene un significado t\u00e9cnico preciso en derecho, en cuanto que con ella se hace referencia a la desatenci\u00f3n por parte del deudor de sus deberes de prestaci\u00f3n, que tiene como consecuencia la insatisfacci\u00f3n del inter\u00e9s del acreedor; se alude, igualmente, incluso a nivel legal, a diversas formas de incumplimiento, ya sea total y definitivo, cumplimiento defectuoso, cumplimiento parcial o retardo (arts. 1613 y 1614 del C.C.). Sin embargo no toda separaci\u00f3n por parte del deudor respecto del \u2018programa obligacional\u2019 previamente establecido, permite poner en funcionamiento los mecanismos encaminados a extinguir la relaci\u00f3n que une al obligado con el acreedor \u2013particularmente la resoluci\u00f3n contractual-, toda vez que, en ciertas ocasiones, retrasos en el cumplimiento o cumplimientos parciales, que en principio podr\u00edan dar lugar a la resoluci\u00f3n contractual, no se consideran de entidad suficiente como para justificar tan radical determinaci\u00f3n, en cuanto se podr\u00edan producir con ello situaciones inequitativas, facilitar ejercicios abusivos o contrarios a la buena fe de la se\u00f1alada facultad resolutoria, adem\u00e1s de afectarse el principio de conservaci\u00f3n del contrato. <\/p>\n

Como se puede observar, la jurisprudencia vigente de la Corporaci\u00f3n considera que el cumplimiento tard\u00edo o extempor\u00e1neo de la obligaci\u00f3n no impide que el contratante cumplido pueda ejercer la acci\u00f3n resolutoria del contrato, particularmente cuando el plazo pactado \u2013y desatendido- se pueda considerar esencial, esto es, en aquellos casos en los que la ejecuci\u00f3n de la prestaci\u00f3n con posterioridad a una cierta oportunidad sea ya in\u00fatil al acreedor en cuanto que su inter\u00e9s en el derecho de cr\u00e9dito ha sido definitivamente lesionado, o cuando el incumplimiento genera una frustraci\u00f3n del fin pr\u00e1ctico perseguido por las partes en el negocio, o, por \u00faltimo, cuando se pueda observar un razonable inter\u00e9s en la resoluci\u00f3n del contrato. Contrario sensu, si las circunstancias del caso concreto permiten concluir que la ejecuci\u00f3n retardada de las obligaciones del contratante demandado no presenta caracter\u00edsticas como las anteriormente mencionadas, en cuyo caso, se precisa, se puede considerar que el incumplimiento no tiene la gravedad o la entidad como para ser considerado un incumplimiento resolutorio, criterios como la equidad o la prevenci\u00f3n del abuso del derecho, y la aplicaci\u00f3n del principio de conservaci\u00f3n de los contratos, hacen aconsejable que no se deba estimar la pretensi\u00f3n resolutoria en esas condiciones puesta a consideraci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia.\u00bb <\/p>\n

Deviene de lo precedente, que para la viabilidad de la acci\u00f3n de resoluci\u00f3n de contrato o, en general, para su terminaci\u00f3n anticipada o unilateral, se requiere del incumplimiento de uno de los contratantes de las prestaciones a su cargo, mientras el otro, por su parte, ha observado lo que le correspond\u00eda o, al menos, ha procurado su cumplimiento en la forma y tiempo debidos. <\/p>\n

Adem\u00e1s, precisa que la inobservancia por parte del otro contratante sea de aquellas que reducen o eliminan la utilidad de la convenci\u00f3n, o se concentran en el objeto principal del contrato, o se trata de un compromiso que actualmente no se puede satisfacer, puesto que si no hay incumplimiento del objeto primario y esencial del convenio, o no se da al traste con el fin pr\u00e1ctico de la convenci\u00f3n, no es viable su resoluci\u00f3n ni su terminaci\u00f3n. <\/p>\n

De ese modo, con observancia de las normas, bien del C\u00f3digo Civil o las pautas del C\u00f3digo de Comercio previstas para el suministro, el incumplimiento que permite la resoluci\u00f3n contractual, que autoriza la alegaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de contrato no cumplido, y, que viabiliza la terminaci\u00f3n unilateral de la convenci\u00f3n, debe ser grave, es decir, un aut\u00e9ntico incumplimiento resolutorio que, de suyo, afecte la utilidad del contrato o revista una importancia que merme la confianza del otro contratante. <\/p>\n

As\u00ed que, haber decidido la apelaci\u00f3n con base en las normas generales del C\u00f3digo Civil ya citadas, formalmente constituye desconocimiento de las preceptivas especiales mercantiles; pero, con unas u otras, se tendr\u00eda que arribar a la misma conclusi\u00f3n, es decir, que para la resoluci\u00f3n del contrato o para su terminaci\u00f3n anticipada se requiere que una de las partes lo incumpla; pero, adem\u00e1s, que ese incumplimiento revista una importancia tal, que afecte la confianza del contratante cumplido o la utilidad del negocio. <\/p>\n

Dicho en otros t\u00e9rminos, en rigor jur\u00eddico, lo correcto era resolver esa parte del conflicto aqu\u00ed planteado con apoyo en las normas especiales del C\u00f3digo de Comercio; pero, debe insistirse, unas y otras llevaban a id\u00e9ntico resultado; luego, el yerro denunciado es del todo intrascendente. <\/p>\n

3.4.1.3.\tDe otro lado, es claro que apoyar la terminaci\u00f3n de un contrato de suministro en un incumplimiento leve, no resolutorio, constituir\u00eda un abuso del derecho. Sin embargo, el Tribunal no adujo que el incumplimiento enrostrado a la entonces demandante, Av\u00edcola Pollo Estrella S.A.S., fuera menor, o que aun siendo poco significativo, bastara para esa finalidad. <\/p>\n

Si se revisa detenidamente la sentencia de segundo grado, se advierte que el ad quem, al referirse a la supuesta insatisfacci\u00f3n prestacional por la demandada, \u00aben consideraci\u00f3n a que suspendi\u00f3 el suministro de pollo sin justificaci\u00f3n\u00bb, estim\u00f3 que \u00abfue Av\u00edcola Pollo Estrella S.A.S., quien primeramente se sustrajo de cumplir con sus obligaciones contractuales al incurrir en mora en el pago de la obligaci\u00f3n dineraria que ten\u00eda para con su co-contratante\u00bb. <\/p>\n

En ese orden, el Juzgador de segunda instancia no calific\u00f3 en forma expresa el incumplimiento que le atribuy\u00f3 a la recurrente; pero, impl\u00edcitamente aparece clara y obvia esa cualificaci\u00f3n, especialmente considerando que se trata de obligaciones nucleares del contrato. <\/p>\n

3.4.2.\tR\u00e9gimen del preaviso. <\/p>\n

Ahora bien, respecto de otro aspecto cuestionado, cabe decir que en sus consideraciones la sentencia objeto de casaci\u00f3n no adujo que la terminaci\u00f3n del suministro fuera posible sin un preaviso razonable. Al contrario, indic\u00f3 que \u00abno es de recibo afirmar que la suspensi\u00f3n del suministro se produjo sin previo aviso e injustificadamente, si se observa la comunicaci\u00f3n de 21 de noviembre de 2013 [\u2026] la que el Gerente General de Tri\u00e1ngulo Pollo Rico le remiti\u00f3 a Av\u00edcola Pollo Estrella [\u2026] en la que se puso de presente que \u2018en caso de que la empresa Av\u00edcola Pollo Estrella S.A.S. no realice el pago del producto programado de acuerdo a las condiciones aqu\u00ed estipuladas, la empresa Tri\u00e1ngulo Pollo Rico S.A. no estar\u00e1 en la obligaci\u00f3n de despacharle el producto y, por el contrario, proceder\u00e1 de inmediato a realizar el cobro de la totalidad de la cartera que se adeude\u2019\u00bb. <\/p>\n

De manera que para el ad quem era imperioso el desahucio y, en su criterio, lo encontr\u00f3 satisfecho en la aludida misiva de 21 de noviembre de 2013, circunstancia que impide considerar que se present\u00f3 una violaci\u00f3n directa de los preceptos 973 y 977 del C\u00f3digo de Comercio, consagratorios de la necesidad del aviso. <\/p>\n

Mem\u00f3rese que tal causal se configura, en el evento de no tener en cuenta la disposici\u00f3n legal adecuada para resolver el caso, o por aplicar un precepto ajeno a la controversia, o cuando a pesar de ser la norma regulatoria del asunto materia del litigio, se le da un alcance que no corresponde a su correcto sentido jur\u00eddico. <\/p>\n

En este caso, m\u00e1s all\u00e1 de que no hubo expresa menci\u00f3n de los citados art\u00edculos, finalmente fueron aplicados en el sentido de haberse analizado la existencia del preaviso que esas pautas exigen. As\u00ed las cosas, si para el Tribunal la sociedad Tri\u00e1ngulo Pollo Rico S.A. envi\u00f3 un aviso prudencial a la sociedad Av\u00edcola Pollo Estrella S.A.S., alusivo a la terminaci\u00f3n del contrato, y encontr\u00f3 que \u00e9sta incumpli\u00f3 una de las obligaciones basilares del contrato de suministro, resulta inviable estimar que el ad quem vulner\u00f3 en forma directa las reglas sustanciales aludidas; y, todav\u00eda si se aceptara que cometi\u00f3 ese dislate, lo cierto es que carecer\u00eda de toda trascendencia, porque la decisi\u00f3n seguir\u00eda siendo la misma. <\/p>\n

3. Estudio del cargo \tsegundo. <\/p>\n

4.1.\tEn el segundo de los cuestionamientos, con apoyo en la misma tem\u00e1tica del preaviso, el recurrente adujo que la supuesta confesi\u00f3n del representante legal de la parte actora no pod\u00eda analizarse en forma aislada, sino a la luz de las dem\u00e1s pruebas del proceso ejecutivo, allegado en copia, \u00abque de haberlas considerado le habr\u00edan llevado a una conclusi\u00f3n distinta\u00bb. <\/p>\n

Arguy\u00f3, igualmente, que el pagar\u00e9 otorgado en medio de la ejecuci\u00f3n del contrato, el cual, adem\u00e1s, sirvi\u00f3 de soporte a la ejecuci\u00f3n citada, constitu\u00eda el medio de pago de las prestaciones cuyo supuesto incumplimiento habr\u00eda conducido a la terminaci\u00f3n del convenio, raz\u00f3n por la cual no se habr\u00eda presentado falta alguna de su parte. <\/p>\n

De otro lado, se denunci\u00f3 que el ad quem inobserv\u00f3 la naturaleza de tracto sucesivo del contrato, en cuya ejecuci\u00f3n se pact\u00f3 que el pago del suministro se har\u00eda mediante el otorgamiento de un cr\u00e9dito rotativo y cupos sucesivos de endeudamiento. De ese modo, una prestaci\u00f3n pendiente, relativa a cierta cantidad de mercanc\u00edas, no supon\u00eda violaci\u00f3n de la convenci\u00f3n, m\u00e1s aun cuando la soluci\u00f3n a plazos se encontraba ampliamente garantizada. <\/p>\n

Para terminar, el impugnante se refiri\u00f3 a la misiva de 21 de noviembre de 2013, para sostener que \u00e9sta, de ninguna manera, equival\u00eda a un preaviso prudencial. <\/p>\n

4.2.\tDesde ya se anticipa que el cargo no puede abrirse paso, pues al margen de la existencia de los yerros f\u00e1cticos denunciados, lo cierto es que la censura carecer\u00eda de trascendencia para modificar el sentido de lo decidido por el ad quem, en forma favorable a los intereses del casacionista. <\/p>\n

La jurisprudencia de la Sala ha admitido que la terminaci\u00f3n unilateral e intempestiva de contratos de suministro puede constituir un incumplimiento contractual, en tanto que \u00abcuando la finalizaci\u00f3n se produce sin un aviso previo, se genera o compromete al distribuidor, quien por lo imprevisto de la noticia, no alcanza a ajustar, con la misma celeridad, su organizaci\u00f3n, lo que, en l\u00ednea general, le impacta de manera negativa, pues abruptamente ve limitados sus ingresos no obstante mantener la misma organizaci\u00f3n, lo que, muy seguro, le prevendr\u00e1 para liquidar personal, activos, etc.\u00bb. (CSJ SC5851-2014, ya citada). <\/p>\n

Sin embargo, la simple inobservancia contractual no franquea el paso a las pretensiones indemnizatorias, pues como lo tiene sentado la Corte en asuntos similares a este, <\/p>\n

\u00abaun cuando en la acci\u00f3n de incumplimiento contractual es dable reclamar el reconocimiento de los perjuicios, en su doble connotaci\u00f3n de da\u00f1o emergente y lucro cesante, no lo es menos que para ello resulta ineludible que el perjuicio reclamado tenga como causa eficiente aquel incumplimiento, y que los mismos sean ciertos y concretos y no meramente hipot\u00e9ticos o eventuales, teniendo el reclamante la carga de su demostraci\u00f3n, como ha tenido oportunidad de indicarlo, de manera reiterada, esta Corporaci\u00f3n, se\u00f1alando que \u00abdentro del concepto y la configuraci\u00f3n de la responsabilidad civil, es el da\u00f1o un elemento primordial y el \u00fanico com\u00fan a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ah\u00ed que no se d\u00e9 responsabilidad sin da\u00f1o demostrado, y que el punto de partida de toda consideraci\u00f3n en la materia, tanto te\u00f3rica como emp\u00edrica sea la enunciaci\u00f3n, establecimiento y determinaci\u00f3n de aqu\u00e9l, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquiera acci\u00f3n indemnizatoria\u00bb (Sent. Cas. Civ. de 4 de abril de 1968, G.J. CXXIV, P\u00e1g. 62, reiterada en Sent. Cas. Civ. de 17 de julio de 2006, Exp. No. 02097-01)\u201d (Sent. Cas. Civ. de 9 de noviembre de 2006, Exp. 2003-00015-01)\u00bb (CSJ CS170-2018, 15 feb.). <\/p>\n

4.3.\tPara el impugnante, el ad quem incurri\u00f3 en un yerro de valoraci\u00f3n al dar a la misiva de 21 de noviembre de 2013 el alcance de un preaviso, sin reparar en que el texto de la misma no explicita la intenci\u00f3n de poner fin al contrato, sino que advierte que de no efectuarse el pago de la mercanc\u00eda entregada, \u00abTri\u00e1ngulo Pollo Rico S.A. no estar\u00e1 en la obligaci\u00f3n de despacharle el producto y por el contrario proceder\u00e1 de inmediato a realizar el cobro de la totalidad de la cartera\u00bb. <\/p>\n

Y en esto le asiste raz\u00f3n, pues del texto de esa comunicaci\u00f3n (visible a f. 31, cdno. 5) se puede inferir que la accionada ten\u00eda varios prop\u00f3sitos: el primero, anunciar el aumento del cupo de cr\u00e9dito hasta por $600.000.000; el segundo, informar de nuevas condiciones para efectos del suministro, valor a facturar y aplicaci\u00f3n de los pagos que se fueran presentando. Y, finalmente, advertir que de no realizarse el pago del producto \u00abde acuerdo a las condiciones ac\u00e1 estipuladas\u00bb, no habr\u00eda obligaci\u00f3n de continuar los despachos. <\/p>\n

En ese orden, la comunicaci\u00f3n comportaba la fijaci\u00f3n de unas pautas para la ejecuci\u00f3n subsiguiente del contrato y en ella, adem\u00e1s, se efectuaba un requerimiento de pago con una advertencia seg\u00fan la cual, de no atenderse a lo conminado, se podr\u00eda terminar la relaci\u00f3n comercial. Sin embargo, en modo alguno esa notificaci\u00f3n equival\u00eda a un desahucio en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 977 y 973 de la legislaci\u00f3n mercantil. <\/p>\n

Advi\u00e9rtese, adem\u00e1s, que en la intimaci\u00f3n no se indica un momento de terminaci\u00f3n del convenio, ni siquiera cuando se dejar\u00eda de despachar por efecto del no pago de las prestaciones, ni cuando empezaban a regir las nuevas condiciones, que inclu\u00edan un pago en efectivo y diario, ni tampoco al cuanto tiempo, contado desde la satisfacci\u00f3n reclamada de las consignaciones aludidas, se entend\u00eda saneada la cartera. <\/p>\n

Luego, claramente la parte proveedora exig\u00eda que el pago del suministro se efectuara de otra manera, esto es, en efectivo y a diario, para sanear el cr\u00e9dito, so pena de interrumpir los despachos, se puede advertir que la intenci\u00f3n primaria no era la de avisar la terminaci\u00f3n de la convenci\u00f3n, sino la de continuarla, pero con cambios, como los all\u00ed consignados, y, a\u00fan en el evento de serlo, no cumple los requisitos del requerimiento. <\/p>\n

De ese modo, no se pod\u00eda concebir un aut\u00e9ntico desahucio, mucho menos completo, por lo que haber concluido que la misiva de 21 de noviembre de 2013 ten\u00eda esas implicaciones es un dislate manifiesto, el cual es inicialmente trascendente porque de no haber incurrido en ese error se habr\u00eda concluido que la terminaci\u00f3n del contrato, provocada por Tri\u00e1ngulo Pollo Rico S.A., desconoc\u00eda mandatos imperativos, como los se\u00f1alados en los art\u00edculos 977, 973 y 972 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n

Todo esto sin que sobre reparar en que el suministro se dio ininterrumpidamente hasta julio de 2014, de donde la demandante pod\u00eda interpretar que el desarrollo del convenio iba a continuar; pues, de un lado, ese moj\u00f3n final no emerge de la comentada carta de noviembre de 2013 y, de otro, porque la proveedur\u00eda sigui\u00f3 su curso, no obstante que la demanda ejecutiva se present\u00f3 en marzo de 2014; es decir, si el impago era el detonante de la terminaci\u00f3n, al final la realidad muestra otra cosa y es que, pese a ello, el contrato se estaba ejecutando consecutivamente. <\/p>\n

4.4.\tPor esa misma v\u00eda, se admite que se interpret\u00f3 en forma excesivamente literal la respuesta (\u00absi es cierto\u00bb) que el representante legal de la recurrente dio a la pregunta \u00ab[d]iga c\u00f3mo es cierto, s\u00ed o no, que la empresa que usted representa debe a TRI\u00c1NGULO POLLO RICO por la venta de pollo fresco en canal con v\u00edsceras 615 millones\u00bb, pues \u2013eventualmente\u2013 lo confesado pudo hacer referencia al cupo de cr\u00e9dito rotativo otorgado por la demandada a Av\u00edcola Pollo Estrella S.A.S., de modo tal que esa declaraci\u00f3n no correspond\u00eda con la admisi\u00f3n de un supuesto de mora contractual. <\/p>\n

De hecho, esta inferencia parece plausible, en la medida que en la pregunta no se especifica la fecha para la cual se encontraba consolidada esa suma de dinero ni el momento en que la misma deb\u00eda ser cubierta, en orden a permitir un an\u00e1lisis m\u00e1s profundo y expedito del hecho auscultado relativo al incumplimiento contractual. <\/p>\n

Y si en gracia de discusi\u00f3n resultara viable asumir ver\u00eddica la confesi\u00f3n acerca de la existencia de la obligaci\u00f3n insatisfecha, podr\u00eda ser necesario establecer si, en el contexto negocial antes descrito, una prestaci\u00f3n pendiente de seiscientos quince millones de pesos, apenas superior al cupo de cr\u00e9dito admitido por el proveedor, resultaba grave o resolutoria, dadas las precisiones vertidas en el 3.4.1.2. supra. <\/p>\n

4.6.\tSin embargo, aunque esos eventuales errores de hecho probatorios pudieran juzgarse como evidentes, no hay lugar a casar la sentencia impugnada, porque la Sala, actuando como juez de instancia, carecer\u00eda de elementos para modificar la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el ad quem. <\/p>\n

Quien acude a la jurisdicci\u00f3n a reclamar su intervenci\u00f3n para la dispensa de una determinada tutela jur\u00eddica, no puede limitarse \u00fanicamente a pedir; es necesario que sustente su reclamaci\u00f3n en una causa f\u00e1ctica que reproduzca la hip\u00f3tesis general, impersonal y abstracta consagrada en la ley, para tener derecho a la consecuencia all\u00ed prevista, es justamente lo que se plantea al juez en forma de pretensi\u00f3n. <\/p>\n

Surge as\u00ed la primera carga procesal para la parte actora \u2013la de afirmar los hechos en que funda su petitum\u2013 que consagraba el art\u00edculo 75, numeral 6, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (vigente para la \u00e9poca de iniciaci\u00f3n de este litigio), en el cual se ordenaba que toda demanda \u00abdeber\u00e1 contener:\u00bb \u00ab[l]os hechos que le sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.\u00bb (Subrayas a prop\u00f3sito). <\/p>\n

En este caso, ni siquiera se cumpli\u00f3 con la carga de afirmar los hechos relativos a los perjuicios cuya indemnizaci\u00f3n se reclama, causados con la terminaci\u00f3n unilateral e injusta del contrato de suministro, en la forma como est\u00e1 ordenado en el citado art\u00edculo 75, numeral 6 del estatuto instrumental civil. <\/p>\n

Efectivamente, como consecuencia de la abrupta terminaci\u00f3n del contrato, cuya declaraci\u00f3n se demand\u00f3, la sociedad accionante reclam\u00f3 el pago de una indemnizaci\u00f3n fincada en que \u00abTRI\u00c1NGULO POLLO RICO S.A. es el \u00fanico proveedor que tiene AV\u00cdCOLA POLLO ESTRELLA S.A.S. y desde el 1 de julio de 2014 resolvi\u00f3 no volver a despachar los pedidos diarios, lo cual ha representado la par\u00e1lisis de la empresa y una p\u00e9rdida diaria, como se ve reflejado en la certificaci\u00f3n y en el documento denominado \u2018relaci\u00f3n de gastos de julio a diciembre 2014\u2019, expedido por el representante legal, la contadora y el revisor fiscal de la empresa AV\u00cdCOLA POLLO ESTRELLA\u00bb, variable que seguidamente cuantific\u00f3 en la forma descrita en los albores de este prove\u00eddo, pero sin indicaci\u00f3n de los conceptos o elementos que los conforman. En otros t\u00e9rminos, apenas aparecen unas cifras que no est\u00e1n vinculadas a ning\u00fan episodio espec\u00edfico respecto del cual se pueda cumplir actividad probatoria. <\/p>\n

Por otro lado, la cuestionada omisi\u00f3n de afirmaci\u00f3n del hecho concreto no se sanea con la remisi\u00f3n a los dos documentos all\u00ed mencionados, por dos razones b\u00e1sicas: la primera, es que no se trata de un registro contable que satisfaga los requisitos m\u00ednimos para darle validez como tal; y la segunda, es que quienes lo firman como contadora y revisor fiscal no tienen identificaci\u00f3n alguna que acredite sus calidades; ni siquiera se indic\u00f3 sus n\u00fameros de c\u00e9dula de ciudadan\u00eda. Pero, adem\u00e1s, tampoco all\u00ed se disipa esa vaguedad e indeterminaci\u00f3n de los hechos relativos a los gastos. Era necesario relacionarlos en forma precisa y detallada, de manera tal que pudieran confrontarse y constatarse con un dictamen pericial o con la aportaci\u00f3n de los correspondientes libros de contabilidad. <\/p>\n

Si se analiza detenidamente esa \u00abrelaci\u00f3n de gastos de julio a diciembre 2014\u00bb a la que alude el censor, es notorio que en \u00e9sta simplemente se relacionan una serie de \u00edtems cuyo quantum se anota para cada mes comprendido en el rango de fechas mencionado, esto es, entre julio y diciembre de 2014. Pero ese texto no est\u00e1 soportado en los asientos contables, libros de comercio, balance general, entre otros, que permitan advertir la veracidad de las cifras y sobre todo, la causaci\u00f3n del da\u00f1o demandado, que entonces no estar\u00eda acreditado. <\/p>\n

Todo ello, porque dicha informaci\u00f3n no fue aportada en el curso del proceso, no obstante encontrarse en poder de la demandante, por constituir los informes naturales de su actividad comercial, de obligatoria elaboraci\u00f3n y seguimiento, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 48 y siguientes del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n

Ciertamente, la estimaci\u00f3n de gastos de personal, pago de honorarios, impuestos, servicios p\u00fablicos domiciliarios, entre otros rubros incluidos en la \u00abrelaci\u00f3n de gastos de julio a diciembre 2.014\u00bb elaborada por la sociedad actora, deber\u00edan tener necesario reflejo en sus libros de comercio, y contar con el respaldo de los soportes que correspondan seg\u00fan los principios de contabilidad generalmente aceptados. <\/p>\n

Por ende, la absoluta ausencia de medios de prueba relacionados con esas erogaciones hace imposible concluir que la terminaci\u00f3n del contrato de suministro conllevara los gastos cuyo reconocimiento y pago se reclama, m\u00e1xime si se repara que algunos de esos gastos tampoco parecen tener relaci\u00f3n con el comentado suceso, como ocurre, por v\u00eda de ejemplo, con la \u00abadecuaci\u00f3n de instalaciones\u00bb, los \u00abservicios de mantenimiento\u00bb o los \u00abgastos de viaje\u00bb que se incluyeron, sin mayores detalles, en la citada \u00abrelaci\u00f3n de gastos de julio a diciembre 2.014\u00bb. <\/p>\n

A lo anterior cabe a\u00f1adir que, adem\u00e1s de intentar constituir con su dicho la prueba de su perjuicio, afirmarlo de manera gen\u00e9rica y no adjuntar ning\u00fan soporte que pudiera apuntalarlo, tampoco se hizo ning\u00fan esfuerzo por demostrar la par\u00e1lisis de la actividad de comercializaci\u00f3n de pollo, desarrollada por Av\u00edcola Pollo Estrella S.A.S., ni la imposibilidad de conseguir otro proveedor para continuar con su objeto social. <\/p>\n

Existe, adem\u00e1s, una manifiesta contradicci\u00f3n entre lo afirmado en la demanda y el contenido del documento cuestionado, porque si hubo par\u00e1lisis de la empresa, no resulta comprensible que hubiese incurrido en gastos como de transporte y pago de impuestos, entre otros, despu\u00e9s de haber iniciado la suspensi\u00f3n de despachos por parte de la demandada. <\/p>\n

En otras palabras, s\u00f3lo se alude a la generaci\u00f3n de unas erogaciones, pero sin soporte alguno, lo cual conduce a concluir que el da\u00f1o cuya indemnizaci\u00f3n se persigue, no fue acreditado fehacientemente, de modo que la sentencia que habr\u00eda de dictarse en sede de instancia tendr\u00eda que confirmar la negativa de la pretensi\u00f3n estudiada, tal como en efecto decidi\u00f3 el Tribunal en este evento. <\/p>\n

Por consiguiente, m\u00e1s all\u00e1 del dislate, resulta improcedente casar la sentencia objeto de recurso extraordinario, dada la intrascendencia definitiva del mismo. <\/p>\n

3. An\u00e1lisis \tconjunto de los cargos tercero, cuarto, y quinto. <\/p>\n

1. S\u00edntesis \t\tde las censuras. <\/p>\n

En los cargos tercero, cuarto y quinto se indica que la sentencia del Tribunal desconoci\u00f3 (en forma directa, el 3\u00ba y el 4\u00ba; e indirecta en el 5\u00ba) los art\u00edculos 880, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 977 y 980 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como los preceptos 332 y 512 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y 303 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

En suma, refiri\u00f3 que el Tribunal hab\u00eda subsumido todo el debate sobre la diferencia de precios y cantidades entregadas y cobradas, a la necesidad de haber ventilado esas circunstancias en el proceso ejecutivo, por lo cual la sentencia all\u00ed dictada extingui\u00f3 la jurisdicci\u00f3n del Estado. De ese modo, sostuvo que \u00absi el Tribunal no hubiera aplicado indebidamente la regla de la cosa juzgada, la demandante no hubiera sido privada del derecho a reclamar por los precios y las cantidades entregadas ni a rectificar cualquier finiquito dado en un contrato de larga duraci\u00f3n como manda el art\u00edculo 880 del C\u00f3digo de Comercio y las dem\u00e1s normas anunciadas en la censura\u00bb. <\/p>\n

De otro lado, esgrimi\u00f3 que no era posible reclamar en el proceso ejecutivo la indemnizaci\u00f3n derivada de la imposici\u00f3n de un precio excesivo y la merma del peso, ni pod\u00eda declararse la excepci\u00f3n de cosa juzgada con base en una sentencia anterior, no ejecutoriada, adem\u00e1s de que el proceso ejecutivo no permit\u00eda el escrutinio de todo el contrato de suministro. <\/p>\n

2. Rectificaci\u00f3n \t\tdel finiquito contractual. <\/p>\n

1. Concepto. \t <\/p>\n

El finiquito contractual es el resultado de la liquidaci\u00f3n del v\u00ednculo negocial, que puede ser total o parcial, en tanto implica establecer el monto que una parte debe pagar a la otra, o ha pagado ya, como consecuencia de lo sucedido durante la ejecuci\u00f3n del contrato. De ese modo, la liquidaci\u00f3n est\u00e1 llamada a concluir el negocio mediante la determinaci\u00f3n concreta y clara de los aspectos t\u00e9cnicos, econ\u00f3micos y financieros que quedan pendientes, as\u00ed como de lo ejecutado y recibido a satisfacci\u00f3n. <\/p>\n

2. Oportunidad \t\t\tpara protestar el finiquito. \t <\/p>\n

No obstante lo anterior, pese su naturaleza conclusiva, el legislador estableci\u00f3 que los contratantes tienen la posibilidad de protestarlo. No de otro modo se entiende lo dispuesto en el art\u00edculo 880 del C. de Comercio, que en referencia a los contratos de colaboraci\u00f3n, que en esencia son de tracto sucesivo, consagra: \u00abEl comerciante, que al recibir una cuenta pague o d\u00e9 finiquito, no perder\u00e1 el derecho de solicitar la rectificaci\u00f3n de los errores, omisiones, partidas duplicadas u otros vicios de la cuenta.\u00bb <\/p>\n

3. Del proceso \t\tejecutivo. <\/p>\n

1. Objetivo \t\t\tprincipal del proceso ejecutivo. \t <\/p>\n

El proceso ejecutivo es una herramienta jur\u00eddica con directo poder coactivo, cuyo objetivo principal es obtener la plena satisfacci\u00f3n de una prestaci\u00f3n clara, expresa y exigible a favor del demandante, contenida en un documento emanado del deudor o su causante, que constituye plena prueba contra \u00e9l y re\u00fane los dem\u00e1s requisitos de ley. <\/p>\n

En consecuencia, el proceso ejecutivo tiene como prop\u00f3sito espec\u00edfico y esencial asegurar que el titular de una relaci\u00f3n jur\u00eddica obligacional pueda obtener, por medio de la intervenci\u00f3n jurisdiccional, el cumplimiento de ella, compeliendo al deudor a que, adem\u00e1s, cuando el orden jur\u00eddico lo autorice, indemnice los perjuicios que su inobservancia ocasion\u00f3, para lo cual el patrimonio del deudor es el llamado a responder, dada su calidad de prenda general (art. 2488 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n

Ugo Rocco, para determinar la utilidad del proceso ejecutivo expresa: \u00abEn su acepci\u00f3n general y gen\u00e9rica, el proceso de ejecuci\u00f3n sirve para indicar el fen\u00f3meno de desenvolvimiento de la funci\u00f3n jurisdiccional civil, cuando se dirige a la realizaci\u00f3n coactiva del derecho, judicialmente declarado cierto lo legalmente cierto\u00bb6. <\/p>\n

2. Finalidad \t\t\tadicional del proceso ejecutivo. \t <\/p>\n

De lo dicho en precedencia emana que el proceso ejecutivo no s\u00f3lo consiste en verificar la prestaci\u00f3n reclamada, en cuanto su claridad, vigencia, exigibilidad y certidumbre, sino que se ocupa directamente de su soluci\u00f3n efectiva, no obstante lo cual, para dejar a salvo la garant\u00eda de contradicci\u00f3n por v\u00eda de oposici\u00f3n, permite la proposici\u00f3n de excepciones, como adelante se indicar\u00e1, orientadas a analizar el m\u00e9rito del derecho y del t\u00edtulo que lo contiene. <\/p>\n

Por ello, Rocco ense\u00f1a que \u00abLas acciones ejecutivas no tienden, por consiguiente, a la mera declaraci\u00f3n de certeza del derecho (acci\u00f3n pura de declaraci\u00f3n de certeza), pues ellas presuponen ya declarado cierto o legalmente cierto, ni a una orden de prestaci\u00f3n, esto es, a una inyunci\u00f3n, por parte de los \u00f3rganos jurisdiccionales, al obligado (acci\u00f3n de condena), una vez declarado cierto el derecho, sino \u00fanicamente a la prestaci\u00f3n de la actividad jurisdiccional encaminada a la realizaci\u00f3n coactiva del derecho legalmente cierto\u00bb7. <\/p>\n

5.3.3. Mecanismos de defensa en el proceso ejecutivo. <\/p>\n

1. Excepciones \t\t\t\tperentorias y la cosa juzgada en este tipo de juicios. \t\t \t <\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de la finalidad del proceso ejecutivo, consistente, como se expuso, en la satisfacci\u00f3n \u00edntegra de una prestaci\u00f3n insoluta, en el otro extremo se advierte el derecho de los accionados a plantear hechos exceptivos, en busca de enervar la exigencia obligacional coactiva, bien para invocar su inexistencia, modificaci\u00f3n o terminaci\u00f3n. <\/p>\n

Tales mecanismos incorporan al proceso aspectos relativos a la relaci\u00f3n fundamental del cr\u00e9dito objeto de recaudo, de modo que el juzgador \u00abejerce una verdadera funci\u00f3n cognoscitiva desde que aquellos originan un contradictorio sobre la obligaci\u00f3n a propuesta del deudor como sujeto activo, frente al acreedor como sujeto pasivo\u00bb, seg\u00fan lo ense\u00f1a Morales Molina8. <\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, es claro que las excepciones buscan cuestionar lo pretendido, mediante el desconocimiento de la obligaci\u00f3n, su no surgimiento, modificaci\u00f3n, extinci\u00f3n o no exigibilidad, dado que media plazo o condici\u00f3n no cumplidos. Las primeras tienen un prop\u00f3sito definitivo, mientras que la \u00faltima apenas un car\u00e1cter temporal. <\/p>\n

El escrutinio de dichos mecanismos obliga a profundizar en el estudio de la relaci\u00f3n sustancial, cuando los exceptivos desconocen su existencia porque como lo dice Morales Molina, \u00ablas excepciones, consisten en todo hecho que pueda desconocer la existencia de la obligaci\u00f3n o declararla extinguida si alguna vez existi\u00f3 y afectan el fondo mismo del asunto, es decir, constituyen excepciones de m\u00e9rito, por lo cual quedan comprendidas las que algunos expositores denominan temporales (petici\u00f3n de modo indebido, petici\u00f3n antes de tiempo, de contrato no cumplido, etc.) y perpetuas, con su divisi\u00f3n consistente en las que desconocen la existencia de la obligaci\u00f3n (nulidad, dolo, error, fuerza, simulaci\u00f3n, etc.). Y las que la declaran extinguida si alguna vez existi\u00f3 (pago, remisi\u00f3n, compensaci\u00f3n, novaci\u00f3n, transacci\u00f3n, etc.)\u00bb9. <\/p>\n

Ahora, cuando el ejecutado pretende discutir los fundamentos de la ejecuci\u00f3n y, por tanto, plantea excepciones de m\u00e9rito, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha relievado el deber de proponer todas las defensas contra el t\u00edtulo ejecutivo, sin reserva de otros argumentos para fincar un nuevo proceso. <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u00abEn efecto, la evoluci\u00f3n legislativa en Colombia, el estudio arm\u00f3nico de las instituciones del proceso, y la jurisprudencia de la Corte, permiten afirmar, en l\u00ednea de principio, que el deudor debe proponer en el proceso ejecutivo todas las excepciones que pueda tener contra el t\u00edtulo ejecutivo. Razones de lealtad, de econom\u00eda procesal, pero fundamentalmente de seguridad jur\u00eddica, claman porque los reparos sobre la validez de un acto generador de obligaciones no sean resueltos por jueces distintos en escenarios procesales diferentes. As\u00ed, los institutos de la cosa juzgada, la suspensi\u00f3n por prejudicialidad y el pleito pendiente, vienen a ser el conjunto de instrumentos que la ley procesal ha establecido para garantizar que de una sola vez se ponga fin a la incertidumbre que se cierne sobre un contrato, pues si varios jueces de la misma jerarqu\u00eda son puestos en la posibilidad de emitir dict\u00e1menes contradictorios al respecto, en este caso acerca de la validez del t\u00edtulo hipotecario, el Derecho como herramienta social habr\u00e1 perdido la funci\u00f3n estabilizadora que est\u00e1 llamado a cumplir. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

La raz\u00f3n de los anteriores precedentes est\u00e1 justificada tambi\u00e9n en que la fase de conocimiento dentro del proceso ejecutivo, por su amplitud e importancia en la definici\u00f3n de las relaciones jur\u00eddicas, excluye el aplazamiento del debate sobre la validez y los efectos del t\u00edtulo ejecutivo presentado por el acreedor, de modo que tales materias quedan en principio reservadas al juez de la ejecuci\u00f3n\u00bb10 (Subrayas extra texto). <\/p>\n

En definitiva, todo cuanto concierne a la relaci\u00f3n subyacente de la cual diman\u00f3 el t\u00edtulo valor cuya ejecuci\u00f3n ha sido promovida por el beneficiario contra el obligado principal, siempre que tenga virtud para enervar el m\u00e9rito ejecutivo del cartular o su cuant\u00eda, debe ser alegado y sometido a juzgamiento por el accionado en ese mismo litigio; si omite hacerlo, no tendr\u00e1 posterior oportunidad para ello porque se lo impedir\u00e1 el imperio de la cosa juzgada que abarcar\u00e1 todo aquello. Bien se sabe que los alcances del referido instituto no se agotan en la controversia planteada en forma expresa, sino que comprende tambi\u00e9n todos los hechos, aspectos y circunstancias inherentes a la controversia que se ha llevado a la jurisdicci\u00f3n; desde luego que tal fen\u00f3meno puede presentarse de modo total o parcial. <\/p>\n

2. Excepci\u00f3n \t\t\t\tcausal frente a la acci\u00f3n cambiaria. \t\t \t <\/p>\n

Lo anterior se resalta cuando en medio del ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria se propone la excepci\u00f3n causal (art. 784, n\u00fam. 12, del C. de Co.), dado que \u00e9sta se concentra en ese v\u00ednculo basilar, precisamente para alegar vicios o irregularidades alrededor del mismo, m\u00e1xime si tales circunstancias se enrostran al actuante cambiario, librador o librado, seg\u00fan el caso, as\u00ed como al tercero que no ha obrado de buena fe exenta de culpa, pues a los adquirentes del t\u00edtulo que han actuado de buena fe, la que por dem\u00e1s se presume seg\u00fan se colige de lo estatuido en el precepto 835 del C. de Comercio, nada se les puede alegar respecto del negocio subyacente, dado que llegan a ocupar una posici\u00f3n libre de vicios precedentes, relativos al contrato origen del cartular. <\/p>\n

3. Otros \t\t\t\tmecanismos de defensa en el proceso ejecutivo. \t\t \t <\/p>\n

Adem\u00e1s de las ya indicadas excepciones perentorias, la normativa procesal actual contempla la posibilidad de atacar el mandamiento de pago mediante la interposici\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n, el cual tiene entre otras finalidades la discusi\u00f3n de requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo (art. 497 del C. P. C), la alegaci\u00f3n de motivos constitutivos de excepciones previas y el planteamiento del beneficio de excusi\u00f3n (arts. 509 y 511 del C. P. C.), sin perjuicio de hacer valer coet\u00e1neamente otros beneficios como los de retracto e inventario. <\/p>\n

5.4.\tEstudio concreto de los cargos. <\/p>\n

5.4.1.\tLa primera de las tesis del censor, dentro de la tem\u00e1tica de resoluci\u00f3n propuesta, indica que la sentencia del Tribunal desconoci\u00f3 en forma directa los art\u00edculos 880, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 977 y 980 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como los preceptos 332 y 512 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y 303 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

En suma, adujo que \u00absi el Tribunal no hubiera aplicado indebidamente la regla de la cosa juzgada, la demandante no hubiera sido privada del derecho a reclamar por los precios y las cantidades entregadas ni a rectificar cualquier finiquito dado en un contrato de larga duraci\u00f3n como manda el art\u00edculo 880 del C\u00f3digo de Comercio y las dem\u00e1s normas anunciadas en la censura\u00bb. <\/p>\n

En lo referente a este argumento, se advierte que la sentencia atacada en ning\u00fan momento sostuvo que la consumidora, en el contrato de suministro, no tuviera derecho a rectificar el finiquito contractual, sino que en el proceso ejecutivo, en el que se estaban exigiendo sumas de dinero causadas en el curso de dicha convenci\u00f3n, se debieron alegar las discrepancias en la facturaci\u00f3n, como las referidas al peso del pollo y al precio del mismo, porque no hacerlo \u00abevidencia la configuraci\u00f3n de la exceptiva de preclusi\u00f3n que en efecto se declarar\u00e1 en esta instancia\u00bb.
\nEn efecto, cuando el Tribunal adujo que \u00abla pretensi\u00f3n que apuntaba a que se declarara el incumplimiento por haber facturado el peso del pollo en canal en cantidades superiores a las realmente entregadas no pod\u00edan ser objeto de discusiones a trav\u00e9s de este proceso, al haber obrado en su contra el fen\u00f3meno de la preclusi\u00f3n\u00bb, incurri\u00f3 en una generalizaci\u00f3n indebida; pues, comprendi\u00f3 tanto lo que s\u00ed era objeto de litigio en esa ejecuci\u00f3n, y lo que no guardaba relaci\u00f3n con el t\u00edtulo valor cobrado all\u00ed. <\/p>\n

En otros t\u00e9rminos, para el ad quem, el hecho que Av\u00edcola Pollo Estrella S.A.S. no hubiera planteado medios exceptivos en el proceso ejecutivo, adelantado en su contra por Tri\u00e1ngulo Pollo Rico S.A., relativos a la regularidad de la obligaci\u00f3n exigida, esto es, en virtud de las cuales desconociera los valores facturados por ser superiores a los pactados y haber incluido un peso inferior del producto, implicaba que en el futuro esa discusi\u00f3n estaba zanjada, porque tales cuestiones f\u00e1cticas formaban parte de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial en virtud de la cual fueron emitidas las facturas cuyos valores luego se incorporaron en el pagar\u00e9 base de aquella ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

Y aunque en este aspecto le asiste raz\u00f3n al Tribunal, lo cierto es que el efecto de cosa juzgada del tr\u00e1mite ejecutivo solo podr\u00eda hacerse extensivo a las negociaciones incorporadas en las facturas cuyo monto fue incluido en el pagar\u00e9 con el cual se inici\u00f3 el cobro compulsivo; de manera que s\u00ed es indiscutible su yerro, al hacer id\u00e9ntica deducci\u00f3n con respecto a las dem\u00e1s no comprendidas en ese t\u00edtulo valor, es decir, las que fueron emitidas entre el 20 de agosto de 2010 (fecha de la primera facturaci\u00f3n acreditada en el proceso, ver f. 1, cdno. FC-1) y el 3 de enero de 2014, y entre el 1\u00ba de marzo y la finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo contractual, que tuvo lugar el 2 de julio del mismo a\u00f1o. <\/p>\n

Lo anterior en tanto que, como puede advertirse auscultando la tramitaci\u00f3n ejecutiva que, en copia, obra a folios, as\u00ed como lo informado por el actor en el libelo inicial, el pagar\u00e9 que se arrim\u00f3 como base del cobro fue llenado con el importe de capital de las facturas correspondientes al lapso comprendido entre el 4 de enero y el 28 de febrero de 2014. <\/p>\n

Ahora, cuando el legislador consagr\u00f3 en el art\u00edculo 880 del C\u00f3digo de Comercio que \u00ab[e]l comerciante, que al recibir una cuenta pague o d\u00e9 finiquito, no perder\u00e1 el derecho de solicitar la rectificaci\u00f3n de los errores, omisiones, partidas duplicadas u otros vicios de la cuenta\u00bb, enuncia una regla general de rectificaci\u00f3n, en la cual se consagra la posibilidad de protestar el finiquito contractual; pero en este caso, se insiste, ese debate correspond\u00eda plantearlo en el proceso ejecutivo adelantado en contra del ahora demandante, atendiendo a que los involucrados en ese litigio eran los mismos que lo fueron en el negocio subyacente; a trav\u00e9s de la proposici\u00f3n de excepciones causales, en la forma que autoriza el art\u00edculo 784 ejusdem, en su numeral 12. <\/p>\n

En ese escenario, era perfectamente viable denunciar que en las operaciones de suministro que se reflejaban en el pagar\u00e9 existi\u00f3 un sobrecosto, o un pesaje excesivo, en la forma que se se\u00f1al\u00f3 en el libelo inicial de este tr\u00e1mite. Y al no hacerlo, resultaba l\u00f3gico impedir que esa discusi\u00f3n se reabriera, aunque \u00fanicamente con respecto a las facturas cuyos valores fueron despu\u00e9s conjuntados e incorporados en el cartular del que viene haci\u00e9ndose m\u00e9rito. <\/p>\n

5.4.2. \tDe otro lado, el recurrente argument\u00f3 que le resultaba imposible plantear una demanda de reconvenci\u00f3n en el proceso ejecutivo para reclamar la indemnizaci\u00f3n derivada de las diferencias facturadas en peso y valor del pollo suministrado, al tiempo que no era viable acumular pretensiones para mezclar \u00ablos procesos declarativos con ejecutivos para resolverlos en una misma sentencia\u00bb. <\/p>\n

Al respecto cabe se\u00f1alar que es cierto que en los procesos ejecutivos no procede la reconvenci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 400 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para la \u00e9poca de inicio del proceso ejecutivo, y es verdad que los perjuicios ac\u00e1 demandados no se pod\u00edan reclamar en el coactivo. Empero, tal particularidad no era excusa para no proponer excepciones en la ejecuci\u00f3n, relativas a los valores facturados que se llevaron al pagar\u00e9, m\u00e1xime si de ello era consciente la sociedad demandante, seg\u00fan lo declar\u00f3 el representante legal de Av\u00edcola Pollo Estrella S.A.S., en interrogatorio absuelto en ambos procesos. <\/p>\n

Esa omisi\u00f3n, evidencia sin duda alguna que el entonces ejecutado aceptaba la existencia del derecho reclamado por el ejecutante y vertido en el cambial, tras el supuesto impago de las facturas. N\u00f3tese que plante\u00f3 las defensas de pago y omisi\u00f3n de requisitos del pagar\u00e9, lo cual sugiere que no desconoc\u00eda la existencia y veracidad de las sumas vertidas en dicho t\u00edtulo, sino que cuestionaba ora la vigencia de la obligaci\u00f3n, o ya aspectos puramente formales del cartular arrimado como base del recaudo. <\/p>\n

Por esa raz\u00f3n, no hay error en estimar que los valores llevados al pagar\u00e9, originados en las facturas expedidas por Pollo Rico S.A. con cargo a Pollo Estrella S.A.S., se deb\u00edan protestar en la ejecuci\u00f3n, en caso de considerar que no correspond\u00edan aut\u00e9nticamente con el negocio basilar, si es que, como se denuncia en la demanda, esa circunstancia se present\u00f3 en todo el devenir contractual. <\/p>\n

En ese orden, si lo cobrado en el ejecutivo estaba tambi\u00e9n afectado por la indicada sobrefacturaci\u00f3n, se debi\u00f3 plantear la excepci\u00f3n causal consagrada en el art\u00edculo 784 del C\u00f3digo de Comercio. Cuando menos, en esa porci\u00f3n del desarrollo contractual se debieron arg\u00fcir las diferencias en el peso y el precio facturado. <\/p>\n

5.4.3. \tNo obstante lo anterior, es pertinente relievar que la conclusi\u00f3n del ad quem, seg\u00fan la cual \u00ablas irregularidades contenidas en las facturas y cuya supuesta falta de pago dio lugar a la formulaci\u00f3n del juicio ejecutivo, debieron proponerse y decidirse al interior de ese asunto dentro de la oportunidad legalmente prevista para ello\u00bb, resulta totalizadora en tanto se refiere en general a toda la facturaci\u00f3n, cuando lo cierto es que el proceso ejecutivo tan solo alud\u00eda a un peque\u00f1o segmento del contrato. <\/p>\n

Es decir, esa postura deviene excesiva, porque las supuestas irregularidades apenas se pod\u00edan discutir en el juicio ejecutivo en torno de las facturas cuyo importe, vertido en el pagar\u00e9 base de recaudo, se estaba exigiendo; pero ello no se pod\u00eda predicar, in extenso, de la facturaci\u00f3n restante, anterior o posterior a la ejecuci\u00f3n, y no incluida en el petitum del coactivo. <\/p>\n

Consecuentemente, el ad quem incurri\u00f3 en violaci\u00f3n de las normas del canon 880 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como los preceptos 332 y 512 del C. P. C., porque al concederle a la figura de la cosa juzgada un alcance mayor al que realmente correspond\u00eda en este caso, neg\u00f3 la funci\u00f3n jurisdiccional juzgadora en relaci\u00f3n con las pretensiones que no pod\u00edan ser examinadas en el juicio ejecutivo, y que son: <\/p>\n

a) La declaraci\u00f3n de existencia del contrato de suministro. <\/p>\n

b)\tLa declaraci\u00f3n de incumplimiento contractual. <\/p>\n

c)\tEl valor de la diferencia de peso del pollo en canal despachado desde el 1 de marzo de 2014 en adelante (hasta el 2 de julio de 2014, fecha de la terminaci\u00f3n del contrato); y todo el periodo anterior al 3 de enero de 2014; porque el pagar\u00e9 cobrado s\u00f3lo incorpor\u00f3 las facturas emitidas desde el 4 de enero hasta el 28 de febrero de ese a\u00f1o. <\/p>\n

d) \tEl valor de la diferencia de precio del pollo en canal despachado desde el 1 de marzo de 2014 en adelante (hasta el 2 de julio de 2014), y todo el periodo anterior al 3 de enero de 2014, por la misma raz\u00f3n anterior. <\/p>\n

5.4.4. \tSin embargo, el yerro examinado \u2013a pesar de ser evidente y manifiesto\u2013 no resulta trascendente, porque al corregirlo no habr\u00eda lugar a llegar a una conclusi\u00f3n distinta, que favoreciera los intereses de la parte recurrente, es decir, acogiendo su pretensi\u00f3n de condenar a la convocada a pagar los valores reclamados, u otros menores, por concepto de mayores precios cobrados y diferencias de pesaje. <\/p>\n

En efecto, en lo concerniente a la discordancia del pesaje real de pollo despachado, con el facturado, no s\u00f3lo es absoluta la falta de prueba de tal hecho, sino que hay abundante y certera documentaci\u00f3n demostrativa de que la demandada factur\u00f3 con exactitud la cantidad realmente suministrada; eso, s\u00ed, salvo m\u00ednimas diferencias, equivalentes al 0,005% del peso facturado, que de hecho terminaron favoreciendo a la convocante porque recibi\u00f3 m\u00e1s de lo registrado, como se expondr\u00e1. <\/p>\n

Seg\u00fan las facturas y constancias aportadas por la parte demandante, que comprenden todo el tiempo de vigencia y desarrollo del contrato de suministro cuestionado, el pesaje del \u00abpollo en canal con v\u00edsceras\u00bb que sal\u00eda de la planta de procesamiento era id\u00e9ntico al facturado al comprador; debi\u00e9ndose resaltar que la p\u00e9rdida de masa del producto con respecto al \u00abpollo en pie\u00bb fue siempre asumida por la suministrante, hoy demandada. <\/p>\n

Expresado con otras palabras, la alegaci\u00f3n de la actora, seg\u00fan la cual su contraparte tomaba \u00aben cuenta para la liquidaci\u00f3n del valor de la factura el peso neto del pollo en pie conforme a la planilla elaborada en el beneficiadero o planta de sacrificio, sin tener en cuenta la merma de proceso\u00bb resulta contraevidente, a la luz de los medios de prueba obrantes a folios, porque la facturaci\u00f3n se realizaba a partir del peso (neto) del \u00abpollo en canal con v\u00edsceras\u00bb, no del \u00abpollo en pie\u00bb. <\/p>\n

Para demostrar este aserto, basta con auscultar, a modo de ejemplo, la \u00faltima operaci\u00f3n de suministro, realizada el 1\u00ba de julio de 2014, debi\u00e9ndose anotar que todas las dem\u00e1s, al un\u00edsono, muestran una situaci\u00f3n id\u00e9ntica: En esa fecha, la demandada remiti\u00f3 al Consorcio Av\u00edcola Santa Helena Ltda. un total de 7.110,1 kg de \u00abpollo en pie\u00bb. <\/p>\n

Durante su procesamiento, el producto disminuy\u00f3 1.838,1 kg, que son identificados en la constancia emitida por el aludido consorcio como \u00abdestare\u00bb (p\u00e9rdida de peso). Por ende, del \u00abbeneficiadero\u00bb salieron 5272,8 kg de \u00abpollo en canal con v\u00edsceras\u00bb, exactamente la misma cantidad que se incorpor\u00f3 en la factura n.\u00b0 TP-73224 de 1\u00ba de julio de 2014 (ver ff. 164 y 166, cdno. 6). <\/p>\n

Esa coincidencia, se itera, es invariable, salvo en los suministros de fecha 29 de octubre de 2010 (f. 85, cdno. 1-FC), 11 de febrero de 2011 (f. 57, cdno. 2-FC), 18 de abril de 2013 (f. 238, cdno. 4-FC) y 2 de julio de 2013 (f. 510, \u00edd.). En los tres \u00faltimos, se facturaron \u2013en su orden\u2013 0,1, 2,5 y 5,7 kg que no fueron entregados, mientras que en el primero se suministraron 213,39 kg que no se cobraron. <\/p>\n

De ah\u00ed que antes se advirtiera que, am\u00e9n de irrelevantes (teniendo en cuenta que, durante el contrato, las partes negociaron m\u00e1s de 4.000.000 de kg de \u00abpollo en canal con v\u00edsceras\u00bb), las inexactitudes terminaron favoreciendo al actor, a quien se le entregaron 205,09 kg del bien suministrado, sin contraprestaci\u00f3n alguna. <\/p>\n

En resumen, se demostr\u00f3 que, con las peque\u00f1as diferencias rese\u00f1adas, a la demandante se le factur\u00f3 y cobr\u00f3 la cantidad exacta de pollo que le fue efectivamente entregada, sin que pueda perderse de vista que la ganancia de peso que pudiera existir entre el \u00abpollo en canal con v\u00edsceras\u00bb que era procesado por el \u00abbeneficiadero\u00bb y el que finalmente era entregado a Av\u00edcola Pollo Estrella, en raz\u00f3n de su congelamiento (necesario para garantizar la salubridad del producto), ni fue objeto de reclamo por la actora, ni -en realidad- pod\u00eda afectar el pesaje que hab\u00eda sido determinado previamente. <\/p>\n

5.4.5. \tAhora bien, en lo concerniente a la facturaci\u00f3n por encima de $3.000 por kg de \u00abpollo en canal con v\u00edsceras\u00bb, es necesario se\u00f1alar, preliminarmente, que no existe prueba alguna de que, desde el inicio de la relaci\u00f3n contractual, se hubiera establecido un precio m\u00e1ximo similar al antes referido. <\/p>\n

De hecho, la conducta negocial del demandante sugiere lo contrario, pues del total de los suministros facturados, solo el 33% lo fueron con precios por kilo inferiores a $3.000; es decir, en la inmensa mayor\u00eda de las operaciones que las partes celebraron, puntualmente 758 (el 77% del total), el precio consignado en las facturas super\u00f3 ese \u00abtope\u00bb. Y, por supuesto, trat\u00e1ndose de comerciantes avezados, no resulta plausible que la querellante permitiera durante largos a\u00f1os, y sin ning\u00fan reparo de su parte, un sobrecosto como el que esgrime en su demanda, el que, en algunos eventos, superar\u00eda $6.000.000 diarios11. <\/p>\n

Ahora, no olvida la Sala que en la comunicaci\u00f3n del 21 de noviembre de 2013 (f. 31, cdno. 5), consta que la hoy convocada ratifica las condiciones para normalizaci\u00f3n de la cartera a Av\u00edcola Pollo Estrella, y le plantea, entre otras cosas, que el \u00abprecio de venta del kilo de pollo sera (sic) como minimo (sic) $2.500 y como m\u00e1ximo $3.000, siempre y cuando los costos de producci\u00f3n inherentes al consumo de alimentos concentrado no se vean afectados por incrementos en las materias primas, en ese momento se revisar\u00e1n los precios por ambas partes\u00bb (subrayas extratexto). Y en carta enviada por la convocante a la demandada, el 16 de mayo de 2014, le manifest\u00f3: \u00ab[C]on respecto al precio de venta, pretendemos que se mantenga vigentes los t\u00e9rminos del acuerdo de noviembre 21 de 2013.\u00bb (f. 220, cdno. 6). <\/p>\n

Pero frente a la valoraci\u00f3n de dicho documento, es necesario hacer la siguiente reflexi\u00f3n: <\/p>\n

(i) \tEstas misivas dan cuenta de que los t\u00e9rminos de la primera constitu\u00edan un acuerdo entre las partes en lo tocante con el precio del pollo, y la forma como deb\u00eda ser modificado. De esta manera, si hab\u00eda un incremento en los costos de producci\u00f3n indicados en ese pacto, hab\u00eda lugar a modificar el tope de los $3.000. As\u00ed que s\u00f3lo era contrario a derecho facturar pollo a precio mayor, si las condiciones del mercado de los insumos requeridos para esa producci\u00f3n se manten\u00edan estables. <\/p>\n

(ii) \tQue hubo variaci\u00f3n en esa materia, o se conserv\u00f3 la existente cuando se hizo aquel pacto, es un hecho positivo concreto; por tanto, ese onus probandi corresponde al actor, para demostrar que fue ilegal ese aumento del precio de pollo facturado; pero, tambi\u00e9n hay evidente orfandad probatoria en este aspecto f\u00e1ctico esencial. <\/p>\n

5.4.6. \tEn suma, no hay lugar a quebrar el fallo de segundo grado, a pesar de los yerros cometidos por el ad quem, porque la decisi\u00f3n de esta Sala, obrando como juez de segundo grado, tendr\u00eda que ser confirmatoria de la cuestionada en esta sede casacional; raz\u00f3n suficiente para negar la prosperidad de los embates aducidos. <\/p>\n

IV. CONCLUSIONES GENERALES. <\/p>\n

1. \tEl primer cargo no prospera porque las irregularidades denunciadas resultan intrascendentes, debido a que se habr\u00eda llegado a id\u00e9ntica conclusi\u00f3n si se hubiesen aplicado las normas especiales del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n

En efecto, si para el Tribunal, la sociedad Tri\u00e1ngulo Pollo Rico S.A. envi\u00f3 un aviso prudencial a la sociedad Av\u00edcola Pollo Estrella S.A.S., alusivo a la terminaci\u00f3n del contrato, y encontr\u00f3 que \u00e9sta incumpli\u00f3 una de las obligaciones basilares del aludido negocio jur\u00eddico, no es acertado concluir que el ad quem vulner\u00f3 en forma directa las reglas sustanciales 973 y 977 del C\u00f3digo de Comercio; y, todav\u00eda si se aceptara que cometi\u00f3 ese dislate, lo cierto es que carecer\u00eda de toda trascendencia, porque la decisi\u00f3n seguir\u00eda siendo la misma. <\/p>\n

2. \tLa segunda censura s\u00ed deja en evidencia la incursi\u00f3n en errores de hecho probatorios, que por la v\u00eda indirecta conllevan el quebrantamiento de los art\u00edculos 880, 882, 905, 968,968, 969, 970, 971, 972, 973, 977 y 980 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como del canon 5 de la Ley 57 de 1887, y de los preceptos 1546 y 1609 del C\u00f3digo Civil; sin embargo, tampoco tiene trascendencia en el sentido del fallo, porque la resoluci\u00f3n que pronunciar\u00eda esta Sala como juez de segundo grado, tambi\u00e9n ser\u00eda desestimatoria de la pretensi\u00f3n indemnizatoria de los perjuicios reclamados por la terminaci\u00f3n unilateral e injusta del contrato de suministro; pues, la parte actora hizo alusi\u00f3n a la generaci\u00f3n de unas erogaciones, pero sin soporte alguno, ni siquiera cumpli\u00f3 con la carga de afirmar cu\u00e1les fueron, en forma concreta y precisa, lo que conduce a concluir que el da\u00f1o cuya reparaci\u00f3n persigue no fue denunciado ni acreditado fehacientemente; y esa misma indeterminaci\u00f3n imposibilita decretar pruebas de oficio para establecer su monto. A ello se agregan las manifiestas inconsistencias resaltadas al examinar la censura (ff. 55 a 58). <\/p>\n

3. \tS\u00ed se demostr\u00f3 el dislate que le atribuy\u00f3 el censor al ad quem en los cargos tercero, cuarto y quinto, al hacer declaraci\u00f3n de existencia de cosa juzgada comprensiva de toda la relaci\u00f3n negocial que hubo entre los litigantes en el proceso ejecutivo, producida con el fallo dictado all\u00ed, cuando s\u00f3lo pod\u00eda incluir lo concerniente al suministro en cuya virtud fueron expedidas las facturas con valores que luego fueron trasladados al pagar\u00e9 con el cual se inici\u00f3 y adelant\u00f3 aquella ejecuci\u00f3n. Sin embargo, la falta de prueba de la trascendencia del yerro impide el quiebre de la sentencia impugnada, porque no tiene cabida un pronunciamiento favorable a los intereses del recurrente, toda vez que, no existe prueba de la diferencia de peso ni el cobro de precio superior al pactado entre las partes, como alega el demandante. <\/p>\n

A tono con lo expuesto, no se casar\u00e1 el prove\u00eddo recurrido y, con fundamento en el inciso final art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se condenar\u00e1 en costas al recurrente, debi\u00e9ndose tomar en cuenta para la fijaci\u00f3n de agencias en derecho, que la convocante replic\u00f3 oportunamente la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO. NO CASAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en audiencia celebrada el d\u00eda 29 de septiembre de 2016, dentro del proceso verbal promovido por la sociedad Av\u00edcola Pollo Estrella S.A.S. frente a la sociedad Tri\u00e1ngulo Pollo Rico S.A. <\/p>\n

SEGUNDO.\tCONDENAR a la impugnante extraordinaria al pago de las costas procesales. En la liquidaci\u00f3n respetiva, incl\u00fayase por concepto de agencias en derecho, la suma de seis millones de pesos ($6\u2019000.000). <\/p>\n

TERCERO.\tDEVOLVER, en su oportunidad, el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n

C\u00f3piese, notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1\u0002 \tGARRIGUES, Joaqu\u00edn. Tratado de Derecho \tMercantil. Revista de Derecho Mercantil. Madrid 1963. P\u00e1g. \t414.
\n2\u0002 \tSPOTA, A.G. Instituciones de Derecho Civil. Contratos. T. III. P\u00e1g. \t516.
\n3\u0002 \tCfme: \tIsaac HALPERIN. Seguros. Depalma. Buenos Aires. 1983. Vol. 1. P\u00e1g. \t368 y A. Faure Rochex y G. Courtieu. Le Droit du contract \td\u2019assurance terrestre. L.G.D.J. Par\u00eds. 1998. P\u00e1g. \t171.
\n4\u0002 \tLORENZETTI, \tRicardo Luis. Contratos. Parte Especial. Rubinzal \u2013 Culzoni \tEditores. Buenos Aires, 2004. P\u00e1g. 207.
\n5\u0002 \tD\u00cdEZ-PICAZO, Luis. Los incumplimientos \tresolutorios. Editorial Aranzadi S.A., 2005. P\u00e1g. 15.
\n6\u0002 \tRocco Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil. \tVol. IV, Parte Especial. Editorial Depalma. Buenos Aires, 1976. P\u00e1g. \t90.
\n7\u0002 \tOb. Cit. P\u00e1g. 157.
\n8\u0002 \tMorales Molina, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil, Parte \tEspecial. Novena edici\u00f3n. Editorial ABC. Bogot\u00e1, 1987. \tP\u00e1g. 217.
\n9\u0002 \tMorales Molina, Hernando. Ob. Cit. P\u00e1gs. 217 y 218.
\n10\u0002 \tSC \t019, 15 Feb. 2007, exp.:1998-00339-01.
\n11\u0002 \tPor ejemplo, el 11 de enero de 2011 se realizaron dos suministros: \tel primero, de 4011,70 kg de \u00abpollo en canal con visceras\u00bb, \tcon un precio de $3.807,24 por kg, y el segundo de 3419,70 kg del \tmismo producto, con un precio unitario de $3.846,86. Si el precio \tm\u00e1ximo hubiera de $3000, conforme lo alegado, ese solo d\u00eda \tse habr\u00eda presentado un sobrecosto de $6.485.133,78, que \tdif\u00edcilmente podr\u00eda ser pasado por alto por un \tprofesional del comercio.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC4902-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-006-2015-00145-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de abril de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C trece (13) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). Procede la Corte a decidir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en audiencia de 29 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102554","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102554","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102554"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102554\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102554"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102554"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102554"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}