{"id":102559,"date":"2026-07-02T15:58:36","date_gmt":"2026-07-02T15:58:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102559"},"modified":"2026-07-02T15:58:36","modified_gmt":"2026-07-02T15:58:36","slug":"sc5568-2019-2011-00101-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc5568-2019-2011-00101-01\/","title":{"rendered":"SC5568-2019 (2011-00101-01)"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

SC5568-2019
\nRadicaci\u00f3n: 68755-31-03-001-2011-00101-01
\nAprobado en Sala de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide el recurso de casaci\u00f3n de Pavigas Ltda., respecto de la sentencia de 25 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, Sala Civil-Familia-Laboral, en el proceso ordinario incoado por la Asociaci\u00f3n de Usuarios del Distrito de Adecuaci\u00f3n de Tierras con Riego en Peque\u00f1a Escala de las Veredas Paramito, Roncancio Centro y Santo Domingo del municipio de Hato (Santander) \u2013Asudirhat-, contra la recurrente. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.1. El petitum. La actora solicit\u00f3, con relaci\u00f3n al contrato de obra 001 de 2009, suscrito entre \u00e9sta y Pavigas Ltda., declarar el incumplimiento parcial de la convocada, y en consecuencia, condenarla a pagar la multa pactada en la cl\u00e1usula d\u00e9cima, equivalente al 10% de valor total del convenio.
\n1.2. La causa petendi. Las s\u00faplicas se fundamentaron en los hechos que en lo pertinente se sintetizan: <\/p>\n

1.2.1. La Oficina en Colombia del Instituto Interamericano de Cooperaci\u00f3n para la Agricultura \u2013IICA-1, en desarrollo de los pactos especiales de cooperaci\u00f3n2, firmados con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo objeto, entre otros, era administrar y ejecutar los dineros del programa Agro Ingreso Seguro (AIS)3, suscribi\u00f3 con la demandante, Asudirhat, el Acuerdo de Financiamiento 1295 de 2008, donde \u00e9sta se compromet\u00eda, previo a recibir los recursos4, a contratar directamente con un tercero, la ejecuci\u00f3n de un proyecto de irrigaci\u00f3n. <\/p>\n

1.2.2. Por lo anterior, el 29 de abril de 2009, Asudirhat y Pavigas Ltda., ajustaron el contrato de obra para la construcci\u00f3n de un distrito de riego de peque\u00f1a escala en las veredas Paramito, Roncancio Centro y Santo Domingo del municipio de Hato (Santander).
\n1.2.3. El costo acordado fue de $2.061\u00b4965.186, los cuales se pagar\u00edan seg\u00fan el avance de las labores, reserv\u00e1ndose un 10% de su valor para cancelarse despu\u00e9s de la suscripci\u00f3n del \u201cacta de recibo final\u201d, documento que certificar\u00eda su cumplimiento. <\/p>\n

1.2.4. Aunque originalmente, el tiempo de ejecuci\u00f3n fue de 12 meses contados a partir de la firma, el c\u00f3mputo de inicio y terminaci\u00f3n se modific\u00f3 por adici\u00f3n suscrita el 18 de mayo de 2009, estableciendo para el 16 de julio siguiente, la fecha de arranque de las obras, ampli\u00e1ndose, a su vez, en \u201cdos meses y trece d\u00edas\u201d, la data de su culminaci\u00f3n. <\/p>\n

1.2.5. La accionada, seg\u00fan el anotado otros\u00ed, se oblig\u00f3 a entregar el 90% del sistema de irrigaci\u00f3n el 30 de junio de 2010; y el total, o sea el 100%, el 31 de julio pr\u00f3ximo. <\/p>\n

1.2.6. Luego de vencido el plazo, el informe final de la firma auditora contratada y las inspecciones t\u00e9cnicas in situ, develaron la inobservancia del objeto contractual por la interpelada, pues a 31 de julio de 2010, ejecut\u00f3 apenas el 93.65%, se\u00f1alando, adem\u00e1s, la mala calidad de las obras. <\/p>\n

1.2.7. Lo anterior dio lugar a la pretensora para exigir a la demandada honrar sus obligaciones, al punto de que \u00e9sta, en acta de 28 de junio de 2011, se comprometi\u00f3 a culminar y restaurar la infraestructura deficientemente construida. <\/p>\n

1.2.8. Por causa del incumplimiento, el sistema de riego no se termin\u00f3 y tampoco se edific\u00f3 adecuadamente. <\/p>\n

1.3. La contestaci\u00f3n de la demanda. La convocada se opuso a las pretensiones. En su sentir, entreg\u00f3 la obra a satisfacci\u00f3n, acusando de las demoras a la demandante por realizar modificaciones t\u00e9cnicas y presupuestales al proyecto inicial; y seg\u00fan la cl\u00e1usula cuarta del convenio, deb\u00eda, y no lo hizo, \u201c(\u2026) aportar la mano de obra no calificada\u201d. <\/p>\n

1.4. El fallo de primera instancia. El Juzgado Primero Civil del Circuito de El Socorro, el 10 de julio de 2015, declar\u00f3 que Pavigas Ltda. infringi\u00f3 relativamente lo pactado, al no ejecutar y entregar el 100% de la red de regad\u00edo. En consecuencia, la conden\u00f3 a completarla y repararla; y a pagar a Asudirhat el 10% del valor total del contrato. <\/p>\n

1.5. La decisi\u00f3n de segundo grado. El superior, al resolver la apelaci\u00f3n del extremo pasivo, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo. <\/p>\n

2. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

2.1. El colegiado hall\u00f3 probado el incumplimiento parcial de la demandada al no justificar el retraso de la obra, ni acreditar su correcto funcionamiento. <\/p>\n

Es cierto, en el expediente exist\u00eda una comunicaci\u00f3n del gerente de Pavigas Ltda., precisando la \u00abejecuci\u00f3n total\u00bb del proyecto, en un 106%; igualmente, un escrito emitido por el Director el Programa Agro Ingreso Seguro, asegurando la \u00abejecuci\u00f3n de la obra (\u2026) en un 100%\u00bb; y por \u00faltimo, el \u00abacta de recibo final (\u2026) en el mismo porcentaje\u00bb. <\/p>\n

No obstante, los \u00abporcentajes mencionados no son del todo exactos\u00bb, porque el coordinador de la empresa interventora, Interaudit S.A., inform\u00f3 a la actora que el avance de la construcci\u00f3n para el 31 de julio de 2010, solo hab\u00eda llegado al \u00ab93.65%\u00bb, todo lo cual, encontraba respaldo en el \u00abacta final\u00bb de entrega, en el documento de \u00abcantidades (\u2026) ejecutadas\u00bb y en la constancia del representante de la contratante donde \u00abexpresa que la entidad contratista (\u2026) abandon\u00f3 la obra desde el 18 o 20 de agosto\u00bb de 2010. <\/p>\n

Adem\u00e1s, para el recibo a satisfacci\u00f3n de lo estipulado el gerente de la interventora, el 28 de febrero de 2011, solicit\u00f3 a la actora \u00abbuscar e implementar los mecanismos para que se corrijan las irregularidades que fueron encontradas, con el fin de recibir la obra a m\u00e1s tardar el 15 de marzo de 2011 y poder establecer el porcentaje real de ejecuci\u00f3n\u00bb. De ah\u00ed que era inexacto la ejecuci\u00f3n de lo pactado en un 100% o 106%, como se hizo notar en los documentos arriba referidos. <\/p>\n

Esto \u00faltimo, simplemente, conforme a los testimonios de \u00d3scar Javier Cala Vargas, Jos\u00e9 Luis Cala Rueda y Ceferino N\u00fa\u00f1ez Castro, no correspond\u00eda a la realidad, pues lo indicado se firm\u00f3 \u00fanicamente para obtener del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la aprobaci\u00f3n del desembolso por la Fiducia de los recursos de la construcci\u00f3n, teniendo en cuenta que proced\u00edan totalmente del programa oficial de subsidios denominado Agro Ingreso Seguro (AIS). <\/p>\n

El dicho de los anteriores declarantes desvirtuaba el cumplimiento de la sociedad demandada, manifestado por Esther Paulina Mart\u00ednez Mendoza, Maritza Romero Ball\u00e9n y Luis Roberto Ord\u00f3\u00f1ez Ardila, m\u00e1xime cuando lo vertido por aquellos encontraba \u00abpleno respaldo en los diferentes medios de convicci\u00f3n, entre ellos la prueba documental a la cual se hizo referencia y de donde se advierte sin equ\u00edvoco alguno que el incumplimiento fue parcial y que falt\u00f3 un porcentaje para que el mismo se cumpliera en su totalidad\u00bb. <\/p>\n

Lo antelado comprueba que el tipo de contrato celebrado fue de precios unitarios y no globales, de ese modo, Pavigas Ltda., por cuenta y riesgos financieros propios, se comprometi\u00f3 a realizar la labor acordada conforme al \u201credise\u00f1o t\u00e9cnico\u201d consignado en la mencionada enmienda. <\/p>\n

Por esto, dijo, no aplicaba el principio de la imprevisi\u00f3n; tambi\u00e9n, por faltar la prueba sobre la ocurrencia de un hecho fortuito incierto que haya alterado el \u201cequilibrio prestacional\u201d. <\/p>\n

2.3. Sobre el d\u00e9ficit del 50% de \u201cjornaleros\u201d como excusa del retraso, el cual deb\u00eda aportar la demandante y que asumi\u00f3 Pavigas Ltda., para el juzgador, dicho reproche era inexistente, teniendo en cuenta que \u201cnada se dijo en el acta de recibo final\u201d ni en ning\u00fan otro medio de convicci\u00f3n. <\/p>\n

2.4. En suma, seg\u00fan el ad-quem, el incumplimiento atribuido al ente demandante se descartaba por completo, no as\u00ed el de la sociedad interpelada, pues en lugar de \u00abejecutar el 100% de la obra\u00bb, se acredit\u00f3 que \u00absolo alcanz\u00f3 el 93%\u00bb. <\/p>\n

3. EL RECURSO DE CASACI\u00d3N
\nCARGO \u00daNICO <\/p>\n

3.1. Por errores de hecho probatorios, se acusa la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 3 y 9 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia), y 176 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

3.1.1. La recurrente, en su desarrollo, se refiere a la apreciaci\u00f3n probatoria realizada por el \u00aba-quo\u00bb para concluir en el incumplimiento de la demandada. <\/p>\n

A su vez, plantea inquietudes alrededor del \u201cacta de recibo final\u201d de la obra a satisfacci\u00f3n, fechada el 15 de septiembre de 2015, la cual se dijo se elabor\u00f3 para facilitar el desembolso de los recursos por la Fiducia, previa autorizaci\u00f3n del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, pero sin ordenar, ante la supuesta falsedad del documento, las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes. <\/p>\n

En todo caso, en su sentir, en primera instancia no se \u00abhizo un raciocinio pertinente a los testimonios del demandante frente a los de la demandada\u00bb, pues a los de \u00e9sta \u00abni siquiera (\u2026) hizo referencia (\u2026), demostr\u00e1ndose una inclinaci\u00f3n ostensible\u00bb por los declarantes de la otra parte. <\/p>\n

3.1.2. En lo que respecta a la apreciaci\u00f3n probatoria contenida en la sentencia cuestionada, la censura sostiene que el Tribunal solo se \u00ablanza a ratificar lo dicho por el a-quo\u00bb, empero, sin tomar decisi\u00f3n sobre la \u00abirregularidad\u00bb o \u00abfalsedad del documento\u00bb de 15 de septiembre de 2015. <\/p>\n

Simplemente, descarta de plano los testimonios de Esther Paulina Mart\u00ednez Mendoza, Maritza Romero Ball\u00e9n y Luis Roberto Ord\u00f3\u00f1ez Ardila, que daban cuenta del cumplimiento, porque el dicho en contrario de \u00d3scar Javier Cala Vargas, Jos\u00e9 Luis Cala Rueda y Ceferino N\u00fa\u00f1ez Castro, encontraba \u00abpleno respaldo en la prueba documental\u00bb. <\/p>\n

3.1.3. Para la casacionista, el ad-quem, adem\u00e1s, omiti\u00f3 valorar otras pruebas que \u00abconstatan lo dicho por los testimonios de la demandada\u00bb, fortaleciendo as\u00ed la tesis de que \u00e9sta cumpli\u00f3 a cabalidad lo estipulado.
\nEl dictamen pericial y su aclaraci\u00f3n, donde se reafirma que \u201cse cumpli\u00f3 y (\u2026) entreg\u00f3 la totalidad del monto contratado\u201d, y se destaca sobre la funcionalidad del distrito de riego edificado que las actividades de \u201ccaptaci\u00f3n\u201d, \u201cel desarenador\u201d, \u201clos puentes a\u00e9reos\u201d, y \u201cla tuber\u00eda de conducci\u00f3n\u201d, cumpl\u00edan los detalles t\u00e9cnicos acordados. <\/p>\n

La providencia de 8 de octubre de 2013, expedida por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, ordenando el archivo de la investigaci\u00f3n penal solicitada por Asudirhat contra Pavigas Ltda., ante la comisi\u00f3n del presunto delito de celebraci\u00f3n indebida de contratos, al no existir indicio que permitiera \u00abpredicar la existencia del hecho considerado\u00bb. <\/p>\n

3.2. Seg\u00fan la impugnante, los \u00abtestimonios de personas expertas en la materia\u00bb, \u00abno fueron apreciados ni valorados\u00bb, ni siquiera en conjunto, incidiendo los errores de hecho en la decisi\u00f3n final, pues de haber estimado esas pruebas debidamente, habr\u00eda concluido que Pavigas Ltda., acat\u00f3 a cabalidad el convenio, al realizar, terminar y entregar la obra durante el plazo, en un 100%, y en perfecta marcha. <\/p>\n

4. CONSIDERACIONES <\/p>\n

4.1. La Corte, al margen de los defectos t\u00e9cnicos que pueda adolecer el cargo, por ejemplo, el no se\u00f1alamiento de normas de estirpe legal infringidas, dado que se denunci\u00f3 como violados los art\u00edculos 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 3 y 9 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia; y, ante la falta de claridad en su formulaci\u00f3n, pues desconoci\u00f3 que la omisi\u00f3n probatoria envuelve un error de hecho, y su no valoraci\u00f3n en conjunto, uno de derecho; ambas cosas aludidas a la vez, procede a resolverlo de fondo. <\/p>\n

Lo anterior, en aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 16 de la Ley 270 de 1996 (modificado por el art\u00edculo 7 de la Ley 1285 de 2009), y 336, in fine, del C\u00f3digo General del Proceso, consagratorios de la casaci\u00f3n oficiosa y la selecci\u00f3n positiva de ciertos fallos, as\u00ed se est\u00e9 frente a una demanda deficiente, en general, por razones constitucionales o convencionales, bien para proteger los derechos y garant\u00edas fundamentales, ya cuando es ostensible que la sentencia objeto de an\u00e1lisis compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico. En esa direcci\u00f3n, al decir de la Corte: <\/p>\n

\u201c[E]l ordenamiento afianza la selecci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, sea en forma negativa, pero tambi\u00e9n positiva. Para la Sala, esa facultad se ejerce, sin duda, en la fase introductoria del debate casacional como p\u00f3rtico al iudicim rescindens, no ulteriormente, ni al momento de proferirse el fallo, porque de la expresi\u00f3n \u2018(\u2026) aunque la demanda de casaci\u00f3n cumpla con los requisitos formales, podr\u00e1 inadmitirla (\u2026)\u2019, permite inferir que la ocurrencia de esta etapa se surte en la fase inicial, pero no al momento de dictar la sentencia de casaci\u00f3n para definir si se quiebra o no el fallo, una vez registrado el proyecto de sentencia por el Magistrado ponente, a quien correspondi\u00f3 sustanciar el juicio casacional. <\/p>\n

\u201cEs en la etapa del fallo, cuando se puede adoptar como instrumento de protecci\u00f3n y de garant\u00eda de los derechos, la casaci\u00f3n de oficio, pero no la selecci\u00f3n de la demanda; no en otra oportunidad, pues si el asunto ha llegado para sentencia, se infiere llanamente, bien se admiti\u00f3 o ya se seleccion\u00f3. La selecci\u00f3n, entonces, \u00fanicamente puede tener eficacia en la fase introductoria de admisi\u00f3n del respectivo libelo. En este sentido, el legislador del C\u00f3digo General del Proceso, dise\u00f1\u00f3 el art\u00edculo 336 en su inciso final el siguiente segmento normativo que responde y clarifica la cuesti\u00f3n: <\/p>\n

\u201c\u2018La Corte no podr\u00e1 tener en cuenta causales de casaci\u00f3n distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u2019 (subrayado fuera de texto). <\/p>\n

\u201cAl disponer que esta Corporaci\u00f3n \u201cpodr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio\u201d, est\u00e1 comprometiendo \u201cin radice\u201d a la Corte de Casaci\u00f3n con la construcci\u00f3n del Estado Social de Derecho, para cumplir las finalidades del recurso5, autorizando quebrar la sentencia al margen de la prosperidad t\u00e9cnica de las causales esgrimidas por el recurrente cuando al momento de fallar, en su tarea de control constitucional y legal atribuida por el legislador, como derecho propio en el \u00e1mbito casacional, se hallen en juego valores, principios y derechos supremos, y en forma patente y paladina aparezcan comprometidos: 1. El orden p\u00fablico, 2. El patrimonio p\u00fablico, o 3. Se atente gravemente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u201d6. <\/p>\n

El caso gira alrededor del patrimonio p\u00fablico, respecto de la gesti\u00f3n en la inversi\u00f3n de los fondos del programa oficial Agro Ingreso Seguro (AIS), para la construcci\u00f3n del distrito de riego de peque\u00f1a escala en las veredas Paramito, Roncancio Centro y Santo Domingo del municipio de Hato (Santander); y al reclamar la recurrente la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la \u00abdefensa\u00bb y, en general, a un \u00abdebido proceso\u00bb, son circunstancias determinantes que compelen el ejercicio de la casaci\u00f3n oficiosa por virtud del nuevo r\u00e9gimen procesal, determinando si en verdad el orden o el patrimonio p\u00fablico e encuentra comprometido. <\/p>\n

Como se recuerda, la Oficina en Colombia del Instituto Interamericano de Cooperaci\u00f3n para la Agricultura \u2013IICA-, administradora de los dineros del mencionado plan, financi\u00f3 el costo de la citada obra, suscribiendo con Asudirhat, el Acuerdo de Financiamiento 1295 de 2008, mediante el cual \u00e9ste se compromet\u00eda, previo a recibir el desembolso de los recursos, a contratar con un tercero (en el asunto fue Pavigas Ltda.), la construcci\u00f3n de una red de irrigaci\u00f3n. <\/p>\n

La pol\u00e9mica planteada en casaci\u00f3n, entonces, se asocia con la administraci\u00f3n de recursos p\u00fablicos, esto es, con la gesti\u00f3n de un particular frente a la planeaci\u00f3n, gasto e inversi\u00f3n en la edificaci\u00f3n de una obra que persegu\u00eda la concreci\u00f3n de los fines estatales7, como la continua y eficiente prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos a una comunidad rural. Ello justifica la posibilidad de hacer justicia material frente a la protecci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico, el cual reviste mayor jerarqu\u00eda, pues su vulneraci\u00f3n redunda en la afectaci\u00f3n de todos los asociados8, con mayor raz\u00f3n, cuando del cargo deviene censura tocante con aquel. <\/p>\n

A prop\u00f3sito, no debe soslayarse que el recurso de casaci\u00f3n no es \u00fanicamente privado9, por cuanto subyacen en \u00e9l, fines p\u00fablicos como la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia nacional, la integridad del ordenamiento jur\u00eddico, y ahora con el nuevo estatuto procesal, la salvaguarda de los derechos fundamentales o constitucionales, la eficacia de los tratados internacionales en los cuales Colombia es parte, y la defensa del patrimonio\u00a0p\u00fablico (art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso)10. <\/p>\n

4.2. Con todo, las normas se\u00f1aladas como violadas en forma indirecta habilitan el estudio de m\u00e9rito de la acusaci\u00f3n, no solo al relacionarse de alguna manera con lo debatido en el juicio y con el thema decissum del fallo materia de casaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n, por tratarse de preceptos de orden superior y norma afines contenidas en una ley estatutaria11. <\/p>\n

Desde luego, si el ordenamiento positivo se deriva de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, todo, entonces, se encuentra predeterminado por el texto constitucional, de ah\u00ed que ante la supuesta vulneraci\u00f3n de garant\u00edas y derechos superiores, en particular, de los principios de supremac\u00eda constitucional y de legalidad, conlleva tambi\u00e9n la violaci\u00f3n de la ley. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, las disposiciones supralegales clasifican, como sustanciales, pues tienen eficacia y aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica, ciertamente, por referirse al respeto debido del juzgador al sistema normativo y a las garant\u00edas procesales (arts. 230, C.P., 3 y 9 de la Ley 270 de 1996), condiciones todas que resaltan el aspecto material de la Carta Pol\u00edtica, aun cuando las mismas carezcan de determinaci\u00f3n f\u00e1ctica. <\/p>\n

Ning\u00fan juez del Estado Constitucional y Social de Derecho puede sustraerse de la observancia de los preceptos constitucionales, por cuanto de esa forma abdicar\u00eda de su propia investidura y se rebelar\u00eda derechamente contra ella. La norma de normas consagra derechos, principios y valores de aplicaci\u00f3n mediata o inmediata en el desarrollo de los cometidos estatales, en la actividad judicial diaria y en la din\u00e1mica de lo privado y de lo p\u00fablico. Leyes, providencias judiciales y actos administrativos no pueden estar desentendidos de la Constituci\u00f3n, motivo por el cual, su incoherencia o contradicci\u00f3n formal o material con la Carta, compele su exclusi\u00f3n o expulsi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n

4.3. En esa direcci\u00f3n, la Corte, desde luego, tiene jurisdicci\u00f3n y competencia para proceder de conformidad, espec\u00edficamente, para estudiar, en el \u00e1mbito extraordinario, si la demandada cumpli\u00f3 o no el contrato de que se trata. <\/p>\n

4.3.1. El origen p\u00fablico de los recursos relativos a su financiaci\u00f3n, en efecto, no modifica su naturaleza jur\u00eddica civil, pues adem\u00e1s de carecer de cl\u00e1usulas exorbitantes, tanto las partes y la sociedad interventora, son sujetos privados. Adem\u00e1s, la Naci\u00f3n (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) y los organismos de control (vrg. Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, etc.), no participaron directa ni indirectamente en la fases previas y posteriores a la confecci\u00f3n del mentado negocio, mucho menos, ejercieron labores de vigilancia. <\/p>\n

Lo expuesto, se explica, de un lado, por la forma como se estructur\u00f3 y desarroll\u00f3 el programa Agro Ingreso Seguro (AIS); y de otro, en la versi\u00f3n de la Fiscal\u00eda Primera Seccional de Santander, quien, al investigar sobre la destinaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los dineros del negocio subex\u00e1mine, resolvi\u00f3 su archivo, ante la ausencia de conductas relacionadas con el punible de \u201ccontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u201d12, pues no le eran aplicables las normas de la Ley 80 de 1993 y disposiciones afines a la contrataci\u00f3n estatal. <\/p>\n

Lo primero, por cuanto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en aras de desarrollar el plan Agro Ingreso Seguro (AIS), suscribi\u00f3 con la Oficina en Colombia del Instituto Interamericano de Cooperaci\u00f3n para la Agricultura \u2013IICA-, los convenios de cooperaci\u00f3n 055 de 2008 y 037 del 2009, por medio de los cuales dicho organismo internacional, entre otras cosas, se compromet\u00eda a administrar los recursos de contrapartida nacional con el prop\u00f3sito de implementar, ejecutar y divulgar el programa AIS. <\/p>\n

De esa forma, el IICA realiz\u00f3 en 2008 la \u201cconvocatoria p\u00fablica de riego y drenaje\u201d, buscando apoyar los proyectos prediales para el manejo del recurso h\u00eddrico, y de construcci\u00f3n y\/o rehabilitaci\u00f3n de distritos de irrigaci\u00f3n13. <\/p>\n

Los \u201cT\u00e9rminos de Referencia\u201d para aplicar a los subsidios exig\u00edan entre otros requisitos, que el proponente, por su cuenta y riesgo, celebrara el contrato con un tercero para la construcci\u00f3n del regad\u00edo, el cual, s\u00f3lo tendr\u00eda por el IICA, a efectos del giro de los dineros, el acompa\u00f1amiento t\u00e9cnico y el seguimiento frente a la edificaci\u00f3n14. <\/p>\n

La selecci\u00f3n recay\u00f3 en la Asociaci\u00f3n de Usuarios del Distrito de Adecuaci\u00f3n de Tierras con Riego en Peque\u00f1a Escala de las Veredas Paramito, Roncancio Centro y Santo Domingo del municipio de Hato (Santander) \u2013Asudirhat, quien, para tal fin, suscribi\u00f3 con el IICA, el \u201cAcuerdo de Financiamiento n\u00b0 1295 de 2008\u201d, donde se pact\u00f3 la manera como se girar\u00edan los recursos para financiar la obra, consistente en el desembolso gradual en proporci\u00f3n a su avance, y con un plazo de doce meses para su culminaci\u00f3n. <\/p>\n

Con ocasi\u00f3n de lo antelado, Asudirhat contrat\u00f3 a Pavigas Ltda., la construcci\u00f3n de los respectivos ductos. No obstante, dada la importancia de la obra (labor de ingenier\u00eda calificada), cuant\u00eda, y las prestaciones de tracto sucesivo, se pact\u00f3 la elaboraci\u00f3n de actas, las cuales suscribir\u00edan las partes y la interventora Interaudit S.A., con el fin de realizar su seguimiento; estableciendo, adem\u00e1s, la liquidaci\u00f3n del convenio, previa firma del \u201cacta de recibo final\u201d. <\/p>\n

4.3.2. Ni en la literalidad del contrato de obra ni en la adici\u00f3n, tampoco por exigencia del \u201cAcuerdo de Financiamiento n\u00b0 1295 de 2008\u201d celebrado entre Asudirhat y el IICA, se pactaron cl\u00e1usulas exorbitantes15 en favor del Estado, cual atr\u00e1s se advirti\u00f3. En gracia de discusi\u00f3n, pese a no plasmarse, no se ejercieron por \u00e9ste esos poderes unilateralmente; menos a\u00fan, no fue objeto de vigilancia por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica ni por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n

4.3.3. El contrato fue judicializado penalmente, pero seg\u00fan concluy\u00f3 la Fiscal\u00eda Primera Seccional de Santander en la decisi\u00f3n de archivo de 8 de octubre de 2013, no hab\u00eda m\u00e9rito para investigar las conductas de los representantes legales de Asudirhat y Pavigas Ltda., pues los comportamientos asociados con el punible de \u201ccontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u201d requer\u00eda la aplicaci\u00f3n de las reglas de la Ley 80 de 1993, esto es, exig\u00eda en alguno de los extremos de la relaci\u00f3n, la intervenci\u00f3n de una entidad estatal, calidad no ostentada por ninguna de las partes. Como lo se\u00f1al\u00f3 el mencionado ente acusador: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [A] pesar de que hubo aporte por parte del Estado para la construcci\u00f3n de esta obra (\u2026), la ejecuci\u00f3n del contrato se realiz\u00f3 entre dos entes de car\u00e1cter particular, como as\u00ed lo dispuso el IICA, aspecto que fue aclarado ante la empresa Pavigas, al solicitar su concurso para dirimir las controversias y malos entendidos entre las empresa contratante y contratista: \u2018Precisa el (\u2026) IICA que en desarrollo del Acuerdo de Financiamiento n\u00b0 129\/08, suscrito por [\u00e9ste] y la asociaci\u00f3n Asudirhat (ejecutor) y conforme a los T\u00e9rminos de Referencia de la Convocatoria P\u00fablica de Riego y Drenaje 2-2008, marco en el cual se suscribi\u00f3 el citado Acuerdo, el ejecutor se oblig\u00f3 a contratar directamente con un tercero la ejecuci\u00f3n de las obras relacionadas en el proyecto. En cumplimiento de esta disposici\u00f3n surgi\u00f3 el contrato de obra n\u00b0 001\/09 suscrito entre Pavigas Ltda. y Asudirhat y en consecuencia la relaci\u00f3n contractual para la ejecuci\u00f3n de las obras se establece \u00fanica y exclusivamente entre [las partes] (\u2026) y el IICA es ajeno a esta relaci\u00f3n contractual\u2019 (\u2026)\u201d (subraya original). <\/p>\n

La controversia, por tanto, no es del resorte de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a fortiori, cuando existen otras razones para confirmarlo. <\/p>\n

4.3.4. Si bien hay fondos provenientes de la Naci\u00f3n, se evidencia que, en principio, emergen dos actos o negocios jur\u00eddicos aut\u00f3nomos e independientes, distantes entre s\u00ed. <\/p>\n

El primero, tocante con la convocatoria p\u00fablica realizada por el IICA, organismo extranjero que, luego de constatar el cumplimiento de los requisitos all\u00ed previstos para obtener los subsidios, suscribi\u00f3 con Asudirhat el \u201cAcuerdo de Financiamiento n\u00b0 1295 de 2008\u201d, cuyo convenio no es materia de controversia, pues su control jurisdiccional escapa al objeto de esta superioridad. <\/p>\n

El segundo, un negocio jur\u00eddico asociado con el ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad entre Asudirhat y Pavigas Ltda., dos personas jur\u00eddicas de derecho privado, y seg\u00fan lo previsto en dicho contrato, regulado por las normas civiles. De tal modo, su juzgamiento, am\u00e9n de no contener cl\u00e1usula arbitral, corresponde dirimirlo a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n

4.3.5. El objeto del contrato toca un proyecto de adecuaci\u00f3n de tierras, relacionado con la construcci\u00f3n de un distrito de riego a peque\u00f1a escala en provecho de unos asociados. En el punto, esta labor, seg\u00fan lo dispon\u00eda el art\u00edculo 95 de la Ley 1152 de 200716, norma vigente al momento de celebrarse dicho negocio, era una funci\u00f3n prestada y administrada directamente por particulares como las \u201cAsociaciones de Usuarios\u201d, previo subsidio otorgado por el Estado, o en el presente caso, por un organismo de cooperaci\u00f3n internacional, a trav\u00e9s de convocatoria p\u00fablica. <\/p>\n

4.3.6. Al margen de lo anterior, en gracia de discusi\u00f3n, de guardar relaci\u00f3n la infraestructura de riego con una actividad de servicio p\u00fablico domiciliario de las reguladas por la Ley 142 de 1994, dicha tarea pueden cumplirla, seg\u00fan se infiere de los preceptos 15 a 19 ej\u00fasdem, personas jur\u00eddicas de derecho privado, las cuales, en su ejercicio, se hallan sometidas al r\u00e9gimen civil y mercantil. <\/p>\n

4.3.7. En el subex\u00e1mine no se plantearon excepciones relativas con jurisdicci\u00f3n y competencia, por tal raz\u00f3n, de conformidad con el precepto 16 del C.G.P., para el asunto, se impone la aplicaci\u00f3n de la regla de la \u201cperpetuatio jurisdictionis\u201d17. <\/p>\n

4.3.8. De los elementos y fases del contrato celebrado por Asudirhat y Pavigas Ltda. se evidencia no s\u00f3lo la inaplicaci\u00f3n de la Ley 80 de 1993, sino la falta de jurisdicci\u00f3n de los jueces contenciosos administrativos para resolver su controversia. <\/p>\n

En efecto, ninguna de las partes reviste la condici\u00f3n de entidad estatal denominada en los literales a) y b) del art\u00edculo 2 de la norma \u00eddem18; igualmente, la selecci\u00f3n del constructor-contratista se realiz\u00f3 directamente y no mediante proceso licitatorio, aspecto \u00faltimo que no amerit\u00f3 considerar el factor cuant\u00eda de la obra respecto del presupuesto del contratante; por tal motivo, en los t\u00e9rminos de las reglas 1319 y 7520 de la misma disposici\u00f3n, el negocio al resultar ajeno a calificarse como \u201ccontrato estatal\u201d, se gobernaba por las normas jur\u00eddicas privadas, despojando de jurisdicci\u00f3n al juez contencioso administrativo. <\/p>\n

4.4. Elucidado lo precedente, debe resaltarse que la buena fe, baluarte del sistema jur\u00eddico, es principio y derecho, y tiene por finalidad integrar el ordenamiento positivo y regular \u201clas relaciones entre los particulares, y de \u00e9stos con el Estado\u201d21. <\/p>\n

Dicha instituci\u00f3n, entendida como la conciencia de obrar con lealtad, rectitud y honestidad, se exige y presume, generalmente, en todas las conductas desplegadas por las personas naturales y jur\u00eddicas (p\u00fablicas o privadas), seg\u00fan lo dicta el art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica22. <\/p>\n

En punto de la buena fe en la ejecuci\u00f3n de los contratos, el art\u00edculo 1603 del C.C. es claro al precisar, que \u201c(\u2026) los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente obligan no s\u00f3lo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligaci\u00f3n o que por ley le pertenecen a ella (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La anterior disposici\u00f3n, contrastada con el precepto 1602 ej\u00fasdem, seg\u00fan el cual \u201c(\u2026) todo contrato v\u00e1lidamente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento o causas legales (\u2026)\u201d, trae consigo la obligaci\u00f3n de honrar el negocio jur\u00eddico en esas condiciones y, como consecuencia de su fuerza obligatoria, las partes est\u00e1n compelidas a atender, a cabalidad, todas y cada una de las prestaciones que de \u00e9l dimanan, so pena que su incumplimiento sea sancionado23. <\/p>\n

En este orden, en los contratos bilaterales va envuelta la condici\u00f3n resolutoria, en caso de no cumplirse lo pactado (arts. 1546 y 1609, C.C.), condici\u00f3n que habilita al contratante cumplido para pedir, a su arbitrio, la resoluci\u00f3n o el cumplimiento del negocio. Adem\u00e1s, \u201cpor su consentimiento mutuo\u201d (art. 1602, ib\u00eddem), los contratantes pueden acordar las causas, formas o tiempos en que pondr\u00e1n fin a su v\u00ednculo contractual, por no estar ello prohibido, y al usar de esa prerrogativa, igualmente, deber\u00e1n honrar el principio de la buena fe, el cual, tiene como finalidad reducir al m\u00e1ximo la afectaci\u00f3n patrimonial que de dicha ruptura pueda emerger. <\/p>\n

4.5. En coherencia con lo discurrido, pertinente resulta anotar que en el \u00e1mbito privado24, el contrato de obra civil tiene por objeto la construcci\u00f3n, mantenimiento, instalaci\u00f3n y, en general, la realizaci\u00f3n de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecuci\u00f3n y remuneraci\u00f3n25. <\/p>\n

En este \u00faltimo elemento, existen diferentes modalidades de pago del costo del negocio: (i) a precio global; (ii) a precios unitarios; y (iii) por administraci\u00f3n delegada26.
\n(i) En el primero, el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete, obtiene como subvenci\u00f3n una suma fija siendo el \u00fanico responsable de la vinculaci\u00f3n de personal, de la elaboraci\u00f3n de subcontratos y de la obtenci\u00f3n de materiales. <\/p>\n

(ii) En relaci\u00f3n al segundo, la forma de retribuci\u00f3n corresponde a unidades o cantidades de obra, y el valor total corresponde al que resulta de multiplicar los montos de construcci\u00f3n ejecutados por el precio de cada una de ellos, oblig\u00e1ndose el edificador-contratista a desarrollar las obras especificadas en el contrato27. <\/p>\n

La caracter\u00edstica m\u00e1s notable de esta modalidad, la constituye el hecho de que el constructor se compromete, salvo expreso acuerdo en contrario, a sostener los precios unitarios originales estipulados para cada uno de los \u00edtems de la obra realizada, aun cuando estos puedan sufrir alzas, riesgo que en la pr\u00e1ctica puede recompensarse durante la ejecuci\u00f3n o en la liquidaci\u00f3n; o preverse, seg\u00fan las cl\u00e1usulas de reajustes que, de com\u00fan acuerdo, se pacten. <\/p>\n

Dicho sistema, seg\u00fan lo han se\u00f1alado algunos autores28, se compone de dos clases: \u201cunidad simple\u201d y \u201cunidad en el conjunto\u201d.
\nEn el inicial, el contratista va ejecutando partes, unidades o piezas de la obra por un precio unitario determinado, sin establecerse el n\u00famero a realizarse, en tanto, cada parte es independiente o separada. El constructor cumple su obligaci\u00f3n entregando cualquier cantidad de tales unidades o piezas, cuyo precio unitario se convino dentro de cada trabajo a efectuar (terraplenamiento, mamposter\u00eda, asfaltado, etc.). <\/p>\n

En la \u201cunidad en el conjunto\u201d, la unicidad no es considerada como una obra independiente; por cuanto el conjunto total de la construcci\u00f3n, as\u00ed como su valor total, es el que resulta integrado por la suma de unidades o partes. <\/p>\n

(iii) El convenio por administraci\u00f3n delegada, t\u00edpica del sector estatal, se enmarca en la especie del contrato de mandato, en donde la obra es ejecutada por cuenta y riesgo de la entidad contratante (mandante), pero a trav\u00e9s de un contratista (mandatario) que s\u00f3lo es representante de aqu\u00e9l, a cambio de unos honorarios previamente pactados29. <\/p>\n

4.6. Aplicado lo expuesto al caso, en direcci\u00f3n de responder el cargo, debe entenderse que el tribunal acert\u00f3 probatoria y jur\u00eddicamente al concluir que el contrato de obra fue de precios unitarios y no globales, cuya forma de pago se pact\u00f3 por unidades y cantidades de construcci\u00f3n, correspondiendo su valor total al multiplicar esas variables. <\/p>\n

4.6.1. En otras palabras, con independencia del juicio del juzgador, es del caso dejar por establecido que los hechos configurativos de la relaci\u00f3n negocial se encontraban identificados y acreditados, aun cuando los contratantes, durante su ejecuci\u00f3n, hayan pactado modificaciones. <\/p>\n

El 18 de mayo de 2019, en efecto, las partes cambiaron las condiciones iniciales del acuerdo, como el plazo de entrega, cantidades de construcci\u00f3n y dise\u00f1os, en particular, lo relativo al cambio del lugar de captaci\u00f3n de la bocatoma. <\/p>\n

La variaci\u00f3n, sin embargo, por as\u00ed haberse convenido, no implic\u00f3 una alteraci\u00f3n al objeto ni al valor, pues la demandada, Pavigas Ltda., continu\u00f3 asumiendo la obligaci\u00f3n de edificar el distrito de riego sosteniendo los mismos precios unitarios estipulados originalmente para cada uno de los complementos (\u00edtems) de la obra, situaci\u00f3n que, en ning\u00fan caso le imped\u00eda haber exigido a la demandante, Asudirhat, el reajuste econ\u00f3mico por realizar actividades no previstas dentro del contrato, aspecto a lo cual nada se procur\u00f3. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, le incumb\u00eda a la contratista probar y reclamar durante el cumplimiento y finiquito, que las posibles situaciones generadoras de mayor permanencia de obra, o en su defecto, labor\u00edos adicionales, los cuales pudieron afectar la ecuaci\u00f3n financiera del contrato, se causaron por la conducta de la contratante o con la concreci\u00f3n de la teor\u00eda de la imprevisi\u00f3n. La primera, por el desconocimiento de la obligaci\u00f3n de aportar el 50% de \u201cjornaleros\u201d; y la segunda, ante la ocurrencia de factores ex\u00f3genos y fortuitos no imputables a las partes. <\/p>\n

No obstante, Pavigas Ltda., durante la ejecuci\u00f3n y liquidaci\u00f3n del negocio, y al margen de los riesgos comunes que deb\u00eda asumir, fue indiferente en reclamar y demostrar a Asudirhat, la p\u00e9rdida anormal del equilibrio econ\u00f3mico, ya en el mismo acuerdo de modificaci\u00f3n, en las actas de los comit\u00e9s de obra, mediante comunicaciones, o en el momento en que consider\u00f3 la ejecuci\u00f3n de lo estipulado. <\/p>\n

4.6.2. El planteamiento descrito, se entiende aceptado en su contexto por la censora, al no encauzar un ataque contra ese raciocinio. <\/p>\n

El estudio de la acusaci\u00f3n, por tanto, tendr\u00e1 como cierto que el Tribunal no se equivoc\u00f3 al dejar sentado (i) que la forma de pago de la obra contratada se pact\u00f3 por el sistema de precios unitarios; y (ii) que la demandada se oblig\u00f3 a realizar cantidades complementarias de construcci\u00f3n, las cuales debi\u00f3 desarrollar partiendo de los valores previamente determinados por cada \u00edtem de obra. <\/p>\n

4.7. El problema planteado, por tanto, queda confinado a establecer si Pavigas Ltda., la demandada recurrente, ejecut\u00f3 parcialmente la obra, en un 93.65%, sumado el abandono y las dificultades para su puesta en marcha, como igualmente concluy\u00f3 el ad-quem.
\nBajo el entendido que lo as\u00ed espetado responde a lo material y objetivamente se\u00f1alado por las pruebas, inclusive a su valoraci\u00f3n jur\u00eddica, pues como es sabido, la sentencia recurrida ingresa al recurso de casaci\u00f3n arropada por la presunci\u00f3n de legalidad y de acierto, pasa la Corte a estudiar si esas conclusiones resultan contraevidentes, cual se denuncia en el cargo, vale decir, si esa presunci\u00f3n fue desvirtuada, ante la comisi\u00f3n de errores evidentes y trascendentes de hecho y de derecho probatorios. <\/p>\n

En cualquiera de las referidas hip\u00f3tesis, los yerros de hecho tambi\u00e9n requieren para su estructuraci\u00f3n, por una parte, que sean manifiestos, constatables a los sentidos, de donde se descartan los que son fruto del raciocinio; y por otra, trascendentes, vale decir, que hayan determinado la decisi\u00f3n final, en una relaci\u00f3n l\u00f3gica de causa a efecto. <\/p>\n

4.7.2. Los yerros de derecho, en cambio, se relacionan con la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas, esto es, con su licitud o legalidad, desde luego, superada correctamente la etapa previa de apreciaci\u00f3n material u objetiva, pues es su requisito necesario. <\/p>\n

Con relaci\u00f3n a cada medio en particular, tales yerros se entroncan con la regularidad del proceso de producci\u00f3n, en cuanto a su incorporaci\u00f3n y aseguramiento (petici\u00f3n y oportunidad), decreto, pr\u00e1ctica, asunci\u00f3n, valoraci\u00f3n y a su contradicci\u00f3n, am\u00e9n de su conducencia, pertinencia y utilidad o eficacia. Igualmente, con la apreciaci\u00f3n de las pruebas en conjunto, conforme a los dictados de la l\u00f3gica, de la ciencia y de las reglas de la experiencia o sentido com\u00fan, basti\u00f3n y esencia de las reglas centrales de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n

4.8. En el caso, la recurrente acusa al tribunal de la comisi\u00f3n de errores f\u00e1cticos, al dejar acreditado, sin estarlo, que infringi\u00f3 parcialmente el contrato 001 de 2009, al incumplir la construcci\u00f3n del distrito de riego en un 6,35%; y por entregar lo edificado en mal funcionamiento. <\/p>\n

4.8.1. Lo anterior, al tener por comprobado que \u201cel acta de recibo final\u201d, suscrita por las partes y la sociedad interventora Interaudit S.A., reveladora del cumplimiento del 100% por Pavigas Ltda., no plasmaba esa verdad, pues ello se simul\u00f3 para obtener del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural su benepl\u00e1cito para que la Fiducia desembolsara los recursos faltantes del costo de la obra, porque proven\u00edan completamente del programa oficial de subsidios denominado Agro Ingreso Seguro (AIS). <\/p>\n

En sentir de la censura, se trata de un desconocimiento arbitrario de los hechos contenidos en el anotado documento, puesto que fueron desvirtuados con la apreciaci\u00f3n de las versiones de \u00d3scar Javier Cala Vargas, Jos\u00e9 Luis Cala Rueda y Ceferino N\u00fa\u00f1ez Castro, exmiembros de la Junta Directiva de Asudirhat, omitiendo el an\u00e1lisis de lo narrado por otros deponentes, que desde lo t\u00e9cnico, s\u00ed participaron en la confecci\u00f3n minuciosa de dicha prueba. <\/p>\n

Puntualmente, lo narrado por Esther Paulina Mart\u00ednez Mendoza, Maritza Romero Ball\u00e9n y Luis Roberto Ord\u00f3\u00f1ez Ardila, quienes realizaron ensayos hidrost\u00e1ticos \u00ab(\u2026) durante 2 semanas (\u2026)\u00bb, haciendo \u00ab(\u2026) pruebas de l\u00edneas de conducci\u00f3n y en todos los ramales (\u2026)\u00bb, verific\u00e1ndose tambi\u00e9n las \u00ab(\u2026) acometidas de cada predio (\u2026)\u00bb; y adem\u00e1s, acompa\u00f1aron y recorrieron todo el trayecto de la obra por delegados de Asudirhat, Interaudit S.A. y el Instituto Interamericano de Cooperaci\u00f3n para la Agricultura \u2013IICA-. <\/p>\n

4.8.2. Pues bien, es cierto, en uno de los apartes del fallo se hizo menci\u00f3n a las circunstancias narradas por \u00d3scar Javier Cala Vargas, Jos\u00e9 Luis Cala Rueda y Ceferino N\u00fa\u00f1ez Castro, alrededor de la acta de recibo final\u201d de 15 de septiembre de 2010, afirm\u00e1ndose que \u201c(\u2026) fue suscrita \u00fanicamente para que la Naci\u00f3n desembolsara los recursos a la fiducia y poder utilizarlos en dicha obra (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El Tribunal, sin embargo, desde la perspectiva de la omisi\u00f3n probatoria, no pudo incurrir en error al apreciar los testimonios de descargo, vale decir, lo vertido por Esther Paulina Mart\u00ednez Mendoza, Maritza Romero Ball\u00e9n y Luis Roberto Ord\u00f3\u00f1ez Ardila, porque sin desconocer su contenido, esto es, el manifestado cumplimiento o ejecuci\u00f3n del contrato, en un 100%, simplemente les rest\u00f3 credibilidad, al enfrentarlos con otras pruebas. El problema, entonces, no es con la materialidad u objetividad de dichos testimonios, sino con las pruebas tra\u00eddas para desvirtuarlos. <\/p>\n

Desde luego, si las anteriores declaraciones fueron contrarrestadas con lo declarado por \u00d3scar Javier Cala Vargas, Jos\u00e9 Luis Cala Rueda y Ceferino N\u00fa\u00f1ez Castro, quienes refirieron el incumplimiento parcial del contrato y la simulaci\u00f3n de los documentos que daban cuenta de la ejecuci\u00f3n total de la obra, solo para efectos de obtener el desembolso de los recursos, resulta bien claro que el Tribunal tampoco pudo preterir dichos testimonios. <\/p>\n

Desde luego, los testimonios de cargo antes referidos, no pudieron ser tergiversados, puesto que el juzgador, fiel a su contenido, les dio pleno valor, al encontrar sus dichos coherentes con la prueba documental. En particular, con el informe de la interventora, Interaudit S.A., sobre el avance de la edificaci\u00f3n en el \u00ab93.65%\u00bb para el 31 de julio de 2010; con el \u00abacta final de la obra\u00bb; con el \u00abrecibo de cantidades de obra ejecutadas\u00bb; con la constancia del representante de la contratante donde \u00abexpresa que la entidad contratista (\u2026) abandon\u00f3 la obra desde el 18 o 20 de agosto\u00bb de 2010; y con el requerimiento de la interventora de 28 de febrero de 2011, dirigido a buscar e implementar \u00abmecanismos para que se corrijan las irregularidades que fueron encontradas, con el fin de recibir la obra a m\u00e1s tardar el 15 de marzo de 2011 y poder establecer el porcentaje real de ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

En ese contexto, si en alg\u00fan error probatorio incurri\u00f3 el Tribunal, deb\u00eda buscarse en la apreciaci\u00f3n de la prueba que tuvo en cuant\u00eda para darle credibilidad a unos testimonios y descartar otros, pues, por l\u00f3gica, a decir verdad, la cadena de convicci\u00f3n se hizo depender de tales documentos. <\/p>\n

Ahora, como en el cargo ninguna referencia se hace a los elementos de juicio que sirvieron, en \u00faltimas, para avalar el incumplimiento parcial del contrato y eliminar el alegado cumplimiento total, debe seguirse que el Tribunal no se equivoc\u00f3 al decidir como lo hizo, sencillamente, al permanecer enhiesta la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que cobija a esas conclusiones probatorias que trajo a cuento para darle y restarle credibilidad a unos y otros testigos. <\/p>\n

4.8.3. En la hip\u00f3tesis de haber pasado por alto el Tribunal, apreciar la providencia de archivo de una investigaci\u00f3n penal por el punible de celebraci\u00f3n de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, el yerro no ser\u00eda trascendente, pues lo investigado fue la posible comisi\u00f3n de un delito y no el cumplimiento o no del contrato. <\/p>\n

La prueba, por el contrario, condujo a establecer que la cuesti\u00f3n no se regulaba por la Ley 80 de 1993, ni otras de igual linaje, impidiendo el gobierno del tipo penal de la celebraci\u00f3n indebida de contratos por la naturaleza misma del convenio, circunstancia que aparejaba el archivo por la eventual infracci\u00f3n de los contratos estatales. <\/p>\n

4.8.4. En lo relativo al dictamen pericial y su aclaraci\u00f3n, supuestamente demostrativo de le ejecuci\u00f3n total de lo pactado, el cual se dice fue omitido, cabe decirse, si bien, en punto del cumplimiento o no del contrato, en la sentencia no se hizo alusi\u00f3n a ese medio de convicci\u00f3n, ello, por s\u00ed, no configura un error protuberante de hecho, pues, salvo que la prueba contradiga en forma abierta las conclusiones del Tribunal, simplemente, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, \u201csu no menci\u00f3n ser\u00eda una deficiencia de expresi\u00f3n\u201d30. <\/p>\n

La recurrente sostiene en el cargo que el perito dictamin\u00f3 el cumplimiento y ejecuci\u00f3n de la totalidad del monto contratado. Sin embargo, como esto no es cierto, significa que el sentenciador, impl\u00edcitamente, la apreci\u00f3, pero para dejar sentado el hecho contrario, de donde se sigue, entonces, que el error enrostrado alrededor es inexistente. <\/p>\n

El auxiliar de la justicia, en efecto, no asienta contundentemente lo afirmado. Por el contrario, sin desconocer el \u00abrecibo de obra ejecutada\u00bb, seg\u00fan las \u00abactas que forman parte del expediente del juzgado\u00bb, ello no indica la ejecuci\u00f3n cabal de lo pactado, porque, como ya se indic\u00f3, respecto de la documentaci\u00f3n adosada en esa direcci\u00f3n, el juzgador la tuvo por simulada, ergo, desvirtuada. <\/p>\n

El perito, adem\u00e1s, deja incierto el cumplimiento, pues como lo expres\u00f3, a falta de unos documentos requeridos a los usuarios, \u00abno se pudo valorar la cantidad de obra faltante para completar la red de distribuci\u00f3n del distrito de riego\u00bb. <\/p>\n

Si lo anterior fuera poco, el experto, en otros apartados, enf\u00e1ticamente se\u00f1al\u00f3 que (i) \u00ab[n]o se cumpli\u00f3 con el objeto inicialmente contratado, pues no se construyeron la totalidad de las tuber\u00edas de distribuci\u00f3n ni se construyeron las domiciliarias\u00bb; que (ii) \u00ablos \u00edtems 1.1 y 1.2 se recibieron por acta, pero la comunidad dice no haberlos recibido\u00bb; que (iii) \u00ab[s]olo [de] los \u00edtem 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 se ejecut\u00f3 el 100% de lo contratado\u00bb; que (iv) \u00ab[n]o se ejecut\u00f3 el \u00edtem 7.1 de riego predial\u00bb; y que cuando habl\u00f3 del cumplimiento total \u00abno me estoy refiriendo a las cantidades de obra inicialmente contratadas\u00bb. <\/p>\n

4.8.5. Por \u00faltimo, las pruebas no fueron analizadas aisladamente, al punto que, como qued\u00f3 constatado, todo, desde luego, al margen del acierto del Tribunal, algunos elementos de juicio se tuvieron por desvirtuados, frente al contraste con otros medios de convicci\u00f3n. De ah\u00ed que, desde la perspectiva del error de derecho probatorio, en punto de la apreciaci\u00f3n de las pruebas en conjunto, los yerros en la materia no tienen ocurrencia. <\/p>\n

4.9. Los derechos fundamentales de la recurrente, en suma, no aparecen implicados, en tanto, la decisi\u00f3n del ad-quem, en \u00faltimas, resguarda el patrimonio p\u00fablico, de modo que, al no casar, se torna innecesario ejercer los poderes oficiosos para proteger la \u201cres p\u00fablica\u201d, pues escrutados los errores probatorios denunciados, el sentenciador acusado actu\u00f3 con sujeci\u00f3n al ordenamiento legal y constitucional, en pos de preservar los derechos comunitarios. <\/p>\n

4.10. El cargo, en consecuencia, no se abre paso, raz\u00f3n por la cual, se debe condenar a la recurrente a pagar las costas causadas, en cuya tasaci\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta que la demanda de casaci\u00f3n no fue replicada por la contraparte. <\/p>\n

5. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de 25 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, Sala Civil-Familia-Laboral, en el proceso ordinario promovido por Asociaci\u00f3n de Usuarios del Distrito de Adecuaci\u00f3n de Tierras con Riego en Peque\u00f1a Escala de las Veredas Paramito, Roncancio Centro y Santo Domingo del municipio de Hato, (Santander) \u2013Asudirhat contra Pavigas Ltda. <\/p>\n

Las costas en casaci\u00f3n corren a cargo de la recurrente. En la liquidaci\u00f3n respectiva, incl\u00fayase la suma de tres millones de pesos ($3\u2019000.000), por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n

C\u00f3piese, notif\u00edquese y cumplido lo anterior, devu\u00e9lvase el expediente a la oficina de origen. <\/p>\n

(Con aclaraci\u00f3n de voto)
\nOCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\n(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

(Con aclaraci\u00f3n de voto)
\nLUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACION DE VOTO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 68755 31 03 001 2011 00101 01 <\/p>\n

Aunque estoy de acuerdo con la decisi\u00f3n de NO CASAR la sentencia impugnada, disiento de algunas razones que se expusieron en la providencia que sali\u00f3 avante para llegar a dicha conclusi\u00f3n. <\/p>\n

MOTIVOS DE ACLARACI\u00d3N <\/p>\n

1.- Considero que en este caso no est\u00e1n dadas las exigencias legales que habilitar\u00edan la casaci\u00f3n de oficio, por lo siguiente: <\/p>\n

1.1.- La figura de la casaci\u00f3n de oficio, est\u00e1 prevista en el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor: \u00ab[l]a Corte no podr\u00e1 tener en cuenta causales de casaci\u00f3n distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n

Esta modificaci\u00f3n introducida por el legislador al instituto de la Casaci\u00f3n Civil, si bien resulta novedosa en esta especialidad de la jurisdicci\u00f3n, no lo es en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, comoquiera que ya con anterioridad estaba prevista en materia penal (inc. 3\u00b0, art. 184 Ley 906 de 200431). <\/p>\n

No obstante, a tono con la literalidad de la norma, esta facultad concedida a la Corte, no puede ser ejercida de manera irrestricta, sino que qued\u00f3 circunscrita a eventualidades que por su extrema importancia jur\u00eddica ameriten quebrar oficiosamente una sentencia, porque con ella resulte comprometido gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales. Adicionalmente, constituye condici\u00f3n sine qua non para la procedencia de esta intervenci\u00f3n judicial oficiosa, que esas vicisitudes sean ostensibles, esto es, que resulten claras o patentes sin necesidad de apelar a digresiones para llegar a la conclusi\u00f3n. <\/p>\n

En el caso analizado, el magistrado ponente justifica que deba decidirse de fondo el recurso de casaci\u00f3n, pese a la evidente falta de t\u00e9cnica en la formulaci\u00f3n de los cargos, en \u00abaplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 16 de la Ley 270 de 1996 (modificado por el art\u00edculo 7 de la Ley 1285 de 2009), y 336, in fine, del C\u00f3digo General del Proceso, consagratorios de la casaci\u00f3n oficiosa y la selecci\u00f3n positiva de ciertos fallos, as\u00ed se est\u00e9 frente a una demanda deficiente, en general, por razones constitucionales o convencionales, bien para proteger los derechos y garant\u00edas fundamentales, ya cuando es ostensible que la sentencia objeto de an\u00e1lisis compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico\u00bb, se\u00f1alando a continuaci\u00f3n, que en este evento la controversia \u00abgira alrededor del patrimonio p\u00fablico, respecto de la gesti\u00f3n en la inversi\u00f3n de los fondos del programa oficial Agro Ingreso Seguro\u00bb y que la pol\u00e9mica planteada en casaci\u00f3n \u201cse asocia con la administraci\u00f3n de recursos p\u00fablicos\u00bb. <\/p>\n

No comparto esa apreciaci\u00f3n, porque parte de un supuesto equivocado, en la medida que, en \u00faltimas, se est\u00e1 asimilando un hecho irrefutable como es el origen p\u00fablico de los recursos invertidos en el contrato de obra 001 de 2009, suscrito entre la parte demandante y PAVIGAS Ltda., cuya declaratoria de incumplimiento parcial constituy\u00f3 el objeto de este proceso, con la premisa que habilita la casaci\u00f3n oficiosa que ata\u00f1e, necesariamente, a que la sentencia impugnada, de cuenta de un ostensible y grave compromiso del patrimonio p\u00fablico, supuestos que lejos est\u00e1n de configurarse en el caso analizado. <\/p>\n

Obs\u00e9rvese que el Tribunal en su sentencia hall\u00f3 probado el incumplimiento contractual parcial atribuido a la contratista, al no justificar el retraso de la obra, ni acreditar su correcto funcionamiento, y por ello confirm\u00f3 el fallo de primer grado que la conden\u00f3 a complementar y reparar la red de regad\u00edo, y a pagar a la demandante el 10% del valor total del contrato.
\nDicha providencia da cuenta de un an\u00e1lisis juicioso que finiquit\u00f3 la controversia jur\u00eddica concedi\u00e9ndole la raz\u00f3n a los beneficiarios de un proyecto de riego en las Veredas Paramito, Roncancio Centro y Santo Domingo del municipio de Hato \u2013 Santander, financiado con recursos p\u00fablicos, ratificando la imposici\u00f3n de las correspondientes condenas al contratista incumplido que recibi\u00f3 el pago precisamente con esa fuente de ingresos. En esa medida, mal puede decirse que la decisi\u00f3n del juzgador haya comprometido gravemente el patrimonio p\u00fablico, al punto de ameritar el estudio oficioso de la casaci\u00f3n para su salvaguarda. <\/p>\n

Es m\u00e1s, en el pen\u00faltimo p\u00e1rrafo de la parte motiva del fallo, se deja consignada expresamente la raz\u00f3n que hac\u00eda inviable el estudio oficioso de la demanda de casaci\u00f3n, al se\u00f1alar que \u00abla decisi\u00f3n del ad quem, en \u00faltimas, resguarda el patrimonio p\u00fablico, de modo que, al no casar, se torna innecesario ejercer los poderes oficiosos para proteger la \u201cres p\u00fablica\u201d, pues escrutados los errores probatorios denunciados, el sentenciador acusado actu\u00f3 con sujeci\u00f3n al ordenamiento legal y constitucional, en pos de preservar los derechos comunitarios\u00bb <\/p>\n

Desde esa perspectiva, descartado como est\u00e1 que de la sentencia emergiera una abrupta afectaci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico, el raciocinio ofrecido en el fallo que se aclara, da a entender que la casaci\u00f3n oficiosa se torna imperativa en todos aquellos casos de controversias contractuales donde est\u00e9n involucrados recursos p\u00fablicos, lo que desdibuja por completo la finalidad que inspira esta figura, que, en ese preciso aspecto, se concreta en la protecci\u00f3n del patrimonio de la colectividad. <\/p>\n

1.2.- El segundo motivo de discrepancia, ata\u00f1e a un elemental punto de hermen\u00e9utica jur\u00eddica soportado en el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil \u00abcuando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u00bb. <\/p>\n

En este caso, resulta evidente que, si la norma invocada para estudiar de fondo la impugnaci\u00f3n extraordinaria es el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y este prev\u00e9 que la Corte \u00abpodr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio\u00bb, no es factible, al amparo de ese marco normativo, resolver \u00abno casar\u00bb el fallo. <\/p>\n

Al respecto, llama la atenci\u00f3n la contradicci\u00f3n entre la definici\u00f3n del caso en la sentencia que se aclara y la all\u00ed mismo referenciada SC1131 de 2016, \u00faltima que al referirse al contenido y al alcance del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, indic\u00f3 que esa norma al disponer que esta Corporaci\u00f3n podr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio, \u00abest\u00e1 comprometiendo \u201cin radice\u201d a la Corte de Casaci\u00f3n con la construcci\u00f3n del Estado Social de Derecho, para cumplir las finalidades del recurso, autorizando quebrar la sentencia al margen de la prosperidad t\u00e9cnica de las causales esgrimidas por el recurrente\u00bb (Subraya intencional). <\/p>\n

2.- De otra parte, considero que en el sub judice, al margen de cualquier discusi\u00f3n relacionada con la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 1285 de 2009, lo cierto es que tampoco est\u00e1n dados los supuestos para la selecci\u00f3n de la sentencia, referidos estrictamente a la \u00abunificaci\u00f3n de la jurisprudencia, protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos\u00bb, al punto que ni siquiera se invoc\u00f3 en forma espec\u00edfica alguno de ellos como edificante del estudio oficioso, y su satisfacci\u00f3n tampoco queda reflejada en la decisi\u00f3n final. <\/p>\n

3.- Ante los graves problemas de t\u00e9cnica en la sustentaci\u00f3n del cargo en un aspecto tan relevante como la invocaci\u00f3n de las normas sustanciales que se estiman vulneradas, sumada a la inviabilidad de la casaci\u00f3n de oficio, ha debido declararse impr\u00f3spero el ataque. <\/p>\n

En este aspecto, el fallo desconoce no solo la exigencia contenida en el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, sino tambi\u00e9n los reiterados pronunciamientos de la Sala respecto a la consecuencia de no citar como soporte de la causal 2\u00b0 de casaci\u00f3n normas de car\u00e1cter sustancial, sin que en este caso los argumentos del casacionista ofrecieran otra perspectiva que mereciera reconsiderar esa apreciaci\u00f3n en el caso concreto, lo que habr\u00eda exigido un estudio diferente. <\/p>\n

De ese modo, resultan impropias del recurso extraordinario y alejadas de la garant\u00eda del derecho a la igualdad que irradia el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, las consideraciones relacionadas con el estudio de fondo del recurso, en atenci\u00f3n al reclamo de protecci\u00f3n de los derechos de defensa y al debido proceso de la recurrente, sin invocar normas de estirpe material, sino apenas descriptivas, como lo son los art\u00edculos 230 de la Carta Pol\u00edtica, 3\u00b0 y 9\u00b0 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n

Dejo en estos t\u00e9rminos expuestas las razones que me conducen a aclarar la determinaci\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

En forma respetuosa me permito ACLARAR mi voto, pues aunque acompa\u00f1o la decisi\u00f3n de no casar el fallo que el 25 de febrero de 2016 profiri\u00f3 la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, estimo que esa determinaci\u00f3n debi\u00f3 fincarse, exclusivamente, en las evidentes falencias t\u00e9cnicas de la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario que formul\u00f3 Pavigas Ltda. <\/p>\n

1.\tLos yerros formales de la demanda de casaci\u00f3n \u2013y su trascendencia para definir este litigio\u2013. <\/p>\n

En la providencia objeto de estas l\u00edneas, se dijo que la convocada propuso un \u00fanico cargo, con estribo en la segunda causal del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, pero denunciando la trasgresi\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 3 y 9 de la Ley 270 de 1996 y 176 del estatuto procesal civil, normas que no re\u00fanen las caracter\u00edsticas previstas en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 34432 de la reci\u00e9n citada codificaci\u00f3n.
\nEn efecto, el segundo motivo de casaci\u00f3n consiste en la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por lo que luce imperiosa la necesidad de que el recurrente, al sustentar su inconformidad por estas v\u00edas, haga recaer el yerro del tribunal en la falta de aplicaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n indebida o interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de al menos una norma que tenga tal linaje. <\/p>\n

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte ha destacado que <\/p>\n

\u00ab(\u2026) figura entre los requisitos para la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, la indicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas, cuando la v\u00eda escogida para el ataque es la causal primera, pues (\u2026) si dicha causal \u201c(\u2026) tiene como premisa la violaci\u00f3n de una norma sustancial, es apenas l\u00f3gico que el impugnador indique cu\u00e1l o cu\u00e1les disposiciones de esa estirpe entiende vulneradas por la sentencia que combate, porque s\u00f3lo de esa manera pueden cumplirse los fines de la casaci\u00f3n en cuanto concierne a la nomofilaquia y a la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia; en \u00faltimas, si el recurrente no se\u00f1ala el precepto sustancial que considera vulnerado, \u00bfc\u00f3mo la Corte podr\u00eda propender por una defensa concreta y espec\u00edfica del derecho objetivo, sentando criterios de autoridad en relaci\u00f3n con la hermen\u00e9utica de las normas en un tiempo y en un contexto determinado?\u00bb (CSJ AC, 4 jun., 2009, rad. 2001-00065-01). <\/p>\n

Ahora bien, como lo ha se\u00f1alado reiteradamente esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n

\u00ab(…) una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d (G.J. CLI, p\u00e1g.254) y por ende carecen de tal connotaci\u00f3n \u201clos preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)\u00bb (CSJ AC4591-2018, 19 oct.). <\/p>\n

Aplicando esas premisas al \u00fanico cargo propuesto por Pavigas Ltda., refulg\u00eda el traspi\u00e9 de su censura, porque las disposiciones que estim\u00f3 trasgredidas con el quehacer de la corporaci\u00f3n ad quem no declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas que fueran relevantes para la definici\u00f3n del conflicto contractual que se suscit\u00f3 entre ASUDIRHAT y la sociedad recurrente. <\/p>\n

En realidad, las pautas legales que invoc\u00f3 esta \u00faltima prescriben, en su orden, que: (i) es deber de los jueces someterse al imperio de la ley; (ii) ha de garantizarse el derecho de defensa de las partes; (iii) los funcionarios judiciales est\u00e1n obligados a respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso; y (iv) el juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio, cuando ello resulte pertinente; tem\u00e1ticas que, aunque preponderantes dentro de la definici\u00f3n del rol de los jueces en nuestro ordenamiento, no podr\u00edan constituir base esencial del fallo impugnado. <\/p>\n

A lo anterior cabe a\u00f1adir que, conforme al precedente inalterado de esta Corporaci\u00f3n, no resulta viable invocar, en esta sede excepcional, la trasgresi\u00f3n aislada de preceptos constitucionales, pese a que algunas normas de este linaje puedan revestir naturaleza sustancial. Ello en tanto que, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) por regla general, las mencionadas disposiciones superiores est\u00e1n llamadas a desarrollarse mediante la ley, caso en el cual ser\u00e1n los preceptos de \u00e9sta, y no los de la Carta Pol\u00edtica, los que directamente se ocupen o hayan debido ocuparse de la problem\u00e1tica decidida en la sentencia recurrida, de lo que se infiere que, por regla de principio, las disposiciones que el juzgador de instancia pudo infringir son las legales que hizo actuar, inaplic\u00f3 o interpret\u00f3 err\u00f3neamente\u00bb (CSJ AC4591-2018, 19 oct., resaltado intencional). <\/p>\n

Por esa v\u00eda, en casos similares al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se ha concluido lo siguiente: <\/p>\n

\u00ab[S]e predica [el fracaso] del segundo cargo cimentado en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos (…) 1\u00ba, 5\u00ba, 13, 14, 29, 42, 44, 228 y 230 de la Constituci\u00f3n (…) [pues] las normas de rango constitucional que se anuncian violentadas consagran principios que inspiran la actividad jurisdiccional, en estricto sentido, no gobiernan el debate sustancial que dio origen al fallo cuestionado habida consideraci\u00f3n que no contemplan los supuestos hipot\u00e9ticos y las consecuencias jur\u00eddicas que al parecer del casacionista fueron inadvertidos o inaplicados por el ad-quem. Adem\u00e1s, huelga se\u00f1alar que cuando se denuncia el quebrantamiento directo de normas constitucionales, en sede de casaci\u00f3n, debe precisarse el precepto legal que las desarrolla, porque (…) denuncia que en este caso fue omitida por el censor y que conduce inexorablemente al fracaso del cargo\u00bb (CSJ AC, 13 dic. 2011, rad. 2008-00146-01, resaltado intencional). <\/p>\n

Conforme lo antes expuesto, en mi opini\u00f3n no era procedente estudiar de fondo la acusaci\u00f3n propuesta, pues previamente era ineludible reparar en que la recurrente aludi\u00f3 como trasgredidas disposiciones que carec\u00edan de naturaleza sustancial, y que, por lo mismo, no pod\u00edan constituir la base de una trasgresi\u00f3n indirecta como la alegada. <\/p>\n

2.\tLa menci\u00f3n a la casaci\u00f3n oficiosa en este juicio. <\/p>\n

Tambi\u00e9n estimo inadecuado haber fincado el innecesario an\u00e1lisis del cargo \u00fanico propuesto en la facultad de la Corte de \u00abcasar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb), consagrada en el inciso final del citado precepto 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Lo anterior en tanto que: <\/p>\n

(i)\tEl legislador le otorg\u00f3 a la Sala la facultad de intervenir oficiosamente en sede de casaci\u00f3n \u2013pese a la naturaleza eminentemente dispositiva de los remedios extraordinarios\u2013, con el prop\u00f3sito de restablecer el orden jur\u00eddico trasgredido en forma evidente por el fallo con el que se puso fin a las instancias. <\/p>\n

Por consiguiente, esa mediaci\u00f3n carece de finalidad en casos como este, en el que se arriba a la conclusi\u00f3n de que la sentencia recurrida debe mantenerse. Y es que, por definici\u00f3n, la decisi\u00f3n de no casar un fallo obedece, entre otros factores, a que \u2013a juicio de esta Colegiatura\u2013 lo resuelto por el ad quem no compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, ni tampoco atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales de las personas. <\/p>\n

(ii)\tAun obviando la contradicci\u00f3n que surge de hacer uso de la facultad de \u2018casar de oficio\u2019 un fallo para luego decidir \u2018no casarlo\u2019, no puede pasarse por alto que, en el contexto espec\u00edfico del presente litigio, no existe compromiso alguno de \u00abrecursos p\u00fablicos\u00bb, como se afirm\u00f3 en el numeral 4.1. de la sentencia de casaci\u00f3n (folios 11 a 13 de este fallo) para justificar el particular proceder del que me aparto. <\/p>\n

Ciertamente, si bien los dineros que destin\u00f3 ASUDIRHAT para contratar con Pavigas Ltda. la construcci\u00f3n de un distrito de riego proven\u00edan de un programa estatal, lo cierto es que el tribunal dispuso declarar que dicha sociedad incumpli\u00f3 el convenio y, en consecuencia, le orden\u00f3 \u00abcompletar y reparar\u00bb la obra (seg\u00fan se extrae de los numerales 1.4. y 1.5. del fallo). En ese sentido, lo decidido no afectar\u00eda ning\u00fan patrimonio distinto del de la convocada (a quien le compete asumir, con su propio peculio, las obras restantes), el cual es de naturaleza privada. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

Fecha ut supra <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tEs un organismo \tespecializado en agricultura del Sistema Interamericano que apoya \tlos esfuerzos de los Estados Miembros para lograr el desarrollo \tagr\u00edcola y el bienestar rural.
\n2\u0002 \tConvenios especiales de \tcooperaci\u00f3n t\u00e9cnica y cient\u00edfica n\u00fameros \t003 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009.
\n3\u0002 \tCon el prop\u00f3sito \tde afrontar los retos impuestos al sector agropecuario nacional por \tla globalizaci\u00f3n de la econom\u00eda y, \ten especial, por la \tsuscripci\u00f3n de tratados de libre comercio (TLC) con \tdiferentes pa\u00edses, entre ellos con los Estados Unidos de \tAm\u00e9rica, el Congreso de la Rep\u00fablica, a instancias del \tGobierno Nacional, expidi\u00f3 la Ley 1133 de 2007, \u201cpor \tmedio de la cual se crea e implementa el programa Agro Ingreso \tSeguro \u2013 AIS\u201d. \tDicho plan se concibi\u00f3 como una pol\u00edtica p\u00fablica \tcon recursos estatales para financiar y subsidiar al gremio \tagropecuario con miras a \u201c(\u2026) promover \t[su] \tproductividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y \tpreparar [a dicho] \t sector (\u2026) \tpara enfrentar el \treto de la internacionalizaci\u00f3n de la econom\u00eda (\u2026)\u201d.
\n4\u0002 \tLos recursos para \tcostear la obra fueron manejados a trav\u00e9s de la Sociedad \tFiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A., los cuales, para ser \tdesembolsados, deb\u00edan tener un concepto favorable de la \tUnidad T\u00e9cnica Ejecutiva del IICA-Colombia (conformada por el \tMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Incoder, y el \tIICA), quien deb\u00eda emitir conclusiones sobre las \tconstrucciones realizadas y haciendo las respectivas recomendaciones \t(fls. 164 y 440, Cdno. 1).
\n5\u0002 \t\u201cArt\u00edculo \t333. FINES DEL RECURSO DE CASACI\u00d3N. El recurso extraordinario \tde casaci\u00f3n tiene como fin defender la unidad e integridad \tdel ordenamiento jur\u00eddico, lograr la eficacia de los \tinstrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho \tinterno, proteger los derechos constitucionales, controlar la \tlegalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y \treparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la \tprovidencia recurrida\u201d.
\n6\u0002 \tCSJ. Civil. Sentencia SC1131 de 5 de febrero de 2016, expediente \t00443.
\n7\u0002 \tArt\u00edculo 2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991.
\n8\u0002 \tSobre el punto, la Comisi\u00f3n Redactora del C\u00f3digo \tGeneral del Proceso, expuso: \u201cclaro \test\u00e1 que cuando pensamos en el recurso de casaci\u00f3n \tcomo medio id\u00f3neo y eficaz para la uniformidad de la \tjurisprudencia, estamos viendo m\u00e1s all\u00e1 de la \tconcepci\u00f3n tradicional del recurso, que se apoyaba en \tformales principios de jerarqu\u00eda y de \u201cunidad de \tControl\u201d, lleva a la cita de antecedentes jurisprudenciales de \tmanera mec\u00e1nica y fuera de contexto, para esculpir un recurso \tque fincado en el principio de igualdad permita la aplicaci\u00f3n \tracional del precedente, donde la unidad de la jurisprudencia se \tobtiene no por la aplicaci\u00f3n irreflexiva de la misma, sino \tpor el \u201cseguimiento racional\u201d siendo posible la \tseparaci\u00f3n, pero como ya se dijo, por razones suficientemente \tfuertes que el expresarse dejan a salvo valores tan esenciales a la \tmarcha de la sociedad, como lo son la seguridad y certeza jur\u00eddicas \t(Acta \t69, sesi\u00f3n de 25 de mayo de 2005).
\n9\u0002 \tEn \tesa direcci\u00f3n, reafirm\u00f3 la Comisi\u00f3n Redactora \tdel C\u00f3digo General del Proceso: \u201c(\u2026) \tUna \tpropuesta legislativa de casaci\u00f3n de oficio como la que se \tacaba de exponer, as\u00ed sea bajo el mecanismo de la \tdiscrecionalidad, resultar\u00eda insuficiente si no se incorpora \tla posibilidad de denunciar como eventuales normas violadas, al lado \tde las propias del derecho sustancial, los preceptos \tconstitucionales, como lo exige el mismo car\u00e1cter normativo \tde la Constituci\u00f3n que consagra el art. 4\u00b0 de la Carta \tPol\u00edtica, acabando as\u00ed con la discusi\u00f3n \tjurisprudencial, que a\u00fan hoy se sigue dando, sobre si es \tviable descender de la Constituci\u00f3n al recurso de casaci\u00f3n \tde modo directo. De manera que para estos efectos, debe entenderse \tpor derecho objetivo el ordenamiento constitucional, los tratados \tinternacionales suscritos por Colombia y la ley en general, \tintegrados bajo el principio de unidad del ordenamiento.
\n\u201cLo \tanterior, se repite, para hacer del recurso un verdadero instrumento \tde justicia, en tanto su concepci\u00f3n supera los formales \tcriterios de la legalidad para tornarse en un mecanismo comprometido \tcon la defensa de la Constituci\u00f3n y de los derechos \tfundamentales en particular. Obviamente que esa nueva senda exige \tuna reingenier\u00eda procedimental del recurso, para a tono con \tlos fines darle suficiente eficiencia, de modo tal que la \toportunidad del mismo se d\u00e9 por descontada. En esta \tdirecci\u00f3n, entonces, deben ponerse f\u00f3rmulas que \tpermitan un acceso m\u00e1s efectivo, pero responsable y que \treduzcan al m\u00ednimo los niveles de congesti\u00f3n que hoy \tabruman a la Corte \t(Acta No. 69, sesi\u00f3n de 25 de mayo de 2005).
\n10\u0002 \tCSJ AC 7478-2017.
\n11\u0002 \tLa ley estatutaria no es una ley ordinaria. Tiene una jerarqu\u00eda \tsuperior sobre las dem\u00e1s leyes y decretos con fuerza de ley. \tDicha categor\u00eda de superioridad se lo da el hecho de que la \tnaturaleza de los temas que regula, hacen parte de la espina dorsal \tde la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En efecto, la Carta \tPol\u00edtica de 1991 estableci\u00f3 en su art\u00edculo 152 \tlas materias que deben desarrollarse por medio de leyes estatutarias \t(vgr., el procedimiento que debe seguir la acci\u00f3n de tutela; \tla administraci\u00f3n de justicia; la libertad religiosa o el \tderecho de reuni\u00f3n; la que precisa e implementa las funciones \tdel Ejecutivo en los Estados de Excepci\u00f3n, etc.). Relativo a \tsu aprobaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o derogaci\u00f3n, se \trequiere la aprobaci\u00f3n de la mayor\u00eda absoluta de los \tmiembros del Congreso y su tr\u00e1mite deber\u00e1 efectuarse \ten una misma legislatura; es decir, entre julio de un a\u00f1o y \tjunio del siguiente. Si esto no ocurre, tendr\u00e1 que ser \tpresentada nuevamente desde el principio. Igualmente, al aprobarse, \tla Corte Constitucional debe examinar su exequibilidad antes de que \t\u00e9sta sea sancionada por el Presidente de la Rep\u00fablica \ty entre en vigor. <\/p>\n

13\u0002 \tCont\u00f3 con \trecursos del \tprograma AIS por $60 mil millones para financiar dos tipos de \tproyectos: de riego predial para el suministro y manejo del recurso \th\u00eddrico, con un plazo de ejecuci\u00f3n no superior a ocho \tmeses, y de construcci\u00f3n y\/o rehabilitaci\u00f3n de \tdistritos de riego con un plazo de ejecuci\u00f3n no superior a \tdoce meses.
\n14\u0002 \tLa \tevaluaci\u00f3n la realiz\u00f3 el IICA y la decisi\u00f3n \tsobre los subsidios proven\u00eda del Comit\u00e9 Intersectorial \t(conformado por funcionarios del Ministerio de Agricultura y \tDesarrollo Rural, el Incoder y el IICA).
\n15\u0002 \tLas cl\u00e1usulas \texorbitantes se caracterizan, esencialmente, por la inaplicabilidad \tde algunos principios contractuales del derecho civil, toda vez que, \tprecisamente, al practicarse quebrantan la igualdad y \tconmutatividad, propias del acuerdo de voluntades. \u201c(\u2026) \tEl fundamento de \testos poderes, reservados a la administraci\u00f3n, es el inter\u00e9s \tgeneral, deducible de la teleolog\u00eda de los extremos del \tcontrato estatal. En efecto, la entidad p\u00fablica que acude al \tnegocio jur\u00eddico, directa o indirectamente, espera un \tbeneficio colectivo, y el contratista, por su parte, pretende con la \tsuscripci\u00f3n del acuerdo incrementar su patrimonio. \t(\u2026)\u201d (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso \tAdministrativo, Secci\u00f3n Tercera, sentencia de 24 de octubre \tde 2013, C.P. Enrique Gil Botero, rad. \t23001-23-31-000-2000-02857-01(24697).
\n16\u0002 \tSe\u00f1ala el art\u00edculo 95 de norma ej\u00fasdem: \t\u201cLas \tAsociaciones de Usuarios de las obras de adecuaci\u00f3n de \ttierras que aspiren a recibir el subsidio mencionado deber\u00e1n \tconstituirse en la autoridad administradora que ser\u00e1 \tresponsable de operar, mantener y conservar las obras, lo mismo que \trecuperar las tasas que se cobren por el servicio prestado. Tambi\u00e9n \testar\u00e1 a su cargo la obtenci\u00f3n de las concesiones de \taguas superficiales y subterr\u00e1neas necesarias para el \taprovechamiento de estas en beneficio del proyecto, y administrar el \tderecho de uso de dichas aguas por los beneficiarios directos. No \tpodr\u00e1 el Incoder asumir responsabilidad alguna en el manejo y \toperaci\u00f3n de los proyectos que se adelanten con estos \tsubsidios\u201d.
\n17\u0002 \tGarant\u00eda de inmodificabilidad de la competencia judicial que \tobliga a las autoridades judiciales a continuar con el tr\u00e1mite \tde los litigios a su cargo desde la admisi\u00f3n de la demanda y \thasta la culminaci\u00f3n del proceso.
\n18\u0002\u201c(\u2026) \t2.\u00a0Para \tlos solos efectos de esta ley:
\n1o. \tSe denominan entidades estatales:
\na) \tLa Naci\u00f3n, las regiones, los departamentos, las provincias, \tel distrito capital y los distritos especiales, las \u00e1reas \tmetropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios \tind\u00edgenas y los municipios; los establecimientos p\u00fablicos, \tlas empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades \tde econom\u00eda mixta\u00a0en las que el Estado tenga \tparticipaci\u00f3n superior al cincuenta por ciento (50%), as\u00ed \tcomo las entidades descentralizadas indirectas y las dem\u00e1s \tpersonas jur\u00eddicas en las que exista dicha participaci\u00f3n \tp\u00fablica mayoritaria, cualquiera sea la denominaci\u00f3n \tque ellas adopten, en todos los \u00f3rdenes y niveles.
\nb) \tEl Senado de la Rep\u00fablica, la C\u00e1mara de \tRepresentantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscal\u00eda \tGeneral de la Naci\u00f3n, la Contralor\u00eda General de la \tRep\u00fablica, las contralor\u00edas departamentales, \tdistritales y municipales, la Procuradur\u00eda General de la \tNaci\u00f3n, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, \tlos ministerios, los departamentos administrativos, las \tsuperintendencias, las unidades administrativas especiales y, en \tgeneral, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley \totorgue capacidad para celebrar contratos \t(\u2026)\u201d.
\n19\u0002 \t\u201c(\u2026) Los \tcontratos que celebren las entidades a que se refiere el art\u00edculo \t2\u00b0 del presente estatuto se regir\u00e1n por las disposiciones \tcomerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias \tparticularmente reguladas en esta ley \t(\u2026)\u201d.
\n20\u0002 \t\u201c(\u2026) Sin \tperjuicio de lo dispuesto en los art\u00edculos anteriores, el \tjuez competente para conocer de las controversias derivadas de los \tcontratos estatales y de los procesos de\u00a0ejecuci\u00f3n \to\u00a0cumplimiento ser\u00e1 el de la jurisdicci\u00f3n \tcontencioso administrativa \t(…)\u201d.
\n21\u0002 \tCorte Constitucional, sentencia C-071 de 2004.
\n22\u0002 \t\u201cLas \tactuaciones de los particulares y de las autoridades p\u00fablicas \tdeber\u00e1n ce\u00f1irse a los postulados de la buena fe, la \tcual se presumir\u00e1 en todas las gestiones que aquellos \tadelanten ante estas\u201d.
\n23\u0002 \tCSJ, \tSC 11822-2015 y SC-170-2018.
\n24\u0002 \tBajo \tel ep\u00edgrafe de \u201carrendamiento \tde servicios inmateriales\u201d, la \tcodificaci\u00f3n sustancial en lo civil, a partir del art\u00edculo \t2064 y siguientes, denota el contrato de obra como aqu\u00e9l acto \tjur\u00eddico por el cual una persona asume para con otra, el \tcompromiso de efectuar un trabajo material determinado, bajo un \tprecio, sin que ello implique una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n \to de representaci\u00f3n, destacando entonces, su car\u00e1cter \tde consensual, siendo suficiente para su perfecci\u00f3n, el solo \tacuerdo sobre las condiciones de la construcci\u00f3n y su pago. \tAs\u00ed, \t\u201cObra\u201d \ty \u201cremuneraci\u00f3n\u201d \tcomo elementos coexistentes y axiales en esta \u00edndole de \tnegocios jur\u00eddicos, en algunas ramas del derecho como el \tp\u00fablico, dan lugar al surgimiento de diversas \tclasificaciones, en especial, frente a la forma de pago de c\u00f3mo \tse llegue a estipular, se puede hablar entonces, de contratos con \t\u201cprecio \tglobal\u201d, \t\u201cllave \ten mano\u201d, \t\u201cadministraci\u00f3n delegada\u201d, \t\u201creembolso \tde gastos\u201d \ty \u201cprecios \tunitarios\u201d \ten los que en su mayor parte, se hace un estimativo inicial del \tprecio para efectos presupuestales, pero el precio definitivo se \tconcreta al concluirse el contrato.
\n25\u0002 \tConsejo \tde Estado, Secci\u00f3n Tercera, sentencia del 15 de octubre 1999, \texp. 10.929.
\n26\u0002 \tEn el art\u00edculo \t32 de la Ley 80 de 1993 se defini\u00f3 el contrato de obra como \taquel que celebran las entidades estatales (art. 2 ib\u00eddem) \tpara la construcci\u00f3n, mantenimiento, instalaci\u00f3n y, en \tgeneral, para la realizaci\u00f3n de cualquier otro trabajo \tmaterial sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de \tejecuci\u00f3n y pago. Sobre este \u00faltimo elemento, es \timportante resaltar \tque existen \tdiferentes modalidades de pago del valor del contrato de obra: a \tprecio global, a precios unitarios, por administraci\u00f3n \tdelegada reembolso \tde gastos y pago de honorarios y el otorgamiento de concesiones, \tsistemas \tde pago que otrora indicaba el canon 82 del Decreto 222 de 1983. \tAhora, si bien estas tipolog\u00edas no fueron contempladas \texpresamente por la Ley 80 de 1993, esto no es obst\u00e1culo para \tque contin\u00faen constituyendo formas de pago en los contratos \tcelebrados no solo por la administraci\u00f3n p\u00fablica, sino \tpor los particulares, por cuanto en tanto en las condiciones \tgenerales de la contrataci\u00f3n debe esta precisar las \tcondiciones de costo, las obras o servicios necesarios para la \tejecuci\u00f3n del objeto del contrato (art. 24, ordinal 5, \tliteral c).
\n27\u0002 \tMARIENHOFF, M. \u201cTratado \tde Derecho Administrativo\u201d, \tBuenos Aires: Abeledo-Perrot, 1983, Tercera edici\u00f3n, Tomo III \t\u2013B, Contratos Administrativos, pp. 543 y 544.
\n28\u0002 \tOb, \tcit.
\n29\u0002 \tA trav\u00e9s de ese tipo de contratos se adquieren los servicios \tde alguien capacitado y calificado para que construya, mantenga, \tinstale o realice cualquier trabajo material dirigido a ejecutar la \tobra materia del contrato, en nombre de quien lo contrata. El \tcontratante es el due\u00f1o de la obra, y el administrador \tdelegado s\u00f3lo se encarga de ejecutarla, asumiendo su buen \tresultado, como director t\u00e9cnico de la misma, poniendo al \tservicio del contrato toda su capacidad, y sin los riesgos propios \tdel contratista independiente, como los originados en las \tfluctuaciones econ\u00f3micas, la inexperiencia o bajo rendimiento \tdel personal contratado, o las fallas de los equipos utilizados \t(Consejo \tde Estado, Secci\u00f3n Tercera, sentencia 16 \tde septiembre de 2010, exp. 16605).
\n30\u0002 \tCSJ. \tCasaci\u00f3n Civil. Sentencia de \t5 \tde mayo de 1998 (CCLII-1355).
\n31\u0002 \t\u00abEn \tprincipio, la Corte no podr\u00e1 tener en cuenta causales \tdiferentes de las alegadas por el demandante.\u00a0Sin \tembargo, atendiendo a los fines de la casaci\u00f3n, \tfundamentaci\u00f3n de los mismos, posici\u00f3n del impugnante \tdentro del proceso e \u00edndole de la controversia planteada, \tdeber\u00e1 superar los defectos de la demanda para decidir de \tfondo\u00bb. \t[Apartes subrayados \tdeclarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional en C-880-14].
\n32\u0002 \t\u00abCuando se invoque la infracci\u00f3n \tde normas de derecho sustancial, ser\u00e1 \tsuficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa \tnaturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o \thabiendo debido serlo, a juicio \tdel recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una \tproposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC5568-2019 Radicaci\u00f3n: 68755-31-03-001-2011-00101-01 Aprobado en Sala de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Se decide el recurso de casaci\u00f3n de Pavigas Ltda., respecto de la sentencia de 25 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102559","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102559","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102559"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102559\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102559"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102559"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102559"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}