{"id":102578,"date":"2026-07-02T16:06:09","date_gmt":"2026-07-02T16:06:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102578"},"modified":"2026-07-02T16:06:09","modified_gmt":"2026-07-02T16:06:09","slug":"stc010-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc010-2019\/","title":{"rendered":"STC010-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC010-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 81001-22-08-000-2018-00032-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 26 de octubre de 2018, por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Alberto Garc\u00eda Galindez, contra el Juzgado Civil del Circuito de esa municipalidad, con ocasi\u00f3n de la prueba extraprocesal n\u00ba 2018-0077, para la pr\u00e1ctica de testimonios con fines judiciales y, exhibici\u00f3n y reconocimiento de documentos, seguida por Lina del Carmen Parales Parales a Martha Milena Barrios Rebolledo y Jorge Hern\u00e1n Ord\u00f3\u00f1ez Parales. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulneradas por la autoridad acusada. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las probanzas adosadas al plenario, se desprenden como hechos base de la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

El quejoso celebr\u00f3 un contrato de mutuo con la se\u00f1ora Lina del Carmen Parales Parales por valor de $55.000.000, con intereses pagaderos al 5% mensual. En respaldo de esa obligaci\u00f3n se emiti\u00f3 el cheque n\u00ba IP407258 de Bancolombia a favor de aqu\u00e9lla. <\/p>\n

El 27 de junio de 2017, Francisco Alberto Garc\u00eda Galindez fue convocado por la acreedora a absolver interrogatorio de parte como prueba extraprocesal, ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Arauca, con el fin de reconocer la existencia de ese cr\u00e9dito. <\/p>\n

En el curso de tal actuaci\u00f3n, el declarante adujo haber efectuado el pago a trav\u00e9s de su secretaria y familiar Martha Milena Barrios Rebolledo, el \u201c14 o 15 de agosto de 2015\u201d. <\/p>\n

El 27 de junio de 2018 se formul\u00f3 solicitud de prueba extraprocesal con citaci\u00f3n de parte, junto con la exhibici\u00f3n y reconocimiento de documentos, esta vez frente a Barrios Rebolledo y Jorge Hern\u00e1n Ord\u00f3\u00f1ez Parales, decurso asignado al Juzgado Civil del Circuito de Arauca, quien lo admiti\u00f3 el 3 de agosto siguiente. <\/p>\n

Estimando la inviabilidad de ese mecanismo, el tutelante reclam\u00f3 al juzgado cognoscente no dar impulso a las memoradas diligencias porque i) el canon 184 del C\u00f3digo General del Proceso limita a s\u00f3lo una la posibilidad de acudir a dicho tr\u00e1mite y \u00e9ste ya se hab\u00eda surtido con antelaci\u00f3n, ii) por la falta de competencia de ese estrado judicial para surtir ese tipo de asuntos, y iii) por haberse aportado audios de conversaciones sostenidas entre los dos llamados a declarar, sin que mediara autorizaci\u00f3n para su grabaci\u00f3n. <\/p>\n

Ese pedimento fue desestimado el 11 de septiembre pasado. Elevadas la reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra tal prove\u00eddo, la primera fue despachada desfavorablemente en auto de 3 de octubre de este a\u00f1o, por concebirse como dos actos distintos y estar habilitado el funcionario para su conocimiento acorde con el numeral 10 art\u00edculo 20 del C.G.P., la segunda se deneg\u00f3 por improcedente (fls. 54-64, cdno.1). <\/p>\n

El querellante discute la apreciaci\u00f3n del juez, arguyendo haberse ignorado que la disposici\u00f3n anunciada con precedencia no permite acudir a los interrogatorios extraprocesales en m\u00e1s de una oportunidad, a ello adicion\u00f3 la falta de competencia del fallador fustigado (fls. 1-35, cdno.1). <\/p>\n

3. En concreto pretende se ordene el archivo definitivo de la solicitud probatoria (fl. 4, cdno. 1). <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

El titular del despacho convocado manifest\u00f3 atenerse a los argumentos plasmados en la providencia cuestionada (fl. 76, cdno.1). <\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

El tribunal neg\u00f3 la salvaguarda al no evidenciar irregularidad en la posici\u00f3n auscultada. En ese sentido adujo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) surge con evidencia que las aludidas decisiones no fueron arbitrarias, sino que se cimentaron en serios razonamientos jur\u00eddicos que no enrostran ning\u00fan tipo de yerro que merezca ser enmendado como una instancia m\u00e1s dentro de un proceso y menos a\u00fan como la soluci\u00f3n definitiva a una controversia que deba ventilarse y resolverse dentro del tr\u00e1mite que le es propio, pues ello contrastar\u00eda ostensiblemente con el principio de subsidiariedad que caracteriza esta acci\u00f3n constitucional (\u2026)\u201d (fls. 118-125 cdno.1). <\/p>\n

Sum\u00f3 a lo anterior, que frente al derecho a la intimidad por haberse aportado grabaciones que no contaban con la autorizaci\u00f3n de Martha Milena Barrios Rebolledo, no exist\u00eda legitimaci\u00f3n del petente pues, ello compete exclusivamente a los prenombrados. <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La inco\u00f3 el gestor reiterando los alegatos del libelo (fls. 135-142, cdno. 1). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El tutelante censura las providencias con las cuales se desde\u00f1\u00f3 su solicitud de archivo de la petici\u00f3n procesal confutada por i) ir en contrav\u00eda de lo dispuesto en la regla 184 del C.G.P.; ii) la falta de competencia del juez atacado para adelantarla; y iii) la transgresi\u00f3n del derecho a la intimidad de Martha Milena Barrios Rebolledo. <\/p>\n

2. En punto de la alegada identidad entre la prueba extraprocesal ya practicada y la pendiente de materializarse, la decisi\u00f3n objetada abord\u00f3 el estudio de la controversia precisando los contenidos normativos aplicables al asunto bajo estudio, tales como los postulados 183, 184 y 187 \u00eddem. <\/p>\n

Seguidamente razon\u00f3:
\n\u201c(\u2026) se tiene que el interrogatorio de parte y el testimonio para fines judiciales (\u2026) son temas totalmente diferentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En efecto, el primero de ellos tiene como fin que la presunta contraparte conteste el interrogatorio que el solicitante realice sobre los hechos que han de ser materia del proceso, mientras que el segundo lo que busca es (\u2026) recibir la declaraci\u00f3n anticipada de una persona de quien se pretende aducir su testimonio en un proceso, con o sin citaci\u00f3n de parte (\u2026)\u201d (fl. 63, cdno.1). <\/p>\n

Aplicando tal l\u00ednea de interpretaci\u00f3n al subex\u00e1mine, reflexion\u00f3 el juez del circuito: <\/p>\n

\u201c(\u2026) en ning\u00fan momento se ha decretado interrogatorio de parte al se\u00f1or Francisco Alberto Garc\u00eda Galindez, ya que como el mismo lo afirma, tal prueba fue evacuada ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Arauca el 27 de junio de 2017 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Caso contrario, lo que se busca con la presente solicitud es el recaudo del testimonio para fines judiciales de los se\u00f1ores Martha Milena Barrios Rebolledo y Jorge Hern\u00e1n Ord\u00f3\u00f1ez Parales, exhibici\u00f3n y reconocimiento de documentos, con citaci\u00f3n de la contraparte (\u2026) persona que \u00fanicamente debe comparecer a la diligencia se\u00f1alada en el auto de 3 de agosto de 2018, y exhibir lo que all\u00ed se le orden\u00f3, m\u00e1s no a rendir interrogatorio de parte, tal como lo afirma en su censura (\u2026)\u201d (fl. 63, cdno.1). <\/p>\n

Todo lo cual llev\u00f3 al fallador a concluir: <\/p>\n

\u201c(\u2026) lo que ahora se solicita no es lo mismo que se pidi\u00f3 y practic\u00f3 en su momento ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Arauca, por tanto no se est\u00e1 haciendo caso omiso a lo establecido en el art\u00edculo 184 del C.G.P., en lo atinente a que el interrogatorio debe pedirse por una sola vez (\u2026)\u201d (fl. 63, cdno.1). <\/p>\n

En lo concerniente a la competencia, trajo a colaci\u00f3n los numerales 7 de la norma 78 y 10 del mandato 20 ib\u00eddem, para luego aducir: <\/p>\n

\u201c(\u2026) es preciso aclarar a la recurrente que entre los jueces civiles municipales y de circuito existe una competencia a prevenci\u00f3n para la pr\u00e1ctica de las pruebas extraprocesales, enti\u00e9ndase que \u201ca prevenci\u00f3n\u201d significa \u201cque un juez conoce de una causa con exclusi\u00f3n de otros que eran igualmente competentes, por hab\u00e9rseles anticipado en el conocimiento de ella\u201d. Por tanto, ambos funcionarios [pueden tramitar] esta clase de [actuaciones] (\u2026)\u201d (fls. 118-125 cdno.1). <\/p>\n

3. Las tesis adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge anomal\u00eda; la autoridad efectu\u00f3 una disertaci\u00f3n adecuada de los supuestos normativos pertinentes que la condujeron a las determinaciones reprochadas. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, el auto examinado no se observa incoherente al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

4. Respecto al derecho a la intimidad supuestamente transgredido por la solicitante de la memorada prueba al acompa\u00f1ar su petitorio con grabaciones de conversaciones, al parecer, no autorizadas, se despachar\u00e1 desfavorablemente el ruego por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa del libelista para elevar el reclamo constitucional, al no denotarse afectaci\u00f3n alguna a sus intereses con la conducta procesal censurada, por ende, no detenta la titularidad de la prerrogativa iusfundamental invocada. <\/p>\n

5. Refuerza la improsperidad de esta salvaguarda, que las diligencias auscultadas son actos previos al juicio que, seguramente, se iniciar\u00e1 a fin de determinar si subsiste la memorada acreencia, escenario en el cual habr\u00e1 de ventilarse todo lo concerniente a tal relaci\u00f3n crediticia y atacarse la legalidad de las probanzas que hoy suscitan esta acci\u00f3n, siendo esa la senda id\u00f3nea para dilucidar tales alegaciones. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponde zanjar al juzgador original, no pudiendo atribuirse facultades ajenas. <\/p>\n

Sobre el particular, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

6.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7.\tDe acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nAunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb.
\nCiertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado.
\nDe esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido
\no amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la. Convenci\u00f3n, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb2; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la. Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\n___________________
\n1 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n2 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n2 \tCSJ. Civil. Sentencia de 22 \tde febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, \texp, 00051-01; \ty el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre \totras.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC010-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 81001-22-08-000-2018-00032-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 26 de octubre de 2018, por la Sala \u00danica del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102578","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102578","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102578"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102578\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102578"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102578"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102578"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}