{"id":102556,"date":"2026-07-02T15:56:35","date_gmt":"2026-07-02T15:56:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102556"},"modified":"2026-07-02T15:56:35","modified_gmt":"2026-07-02T15:56:35","slug":"sc5254-2019-2014-02738-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc5254-2019-2014-02738-00\/","title":{"rendered":"SC5254-2019 (2014-02738-00)"},"content":{"rendered":"
Magistrado Ponente <\/p>\n

SC5254-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2014-02738-00
\n(Aprobado en Sala de once de septiembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide el recurso de revisi\u00f3n que interpuso Eduardo y Ram\u00f3n Antonio V\u00e9lez Contreras contra la sentencia de 6 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, en el proceso de pertenencia promovido por Graciela V\u00e9lez Contreras, contra los recurrentes, la se\u00f1ora Ana Cecilia V\u00e9lez Contreras y personas indeterminadas. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Graciela \t\tV\u00e9lez Contreras demand\u00f3 la declaraci\u00f3n \t\tjudicial de pertenencia por el modo de prescripci\u00f3n \t\tadquisitiva sobre un inmueble ubicado en el municipio de Bochalema, \t\tNorte de Santander.
\n2. A \t\tla demanda se opusieron Ram\u00f3n Antonio, Eduardo y Cecilia \t\tV\u00e9lez Contreras. Adujeron, para el efecto, que el inmueble, \t\ttal como fue identificado, era inexistente, am\u00e9n de la \t\timposibilidad f\u00e1ctica del ejercicio de la posesi\u00f3n \t\tpor parte de la demandante, dado que la titularidad del dominio, \t\tas\u00ed como la posesi\u00f3n fue ostentada por su padre. <\/p>\n

3. Mediante \t\tsentencia del 23 de marzo de 2011, el Juzgado Segundo Civil del \t\tCircuito de Pamplona declar\u00f3 que Graciela V\u00e9lez \t\tContreras hab\u00eda adquirido por usucapi\u00f3n el fundo \t\tobjeto del litigio, teniendo como fundamento: i) el \t\tinmueble no era de uso p\u00fablico ni tampoco imprescriptible; \t\tii) \t\tlos testimonios rendidos por Pablo Antonio Garc\u00eda, Luis \t\tFructuoso Ortiz Eslava, Antonia Eslava y Mario Restrepo Contreras, \t\tdaban cuenta de la posesi\u00f3n material del bien por parte de \t\tla demandante por m\u00e1s de veinte a\u00f1os de manera \t\tp\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida; y iii) los \t\tinterpelados nunca ejercieron acto alguno de se\u00f1or y due\u00f1o \t\tsobre el predio. <\/p>\n

4. Los \t\tconvocados, inconformes, recurrieron en apelaci\u00f3n la \t\tsentencia de primer grado, con sustento en la imposibilidad f\u00e1ctica \t\tde la posesi\u00f3n p\u00fablica, pac\u00edfica e \t\tininterrumpida, y las acciones policivas desplegadas contra Amalia \t\tVillamizar y otros, sin que la pretensora interviniera en calidad \t\tde poseedora. <\/p>\n

Se adujo, adem\u00e1s, que el bien cuyo dominio se solicit\u00f3, i pues no eran ni son coincidentes el identificado en la demanda y el se\u00f1alado en la sentencia.
\nFinalmente, expusieron que el fallo estuvo fincado en cuatro testimonios de personas que fueron tachados y denunciados ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por el delito de falso testimonio. <\/p>\n

5. La \t\tSala Civil y Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \t\tPamplona, mediante providencia del 6 de octubre de 2011, confirm\u00f3 \t\tla decisi\u00f3n del a \t\tquo. \t\tEn su criterio, no se hab\u00eda desvirtuado la posesi\u00f3n \t\tde la demandante con los procesos policivos, puesto que los \t\topositores tampoco demostraron ostentarla, en tanto, contra quienes \t\tse ejecut\u00f3 la medida policiva, alegaron siempre la \t\tcelebraci\u00f3n de una promesa de compraventa con la misma \t\tdemandante, Graciela V\u00e9lez Contreras. <\/p>\n

Advirti\u00f3, de acuerdo con las manifestaciones vertidas por el secuestre en el proceso de sucesi\u00f3n de Jos\u00e9 Vicente V\u00e9lez, padre de los litigantes, que el predio objeto del proceso nunca fue parte del acervo sobre el cual se efectu\u00f3 la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

Consider\u00f3 que las declaraciones de Pablo Antonio Garc\u00eda, Luis Fructuoso Ortiz Eslava, Mario Restrepo Contreras y Antonia Eslava, son coherentes y un\u00edvocos sobre la posesi\u00f3n ejercida por la demandante, al tiempo que los testimonios allegados a instancias de los demandados: Fortunato Pe\u00f1a, Napole\u00f3n Vejar y Jos\u00e9 Sim\u00f3n Fajardo, no contradec\u00edan las afirmaciones efectuadas por los primeros. <\/p>\n

2. EL RECURSO DE REVISI\u00d3N Y SU TR\u00c1MITE <\/p>\n

2.1. Se fundamenta, en general, en que los testimonios fundamento de la declaraci\u00f3n de pertenencia resultaron falsos, conforme a lo expuesto posteriormente y de manera extrajudicial en ese sentido por los mismos deponentes Mario Restrepo Contreras y Pablo Antonio Garc\u00eda, en su orden, el 19 de septiembre de 2013 y 15 de enero de 2014, ante el Notario Tercero del C\u00edrculo de C\u00facuta. <\/p>\n

Se adujo, adem\u00e1s, que la sentencia era incongruente dada la inexistencia f\u00edsica del bien que se demandaba usucapir, lo cual llev\u00f3 a denunciar ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, como delito de prevaricato, la conducta del a quo y de los magistrados que intervinieron en la decisi\u00f3n de segunda instancia. <\/p>\n

Asimismo, se aleg\u00f3 que la demandante prometi\u00f3 la venta en forma irregular del inmueble objeto del proceso a Amalia Villamizar, raz\u00f3n por la cual, hubo de ser necesario interponer un proceso policivo que concluy\u00f3 con el lanzamiento de los promitentes compradores. <\/p>\n

Finalmente, se indic\u00f3 que en la Fiscal\u00eda Segunda Local de Pamplona se segu\u00edan procesos contra Pablo Antonio Garc\u00eda, Luis Fructuoso Ortiz Eslava, Antonia Eslava y Mario Restrepo Contreras con radicado 5451860011136200900-5, por el delito de falso testimonio rendido dentro del proceso declarativo fulminado con la sentencia objeto de este tr\u00e1mite extraordinario. <\/p>\n

2.2. Solicitan los recurrentes, en consecuencia, se invalide la providencia cuestionada, con base en el art\u00edculo 380, numeral 3\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al \u201c[h]aberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en raz\u00f3n de ellas\u201d, ahora numeral 3\u00ba del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan los hechos arriba narrados. <\/p>\n

2.3. La se\u00f1ora Graciela V\u00e9lez Contreras, otrora demandante, y las personas indeterminadas fueron vinculadas al procedimiento de revisi\u00f3n. Lo propio se hizo con el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n

2.3.1. Graciela V\u00e9lez Contreras se opuso al recurso aduciendo, en lo fundamental, ser falso que el inmueble objeto del proceso es diferente al usucapido, y de la misma manera, falso que los testigos no hayan manifestado la verdad de lo que les constara. Se\u00f1ala que los recurrentes no sustentaron probatoriamente ni una cosa, ni la otra, y fuera de esto, la inexistencia de sentencia penal en firme que acredite el aserto sobre el delito cometido por los testigos. <\/p>\n

2.3.2. El curador ad litem de los indeterminados no se opuso, pero tampoco \u201caval\u00f3\u201d la petici\u00f3n del libelo, y supedit\u00f3 la prosperidad de la invalidez invocada al \u201c\u00e9xito probatorio que le asista a cada uno de los hechos de la respectiva demanda de revisi\u00f3n(\u2026)\u201d. <\/p>\n

2.3.3. Para el Ministerio P\u00fablico, teniendo en cuenta que los testimoniales allegados por la parte demandante fueron determinantes para la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia y ratificada en segunda, y \u201cen aras de salvaguardar la garant\u00eda constitucional de un debido proceso y los fines axiol\u00f3gicos y ontol\u00f3gicos de la legislaci\u00f3n agraria\u201d, solicit\u00f3 acceder a la viabilidad del recurso, bajo el entendido de que era preciso suspender el proceso hasta tanto se produzca la ejecutoria del fallo penal. <\/p>\n

2.4. En la etapa probatoria, en consideraci\u00f3n a la causal invocada, la prevista en el numeral 3 del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y teniendo en cuenta que la investigaci\u00f3n por el presunto delito de falso testimonio a\u00fan se encontraba en la Fiscal\u00eda Segunda Local de Pamplona, se desestimaron por inid\u00f3neas e impertinentes todas las pruebas solicitadas. <\/p>\n

2.6. Mediante auto de 31 de mayo de 2016 se decret\u00f3 la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite del recurso de revisi\u00f3n hasta por el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 381 in fine del estatuto adjetivo civil, en espera del resultado del asunto penal. <\/p>\n

2.7. Vencido el plazo se\u00f1alado, se requiri\u00f3 a los recurrentes para que informaran si se hab\u00eda proferido fallo penal que habilitara continuar la actuaci\u00f3n extraordinaria. Al exhorto, la parte interesada guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2.8. La Fiscal\u00eda Segunda Seccional de Pamplona, con Oficio No. 20470-01-002-2-280 del 10 de septiembre de 2018 (fl. 692), inform\u00f3 que en ese despacho se surt\u00eda la indagaci\u00f3n por el presunto punible de falso testimonio contra Pablo Antonio Garc\u00eda, Luis Fructuoso Ortiz Eslava, Antonia Eslava Jaimes y Mario Restrepo Contreras, sin que se haya adoptado resoluci\u00f3n alguna. <\/p>\n

2.9. En la etapa de alegatos de conclusi\u00f3n, s\u00f3lo la parte recurrente hizo uso de esta oportunidad, mediante un recuento de las actuaciones surtidas ante la Fiscal\u00eda Local de Pamplona. <\/p>\n

3. CONSIDERACIONES <\/p>\n

3.1. La demanda contentiva del recurso de revisi\u00f3n se present\u00f3 el 20 de noviembre de 2014; esto es, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Se decide, por lo tanto, conforme las normas de ese estatuto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 5 del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

3.2. Las sentencias judiciales proferidas en procesos contenciosos, una vez ejecutoriadas, es regla general, adquieren el sello o la fuerza de cosa juzgada, raz\u00f3n por la cual, en salvaguarda de los principios de certeza, seguridad jur\u00eddica y paz sociales, se tornan inmodificables e inimpugnables, y como consecuencia, coercibles. <\/p>\n

El anterior postulado, sin embargo, no es absoluto, en cuanto existen casos que autorizan derruir los aludidos efectos, en concreto, cuando los fallos en firme son contrarios a la justicia, atentan contra el derecho de defensa o desconocen la misma cosa juzgada material. <\/p>\n

La excepci\u00f3n encuentra respuesta en el recurso de revisi\u00f3n, instituido, precisamente, para hacer imperar la justicia, restablecer el derecho de defensa cuando ha sido conculcado y asegurar la certeza judicial, esto \u00faltimo, cerrando ataques ulteriores a la pretensi\u00f3n reconocida o impidiendo reclamarla de nuevo si ha sido negada. <\/p>\n

3.3. Desde luego, la naturaleza particular del medio en cuesti\u00f3n limita su procedencia a estrictas causales legales y en las precisas hip\u00f3tesis normativas. Como esto lo diferencia de las instancias, se edifica, generalmente, seg\u00fan constante doctrina, sobre bases nuevas, por lo tanto, desconocidas en el litigio; la mayor\u00eda de las veces, fincado en elementos transcendentes al juicio, y, excepcionalmente inmanentes. <\/p>\n

El recurso, en palabras de la Corte, \u201cno franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la v\u00eda normal para corregir los yerros jur\u00eddicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi\u201d1. <\/p>\n

Por esto, cual en otra ocasi\u00f3n se se\u00f1al\u00f3, el anotado tr\u00e1mite tiene \u201c(\u2026) venero en circunstancias que, en t\u00e9rminos generales, son extr\u00ednsecas o ajenas al proceso en el cual se profiri\u00f3 la sentencia que por tal medio se impugna y por esencia constituyen aspectos novedosos frente a \u00e9l, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquella, ora porque no empece antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hip\u00f3tesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redund\u00f3 en la adopci\u00f3n de una resoluci\u00f3n injusta\u201d2. <\/p>\n

De ah\u00ed, cuando la impugnaci\u00f3n se fundamenta en cuestiones inmanentes o presentes al interior del juicio, no puede hablarse de asuntos nuevos, desconocidos tanto para la parte agraviada, como para el juzgador, sino de una aut\u00e9ntica reedici\u00f3n del debate, de suyo ajena al objeto preciso y directo del recurso extraordinario, salvo, la existencia de alg\u00fan vicio in procedendo insaneable y vigente. <\/p>\n

3.4. En el proceso de que se trata, la impetrada invalidez se formul\u00f3 teniendo como sustento algunos planteamientos que fueron objeto de discusi\u00f3n y evaluaci\u00f3n dentro del proceso en sus respectivas instancias. En efecto, aquellos que versan sobre: i) la identidad del predio sobre cuyo dominio se pidi\u00f3 la declaraci\u00f3n de propiedad y ii) los efectos del proceso policivo por perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n adelantado por los aqu\u00ed demandantes contra Amalia Villamizar y otros. <\/p>\n

Frente a estos aspectos, adem\u00e1s de lo explicado en precedencia en relaci\u00f3n con la naturaleza y el objeto de este mecanismo impugnatorio extraordinario, es preciso se\u00f1alar que no constituyen causal para la procedencia del recurso de revisi\u00f3n, tras constatar cada uno de los motivos del juicio revisorio con las circunstancias aludidas. <\/p>\n

3.5. No puede decirse lo mismo respecto de la alegada presencia de conductas punibles en las declaraciones vertidas al proceso por Pablo Antonio Garc\u00eda Luis Fructuoso Ortiz Eslava, Antonia Eslava Jaimes y Mario Restrepo Contreras, pues resulta claro para la Sala que las manifestaciones realizadas por aquellos en la etapa procesal respectiva del litigio, resultaron de singular relevancia en la decisi\u00f3n adoptada por los jueces de instancia, como lo anot\u00f3 el Ministerio P\u00fablico en su intervenci\u00f3n, por la relaci\u00f3n \u00edntima y causal entre los fundamentos f\u00e1cticos de la considerativa y la consecuencia jur\u00eddica en la resoluci\u00f3n prescriptiva. <\/p>\n

No obstante, invocada como lo fue, la causal 3 del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el buen suceso de la revisi\u00f3n extraordinaria exige como requisito necesario y suficiente una condena penal en firme por delitos relacionados de manera directa con lo declarado por dichos testigos en el proceso.
\n3.6. En reciente decisi\u00f3n adoptada por esta Sala en un asunto que guarda similitud con el que aqu\u00ed se decide, tocante con la necesidad del elemento judicial demostrativo de la configuraci\u00f3n de la causal invocada, se dijo: <\/p>\n

\u201cRespecto del supuesto contemplado en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 355 ejusdem, \u201ch]aberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en raz\u00f3n de ellas\u201d, el legislador tuvo a bien no supeditar la oportunidad para formular el recurso extraordinario a que ya se haya proferido la sentencia en el proceso punitivo, al disponer que si aquel no hubiere terminado se suspender\u00e1 la sentencia de revisi\u00f3n hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo penal y se presente la copia respectiva, suspensi\u00f3n que no puede exceder de dos (2) a\u00f1os (art. 356 ib.). <\/p>\n

Ahora, aunque esa prerrogativa propende por no hacer nugatoria la posibilidad de acudir a este mecanismo de contradicci\u00f3n por el advenimiento de un t\u00e9rmino de caducidad mientras se est\u00e1 a la espera del fallo penal, ello no significa que sea suficiente la presentaci\u00f3n de una denuncia por falso testimonio para dar v\u00eda libre a los supuestos de esta causal, pues dada la seriedad del fundamento en que \u00e9sta se erige y estando de por medio la fuerza de la cosa juzgada que se pretende socavar a trav\u00e9s de esta senda, existe una carga m\u00ednima que debe asumir el recurrente cuando la alega, concerniente en acreditar que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n ya le formul\u00f3 a quien fungi\u00f3 como testigo una imputaci\u00f3n por el delito de falso testimonio, pues al tenor del art\u00edculo 287 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, \u201cEl fiscal har\u00e1 la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia f\u00edsica o de la informaci\u00f3n legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o part\u00edcipe del delito que se investiga (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

M\u00e1s adelante, y en expresa citaci\u00f3n a la sentencia AC6626-2017 proferida por esta Corporaci\u00f3n, se indic\u00f3 <\/p>\n

\u201c(\u2026) cuando se presente el \u00abrecurso de revisi\u00f3n\u00bb, no necesariamente debe existir fallo condenatorio en el proceso penal, pues en principio es suficiente que se haya producido la \u00abformulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n\u00bb, conforme al art\u00edculo 286 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, dado que de acuerdo con el art\u00edculo 288 ib\u00eddem, en ese acto se realiza la individualizaci\u00f3n concreta del imputado, determin\u00e1ndose as\u00ed mismo la relaci\u00f3n clara y sucinta de los hechos jur\u00eddicamente relevantes y de otro lado, porque el inciso final del precepto 356 del C\u00f3digo General del Proceso, permite dicha posibilidad, al establecer, que \u00absi el proceso penal no hubiere terminado se suspender\u00e1 la sentencia de revisi\u00f3n hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo penal y se presente la copia respectiva\u00bb. <\/p>\n

En las descritas circunstancias, ante la falta de acreditaci\u00f3n de la condena penal por falso testimonio de las personas denunciadas, o por lo menos de una imputaci\u00f3n en ese sentido emitida por la entidad instructora, frente a esta causal tambi\u00e9n se extra\u00f1a el cumplimiento del requisito previsto en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 357 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d4. <\/p>\n

3.7. En todo caso, resulta preciso aclarar que el legislador no modific\u00f3 los requisitos para la estructuraci\u00f3n de la causal invocada, con la entrada en vigencia del estatuto general del proceso aun cuando el r\u00e9gimen procesal penal fue modificado capitalmente a partir de la introducci\u00f3n del \u201csistema acusatorio\u201d mediante la Ley 906 de 2004. Se concluye, por tanto, que la imputaci\u00f3n o, incluso, la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n no son suficientes para la configuraci\u00f3n de la causal de anulaci\u00f3n extraordinaria que se invoc\u00f3, pues la norma exige una declaraci\u00f3n judicial de responsabilidad penal en firme o plenamente ejecutoriada, requerimiento que no ocurre en el presente caso. <\/p>\n

De consiguiente, cuando la causal esgrimida alude a \u201c(\u2026) declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en raz\u00f3n de ellas\u201d, cual lo precisaba el C\u00f3digo de Procedimiento Civil y ahora lo demanda la regla 355 del C\u00f3digo General del Proceso, no est\u00e1 aludiendo al futuro del modo indicativo \u201cque ser\u00edan condenados\u201d o condicionadamente que podr\u00edan ser condenados. La causal supone la existencia de sentencia penal ejecutoriada y en firme. \u00bfQu\u00e9 decir, si apenas existe una simple imputaci\u00f3n o una acusaci\u00f3n y en sentencia final los testigos, los peritos o el juez, seg\u00fan el caso, son absueltos? El atentado contra la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada ser\u00eda grave, y m\u00e1s a\u00fan, contra los derechos subjetivos y fundamentales de los justiciables, socavando el Estado de derecho. <\/p>\n

3.8. En el sub examine, pese a la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite del recurso por dos a\u00f1os, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 381 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a efectos de establecer, tanto la susodicha responsabilidad penal como su ejecutoria, a partir de las pruebas arrimadas al proceso no se logr\u00f3 determinar tal circunstancia, a la postre, presupuesto sine qua non para el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n elevada. <\/p>\n

En ese orden, no se abre paso la causal de revisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 380, numeral 3\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, raz\u00f3n que impone declarar infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n

3.9. En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 384 de la referida codificaci\u00f3n adjetiva, hay lugar a condenar en costas en sede extraordinaria y, conforme se solicit\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda, tambi\u00e9n se condena a los recurrentes a pagar a favor de Graciela V\u00e9lez Contreras los perjuicios que pudieron causarse, cuya liquidaci\u00f3n deber\u00e1 hacerse mediante el tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n

4. DECISI\u00d3N <\/p>\n

4.1. En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, declara infundado el recurso de revisi\u00f3n formulado por Eduardo V\u00e9lez Contreras y Ram\u00f3n Antonio V\u00e9lez Contreras, respecto de la sentencia de sentencia de 6 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, Sala Civil, en el proceso declarativo de pertenencia incoado por la se\u00f1ora Graciela V\u00e9lez Contreras. <\/p>\n

4.2. Consecuentemente se condena a los recurrentes a pagar los perjuicios ocasionados, cuyo monto se establecer\u00e1 mediante tr\u00e1mite incidental; y a pagar las costas en revisi\u00f3n, incluyendo en la liquidaci\u00f3n a realizar por secretar\u00eda, la suma de $6\u2019000.000, como agencias en derecho <\/p>\n

4.3. Para los efectos de lo anterior, hacer efectiva la cauci\u00f3n prestada mediante p\u00f3liza 12-41-101012865 expedida el 12 de diciembre de 2014 por Seguros del Estado. <\/p>\n

4.4. En su oportunidad, devu\u00e9lvase al juzgado el original del proceso, allegando copia de esta providencia, y archivar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

C\u00d3PIESE Y NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n

(Presidente de Sala) <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1\u0002 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 16 de mayo de 2013, expediente 01855, reiterando \t doctrina \tanterior.
\n2\u0002 \tCSJ. Civil. Sentencia \t234 de 1\u00ba de diciembre de 2000, expediente 7754, evocada en \tfallos 29 de junio de 2007, expediente 00042, y de 27 de abril de \t2009, expediente 01294, entre otros.
\n3\u0002 \tCSJ. Civil. Sentencia \tAC626-2019 \t(27 de febrero), Rad. 2018-03989-00.
\n4\u0002 \t\u00cddem.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrado Ponente SC5254-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2014-02738-00 (Aprobado en Sala de once de septiembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Se decide el recurso de revisi\u00f3n que interpuso Eduardo y Ram\u00f3n Antonio V\u00e9lez Contreras contra la sentencia de 6 de octubre de 2011, proferida por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102556","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102556","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102556"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102556\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102556"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102556"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102556"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}