{"id":102568,"date":"2026-07-02T16:03:24","date_gmt":"2026-07-02T16:03:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102568"},"modified":"2026-07-02T16:03:24","modified_gmt":"2026-07-02T16:03:24","slug":"stc006-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc006-2019\/","title":{"rendered":"STC006-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC006-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2018-00204-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 26 de octubre de 2018, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la salvaguarda promovida por Mar\u00eda del Carmen Parra Duque al Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla, con ocasi\u00f3n del juicio de sucesi\u00f3n de la causante Ana Feliza Duque de Parra (q.e.p.d.), radicado bajo el n\u00ba 2017-748, en el cual la quejosa funge como heredera. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La accionante exige la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente conculcada por el despacho convocado. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos que soportan la presente acci\u00f3n los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

Mediante auto de 24 de octubre de 2017, el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla dio apertura a la liquidaci\u00f3n del patrimonio de la difunta Ana Feliza Duque de Parra (q.e.p.d.), decret\u00f3 medidas previas sobre los bienes a repartir y requiri\u00f3 a los intervinientes bajo los apremios del art\u00edculo 317 del C.G.P. para que declaran la existencia de otros herederos y gestionaran las comunicaciones dirigidas a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales. <\/p>\n

Los interesados desplegaron sus esfuerzos para asegurar la consumaci\u00f3n de las cautelas, tales como, el registro ante la oficina de instrumentos p\u00fablicos y el comisorio para la pr\u00e1ctica del secuestro de los bienes afectos por ese tr\u00e1mite. <\/p>\n

En prove\u00eddo de 3 de enero de 2018, nuevamente se conmin\u00f3 al cumplimiento de las cargas procesales ya anunciadas. <\/p>\n

Estimando incumplidas esas determinaciones, en auto de 3 de mayo del cursante a\u00f1o, el sentenciador dispuso la terminaci\u00f3n del asunto por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n

El 12 de junio pasado, el procurador judicial de los sucesores solicit\u00f3 dejar sin efectos la finalizaci\u00f3n del juicio, pedimento denegado por el juez atacado. El 29 de junio pasado, la autoridad desat\u00f3 la reposici\u00f3n incoada contra ese pronunciamiento, manteniendo inc\u00f3lume lo actuado y neg\u00f3 la alzada tambi\u00e9n deprecada (fls. 4-14, cdno.1). <\/p>\n

3. En concreto, la accionante reclama se revoque la providencia adoptada en aplicaci\u00f3n del precepto 317 del C.G.P., para en su lugar, dar impulso procesal al tr\u00e1mite auscultado (fl. 10, cdno. 1). <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

El titular del despacho judicial citado arguy\u00f3 no haberse agotado los recursos legales ordinarios para fustigar el requerimiento previo y la disposici\u00f3n criticada por esta v\u00eda (fl. 41, cdno.1). <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada por incumplir el requisito de subsidiariedad, al no controvertirse en el proceso las decisiones materia de inconformidad (fls. 59-65, cdno.1). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La inco\u00f3 Mar\u00eda del Carmen Parra Duque reiterando los alegatos del libelo genitor (fls. 61-63, cdno.1). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Auscultada la queja constitucional y los elementos de juicio aportados a estas diligencias, se colige la prosperidad del resguardo al observarse que el funcionario fustigado incurri\u00f3 en los defectos endilgados. <\/p>\n

2.\tOteado en todo su contexto las decisiones censuradas se extrae c\u00f3mo el fallador, injustificadamente desconoci\u00f3 el precedente sentado por esta Colegiatura sobre la inaplicabilidad del desistimiento t\u00e1cito en asuntos como el confutado, haciendo meritoria la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n

En efecto, la autoridad atacada aplic\u00f3 la citada figura jur\u00eddica al tr\u00e1mite sucesoral subex\u00e1mine, no siendo ello procedente. Ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, el fen\u00f3meno es incompatible con las situaciones que reglan la liquidaci\u00f3n patrimonial del de cuius, pues de admitirse, se conminar\u00eda a los herederos a vivir permanentemente en comunidad universal, si en una segunda oportunidad se dan los presupuestos de esa forma de finalizaci\u00f3n at\u00edpica. <\/p>\n

Mem\u00f3rese lo dicho por esta Sala en casos de similares contornos: <\/p>\n

\u201c(\u2026) no ha de aplicarse a asuntos de naturaleza liquidatoria, comoquiera que por esa v\u00eda se llegar\u00eda a la inaceptable conclusi\u00f3n de que, operado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez, una masa sucesoral jam\u00e1s podr\u00eda llegar a ser materia de repartici\u00f3n, dejando a los herederos perennemente desprovistos de su leg\u00edtima asignaci\u00f3n que por virtud de ley les pueda corresponder, lo que acarrear\u00eda, por ende, quedar los bienes relictos indefinidamente en indivisi\u00f3n y los interesados en continua comunidad (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

Tal postura ha sido mantenida inamovible por esta Corporaci\u00f3n en sendos pronunciamientos2, permitiendo predicar la existencia de una l\u00ednea jurisprudencial definida a la cual deb\u00eda ce\u00f1irse el funcionario, o de estimar inapropiada su aplicabilidad al sumario concreto, le correspond\u00eda cumplir con la carga de justificar suficientemente su criterio, lo que no acaeci\u00f3 pues ni siquiera hizo alusi\u00f3n a la tesis descrita con precedencia, refulgiendo la v\u00eda de hecho alegada por el censor. <\/p>\n

3. Ahora, atinado resulta precisar que si bien por la naturaleza subsidiaria y residual de esta senda, demanda estar precedida por el agotamiento de todos los mecanismos ordinarios de defensa, no siendo el escenario id\u00f3neo para rescatar oportunidades desde\u00f1adas, existen circunstancias especial\u00edsimas que dada su gravedad permiten obviar tal negligencia como acontece en este asunto.
\nFrente al punto, este Colegiado expres\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u201cpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u201d, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

Posteriormente, se insisti\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) en algunos casos especiales es viable analizar el fondo de lo debatido, a pesar del abandono de los medios de contradicci\u00f3n, cuando las circunstancias del caso particular lo ameriten y sea evidente la conculcaci\u00f3n aducida (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

Puestas as\u00ed las cosas, para retornar el equilibrio el justo orden dentro del juicio se pretermitir\u00e1 la incuria en la cual incurri\u00f3 la aqu\u00ed promotora al no atacar los actos que rodearon la subsunci\u00f3n de la controversia a los postulados del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, los autos de 3 de enero y 3 de mayo de 2018, con los cuales se requiri\u00f3 para el cumplimiento de cargas procesales y se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, respectivamente, para abrir paso a la concesi\u00f3n de este socorro como se anunci\u00f3 en p\u00e1rrafos anteriores. <\/p>\n

4. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional inherente a la acci\u00f3n de resguardo, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5, que exige a los pa\u00edses suscriptores procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro. <\/p>\n

As\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d. <\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir deberes internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona podr\u00e1 acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resoluci\u00f3n de sus litigios. <\/p>\n

En el presente caso, como se dijo, el accionado desconoci\u00f3 irreflexivamente el precedente judicial. De esa manera, contravino el canon 25 de ese tratado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: \u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; \u201cb) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y \u201cc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El instrumento citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5. Por las razones mencionadas, se impone infirmar la providencia impugnada y acceder al auxilio invocado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada y, en su lugar, CONCEDER el amparo promovido por Mar\u00eda del Carmen Parra Duque frente al Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla, por lo discurrido. <\/p>\n

SEGUNDO: Por consiguiente, se ordena al titular de ese estrado, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del momento en que sea notificado de la presente decisi\u00f3n, deje sin efecto el prove\u00eddo de 3 de mayo de 2018 reprochado por esta v\u00eda y todos los otros pronunciamientos derivados del mismo y en su lugar, imparta impulso procesal a la sucesi\u00f3n radicaba bajo el n\u00ba 2017-00748. <\/p>\n

TERCERO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nAunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb.
\nCiertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado.
\nDe esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido
\no amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la. Convenci\u00f3n, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb2; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la. Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

___________________
\n1 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n2 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tSentencia \tCSJ. STC de 14 de diciembre de 2017, exp. 2017-00744.
\n2 \tCSJ. \tSTC de 5 de agosto 2013, exp. 2013-00241; CSJ. STC de 30 de octubre \tde 2014, exp. 2014-00257.
\n3 \tCSJ. \tSTC. de 22 julio de 2015, exp. 2015-00303.
\n4 \tCSJ. \tSTC. de 10 de marzo de 2016, exp. 2016-00007.
\n5 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n6 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n7 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n8 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n9 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC006-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2018-00204-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 26 de octubre de 2018, por la Sala Civil Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102568","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102568","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102568"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102568\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102568"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}