{"id":102566,"date":"2026-07-02T16:01:19","date_gmt":"2026-07-02T16:01:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102566"},"modified":"2026-07-02T16:01:19","modified_gmt":"2026-07-02T16:01:19","slug":"sc5515-2019-2013-00104-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc5515-2019-2013-00104-01\/","title":{"rendered":"SC5515-2019 (2013-00104-01)"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada Ponente <\/p>\n

SC5515-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-31-03-018-2013-00104-01
\n(Aprobado en Sala de catorce de mayo de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Procede la Corte a resolver el recurso de casaci\u00f3n que la sociedad LUBRIEXPO LTDA. en Liquidaci\u00f3n, demandante, formul\u00f3 contra la sentencia proferida el doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015), por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario que la misma instaur\u00f3 contra el BANCO POPULAR. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Lubriexpo Ltda. en Liquidaci\u00f3n convoc\u00f3 a juicio al Banco Popular, para que con su citaci\u00f3n y audiencia se declarara \u00abla PRESCRIPCI\u00d3N EXTINTIVA de la ACCI\u00d3N EJECUTIVA derivada de la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2006 proferida por el Juzgado 6 Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de esta ciudad, en descongesti\u00f3n del Juzgado 5 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dentro del proceso Ejecutivo con T\u00edtulo Hipotecario No. 2002-03748 de BANCO POPULAR contra LUBRIEXPO LTDA., confirmada por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 Sala Civil, M.P. Dr. Rodolfo Arciniegas Cuadros seg\u00fan sentencia de fecha 3 de agosto de 2007, que dispuso la venta en p\u00fablica subasta del bien hipotecado distinguido con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-587913 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esta ciudad por haber trascurrido el t\u00e9rmino de 5 a\u00f1os establecido en el art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 791 de 2002, sin que el acreedor ejecutara lo dispuesto en el mentado fallo\u00bb. <\/p>\n

Como pretensi\u00f3n consecuencial pidi\u00f3, oficiar al \u00abJuzgado 5 Civil del Circuito de esta ciudad, para que decrete la terminaci\u00f3n del proceso Ejecutivo Hipotecario No. 2002-03748 de BANCO POPULAR contra LUBRIEXPO LTDA., por haberse declarado la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n ejecutiva derivada de la sentencia all\u00ed proferida, a fin de que se levante la medida cautelar del bien objeto de la garant\u00eda hipotecaria y la cancelaci\u00f3n del gravamen constituido mediante escritura p\u00fablica No. 4465 de 23 de agosto de 1991 dela Notaria 31 del Circulo de Bogot\u00e1, ampliada por escritura p\u00fablica No. 1326 del 10 de marzo de 1993 de la misma Notar\u00eda\u00bb (fls. 36-41 Cd 1). <\/p>\n

2. Los mentados pedimentos se soportaron en los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio: <\/p>\n

2.1. Que por escritura p\u00fablica N\u00b0 4465 de 23 de agosto de 1991 de la Notaria 31 del Circulo de Bogot\u00e1, la demandante constituy\u00f3 hipoteca abierta en favor del Banco demandado, sobre el inmueble ubicado en el interior 11 de la Transversal 93 N\u00b0 62-46 de esta ciudad con matricula inmobiliaria 50C-587913, ampliada por escritura p\u00fablica N\u00b0 1326 del 10 de marzo de 1993 de la misma Notar\u00eda, para garantizar cualquier obligaci\u00f3n a su cargo y a favor de dicha entidad financiera. <\/p>\n

2.2. Con el amparo de dicho gravamen se oblig\u00f3 con la demandada a trav\u00e9s de tres (3) pagar\u00e9s, con n\u00fameros 068-13-00094-0, 068-1300099-6 y 068-1300103-5, de fechas 11 de mayo, 26 de junio y 13 de agosto de 2001 y por valores de $50'000.000,00, $200'000.000,00 y $70'000.000,00, respectivamente. <\/p>\n

2.3. Por haber incurrido en mora de las mentadas obligaciones, el banco hizo uso de la acci\u00f3n cambiaria en su contra y formul\u00f3 demanda ejecutiva, que correspondi\u00f3 al Juzgado 5\u00b0 Civil del Circuito, quien libr\u00f3 orden de pago por auto del 27 de mayo de 2002; enterado de la orden de apremio se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 excepciones perentorias que fueron declaradas no probadas en sentencia de 8 de noviembre de 2006, y decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien gravado para que con el producto se cancelara la obligaci\u00f3n demandada. Apelada la anterior determinaci\u00f3n fue confirmada por el Superior el 3 de agosto de 2007. <\/p>\n

2.4. Afirm\u00f3 que lo descrito \u00abpermite colegir que la parte demandada, a pesar de existir sentencia condenatoria no ha realizado ning\u00fan acto tendiente a lograr la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a su favor. Por el contrario, su desinter\u00e9s de m\u00e1s de 5 a\u00f1os desde la ejecutoria de la misma, ha tolerado la inactividad del proceso, pues se trata de un Banco que tiene a su disposici\u00f3n todas las herramientas necesarias para la culminaci\u00f3n del proceso\u00bb; que al haberse superado el t\u00e9rmino de cinco (5) a\u00f1os desde la ejecutoria \u00ablos derechos contenidos en la sentencia condenatoria, que se convierte en el t\u00edtulo ejecutivo, se encuentran prescritos desde el 23 de octubre del a\u00f1o 2012, en virtud a lo previsto en el art\u00edculo 2536 del C. Civil que fue modificado por el art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 791 de 2002\u00bb. <\/p>\n

3. El Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1. a quien por reparto le fue asignado el presente asunto, dispuso su admisi\u00f3n por auto de 12 de abril de 2013 (fl. 43 Cd 1), ordenando el enteramiento del Banco demandado, quien puesto a juicio se pronunci\u00f3 de manera diversa sobre los hechos alegados, se opuso a las pretensiones y las repeli\u00f3 mediante las excepciones perentorias que denomin\u00f3: \u00abla acci\u00f3n ejecutiva derivada de la sentencia dictada por el juzgado Sexto Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 y confirmada por el Honorable Tribunal de Bogot\u00e1 en favor del Banco Popular S.A. no se encuentra prescrita\u00bb, \u00abla hipoteca como cauci\u00f3n y garant\u00eda accesoria\u00bb, \u00abno pago de las obligaciones\u00bb, \u00abcosa juzgada\u00bb, \u00ababuso del derecho a litigar\u00bb y la denominada \u00abexcepci\u00f3n gen\u00e9rica\u00bb (fls. 69-78). <\/p>\n

4. Agotado el tr\u00e1mite que le es propio a este tipo de juicios, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, con fundamento en la competencia que se le asign\u00f3 por el Acuerdo PSAA15-10288 de 2015 del Consejo Superior de la Judicatura, dirimi\u00f3 la instancia con sentencia de 16 de julio de 2015, en la cual neg\u00f3 las pretensiones de la demanda (fls. 161-168 Cd 1). <\/p>\n

5. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, al desatar la alzada interpuesta por el extremo demandante, por sentencia de 12 de noviembre de 2015 (fls. 23-32 Cd Trib.), confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n

6. Contra la sentencia de segundo grado el extremo vencido interpuso recurso de casaci\u00f3n que, por ser debidamente concedido, una vez recibidas las diligencias en esta Corporaci\u00f3n fue admitido a tr\u00e1mite. <\/p>\n

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

1. La Corporaci\u00f3n acusada, consider\u00f3 necesario confirmar la decisi\u00f3n de instancia, porque (i) \u00abla sentencia que se profiere en un proceso ejecutivo para decretar la venta en p\u00fablica subasta del bien hipotecado, en orden a que con su producto se satisfaga la deuda no es fuente de obligaci\u00f3n alguna ni constituye, en estrictez, t\u00edtulo que preste m\u00e9rito ejecutivo, por lo que no es posible afirmar que a partir de su ejecutoria corre un plazo de prescripci\u00f3n en contra de la parte favorecida con la decisi\u00f3n\u00bb; (ii) \u00abporque si un acreedor hace valer su derecho en proceso ejecutivo en el que logra interrumpir la prescripci\u00f3n, el tiempo de duraci\u00f3n de ese juicio no da lugar a un nuevo plazo prescriptivo del que pueda aprovecharse el deudor tempestivamente notificado para lograr, ni en ese mismo ni en proceso separado, la extinci\u00f3n de la deuda por el modo de la prescripci\u00f3n\u00bb; (iii) \u00abporque el banco s\u00ed ha ejercido su derecho dentro del proceso ejecutivo que adelanta contra la aqu\u00ed demandante, sin que las dificultades presentadas para lograr el remate del bien hipotecado puedan ser aprovechados por el deudor para beneficiarse de una prescripci\u00f3n que no se configura\u00bb. <\/p>\n

El primer argumento lo desarrolla dando cuenta de la naturaleza y fases en que se surte el proceso ejecutivo, y las determinaciones que en \u00e9l se adoptan, seg\u00fan se propongan o no excepciones de m\u00e9rito y que, en todo caso, \u00abni le ponen fin al proceso, como lo reconoce la propia parte demandante, ni declaran la existencia de la obligaci\u00f3n, y mucho menos le imponen condena al demandado. Se trata, simplemente, de una decisi\u00f3n que, de ser favorable al ejecutante, precisar\u00e1 la manera como se verificar\u00e1 el pago forzado, seg\u00fan se trate de una ejecuci\u00f3n de naturaleza expropiativa, satisfactiva o transformativa\u00bb. <\/p>\n

Precisa que, justamente, en el proceso hipotecario la decisi\u00f3n que dispone la venta en p\u00fablica subasta del bien gravado para el pago de la obligaci\u00f3n que se reclama es de naturaleza expropiativa, por lo que no es acertado afirmar que las sentencias cuya prescripci\u00f3n se pretende dieron \u00aborigen a una obligaci\u00f3n que se hizo exigible tras su ejecutoria, como tampoco que por haber transcurrido un plazo superior a cinco a\u00f1os, hay lugar a declarar la prescripci\u00f3n, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, modificado por el art\u00edculo 8o de la Ley 791 de 2002\u00bb, lo cual no se opone al reconocimiento que el art\u00edculo 488 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil reconoce de las sentencias de condena como t\u00edtulo ejecutivo, pues la providencia que se profiere en los juicios ejecutivos no tiene esa connotaci\u00f3n. <\/p>\n

En torno al segundo pilar de la decisi\u00f3n memora lo referente a la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, para se\u00f1alar que en este caso \u00abcomo el acreedor est\u00e1 ejerciendo su derecho ante los jueces, no existe manera de sostener que la prescripci\u00f3n vuelve a contarse respecto del deudor ya notificado, ni siquiera en obligaciones solidarias. Cosa distinta sucede con los otros obligados que no hubieren sido vinculados a\u00fan a la ejecuci\u00f3n pero en relaci\u00f3n con el deudor al que se le intim\u00f3 oportunamente el mandamiento de pago, o que, pese a la extemporaneidad del enteramiento, no aleg\u00f3 dicho modo extintivo (lo que traduce renuncia), ser\u00eda absurdo sostener que otro plazo prescriptivo corre parejo a la duraci\u00f3n del proceso en el que el acreedor ejerce su derecho\u00bb, de donde colige que \u00abel tiempo que ha transcurrido despu\u00e9s de ejecutoriada la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, de 8 de noviembre de 2006, no corre contra el Banco ejecutante\u00bb. <\/p>\n

El \u00faltimo de su sustento refiere a que el inmueble gravado se hallaba embargado por cuenta de la Direcci\u00f3n de Impuestos Nacionales (DIAN), dentro del juicio coactivo que adelantaba contra Lubriexpo Ltda., por lo que consider\u00f3 explicable que el acreedor no pudiera materializar su derecho a la venta mientras no se levantara esa cautela, lo cual tuvo lugar hasta el a\u00f1o 2014 \u00ablo que descarta, de manera radical, toda posibilidad de sostener que a favor de Lubriexpo Ltda. se consolid\u00f3 una nueva prescripci\u00f3n, figura \u00e9sta que presupone negligencia o desidia del titular del derecho, la que ni por asomo se evidencia en este caso\u00bb. <\/p>\n

LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, e invocando la causal primera, el demandante, formul\u00f3 dos (2) cargos frente a la sentencia proferida por el Tribunal, acudiendo a la v\u00eda directa, que ser\u00e1n despachados de manera conjunta, habida cuenta que la denuncia involucra las mismas normas, am\u00e9n de estar soportadas en similares argumentos. <\/p>\n

CARGO PRIMERO <\/p>\n

1. La casacionista fustiga la determinaci\u00f3n prohijada en la segunda instancia, \u00abpor violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos, 2512, 2513, 2514, 2530, 2535, 2537, 2539, 2541 del C.C. consagratorios de la proposici\u00f3n jur\u00eddica sustancial de la prescripci\u00f3n extintiva o liberatoria, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 4, 12, 90, 488, 398 y 332 del C.P.C de interrupci\u00f3n, t\u00edtulos ejecutivos y cosa juzgada y de los Arts. 2494, 2495, 2496, 2497, 2498 y 2499 del C.C., en conexidad con el Estatuto Tributario art.839-1-2-3-4, sobre concurrencia de embargos fiscal e hipotecarios, lo cual condujo al sentenciador a dejar de aplicar el art. 2536 del C.C. consagratorio de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva de cinco (5) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n

Sostuvo que el tribunal \u00abha expuesto una interpretaci\u00f3n incorrecta, re\u00f1idos con su verdadero contenido, los aplica haci\u00e9ndole producir efectos que en esas normas no se contemplan y deduce derechos y obligaciones que no est\u00e1n consagrados en ella, ya que una sentencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n dentro del proceso ejecutivo, no conserva a perpetuidad sus efectos. Es un medio interruptivo, porque la acci\u00f3n ejecutiva no termina con ella, sino con el pago\u00bb. <\/p>\n

Haciendo alusi\u00f3n a jurisprudencia y doctrina sobre obligaciones irredimibles, sostiene que \u00ab[E]rr\u00f3 el Tribunal en forma manifiesta, porque desnaturaliza la importancia de la prescripci\u00f3n extintiva o liberatoria como instrumento de CERTEZA Y SEGURIDAD JUR\u00cdDICA, freno al aumento de litigiosidad y mecanismo de descongesti\u00f3n del aparato judicial en las relaciones jur\u00eddicas de los asociados\u00bb. <\/p>\n

Insiste, en que \u00abel tribunal formula expresamente una interpretaci\u00f3n re\u00f1ida con el verdadero contenido y alcances, cuando las hace producir efectos expansivistas que estas normas no contemplan, y por v\u00eda de la similitud, cre\u00f3 causales de interrupci\u00f3n y suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva, yerro jur\u00eddico evidente, ya que aquellas son taxativas, de aplicaci\u00f3n restrictiva, no las puede crear\u00bb. <\/p>\n

En orden a esa interpretaci\u00f3n err\u00f3nea que se imputa al tribunal se\u00f1ala, que \u00ab[S]i se dicta sentencia que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n, corre el tiempo desde ella, hasta cumplirse un nuevo t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, hay lugar a que se declare la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n o el derecho del acreedor para exigir el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de parte del deudor, porque la acci\u00f3n ejecutiva no termina con ella, sino con el pago (art\u00edculo 461 del C.G.P.). <\/p>\n

\u00abPosterior a una sentencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, no hay norma procesal expresa en la jurisdicci\u00f3n civil que permita invocar dentro del mismo expediente la prescripci\u00f3n, para la extinci\u00f3n de esa acci\u00f3n ejecutiva (como cumplimiento de un hecho nuevo (5 a\u00f1os despu\u00e9s de interrumpida, o renunciada) que por norma sustantiva, extingue la acci\u00f3n y da lugar a la terminaci\u00f3n del proceso) como si ocurre con las prescripciones de las acciones penales , disciplinarias y de cobro de obligaciones tributarias , que se alegan y reconocen dentro del mismo proceso y dan lugar a la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n, independientemente del estado del mismo, y por tanto a la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb, en esa direcci\u00f3n afirma, que \u00abes err\u00f3nea la doctrina sostenida por el Tribunal respecto de la imposibilidad de reclamar la prescripci\u00f3n extintiva sobreviniente en un proceso separado, frente al verdadero contenido de los art\u00edculos 4, 90, 332 y 396 y 488 del C. de P. C., sus efectos y su tenor literal\u00bb. <\/p>\n

Apunt\u00f3 adem\u00e1s, que \u00ab[S]e persever\u00f3 en el desacierto el sentenciador, ya que una medida de embargo fiscal no impide la materializaci\u00f3n del derecho de un acreedor hipotecario, confusi\u00f3n en que incurre el Juzgador Ad-quem, debido al mal entendimiento de lo normado en el ESTATUTO TRIBUTARIO ART.839-1\u00bb, a cuyo contenido se remite. <\/p>\n

En suma dice, que el tribunal interpret\u00f3 err\u00f3neamente las normas que dice violadas \u00abpor cuanto se revel\u00f3 abiertamente contra el contenido gramatical y sistem\u00e1tico de las disposiciones aqu\u00ed se\u00f1aladas lo cual condujo al sentenciador a dejar de aplicar el art. 2536 del C.C. consagratorio de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva de cinco (5) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n

CARGO SEGUNDO <\/p>\n

Con soporte en la causal primera de casaci\u00f3n se acusa la sentencia \u00abpor violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, por indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2512, 2513, 2515, 2530, 2535, 2537, 2539, 2544, del C.C. consagratorios de la proposici\u00f3n jur\u00eddica de prescripci\u00f3n extintiva o liberatoria, en relaci\u00f3n con los arts.4, 90, 332, 396 y 488 del C.P.C. de interrupci\u00f3n, t\u00edtulos ejecutivos y cosa juzgada y lo estipulado en los art\u00edculos 2494, 2495, 2496, 2497, 2498 y 2499 del c\u00f3digo civil sobre prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, en conexidad con el Estatuto Tributario art. 839-1-2-3-4, concurrencia de embargos; indebida aplicaci\u00f3n, que condujo al sentenciador a dejar de aplicar el art. 2536 del C.C. estructurante de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva de cinco a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n

Aduce ahora la recurrente \u00abindebida aplicaci\u00f3n de los preceptos legales sustanciales\u00bb, calcando los argumentos del primer reproche, cuestionando puntualmente que el tribunal \u00abaplic\u00f3 los art\u00edculos 2530 y 2539 del CC, para negar las pretensiones de la demanda, conforme a los cuales existen unas causales taxativas de interrupci\u00f3n y suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva, estos textos eran inaplicables al caso\u00bb. <\/p>\n

Repite que \u00ab[E]rr\u00f3 manifiestamente el Tribunal, pues hizo una aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 2530 y 2539 del CC. Cuando los hace producir efectos expansivistas que estas normas no contemplan, y por v\u00eda de la similitud, cre\u00f3 causales de interrupci\u00f3n y suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva, yerro jur\u00eddico evidente, ya que aquellas son taxativas, de aplicaci\u00f3n restrictiva, no las puede crear, est\u00e1 limitado a lo exclusivo all\u00ed previsto\u00bb. <\/p>\n

Sostiene consecuentemente, que \u00ab[I]ndependientemente de las cuestiones f\u00e1cticas, el sentenciador de segunda instancia, en el fallo recurrido, incurri\u00f3 en violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, con notorio, trascendente y evidente yerro jur\u00eddico ya que se abstuvo de aplicar las normas, siendo claras y aplicables al caso, sobre prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, previstos en los art\u00edculos 2494, 2495, 2496, 2497, 2498 y 2499 del C.C. y en conexidad con la concurrencia de embargos, lesionando el derecho del actor a que se aplique la prescripci\u00f3n extintiva o liberatoria de la acci\u00f3n ejecutiva, teniendo en cuenta que una medida de embargo fiscal no impide la materializaci\u00f3n del derecho del acreedor hipotecario seg\u00fan lo normado en el ESTATUTO TRIBUTARIO ART.839-1\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 finalmente, que el tribunal \u00abhizo aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos, 2512, 2513, 2515, 2530, 2535, 2537, 2539, 2544, del C.C.\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDe la narraci\u00f3n efectuada precedentemente surge, de manera n\u00edtida, que la relaci\u00f3n sustancial de las partes estuvo signada por la celebraci\u00f3n de sendos contratos de mutuo con intereses que quedaron respaldados con tres (3) pagar\u00e9s librados por el obligado en favor de su acreedor y una hipoteca de primer grado sobre un bien de su propiedad, con la cual se garantizaba el cumplimiento de aquellas obligaciones. <\/p>\n

Tambi\u00e9n es di\u00e1fano que, en raz\u00f3n a que el deudor desatendi\u00f3 sus obligaciones crediticias, el acreedor se vio compelido a acudir a la jurisdicci\u00f3n para procurar el cobro coercitivo de la prestaci\u00f3n debida, mediante el ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria, para que mediante el proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario se ordenara la venta en p\u00fablica subasta del bien dado en garant\u00eda y con su producto se cancelara la acreencia; siendo repulsada aquella acci\u00f3n mediante las excepciones de m\u00e9rito que se estimaron pertinentes para la defensa de sus derechos, las cuales fueron finalmente desestimadas por el juez de la ejecuci\u00f3n y confirmada por su Superior, en decisiones de 8 de noviembre de 2006 y 3 de agosto de 2007, respectivamente. <\/p>\n

Se extrae igualmente que por la naturaleza del procesos ejecutivo con garant\u00eda real, se solicit\u00f3 el embargo y secuestro del bien hipotecado, el cual empero fue cautelado por orden de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro del proceso de Jurisdicci\u00f3n Coactiva que dicha autoridad administrativa adelantaba contra la sociedad Lubriexpo Ltda.; cautela que permaneci\u00f3 vigente hasta el a\u00f1o 2014. <\/p>\n

Atendiendo tal situaci\u00f3n f\u00e1ctica, la parte demandada al considerar que han transcurrido m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os desde la ejecutoria de aquellas decisiones judiciales que ordenaron la venta del bien dado en garant\u00eda en el juicio ejecutivo, considera que ha operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n extintiva y, consecuentemente, hay lugar a poner fin a aquella ejecuci\u00f3n, disponer el levantamiento de la cautela y la cancelaci\u00f3n del gravamen hipotecario. <\/p>\n

2. Fijado ese marco litigioso, cumple se\u00f1alar, en primer lugar, que la sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n destella algunas inconsistencias de orden t\u00e9cnico, pues todos los argumentos esgrimidos por el Tribunal en los que fund\u00f3 el fallo emitido no quedaron involucrados, a plenitud, en la acusaci\u00f3n formulada. <\/p>\n

En efecto, para la Corporaci\u00f3n falladora, la decisi\u00f3n que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n no es fuente de obligaci\u00f3n, ni es t\u00edtulo que preste m\u00e9rito ejecutivo, que imponga que desde su ejecutoria comience a correr un t\u00e9rmino prescriptivo en contra del beneficiado con la decisi\u00f3n, mientras que la censura aduce la indebida interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la normativa que soporta el cargo porque, en su decir, esa decisi\u00f3n \u00abno conserva a perpetuidad sus efectos\u00bb y, por ende, el desatino del colegiado que considera que \u00abel derecho del acreedor para exigir el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de parte del deudor, puede permanecer por generaciones y generaciones\u00bb, apreciaci\u00f3n que no guarda correspondencia con aquel argumento, pues si al decir del tribunal la sentencia en juicios ejecutivos no es fuente de obligaci\u00f3n, ni presta m\u00e9rito ejecutivo, resulta absolutamente desenfocado pregonar, como se hace en la acusaci\u00f3n, que se le endilg\u00f3 un car\u00e1cter de t\u00edtulo obligacional perenne. <\/p>\n

Tambi\u00e9n apunt\u00f3 el tribunal que el ejercicio tempestivo por parte del acreedor de la acci\u00f3n de cobro interrumpe la prescripci\u00f3n, sin que la duraci\u00f3n del proceso de lugar a un nuevo plazo prescriptivo del que pueda beneficiarse el deudor demandado, susceptible de ser reclamado en el mismo juicio o en proceso separado, frente a lo cual el recurrente, escasamente, apunta \u2013se insiste- d\u00e1ndole a la decisi\u00f3n que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n el car\u00e1cter de fuente obligacional, que no hay norma expresa en la jurisdicci\u00f3n civil que permita invocar dentro del mismo expediente la prescripci\u00f3n para la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva, sin confutar el argumento basilar, de que estando en curso el proceso ejecutivo no puede el deudor ejecutado pretender beneficiarse de una prescripci\u00f3n extintiva para por esa v\u00eda extinguir la obligaci\u00f3n que se ejecuta, que no es la sentencia sino la contenida en sendos pagar\u00e9s que estaban respaldados por una garant\u00eda hipotecaria. <\/p>\n

Precis\u00f3 adem\u00e1s el ad quem que, en cualquier caso, para que prospere la prescripci\u00f3n es presupuesto indispensable la inacci\u00f3n del acreedor, lo que no es predicable en este particular caso en el Banco demandado \u00abquien s\u00ed ha ejercido su derecho dentro del proceso ejecutivo que adelanta contra la aqu\u00ed demandante\u00bb, refiriendo las dificultades que se presentaron para ejercer el derecho de venta, por cuenta del embargo por jurisdicci\u00f3n coactiva que lo afectaba decretado por la DIAN y que permaneci\u00f3 vigente hasta el a\u00f1o 2014. <\/p>\n

No obstante, el recurrente desaprueba esa conclusi\u00f3n, que a no dudar es de tipo f\u00e1ctico, pues lo dicho por el tribunal es el resultado de la valoraci\u00f3n de lo actuado en el juicio coercitivo, que lo llevaron a inferir un comportamiento justificado del acreedor, que impide que corra en su contra la prescripci\u00f3n reclamada, por lo que se desatendi\u00f3 esa precisa exigencia t\u00e9cnica cuando se acusa la sentencia por la v\u00eda directa, habida cuenta que cuando a ella se acude se parte de la aceptaci\u00f3n totalitaria de las conclusiones probatorias deducidas por el juzgador. <\/p>\n

Tal desatenci\u00f3n de las exigencias t\u00e9cnicas que gobiernan la s\u00faplica extraordinaria ser\u00eda suficiente para despachar de manera desfavorable el recurso. <\/p>\n

3.1. De acuerdo con la Carta Pol\u00edtica corresponde al Estado \u00abasegurar la convivencia pac\u00edfica y la vigencia de un orden justo\u00bb (art. 2\u00b0), cometido que le impone asumir la resoluci\u00f3n pac\u00edfica de los conflictos que surjan entre los ciudadanos, y entre estos con el mismo Estado o, incluso, cuando pese a la inexistencia de conflicto se requiere un pronunciamiento judicial para la verificaci\u00f3n o realizaci\u00f3n de un derecho; lo cual deber\u00e1 hacerse por la Rama Judicial en sus distintas jurisdicciones, a trav\u00e9s de los jueces, a quienes se les ha confiado la funci\u00f3n de administrar justicia, sin perjuicio de la facultad excepcional que se asigna a determinadas autoridades administrativas y a particulares en materias precisas para que a manera de \u00e1rbitros o conciliadores desarrollen dicha funci\u00f3n de manera temporal (art\u00edculos 116, 228-230). <\/p>\n

3.2. El Estado desarrolla la funci\u00f3n judicial a trav\u00e9s de los procesos, para lo cual resultar\u00e1 indispensable, salvo las excepciones legales, que los ciudadanos concurran a solicitar la tutela jur\u00eddica, para que puesta en movimiento la judicatura desarrolle los actos propios que le correspondan para la efectividad del derecho reclamado. <\/p>\n

Esa iniciativa de reclamar la tutela jurisdiccional del estado para que se ponga en movimiento, con miras a la resoluci\u00f3n de conflictos o verificaci\u00f3n o realizaci\u00f3n de derechos, es denominado desde el aspecto procesal como el derecho de acci\u00f3n, que en decir del profesor Hernando Devis Echand\u00eda \u00abviene a ser el medio o condici\u00f3n para que nazca la obligaci\u00f3n para el funcionamiento de la jurisdicci\u00f3n, pero no su fuente o causa directa. Y de ah\u00ed el cl\u00e1sico principio nemo iudex sine actiores; ne procedat iudex ex officio\u00bb1, esto es, no hay juicio sin actor, ni el juez puede iniciarlo de oficio, por lo que el mismo autor refiere que la teor\u00eda cl\u00e1sica o tradicional \u00abliga la idea de acci\u00f3n a la de lesi\u00f3n de un derecho y la considera, por lo tanto, como \u201cel poder inherente al derecho de reaccionar contra la violaci\u00f3n o el derecho mismo en su tendencia a la actuaci\u00f3n\u201d. La acci\u00f3n no es entonces cosa distinta del derecho material subjetivo violado\u00bb2. <\/p>\n

Significa lo anterior, que la acci\u00f3n no es m\u00e1s que el derecho a reclamar del Estado el cumplimiento de su funci\u00f3n jurisdiccional para que se ponga en movimiento la jurisdicci\u00f3n, con miras al reconocimiento o satisfacci\u00f3n de los derechos, que ser\u00e1n definidos a trav\u00e9s de un pronunciamiento de autoridad que ampare o rechace la pretensi\u00f3n \u2013sentencia-. <\/p>\n

Es claro que sobre el concepto de acci\u00f3n se han planteado m\u00faltiples teor\u00edas desde el derecho romano, sin que hasta la fecha se pueda plantear alguna con car\u00e1cter absoluto, pero si reconociendo en ella un poder jur\u00eddico que tienen los individuos para poner en funcionamiento la actividad jurisdiccional del Estado \u00abse puede, pues, concebir, de conformidad con la teor\u00eda que consideramos hoy hist\u00f3ricamente preferible, como un derecho subjetivo aut\u00f3nomo (esto es, tal que puede existir por s\u00ed mismo, independientemente de la existencia de una derecho subjetivo sustancial) y concreto (esto es, dirigido a obtener una determinada providencia jurisdiccional, favorable a la petici\u00f3n del reclamante)\u00bb3, por lo que es claro que hoy por hoy el concepto de acci\u00f3n no sea sin\u00f3nimo de pretensi\u00f3n, pues aquella es el derecho abstracto o poder de reclamar y este el derecho concreto encaminado al reconocimiento del derecho. <\/p>\n

Acorde con esto \u00faltimo, la acci\u00f3n ha sido objeto de diversas clasificaciones: para diferenciar las ramas del derecho (penal laboral, civil, administrativa etc.); para establecer el derecho material sobre el cual versa el juicio (acci\u00f3n contractual, extracontractual, reivindicatoria entre muchas otras); por la naturaleza del fallo que deba dictarse en el proceso que podr\u00e1n ser declarativas, encaminadas a la afirmaci\u00f3n de la existencia o no de un derecho, constitutivas, que crean, modifican o extinguen determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica y de condena, que imponen al demandado la obligaci\u00f3n de una determinada prestaci\u00f3n, sea de dar, hacer o no hacer, cuyo cumplimiento puede ser reclamado en el proceso y; las acciones ejecutivas referidas a aquellas soportadas en un t\u00edtulo que lleva \u00ednsita su ejecutabilidad y mediante el cual se insta el cumplimiento de la obligaci\u00f3n; e incluso, cautelares que procuran el aseguramiento de un derecho o una defensa. <\/p>\n

De acuerdo con esto podemos se\u00f1alar, que existen las denominadas acciones de conocimiento para distinguirlas de las ejecutivas, pues aquellas est\u00e1n encaminadas al reconocimiento del derecho o inter\u00e9s jur\u00eddico, cuya definici\u00f3n puede limitarse a la declaraci\u00f3n misma de su existencia o no (declarativa), a modificar una determinada situaci\u00f3n jur\u00eddica (constitutiva), o imponer al demandado una carga prestacional (condena), en donde de esta \u00faltima surge para el beneficiado con ella el derecho a exigir su cumplimiento, que de no hacerse de forma voluntaria abre paso a la acci\u00f3n ejecutiva o ejecuci\u00f3n forzada. <\/p>\n

En tanto que en las \u00faltimas, no se procura la declaraci\u00f3n de un derecho, pues esta parte de la certeza de su existencia, sino el cumplimiento forzado de la prestaci\u00f3n debida, sea de dar, hacer o no hacer, para lo cual podr\u00e1n, de ser el caso, embargarse, secuestrarse y rematarse los bienes del deudor para hacer efectiva la prenda general de los acreedores. <\/p>\n

3.3. El art\u00edculo 488 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil establece que podr\u00e1n demandarse por la v\u00eda ejecutiva las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles a cargo del deudor que consten en documentos que provengan de \u00e9l o de su causante y constituyan plena prueba en su contra, y adem\u00e1s, a manera enunciativa reconoce la calidad de t\u00edtulo ejecutivo, a pesar de no provenir del deudor demandado, las que \u00abemanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicci\u00f3n, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso – administrativos o de polic\u00eda aprueben liquidaci\u00f3n de costas o se\u00f1alen honorarios de auxiliares de la justicia\u00bb. <\/p>\n

3.3.1. La disposici\u00f3n en cita pone de presente algunos aspectos que diferencian con absoluta claridad el juicio ejecutivo de los juicios declarativos, a saber: <\/p>\n

En este \u00faltimo caso, el legislador fue claro al reservar el car\u00e1cter de t\u00edtulo ejecutivo a las sentencias de condenas, puesto que en ellas, a m\u00e1s de reconocer la existencia o no del derecho a la prestaci\u00f3n reclamada, impone al vencido una carga obligacional \u2013de dar, hacer o no hacer- cuya satisfacci\u00f3n le es perentoria, sea voluntariamente o no, amen que \u00ablos efectos de esta sentencia son dobles: declara la existencia de un derecho a una prestaci\u00f3n y su incumplimiento, y confiere al titular del derecho una nueva acci\u00f3n, la acci\u00f3n ejecutiva. Adem\u00e1s, es t\u00edtulo v\u00e1lido para inscribir la hipoteca judicial sobre los bienes del deudor\u2026; y alarga el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n del derecho a la prestaci\u00f3n respecto del cual ha sido pronunciada, si el mismo, en su origen, estaba sujeto prescripci\u00f3n breve\u2026\u00bb4 <\/p>\n

3.3.1.2. Que el juicio ejecutivo parte de la existencia de un derecho cierto, en principio, no discutido, que permite a su titular acudir a la jurisdicci\u00f3n para obtener el cumplimiento forzado del deudor, por lo que en el evento de que el ejecutado no formule oposici\u00f3n alguna a esa reclamaci\u00f3n, el art\u00edculo 507 del C\u00f3digo de Procedimiento prev\u00e9 que se debe proferir un auto en el que se ordene el remate y aval\u00fao de los bienes embargados, o simplemente seguir adelante la ejecuci\u00f3n para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento de pago (hacer, no hacer, dar cosas distintas de dinero), frente al cual ni siquiera cabe el recurso de apelaci\u00f3n, luego no existe en estrictez una sentencia. <\/p>\n

Si bien es cierto que cuando el ejecutado formula excepciones de m\u00e9rito, de acuerdo con el art\u00edculo 510 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el juzgador deber\u00e1 decidir sobre las mismas en sentencia, esta determinaci\u00f3n lo \u00fanico que hace es re-examinar la satisfacci\u00f3n de los requisitos esenciales del t\u00edtulo, en cuanto a la vigencia o no de la prestaci\u00f3n debida y su alcance, ora para poner fin a la ejecuci\u00f3n de hallarlos incumplidos o para desestimar los reproches y hacer id\u00e9nticas determinaciones, esto es ordenar el remate y aval\u00fao o seguir adelante la ejecuci\u00f3n, sin que en modo alguno tales determinaciones puedan calificarse de \u00absentencias de condenas\u00bb, capaces de generar las consecuencias que de ese tipo de decisiones emergen. <\/p>\n

Significa esto, que esas determinaciones que se adopten en los juicios ejecutivos, sea que resuelvan excepciones o no, carecen de vocaci\u00f3n de ser fuente de obligaciones, amen que \u00e9sta \u00fanicamente se halla soportadas en los precisos documentos que se hubieren allegado como t\u00edtulo ejecutivo, de suerte que de ellas no emerge derecho de acci\u00f3n alguno en favor de su beneficiario, sin perjuicio de que en los eventos en que, ante la prosperidad de las excepciones planteadas por el ejecutado se revoque la orden de apremio y se imponga al promotor la condena al pago de los perjuicios que su accionar hubiera ocasionado, pues esta puntual determinaci\u00f3n s\u00ed constituye una obligaci\u00f3n aut\u00f3noma que se impone al acreedor, susceptible de generar una nueva acci\u00f3n, que podr\u00e1 exigirse en el mismo proceso y, adem\u00e1s dable a extinguirse por prescripci\u00f3n si no se reclaman tempestivamente. <\/p>\n

4. El ordenamiento interno reconoce la prescripci\u00f3n como el \u00abmodo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse pose\u00eddo las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los dem\u00e1s requisitos legales. Se prescribe una acci\u00f3n o derecho cuando se extingue por la prescripci\u00f3n\u00bb (art. 2512 C.C.), \u00abla prescripci\u00f3n que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones\u00bb (art. 2535 C.C.). <\/p>\n

4.1. Para el sub judice interesa la prescripci\u00f3n extintiva, a la cual el legislador patrio confiere no solo el alcance de extinguir la acci\u00f3n, sino el derecho mismo, de suerte que al abrirse paso dicho fen\u00f3meno fenece toda posibilidad de ejercicio del derecho, por la necesidad de brindar certeza y seguridad jur\u00eddica a derechos subjetivos, cuyo fundamento al decir de esta Corte descansa en,
\n\u00abel mantenimiento del orden p\u00fablico y de la paz social o, como asegurara un conocido autor, en \u201c\u2026la utilidad social\u2026\u201d (Alessandri Rodr\u00edguez, Arturo, Derecho Civil, Teor\u00eda de las Obligaciones, Ediciones Librer\u00eda del Profesional, 1983, Bogot\u00e1, Colombia), busca proporcionar certeza y seguridad a los derechos subjetivos mediante la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas prolongadas y la supresi\u00f3n de la incertidumbre que pudiera ser generada por la ausencia del ejercicio de las potestades, como quiera que grave lesi\u00f3n causar\u00eda a la estabilidad de la sociedad la permanencia de los estados de indefinici\u00f3n, as\u00ed como la enorme dificultad que entra\u00f1ar\u00eda decidir las causas antiqu\u00edsimas. Por eso la Corte ha dicho que la instituci\u00f3n \u201c\u2026da estabilidad a los derechos, consolida las situaciones jur\u00eddicas y confiere a las relaciones de ese g\u00e9nero la seguridad necesaria para la garant\u00eda y preservaci\u00f3n del orden social\u201d, ya que \u201c\u2026la seguridad social exige que las relaciones jur\u00eddicas no permanezcan eternamente inciertas y que las situaciones de hecho prolongadas se consoliden\u2026\u201d (Sentencia, Sala Plena de 4 de mayo de 1989, exp. 1880)\u00bb (CSJ SC de 13 de oct. de 2009, Rad. 2004-00605). <\/p>\n

En ese orden, en virtud del principio de prescriptibilidad de las acciones patrimoniales, tanto los cr\u00e9ditos como las acciones crediticias, sean ejecutivas o de conocimiento y condena podr\u00e1n ser cobijadas por la prescripci\u00f3n, lo cual de acuerdo con lo indicado por esta Corporaci\u00f3n <\/p>\n

\u00ab\u00abtiene como fundamento la necesidad de sancionar a los acreedores indolentes en ejercer oportunamente sus derechos\u00bb5, como forma de garantizar la convivencia social a trav\u00e9s de la \u00abp\u00e9rdida de la acci\u00f3n relativa, ocasionada por la inercia del acreedor durante todo el tiempo y bajo las condiciones determinadas por la ley\u00bb6. En otras palabras, se funda \u00ab1\u00b0 sobre una presunci\u00f3n de pago o condonaci\u00f3n de la deuda, que resulta de ese tiempo. No es regular que un acreedor descuide por tanto tiempo el pago de su deuda, y como las presunciones se toman ex eo quod plerutnque fit (Cujas, in orca. cid tit. prob.), las leyes presumen la deuda saldada o condonada\u2026 2\u00b0 Se ha establecido tambi\u00e9n esta prescripci\u00f3n en pena de la negligencia del acreedor. Habi\u00e9ndole dado la ley un tiempo, durante el cual pueda intentar la acci\u00f3n que ella le d\u00e9 para hacerse pagar, no merece ya ser escuchada en lo sucesivo, cuando deja pasar dicho tiempo\u00bb7\u00bb (CSJ SC19300-2017 de 21 de Nov. de 2017, Rad. 2009-00347). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la prescripci\u00f3n que extingue las acciones requiere cierto lapso de tiempo, cuando se trate de acciones ordinarias -son todas aquellas que no tienen se\u00f1alado un plazo corto- que es de diez (10) a\u00f1os, el cual se computa desde que la obligaci\u00f3n se ha hecho exigible, mientras que las acciones ejecutivas se extinguir\u00e1n por prescripci\u00f3n en cinco (5) a\u00f1os. <\/p>\n

Sin embargo, como quiera que la prescripci\u00f3n extintiva procura evitar la incertidumbre que pudiera generarse por la ausencia del ejercicio de los derechos, con clara afectaci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica, resulta necesario para su configuraci\u00f3n, a m\u00e1s del trasegar completo del tiempo dispuesto en la ley para el oportuno ejercicio del derecho, una actitud negligente, desde\u00f1osa o displicente del titular. <\/p>\n

Desde esta perspectiva si el titular de un derecho de cr\u00e9dito dilapida su potestad de procurar del obligado el cumplimiento, o si ejercido este no atiende debidamente las cargas procesales que el ordenamiento impone, quedar\u00e1 expuesto a ver como su derecho se extingue por el modo de la prescripci\u00f3n, sin desconocer que \u00e9sta es susceptible de suspensi\u00f3n o interrupci\u00f3n. <\/p>\n

4.2. En este punto es preciso anotar que los t\u00e9rminos suspensi\u00f3n e interrupci\u00f3n no resultan equivalentes, habida cuenta que parten de supuestos jur\u00eddicos distintos y tienen efectos disimiles. <\/p>\n

4.2.1. La suspensi\u00f3n emerge por imperativo legal, en favor de ciertas personas que se hayan en circunstancias que no les permiten afrontar cabalmente la defensa de sus bienes, como \u00ablos incapaces y, en general quienes se encuentran bajo tutela o curadur\u00eda\u00bb (Art. 2530, C\u00f3digo Civil), operando de pleno derecho y trae aparejada una par\u00e1lisis temporal del t\u00e9rmino extintivo, que se reanudar\u00e1 una vez se supere la causa de la misma, de manera que el lapso de tiempo que hubiere corrido previamente se sumar\u00e1 al posterior para as\u00ed totalizar el termino extintivo. <\/p>\n

4.2.2. La interrupci\u00f3n parte del supuesto de la ocurrencia de hechos a los que el legislador le reconoce eficacia jur\u00eddica para impedir que se consolide el fen\u00f3meno extintivo, como son el ejercicio del derecho por parte de aquel contra quien corre la prescripci\u00f3n, ora del reconocimiento del derecho ajeno por el prescribiente, que tiene como efecto que el periodo que hubiera trascurrido hasta ese momento ya no se cuenta para el t\u00e9rmino extintivo, de manera que comienza uno nuevo, cuya naturaleza y duraci\u00f3n ser\u00e1 la misma de aquella a que sucede; y se da, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 2539 del C.C., natural o civilmente, lo primero por \u00abel hecho de reconocer el deudor la obligaci\u00f3n, ya expresa, ya t\u00e1citamente\u00bb y lo segundo \u00abpor la demanda judicial\u00bb, siendo esta \u00faltima la que resulta de inter\u00e9s para el caso en estudio. <\/p>\n

4.2.2.1. La interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n tiene lugar en virtud del apremio que realiza el titular del derecho al deudor para exigir la obligaci\u00f3n, que podr\u00e1 ser por requerimiento privado y por escrito por una sola vez8, ora mediante la conminaci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Trat\u00e1ndose del apremio judicial, resulta indispensable para su eficacia el acatamiento cabal de lo dispuesto en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual la interrupci\u00f3n se da y hace inoperante la caducidad el d\u00eda en que se presente la demanda, siempre y cuando el auto admisorio de la demanda o el auto de mandamiento de pago se notifique al demandado dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o, puesto que de superar dicho plazo los mencionados efectos solo se producir\u00e1n, si es del caso, con el enteramiento al demandado. <\/p>\n

Sin embargo, el ejercicio oportuno de la acci\u00f3n judicial carecer\u00e1 de eficacia para interrumpir la prescripci\u00f3n cuando concurran las siguientes circunstancias (art. 95 C.G.P9.): <\/p>\n

1. Cuando el demandante desista de la demanda.
\n2. Cuando el proceso termine por haber prosperado la excepci\u00f3n de inexistencia del demandante o del demandado; o de incapacidad o indebida representaci\u00f3n del demandante o del demandado; o no haberse presentado prueba de la calidad de heredero, c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que act\u00fae el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar; o de pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.
\n3. Cuando el proceso termine con sentencia que absuelva al demandado.
\n4. Cuando el proceso termine por haber prosperado la excepci\u00f3n de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria, salvo que se promueva el respectivo proceso arbitral dentro de los veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la ejecutoria del auto que d\u00e9 por terminado el proceso.
\n5. Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, siempre que la causa de la nulidad sea atribuible al demandante.
\nEn el auto que se declare la nulidad se indicar\u00e1 expresamente sus efectos sobre la interrupci\u00f3n o no de la prescripci\u00f3n y la inoperancia o no de la caducidad.
\n6. Cuando el proceso termine por desistimiento t\u00e1cito.
\n7. Cuando el proceso termine por inasistencia injustificada de las partes a la audiencia inicial. <\/p>\n

Resulta entonces que en los procesos en los cuales se profiera decisi\u00f3n que desestime las excepciones formuladas por el demandado y, consecuentemente, reconozca el derecho del actor -si de acci\u00f3n de conocimiento se trata u ordena el remate y pago con el producto de la subasta de los bienes cautelados si corresponde a acci\u00f3n ejecutiva- tiene plena eficacia la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, la cual por dem\u00e1s permanecer\u00e1 as\u00ed mientras no desaparezca esa causa legal, esto es, mientras subsista el tr\u00e1mite el proceso judicial, puesto que el legislador exige, como se vio, la presentaci\u00f3n oportuna de la demanda y ese acto procesal se ejecuta por una sola vez en el proceso. <\/p>\n

Y no se diga que por el hecho de que en el curso de la acci\u00f3n ejecutiva promovida para la efectividad del derecho reclamado se den circunstancias que dificulten o impidan ese prop\u00f3sito, dilatando en el tiempo su tramitaci\u00f3n, genera la ineficacia de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, que justifique su declaraci\u00f3n en el mismo proceso o en juicio independiente, por cuanto tal interpretaci\u00f3n no solo desconocer\u00eda aquellas disposiciones que claramente indican cu\u00e1ndo deviene ineficaz el ejercicio de la acci\u00f3n judicial, sino que le conferir\u00eda a la decisi\u00f3n que ordena el remate de bienes y el pago con el producto de esa venta la connotaci\u00f3n de fuente de obligaci\u00f3n, como sustituta de la fuente primigenia, que lo eran los t\u00edtulos en que aquella ejecuci\u00f3n se soport\u00f3, pero con efectos extintivos de la prestaci\u00f3n contenida en estos, lo que resulta inadmisible. <\/p>\n

En efecto, no puede confundirse el alcance que tiene la sentencia que dentro del proceso ejecutivo desestima las excepciones propuestas por el ejecutado y ordena el remate de los bienes cautelados o seguir adelante la ejecuci\u00f3n con las sentencias proferidas en los procesos de conocimiento, particularmente en los declarativos de condena, habida cuenta que, como antes se dijo aquellas no reconocen ni declaran derechos ni ponen fin al proceso, amen que este lo finiquita la satisfacci\u00f3n integral de la prestaci\u00f3n debida o alguna de las formas anormales que el propio legislador prev\u00e9 (transacci\u00f3n, desistimiento, desistimiento t\u00e1cito), mientas que estas a m\u00e1s de reconocer la existencia del derecho, imponen al vencido el cumplimiento de una prestaci\u00f3n de dar, hacer o no hacer, la cual ser\u00e1 exigible voluntaria o judicialmente, confiriendo al beneficiado una nueva acci\u00f3n; obligaci\u00f3n \u00e9sta que ser\u00e1 susceptible de extinguirse por prescripci\u00f3n que podr\u00e1 alegar el prescribiente por acci\u00f3n o por excepci\u00f3n, conforme lo autoriza la ley 791 de 2002. <\/p>\n

Lo dicho encuentra respaldo en el contenido de los art\u00edculos 335, 488 y 509 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil10, que prev\u00e9n la posibilidad de ejecuci\u00f3n soportada en sentencias o decisiones judiciales que impongan condenas y que frente a estas se puede alegar la prescripci\u00f3n. <\/p>\n

Tambi\u00e9n esta Corporaci\u00f3n ha tenido oportunidad de pronunciarse en relaci\u00f3n con el alcance de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n cuando el acreedor ha sido diligente en el ejercicio de su derecho, procurando la conminaci\u00f3n judicial oportuna se\u00f1alando que: <\/p>\n

\u00ab Es entendido que la posibilidad de iniciar nuevamente y de inmediato el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino extintivo, prevista en el inciso final del art\u00edculo 2536 de C\u00f3digo Civil respecto de la interrupci\u00f3n o la renuncia de la prescripci\u00f3n, no aplica cuando se trata de interrupci\u00f3n civil, o cuando la prescripci\u00f3n se entiende renunciada por la omisi\u00f3n del deudor en interponer oportunamente la excepci\u00f3n respectiva. Los efectos de la interrupci\u00f3n civil, que adem\u00e1s descarta la inactividad del acreedor, o de la no interposici\u00f3n oportuna de la mencionada defensa judicial, son definitivos dentro del proceso en el cual ocurren, hasta su terminaci\u00f3n mediante sentencia, pago o cualquiera de las formas anormales o alternativas de finalizaci\u00f3n permitidas por la ley, atendida la naturaleza de cada proceso y las consecuencias propias de dichas formas especiales en punto a la eficacia o ineficacia de la interrupci\u00f3n (art\u00edculo 91 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; sentencias C-662 de 2004 y C-227 de 2009)\u00bb (negrillas ajenas al texto). (CSJ SC de 9 de sept. de 2013 Rad. 2006-00339). <\/p>\n

5. La aplicaci\u00f3n del anterior marco de referencia permite desestimar los cargos bajo estudio, por cuanto el Tribunal interpret\u00f3 y aplic\u00f3 adecuadamente las normas que regulan la controversia, lo que descarta una violaci\u00f3n directa de la ley sustancial. <\/p>\n

5.1. Esto es as\u00ed, por cuanto emergen como hechos probados en el proceso que se examina los siguientes: <\/p>\n

5.1.1. Que la sociedad Lubriexpo Ltda. adquiri\u00f3 para con el Banco Popular unas obligaciones crediticias que fueron soportadas en tres (3) pagar\u00e9s y respaldadas con garant\u00eda hipotecaria constituida sobre inmueble de su propiedad. <\/p>\n

5.1.2. El Banco acreedor, ante el incumplimiento de las obligaciones referidas, el 9 de mayo de 2002, en ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria, promovi\u00f3 el juicio ejecutivo que autoriza el art\u00edculo 793 del C\u00f3digo de Comercio para el cobro de t\u00edtulos valores, solicitando como medida cautelar el embargo y secuestro del inmueble dado en garant\u00eda (fls. 59-70 Cd pruebas 1). <\/p>\n

5.1.3. Por auto de 27 de mayo de 2002 se libr\u00f3 la orden de pago correspondiente y se dispuso la cautela reclamada (fl. 73 Cd pruebas 1), para lo cual se libr\u00f3 el oficio de rigor a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos (fl. 75 Cd pruebas 1), quien respondi\u00f3 informando la inviabilidad del registro por estar vigente embargo coactivo decretado por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (fl. 88-90 Cd pruebas 1) y, por tanto solicit\u00f3 el embargo del remanente de aquel juicio, el cual se orden\u00f3 por auto de 6 de noviembre de 2002 (fl 97 Cd pruebas 1), orden que se advierte replicada en auto de 31 de enero de 2006 (fl. 121 Cd pruebas 1). <\/p>\n

5.1.4. En el mentado juicio la ejecutada -enterada de la orden de pago- interpuso como \u00fanica defensa la excepci\u00f3n que denomin\u00f3: \u00abfalta de los requisitos exigidos por el art\u00edculo 621 del C. de Comercio en los t\u00edtulos valores base de la acci\u00f3n\u00bb, (fl. 82-83 Cd pruebas 1), la cual se declar\u00f3 no probada en sentencia de 8 de noviembre de 2006 y, consecuentemente, se orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien gravado y su aval\u00fao, junto con las dem\u00e1s ordenaciones que decisi\u00f3n en tal sentido implican (fls. 125-130 Cd pruebas 1); determinaci\u00f3n que apelada fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 con sentencia de 3 de agosto de 2007 (fls 231-237 Cd pruebas 1). <\/p>\n

5.1.5. Que la parte ejecutante present\u00f3 la correspondiente liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que fue debidamente aprobada (136-144 Cd pruebas 1). <\/p>\n

5.1.6. Cumplido lo anterior el Banco ejecutante solicit\u00f3 reiteradamente requerir a la DIAN para que informara lo referido al remanente, a lo cual procedi\u00f3 el juez de la ejecuci\u00f3n, respondiendo dicha entidad que el juicio coactivo se suspendi\u00f3 por haberse dado a la contribuyente facilidades de pago. <\/p>\n

5.1.7. Que ante petici\u00f3n formulada por el Banco Popular para que se ordenara el aval\u00fao y secuestro del inmueble hipotecado el Juzgado de conocimiento la neg\u00f3 por improcedente, debido a que persist\u00eda el embargo fiscal que era de car\u00e1cter preferente al hipotecario, pero insiste en gestionar lo referente al embargo de remanente dispuesto precedentemente (fl. 179 Cd pruebas 1), a lo cual sucedieron nuevos requerimientos a la DIAN. <\/p>\n

5.1.8. Se extrae igualmente del material probatorio arrimado al tr\u00e1mite que, en el juicio coactivo adelantado ante la Direcci\u00f3n Nacional de Impuestos Nacionales, el Banco Popular concurri\u00f3 en procura de la efectividad de los remanentes y lograr la liberaci\u00f3n del inmueble gravado, hasta que finalmente la autoridad administrativa expidi\u00f3 oficio 1-32-244-446-2166 de 22 de mayo de 2014, con destino a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, en el que informa que \u00abmediante la Resoluci\u00f3n No. 1868 de fecha 16 de mayo de 2014, dentro del proceso que adelanta este despacho en contra del contribuyente LUBRIEXPO LTDA. identificado con NIT 860.074.226, se orden\u00f3 el desembargo del siguiente bien inmueble: No. 50C-587913, bien inmueble ubicado en la TRANSVERSAL 93 #93-46 INTERIOR 11 anotaci\u00f3n 23\u00bb, poni\u00e9ndolo a disposici\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario que se adelantaba ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito (fl. 1110 Cd pruebas 2) y, paralelamente, le inform\u00f3 lo mismo a los Juzgados Quinto de Ejecuci\u00f3n y 39 Civil del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, mediante oficios 1-32-244-446-2181 y 1-32-244-446-2182 de 23 de ese mismo mes y a\u00f1o (fl. 1113, 1114 Cd pruebas 2). <\/p>\n

5.3. Consecuente con lo expuesto, que resultaba totalmente improcedente, como lo concluy\u00f3 el tribunal, pretender la extinci\u00f3n de aquellas acreencias, so pretexto de haber transcurrido m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os desde que se profirieron las sentencias que desestimaron las excepciones con las cuales se pretend\u00eda enervar la ejecuci\u00f3n, aduciendo su prescripci\u00f3n, amen que no siendo las referidas decisiones sentencias de condena, que por s\u00ed solas constituyan t\u00edtulo ejecutivo contra el Banco, ning\u00fan t\u00e9rmino prescriptivo corre en su contra susceptible de ser reclamado como aqu\u00ed se hace. <\/p>\n

6. Corolario de lo expuesto, ha de concluirse que los errores atribuidos al Tribunal no acaecieron, motivo por el cual los cargos no prosperan, imponi\u00e9ndose consecuentemente la condena en costas a cargo del recurrente. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015), por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso referido al inicio de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n

Se condena en costas a la recurrente Lubriexpo Ltda., en favor del extremo opositor. Por secretar\u00eda incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n la suma de $6.000.000,00 por concepto de agencias en derecho atendiendo, adem\u00e1s, que la opositora hizo presencia en este tr\u00e1mite, dando respuesta al recurso. <\/p>\n

Cumplido lo anterior, devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n al Tribunal de origen. <\/p>\n

Notif\u00edquese, <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-018-2013-00104-01 <\/p>\n

Comparto la decisi\u00f3n prohijada por la Sala en el asunto de la referencia, no obstante, considero que la decisi\u00f3n debi\u00f3 haber analizado la etiolog\u00eda del problema jur\u00eddico aducido frente a quien pretende la declaraci\u00f3n de prescripci\u00f2n extintiva de la acci\u00f3n ejecutiva derivada de una sentencia proferida en un proceso ejecutivo donde se exige la obligaci\u00f3n y este proceso no ha concluido porque est\u00e1 activo, las partes mantienen inter\u00e9s permanente con diferentes actuaciones y la obligaci\u00f3n exigida a\u00fan no se ha extinguido por los medios legales previstos en el ordenamiento. <\/p>\n

Debieron negarse, tal cual acaeci\u00f3. <\/p>\n

Empero, la decisi\u00f3n no realiz\u00f3 consideraci\u00f3n con la herramienta procesal que otorga el ordenamiento hoy, del desistimiento t\u00e1cito reglado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, por ser el instrumento propicio para ventilar cuanto, en el asunto de autos, pretend\u00eda la demandante Lubriexpo Ltda. Tampoco analiz\u00f3 la regla 2536 del C.C., modificada por el art. 8 de la Ley 791 de 2002. <\/p>\n

1. En efecto, una de las cuestiones m\u00e1s importantes en la administraci\u00f3n de justicia es la apuesta por una r\u00e1pida resoluci\u00f3n de los litigios, pues en ella est\u00e1n comprometidos supremos fines sociales, p\u00fablicos, pol\u00edticos y hasta econ\u00f3micos. <\/p>\n

Es frecuente, en el desenvolvimiento del proceso, que los litigantes, y en particular el demandante, no cumplan satisfactoria o diligentemente los deberes propios de la actuaci\u00f3n judicial, y, a causa de ello, surjan situaciones indefinidas que reclaman remedios para prevenir o conjurar el estancamiento procesal. <\/p>\n

A fin de solucionar la congesti\u00f3n y par\u00e1lisis procesal surgi\u00f3 la \u201ccaducidad de instancia\u201d, luego vino la \u201cperenci\u00f3n\u201d, y, actualmente, el desistimiento t\u00e1cito, reglado en el art\u00edculo 317 del Estatuto Adjetivo, cuya versi\u00f3n sustancial y previa se halla en el derogado canon 346 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y en los antiguos preceptos 364 y 365 del C\u00f3digo Judicial.
\nEn rigor, a semejanza de aquellos otros modos de terminaci\u00f3n anormal de los procesos11, se erige en sanci\u00f3n gravosa para el actor descuidado o moroso, mostrando tambi\u00e9n, una renuncia t\u00e1cita de sus derechos subjetivos. <\/p>\n

Desde el C\u00f3digo Judicial de 1931 ya hab\u00eda dicho la Sala: <\/p>\n

\u201cCuando el juicio no prosigue, sin estar de por medio fen\u00f3menos de suspensi\u00f3n, tal hecho depende de la intenci\u00f3n o inactividad de las partes, especialmente del demandante, y entonces, cuando ese estado se ha prolongado por m\u00e1s de seis meses, es preciso para la prosecuci\u00f3n del juicio la notificaci\u00f3n del primer auto en la forma prevenida por el art\u00edculo 322 del C.J. La raz\u00f3n de esto es clara, porque no puede una de las partes en el proceso estar pendiente de la voluntad de la otra en no adelantarlo y no puede exig\u00edrsele que sepa o adivine cu\u00e1ndo habr\u00e1 de proseguirlo\u201d (G.J. Nos. 1953 y 1954, p\u00e1g. 44). <\/p>\n

1.1. El art\u00edculo 317 prev\u00e9 dos hip\u00f3tesis distintas, susceptibles de agruparse en los siguientes rubros: <\/p>\n

i. Podr\u00e1 decretarse el desistimiento de las actuaciones cuando transcurra el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas otorgado por el juez para el cumplimiento de determinada carga procesal o de un acto de parte. <\/p>\n

ii. Podr\u00e1 decretarse el desistimiento de las actuaciones, sin necesidad de requerimiento previo, cuando el proceso o la actuaci\u00f3n respectiva permanezca inactivo (es decir, carente de actividad) en la secretar\u00eda del despacho por un a\u00f1o, contado desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n. Esta hip\u00f3tesis se aplica, \u00fanicamente, cuando se trate de juicios de primera o de \u00fanica instancia. Y cuando se hubiera proferido sentencia favorable al demandante o auto de ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, el t\u00e9rmino de inactividad deber\u00e1 ser de dos 2 a\u00f1os. <\/p>\n

1.2. La disposici\u00f3n en concreto dispone: \u201c1. Cuando para continuar el tramite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e1 por estado. <\/p>\n

\u201cVencido dicho t\u00e9rmino sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia en la que adem\u00e1s impondr\u00e1 condena en costas. <\/p>\n

\u201cEl juez no podr\u00e1 ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando est\u00e9n pendientes actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares previas. <\/p>\n

\u201c2. Cuando un proceso o actuaci\u00f3n de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de un (1) a\u00f1o en primera o \u00fanica instancia, contados desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n, a petici\u00f3n de parte o de oficio, se decretar\u00e1 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habr\u00e1 condena en costas "o perjuicios" a cargo de las partes.
\n\u201cEl desistimiento t\u00e1cito se regir\u00e1 por las siguientes reglas:<\/p>\n

\u201ca) Para el c\u00f3mputo de los plazos previstos en este art\u00edculo no se contar\u00e1 el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes; <\/p>\n

\u201cb) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n, el plazo previsto en este numeral ser\u00e1 de dos (2) a\u00f1os; <\/p>\n

\u201cc) Cualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo;<\/p>\n

\u201cd) Decretado el desistimiento t\u00e1cito quedar\u00e1 terminado el proceso o la actuaci\u00f3n correspondiente y se ordenar\u00e1 el levantamiento de las medidas cautelares practicadas;
\n\u201c(\u2026).
\n\u201cf) El decreto del desistimiento t\u00e1cito no impedir\u00e1 que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto o desde la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero ser\u00e1n ineficaces todos los efectos que sobre la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de la demanda que dio origen al proceso o a la actuaci\u00f3n cuya terminaci\u00f3n se decreta;<\/p>\n

\u201cg) Decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido. El juez ordenar\u00e1 la cancelaci\u00f3n de los t\u00edtulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento t\u00e1cito, deben desglosarse los documentos que sirvieron de base para la admisi\u00f3n de la demanda o mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para as\u00ed poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso; <\/p>\n

1.3. Es evidente, el ordenamiento adjetivo consagra un medio espec\u00edfico a trav\u00e9s del cual la sociedad demandante pod\u00eda pedir el finiquito del proceso objeto de examen. <\/p>\n

N\u00f3tese, adem\u00e1s, los efectos interruptivos de la prescripci\u00f3n, conferidos por los art\u00edculos 94 del C.G.del P. y 90 del C. de P. C. al libelo introductorio, no se producen de llegarse a decretar el desistimiento t\u00e1cito de las actuaciones, conforme se extrae del literal f) del numeral 2\u00ba del precepto 317 ya citado. <\/p>\n

Luego, si por v\u00eda de hip\u00f3tesis la demandante acud\u00eda ante el juez a pedir la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo por inactividad, y a esa exigencia se acced\u00eda, pod\u00eda despu\u00e9s, en juicio separado, suplicar la extinci\u00f3n de la deuda cobrada por el Banco Popular, si se cumpl\u00eda el tiempo y se reun\u00edan las condiciones de la prescripci\u00f3n liberatoria. <\/p>\n

Pero al mismo tiempo, si la actora promoviera el litigio, perfectamente pod\u00eda haber reivindicado los efectos del literal g.: \u201cDecretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido. El juez ordenar\u00e1 la cancelaci\u00f3n de los t\u00edtulos del demandante si a ellos hubiere lugar\u201d. <\/p>\n

2. Simult\u00e1neamente, a\u00f1ado, los cargos denuncian yerro en la decisi\u00f3n del tribunal por dejar de aplicar la regla 2536 del C.C., empero, la respuesta no debi\u00f3, en el punto para sostener la sentencia, acudir a una serie de argumentos forzados. El cargo no pod\u00eda prosperar aplicando la propia doctrina de la esta Corte y el esp\u00edritu del legislador cuando modific\u00f3 el art. 2536 del C.C. con la Ley 791 de 2002, estatuto que recepcion\u00f3 la aludida doctrina de esta Sala. <\/p>\n

El art\u00edculo 2536 del C.C., con antelaci\u00f3n a la reforma introducida por la Ley 791 de 2002, se\u00f1alaba: \u201c\u201cLa acci\u00f3n ejecutiva prescribe por diez a\u00f1os, y la ordinaria por veinte. <\/p>\n

\u201cLa acci\u00f3n ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de diez a\u00f1os, y convertida en ordinaria durar\u00e1 solamente otros diez\u201d. <\/p>\n

El redactor del 2002 desde el 2001, cuando ven\u00eda discutiendo el proyecto en el Congreso, luego de los debates introdujo esa jurisprudencia y qued\u00f3 del siguiente modo: <\/p>\n

\u201cLa acci\u00f3n ejecutiva se prescribe por cinco a\u00f1os. Y la ordinaria por diez.
\n\u201cLa acci\u00f2n ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco a\u00f1os, y convertida en ordinaria durar\u00e1 solamente otros cinco\u201d.
\n\u201cUna vez interrumpida o renunciada una prescripci\u00f3n comenzar\u00e1 a contarse nuevamente por el t\u00e9rmino respectivo\u201d (subrayas son m\u00edas). <\/p>\n

Cuando en el Congreso colombiano se discut\u00eda la modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen de prescripci\u00f3n que finalmente dio lugar al texto de la Ley 791 de 2002, en el informe de ponencia para primer debate al proyecto genitor, n\u00famero 144 de 2001 Senado y 63 de 2000 C\u00e1mara, en un serio an\u00e1lisis, el senador Germ\u00e1n Lleras, previo, a la presentaci\u00f3n del pliego de modificaciones al texto, razonaba:
\n\u201cDe otra parte, no es de recibo el contenido del art\u00edculo 3\u00b0 de la iniciativa, cuando establece que la prescripci\u00f3n puede ser decretada de oficio, por cuanto la prescripci\u00f3n es un derecho potestativo, que el interesado utiliza o no, seg\u00fan su conveniencia y su conciencia, por lo mismo es una ventaja patrimonial, cuya adquisici\u00f3n no se le puede imponer al interesado. La oficiosidad en la declaraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n en materia penal, obedece a razones de favorabilidad de la ley penal para el reo, principio constitucional fundamental, en tanto que en el derecho fiscal, es una decisi\u00f3n pol\u00edtica del Estado acreedor y la caducidad, que no la prescripci\u00f3n, de las acciones contra el Estado, es una protecci\u00f3n especial que \u00e9ste se otorga. Nada de lo cual ocurre con la prescripci\u00f3n en materia de obligaciones y de otras acciones. <\/p>\n

\u201cEn todas las legislaciones, desde cuando existe la figura de la prescrip\u001fci\u00f3n, su declaraci\u00f3n ha exigido alegaci\u00f3n de parte, y por lo mismo siempre se le ha prohibido al juez declararla de oficio. Y en cuanto a que con esa oficiosidad se producir\u00eda una considerable descongesti\u00f3n judicial, esa manifestaci\u00f3n carece de sustento y de seriedad. No hay ning\u00fan estudio que demuestre cu\u00e1ntos son los procesos en los que se ventila o se ha ventilado una excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. Y la declaraci\u00f3n oficiosa de la prescripci\u00f3n al rechazar preventivamente o in limine la demanda, adem\u00e1s de ser producto de una confusi\u00f3n con la figura de la caducidad lejos de aminorar la oportunidad de debate y la prolongaci\u00f3n del proceso la aumentar\u00eda, fuera de que implicar\u00eda una restricci\u00f3n, por no decir una supresi\u00f3n de las posibilidades de defensa del demandante.\u201d <\/p>\n

\u201c(\u2026). <\/p>\n

\u201cLa prescripci\u00f3n, tanto la adquisitiva como la extintiva, podr\u00e1 invocarse por v\u00eda de acci\u00f3n o por v\u00eda de excepci\u00f3n, por el propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquier otra persona que tenga inter\u00e9s en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella". <\/p>\n

\u201cEs oportuno precisar normativamente que la prescripci\u00f3n, que de por s\u00ed exige su alegaci\u00f3n, la puede hacer valer el interesado, tanto por v\u00eda de acci\u00f3n, como por v\u00eda de excepci\u00f3n, con lo cual, en lo que respecta a la prescripci\u00f3n adquisitiva, se cancela la posibilidad de la interpretaci\u00f3n perversa que la Corte le dio al art\u00edculo 413 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1970, hoy art\u00edculo 407, en el sentido de que era menester una acci\u00f3n de pertenencia, o sea una demanda de reconvenci\u00f3n frente a la acci\u00f3n reivindicatoria, para poder tener la declaraci\u00f3n de propiedad por prescripci\u00f3n, con desentendimiento de lo dispuesto por el art\u00edculo 253 del C\u00f3digo Civil. Y en lo que respecta a la prescripci\u00f3n extintiva, tambi\u00e9n es oportuno poner de presente que el interesado puede ejercer la acci\u00f3n y no tener que esperar a que el acreedor o el titular del derecho lo demanda para poder clarificar su posici\u00f3n. De ah\u00ed la primera declaraci\u00f3n del precepto en tal sentido. <\/p>\n

\u201cPor lo dem\u00e1s, esta redacci\u00f3n es la del art\u00edculo 2225 del C\u00f3digo Civil Franc\u00e9s, que reitera el art\u00edculo 2939 del C\u00f3digo Civil italiano, con la anotaci\u00f3n correspondiente al art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 120 de 1928, de que el acreedor o la persona interesada que se coloca en el lugar de prescribiente puede invocar la prescripci\u00f3n, aun en el caso de renuncia por parte de aquel, el modo de impedir la consumaci\u00f3n del fraude en su contra\u201d12. <\/p>\n

Pero en cuanto tiene que ver, con lo del cargo y mi aclaraci\u00f3n, expon\u00eda en forma muy clara, con relaci\u00f3n al texto que el recurrente considera infringido: <\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 2536. La acci\u00f3n ejecutiva se prescribe por cinco a\u00f1os y la ordinaria por diez. <\/p>\n

\u201cLa acci\u00f3n ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco a\u00f1os, y convertida en ordinaria durar\u00e1 solamente otros cinco". <\/p>\n

\u201cEl C\u00f3digo Civil del se\u00f1or Andr\u00e9s Bello, distingui\u00f3 las acciones, desde el punto de vista del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, en ordinaria y ejecutiva, con la particularidad de que el t\u00e9rmino de \u00e9sta es la mitad del de aquella y de que, prescrita la acci\u00f3n ejecutiva, el acreedor puede pedir, la revalidaci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo, dentro del t\u00e9rmino que le falte para completar el m\u00e1ximo, que es el de la prescripci\u00f3n extintiva ordinaria (art\u00edculo 2536). Se propone suprimir esa distinci\u00f3n y dejar una sola prescripci\u00f3n. Los sistemas chileno y colombiano mantienen ese sistema, y que por cierto se mantuvo en la reforma del c\u00f3digo chileno, realizado mediante el Decreto 2695 de 1979, que redujo los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n. No se ve qu\u00e9 ventaja pudiera introducir la supresi\u00f3n de la diferenciaci\u00f3n entre las dos prescripciones y de asumir la posibilidad de "revalidaci\u00f3n" del t\u00edtulo ejecutivo. De ah\u00ed que se sugiera no aceptar la innovaci\u00f3n que trae el proyecto, de establecer un solo t\u00e9rmino, que en el ordenamiento nacional solamente se da para las prescripciones de corto tiempo (art\u00edculo 2545). <\/p>\n

\u201cDe ese modo, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva quedar\u00eda en cinco a\u00f1os y la de la acci\u00f3n ordinaria en 10, con la posibilidad de recuperaci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva por demanda instaurada dentro de los cinco a\u00f1os siguientes. <\/p>\n

\u201cSe aprovecha s\u00ed la oportunidad de la reforma, para dejar en claro que, tanto la interrupci\u00f3n, como la renuncia, hacen que, en ambos casos, se vuelva a contar el mismo t\u00e9rmino, como lo se\u00f1al\u00f3 la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 24 de febrero de 1984, que es conveniente consolidar legalmente (subrayas y resaltados del suscrito).\u201d <\/p>\n

De modo, que si el recurrente dice que el juicio ejecutivo y la providencia definitoria frente a la existencia y exigibilidad del t\u00edtulo, se hallan extinguidas por el curso del tiempo, y como consecuencia, la obligaci\u00f3n est\u00e1 extinguida por el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n, no halla asiento esa interpetaci\u00f3n ni se aviene al texto, ni mucho menos al esp\u00edritu del legislador. <\/p>\n

El demandante no es concreto, de porqu\u00e9 fue inaplicado el detonante de la controversia, consistente en el segmento, introducido por el legislador de 2002, en el art. 2536: \u201cUna vez interrumpida o renunciada una prescripci\u00f3n comenzar\u00e1 a contarse nuevamente por el t\u00e9rmino respectivo\u201d, el cual entrelaza con las disposiciones procesales. Es decir, no se\u00f1ala las razones o el motivo, el quid, para gobernar un juicio en curso, ni c\u00f3mo proceder. El tribunal no incurri\u00f3 en el yerro endilgado. <\/p>\n

Repasado el informe que se present\u00f3 para ponencia, el senador Vargas Lleras, defiende la inclusi\u00f3n del texto en cuesti\u00f3n pero gobernado por la doctrina de la Corte inserta en el fallo del el 24 de febrero de 1984, justificando: \u201cSe aprovecha s\u00ed la oportunidad de la reforma, para dejar en claro que, tanto la interrupci\u00f3n, como la renuncia, hacen que, en ambos casos, se vuelva a contar el mismo t\u00e9rmino, como lo se\u00f1al\u00f3 la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 24 de febrero de 1984, que es conveniente consolidar legalmente\u201d.
\nDe tal modo, que la modificaci\u00f3n introducida, no hace m\u00e1s que seguir la doctrina probable de la Corte all\u00ed asentada13, que no se refer\u00eda a la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n sino a los efectos de la interrupci\u00f3n natural y a la renuncia de la prescripci\u00f3n como expresi\u00f3n de la voluntad del deudor al aceptar la existencia de la obligaci\u00f3n, al sentenciar el proceso ordinario de Alfredo Steckerl e Hijos Ltda. Vs. Flota Mercante Grancolombiana, con respecto al contrato de transporte mar\u00edtimo de hierro, celebrado entre las partes el 10 de julio de 1974, y en el cual, las mismas redujeron convencionalmente los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n extintiva del art\u00edculo 993 del C. de Co. a un a\u00f1o, cuando el ejercicio de ese derecho era viable14. <\/p>\n

Formulada demanda de casaci\u00f3n, la Corte la admite, estudia de fondo la cuesti\u00f3n y casa el fallo, por hallar fundada consumaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n

En esta circunstancia s\u00ed es aplicable el segmento del art. 2536 del C.C. a\u00f1adido por la Ley 791 de 2002, seg\u00fan el cual \u201cuna vez interrumpida o renunciada una prescripci\u00f3n comenzar\u00e1 a contarse nuevamente por el t\u00e9rmino respectivo\u201d. <\/p>\n

Para la Corte renunciada o interrumpida naturalmente la prescripci\u00f3n por el deudor, no civilmente (por demanda o por notificaci\u00f3n), cumplido el nuevo t\u00e9rmino puede ser alegada por el deudor, motivando: \u201c(\u2026) Por lo dem\u00e1s el resultado de la renuncia, igual que la interrupci\u00f3n, es la prescindencia de todo el tiempo de inercia corrido hasta entonces, de modo que el c\u00f3mputo se reinicia, con posibilidad pr\u00e1cticamente indefinida de que se repitan los fen\u00f3menos, hasta que el t\u00e9rmino respectivo transcurra \u00edntegro nuevamente\u201d 15. <\/p>\n

Expone la Corte, precisamente \u201c(\u2026) la recurrente anota que del 28 de noviembre de 1975, fecha en que hizo aquel ofrecimiento y que el Tribunal tuvo como renuncia a la prescripci\u00f3n consumada, al d\u00eda en que se present\u00f3 la demanda, transcurrieron dos a\u00f1os y siete meses, tiempo en todo caso superior tanto al a\u00f1o se\u00f1alado en el contrato, como a los dos a\u00f1os de la prescripci\u00f3n legal, y que, por lo tanto se hab\u00eda vuelto a producir el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n

\u201cEs evidente que el Tribunal dej\u00f3 de observar el hecho de que entre el acto que \u00e9l califica de renuncia a la prescripci\u00f3n contractual ya cumplida y la demanda, transcurrieron m\u00e1s de dos a\u00f1os sin reconocimiento del derecho por parte de la transportadora ni ejercicio del mismo por la remitente. <\/p>\n

\u201cY tambi\u00e9n es cierto que el paso de ese tiempo en tales condiciones permiti\u00f3 que se consumara la prescripci\u00f3n extintiva propuesta por la demandada, independientemente de si se reconoce, como lo hizo el Tribunal, la posibilidad de que las partes reduzcan por estipulaci\u00f3n a prop\u00f3sito el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n a que est\u00e1n sujetas las acciones especiales que nacen de ciertos actos o contratos (art. 2545 del C. C.) o se estima que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n no es en esos casos variable por estipulaci\u00f3n contractual. E independientemente tambi\u00e9n, de si se considera la comunicaci\u00f3n de la Flota como un acto id\u00f3neo e inequ\u00edvoco de reconocimiento del cr\u00e9dito, con efectos ora de renuncia, ya de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, o se le niegan esos efectos. <\/p>\n

\u201cO sea, que sin necesidad de calificar la eficacia de la estipulaci\u00f3n contractual respecto del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, ni la idoneidad de la declaraci\u00f3n del funcionario de la Flota a prop\u00f3sito de la reclamaci\u00f3n de la remitente, y aun tom\u00e1ndola como un reconocimiento del derecho de \u00e9sta, con cualquiera de los efectos mencionados (arts. 2514 y 2539 del C. C.), el hecho es que entre ese acto y la demanda transcurri\u00f3 con exceso el tiempo legal de prescripci\u00f3n (art. 993 del C. de Co.) y que \u00e9sta fue alegada en oportunidad (arts. 2513 del C. C. y 306 del C. de P. C.), por lo cual debe ser declarada16\u201d. <\/p>\n

Por lo tanto, a pesar de la interrupci\u00f3n o renuncia (inciso segundo del art. 2539 del C.C.), reanudada la cuenta y cumplido el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n en el lapso transcurrido entre la renuncia o la interrupci\u00f3n y el ejercicio del derecho, e invocado ese modo de extinci\u00f3n por el deudor demandado, no hay duda de su ocurrencia con los efectos extintivos que le son propios. <\/p>\n

En consecuencia, el precepto agregado no puede entenderse que cobije la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n sino la natural, as\u00ed como la renuncia extraprocesal por parte del deudor, de modo que acaecida la interrupci\u00f3n natural o la renuncia el t\u00e9rmino vuelve a contarse desde la fecha de su renuncia, y si el acreedor no lo interrumpe nuevamente, sin duda, si el deudor invoca la prescripci\u00f3n, se consumar\u00e1 el t\u00e9rmino por segunda vez. <\/p>\n

Solo en el marco de este contexto, puede entenderse la doctrina que luego prohija la Sala en la sentencia del 9 de septiembre de 2013, radicado 2006-00339: <\/p>\n

\u201cComo tiene explicado la Sala, \u201cjam\u00e1s la prescripci\u00f3n es un fen\u00f3meno objetivo\u201d, pues existen \u201cfactores subjetivos, que, por razones m\u00e1s que obvias, no son comprobables de la \u2018mera lectura del instrumento\u2019 contentivo de la obligaci\u00f3n. La conducta de los sujetos de la obligaci\u00f3n es cuesti\u00f3n que siempre ameritar\u00e1 un examen orientado a establecer si concurrentemente se configuran todas las condiciones que deben acompa\u00f1ar al tiempo para que con certeza se pueda decir si la prescripci\u00f3n ocurri\u00f3 verdaderamente. Solo as\u00ed se llegar\u00e1 a determinar lo relativo a la interrupci\u00f3n y suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

\u201c2.3. De manera que si al alcance de las partes no est\u00e1 el manejo del t\u00e9rmino prescriptivo, debe seguirse, en cuanto a su comienzo, que si ha transcurrido ininterrumpidamente, se cuenta \u201cdesde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u201d, cual lo establece el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil. Y si sobrevino alguna circunstancia subjetiva,\u00a0verbi gratia, su interrupci\u00f3n natural, o si es el caso su renuncia, se computa a partir de la fecha del hecho, toda vez que el tiempo anterior queda borrado (arts. 2539 y 2536, ib., con la modificaci\u00f3n introducida por la L. 791\/2002). <\/p>\n

\u201cEs entendido que la posibilidad de iniciar nuevamente y de inmediato el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino extintivo, prevista en el inciso final del art\u00edculo 2536 de C\u00f3digo Civil respecto de la interrupci\u00f3n o la renuncia de la prescripci\u00f3n, no aplica cuando se trata de interrupci\u00f3n civil, o cuando la prescripci\u00f3n se entiende renunciada por la omisi\u00f3n del deudor en interponer oportunamente la excepci\u00f3n respectiva. Los efectos de la interrupci\u00f3n civil, que adem\u00e1s descarta la inactividad del acreedor, o de la no interposici\u00f3n oportuna de la mencionada defensa judicial, son definitivos dentro del proceso en el cual ocurren, hasta su terminaci\u00f3n mediante sentencia, pago o cualquiera de las formas anormales o alternativas de finalizaci\u00f3n permitidas por la ley, atendida la naturaleza de cada proceso y las consecuencias propias de dichas formas especiales en punto a la eficacia o ineficacia de la interrupci\u00f3n (CPC, art. 91; Sent. C-662 de 2004 y C-227 de 2009)\u201d17. <\/p>\n

De modo que no existe violaci\u00f3n del segmento final del art. 2536 del C.C., por cuanto, aun cuando la prescripci\u00f3n en el \u00e1mbito del derecho civil proteja un derecho privado o derechos fundamentales de la persona como la libertad en el marco p\u00fablico de la democracia (el penal con prescripci\u00f3n de oficio), en la materia debatida por la Corte en este juicio, no puede someterse al juego o la alteraci\u00f3n facultativa del plazo que la contiene, por el car\u00e1cter sancionatorio y la postestad constitucional para ejercer la intervenci\u00f3n estatal de la relaci\u00f3n obligatoria privada, adem\u00e1s porque, alegada, si se dan sus supuestos, inmola el derecho del acreedor o del propietario. <\/p>\n

Si es instituci\u00f3n de orden p\u00fablico, de naturaleza democr\u00e1tica, los particulares no pueden ampliarla o limitarla, porque se apropiar\u00edan de tareas que incumben al legislador. <\/p>\n

Por supuesto, ello no descarta la interpretaci\u00f3n judicial para determinar si esos t\u00e9rminos son fatales o sin soluci\u00f3n continuidad, o si pueden ser afectados por las conductas de las partes. Pero una demora en la decisi\u00f3n de una sentencia u otra providencia an\u00e1loga, ni est\u00e1 circunstancia o, habi\u00e9ndose notificado en tiempo al deudor emergiendo la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, pueden erigirse en puntos de partida para iniciar nuevo c\u00f3mputo del plazo para proponerla; salvo, el enorme paso que en el marco de configuraci\u00f3n legislativa dio el legislador con el art. 317 del C. G. del P., como atr\u00e1s se explic\u00f3. <\/p>\n

Y por supuesto, el acierto del legislador en lo tocante con la aplicaci\u00f3n de inciso final del art. 2536 del C.C., modificado por la Ley 791 de 2002, para un nuevo c\u00f3mputo prescriptivo, siguiendo la doctrina de la Corte de aqu\u00e9lla sentencia memorable de 1984, por disposici\u00f3n del mismo Congreso, pero \u00fanicamente en el caso de la interrupci\u00f3n natural o la renuncia; pero no para la interrupci\u00f3n civil pues no se juzgaba un asunto de ese linaje sino uno extraprocesal. <\/p>\n

En los t\u00e9rminos precedentes dejo sentado mi criterio respecto de la materia debatida. <\/p>\n

Fecha ut supra, <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado
\n1\u0002 \tDevis \tEchand\u00eda Hernando, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte \tGeneral Tomo I Editorial Temis, Bogot\u00e1 1961, p\u00e1g. 329.
\n2\u0002 \tOb. \tCit. P\u00e1g. 331.
\n3\u0002 \tCalamdrei \tPiero. Instituciones de Derecho Procesal Civil Volumen I Ediciones \tJur\u00eddica Europa Am\u00e9rica, Buenos Aires 1986, p\u00e1g. \t256.
\n4\u0002 \tTulio \tLiebman Enrico. Manual de Derecho Procesal Civil, Ediciones \tJur\u00eddicas Europa- Am\u00e9rica Buenos Aires 1980, p\u00e1g. \t135.
\n5\u0002 \tArturo Valencia Zea, Derecho Civil, Tomo III, De las Obligaciones, \t5\u00aa Ed., Temis, 1978, \tp. 549.
\n6\u0002 \tJorge Giorgi, Derecho Moderno, Teor\u00eda de las Obligaciones, \tEd. Reus S.A., Madrid, 1981, \tp. 341.
\n7\u0002 \tR. \tJ. Pothier, Tratado de las Obligaciones, Tribunal Superior de \tJusticia del Distrito Federal, SAE, p. 431.
\n8\u0002 \tArt\u00edculo \t94 del C\u00f3digo General del Proceso que entr\u00f3 en \tvigencia desde el 1\u00b0 de octubre de 2012. \u00abEl t\u00e9rmino \tde prescripci\u00f3n tambi\u00e9n se interrumpe por el \trequerimiento escrito realizado al deudor directamente por el \tacreedor. Este requerimiento solo podr\u00e1 hacerse por una vez\u00bb.
\n9\u0002 \tArt\u00edculo \tque tambi\u00e9n entr\u00f3 en vigencia desde el 1\u00b0 de \toctubre de 2012.
\n10\u0002 \t\u00abART\u00cdCULO \t335. \tModificado por el art. 35, Ley 794 de 2003. Ejecuci\u00f3n. Cuando \tla sentencia haya condenado al pago de una suma de dinero, a la \tentrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo \tproceso, o al cumplimiento de una obligaci\u00f3n de hacer, el \tacreedor podr\u00e1 formular demanda ejecutiva con base en dicha \tsentencia, en el mismo expediente, ante el juez de primera instancia \tdel proceso en que fue dictada. La demanda deber\u00e1 formularse \tdentro de los sesenta d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la \tsentencia o a la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento a lo \tresuelto por el superior, seg\u00fan fuere el caso. \t<\/p>\n

En \tla demanda podr\u00e1 tambi\u00e9n solicitarse la ejecuci\u00f3n \tpor las sumas que hayan sido liquidadas en el proceso, a favor de la \tmisma parte por condenas anteriores a la sentencia, siempre que no \tse haya iniciado con tal fin ejecuci\u00f3n separada\u2026\u00bb. \t<\/p>\n

\u00abART\u00cdCULO \t488. \tT\u00edtulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las \tobligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos \tque provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba \tcontra \u00e9l, o las que emanen de una sentencia de condena \tproferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicci\u00f3n, o de \totra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la \tley, o de las providencias que en procesos contencioso \tadministrativos o de polic\u00eda aprueben liquidaci\u00f3n de \tcostas o se\u00f1alen honorarios de auxiliares de la justicia\u2026\u00bb. \t<\/p>\n

\u00abART\u00cdCULO \t509. \tModificado \tpor el art. 50, Ley 794 de 2003\u00a0Excepciones que pueden \tproponerse: (\u2026) 2. \tCuando el t\u00edtulo ejecutivo consista en una sentencia o un \tlaudo de condena, o en otra providencia que conlleve ejecuci\u00f3n, \ts\u00f3lo podr\u00e1n alegarse las excepciones de pago, \tcompensaci\u00f3n, confusi\u00f3n, novaci\u00f3n, remisi\u00f3n, \tprescripci\u00f3n o transacci\u00f3n, siempre que se basen en \thechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad en los \tcasos que contemplan los numerales 7\u00ba y 9\u00ba del art\u00edculo \t140, y de la p\u00e9rdida de la cosa debida. Cuando la ejecuci\u00f3n \tse adelante como lo dispone el inciso primero del art\u00edculo \t335, no podr\u00e1n proponerse excepciones previas\u00bb.
\n11\u0002 \tSobre la naturaleza y finalidad de la caducidad, \tprevista en la normativa del C\u00f3digo Judicial de 1931, \tcons\u00faltese: GONZ\u00c1LEZ VEL\u00c1SQUEZ, Julio. \tInstituci\u00f3n \tProcesal Civil Colombiana. Comentarios al C\u00f3digo Judicial. \tMedell\u00edn: Librer\u00eda y Editorial Siglo XX Ltda. 1946. \tP\u00e1gs. 172 y ss.; DEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. Tratado \tde Derecho Procesal Civil. Tomo IV. \tBogot\u00e1: Ed. Temis, 1964. P\u00e1gs. 258 y ss.; PARDO, \tAntonio J. Tratado \tde Derecho Procesal Civil. Tomo I. \tEd. Universidad de Antioquia. Medell\u00edn. 1967. P\u00e1gs. \t494 y ss.; en cuanto a la perenci\u00f3n \tprevista en el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo de \tProcedimiento Civil de 1971, Cfr.: MORALES MOLINA, Hernando. Curso \tde Derecho Procesal Civil. Parte General. Editorial \tABC. Bogot\u00e1. 1978. P\u00e1gs. 444 y ss.
\n12\u0002 \tCOLOMBIA, IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, Gaceta del Congreso. \tBogot\u00e1: mi\u00e9rcoles 2 de mayo de 2001, A\u00f1o X \u2013 \tNo. 159, C\u00e1mara de Representantes, Proyectos de Ley, p. 4-5.
\n13\u0002 \tCOLOMBIA, \tCSJ. Civil. Sent. del 28 de febrero de 1984. Gaceta Judicial CLXXVI, \tM.P. Jos\u00e9 Mar\u00eda Esguerra Samper, H\u00e9ctor G\u00f3mez \tUribe, Fernando Hinestrosa Forero (Conjuez), Alberto Ospina Botero, \tHoracio Montoya Gil, Jorge Salcedo Segura (salvamento de voto).
\n14\u0002 \tHoy \tcon la modificaci\u00f3n introducida al mismo texto por el \tart\u00edculo 11 del Decreto 1 de 1990, es inmodificable el \tt\u00e9rmino, por la naturaleza p\u00fablica que ostenta el \tinstituto de la prescripci\u00f3n mientras no se hayan consumado \tlos t\u00e9rminos previstos en las respectivas disposiciones que \tlos hayan fijado. Precisamente, por ello se introdujo en el art\u00edculo \t993 del Decreto 1 de 1990, la siguiente prohibici\u00f3n: \u201cEste \tt\u00e9rmino no puede ser modificado por las partes\u201d
\n15\u0002 \tCOLOMBIA, \tCSJ. Civil. Sent. del 28 de febrero de 1984. Gaceta Judicial CLXXVI, \tM.P. Jos\u00e9 Mar\u00eda Esguerra Samper, H\u00e9ctor G\u00f3mez \tUribe, Fernando Hinestrosa Forero (Conjuez), Alberto Ospina Botero, \tHoracio Montoya Gil, Jorge Salcedo Segura (salvamento de voto).
\n16\u0002 \tCOLOMBIA, \tCSJ. Civil. Sent. del 28 de febrero de 1984. Gaceta Judicial CLXXVI, \tM.P. Jos\u00e9 Mar\u00eda Esguerra Samper, H\u00e9ctor G\u00f3mez \tUribe, Fernando Hinestrosa Forero (Conjuez), Alberto Ospina Botero, \tHoracio Montoya Gil, Jorge Salcedo Segura (salvamento de voto).
\n17\u0002 \tCOLOMBIA, CSJ. Civil. Sentencia\u00a02006-00339\u00a0de\u00a0septiembre \t9 de 2013, C-11001-3103-043-2006-00339-01, Mg. Pon. \tJes\u00fas \tVall de Rut\u00e9n Ruiz<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada Ponente SC5515-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-31-03-018-2013-00104-01 (Aprobado en Sala de catorce de mayo de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Procede la Corte a resolver el recurso de casaci\u00f3n que la sociedad LUBRIEXPO LTDA. en Liquidaci\u00f3n, demandante, formul\u00f3 contra la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102566","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102566","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102566"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102566\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102566"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102566"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102566"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}