{"id":102567,"date":"2026-07-02T16:01:23","date_gmt":"2026-07-02T16:01:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102567"},"modified":"2026-07-02T16:01:23","modified_gmt":"2026-07-02T16:01:23","slug":"stc001-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc001-2019\/","title":{"rendered":"STC001-2019"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC001-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2018-03519-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la tutela entablada por Javier El\u00edas Id\u00e1rraga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

El promotor reclam\u00f3 el auxilio de su \u00abderecho al debido proceso\u00bb, con el prop\u00f3sito de que \u00abSE ORDENE DE MANERA INMEDIATA la nulidad de OFICIO, por p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia, desde la sentencia de 1 instancia [\u2026]\u00bb. <\/p>\n

Como sustento de lo pretendido, se\u00f1al\u00f3, en lo medular, que act\u00faa en la \u00abacci\u00f3n popular\u00bb con radicado 2015 00022 01, y en ella solicit\u00f3 \u00abaplicar art 121 CGP, empero no se aplic\u00f3\u00bb; aunado a que \u00abigual postura y solicitud reali[z\u00f3] en el TSSCF (sic) de Pereira Rda, que se neg\u00f3 igualmente a aplicar [dicha disposici\u00f3n]\u00bb. <\/p>\n

La Alcald\u00eda de Pereira y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n alegaron \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb; el colegiado cuestionado enrostr\u00f3 haber utilizado en el pronunciamiento que se critica el precedente consignado en la STC8486-2018. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Bien \tpronto conviene anunciar la prosperidad de la intromisi\u00f3n \texigida ya que si bien la renuencia del Tribunal para emplear el \tart\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso se apoy\u00f3 \ten la posici\u00f3n que adopt\u00f3 esta Sala el 4 de julio de \t2018 (STC8486-2018), lo cierto es que una nueva revisi\u00f3n de \taquella tem\u00e1tica genera la necesidad de rectificar dicha \tdoctrina, como pasa a verse. <\/p>\n

A voces del canon 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00abse garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, lo cual no se queda \u00fanicamente en la posibilidad de asistir ante los estrados, sino, adem\u00e1s, de obtener una soluci\u00f3n pronta y eficaz a la problem\u00e1tica que all\u00e1 exhiben. Es decir, ese atributo se erige a favor de los usuarios del poder jurisdiccional y no de los funcionarios encargados de \u00abimpartir justicia\u00bb; en buenas cuentas son aqu\u00e9llos, y no \u00e9stos, los directamente interesados en que la pugna que los movi\u00f3 a activar el aparato Estatal se zanje, positiva o negativamente, a la mayor brevedad posible. Lo contrario, esto es, la resoluci\u00f3n perenne del conflicto, apareja naturalmente costos y angustias en los litigantes y, con ello, deslegitimaci\u00f3n para los \u00abjueces\u00bb. <\/p>\n

Por lo tanto, la tardanza injustificada para adelantar y desatar los debates que se llevan ante la \u00abjurisdicci\u00f3n\u00bb no armoniza con el \u00abderecho constitucional\u00bb aludido, el que adem\u00e1s tiene soporte supranacional, entre otros, en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos cuyo art\u00edculo 8 inicia as\u00ed: <\/p>\n

Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (negrillas y resaltado propio). <\/p>\n

En sinton\u00eda con tales \u00abpreceptos superiores\u00bb, el art\u00edculo 2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso memora que \u00ab[t]oda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeci\u00f3n a un debido proceso de duraci\u00f3n razonable. Los t\u00e9rminos procesales se observar\u00e1n con diligencia y su incumplimiento injustificado ser\u00e1 sancionado\u00bb. <\/p>\n

De suerte que esa directriz, situada en la parte filos\u00f3fica del estatuto y, por tanto, de contenido trascendental dado que siembra las bases del \u00abproceso judicial\u00bb, corresponde concordarla con el precepto 121, donde se consagran las herramientas indispensables para lograr su materializaci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, el \u00faltimo mandato instituye, en sus apartes pertinentes, que: <\/p>\n

Salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal. <\/p>\n

Vencido el respectivo t\u00e9rmino previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al d\u00eda siguiente, deber\u00e1 informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumir\u00e1 competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses\u2026 <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

Ser\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n

De esas l\u00edneas fluye claro, entonces, que la primera instancia debe agotarse a m\u00e1s tardar dentro del a\u00f1o siguiente a la integraci\u00f3n del contradictorio, y la segunda en seis meses despu\u00e9s de la recepci\u00f3n del expediente, salvo que antes del \u00abvencimiento\u00bb de esas oportunidades se utilice la ampliaci\u00f3n all\u00ed autorizada. El desacato de esa previsi\u00f3n irrumpe, seg\u00fan el caso concreto, de un lado, en la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia y, de otro, la \u00abnulidad de pleno derecho\u00bb de las actuaciones desplegadas con posterioridad a la expiraci\u00f3n del respectivo \u00abplazo\u00bb. <\/p>\n

Luego, puede ocurrir que solamente se provoque la \u00abp\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia\u00bb si vencido el t\u00e9rmino legal el juez o magistrado, de oficio o a petici\u00f3n de parte, advierte tal circunstancia y remite las diligencias a quien le sigue en turno; en cambio, si en lugar de actuar de esa manera continua como director de la litis, deber\u00e1 declararse (o reconocerse) la invalidez de lo discurrido desde que el iudex debi\u00f3 desprenderse del infolio y no lo hizo. En esta hip\u00f3tesis, debe destacarse que la \u00absanci\u00f3n\u00bb contemplada es de car\u00e1cter insalvable, es decir, no admite convalidaci\u00f3n ni saneamiento por ninguna causa, dado el calificativo de \u00abpleno derecho\u00bb y lo que ello significa en el tr\u00e1fico \u00abjur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n

Ahora bien, superado el marco te\u00f3rico que demuestra el actual fomento y garant\u00eda del \u00abplazo razonable\u00bb en la \u00abresoluci\u00f3n judicial de los conflictos\u00bb, es pertinente recordar que en CSJ STC8486-2018, se sostuvo que <\/p>\n

(\u2026) en trat\u00e1ndose de acciones populares, cumple recordar que por su estirpe constitucional, instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las colectividades, lo que hace que su naturaleza sea de car\u00e1cter especial y prevalente, no resulta aplicable dicha disposici\u00f3n, toda vez que la Ley 472 de 1998 consagr\u00f3 de manera expresa la duraci\u00f3n de cada escenario procesal a partir de plazos perentorios, as\u00ed como las sanciones por desconocer tales t\u00e9rminos. <\/p>\n

Es as\u00ed que el art\u00edculo 34 de esa reglamentaci\u00f3n prev\u00e9 que \u00abvencido el t\u00e9rmino para alegar, el juez dispondr\u00e1 de veinte (20) d\u00edas para proferir sentencia\u00bb. De igual forma, esa legislaci\u00f3n estableci\u00f3 en su art\u00edculo 84 ib\u00eddem que si el funcionario judicial desatiende dicho t\u00e9rmino, al igual que cualquier otro contenido en la norma, incurrir\u00e1, \u00aben causal de mala conducta sancionable con destituci\u00f3n del cargo\u00bb, pero no introdujo disposici\u00f3n alguna que se\u00f1alara como consecuencia la p\u00e9rdida de la competencia para continuar conociendo del asunto. <\/p>\n

Sin que sea posible, tal como lo pretende el actor, aplicar tal efecto jur\u00eddico por analog\u00eda o remisi\u00f3n del art\u00edculo 44 de la Ley estatutaria, pues lo cierto es que tal precepto establece que solo se emplear\u00e1 la ley adjetiva civil o contencioso administrativa \u00ab\u2026en los aspectos no regulados en la presente Ley, mientras no se oponga a la naturaleza y a la finalidad de tales acciones\u00bb, y el t\u00e9rmino para fallar no es un asunto sin regulaci\u00f3n en la norma especial. <\/p>\n

En ese orden de ideas, se concluye que en materia de acciones populares no aplica el inciso 6\u00ba del art\u00edculo 121 de la Ley 1564 (\u2026). <\/p>\n

Esa tesitura fue aceptada por la Sala; sin embargo, vistas nuevamente las cosas, es necesario recogerla para darle paso, ahora, a la que con este fallo se sienta. <\/p>\n

La deducci\u00f3n reproducida (STC8486-2018) se afinc\u00f3 en 2 razones fundamentales: i) las acciones populares tienen un car\u00e1cter especial y prevalente, en tanto la ley 472 de 1998 consagr\u00f3 de forma particular los tiempos en que se desarrollan las \u00abetapas y actos procesales\u00bb, de suerte que se deben cumplir aquellos y su inobservancia contrae \u00absanciones disciplinarias\u00bb pero no la p\u00e9rdida de competencia; y ii) no es admisible aplicar el art\u00edculo 44 de esa misma ley, por cuanto el intervalo para \u00abresolver\u00bb es un asunto reglado, de manera que no es viable acudirse en subsidio al C.G.P. <\/p>\n

Pues bien, no es factible desmentir que el \u00abproceso constitucional\u00bb aludido tiene una \u00abnaturaleza jur\u00eddica distintiva\u00bb, as\u00ed como que est\u00e1 suficientemente rituado por la ley estatutaria pluricitada, de modo que los ciclos por los que se tiene que atravesar para llegar a una \u00abdecisi\u00f3n final\u00bb est\u00e1n prescritos con contenido y vencimiento, y el no acatar lo \u00faltimo genera consecuencias adversas; no obstante, ello no es \u00f3bice para que se afirme que aqu\u00e9l no tiene una \u00abduraci\u00f3n m\u00e1xima\u00bb. <\/p>\n

Dicho en otras palabras, es natural que el legislador dise\u00f1e las fases de todos los procesos y que a cada una de ellas les imponga un \u00abtiempo\u00bb en que se deben desarrollar, pero ello no significa que el \u00abjuicio\u00bb, como un todo, est\u00e9 desprovisto de un \u00abl\u00edmite temporal\u00bb. No se olvide que el \u00abproceso civil\u00bb tambi\u00e9n establece topes, como ocurre con el \u00abtiempo para admitir la demanda\u00bb (Art. 90), o \u00ab[e]n las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deber\u00e1n dictar los autos en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas y las sentencias en el de cuarenta (40)\u00bb (Art. 120), lo que en audiencia debe acontecer inmediatamente, luego de escuchadas las partes, o dentro de los 10 d\u00edas sucesivos a dar a conocer el \u00absentido del fallo\u00bb (Art 373); y aun as\u00ed, nadie rebate que lo estipulado en el art\u00edculo 121 ib\u00eddem le es propio. <\/p>\n

Quiere decir lo anterior que una cosa es el \u00abt\u00e9rmino para dictar las providencias judiciales\u00bb y otra la \u00abduraci\u00f3n del proceso\u00bb. Por eso, aunque los \u00abactos del juez\u00bb en las \u00abacciones populares\u00bb tengan demarcaciones en su duraci\u00f3n, aquellos est\u00e1n compelidos a finiquitar la pol\u00e9mica conforme a las directrices otorgadas en la \u00faltima disposici\u00f3n referida. <\/p>\n

Y no se diga que la raz\u00f3n para desconocer esa obligaci\u00f3n radica en que la esencia de la \u00abtrama judicial\u00bb examinada difiere de la que se presenta entre privados, por cuanto en ella se debaten \u00abderechos colectivos\u00bb y en la otra particulares, toda vez que el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 472 de 1998 recalca que \u00ab[e]l tr\u00e1mite de las acciones reguladas en esta ley se desarrollar\u00e1 con fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia. Se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando \u00e9stos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones\u00bb, de modo que al ser \u00abel plazo razonable\u00bb un principio en el actual compendio adjetivo e, inclusive, una ordenanza constitucional y supranacional, desconocer su aplicabilidad e importancia para los justiciables se revela como un desatino. <\/p>\n

Fluye como corolario que la judicatura deber\u00e1 respetar y garantizar que las controversias ligadas a la \u00abprotecci\u00f3n de los derechos colectivos\u00bb finiquitar\u00e1n con irrestricta obediencia del \u00abt\u00e9rmino\u00bb otorgado en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2. En \testa especie, el Tribunal \u00abden[eg\u00f3] \tel pedimento relacionado con el art\u00edculo 121, CGP, porque es \tinaplicable en asuntos populares, de acuerdo con jurisprudencia \treciente de la CSJ. Discernimiento reiterado por esta Corporaci\u00f3n \ten varios tr\u00e1mites populares\u00bb. <\/p>\n

Con ese panorama, se itera, conforme a la conclusi\u00f3n que acaba de proporcionarse, la determinaci\u00f3n del juez colegiado debe ser suprimida para que nuevamente se estudie el t\u00f3pico, pero en esta ocasi\u00f3n con atenci\u00f3n a lo aqu\u00ed explicado. <\/p>\n

3. Basten \ttales raciocinios para proceder como se indic\u00f3. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve CONCEDER el resguardo instado por la reclamante. <\/p>\n

En consecuencia, se deja sin efecto y valor el primero punto de la resolutiva consignada en el interlocutorio calendado 8 de octubre de 2018, proferido dentro de la causa con radicado 66001-31-03-002-2015-00022-01, para que la Sala Civil Familia de la referencia vuelva a desatar la solicitud de p\u00e9rdida de competencia y nulidad, con observancia de lo aqu\u00ed expuesto. Lo mandado, dentro de los 10 d\u00edas contados desde el enteramiento de esta providencia. <\/p>\n

Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes, y, de no impugnarse, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nSTCOO1-2019
\n(Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03519-00)
\nCon todo respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito expresar mi disenso frente a la decisi\u00f3n adoptada por esta Corte en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, pues considero que no hab\u00eda lugar a conceder el amparo invocado, pues ning\u00fan derecho fundamental se le viol\u00f3 al accionante; tal como lo he venido sosteniendo en todas las controversias relacionadas con la nulidad consagrada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso.
\nCon el fin de no incurrir en repeticiones innecesarias, me permito hacer remisi\u00f3n al salvamento de voto que pronunci\u00e9 frente al fallo STC8849-2018, proferido por esta sede el 11 de julio de 2018, cuyas motivaciones reitero en esta oportunidad.
\nDe los se\u00f1ores magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC001-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2018-03519-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la tutela entablada por Javier El\u00edas Id\u00e1rraga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102567","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102567","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102567"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102567\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102567"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102567"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102567"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}