{"id":102561,"date":"2026-07-02T15:59:07","date_gmt":"2026-07-02T15:59:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102561"},"modified":"2026-07-02T15:59:07","modified_gmt":"2026-07-02T15:59:07","slug":"sc5052-2019-2011-00289-01_1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc5052-2019-2011-00289-01_1\/","title":{"rendered":"SC5052-2019 (2011-00289-01)_1"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada Ponente <\/p>\n

SC5052-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001 31 03 022 2011 00289 01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de abril de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que la demandante DORA ADRIANA REYES MART\u00cdNEZ formul\u00f3, en tiempo, contra la sentencia proferida el 7 de abril de 2014 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en el proceso ordinario que la recurrente promovi\u00f3 contra ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP E.P.S IPS. SALUDCOOP CUNDINAMARCA-CL\u00cdNICA JORGE PI\u00d1EROS CORPAS- e I.P.S. CL\u00cdNICA JOS\u00c9 A. RIVAS LTDA.
\nANTECEDENTES <\/p>\n

1. La actora deprec\u00f3 como pretensiones las siguientes: <\/p>\n

a) Declarar civil y responsable contractualmente a los demandados como consecuencia de la muerte prematura de su c\u00f3nyuge Franklin Javier Alarc\u00f3n Castillo y se les condene al pago de los perjuicios derivados del \u00f3bito del mencionado se\u00f1or, dineros que deben ser indexados al momento del pago. <\/p>\n

2.1. El se\u00f1or Franklin Javier Alarc\u00f3n Castillo, c\u00f3nyuge de la actora, en atenci\u00f3n a que se encontraba afiliado a la EPS Saludcoop y, dado el cuadro cl\u00ednico que presentaba, concurri\u00f3 a reclamar los servicios m\u00e9dicos respectivos. <\/p>\n

2.2. Luego de las evaluaciones del caso, le fue diagnosticada \u2018Pansinusitis cr\u00f3nica \u2013poliposis nasal-\u2019 y, una vez se le practicaron varios ex\u00e1menes le fue programada una cirug\u00eda, procedimiento que tuvo lugar el cuatro (4) de julio de dos mil seis (2006); empero, luego de algunas complicaciones, a pesar de la asistencia profesional que se le prest\u00f3, el d\u00eda diez (10) del mismo mes y a\u00f1o, falleci\u00f3. <\/p>\n

2.3. Seg\u00fan lo asever\u00f3 la demandante en su escrito incoativo, el deceso de su consorte se produjo por negligencia m\u00e9dica. <\/p>\n

3. La demanda fue admitida, en un comienzo, por parte del Juzgado 10 Laboral de Bogot\u00e1, este adelant\u00f3 algunas diligencias procesales, y declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n previa de falta de jurisdicci\u00f3n y competencia; apelada esta determinaci\u00f3n por la demandada IPS CL\u00cdNICA JOS\u00c9 A RIVAS LTDA., el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Laboral- mediante auto de fecha 15 de febrero de 2011, luego de exponer la conflictividad suscitada a ra\u00edz de la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 2\u00ba numeral 4\u00ba de la Ley 712 de 2001, para lo cual cit\u00f3 jurisprudencia de las Salas Laboral y Civil de esta Corporaci\u00f3n, como tambi\u00e9n del Consejo de Estado, finalmente determin\u00f3 que es la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en su especialidad civil, la llamada a conocer dicha controversia; consecuencialmente revoc\u00f3 la providencia de primera instancia y declar\u00f3 probada la mentada excepci\u00f3n previa; el asunto fue asumido por el despacho judicial atr\u00e1s referido (22 Civil del Circuito), sin embargo, por efectos de los planes de descongesti\u00f3n implementados por el Consejo Superior de Judicatura, el fallo lo adopt\u00f3 el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n. <\/p>\n

4. La primera instancia, luego de culminadas todas las etapas propias de esta clase de asuntos, fue resuelta de manera adversa a la demandante, quien, en tiempo, formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

5. El Tribunal acusado al resolver la alzada decidi\u00f3 confirmar en su totalidad la sentencia impugnada, situaci\u00f3n que dio origen a la censura extraordinaria y que por haberse aducido en tiempo y, con sujeci\u00f3n a las normas procesales pertinentes, fue admitida por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

6. La Corte al resolver sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n y por conducto de la providencia adiada 20 de noviembre de 2015, de los tres cargos formulados, todos relacionados con la causal 5\u00aa de casaci\u00f3n, solo admiti\u00f3 a tr\u00e1mite los dos primeros, habida cuenta que aluden a causales de nulidad que la propia normatividad considera insaneables (art\u00edculo. 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil) y, respecto del tercer cargo, inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, misma que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. <\/p>\n

SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

La colegiatura enjuiciada advirti\u00f3 que concierta con el a-quo en que se encuentran satisfechos los presupuestos procesales, a m\u00e1s de no observar causal de nulidad alguna que haga nugatoria la actuaci\u00f3n, por lo que resolvi\u00f3 de m\u00e9rito el asunto sometido a su jurisdicci\u00f3n y confirm\u00f3 la sentencia apelada. <\/p>\n

Seguidamente, precis\u00f3 que el tema propuesto en el litigio se centra en la responsabilidad civil contractual, tal como emerge del examen integral de la demanda, puesto que as\u00ed se corrobora con los fundamentos f\u00e1cticos expuestos. <\/p>\n

A continuaci\u00f3n traz\u00f3 un marco conceptual doctrinario respecto de la responsabilidad m\u00e9dica y diferenci\u00f3 entre las obligaciones a cargo del galeno, las que circunscribe al acto m\u00e9dico propiamente dicho, y las correspondientes al ente hospitalario; en relaci\u00f3n con esta \u00faltima, dijo, que esta ocurre por el da\u00f1o que se le produzca al paciente durante su permanencia en las instalaciones del centro m\u00e9dico, la cual depende del grado de vigilancia que requiera la persona de acuerdo con su patolog\u00eda. <\/p>\n

Memor\u00f3, que, seg\u00fan lo ha definido la doctrina y la jurisprudencia, para la estructuraci\u00f3n de la responsabilidad contractual deben acreditarse los siguientes elementos: la existencia de un convenio v\u00e1lido, el hecho da\u00f1oso, el da\u00f1o \u2013 y su cuantificaci\u00f3n-, el nexo causal entre uno y otro, y la culpa del agente del da\u00f1o. <\/p>\n

Realiz\u00f3 algunas precisiones en torno al hecho da\u00f1oso, al da\u00f1o, la relaci\u00f3n de causalidad y la culpa; en lo que concierne a esta y relacionado con la responsabilidad m\u00e9dica se\u00f1al\u00f3 que, seg\u00fan lo ha predicado la jurisprudencia, no cabe la responsabilidad objetiva, sino que se debe demostrar que el da\u00f1o producido se gener\u00f3 debido a una conducta del agente, sin la cual no se hubiera presentado. <\/p>\n

Finalmente concluy\u00f3 que el fallecimiento del se\u00f1alado finado no puede atribuirse a t\u00edtulo de culpa al extremo pasivo, ni menos a\u00fan que hubiera obedecido a la falta de diligencia del m\u00e9dico cirujano al momento de la intervenci\u00f3n, lo que le permiti\u00f3 descartar la responsabilidad civil deprecada. <\/p>\n

LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

En dos cargos admitidos, trazados todos por la causal quinta consagrada en el art\u00edculo 368 del C. de P. C., el actor formaliz\u00f3 su acusaci\u00f3n. En concreto refiere que el Tribunal incurri\u00f3 en varias irregularidades que estructuran causales de nulidad, vr. gr., proceder a fallar sin tener jurisdicci\u00f3n ni competencia (numerales 1 y 2 del art\u00edculo 140 C. de P.C.); y haber revivido un proceso cuando estaba legalmente culminado (n\u00fam. 3\u00ba ib.). <\/p>\n

La Corte conjuntar\u00e1 los dos cargos por presentar elementos comunes en su argumentaci\u00f3n y referirse a la misma causal, adem\u00e1s por complementarse entre s\u00ed, debido a que la viabilidad jur\u00eddica del segundo depende de la prosperidad del primero, conforme a lo dispuesto por el art\u00edculo 51 del Decreto Especial 2651 de 1991, hoy par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 344 del CGP. <\/p>\n

PRIMER CARGO <\/p>\n

Se edifica el embate bajo la consideraci\u00f3n de que existe nulidad procesal insaneable de acuerdo con la causal primera del art\u00edculo 140 y el art\u00edculo 144, ambos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en cuanto que la jurisdicci\u00f3n ordinaria civil no era la llamada para conocer, tramitar y decidir la pretensi\u00f3n de responsabilidad m\u00e9dica implorada en el escrito de introducci\u00f3n procesal sino la especialidad laboral. <\/p>\n

Relata el recurrente las vicisitudes por las cuales transit\u00f3 la actuaci\u00f3n procesal; inicialmente, la demanda fue presentada ante la justicia laboral y le correspondi\u00f3 por reparto conocer al Juzgado 10\u00ba Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, funcionario judicial que resolvi\u00f3 la excepci\u00f3n previa de falta de jurisdicci\u00f3n y competencia en forma adversa al excepcionante. <\/p>\n

Apelada esta decisi\u00f3n, el ad-quem la revoc\u00f3 y, en su lugar, declar\u00f3 probada la nombrada excepci\u00f3n previa, raz\u00f3n por la cual orden\u00f3 al sentenciador de primer grado disponer la remisi\u00f3n del expediente a la Oficina Judicial de Reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, siendo la especialidad civil la que finalmente desat\u00f3 el litigio. <\/p>\n

El cargo se orienta a criticar la decisi\u00f3n mayoritaria del Tribunal de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Laboral-, ya comentada, insisti\u00e9ndose en que es la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral de acuerdo al art\u00edculo 2\u00ba de la ley 712 de 2001, la autoridad judicial competente para dirimir la controversia que sobre responsabilidad m\u00e9dica se plante\u00f3 en la demanda, no la especialidad civil, afirmaci\u00f3n que se apoya en los fundamentos del salvamento de voto de uno de los magistrados integrantes de esa Sala, quien expuso una tesis contraria; a m\u00e1s de cuestionar que la sala mayoritaria se haya apartado del precedente de la Sala Laboral de la Corte para acoger la jurisprudencia de su hom\u00f3loga Civil. <\/p>\n

Adicionalmente, el casasionista advierte que el Juzgado 10\u00ba Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 al admitir la demanda en auto calendado 12 de mayo de 2008 dej\u00f3 por fuera de la parte pasiva al m\u00e9dico Jos\u00e9 A. Rivas, a quien jam\u00e1s se tuvo como demandado, a pesar que respecto de este tambi\u00e9n se hab\u00eda suplicado la declaraci\u00f3n de responsabilidad civil, raz\u00f3n por la cual no fue vinculado al proceso como persona natural, esto es, como el m\u00e9dico que practic\u00f3 la cirug\u00eda reprochada, ya que s\u00f3lo compareci\u00f3 al proceso como representante legal de la IPS CL\u00cdNICA JOS\u00c9 A RIVAS LTDA., sociedad que, igualmente, fue demandada. <\/p>\n

SEGUNDO CARGO <\/p>\n

El acusador con soporte en la causal 5\u00aa del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, afirma que se incurri\u00f3 en el motivo de nulidad previsto en el numeral 3 del art\u00edculo 140, ib\u00eddem, \u00abrevivir un proceso legalmente concluido\u00bb, la cual es insaneable al tenor de lo dispuesto por el art\u00edculo 144 de la codificaci\u00f3n procesal civil. <\/p>\n

Argumenta el impugnante extraordinario que no obstante que el proceso hab\u00eda concluido con la decisi\u00f3n del tribunal de declarar probada la excepci\u00f3n previa de falta de jurisdicci\u00f3n y competencia, continu\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n civil, situaci\u00f3n originada en el error que cometi\u00f3 el ad quem al ordenar remitir el expediente a la jurisdicci\u00f3n civil. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De entrada, debe precisarse que el recurso de casaci\u00f3n se interpuso en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por lo que resulta aplicable al caso sub lite, lo dispuesto por el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, que determina, \u00abQue los recursos interpuestos se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb. <\/p>\n

2. Lo primero que debe resaltarse es que la nulidad, en el \u00e1mbito procesal, pasa a ser la sanci\u00f3n que la ley impone a un acto jur\u00eddico para privarlo de efectos por el alejamiento que presenta en relaci\u00f3n con el conjunto de formas preestablecidas en la ley procesal, con lo cual se excluye toda connotaci\u00f3n sustancial, como es obvio. Ese apartamiento de las formas no puede abarcar todo tipo de irregularidades, en una suerte de prurito ritualista, ya superado. Se trata de una desviaci\u00f3n grave (principio de trascendencia) que el legislador colombiano ha precisado, mediante causales espec\u00edficas de aplicaci\u00f3n restrictiva y taxativas, acogiendo al respecto la orientaci\u00f3n de la Francia revolucionaria, con su conocido apego a la ley, que difundi\u00f3 aquello de que no hay nulidad sin ley que la establezca (principio de la especificidad). Esas causales de invalidaci\u00f3n est\u00e1n referidas al proceso, en todo o en parte, como lo establece el encabezado del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

Con todo, ha de se\u00f1alarse que la jurisprudencia patria ha se\u00f1alado otros contados motivos de nulidad de la sentencia distintos a los previstos en el art\u00edculo 140, ib\u00eddem, por ejemplo, a.-) cuando se dicta en un proceso terminado por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n, hoy parcialmente sustituida por el llamado \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d, regulado por la Ley 1194 de 2008; b.-) se adelanta estando el litigio suspendido; c.-) se condena a una persona que no tiene la calidad de parte; d.-) si por la v\u00eda de la aclaraci\u00f3n se reforma la misma; e.) se dicta por un n\u00famero de magistrados menor al establecido por el ordenamiento jur\u00eddico; f.-) se resuelve sin haber abierto a pruebas el pleito; g.-) se desata sin correr traslado para que los litigantes aleguen en los eventos que as\u00ed lo dispongan las normas procesales y h.-) la que tiene \u201cdeficiencias graves de motivaci\u00f3n\u201d.
\n3. La nulidad procesal, que afecta de ineficacia total o parcial la actuaci\u00f3n judicial surtida al interior de un proceso, puede en algunos eventos ser de tal entidad, como sucede con la falta de jurisdicci\u00f3n del funcionario cognoscente, o reanudar un proceso legalmente concluido, o la falta de competencia funcional, que el legislador, atendiendo a esa gravedad, determina, sin m\u00e1s, que no son saneables, por lo que, una vez verificada su ocurrencia, conlleva indefectiblemente a su declaratoria. <\/p>\n

Sobre esta tem\u00e1tica la Sala ha indicado: <\/p>\n

[L]a procedencia de la causal 5\u00aa de casaci\u00f3n, por haberse incurrido en alguno de los vicios invalidantes consagrados en el art\u00edculo 140 del C. de P.C., supone las siguientes condiciones: \u2018a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido art\u00edculo 140; y por \u00faltimo, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u2019. (CSJ SC de 5 dic. 2008, rad. 1999-02197-01, reiterada en SC de 20 ago. 2013, rad. 2003-00716-01). <\/p>\n

4. Ahora bien, la gravedad de que un juez asuma el conocimiento de un caso que la organizaci\u00f3n judicial ha adscrito a otro funcionario judicial a trav\u00e9s de reglas de orden p\u00fablico, en virtud de las cuales la voz de la jurisdicci\u00f3n se conf\u00eda a funcionarios especializados, todo bajo la idea de que el dominio del conocimiento en una determinada materia les permita decidir con mayor tino, presteza y autoridad, justifica que ese vicio de nulidad sea insaneable. <\/p>\n

5. Por averiguado se tiene, que, en principio, todos los juzgadores tienen el poder de decir el derecho, pero ello no los habilita para adscribirse el conocimiento de materias por completo heterog\u00e9neas, como las que subyacen en las diversas modalidades de los conflictos, m\u00e1xime cuando una situaci\u00f3n tal atentar\u00eda francamente contra los postulados de la sociedad moderna que propenden por la divisi\u00f3n y la especializaci\u00f3n del trabajo y, por remate, truncar\u00edan la eficiencia, la econom\u00eda y la prontitud de la administraci\u00f3n de justicia, que de no ser as\u00ed, de vuelta se ver\u00eda a antiqu\u00edsimas \u00e9pocas en las que el juez deb\u00eda saber de toda causa, quiz\u00e1 porque los asuntos debatidos entonces no ten\u00edan el volumen, ni la complejidad que ofrecen los de ahora. <\/p>\n

6. El cargo objeto de estudio se construye sobre una premisa equivocada al considerar que la discusi\u00f3n en torno al juez que debe conocer el proceso por responsabilidad m\u00e9dica se enmarca dentro del concepto de falta de jurisdicci\u00f3n, cuando lo cierto es que la controversia planteada configura un caso t\u00edpico de falta de competencia, dado que las especialidades laboral y civil hacen parte de la llamada Jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n

En efecto, la jurisdicci\u00f3n como manifestaci\u00f3n concreta de soberan\u00eda del Estado para administrar justicia dentro del territorio nacional resulta ser \u00fanica e indivisible; no obstante, el constituyente instituy\u00f3 como jurisdicciones la ordinaria, la contencioso administrativa, la constitucional e igualmente el aspecto funcional de las especiales de los pueblos ind\u00edgenas, la penal militar, en determinadas labores asignadas a autoridades de otras ramas y en excepcionales casos a los particulares. <\/p>\n

Mientras que la falta de competencia es entendida como la facultad atribuida por la ley y la constituci\u00f3n a determinados funcionarios judiciales, excepcionalmente a particulares e incluso a autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, para asumir, tramitar y decidir determinados asuntos, previamente se\u00f1alados de manera abstracta por el legislador, aun si es una competencia especial o por fueros, misma que sirve para precisar qui\u00e9n juzga dentro de una jurisdicci\u00f3n, a qui\u00e9n se juzga, qu\u00e9 se juzga, cu\u00e1nto se juzga y en qu\u00e9 territorio se juzga, que es a lo que suele llamarse factores para determinar competencia, raz\u00f3n por la cual es de ejercicio estricto, como deriva de la significaci\u00f3n de sus notas caracterizadoras. <\/p>\n

6.1 Una de las primeras garant\u00edas que integran el derecho fundamental al debido proceso es la que el asunto sea juzgado por un juez competente, garant\u00eda establecida por la Revoluci\u00f3n Francesa y hoy en d\u00eda prevista tanto por el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como por instrumentos internacionales que integran el Bloque de Constitucionalidad en sentido estricto (art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y art\u00edculo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos). <\/p>\n

6.2 Decantado que la dolencia casacional no corresponde con rigor jur\u00eddico a un evento de falta de jurisdicci\u00f3n sino de competencia, contrario a lo afirmado por el opugnante extraordinario, no est\u00e1 por dem\u00e1s dejar establecido que si bien la parte demandada propuso ante la justicia laboral en forma general la excepci\u00f3n previa de \u201cFalta de jurisdicci\u00f3n y competencia\u201d, el trasfondo era \u00fanicamente esta \u00faltima, impropiedad que no ataba o vinculaba al operador judicial. <\/p>\n

6.3 En esa misma direcci\u00f3n actu\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 cuando en la providencia de fecha 15 de febrero de 2011, fue lo suficientemente claro en sus consideraciones, lo mismo que en la resolutiva, que el problema jur\u00eddico de fondo no era una falta de jurisdicci\u00f3n sino de competencia, y al revocar la decisi\u00f3n de primer nivel que hab\u00eda declarado no probada dicha excepci\u00f3n previa, en su lugar resolvi\u00f3 \u00abdeclarar probada la excepci\u00f3n previa de falta de competencia, propuesta por la demandada I.P.S. CL\u00cdNICA JOS\u00c9 A. RIVAS\u00bb. Consecuencia de tal declaraci\u00f3n, orden\u00f3 al Juez D\u00e9cimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 que dispusiera la remisi\u00f3n del expediente a la Oficina Judicial de Reparto de los Juzgados Civiles del Circuito, ordenaci\u00f3n que se ajusta a las previsiones del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 99 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por cuanto que el reconocimiento de la aludida excepci\u00f3n previa no conlleva la terminaci\u00f3n ipso facto del proceso, como si ocurr\u00eda con la de falta de jurisdicci\u00f3n (numeral 7\u00ba, ib\u00eddem). <\/p>\n

6.4 Por manera que la pol\u00e9mica referida a la falta de competencia del juez laboral para juzgar causas de responsabilidad m\u00e9dica se zanj\u00f3 con la expedici\u00f3n de la providencia 15 de febrero de 2011, al declararse expresamente en ella que la atribuci\u00f3n para conocer de estas controversias radica en los jueces civiles, seg\u00fan la cuant\u00eda, aunado a que el juez 22 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien le fue repartido inicialmente el expediente remitido por la Sala Laboral del Tribunal de Bogot\u00e1, no rehus\u00f3 su conocimiento, como tampoco el Juzgado 8\u00ba Civil del Circuito de descongesti\u00f3n, c\u00e9lula judicial que finalmente lo avoc\u00f3 mediante proveimiento calendado 5 de marzo de 2013, fecha para la cual ya se encontraban vigentes las normas del nuevo estatuto procesal civil que radican competencia en la justicia ordinaria civil para dirimir los conflictos de responsabilidad civil m\u00e9dica. <\/p>\n

6.5 Vista as\u00ed las cosas, no es de recibo cimentar el cargo, aunque equivocadamente, por falta de jurisdicci\u00f3n, enfilando el ataque contra el auto de 15 de febrero de 2015, comoquiera que la providencia pasible del recurso de casaci\u00f3n es la sentencia adiada 7 de abril de 2014 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n

6.6 Pretende la acusaci\u00f3n persistir en una presunta falta de competencia de la jurisdicci\u00f3n civil para juzgar los asuntos de responsabilidad m\u00e9dica, muy a pesar de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso que desde el 1\u00ba de octubre estableci\u00f3 dicha atribuci\u00f3n en cabeza de esta especialidad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria; embate que desconoce el car\u00e1cter de orden p\u00fablico y de inmediato y obligatorio cumplimiento de las normas procesales, estas en ning\u00fan caso pueden ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley (art\u00edculo 6\u00ba del CPC, y art\u00edculo 6\u00ba del CGP). <\/p>\n

Agr\u00e9guese a lo anterior, que la Corte Constitucional en sentencia C-755 de 2013, de fecha 30 de octubre de 2013, declar\u00f3 exequible la expresi\u00f3n \u00abSin embargo, los procesos de responsabilidad m\u00e9dica que actualmente tramitan los jueces laborales, ser\u00e1n remitidos a los jueces civiles competentes, en el estado en que se encuentren\u00bb prevista en el inciso segundo del numeral 8 del art\u00edculo 625 del CGP (tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n), lo que relieva que en el sub judice la definici\u00f3n del litigio inexorablemente debe hacerla la justicia civil y no la laboral, como err\u00f3neamente es planteado por el casacionista; norma que entr\u00f3 a regir a partir del 1\u00ba de octubre de 2012, lo que excluye la existencia de vicio procesal alguno relacionado con la facultad de decidir el caso por parte del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil. <\/p>\n

6.7 Se subraya que esta Sala, incluso en vigencia del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 712 de 2001, y mucho antes de entrar a regir las mentadas disposiciones del nuevo estatuto procesal civil, hab\u00eda reivindicado la atribuci\u00f3n de los jueces civiles para resolver causas de responsabilidad m\u00e9dica, y en la sentencia de casaci\u00f3n de fecha 4 de mayo de 2009, expediente 05001-31-03-002-00099-01, al estudiar este particular t\u00f3pico, concluy\u00f3 que \u00ab…, reitera \u00edntegra su jurisprudencia sobre la competencia privativa, exclusiva y excluyente de la jurisdicci\u00f3n civil para conocer de los asuntos ata\u00f1ederos a la responsabilidad m\u00e9dica, con excepci\u00f3n de los atribuidos a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo y a la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral en materia de seguridad social integral, en cuanto hace exclusivamente al r\u00e9gimen econ\u00f3mico prestacional y asistencial consagrado en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias\u00bb. <\/p>\n

6.8 De otra parte, se advierte al recurrente que el art\u00edculo 622 del CGP, que modific\u00f3 el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, norma esta en la que se afinca el cargo, estableci\u00f3 reglas relativas a la competencia para conocer de las controversias de responsabilidad m\u00e9dica y relacionados con contratos, vigente desde la promulgaci\u00f3n de la Ley 1564 de 2012 (numeral 1\u00ba, art\u00edculo 627 CGP), misma que de manera expl\u00edcita excluy\u00f3 del conocimiento de la justicia laboral las controversias concernientes a la responsabilidad gal\u00e9nica, al disponer: \u00abLas controversias relativas a la prestaci\u00f3n de los servicios de seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad m\u00e9dica y los relacionados con contratos\u00bb (sublineado de la Corte). <\/p>\n

6.9 De cara a la queja que concita la atenci\u00f3n de la Corte es del caso remarcar que no se configur\u00f3 la hip\u00f3tesis de nulidad en comento en tanto que la jurisdicci\u00f3n ordinaria civil es la llamada a desatar la contienda y, por tanto, el tribunal se encontraba autorizado legalmente, al igual que el juzgado civil del circuito de primera instancia, para avocar y decidir el asunto sub examine, cuando expidieron las sentencias adiadas 14 de junio de 2014 y 27 de junio de 2013, respectivamente. <\/p>\n

6.10 Otra arista del cargo censura el hecho de no haberse vinculado como demandado al Dr. Jos\u00e9 Antonio Rivas Correa, m\u00e9dico que practic\u00f3 la cirug\u00eda reprochada, en el auto admisorio de la demanda, no obstante que aparece se\u00f1alado en el libelo como integrante del litisconsorcio facultativo pasivo, empero si compareci\u00f3 en juicio en calidad de representante legal de la IPS Cl\u00ednica Jos\u00e9 A. Rivas Ltda., entidad que tambi\u00e9n es demandada. <\/p>\n

La anterior irregularidad procesal no constituye motivo legal de nulidad, m\u00e1xime que no guarda relaci\u00f3n con la falta de competencia de la justicia civil para definir controversias de responsabilidad gal\u00e9nica, sumado a que la parte interesada no la advirti\u00f3 oportunamente al juzgado laboral que en esa \u00e9poca estaba tramitando el proceso, lo que conforme con lo previsto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe entenderse saneada dicha irregularidad, pauta que recoge el par\u00e1grafo del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Deviene de todo lo expuesto la improsperidad del cargo de nulidad por \u201cfalta de jurisdicci\u00f3n\u201d, que t\u00e9cnicamente corresponde a una falta de competencia. <\/p>\n

7. El embate de nulidad soportado en la causal 3\u00aa del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de \u00abRevivir un proceso legalmente concluido\u00bb se erige a partir de un supuesto f\u00e1ctico inexistente: que el proceso de responsabilidad m\u00e9dica que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte termin\u00f3 legalmente. <\/p>\n

La evidencia emp\u00edrica que subyace en el expediente materia de examen revela que el plurinombrado proceso de responsabilidad civil m\u00e9dica nunca se declar\u00f3 legalmente terminado, y la declaraci\u00f3n de la falta de competencia adoptada por la Sala Laboral del Tribunal de Bogot\u00e1, ya analizada, y la subsiguiente remisi\u00f3n del expediente a la especialidad civil, vac\u00eda de contenido la premisa que sustenta la acusaci\u00f3n, por lo que refulge indiscutiblemente frustr\u00e1nea la configuraci\u00f3n del mencionado motivo de nulidad. <\/p>\n

Se recalca, la declaraci\u00f3n de la falta de atribuci\u00f3n legal para juzgar determinado pleito no es causal jur\u00eddica de terminaci\u00f3n del proceso, como bien se advirti\u00f3 en otro aparte de esta providencia. <\/p>\n

En ese orden de ideas, ninguno de los cargos est\u00e1n llamadas a prosperar. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

Primero. -NO CASA la sentencia proferida el 7 de abril de 2014 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dentro del proceso ordinario que DORA ADRIANA REYES promovi\u00f3 contra ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP E.P.S IPS. SALUDCOOP CUNDINAMARCA-CL\u00cdNICA JORGE PI\u00d1EROS CORPAS- e I.P.S. CL\u00cdNICA JOS\u00c9 A. RIVAS LTDA. <\/p>\n

Segundo.- CONDENAR en costas del recurso de casaci\u00f3n a la recurrente en favor de quienes replicaron la demanda extraordinaria. Por concepto de agencias en derecho incl\u00fayase la suma de seis millones de pesos ($6.000.000.oo) M\/cte. <\/p>\n

Tercero: Ordenar que, en su oportunidad, se remita el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LU\u00cdS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-022-2011-00289-01 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto plenamente el sentido de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala, respetuosamente me permito aclarar mi voto, en relaci\u00f3n con la siguiente afirmaci\u00f3n: \u00ab(…) la jurisprudencia patria ha se\u00f1alado otros contados motivos de nulidad de la sentencia distintos a los previstos en el art\u00edculo 140 [del C\u00f3digo de Procedimiento Civil], por ejemplo: (…) h.-) la que \u201ctiene deficiencias graves de motivaci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n

Ello porque el aparte reci\u00e9n reproducido sostiene que la ausencia de motivaci\u00f3n de la sentencia es un evento estructurante de la nulidad a la que refiere el numeral 8 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso; sin embargo, esa hip\u00f3tesis no armoniza con el precedente inalterado de la Sala. <\/p>\n

Ciertamente, no se desconoce la trascendencia del deber de motivaci\u00f3n de las decisiones judiciales, ni tampoco su v\u00ednculo con la tutela judicial efectiva; al fin y al cabo, la carga de exteriorizar la justificaci\u00f3n fundada que permiti\u00f3 al juez llegar a una determinada conclusi\u00f3n diluye la posibilidad de actuar en forma arbitraria o caprichosa, y legitima las actuaciones jurisdiccionales a partir de su razonabilidad, pertinencia y adecuaci\u00f3n frente al marco normativo y f\u00e1ctico del litigio. <\/p>\n

En este sentido, la doctrina reconoce que
\n\u00ab(…) la publicidad del proceso no es suficiente garant\u00eda de una recta justicia. Es indispensable que los funcionarios judiciales expliquen y fundamenten sus decisiones, a menos que se trate de simples \u00f3rdenes para el impulso del proceso. De esta manera se evitan arbitrariedades y se permite a las partes usar adecuadamente el derecho de impugnaci\u00f3n (…). Porque la resoluci\u00f3n de toda sentencia es el resultado de las razones o motivaciones que en ella se explican\u00bb1. <\/p>\n

Sin embargo, la importancia del aludido deber de motivar las decisiones judiciales no puede conducir a afirmar que la falta de motivaci\u00f3n constituye motivo de nulidad originado en la sentencia y, por lo mismo, ese supuesto (falta de motivaci\u00f3n) tampoco armoniza con la hip\u00f3tesis abstracta prevista en la quinta causal de revisi\u00f3n prevista en el ordenamiento procesal civil. <\/p>\n

Las causales de invalidaci\u00f3n que recoge, actualmente, el canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, corresponden, exclusivamente, a hip\u00f3tesis de insatisfacci\u00f3n de los requisitos de validez del acto procesal jurisdiccional; la motivaci\u00f3n del fallo, por su parte, es un asunto de \u00edndole sustancial, y por ello enteramente ajeno al r\u00e9gimen de la anulaci\u00f3n. <\/p>\n

Conforme con ello, la \u00abnulidad originada en la sentencia\u00bb a la que hace referencia el citado numeral 8 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso tiene que ver con la estructura formal del prove\u00eddo (requisitos de validez de esa actuaci\u00f3n procesal), asunto de procedimiento que, se insiste, nada tiene que ver con la motivaci\u00f3n como carga sustantiva, cuyas deficiencias constituyen un yerro in iudicando, no in procedendo. <\/p>\n

\u00ab(…) Respecto de [la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio], ha reiterado la Corte que \u201c\u2026no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en \u00e9ste el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representaci\u00f3n ni falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, que constituye causal espec\u00edfica y aut\u00f3noma de revisi\u00f3n, como lo indica el numeral 7\u00ba del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo ser\u00eda, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso\u201d (CXLVIII, 1985). <\/p>\n

De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisi\u00f3n se dirige a \u201cabolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa\u201d (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R. 7421). <\/p>\n

Es decir que ha de tratarse de \u201cuna irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido. (SR 078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que \u2013a m\u00e1s de estar expresamente previstos (…)\u2013 \u2026se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes\u201d (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001). <\/p>\n

Este tipo de nulidad puede originarse seg\u00fan la doctrina \u201ccon la sentencia firmada con menor n\u00famero de magistrados o adoptada con un n\u00famero de votos diversos al previsto por la ley, o la pronunciada en proceso legalmente terminado por desistimiento, transacci\u00f3n, perenci\u00f3n, o suspendido o interrumpido\u201d (Hernando MORALES MOLINA. Curso de derecho procesal civil. Parte general. 8\u00aa ed. Bogot\u00e1: ABC, 1983. P. 652). <\/p>\n

Y otros eventos adicionales que destaca la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n radican en la condena a quien no ha figurado en el proceso como parte, o si al resolver la solicitud de aclaraci\u00f3n del fallo se termina modific\u00e1ndolo, y cuando se dicta sentencia \u201csin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar cuando el procedimiento as\u00ed lo exija\u201d. (CSJ SC, 29 ago. 2008. Rad. 2004-00729)\u00bb (CSJ SC9228-2017, 29 jun.). <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos, y con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, dejo expuestas las razones por las cuales aclaro mi voto, puesto que, insisto, en el fallo de la referencia se afirma que la falta de motivaci\u00f3n est\u00e1 enlistada como causal de nulidad adicional a las previstas en el ordenamiento procesal civil, lo cual no concuerda con la principial\u00edstica y finalidad del r\u00e9gimen anulatorio, ni con la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

Fecha ut supra, <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Afirmar, como lo hace la mayor\u00eda, que la deficiente motivaci\u00f3n de la sentencia genera su nulidad es desacertado, pues no tiene ning\u00fan asidero en la ley ni es compartido por la doctrina autorizada, ni mucho menos obedece a la postura tradicional de nuestra jurisprudencia, a la cual se ha retornado en decisiones recientes en las que se ha precisado: <\/p>\n

La nulidad originada en la sentencia se refiere, de manera exclusiva, a la ausencia de alguno de los requisitos formales que la ley exige para la constituci\u00f3n de ese acto procesal, visto \u00fanicamente desde una perspectiva procedimental; es decir por faltar el presupuesto adjetivo que se requiere para que dicho fallo produzca los efectos jur\u00eddicos que la ley instrumental le atribuye. De ah\u00ed que pueda ser considerado como una nulidad procesal y no como un error en la argumentaci\u00f3n, pues esto \u00faltimo podr\u00e1 ser objeto de casaci\u00f3n por vicios in judicando en los casos en los que hubiere lugar, pero no de revisi\u00f3n. <\/p>\n

Esta nulidad, por tanto, no puede confundirse con las deficiencias o excesos que pueda tener el contenido de la sentencia, y que dicen relaci\u00f3n a su fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica o probatoria, a la razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a cualquier tema relacionado con el fondo de la controversia. (Sentencia de revisi\u00f3n SC4415-2016 del 11 de abril de 2016 (Exp.: 2012-02126-00) <\/p>\n

Es cierto que el art\u00edculo 304 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que rigi\u00f3 este caso, impone a los jueces motivar razonadamente sus decisiones: \u00ab[l]a motivaci\u00f3n deber\u00e1 limitarse al examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones \u2026\u00bb; lo cual significa que las sentencias deben estar constituidas por un razonamiento l\u00f3gico cuya conclusi\u00f3n sea el resultado de la demostraci\u00f3n de los supuestos de hecho previstos en la norma sustancial que contiene las consecuencias jur\u00eddicas que se reclaman en las pretensiones de la demanda. <\/p>\n

No obstante, la deficiente motivaci\u00f3n nunca ha sido \u2014como no puede ser\u2014 un motivo de nulidad, pues ata\u00f1e al contenido material de la decisi\u00f3n y no a los requisitos formales de los actos procesales. <\/p>\n

La nulidad originada en la sentencia se refiere, de manera exclusiva, a la ausencia de alguno de los requisitos formales que la ley exige para la constituci\u00f3n de ese acto procesal, visto \u00fanicamente desde una perspectiva procedimental; es decir por faltar el presupuesto adjetivo que se requiere para que dicho acto produzca los efectos jur\u00eddicos que la ley instrumental le atribuye. De ah\u00ed que pueda ser considerado como una nulidad procesal y no como un error en la argumentaci\u00f3n, pues esto \u00faltimo podr\u00e1 ser objeto de casaci\u00f3n cuando a ello hubiere lugar, con fundamento en las otras causales de diversas a la procesal contemplada en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

Esta nulidad, por tanto, no puede confundirse con las deficiencias materiales que pueda tener el contenido de la sentencia, las cuales dicen relaci\u00f3n a la fundamentaci\u00f3n de las premisas sobre las que se erige la decisi\u00f3n; a la razonabilidad de la argumentaci\u00f3n; a su estructura l\u00f3gica; o, en fin, al tema de fondo de la controversia. <\/p>\n

A tal respecto esta Corte explic\u00f3, haciendo referencia a la causal 8\u00aa de revisi\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 380 ib\u00eddem, que establec\u00eda como motivo de revisi\u00f3n \u00ab[e]xistir nulidad originada en la sentencia\u00bb, lo siguiente: <\/p>\n

Es indudable que los t\u00e9rminos en que se halla concebida la causal 8\u00aa de revisi\u00f3n del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, o sea \u2018existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u2019, indican que el vicio que emerge del fallo impugnado constitutivo de nulidad debe ser de naturaleza estrictamente procesal, lo que evidentemente excluye los errores de juicio ata\u00f1ederos con la aplicaci\u00f3n del derecho sustancial, la interpretaci\u00f3n de las normas y la apreciaci\u00f3n de los hechos y de las pruebas que le pueden ser imputados al sentenciador\u2026. (CSJ SRC de 22 de sep. de 1999. Exp. 7421) <\/p>\n

As\u00ed como en la providencia que se acaba de citar, son innumerables las decisiones en las que se ha insistido en que el vicio consistente en una deficiente o err\u00f3nea motivaci\u00f3n no genera la nulidad de la sentencia. <\/p>\n

Es cierto que puede presentarse la situaci\u00f3n de que la providencia carezca absoluta o parcialmente de motivaci\u00f3n, o que contenga una fundamentaci\u00f3n que en realidad no es tal sino una mera apariencia; mas tales eventos no constituyen ni tienen la virtualidad de constituir una nulidad originada en la sentencia, porque no est\u00e1n referidos a los requisitos formales que debe cumplir este acto procesal para que produzca efectos jur\u00eddicos, sino que ata\u00f1en a una insuficiencia en su contenido material; de ah\u00ed que la deficiente motivaci\u00f3n de las decisiones judiciales constituye el caso t\u00edpico de error in judicando por excelencia. <\/p>\n

La ausencia total de razones jur\u00eddicas o f\u00e1cticas en que puede incurrir una sentencia, o la escasez de esa clase de argumentos, no significan falta de cumplimiento de una formalidad o presupuesto instrumental, porque tal defecto concierne al contenido mismo de la decisi\u00f3n que se adopta; y es por tanto, siempre y en todos los casos, una falencia de fundamentaci\u00f3n cuya demostraci\u00f3n posee la aptitud de desvirtuar las bases esenciales del fallo que adolezca de los referidos errores. <\/p>\n

As\u00ed ha sido siempre, y as\u00ed se ha sostenido con vehemencia tanto en los fallos de casaci\u00f3n que se dirigen por la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como en las acciones de tutela contra providencias judiciales que se muestran ostensiblemente arbitrarias o carentes de sustentaci\u00f3n razonable. <\/p>\n

De hecho, la providencia que introdujo la tesis \u2014en mi parecer err\u00f3nea e incoherente\u2014 de la deficiente motivaci\u00f3n como motivo de nulidad de la sentencia, fue una en la que se resolvi\u00f3 un recurso de revisi\u00f3n con sustento en la causal 8\u00aa del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en la que finalmente se neg\u00f3 el recurso extraordinario bajo el entendido de que \u00e9ste \u00abno est\u00e1 concebido como una reapertura del debate que ocup\u00f3 las instancias, ni para volver la mirada sobre las mismas pruebas que en su momento discurrieron ante los jueces, tampoco para interpretar de nuevo las reglas legales que sirvieron de soporte a la decisi\u00f3n o sobre aquellas que se dejaron de hace valer\u00bb. (SC de 29 de agosto de 2008, Rad. 2004-729-01) <\/p>\n

De manera que toda la argumentaci\u00f3n que en aquel entonces se adujo para introducir la nueva causal por v\u00eda de creaci\u00f3n jurisprudencial result\u00f3 infructuosa e innecesaria, dado que, en \u00faltimas, el recurso que fue materia de aquel pronunciamiento se neg\u00f3 por las razones que siempre se han tenido en cuenta para declarar su improcedencia, esto es porque \u00abninguno de los motivos aludidos por el recurrente en revisi\u00f3n coincide con las causales previstas en el art\u00edculo 380 del C.P.C.\u00bb (Ibid) <\/p>\n

En tales t\u00e9rminos aclaro mi voto. <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tDEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Editorial \tUniversidad, Buenos Aires. 1984, p. 74.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada Ponente SC5052-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001 31 03 022 2011 00289 01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de abril de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que la demandante DORA ADRIANA REYES MART\u00cdNEZ formul\u00f3, en tiempo, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102561","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102561"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102561\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}