{"id":102573,"date":"2026-07-02T16:04:39","date_gmt":"2026-07-02T16:04:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102573"},"modified":"2026-07-02T16:04:39","modified_gmt":"2026-07-02T16:04:39","slug":"sc5585-2019-2012-00107-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc5585-2019-2012-00107-01\/","title":{"rendered":"SC5585-2019 (2012-00107-01)"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

SC5585-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 25290-31-03-002-2012-00107-01
\n(Aprobada en sesi\u00f3n de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Resuelve la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez frente a la sentencia de 5 de febrero de 2014, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario que adelant\u00f3 contra la Cooperativa de Transportadores de Fusagasug\u00e1 Cootransfusa S.A. <\/p>\n

I.- EL LITIGIO <\/p>\n

En respaldo dijo que el 9 de julio de 1997 Ciro Alfonso Parada Tirado le vendi\u00f3 la \u00abposesi\u00f3n del bus de placas SOJ 648\u00bb, operado por Cootransfusa S.A. con n\u00famero interno 346, la cual lo reconoci\u00f3 como \u00abposeedor y asociado\u00bb desde julio de 1997 hasta el 6 de septiembre de 1999. <\/p>\n

El 11 de noviembre de 1997 Manuel Antonio Gil Espitia le cedi\u00f3 la \u00abposesi\u00f3n del bus SNH 787\u00bb, tambi\u00e9n afiliado a Cootransfusa S.A. con el n\u00famero 347, entidad que se \u00abreserv\u00f3 el dominio\u00bb y lo tuvo como \u00abposeedor y asociado\u00bb desde noviembre de 1997 hasta septiembre de 1999, lapso en el que le rindi\u00f3 cuentas, entreg\u00f3 extractos y dio cuenta de la calidad de asociado, as\u00ed como de los ingresos percibidos. <\/p>\n

Por ello Cootransfusa S.A. obten\u00eda un porcentaje del producido y lo descontaba de lo recogido por pasajes. Empero, aprovech\u00f3 su ausencia, pues en octubre de 1998 viaj\u00f3 a Estados Unidos, y, so pretexto de cobrarle un dinero vencido a cargo del carro SOJ 648, el 6 de septiembre de 1999, dio v\u00eda libre a la transferencia que Julio Torres Jim\u00e9nez, anterior propietario, le hizo a Carlos Jos\u00e9 Garc\u00eda, y con ello recogi\u00f3 parte del capital. <\/p>\n

Ya en septiembre de 1999 le exigi\u00f3 unas sumas a cargo del \u00abbus\u00bb SNH 787, y como no logr\u00f3 su recaudo, dispuso de \u00e9l y de su capacidad transportadora que enajen\u00f3, previa inmovilizaci\u00f3n, con lo cual le caus\u00f3 un agravio (folios 46 a 49 cno. 1). <\/p>\n

2. La Cooperativa de Transportadores de Fusagasug\u00e1 se opuso y excepcion\u00f3 \u00abimprocedencia de condenar a la empresa al pago de perjuicios cuando no se ha solicitado la declaratoria de la resoluci\u00f3n contractual dentro de las pretensiones\u00bb, \u00abinexistencia de responsabilidad de la Cooperativa y de los perjuicios solicitados\u00bb, \u00abfalta de prueba respecto de los supuestos perjuicios\u00bb, \u00abmala fe\u00bb y \u00abtemeridad\u00bb (fls. 209 a 218 cno.1). <\/p>\n

3. El Juzgado Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, en providencia de 23 de septiembre de 2013, desestim\u00f3 las s\u00faplicas porque el convenio (contrato de afiliaci\u00f3n) no produjo efectos, pues a su celebraci\u00f3n no concurri\u00f3 el due\u00f1o de los rodantes, seg\u00fan lo exigen la Ley 769 de 2002 y el Decreto 174 de 2001, lo cual impidi\u00f3 su tradici\u00f3n y la expedici\u00f3n de la tarjeta de operaciones a nombre de Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez, lo que desvirt\u00faa su legitimaci\u00f3n para pedir (folios 396 a 403 cno. 1). <\/p>\n

4. Apel\u00f3 el actor (folios 405 cno. 1 y 11 al 31, cno. 2) y el 5 de febrero de 2014 el superior confirm\u00f3 dicha tesitura (folios 17 a 31 cno. 2). <\/p>\n

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n

Es cierto que entre Cootransfusa S.A. y Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez hubo un \u00abcontrato de vinculaci\u00f3n\u00bb, pues cuando \u00e9ste adquiri\u00f3 la \u00abposesi\u00f3n de los buses de placas SOJ 648 y SNH 787\u00bb, lo que ocurri\u00f3 el 9 de julio de 1997, en el caso del primero, y el 11 de noviembre de 1997, en lo que respecta al segundo, estaban afiliados a ese ente, seg\u00fan consta en las actas 715 de 12 de noviembre de 1997 y 743 de 2 de septiembre de 1998, y en los soportes de 25 de julio y 18 de agosto de 1998, lo que coincide con lo dicho por el gerente de Cootransfusa en el \u00abinterrogatorio\u00bb. <\/p>\n

Sin embargo, la vinculaci\u00f3n s\u00f3lo existi\u00f3 durante el tiempo en que Olmos Rodr\u00edguez se comport\u00f3 como titular de esos \u00abautomotores\u00bb, es decir, desde el 9 de julio de 1997 hasta el 2 de septiembre de 1998 en lo que concierne al bus SOJ 648; y a partir del 11 de noviembre de 1997 hasta el 16 de septiembre de 1998 en lo atinente al de placas SNH 787. <\/p>\n

Por tanto, no es cierto que Cootransfusa S.A. haya incumplido el contrato de afiliaci\u00f3n del bus SOJ 648 cuando el 6 de septiembre de 1999 toler\u00f3 la transacci\u00f3n que Julio Torres Jim\u00e9nez hizo a Carlos Jos\u00e9 Garc\u00eda, seg\u00fan consta en el acta 793 de esa calenda, porque para ese d\u00eda Olmos Rodr\u00edguez ya no lo pose\u00eda, ya que el 2 de septiembre de 1998 de consuno con Julio Torres Jim\u00e9nez le hicieron saber \u00abpor escrito\u00bb a la agremiaci\u00f3n que este \u00faltimo lo recog\u00eda y asum\u00eda los pasivos pendientes. <\/p>\n

Y no desconoci\u00f3 lo convenido en la afiliaci\u00f3n del bus SNH 787, pues las versiones de Mart\u00edn Samuel Dom\u00ednguez Su\u00e1rez, Sa\u00fal Laureano Gonz\u00e1lez Clavijo, Edgar Enrique Navarrete Barreto, Carlos Jim\u00e9nez Pe\u00f1aloza, Vicente Alfonso Valderrama Pe\u00f1a, Manuel Antonio Gil Espitia, Luz Mery Guerrero, Julio Torres Jim\u00e9nez y Luz Estela Cagua D\u00edaz son \u00abinsuficientes para acreditar las afirmaciones del demandante\u00bb; adem\u00e1s, es patente que para septiembre de 1999 Olmos Rodr\u00edguez ya no \u00abpose\u00eda ese bus\u00bb porque el 16 de septiembre de 1998 inform\u00f3 a la transportadora que se desligaba del acuerdo (cesi\u00f3n) hecho con Manuel Antonio Gil Espitia y que le regresar\u00eda a \u00e9ste el bus. <\/p>\n

Luego, si Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez s\u00f3lo fue poseedor del bus SOJ 648 hasta el 2 de septiembre de 1998 y del de placas SNH 787 hasta el 16 de septiembre de 1998, porque en esas datas se retract\u00f3 de las cesiones de las cuales deriv\u00f3 tal poder\u00edo, lo cual no fue negado, es claro que su desvinculaci\u00f3n sucedi\u00f3 en esas fechas, lo que le impide reclamar indemnizaci\u00f3n a partir de 6 de septiembre de 1999. <\/p>\n

En \u00faltimas, no es posible sostener que la afiliaci\u00f3n continu\u00f3 despu\u00e9s que Jairo Alonso viaj\u00f3 a Estados Unidos en septiembre de 1998, comoquiera que las \u00abcertificaciones\u00bb con las que se quiso probar ese hecho son de 25 de julio y 18 de agosto de 1998, y los extractos arrimados con tal fin corresponden a noviembre de 1997, as\u00ed como a julio y agosto de 1998, siendo todos previos a los \u00abretractos\u00bb hechos en septiembre de 1998. <\/p>\n

III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

Dos cargos elev\u00f3 el pretensor por la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por lo que ser\u00e1n resueltos con fundamento en ese estatuto en armon\u00eda con lo dispuesto en los art\u00edculos 624 y 625, numeral 5\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, y en el orden trazado. <\/p>\n

CARGO PRIMERO <\/p>\n

Denuncia el quebranto indirecto por \u00abindebida aplicaci\u00f3n\u00bb de los art\u00edculos 1494, 1495, 1500, 1502, 1517, 1527, 1542, 1602, 1603, 1604, 1608, 1613, 1614, 1615, 1616, 1618, 1622, 1625, 1626, 1627, 1730, 1731 y 1738 del C\u00f3digo Civil; 10, 20, 864 y 1262 del C\u00f3digo de Comercio; y por falta de aplicaci\u00f3n de los c\u00e1nones 18, 26, 27, 28, 29, 30, 63, 762, 769, 775, 1602, 1603, 1604, 1608, 1613, 1614, 1615, 1616, 1618, 1622, 1625, 1626, 1627, 1648, 1730, 1731 y 1738 del C\u00f3digo Civil; 822, 823, 824, 870, 871 y 893 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de yerros de hecho por suposici\u00f3n y preterici\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n

Seg\u00fan el detractor, el Tribunal incursion\u00f3 en los siguientes defectos en lo que ata\u00f1e a la controversia originada frente al bus de placas SNH 787: <\/p>\n

Dio por cierto, sin estar acreditado, que el 16 de septiembre de 1998 Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez se despoj\u00f3 voluntariamente de su posesi\u00f3n, y que Cootransfusa S.A. acept\u00f3 la retractaci\u00f3n acordada entre Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez y Manuel Antonio Gil Espitia de la negociaci\u00f3n entre ellos celebrada. <\/p>\n

Pas\u00f3 por alto, pese a ser evidente, que Cootransfusa S.A. neg\u00f3 el \u00abretracto\u00bb sugerido por Olmos Rodr\u00edguez y Gil Espitia, tanto as\u00ed que sigui\u00f3 reconociendo al primero como \u00abposeedor de ese bus\u00bb hasta 2008, y que Olmos Rodr\u00edguez perdi\u00f3 el patrimonio que le representaba ese bien por la actuaci\u00f3n del ente al que estaba afiliado. <\/p>\n

Aunque el Tribunal encontr\u00f3 que s\u00ed hubo vinculaci\u00f3n entre Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez y Cootransfusa S.A., se equivoc\u00f3 al haber deducido, como lo hizo, que aqu\u00e9l se desprendi\u00f3 de la \u00abposesi\u00f3n\u00bb de ese bus el 16 de septiembre de 1998 sin advertir que \u00abel contenido de los documentos que soportan el retracto\u00bb fue desvirtuado con la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb que hizo el \u00abrepresentante legal\u00bb de Cootransfusa al responder la pregunta trece del cuestionario formulado, asentimiento que fue omitido pese a estar en armon\u00eda con lo dicho por Jairo Alfonso Olmos Rodr\u00edguez cuando fue interrogado, y por el testigo Manuel Antonio Gil Espitia. <\/p>\n

Dej\u00f3 de lado la versi\u00f3n de Luz Mery Guerrero Sierra quien testific\u00f3 haber sido contratada por Cootransfusa en el 2002 para llevar a cabo el cobro de una cartera, y a\u00f1adi\u00f3 que \u00aben ese entonces me enter\u00e9 que el veh\u00edculo SNH 787 quien ten\u00eda la posesi\u00f3n era el se\u00f1or Olmos, y que no lo hab\u00eda tenido trabajando en la empresa, es decir no hab\u00eda cumplido con lo pactado dentro del contrato de vinculaci\u00f3n\u00bb, relato corroborado por Luz Estela Cagua D\u00edaz que tambi\u00e9n labor\u00f3 en ese ente durante la misma \u00e9poca, y agreg\u00f3 que en 2005 dirigi\u00f3 una carta a la contadora de Cootransfusa para que diera por perdida la cartera vencida a cargo de Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez en la que lo relacion\u00f3 como \u00abposeedor del bus SNH 787\u00bb. <\/p>\n

No apreci\u00f3 las actas 743 de 16 de septiembre de 1998 y 1079 de 2 de noviembre de 2005; la misiva de 8 de noviembre de 2005, remitida por el \u00abrepresentante legal\u00bb de Cootransfusa al Consejo de Administraci\u00f3n; la pieza de 22 de febrero de 2006; y la \u00abcertificaci\u00f3n\u00bb de enero de 2008 pese a que \u00e9stas demuestran, en amplitud, que el mentado \u00abdestrato\u00bb no fue aceptado y que Jairo Alonso continu\u00f3 como \u00abposeedor del bus SNH 787\u00bb hasta el 2008, tanto as\u00ed que en el 2005 a\u00fan segu\u00eda siendo deudor de la Cooperativa, pues nadie lo sustituy\u00f3 en los d\u00e9bitos contra\u00eddos a cargo de ese rodante, ya que en el 2005, cuando fueron castigadas, se hizo figurar que obraban a su cargo. <\/p>\n

Aduce, de igual manera, que el juzgador cometi\u00f3 los errores que pasan a ser compendiados en lo atiente al conflicto sobre el \u00abbus de placas SOJ 648\u00bb: <\/p>\n

Comprendi\u00f3, sin estar probado, que el 2 de septiembre de 1998 Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez se deshizo de su \u00abposesi\u00f3n\u00bb; que hay actos que as\u00ed lo revelan y que Jairo Alonso y Julio Torres Jim\u00e9nez hicieron un convenio sobre ese carro, motivo por el que el primero se lo cedi\u00f3 al segundo. <\/p>\n

Se neg\u00f3 a reconocer, aun cuando est\u00e1 demostrado, que nunca hubo acuerdo entre Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez y Julio Torres Jim\u00e9nez que hubiera autorizado a este \u00faltimo para recoger ese \u00abautomotor\u00bb ni a sustituirlo o sucederlo; no vio que fue por la actuaci\u00f3n arbitraria de Cootransfusa S.A. que Olmos Rodr\u00edguez no pudo seguir explot\u00e1ndolo, y que por ello perdi\u00f3 el patrimonio que el mismo le representaba. <\/p>\n

Esos dislates ocurrieron al haber extra\u00eddo a partir del \u00abdocumento de destrato\u00bb exhibido por Cootransfusa S.A. que Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez reintegr\u00f3 ese \u00abbus\u00bb el 2 de septiembre de 1998, sin tener en cuenta que carece de \u00abvalor probatorio\u00bb porque es falso, adem\u00e1s que fue adosado en copia simple. Ello sumado a que Olmos Rodr\u00edguez lo repeli\u00f3 en el \u00abinterrogatorio de parte\u00bb que absolvi\u00f3 y, finalmente, porque lo dicho por el testigo Julio Torres Jim\u00e9nez referente a que el original fue allegado a Cootransfusa en 1998 se desvirtu\u00f3 con el testimonio de Luz Estela Cagua D\u00edaz, que fue exceptuado, a pesar que \u00e9sta asegur\u00f3 nunca haberlo conocido. <\/p>\n

No es cierto que Julio Torres Jim\u00e9nez hubiese recogido el \u00abbus\u00bb en septiembre de 1998, como trat\u00f3 de hacerlo ver, comoquiera que en septiembre de 1998 hubo una asamblea en la sede de Cootransfusa S.A. a la que \u00e9ste concurri\u00f3 junto con Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez y nada dijeron en tal sentido. Adem\u00e1s, en el acta 793 de 6 de septiembre de 1999 se hizo \u00abconstar\u00bb que Olmos Rodr\u00edguez segu\u00eda siendo el \u00abposeedor\u00bb, se aludieron las sumas que ten\u00eda pendientes y se insisti\u00f3 que Olmos Rodr\u00edguez hab\u00eda girado unas letras de cambio a favor de Julio Torres Jim\u00e9nez; t\u00edtulos que finalmente \u00e9ste endos\u00f3 y entreg\u00f3 a Cootransfusa para que le expidiera el paz y salvo de ese rodante, seg\u00fan refulge del pliego que da cuenta de tal entrega. <\/p>\n

En el fondo lo que s\u00ed hubo fue un concierto orquestado entre ese testigo y Cootransfusa para perjudicar a Olmos Rodr\u00edguez, lo que es irrefragable porque ese \u00abdocumento de destrato\u00bb fue impreso con el logotipo de Cootransfusa S.A., y Julio Torres Jim\u00e9nez asegur\u00f3 que se hizo en una oficina particular; ello aunado a que en 1999 esa dependencia facult\u00f3 a este \u00faltimo para que a espalda de Jairo Alonso le vendiera el bus a Carlos Jos\u00e9 Garc\u00eda, conforme consta en el acta No. 793 de 6 de septiembre de 1999, tanto as\u00ed que dicha agrupaci\u00f3n solamente tramit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n administrativa en 2008. <\/p>\n

Es indiscutible que Olmos Rodr\u00edguez no se desprendi\u00f3 de la \u00abposesi\u00f3n del bus\u00bb en septiembre de 1998, lo que concuerda con el relato de Luis Eduardo Gonz\u00e1lez Acosta y Edgar Enrique Navarrete, que ratificaron tal circunstancia, y confirma que Olmos Rodr\u00edguez no dispuso de los \u00abveh\u00edculos\u00bb porque si as\u00ed hubiese sido \u00e9ste habr\u00eda recobrado las letras que le hab\u00eda girado a Julio Torres Jim\u00e9nez para garantizar el pago del precio concertado por ese \u00abautomotor\u00bb. <\/p>\n

El testimonio de Julio Torres Jim\u00e9nez es contradictorio porque \u00e9ste sostuvo que Olmos Rodr\u00edguez dur\u00f3 con el bus dos a\u00f1os y que al no haber podido cumplir las deudas que ten\u00eda con \u00e9l, acordaron que se lo devolviera y as\u00ed sucedi\u00f3 en septiembre de 1998, por lo que en 1999 aqu\u00e9l se le transfiri\u00f3 a Carlos Jos\u00e9 Garc\u00eda, lo que denota una palmaria contradicci\u00f3n y desvirt\u00faa el contenido del \u00abdocumento de retracto\u00bb, pues al ser cierto que Jairo Alonso dur\u00f3 con el bus dos a\u00f1os, de all\u00ed emerge que su se\u00f1or\u00edo se extendi\u00f3, cuando menos, hasta el 6 de septiembre de 1999 cuando Julio Torres Jim\u00e9nez lo transfiri\u00f3 a Jos\u00e9 Garc\u00eda. <\/p>\n

Tales desfases llevaron al juez a proveer como lo hizo, sin haber le\u00eddo bien la evidencia, pues de haberlo hecho habr\u00eda encontrado que el \u00abbus SNH 787\u00bb jam\u00e1s retorn\u00f3 a Manuel Antonio Gil Espitia, ni el de placas SOJ 648 a la \u00f3rbita de Julio Torres Jim\u00e9nez, puesto que Olmos Rodr\u00edguez nunca renunci\u00f3 a su \u00abposesi\u00f3n\u00bb conforme lo narr\u00f3 Vicente Alfonso Valderrama Pe\u00f1a, ya que Cootransfusa neg\u00f3 la retractaci\u00f3n y lo tuvo como tal hasta el 2008. <\/p>\n

Tales desaciertos son palmarios, pues brotan de bulto al examinar la evidencia; trascedentes, porque fueron el \u00fanico pilar del veredicto combatido; y relevantes, dado que determinaron la soluci\u00f3n confrontada. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La responsabilidad contractual presupone la existencia y validez de un pacto jur\u00eddico ajustado entre dos o m\u00e1s sujetos de derecho; una desatenci\u00f3n -total o parcial- de los compromisos adquiridos por uno de los extremos; as\u00ed como la presencia de un detrimento derivado de tal acontecer; y el nexo causal entre tal omisi\u00f3n y su resultado. <\/p>\n

Ello es as\u00ed porque los contratos v\u00e1lidos son ley para las partes (art. 1602 C.C.) quienes desde el momento de su perfecci\u00f3n quedan compelidas a honrar las prestaciones asumidas y de no hacerlo tienen que salir a resarcir los da\u00f1os que de su apartamiento unilateral deriven para quien s\u00ed cumpli\u00f3 o, cuando menos, se acerc\u00f3 a acatar sus deberes en la forma y t\u00e9rminos pactados. <\/p>\n

Al respecto, en CSJ SC18476-2017, se record\u00f3 que <\/p>\n

(\u2026) la responsabilidad civil contractual est\u00e1 edificada sobre los siguientes pilares axiol\u00f3gicos: a) la preexistencia de un v\u00ednculo jur\u00eddico entre las partes; b) su incumplimiento relevante por quien es demandado; c) la generaci\u00f3n de un perjuicio significativo para el actor; y d) la conexi\u00f3n causal entre la referida insatisfacci\u00f3n de los deberes convencionales y el correspondiente da\u00f1o irrogado. <\/p>\n

2. La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 prev\u00e9 que la actividad econ\u00f3mica y la iniciativa privada son libres dentro de los l\u00edmites del bien com\u00fan (art. 333), por lo que para su ejercicio nadie puede exigir permisos ni requisitos sin benepl\u00e1cito de la ley, a lo cual agrega que el Estado debe evitar que se obstruya o restrinja la \u00ablibertad econ\u00f3mica\u00bb y controlar e impedir el abuso que personas o empresas hagan de su posici\u00f3n dominante en el mercado. <\/p>\n

Lo anterior se explica porque el canon 334 ib., dispone que la direcci\u00f3n general de la \u00abeconom\u00eda\u00bb est\u00e1 a cargo del Estado quien intervendr\u00e1 por mandato de la ley, entre otras \u00e1reas, en la utilizaci\u00f3n y en el consumo de los \u00abbienes\u00bb y servicios (p\u00fablicos y privados) con el objeto de racionalizar la \u00abeconom\u00eda\u00bb y de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, de lograr la distribuci\u00f3n equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, as\u00ed como la preservaci\u00f3n de un ambiente sano. <\/p>\n

En desarrollo de esos postulados superiores se expidi\u00f3 la Ley 336 de 1996, mediante la cual se adopt\u00f3 el Estatuto General de Transporte y se fijaron unos criterios y orientaciones generales para la regulaci\u00f3n del Transporte P\u00fablico A\u00e9reo, Mar\u00edtimo, Fluvial, F\u00e9rreo, Masivo y Terrestre y su prestaci\u00f3n en el territorio patrio. Cabe decir que en su art\u00edculo 65 se orden\u00f3 al gobierno dictar normas para \u00abarmonizar las relaciones equitativas entre los distintos elementos que intervienen en la contrataci\u00f3n y prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de transporte, con criterios que impidan la competencia desleal y promuevan la racionalizaci\u00f3n del mercado de transporte\u00bb. <\/p>\n

M\u00e1s adelante, con sujeci\u00f3n a las potestades conferidas al Ejecutivo por el ordinal 11, art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y por el precepto 65 de la Ley 336 de 1996, se expidi\u00f3 el Decreto 1557 de 1998, vigente desde el 4 de agosto de 1998 hasta el 5 de febrero de 2001, que reglament\u00f3 el \u00abservicio p\u00fablico de transporte terrestre de pasajeros\u00bb por carretera y fij\u00f3 diversos derroteros para que su prestaci\u00f3n fuera \u00f3ptima, es decir, eficiente, segura y oportuna. <\/p>\n

Uno de los tantos aspectos consagrados en esa normativa fue el atinente a la capacidad transportadora, entendida como el n\u00famero de automotores requeridos para que una compa\u00f1\u00eda pudiera cubrir los servicios autorizados y registrados.
\nSe trat\u00f3 tambi\u00e9n lo relacionado con la vinculaci\u00f3n y desvinculaci\u00f3n administrativa de un veh\u00edculo a la firma delegada para prestar ese servicio (transporte p\u00fablico y terrestre de pasajeros). Para tales efectos se dispuso que es en virtud del contrato de vinculaci\u00f3n que el due\u00f1o o tenedor de un veh\u00edculo lo somete a la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de transporte a trav\u00e9s de una compa\u00f1\u00eda habilitada para llevar a cabo tal labor, y se previno, asimismo, que el parque automotor que fuese de propiedad de la \u00abempresa\u00bb se entender\u00eda vinculado por ese solo hecho, sin tener que suscribir un contrato de vinculaci\u00f3n (art. 45 ib.). <\/p>\n

Se estableci\u00f3, de igual manera, la necesidad (a cargo de la empresa y del propietario o tenedor del respectivo veh\u00edculo) de informar al Ministerio de Transporte sobre su desvinculaci\u00f3n dentro de los treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles posteriores a la ocurrencia de ese hecho (art. 48 ib.) y se aclar\u00f3, igualmente, que los conflictos surgidos entre las partes sobre el contrato de vinculaci\u00f3n no ser\u00edan \u00f3bice para que \u00e9stas dejaren de operar en la misma forma en que lo ven\u00edan haciendo hasta que el encargado de administrar justicia dirimiera la pertinente trifulca (art. 49 ib.). <\/p>\n

All\u00ed tambi\u00e9n se se\u00f1al\u00f3 que para poder desplegar esa funci\u00f3n (transporte p\u00fablico de pasajeros por carretera) todo veh\u00edculo deb\u00eda contar con una tarjeta de operaciones expedida por el Ministerio de Transporte (art.53 ib.) con una validez de dos (2) a\u00f1os, la cual deb\u00eda ser portada por el conductor mientras estuviera vigente y renovada una vez expirara (art. 55 ib.).
\nEmpero, esa disposici\u00f3n (Decreto 1557 de 1998), que fue derogada por el Decreto 171 de 2001, es aplicable al sub judice, en raz\u00f3n a que el conflicto intersubjetivo de intereses se origin\u00f3 en 1998, es decir, cuando todav\u00eda reg\u00eda. <\/p>\n

3. En este episodio, es pac\u00edfico que entre Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez y Cootransfusa S.A. hubo un contrato de afiliaci\u00f3n de los buses SNH 787 y SOJ 648, conclusi\u00f3n que no fue pugnada. En esencia, lo que el censor discute es lo referente a la duraci\u00f3n de esa relaci\u00f3n material. Ello, porque el ad quem coligi\u00f3 que perdur\u00f3 hasta el 16 de septiembre de 1998 en lo que concierne al bus de placas SNH 787, y hasta el 2 de septiembre de 1998 en lo tocante al SOJ 648, debido a que en esas datas Olmos Rodr\u00edguez expres\u00f3 ante Cootransfusa su clara e inequ\u00edvoca intenci\u00f3n de retractarse de los acuerdos que lo hab\u00edan convertido en poseedor de tales rodantes, pues as\u00ed lo indic\u00f3 por escrito. <\/p>\n

Esas deducciones son confrontadas por Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez quien esgrime que los retractos no fueron aceptados por Cootransfusa, y que \u00e9l sigui\u00f3 ejerciendo actos de se\u00f1or\u00edo sobre ambos automotores, lo cual hizo que el contrato de afiliaci\u00f3n durara inclusive hasta 2008, cuando se formaliz\u00f3 su desvinculaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n

Fracasa esta acusaci\u00f3n porque no es cierto que la informaci\u00f3n consignada en los documentos de retracto, y que llev\u00f3 al Tribunal a estimar que Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez posey\u00f3 el bus de placas SNH 787 hasta el 16 de septiembre de 1998, hubiese sido desvirtuada.
\nT\u00e9ngase en cuenta que al explorar los datos suministrados por el representante legal de Cootransfusa S.A. en el interrogatorio de parte, no se percibe la existencia de la confesi\u00f3n que pretende hacer ver el disidente, pues al analizar dichas respuestas, es otro el corolario al que se arriba. <\/p>\n

En efecto, v\u00e9ase que a la pregunta <\/p>\n

\u2026 a partir de qu\u00e9 fecha y por virtud de qu\u00e9 tipo de contrato, convenio o acto jur\u00eddico, la cooperativa (\u2026) acept\u00f3 que el se\u00f1or Julio Torres Jim\u00e9nez sustituyera al se\u00f1or Jairo Alonso Olmos, con relaci\u00f3n del veh\u00edculo SOJ 648 No. int 346, para que le fuera autorizado a Torres Jim\u00e9nez vender ese veh\u00edculo, que como dijo en respuesta anterior, hab\u00eda sido cedido a Alonso Olmos por el se\u00f1or Ciro Alfonso Parada. <\/p>\n

El mentado dirigente mencion\u00f3 <\/p>\n

(\u2026) tengo una parte del acta de septiembre 2 de 1998, acta No. 742 por medio de la cual intervinieron Jairo Alonso Olmos y Tulio Alfonso Jim\u00e9nez, los cuales solicitan al Consejo de Administraci\u00f3n le sea estudiada la posibilidad de perdonar los intereses que adeuda el se\u00f1or Julio Torres, a lo cual queda a estudio del Comit\u00e9 de Conciliaci\u00f3n, esto en virtud a una negociaci\u00f3n que tiene el se\u00f1or Julio Torres y Jairo Alonso Olmos, el soporte de esa negociaci\u00f3n es una carta de Julio Torres y Jairo Olmos firmada en los cuales manifiestan lo siguiente: se\u00f1ores Consejo de administraci\u00f3n con la presente me permito informarles, que he recogido el bus No. 346, de Jairo Alonso Olmos por lo tanto me comprometo a cancelar el saldo rojo que posee dicho veh\u00edculo, y para lo cual no me hago cargo de los intereses, que existen por dicho saldo rojo\u00bb. <\/p>\n

Y aunque al responder la pregunta 13, cuyo contenido fue del siguiente tenor \u00abDiga al Juzgado si es cierto o no que Cootransfusa, neg\u00f3 una solicitud de retractaci\u00f3n de la negociaci\u00f3n celebrada entre Manuel Antonio Gil y Jairo Alonso Olmos, presentada por ellos mismos inform\u00e1ndole adem\u00e1s al se\u00f1or Olmos Rodr\u00edguez, que ten\u00eda un pagar\u00e9 firmado por la cooperativa que ten\u00eda que responder como consta a folio 105 que se le pone de presente\u00bb, tal dirigente indic\u00f3 \u00abs\u00ed se\u00f1or\u00bb, lo cierto es que de esa sola manifestaci\u00f3n no es posible extraer la confesi\u00f3n que se pretende hacer ver, ya que al contestar otra interpelaci\u00f3n aclar\u00f3 categ\u00f3ricamente que \u00abno se despleg\u00f3 ninguna acci\u00f3n, debido a que las deudas de Jairo Alonso Olmos, quedaron en cabeza de Julio Torres, y Manuel Antonio Gil, al igual que los veh\u00edculos, y la capacidad transportadora es inembargable\u00bb, siendo evidente que con esa relaci\u00f3n de hechos puso de presente que Cootransfusa S.A., s\u00ed consinti\u00f3 el retracto hecho entre Olmos Rodr\u00edguez y Manuel Antonio Gil, solo que no explic\u00f3 en qu\u00e9 momento, lo que de paso desvirt\u00faa la existencia de la revelaci\u00f3n aludida por el divergente (se resalta). <\/p>\n

Ahora, si ello no fuera suficiente para descartar la presencia de esa prueba, n\u00f3tese que en esa misma diligencia (interrogatorio de parte), cuando se le pidi\u00f3 dar claridad sobre si la Cooperativa hab\u00eda aceptado o no la retractaci\u00f3n efectuada por Olmos Rodr\u00edguez, dicho directivo no dud\u00f3 en exponer que <\/p>\n

(\u2026) realmente esto es una secuencia de tiempo, el cobro del que habla el doctor, pre-jur\u00eddico, la fecha de retractaci\u00f3n del se\u00f1or Jairo Olmos es negado y fue el 16 de septiembre de 1998, y la fecha del documento en donde el se\u00f1or Manuel Gil se hace cargo de la deuda, es un mes despu\u00e9s octubre de 2 de 1998, el cobro pre jur\u00eddico del a\u00f1o 2005 entiendo yo que es en virtud de un incumplimiento. <\/p>\n

En ese mismo acto, cuando fue indagado sobre por qu\u00e9 Cootransfusa dispuso de los dos cupos asignados a Olmos Rodr\u00edguez agreg\u00f3 que <\/p>\n

(\u2026) cuando la cooperativa realiza este tipo de procedimientos, siempre se hacen amparados en las normas que rigen al respecto, en ning\u00fan momento se hace evadiendo los procesos legales, asumo yo que cuando un propietario abandona por m\u00e1s de 180 d\u00edas el servicio p\u00fablico de transporte, la norma ampara a la empresa, para que se haga una desvinculaci\u00f3n administrativa ante el Ministerio de Transportes, y esto es equivalente a un proceso civil, en el cual se tiene que demostrar al Ministerio por qu\u00e9 unilateralmente se va a hacer uso de esa capacidad, nosotros tenemos la obligaci\u00f3n de tener la capacidad automotora copada\u00bb (folios 244 a 249, cuaderno 1). <\/p>\n

De ese recuento despunta que si bien el citado dependiente (representante) reconoci\u00f3 que Cootransfusa inicialmente neg\u00f3 la \u00abretractaci\u00f3n\u00bb celebrada entre Olmos Rodr\u00edguez y Manuel Antonio Gil, tambi\u00e9n admiti\u00f3 que ese ente no \u00abdespleg\u00f3 ninguna acci\u00f3n, debido a que las deudas de Jairo Alonso Olmos, quedaron en cabeza de Julio Torres y Manuel Antonio Gil, al igual que los veh\u00edculos, y la capacidad transportadora es inembargable\u00bb, en raz\u00f3n, seg\u00fan argument\u00f3, a que el 2 de octubre de 1998 Manuel Gil radic\u00f3 un escrito en el que dijo hacerse cargo de la deuda tenida por Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez, que era la que hab\u00eda originado la no aprobaci\u00f3n del prenombrado retracto. <\/p>\n

Se insiste, por tanto, en que no existe la confesi\u00f3n que pretende hacer ver Olmos Rodr\u00edguez, ya que del recuento realizado por el representante legal de Cootransfusa S.A. cuando absolvi\u00f3 interrogatorio de parte no surgi\u00f3 tal revelaci\u00f3n, porque para que ello hubiera ocurrido era necesario que hubiese admitido claramente algunos hechos que, siendo susceptibles de ser explicados por esa v\u00eda, hubiesen perjudicado a la sociedad en nombre de la que habl\u00f3, pues as\u00ed lo exige el numeral segundo del art\u00edculo 195 ib., lo que ciertamente no aconteci\u00f3 en el sub j\u00fadice, debido a que es axiom\u00e1tico que el inquirido refiri\u00f3 que inicialmente Cootransfusa no acept\u00f3 la retractaci\u00f3n hecha entre Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez y Manuel Antonio Gil, pero que posteriormente s\u00ed; tanto que, seg\u00fan coment\u00f3, esa corporaci\u00f3n \u00abno despleg\u00f3 ninguna acci\u00f3n debido a que las deudas de Jairo Alonso Olmos, quedaron en cabeza de Julio Torres, y Manuel Antonio Gil, al igual que los veh\u00edculos, y la capacidad transportadora es inembargable\u00bb (se hace notar). <\/p>\n

Sobre el tema, en CSJ SC. 16 dic. 2011, rad. 2000-00018-014, se memor\u00f3 que <\/p>\n

[d]esde otra perspectiva, la \u201cdeclaraci\u00f3n que alguien hace de lo que sabe\u201d (Diccionario de la Lengua Espa\u00f1ola, vig\u00e9sima segunda edici\u00f3n, Real Academia Espa\u00f1ola) o \u201cde la verdad de hechos desfavorables a ella y favorables a la otra parte\u201d (art\u00edculo 2730, C\u00f3digo Civil italiano), de manera espont\u00e1nea o provocada (art\u00edculo 194 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), comporta confesi\u00f3n si re\u00fane todos sus requisitos, es decir, la capacidad del declarante para confesar y el poder de disposici\u00f3n del derecho involucrado en la revelaci\u00f3n, la narraci\u00f3n \u201cexpresa, consciente y libre\u201d de hechos \u201cpersonales del confesante o de que se tenga conocimiento\u201d que no requieran otro medio de prueba, y derivar consecuencias jur\u00eddicas, am\u00e9n de su acreditaci\u00f3n debida de obtenerse extrajudicialmente o en proceso distinto del cual se pretende hacer valer (art\u00edculo 195 \u00eddem). <\/p>\n

Colof\u00f3n de lo antelado es que al analizar el contexto de todo el relato ofrecido por el representante legal de Cootransfusa cuando absolvi\u00f3 interrogatorio de parte, es innegable que de all\u00ed no emergi\u00f3 el efecto jur\u00eddico que busca hacer ver el postulante porque, como ya se vio, el absolvente rememor\u00f3 una serie de hechos que al ser observados en conjunto desmienten la presencia de tal asentimiento. <\/p>\n

Bajo esa \u00f3ptica, era imposible hablar de preterici\u00f3n de una confesi\u00f3n que no se produjo, lo que naturalmente imped\u00eda que fuera cotejada con lo expuesto por Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez cuando absolvi\u00f3 interrogatorio de parte y tambi\u00e9n con el dicho del testigo Manuel Antonio Gil Espitia. <\/p>\n

Pero adem\u00e1s, al comparar las repuestas que dio el representante legal de Cootransfusa S.A. con lo dicho por Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez y el mencionado testigo, no se logra establecer el grado de similitud que se intenta hacer ver, toda vez que la versi\u00f3n del precitado directivo no coincidi\u00f3 con lo narrado por Olmos Rodr\u00edguez y por Gil Espitia, pues aunque estos \u00faltimos hablaron en un mismo sentido y refirieron que el retracto nunca fue atendido, aqu\u00e9l lo hizo en otro diametralmente opuesto, pues desminti\u00f3 tal hecho, conforme se advierte al analizar en detalle su exposici\u00f3n. <\/p>\n

Tampoco asiste raz\u00f3n al libelista cuando aduce que las versiones de Luz Mery Guerrero Sierra y Luz Estela Cagua D\u00edaz, que fueron dependientes de Cootransfusa S.A., hicieron rodar por el piso la informaci\u00f3n consignada en los documentos de retracto sobre los que se apoy\u00f3 el Tribunal, pues al hacer el escrutinio correspondiente surge que ninguna de esas dos declarantes adujo lo que se quiere hacer ver, consistente en que la afiliaci\u00f3n del bus de placas SNH 787 se extendi\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 del 16 de septiembre de 1998. <\/p>\n

Por el contrario, ambas contaron que Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez abandon\u00f3 ese carro en un parqueadero y que no lo volvi\u00f3 a enlistar para ser despachado seg\u00fan el plan de rodamiento fijado; adem\u00e1s que, seg\u00fan dijeron, tampoco cancel\u00f3 los gastos administrativos generados ni las obligaciones vencidas a su cargo, siendo ese el motivo por el que al cabo de unos a\u00f1os, despu\u00e9s de 2006, esa entidad solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n administrativa amparada en el Decreto 171 de 2001, reinante para esa \u00e9poca, pero ninguna ratific\u00f3 o neg\u00f3 lo referente a la continuidad de la afiliaci\u00f3n; falta de precisi\u00f3n que en el caso de Luz Mery Guerrero Sierra es apenas entendible teniendo en cuenta que su relaci\u00f3n laboral con Cootransfusa S.A. comenz\u00f3 en 2002, conforme lo expuso cuando delimit\u00f3 temporalmente su relato, lo que sin mayor esfuerzo permite deducir que \u00e9sta no conoci\u00f3 de forma directa, sino de o\u00eddas, lo sucedido antes de esa fecha.
\nEn el caso de Luz Estela Cagua D\u00edaz, que tambi\u00e9n fue subordinada de Cootransfusa, es indudable que su versi\u00f3n no confirma lo que procura hacer ver el casacionista, pues cuando se le pregunt\u00f3 por los documentos en los que se nombr\u00f3 a Olmos Rodr\u00edguez, y que fueron por ella firmados, dijo: <\/p>\n

(\u2026) S\u00ed reconozco el contenido y la firma, es una comunicaci\u00f3n que yo le dirig\u00ed a la contadora de ese entonces para que efectuara el castigo de la obligaci\u00f3n, a cargo de Jairo Alonso Olmos, donde relaciono que era el poseedor, del bus No. 347, de placas SNH 787, la propietaria era Janet Gonz\u00e1lez, el veh\u00edculo fue abandonado y dej\u00f3 de laborar desde julio de 1998\u00bb. <\/p>\n

De otro lado, tampoco sale a relucir el desfase consistente en la omisi\u00f3n de las actas 743 de 16 de septiembre de 1998 y 1079 de 2 de noviembre de 2005, porque tales piezas no prueban que despu\u00e9s del 16 de septiembre de 1998 Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez fue el poseedor del bus SNH 787, pues la primera solamente da cuenta que el 16 de septiembre de 1998 se someti\u00f3 a consideraci\u00f3n el destrato que \u00e9ste plante\u00f3, el cual fue negado, pero no lo que paso despu\u00e9s, como tampoco que con posterioridad a su presentaci\u00f3n el se\u00f1or Olmos Rodr\u00edguez haya continuado ejerciendo posesi\u00f3n sobre el mismo. <\/p>\n

Adem\u00e1s, en el acta 1.079 de 2 de noviembre de 2005 solamente se hizo constar que fue Olmos Rodr\u00edguez quien fungi\u00f3 como \u00faltimo poseedor de ese bien y que \u00ablo desmantel\u00f3 y dej\u00f3 deuda pendiente\u00bb, sin expresar hasta qu\u00e9 \u00e9poca, lo cual fue reiterado en la nota de 8 de noviembre de 2005 que remiti\u00f3 el representante legal de Cootransfusa S.A. al Consejo de Administraci\u00f3n para que diera v\u00eda libre a la desvinculaci\u00f3n administrativa de varios automotores, entre ellos el de placas SNH 787, as\u00ed como en el oficio de 22 de febrero de 2006 en el que se inst\u00f3 castigar una cartera irrecuperable, y en la certificaci\u00f3n visible a folio 361 de enero de 2008 donde figura la obligaci\u00f3n que por ese bus dej\u00f3 pendiente Olmos Rodr\u00edguez y que, seg\u00fan qued\u00f3 visto, fue castigada en 2005 tras haber agotado infructuosamente todas las posibilidades de recuperaci\u00f3n coercitiva. <\/p>\n

No tiene asidero el ataque enderezado a combatir lo resuelto sobre el \u00abbus de placas SOJ 648\u00bb, porque el actor no derruy\u00f3 la fuerza persuasiva de que est\u00e1 revestido el documento de retracto en el que se apoy\u00f3 el juzgador, pues aunque hizo una referencia sobre ese aspecto cuando descorri\u00f3 el traslado de las excepciones de m\u00e9rito y rog\u00f3 oficiar a Cootransfusa para que allegara el original a fin de demostrar su \u00abfalsedad ideol\u00f3gica\u00bb, lo cierto es que esa preocupaci\u00f3n pas\u00f3 inadvertida para el despacho que nada dijo sobre ella, sin que Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez hubiere insistido en su intenci\u00f3n de desacreditar tal pieza, por lo que el tema qued\u00f3 as\u00ed, a tal punto que al ser interrogado reconoci\u00f3 haberlo suscrito, con lo cual lo dot\u00f3 de autenticidad seg\u00fan el canon 252 ib\u00eddem, a cuyo tenor \u00abes aut\u00e9ntico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado\u00bb, lo que conllev\u00f3 a que en auto de 28 de febrero de 2013 fuera tenido como prueba, de all\u00ed que su alegato devenga frustr\u00e1neo. <\/p>\n

Adicionalmente, no hay forma de deducir que lo referido por el testigo Julio Torres Jim\u00e9nez, atinente a que \u00e9l entreg\u00f3 el original del documento de retracto a Cootransfusa S.A. haya sido desacreditado por el relato que hizo Luz Estela Cagua D\u00edaz (testigo), quien en esa \u00e9poca laboraba para esa colectividad, pues de su dicho lo \u00fanico que se extrae es que la declarante fue enf\u00e1tica en se\u00f1alar que no recuerda haber visto ese escrito, m\u00e1s no que nunca hubiere sido radicado ante Cootransfusa, tanto m\u00e1s cuando \u00e9sta explic\u00f3 que no era la encargada de recibir documentaci\u00f3n; luego no es cierto lo que el discrepante pretende hacer ver. <\/p>\n

De igual modo, la falta de claridad en que incurri\u00f3 Julio Torres Jim\u00e9nez cuando fue indagado sobre el lugar en que se imprimi\u00f3 ese documento no era, per se, raz\u00f3n para excluir tal pieza del debate, como tampoco pod\u00eda tener tal virtud el hecho de que en ella aparezca el logo de Cootransfusa S.A., pues nada descarta que hubiese sido elaborada en las instalaciones de ese ente y rubricada all\u00ed por quien aparece como firmante, pues ello no contradice el sentido com\u00fan; m\u00e1xime cuando es claro que Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez, al ser interrogado, reconoci\u00f3 que la firma impuesta en la copia aportada coincide plenamente con la suya. <\/p>\n

Tampoco es posible afirmar que en el acta 793 de 6 de septiembre de 1999 se hizo constar que Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez segu\u00eda siendo poseedor del bus SOJ 648 porque al cotejar esa documental con tal afirmaci\u00f3n lo \u00fanico que se extrae es que all\u00ed se hizo alusi\u00f3n a una \u00abdeuda\u00bb que aqu\u00e9l ten\u00eda pendiente con cargo a ese automotor y que hab\u00eda sido garantizada con unas letras de cambio que obraban en poder de Julio Torres Jim\u00e9nez, quien le hab\u00eda cedido ese bus; ello sin perder de vista que tambi\u00e9n se se\u00f1al\u00f3 que esos t\u00edtulos valores finalmente ser\u00edan endosados a Cootransfusa en busca de que le expidiera a Torres Jim\u00e9nez, que era su leg\u00edtimo tenedor, el paz y salvo que \u00e9ste requer\u00eda para formalizar la venta de ese rodante a Carlos Julio Garc\u00eda, seg\u00fan consta en la respectiva acta; lo as\u00ed extra\u00eddo del plenario descarta completamente aquello que en diverso sentido trata de hacer ver el impugnante. <\/p>\n

Con mayor raz\u00f3n cuando no hab\u00eda forma de entender lo que este sugiere, consistente en que entre Torres Jim\u00e9nez y Cootransfusa S.A. se orquest\u00f3 un acuerdo falaz para sacar provecho de la situaci\u00f3n y privarlo de la posesi\u00f3n del mencionado automotor, pues sobre ese particular la prueba no revel\u00f3 absolutamente nada, siendo que, en todo caso, las imprecisiones en que incurri\u00f3 el declarante Julio Torres Jim\u00e9nez y que denuncia el atacante, no influyeron en la definici\u00f3n del litigio, pues es evidente que el fallador no se apoy\u00f3 en los testimonios recaudados para proveer de la forma como lo hizo. <\/p>\n

Es cierto, los testimonios practicados, entre ellos los de Luis Eduardo Gonz\u00e1lez Acosta y Edgar Enrique Navarrete, no quitaron peso a lo se\u00f1alado en los documentos que sirvieron de soporte al Tribunal para fundar su veredicto, puesto que ninguno de ellos demostr\u00f3 que despu\u00e9s del 16 de septiembre de 1998 Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez sigui\u00f3 siendo \u00abposeedor del bus SOJ 648\u00bb, ya que sus relatos no armonizan con lo expresado por el testigo Julio Torres Jim\u00e9nez quien asever\u00f3 que ese carro le fue restituido en esa calenda porque Olmos Rodr\u00edguez no pudo cumplir con lo que hab\u00edan acordado, y que por ello, el 6 de septiembre de 1999, \u00e9l se lo vendi\u00f3 a Carlos Jos\u00e9 Garc\u00eda, quien asumi\u00f3 las \u00abdeudas vencidas\u00bb y las cancel\u00f3 a Cootransfusa. <\/p>\n

Lo propio ocurre con los relatos de Carlos Jim\u00e9nez Pe\u00f1aloza y Vicente Alfonso Valderrama Pe\u00f1a, testigos de Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez, dado que sus dichos son abiertamente contradictorios con los relatos de Julio Torres Jim\u00e9nez, Luz Estela Cagua D\u00edaz y Luz Mery Guerrero, debido a que mientras los primeros apuntaron a corroborar lo dicho por Olmos Rodr\u00edguez, los segundos trataron de probar la tesis de Cootransfusa S.A., lo que explica por qu\u00e9 el ad quem no se apoy\u00f3 en ninguna de esas narraciones, ya que, al ser antag\u00f3nicas, con ellas no era posible echar por tierra lo obrante en los escritos de retracto tantas veces citados. <\/p>\n

En ese contexto, como ha quedado esclarecido, el cargo no alcanza \u00e9xito, pues todo indica que el Tribunal no incursion\u00f3 en los diversos defectos colosales que le fueron endilgados; adem\u00e1s, en el fondo lo que se percibe es el inter\u00e9s que tiene el casacionista en que se reexamine toda la prueba para que sea reeditada y le\u00edda conforme a sus propias y dispersas apreciaciones que con tal fin ofrece, como si esta fuese una nueva instancia para realizar tal labor\u00edo. <\/p>\n

Es m\u00e1s, aun cuando pudiera extraerse por medio de agudas elucubraciones una salida distinta de la que exterioriz\u00f3 el iudex, de todos modos debe privilegiarse la de \u00e9ste; con mayor raz\u00f3n si se tiene en cuenta que la prosperidad de un embate como el que se plante\u00f3 exige que el discurso casacional sea tan persuasivo y contundente que su sola consideraci\u00f3n, contrastada con los elementos de convicci\u00f3n, sea de tal entidad que de inmediato se imponga el resultado sugerido por el impugnante, descartando, de contera, otra lectura del haz demostrativo, lo que, conforme se vio, no sucede en este certamen. <\/p>\n

Por ello, ha de respetarse, por completo, la discreta autonom\u00eda del funcionario acusado en cuanto ata\u00f1e a la evaluaci\u00f3n de los elementos materiales de prueba aludidos por el inconforme, en rigor, porque no se acredit\u00f3 una conducta valorativa de ellos apartada de toda sind\u00e9resis y ponderaci\u00f3n que la haga ver absurda o arbitraria ante el ordenamiento, o, lo que es igual, carente del m\u00e1s m\u00ednimo respaldo, pues solo as\u00ed podr\u00eda derribarse la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que escolta a la sentencia enjuiciada.
\nSobre el particular, en CSJ SC, 17 may. 2011, rad. 2005-00345, reiterada en SC16946-2015, se hizo \u00e9nfasis en que <\/p>\n

[e]n efecto, \u2018partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador, error que, seg\u00fan lo precisa el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe aparecer de manifiesto en los autos lo que equivale a exigir que sea palmario; \u2018… si el yerro no es de esta naturaleza, prima facie, si para advertirlo se requiere de previos y m\u00e1s o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendr\u00e1 incidencia en el recurso extraordinario…\u2019 (\u2026). <\/p>\n

4. En consecuencia, el cargo no sale airoso. <\/p>\n

CARGO SEGUNDO <\/p>\n

Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n denuncia, por falta de aplicaci\u00f3n, el quebranto indirecto de los art\u00edculos 1602, 1603, 1604, 1608, 1613, 1614, 1615, 1616, 1618, 1622, 1625, 1626, 1627, 1730, 1731 y 1738 del C\u00f3digo Civil; 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 184, 185, 187, 194, 195, 249, 252, 253, 254, 255, 276 y 279 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, producto de un error de derecho probatorio. <\/p>\n

Ello debido a que el Tribunal concluy\u00f3 que el \u00abbus SOJ 648\u00bb estuvo en poder de Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez desde el 9 de julio de 1997 hasta el 2 de septiembre de 1998, y el SNH 787 a partir del 11 de noviembre de 1997 hasta el 16 de septiembre de 1998, en contrav\u00eda con lo que dicen las pruebas. <\/p>\n

Lo dicho porque dej\u00f3 de lado la confesi\u00f3n hecha por el representante legal de Cootransfusa en el interrogatorio de parte en el que admiti\u00f3 que ese ente no acept\u00f3 la retractaci\u00f3n propuesta por Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez y Manuel Antonio Gil Espitia sobre el rodante de placas SNH 787, pese a que tal revelaci\u00f3n se acompasa con las versiones de Gil Espitia y de Luz Estela Cagua D\u00edaz, as\u00ed como con las actas No. 743 de 16 de septiembre de 1998, No. 1.079 de 2 de noviembre de 2005, con la carta de 8 de noviembre de 2005, y tambi\u00e9n con la \u00absolicitud de castigo de obligaciones\u00bb visible a folios 193 y 194; soportes persuasivos que debi\u00f3 haber evaluado en conjunto, y como no lo hizo, burl\u00f3 el mandato 187 adjetivo e incurri\u00f3 en error de derecho. <\/p>\n

Transgredi\u00f3 los art\u00edculos 252 a 255 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al haberle dado valor al documento de retracto del bus SOJ 648, aportado en copia simple, y con base en ella haber puntualizado, como lo hizo, que Olmos Rodr\u00edguez entreg\u00f3 su \u00abposesi\u00f3n\u00bb, lo que pone al descubierto un error de iure por valorar un medio que la ley proh\u00edbe allegar en copia, m\u00e1s aun cuando el acto de \u00abrecoger un bus\u00bb no es propiamente un acto jur\u00eddico, revel\u00e1ndose as\u00ed el desatino en que incursion\u00f3 el colegiado. <\/p>\n

Cercen\u00f3 el numeral 3 del art\u00edculo 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil cuando le dio valor a la mentada comunicaci\u00f3n, no obstante ser palmaria su falsedad ideol\u00f3gica; infringi\u00f3 el canon 187 ejusdem por el hecho de haberle quitado el m\u00e9rito a las probanzas, pues de haberlo reconocido habr\u00eda comprendido que nunca hubo contrato entre Olmos Rodr\u00edguez y Julio Torres Jim\u00e9nez; si el Tribunal hubiese le\u00eddo en conjunto el caudal probatorio habr\u00eda deducido la falsedad de la pieza documentaria que lo llev\u00f3 a tal conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Tambi\u00e9n despreci\u00f3 la versi\u00f3n de Luz Estela Cagua a quien supuestamente le fue entregado ese documento, pero que neg\u00f3 tal hecho, as\u00ed como el testimonio de Julio Torres Jim\u00e9nez que fue ama\u00f1ado y contrario a la verdad, y con todo ello habr\u00eda extra\u00eddo que no hubo ning\u00fan pacto entre Olmos Rodr\u00edguez y Torres Jim\u00e9nez que hubiere permitido a este \u00faltimo tomar el lugar del primero en lo que concierne al \u00abbus de placas SOJ 648\u00bb. <\/p>\n

Desconoci\u00f3 el art\u00edculo 177 ib\u00eddem, toda vez que el Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez acredit\u00f3 que fue por un comportamiento arbitrario de Cootransfusa S.A. que no pudo seguir explotando los buses de que era poseedor y, en cambio, s\u00ed crey\u00f3 en supuestos que no est\u00e1n corroborados, desfases que de no haber ocurrido le hubiesen brindado otra soluci\u00f3n, am\u00e9n que fueron protuberantes y manifiestos, pues hicieron que acogiera una salida errada en relaci\u00f3n con la forma como Olmos Rodr\u00edguez perdi\u00f3 la posesi\u00f3n de los automotores. <\/p>\n

Por \u00faltimo, aduce el casacionista que el Tribunal pas\u00f3 por alto las normas fundantes de la responsabilidad civil contractual, pues al haberse cambiado su destinaci\u00f3n por la conducta arbitraria y desmedida de Cootransfusa S.A., ello lo afect\u00f3. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El impugnante aduce que el juzgador desconoci\u00f3 las pautas establecidas por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil para la valoraci\u00f3n de las pruebas incorporadas al litigio, comoquiera que no le otorg\u00f3 importancia a la confesi\u00f3n del representante legal de Cootransfusa, pues de haberlo hecho otro habr\u00eda sido el desenlace. <\/p>\n

Tal denuncia deviene infundada porque si no se configur\u00f3 la confesi\u00f3n sobre la que se fund\u00f3 el ataque, conforme se explic\u00f3 al despachar el cargo primero, \u00e9sta no pudo haber sido subestimada, lo que de contera imped\u00eda armonizar su alcance con el de los dem\u00e1s medios de prueba a los que alude el cargo, que, valga decir, tampoco respaldan su cimiento, ya que solamente permiten extraer que existieron unas deudas a cargo de Olmos Rodr\u00edguez que estaban insatisfechas inclusive antes de septiembre de 1998, as\u00ed como lo atinente al impacto que ello produjo en la acreedora (Cootransfusa), que, finalmente, desisti\u00f3 de ellas en 2005 tras concluir, como lo hizo, que era imposible su recaudo forzoso. <\/p>\n

2. Cuestiona, en otro aparte de la disquisici\u00f3n, que el Tribunal dio m\u00e9rito a los escritos de retracto pese a que el visible a folio 186, que concierne al bus No. 346, de placas SOJ 648, es una copia al carb\u00f3n, lo que imped\u00eda tenerlo en cuenta; adem\u00e1s, porque es falaz al haber sido creado por Cootransfusa para probar un acontecer ajeno a la realidad. <\/p>\n

Para zanjar este reparo es preciso advertir que el documento en cuesti\u00f3n est\u00e1 fechado 2 de noviembre de 1998, tiene como destinatario al Consejo de Administraci\u00f3n Cootransfusa y en \u00e9l consta lo siguiente \u00abCon la presente, me permito informarles que he recogido el bus No. 346 al se\u00f1or Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez, por lo tanto, me comprometo a cancelar el saldo rojo que posee dicho veh\u00edculo, pero no me hago cargo a los intereses que existan por dicho saldo\u00bb; tambi\u00e9n cabe decir que en la parte final, despu\u00e9s de la palabra \u00abatentamente\u00bb, hay dos nombres: en el lado izquierdo el de Julio Torres Jim\u00e9nez; y en el derecho el de Jairo Alonso Olmos R., ambos precedidos de r\u00fabrica, debajo de los cuales se halla, en cada lugar, el n\u00famero de identificaci\u00f3n personal de los firmantes. <\/p>\n

A partir de esa contextualizaci\u00f3n se infiere que se trata de un documento privado, emanado de parte y de car\u00e1cter dispositivo; lo primero, porque fue confeccionado entre particulares acorde con la libertad de configuraci\u00f3n conferida por el Estado -autonom\u00eda dispositiva-; lo segundo, porque en \u00e9l aparece la firma de Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez (demandante), presunto suscriptor; y lo tercero, porque alberga una expresi\u00f3n de la voluntad encaminada a modificar una relaci\u00f3n jur\u00eddica, en concreto, la surgida entre Olmos Rodr\u00edguez y Cootransfusa sobre el \u00abbus No. 346, de placas SOJ 648\u00bb. <\/p>\n

Sobre el punto, en SC11822-2015, esta Sala record\u00f3 que <\/p>\n

(\u2026) Diversos criterios ha adoptado la doctrina en cuanto a la clasificaci\u00f3n de los documentos, dentro de los cuales se encuentra el que atiende a su contenido, distinguiendo entre ellos los que: (i) representan un objeto, una persona o un hecho por medios diferentes a la escritura o de signos semejantes (representativos); (ii) manifiestan el pensamiento de quien los ha creado o hecho crear a trav\u00e9s de una declaraci\u00f3n que se asimila a un testimonio (declarativos); (iii) relatan hechos imaginados (narrativos), y (iv) constituyen, modifican o extinguen una relaci\u00f3n jur\u00eddica o un derecho (constitutivos o dispositivos) (cursivas y negrillas ajenas al original). <\/p>\n

Tal distinci\u00f3n coincide plenamente con el pensamiento del jurista Hernando Devis Echandia1, quien ense\u00f1a, para lo que aqu\u00ed importa, que \u00abes documento privado el que no tiene el car\u00e1cter de p\u00fablico\u00bb; es \u00abdispositivo cuando contiene actos de voluntad para producir determinados efectos jur\u00eddicos sustanciales (como contratos, testamentos, donaciones, etc.\u00bb, y que su autenticidad puede darse a trav\u00e9s de reconocimiento de autor\u00eda \u00absea espont\u00e1neamente o por citaci\u00f3n judicial a solicitud de la parte interesada\u00bb. <\/p>\n

El ataque no alcanza \u00e9xito porque el documento criticado, dada su naturaleza, pod\u00eda ser ponderado en comuni\u00f3n con las dem\u00e1s pruebas, de un lado, porque el defecto de forma endilgado; esto es, \u00abhaber sido aportado en copia al carb\u00f3n\u00bb, se super\u00f3 cuando la parte contra quien se alleg\u00f3 reconoci\u00f3 haberlo firmado, lo que en los t\u00e9rminos del numeral tercero del art\u00edculo 268 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil le confer\u00eda m\u00e9rito persuasivo; y del otro, porque no se evidenci\u00f3 diferencia entre su contenido y lo estipulado por los suscriptores. <\/p>\n

Frente a la primera cuesti\u00f3n, es de ver que en el interrogatorio de parte absuelto por Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez, al ser inquirido sobre tal documento, signado, seg\u00fan se le indic\u00f3, \u00abal parecer por Julio Jim\u00e9nez y aceptado al parecer por usted, en donde el 1 de ellos, informa que le ha recibido el bus de No. int. 346 al se\u00f1or Jairo Alonso Olmos, y que por lo tanto Julio Torres se compromete a cancelar el saldo en rojo de dicho veh\u00edculo\u00bb y pedirle que informara \u00absi la firma que aparece en la parte afectada con No. De c\u00e9dula corresponde a la que usted utiliza en sus actuaciones civiles y comerciales\u00bb, previa revisi\u00f3n del mismo, el indagado dijo: <\/p>\n

(\u2026) esto es falso, est\u00e1 hablando de que el carro seg\u00fan el se\u00f1or Julio Torres, est\u00e1 diciendo que lo recoge el 2 de septiembre del 98, tengo pruebas de que yo me fui el 8 o 9 de octubre del \/98 me fui para Estados [u]nidos, y el carro estaba en mi poder todav\u00eda, este papel es chimbo, tan as\u00ed ese d\u00eda el se\u00f1or conductor me llev[o] al aeropuerto en ese carro se\u00f1alado, y le hicieron un comparendo, y la cual podemos traer como prueba, la firma que all\u00ed aparece es la m\u00eda, y lo que aparece all\u00ed no es lo que yo le\u00ed en esa \u00e9poca (se resalta). <\/p>\n

Fluye, sin duda, que Olmos Rodr\u00edguez acept\u00f3 expresamente haber rubricado el aludido comunicado, cuya autor\u00eda le fue atribuida; de lo cual despunta que, aunque fue arrimado en copia al carb\u00f3n, adquiri\u00f3 eficacia producto de ese asentimiento que despej\u00f3 cualquier duda acerca de su autor\u00eda y le dio autenticidad en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 252, inciso primero del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a cuyo tenor \u00abes aut\u00e9ntico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado\u00bb, lo que significa que pod\u00eda ser acogido como elemento de convicci\u00f3n, conforme lo hizo el ad quem que, en ese sentido, ninguna pifia cometi\u00f3 cuando le otorg\u00f3 m\u00e9rito demostrativo y lo apreci\u00f3 en uni\u00f3n con las dem\u00e1s pruebas.
\nY en lo que concierne al otro \u00edtem, relacionado con el contenido mismo del documento, es claro que no se prob\u00f3 la falsedad insinuada por Olmos Rodr\u00edguez, pues aunque dicho litigante dijo que adolec\u00eda de falsedad ideol\u00f3gica cuando descorri\u00f3 el traslado de las excepciones de m\u00e9rito y pidi\u00f3 \u00aboficiar a Cootransfusa para que aportara el original\u00bb con el fin de respaldar su dicho (folio 220, cno.1), lo cierto es que frente a esa petici\u00f3n ning\u00fan pronunciamiento hizo el despacho en el auto de decreto de pruebas (28 feb. 2013) que adquiri\u00f3 firmeza, por lo que el tema en lo sucesivo se torn\u00f3 pac\u00edfico, tanto as\u00ed que sobre ese aspecto nada expuso el actor cuando sustent\u00f3 la apelaci\u00f3n del veredicto de primer grado. <\/p>\n

En resumidas cuentas, como Olmos Rodr\u00edguez no insisti\u00f3 en la \u00abtacha de falsedad\u00bb dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al interrogatorio en el que reconoci\u00f3 haber suscrito el pliego que busc\u00f3 descalificar; ni protest\u00f3 contra el auto de decreto de pruebas, en el que se incorpor\u00f3 al repertorio, como pod\u00eda haberlo hecho al tenor del art\u00edculo 289 ejusdem, ello permite inferir que con su silencio declin\u00f3 de la carga procesal que ten\u00eda en sus hombros, consistente en hacer ver que lo acordado con el otro firmante (Julio Jim\u00e9nez) fue diferente a lo que consta en tal escrito. <\/p>\n

V\u00e9ase que en CSJ SC 12 oct. 1995, exp. 4337, la Sala, al ocuparse del art\u00edculo 289 ib\u00eddem, relativo a la \u00abtacha de falsedad\u00bb de documentos p\u00fablicos o privados, recalc\u00f3 que <\/p>\n

(\u2026) aunque la norma alude a que la parte contra quien se presenta "podr\u00e1" tacharlo de falso, hay que entender que esa expresi\u00f3n envuelve una verdadera carga procesal que, como tal, es dable ejercitar o dejar de ejercitarse, pero que si el interesado la omite, tal circunstancia puede llegar a producirle consecuencias desfavorables. En esa medida, si la parte llamada a tachar de falso un documento no lo hace tempestivamente, consolida irremediablemente su autenticidad, cuando la trae consigo; o se la confiere al documento que, desprovisto de ella, se aporta al proceso. <\/p>\n

En las condiciones rese\u00f1adas, permanece inc\u00f3lume la presunci\u00f3n legal (iuris tantum) consagrada en el art\u00edculo 273 ibidem, conforme a la cual cuando el compareciente declare que es suya la firma impuesta en un escrito, tal confirmaci\u00f3n \u00abhar\u00e1 presumir cierto el contenido\u00bb por no haber sido desvirtuada, muy a pesar de que Olmos Rodr\u00edguez hubiera se\u00f1alado inconformidad sobre lo dicho por tal comunicaci\u00f3n, lo que tiene incidencia es frente al acuerdo hecho con Julio Torres, se\u00f1alamiento que deb\u00eda ser amparado en otros medios de convicci\u00f3n, y no frente al m\u00e9rito demostrativo otorgado a tal pieza. <\/p>\n

Sobre la forma de dar autenticidad a las copias simples, en CSJ SC 22 nov. 2005, rad. n\u00ba 1994-01325, se destac\u00f3 que <\/p>\n

(\u2026) si bien el m\u00e9rito probatorio de una copia depende de su autenticidad, esta se puede establecer no solo por v\u00eda de atestaci\u00f3n notarial, sino tambi\u00e9n por reconocimiento efectuado en el marco de un proceso, reconocimiento que, como es sabido, puede ser expreso \u2013espont\u00e1neo o provocado-o impl\u00edcito, seg\u00fan que el documento se haya aportado al proceso bajo la afirmaci\u00f3n de haber sido manuscrito o firmado por la contraparte (art. 252 numeral 3\u00ba C.P.C.), o que se hubiere adosado por quien lo elabor\u00f3, escribi\u00f3 a mano o sign\u00f3 (art. 276 ib.) (se hace notar). <\/p>\n

Frente al tema, en CJS SC6866-2014 se precis\u00f3 que <\/p>\n

(\u2026) cuando un documento es aportado por la parte que, ex ante, lo elabor\u00f3 y firm\u00f3, sin ser tachado de falso por ella o por la parte contra quien se presenta, ello es importante, no es menester detenerse a examinar si se trata de original o de copia y, en esta \u00faltima hip\u00f3tesis, si cumple con las exigencias del art\u00edculo 254 del C. de P.C., pues la autenticidad, en ese evento, se deduce o emerge de su aportaci\u00f3n, sin protesta\u201d (subrayas extexto). Y por lo mismo, esto tambi\u00e9n debe predicarse de los documentos aportados a un proceso, respecto de los cuales se afirme o se establezca, como en el caso, que provienen de la parte contra la cual se oponen, por haberlos suscrito o manuscrito, seg\u00fan los t\u00e9rminos del art\u00edculo 252, numeral 3\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (se resalta). <\/p>\n

3. Finalmente, no es cierto que el ad quem hubiese dejado de valorar en conjunto las probanzas, pues es patente que las apreci\u00f3 al tenor del art\u00edculo 187 ib., y producto de esa labor intelectiva que extrajo el silogismo jur\u00eddico sobre el que edific\u00f3 su discernimiento, lo que deja sin piso la arremetida.
\nEs que el Tribunal no solo se fij\u00f3 en la documental, sino que puso en la balanza la testimonial y los interrogatorios practicados y despu\u00e9s de examinarlos individualmente y de ponderarlos en conjunto obtuvo el convencimiento con base en el cual decidi\u00f3 la alzada, sin que tal actividad luzca desacertada o alejada del contexto evaluado; sobre todo porque ello se sustenta en la discreta autonom\u00eda conferida a los jueces de instancia como par\u00e1metro para sopesar las pruebas y medir su alcance y suficiencia con sujeci\u00f3n a las reglas de la sana cr\u00edtica, la l\u00f3gica y la experiencia, a fin de confirmar o desvirtuar los hechos sobre los que litigan las partes. <\/p>\n

4. Como qued\u00f3 visto, el cargo estudiado no alcanza prosperidad. <\/p>\n

5. Al resultar infundado el recurso de casaci\u00f3n se debe condenar en costas al impugnante, conforme al inciso final del art\u00edculo 375 ejusdem, las cuales deber\u00e1 liquidar la secretar\u00eda, incluyendo por concepto de agencias en derecho el valor que aqu\u00ed se fijar\u00e1, para lo que se tiene en cuenta que no hubo r\u00e9plica al libelo extraordinario. <\/p>\n

IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n

Por m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 5 de febrero de 2014, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso ordinario que promovi\u00f3 Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez contra la Cooperativa de Transportadores de Fusagasug\u00e1 Cootransfusa S.A. <\/p>\n

Se condena en costas del recurso de casaci\u00f3n a su promotor. Como agencias en derecho incl\u00fayase tres millones de pesos ($3.000.000). <\/p>\n

En oportunidad, vuelva el proceso al despacho de origen. <\/p>\n

Notif\u00edquese, <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tDEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. Teor\u00eda \tGeneral de la Prueba Judicial. Tomo II. Editorial Temis. Bogot\u00e1. \t1967. P\u00e1gs. 473-474 y 487-488.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente SC5585-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 25290-31-03-002-2012-00107-01 (Aprobada en sesi\u00f3n de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Resuelve la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante Jairo Alonso Olmos Rodr\u00edguez frente a la sentencia de 5 de febrero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102573","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102573","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102573"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102573\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102573"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102573"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102573"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}