{"id":102583,"date":"2026-07-02T16:08:42","date_gmt":"2026-07-02T16:08:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102583"},"modified":"2026-07-02T16:08:42","modified_gmt":"2026-07-02T16:08:42","slug":"stc015-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc015-2019\/","title":{"rendered":"STC015-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC015-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03953-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Se procede a decidir la tutela impetrada por Construcciones Neicco Limitada -en liquidaci\u00f3n- frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por las magistradas Martha Isabel Garc\u00eda Serrano, Hilda Gonz\u00e1lez Neira y Ruth Elena Galvis Vergara, con ocasi\u00f3n del asunto \u201cordinario\u201d incoado por la aqu\u00ed actora contra la Cooperativa de los Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tPor conducto de apoderado, la compa\u00f1\u00eda promotora reclama la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la corporaci\u00f3n convocada. <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su queja, indica que dentro del litigio cuestionado se emiti\u00f3 sentencia el 20 de octubre de 2017, acogi\u00e9ndose las excepciones de la pasiva y neg\u00e1ndose sus pretensiones. <\/p>\n

Advierte que como esa decisi\u00f3n se emiti\u00f3 de manera escrita, formul\u00f3 apelaci\u00f3n contra ella del mismo modo, sustentando tal recurso \u201c(\u2026) con suficiencia argumentativa y an\u00e1lisis probatorio (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El tribunal fij\u00f3 el 13 de septiembre de 2018 para adelantar la audiencia contemplada en el canon 327 del C\u00f3digo General del Proceso; empero, como su abogado no pudo concurrir en esa data, declar\u00f3 desierto el remedio vertical. <\/p>\n

Sostiene que inco\u00f3 s\u00faplica respecto del anterior pronunciamiento, con el fin de justificar la inasistencia de su representante judicial, pues \u00e9ste se encontraba bajo un tratamiento m\u00e9dico iniciado el 10 de septiembre de 2018, ordenado para tratarle \u201c(…) un tumor maligno alojado en el retroperitoneo (\u2026)\u201d, procedimiento que le generaba \u201c(\u2026) mareo, decaimiento y fatiga, entre otros (\u2026)\u201d.
\nMediante prove\u00eddo de 27 de septiembre de 2018, se rechaz\u00f3 el mencionado recurso por improcedente, pues la decisi\u00f3n cuestionada no era susceptible de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

3.\tPide, en concreto, dejar sin efecto la deserci\u00f3n del recurso vertical memorado. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel accionado <\/p>\n

Manifest\u00f3 no haber incurrido en violaci\u00f3n de garant\u00edas sustanciales. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tRevisada la queja y las pruebas adosadas, se constata la viabilidad de la protecci\u00f3n rogada por hallarse irregularidad en la actividad del fallador acusado, puntualmente, respecto de la apreciaci\u00f3n de las excusas por la inasistencia del abogado de la censora a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, adelantada el 13 de septiembre de 2018. <\/p>\n

2.\tAun cuando el ordenamiento jur\u00eddico establece la imposibilidad, en principio, de aplazar o suspender una diligencia, salvo por las razones expresamente contenidas en el Estatuto Procedimental Civil (art. 5\u00ba, C.G.P.), lo cierto es que tanto los intervinientes en el litigio como sus mandatarios pueden estar incursos en situaciones especiales que, seg\u00fan el discernimiento de la autoridad judicial correspondiente, podr\u00edan dar lugar a la reprogramaci\u00f3n, interrupci\u00f3n o modificaci\u00f3n de lo acaecido en las distintas audiencias. <\/p>\n

Mem\u00f3rese, el numeral 3\u00ba del canon 372 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La inasistencia de las partes o de sus apoderados a esta audiencia[1], por hechos anteriores a la misma, solo podr\u00e1 justificarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa\u201d. <\/p>\n

\u201cSi la parte y su apoderado o solo la parte se excusan con anterioridad a la audiencia y el juez acepta la justificaci\u00f3n, se fijar\u00e1 nueva fecha y hora para su celebraci\u00f3n, mediante auto que no tendr\u00e1 recursos. La audiencia deber\u00e1 celebrarse dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes. En ning\u00fan caso podr\u00e1 haber otro aplazamiento\u201d. <\/p>\n

\u201cLas justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia, solo ser\u00e1n apreciadas si se aportan dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la fecha en que ella se verific\u00f3. El juez solo admitir\u00e1 aquellas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo tendr\u00e1n el efecto de exonerar de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas que se hubieren derivado de la inasistencia (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n

A la luz de esa regla, esta Corporaci\u00f3n, efectu\u00f3 la siguiente explicaci\u00f3n:
\n\u201c(..)[C]omo primera medida, (\u2026) solo podr\u00e1 exculparse [a la parte o a su abogado] mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa. Adicionalmente, [el canon citado] precisa dos escenarios hipot\u00e9ticos posibles, derivados del espacio temporal en que los sujetos procesales se excusan por su no comparecencia, implicando consecuencias jur\u00eddicas espec\u00edficas en cada uno de ellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEl primero de estos opera cuando la justificaci\u00f3n respecto a la no concurrencia a la diligencia se ventila con anterioridad a la fecha programada para el desarrollo de la misma; evento en el cual, si el despacho acepta esa motivaci\u00f3n, se fijar\u00e1 nueva fecha y hora para su celebraci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cLa segunda hip\u00f3tesis plantea el supuesto f\u00e1ctico en el cual la exposici\u00f3n de los motivos de la no presentaci\u00f3n, se pone a consideraci\u00f3n del juzgador luego de materializado el memorado acto procesal; en cuyo caso, la norma es di\u00e1fana en se\u00f1alar, que la apreciaci\u00f3n de estas razones por parte del juzgador, depender\u00e1 de que su aportaci\u00f3n haya sido dentro de los tres d\u00edas siguientes a la verificaci\u00f3n de dicha actuaci\u00f3n; imponiendo al juez el deber de estudiar solo aquellas razones que adem\u00e1s de haber sido aducidas en el lapso estipulado, se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn el marco de este segundo escenario hipot\u00e9tico, si en virtud de su independencia y autonom\u00eda, el funcionario judicial considera razonables los argumentos expuestos para justificar la inasistencia, la referida norma estipula los efectos jur\u00eddicos que conlleva esa aceptaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cAs\u00ed, de un lado, se\u00f1ala que se exonerar\u00e1 al extremo litigioso a qui\u00e9n la autoridad judicial convalid\u00f3 la excusa, de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas que se hubieren derivado de esa circunstancia. Por el otro, precisa que el titular del juzgado deber\u00e1 prevenirlo, para que concurra a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento a absolver el interrogatorio (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n ha resuelto ruegos tuitivos utilizando la aludida preceptiva legal y anotando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [H]a de puntualizarse que la naturaleza misma de la fuerza mayor impide su justificaci\u00f3n en forma anticipada al obedecer a circunstancias imprevisibles; en el caso subj\u00fadice, se advierte que la excusa aducida por el apoderado convocado, atinente a encontrarse atendiendo otra diligencia en un proceso de \u00edndole penal, no encaja dentro esa figura por cuanto la situaci\u00f3n alegada era previsible, de manera que pudo obrar diligentemente, sustituyendo el poder a un profesional del derecho y conminado a sus representadas a asistir a la diligencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cCabe memorar que en sede de casaci\u00f3n, aludiendo al caso fortuito o a la fuerza mayor, se ha adoctrinado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a fuerza mayor o caso fortuito, por definici\u00f3n legal, es \u201cel imprevisto a que no es posible resistir\u201d (art. 64 C.C., sub. art. 1\u00ba Ley 95 de 1890), lo que significa que el hecho constitutivo de tal debe ser, por un lado, ajeno a todo presagio, por lo menos en condiciones de normalidad, y del otro, imposible de evitar, de modo que el sujeto que lo soporta queda determinado por sus efectos. No se trata entonces, per se, de cualquier hecho, por sorpresivo o dificultoso que resulte, sino de uno que inexorablemente re\u00fana los mencionados rasgos legales, los cuales, por supuesto, deben ser evaluados en cada caso en particular (\u2026)\u201d3 (se resalta) (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

Ahora, si un mandatario judicial alega una causa suficiente para explicar su no comparecencia, habr\u00e1 lugar a la reprogramaci\u00f3n o cambios de la diligencia correspondiente, siempre que la justificaci\u00f3n haya sido avalada por el juez de la causa, conforme a los presupuestos rese\u00f1ados en las providencias antes citadas, pues s\u00f3lo a \u00e9l compete, dada su inexpugnable autonom\u00eda, establecer la procedencia y viabilidad de las exculpaciones. <\/p>\n

Se resalta que la presencia de los abogados en diligencias tales como la de sustentaci\u00f3n de la alzada frente a sentencias ante el superior (inc. 2\u00b0, num. 3\u00b0, art. 322, C.G.P.), resulta trascendente, pues en esa etapa los profesionales cumplen una funci\u00f3n activa y de responsabilidad con su cliente. <\/p>\n

De manera que si alguno de los representantes judiciales, amparado en una justa causa, aduce dificultades para concurrir o, con posterioridad, allega excusas por su ausencia, el acto podr\u00e1 ser reprogramado o modificado, seg\u00fan el caso. <\/p>\n

Ahora, no s\u00f3lo las cuestiones consignadas en el art\u00edculo 159 del C\u00f3digo General del Proceso, concernientes a la \u201c(\u2026) muerte, enfermedad grave o privaci\u00f3n de la libertad del apoderado judicial (\u2026), o (\u2026) inhabilidad, exclusi\u00f3n o suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n (\u2026)\u201d de \u00e9ste, suscitan la reprogramaci\u00f3n, interrupci\u00f3n o cambio de una diligencia, por cuanto la imposibilidad de acudir a \u00e9sta o las disculpas por inasistencia, pueden provenir de m\u00faltiples circunstancias f\u00e1cticas, todas ellas, sujetas al an\u00e1lisis del fallador del asunto. <\/p>\n

No debe olvidarse la viabilidad de utilizar medios tecnol\u00f3gicos al alcance de la administraci\u00f3n y de los interesados para cumplir con la finalidad de las normas enunciadas. As\u00ed, se encuentra que el par\u00e1grafo 1\u00b0 de la regla 107 \u00eddem, expresamente habilita a \u201c(\u2026) las partes y dem\u00e1s intervinientes (\u2026)\u201d para participar en las audiencias \u201c(\u2026) a trav\u00e9s de videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro medio t\u00e9cnico, siempre que por causa justificada el juez lo autorice (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3.\tEn el caso cuestionado, se observa que dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la realizaci\u00f3n de la audiencia de 13 de septiembre de 2018, la petente, a trav\u00e9s de su abogado, bajo el t\u00edtulo de \u201crecurso de s\u00faplica\u201d, deprec\u00f3 la revocatoria de la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n incoada contra el fallo de primer grado, por cuanto la inasistencia del profesional se gener\u00f3 en raz\u00f3n de los padecimientos cl\u00ednicos sufridos por \u00e9ste. <\/p>\n

En prove\u00eddo del d\u00eda 27 de dicho mes y a\u00f1o, el tribunal, en Sala dual, rechaz\u00f3 el anotado remedio por improcedente y ninguna apreciaci\u00f3n efectu\u00f3 sobre la excusa rese\u00f1ada. <\/p>\n

Esa gesti\u00f3n revela, de un lado, el desconocimiento del par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual le impone a los funcionarios judiciales \u201c(\u2026) tramitar la impugnaci\u00f3n [de una providencia judicial] por las reglas del recurso que resultare procedente (\u2026)\u201d y, de otro, una falta de motivaci\u00f3n en lo tocante con las renombradas exculpaciones. <\/p>\n

En cuanto a lo primero, se establece que si la querellante controvirti\u00f3 la deserci\u00f3n de la alzada enunciada a trav\u00e9s de s\u00faplica, cuando el remedio procedente era la reposici\u00f3n, el tribunal ha debido ajustar tal manifestaci\u00f3n, de acuerdo con el par\u00e1grafo antes citado; no obstante, como ello no se hizo, surge necesaria la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

Esta Corte, en un asunto asimilable sostuvo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) En el trazado orden de ideas, dado que en el subj\u00fadice al \u00abrecurso de s\u00faplica\u00bb tempestivamente propuesto por los censores contra el prove\u00eddo de 29 de enero de hoga\u00f1o no se le imprimi\u00f3 el tr\u00e1mite del medio impugnativo en verdad procedente, seg\u00fan era menester, lo as\u00ed adelantado resquebraj\u00f3 los intereses ius fundamentales de los peticionarios, lo cual es asunto que, rep\u00edtese, ha de enmendarse (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c4.4.- La Corte, al pronunciarse acerca de un asunto an\u00e1logo, puso de presente en CSJ STC015-2017, 12 ene. 2017, rad. 2016-03560-00, lo siguiente: \u2018Ciertamente se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, porque el referido funcionario accionado al resolver de la manera como lo hizo en la mentada decisi\u00f3n, declarando la improcedencia del recurso de s\u00faplica interpuesto por la aqu\u00ed interesada en contra del auto con que se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la casaci\u00f3n, debi\u00f3 tramitar la impugnaci\u00f3n por la reglas del recurso que resultare procedente, esto es, el de reposici\u00f3n, empero, desatendiendo la imposici\u00f3n procesal, se limit\u00f3 a declarar la referida improcedencia, y guard\u00f3 silencio respecto al mecanismo horizontal, lo que ocasion\u00f3 que aqu\u00e9lla determinaci\u00f3n quedara sin definir. [\u2026] T\u00e9ngase en cuenta, que el adecuado proceder est\u00e1 estatuido en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, que en lo pertinente establece que \u00abcuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deber\u00e1 tramitar la impugnaci\u00f3n por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente\u00bb, lo que de haberse surtido por la autoridad judicial criticada, habr\u00eda dado como resultado la consideraci\u00f3n de las inconformidades expuestas por la accionante, por parte del magistrado sustanciador de la decisi\u00f3n impugnada, bajo la \u00e9gida del recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n

\u2018Ello es as\u00ed, pues el mecanismo horizontal no solo se interpone dentro del mismo t\u00e9rmino que la s\u00faplica, sino que tambi\u00e9n procede contra autos para su revocaci\u00f3n o reforma; debe proponerse con indicaci\u00f3n de sus fundamentos y finalidad, y tiene id\u00e9ntico tr\u00e1mite, tanto as\u00ed, que esta Corte ha considerado que \u2018la s\u00faplica equivale al recurso de reposici\u00f3n ante el juez \u00fanico y lo sustituye ante el juez plural. Pero de todas maneras, seg\u00fan se infiere de las normas legales que los gobiernan, la reposici\u00f3n y la s\u00faplica son recursos aut\u00f3nomos, independientes el uno del otro y que cada uno tiene su aplicaci\u00f3n en la respectiva oportunidad procesal (\u2026) (Gaceta Judicial, Tomo CLXXII, 256)\u00bb (Sentencia de tutela CSJ, 23 ene. 2008, expediente No.11001-02-03-000-2007-02095-00) (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

Y, en otro caso, la Sala expuso:
\n\u201c(\u2026) La negaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, equivale a un excesivo rigorismo en las formas, cuando establecido se tiene que sobre ellas priman los derechos subjetivos de las partes, de ah\u00ed que el legislador haya incorporado al ordenamiento legal una norma que impone direccionar correctamente las impugnaciones interpuestas por los sujetos procesales, vale decir, el par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, que a la letra indica: (\u2026) Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deber\u00e1 tramitar la impugnaci\u00f3n por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente.\u00bb <\/p>\n

\u201cPrecepto orientado, evidentemente, a impedir que se contin\u00fae denegando el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de las partes por simples requisitos de forma, y a corregir las pr\u00e1cticas que se vienen presentando en esta materia, pues una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el ordenamiento jur\u00eddico, imponen a la judicatura propender por la efectividad de las garant\u00edas procesales y no por su obstaculizaci\u00f3n como ocurri\u00f3 en este caso. <\/p>\n

\u201cEl respeto por las formas propias de cada juicio no implica, en manera alguna que los ritos procesales sean un fin en s\u00ed mismos, todo lo contrario, la primac\u00eda de lo sustancial, impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de la administraci\u00f3n de justicia y de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a ella. <\/p>\n

\u201cNo se trata de avalar el desconocimiento absoluto de la ritualidad procesal, pero tampoco de que el funcionario judicial atienda de manera tan rigurosa a esas formalidades, pues ello apareja un \u00abexcesivo ritual manifiesto\u00bb que sacrifica prerrogativas constitucionales para salvaguardar la forma. <\/p>\n

\u201cAnte tal horizonte, es evidente que la autoridad demandada, no garantiz\u00f3 la prevalencia del derecho sustancial, tal como lo ordena el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y se atuvo m\u00e1s a la literalidad de las palabras que a la verdadera intenci\u00f3n del recurrente6 (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

En segundo t\u00e9rmino, como ninguna apreciaci\u00f3n provocaron las excusas alegadas por la tutelante, se establece el quebranto del debido proceso por ausencia de motivaci\u00f3n, pues le correspond\u00eda al acusado analizar los motivos de la inasistencia a la diligencia, a la luz de los criterios arriba expuestos, y decidir si los acog\u00eda o no -como caso fortuito o fuerza mayor-, con las consecuencias procesales pertinentes. <\/p>\n

Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de sustentar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n

El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del litigio. <\/p>\n

4.\tDeviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada por virtud del control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Igualmente, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19698, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone la observancia de la Convenci\u00f3n en forma irrestricta. <\/p>\n

4.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5.\tLa salvaguarda impetrada ser\u00e1 dispensada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tCONCEDER la tutela solicitada por Construcciones Neicco Limitada -en liquidaci\u00f3n- frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por las magistradas Martha Isabel Garc\u00eda Serrano, Hilda Gonz\u00e1lez Neira y Ruth Elena Galvis Vergara, con ocasi\u00f3n del asunto \u201cordinario\u201d incoado por la aqu\u00ed actora contra la Cooperativa de los Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales. <\/p>\n

En consecuencia, se le ordena a la magistrada ponente en el asunto denunciado, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la recepci\u00f3n del expediente objeto de amparo, proceda a disponer la adecuaci\u00f3n del recurso incoado por la tutelante frente a la deserci\u00f3n de la alzada y, al definirlo, se pronuncie sobre las exculpaciones alegadas por el representante judicial de aqu\u00e9lla, de acuerdo con lo consignado en este prove\u00eddo. <\/p>\n

TERCERO:\tSi este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nAunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb.
\nCiertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado.
\nDe esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido
\no amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la. Convenci\u00f3n, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb 2; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la. Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

Magistrado
\n___________________
\n1 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n2 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nCon el merecido respeto hacia el criterio mayoritario y aunque concuerdo en que los hechos expuestos por la accionante ameritaban el otorgamiento del amparo constitucional, la raz\u00f3n para ello, a mi juicio, resid\u00eda en que no proced\u00eda declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante.
\nEn ese sentido y tal como lo he puesto de presente en m\u00faltiples oportunidades, la indicada no es una consecuencia que est\u00e9 asignada a la falta de comparecencia del apelante a la audiencia a que alude el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso.
\nAl respecto, aunque dicho estatuto introdujo varios cambios en el r\u00e9gimen de los medios de impugnaci\u00f3n, a ninguna de sus previsiones puede atribu\u00edrsele el anotado efecto, y si bien no se desconoce que en virtud de la implementaci\u00f3n del sistema procesal de oralidad \u00ablas actuaciones se cumplir\u00e1n en forma oral, p\u00fablica y en audiencias\u00bb (art. 3\u00b0), a la par debe admitirse que la misma codificaci\u00f3n consagra excepciones que son aquellas actuaciones que \u00abexpresamente se autorice realizar por escrito o est\u00e9n amparadas por reserva\u00bb (ib\u00eddem), de ah\u00ed que la oralidad no tenga el alcance absoluto y totalizador sobre las formas procesales que algunos quieren ver en ella, y que no todos los escritos presentados por las partes pueden considerarse desprovistos de efectos en ausencia de actuaci\u00f3n oral.
\nTrat\u00e1ndose de los recursos ordinarios, los art\u00edculos 318, 322, 331 y 353 del citado estatuto evidencian que es admisible y procedente la sustentaci\u00f3n escrita de tales mecanismos, los cuales materializan el derecho a controvertir las decisiones judiciales como una de las m\u00e1s claras manifestaciones de las garant\u00edas fundamentales de defensa y debido proceso.
\nEl art\u00edculo 318 establece que el recurso de reposici\u00f3n \u00abdeber\u00e1 interponerse con expresi\u00f3n de las razones que lo sustenten\u00bb y si el prove\u00eddo cuestionado se pronunci\u00f3 fuera de audiencia, el recurrente tendr\u00e1 que formularlo \u00abpor escrito dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al de la notificaci\u00f3n del auto\u00bb.
\nId\u00e9ntica regla se consagra para la apelaci\u00f3n de providencias que no se dicten en audiencia, pues de conformidad con el art\u00edculo 322, la interposici\u00f3n deber\u00e1 tener lugar \u00aben el acto de su notificaci\u00f3n personal o por escrito dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n por estado\u00bb (inciso 2); luego precept\u00faa que trat\u00e1ndose de autos \u00abel apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez que dict\u00f3 la providencia, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n, o a la del auto que niega la reposici\u00f3n\u00bb y finalmente expresa que resuelta la reposici\u00f3n y concedida la apelaci\u00f3n, \u00abel apelante, si lo considera necesario, podr\u00e1 agregar nuevos argumentos a su impugnaci\u00f3n, dentro del plazo se\u00f1alado en este numeral\u00bb (lo que necesariamente se har\u00e1 por escrito) .
\nSi el apelado es un fallo proferido en audiencia, la norma estatuye que el recurso se interpondr\u00e1 \u00aben forma verbal inmediatamente despu\u00e9s de pronunciada\u00bb y all\u00ed mismo o \u00abdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n\u00bb, el apelante deber\u00e1 \u00abprecisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n\u00bb, y en cuanto a la apelaci\u00f3n adhesiva se indica que aquella se interpone a trav\u00e9s de \u00abescrito de adhesi\u00f3n\u00bb presentado ante el juez, \u00abmientras el expediente se encuentre en su despacho o ante el superior hasta el vencimiento del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite apelaci\u00f3n de la sentencia\u00bb. <\/p>\n

El art\u00edculo 331 respecto de la s\u00faplica expresa que deber\u00e1 interponerse \u00abdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del auto, mediante escrito dirigido al magistrado sustanciador, en el que se expresar\u00e1n las razones de su inconformidad\u00bb.
\nY por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el recurso de queja, precept\u00faa el art\u00edculo 353 que el \u00abescrito se mantendr\u00e1 en la secretar\u00eda por tres (3) d\u00edas a disposici\u00f3n de la otra parte para que manifieste lo que estime oportuno\u00bb. <\/p>\n

La rese\u00f1a precedente deja en evidencia que el legislador ha autorizado la formulaci\u00f3n y sustentaci\u00f3n escrita de los recursos ordinarios en ciertos eventos, incluso trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n del fallo y aunque haya sido proferido en audiencia. <\/p>\n

En lo que ata\u00f1e al deber de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra autos y sentencias, es necesario atender que el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso
\nestablece que:
\n(…) En el caso de la apelaci\u00f3n de autos, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez que dict\u00f3 la providencia, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n, o a la del auto que niega la reposici\u00f3n. Sin embargo, cuando la decisi\u00f3n apelada haya sido pronunciada en una audiencia o diligencia, el recurso podr\u00e1 sustentarse al momento de su interposici\u00f3n. Resuelta la reposici\u00f3n y concedida la apelaci\u00f3n, el apelante, si lo considera necesario, podr\u00e1 agregar nuevos argumentos a su impugnaci\u00f3n, dentro del plazo se\u00f1alado en este numeral. <\/p>\n

Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada.
\nSi el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarar\u00e1 desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado.
\nDel precitado texto se colige que la deserci\u00f3n del recurso \u00fanicamente se presenta en las tres hip\u00f3tesis se\u00f1aladas, la \u00faltima de las cuales se circunscribe a que no se haya sustentado la impugnaci\u00f3n, evento que difiere de la inasistencia a la audiencia que menciona el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, omisi\u00f3n a la que, ni \u00e9ste ni el precepto 322 le asign\u00f3 esa consecuencia.
\nDe ah\u00ed que cuando se sustenta la apelaci\u00f3n previo a la audiencia a la que alude el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, bien sea cuando la exposici\u00f3n de los reparos
\nconcretos ante el juez a-quo constituye una explicaci\u00f3n suficiente de \u00ablas razones de su inconformidad con la providencia apelada\u00bb, que es en lo que, seg\u00fan el art\u00edculo 322 ejusdem, consiste la sustentaci\u00f3n de la alzada; o cuando antes de enviarse el diligenciamiento al juzgador ad quem, el impugnante presenta un escrito sustentatorio de su recurso, o de la misma manera procede cuando el expediente arriba a la segunda instancia, no debe exig\u00edrsele una doble sustentaci\u00f3n.
\nEs decir, agotado y cumplido el objeto de la fase de sustentaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 327 citado, reclamar al recurrente que adicional a la presentada, realice otra oral ante el superior, es una exigencia de por s\u00ed superflua, m\u00e1s de atender que las normas precitadas no proh\u00edben realizarla con anterioridad a la audiencia que tiene lugar en la segunda instancia.
\nPor lo anterior, discrepo de la posici\u00f3n que ha asumido la Sala en lo que concierne al momento y juzgador ante el cual debe sustentarse la alzada que se interponga contra la sentencia, pues considero que dicha oportunidad no se limita a la segunda instancia y ante el superior funcional, sino que tambi\u00e9n es procedente, v\u00e1lida y vinculante para el ad quem y los sujetos procesales, la sustentaci\u00f3n que el impugnante haga de su recurso vertical ante el juez de la primera instancia, bien en el momento mismo de su interposici\u00f3n o en el t\u00e9rmino adicional a que hace referencia el art\u00edculo 322 (inciso segundo del numeral 3\u00b0) para la exposici\u00f3n de los "reparos concretos", oportunidad que puede aprovechar para manifestar las razones de su inconformidad, con lo cual quedar\u00e1 sustentada la apelaci\u00f3n.
\nEn ese contexto, si eventualmente el recurrente no asiste a dicho acto, tal circunstancia no constituye un obst\u00e1culo para proferir el fallo, pues habi\u00e9ndose sustentado la impugnaci\u00f3n antes de la audiencia convocada por el ad-quem, aquel no podr\u00eda tenerla por inexistente o no presentada y, en consecuencia, declararla desierta, con mayor raz\u00f3n, si se atiende que el fallador tiene bajo su conocimiento los argumentos en los que se funda la censura.
\nObrar de modo contrario, a mi juicio, corresponde, no solo, a faltar al deber de todo funcionario judicial de decidir el asunto puesto a su consideraci\u00f3n y de acuerdo a su competencia, sino a imponer una sanci\u00f3n que la ley estableci\u00f3 para supuestos de hecho dis\u00edmiles, toda vez que la inasistencia del recurrente a la audiencia contemplada en el precepto 327, no equivale necesariamente a ausencia de sustentaci\u00f3n del recurso.
\nSobre ese aspecto, no puede perderse de vista que las normas sancionatorias son de interpretaci\u00f3n restrictiva' y no es posible extender su \u00e1mbito de acci\u00f3n a hip\u00f3tesis diferentes de las situaciones y circunstancias que el legislador consider\u00f3 ameritaban esa consecuencia desfavorable, ni tampoco es admisible desconocer el principio de legalidad de las sanciones consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que hace parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental al debido proceso aplicable a \u00abtodas las actuaciones judiciales y administrativas\u00bb, canon conforme al <\/p>\n

1 Precept\u00faa el art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Civil que \u00ablo favorable u odioso de una disposici\u00f3n no se tomar\u00e1 en cuenta para ampliar o restringir su interpretaci\u00f3n. La extensi\u00f3n que deba darse a toda ley se determinar\u00e1 por su genuino sentido, y seg\u00fan las reglas de interpretaci\u00f3n precedente\u00bb.
\ncual no puede existir pena o sanci\u00f3n sin ley que la establezca y precise la infracci\u00f3n o comportamiento merecedor de la misma.
\nEn relaci\u00f3n al \u00faltimo postulado, la Corte Constitucional, en sentencia C-475 de 2004 se\u00f1al\u00f3:
\n[.. 1 En efecto, dicho principio [el de legalidad de las sanciones], que forma parte de las garant\u00edas integrantes de la noci\u00f3n de debido proceso, exige la determinaci\u00f3n precisa de las penas, castigos o sanciones que pueden ser impuestas por las autoridades en ejercicio del poner punitivo estatal. Su operancia no se restringe a los asuntos penales, sino que tiene plena validez en el campo de la actividad sancionatoria de la Administraci\u00f3n, toda vez que la misma Carta enuncia que "El debido proceso se aplicar\u00e1 a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas." (C.P art. 29). (…) el comportamiento sancionable debe estar precisado inequ\u00edvocamente, como tambi\u00e9n la sanci\u00f3n correspondiente, a fin de garantizar el derecho al debido proceso a que alude el art\u00edculo 29 superior" (se resalta).
\nAl declarar la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, que castiga al recurrente incurso en el comportamiento expresamente previsto en la codificaci\u00f3n procesal, que es \u00fanica y exclusivamente la falta de sustentaci\u00f3n, el juzgador ad quem debe obrar con estricta sujeci\u00f3n a la ley y con la mayor cautela, moderaci\u00f3n y sensatez, pues la aplicaci\u00f3n injustificada de semejante castigo entra\u00f1a una restricci\u00f3n excesiva de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en el que se encuentra contenida la garant\u00eda de la tutela jurisdiccional efectiva.
\nAunque las actuaciones deban cumplirse en forma oral y en audiencia, no puede ignorarse que la implementaci\u00f3n de ese modelo tiene como finalidad que los usuarios cuenten con una administraci\u00f3n de justicia c\u00e9lere y efectiva, en cuyas
\nactuaciones por mandato del art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica debe prevalecer el derecho sustancial, lo que tambi\u00e9n impone el art\u00edculo 11 del C.G.P. que, corno uno de sus principios fundamentales, establece que \u00abal interpretar la ley procesal el juez debe tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb.
\nDe modo que el seguimiento estricto del sistema oral, que adem\u00e1s no es absoluto, pues el legislador mantuvo vigentes algunas actuaciones escritas, no puede emplearse como pretexto para restringir los derechos de los intervinientes en el proceso, porque el respeto de las formas propias de cada juicio no implica en manera alguna que los ritos procesales sean un fin en s\u00ed mismos; por el contrario, la primac\u00eda de lo sustancial impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n ordinaria.
\nAl respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-207 de 4 de abril de 2017, expuso que:
\ngla aplicaci\u00f3n de las reglas de car\u00e1cter procedimental no puede llegar a un grado de rigor tal, que se sacrifique el goce de los derechos fundamentales. Ha encontrado que:
\n"Si bien la actuaci\u00f3n judicial se presume legitima, se torna de hecho cuando el actuar del juez se distancia abiertamente del ordenamiento normativo, principalmente de la normatividad constitucional, ignorando los principios por los cuales se debe regir la administraci\u00f3n de justicia
\nY con mayor contundencia indic\u00f3:
\n"el juez que haga prevalecer el derecho procesal sobre el sustancial, especialmente cuando este \u00faltimo llega a tener la connotaci\u00f3n de fundamental, ignora claramente el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica que traza como par\u00e1metro de la administraci\u00f3n de justicia la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.
\n( …) si el derecho procesal se torna en obst\u00e1culo para la efectiva realizaci\u00f3n de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal har\u00eda \u00e9ste en darle prevalencia a las formas haciendo nuqatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administraci\u00f3n de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realizaci\u00f3n del derecho material (art. 228)."
\n(…) As\u00ed lo ha considerado la Corte incluso para el caso de los procedimientos de casaci\u00f3n, en los cuales el rigor procesal exige el cumplimiento de especiales u particulares requisitos formales (se subray\u00f3 para enfatizar).
\nLa anterior normatividad procesal con la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 (art. 352 C.P.C.), de manera an\u00e1loga al C\u00f3digo General del Proceso, establec\u00eda que la sustentaci\u00f3n de la alzada hab\u00eda de realizarse \u00abante el juez o tribunal que deban resolverlo\u00bb, es decir, el superior funcional; empero, al interpretar dicha norma esta Corporaci\u00f3n y la Corte Constitucional coincidieron en que proced\u00eda entender que el apelante ten\u00eda la posibilidad de sustentar la impugnaci\u00f3n ante el juez de conocimiento o ante el superior que deb\u00eda resolverla.
\nEn providencia de 22 de noviembre de 2010, esta Sala sostuvo:
\n\u00abAl respecto, bien se conoce que la reciente reforma procesal civil dio en revivir el requisito de sustentar el recurso de apelaci\u00f3n. Y puntualiz\u00f3 ciertamente que ha de sustentarse "ante el juez o tribunal que deba resolverlo", a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 in fine.
\nNo conviene que el asunto sea analizado de modo aislado,
\nporque lo que en definitiva arrojar\u00e1 luces sobre el particular ser\u00e1
\naquel que conectado aparezca con los principios que informan el recurso de apelaci\u00f3n. Es forzoso memorar, por ejemplo, que a\u00fan sigue operando el art\u00edculo 357 del mismo c\u00f3digo, y, por lo tanto, la "apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante". Vale decir, que cuando de desatar la alzada se trate, el ad quem debe averiguar normalmente lo que perjudicado tiene al apelante, porque se supone, "o se entiende" para emplear la propia expresi\u00f3n de la ley, que sobre eso versa la apelaci\u00f3n. As\u00ed ha sido siempre. Por donde se viene el pensamiento que al exigirse la sustentaci\u00f3n con car\u00e1cter obligatorio, so pena de deserci\u00f3n del recurso, lo que con ello se busca es facilitar, que no desplazar, aquella labor del juzgador, quien as\u00ed conocer\u00e1 m\u00e1s de cerca el inconformismo del apelante. En otras palabras, que el apelante llegue al ad-quem con m\u00e1s expresividad. Como es f\u00e1cil descubrirlo, all\u00ed lo determinante es que no se eche a perder esa posibilidad adicional de que el fallador se entere de modo expreso de lo que t\u00e1citamente est\u00e1 obligado a averiguar.
\nAs\u00ed las cosas, la inteligencia de la reforma en el punto no es la de que fatalmente deba sustentarse el recurso ante el superior. La norma habl\u00f3, s\u00ed, de que se sustentar\u00e1 "ante el juez o tribunal" que deba resolver la apelaci\u00f3n, pero no puede echarse al olvido que enseguida a\u00f1adi\u00f3 que "a m\u00e1s tardar" dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360… Por lo dem\u00e1s, nada justificar\u00eda semejante sacrificio al derecho de defensa, si es que de la sustentaci\u00f3n que se haga, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, al momento mismo de interponerlo, se enterar\u00e1 necesariamente el superior. Ninguna diferencia sustancial, pues, hay entre alegar all\u00e1 y hacerlo ac\u00e1. El enteramiento del superior, que es lo prevalente, ser\u00e1 en todo caso igual. Con el agregado, desde luego, de que si la segunda instancia debe surtirse en sede diferente a la del juez que dict\u00f3 la decisi\u00f3n apelada, ya tal posibilidad de sustentar ante \u00e9ste, am\u00e9n de armoniosa con el principio aludido, resulta por dem\u00e1s provechosa al principio de econom\u00eda (Rad. 2010-01969-01, citada en CSJ SC, 2 Abr. 2013, Rad. 2011-02620-00; se destaca).
\nA su vez, la Corte Constitucional, compartiendo la interpretaci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, en sentencia T-449 de 2004, indic\u00f3: <\/p>\n

10 del art\u00edculo 300 del C\u00f3digo Civil, el cual al se\u00f1alar las reglas de interpretaci\u00f3n de las leyes, establece que "Mil contexto de la ley servir\u00e1 para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armon\u00eda."
\nEn efecto, si en el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se hace una interpretaci\u00f3n de conformidad con los principios que orientan el recurso de apelaci\u00f3n, se debe concluir que al establecerse la sustentaci\u00f3n obligatoria del recurso, so pena de la deserci\u00f3n del mismo, se busca facilitar la tarea del juzgador, al saber m\u00e1s de cerca el inconformismo del apelante… Por ello, cuando la norma en cuesti\u00f3n consagra que "[E]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo… ", es porque precisamente permite acudir ante cualquiera de ellos. Dicha interpretaci\u00f3n se deriva del alcance de los principios de conservaci\u00f3n del derecho y de favorabilidad.
\nBajo esta perspectiva, si una norma admite diversas interpretaciones, es deber del int\u00e9rprete preferir aquella que m\u00e1s garantice el ejercicio efectivo de los derechos; en aras de preservar al m\u00e1ximo las disposiciones emanadas del legislador. Ahora bien, en trat\u00e1ndose de normas procesales LI de orden p\u00fablico dicha interpretaci\u00f3n debe privilegiar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia u los presupuestos que orientan el debido proceso. Pero, en caso contrario, es decir, cuando la interpretaci\u00f3n dada por el juez ordinario se aparta de los citados principios y derechos constitucionales, tal decisi\u00f3n se introduce en el terreno de la irrazonabilidad tomando procedente el amparo tutelar (subrayado a\u00f1adido para destacar).
\nNo obstante que los anteriores pronunciamientos no alud\u00edan al art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, brindan suficiente orientaci\u00f3n sobre la forma en que debe interpretarse ese precepto a fin de no vulnerar garant\u00edas fundamentales de las partes, dado que la finalidad de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n ante el superior no es otra que facilitar, que no desplazar, aquella labor del juzgador de conocer m\u00e1s de cerca los argumentos del apelante.
\nDe manera que cuando tal cometido se halla cumplido, porque de la sustentaci\u00f3n realizada previo a la audiencia del art\u00edculo 327 del C.G.P., necesariamente se van a enterar el
\njuzgador de segunda instancia y los dem\u00e1s sujetos procesales, es decir, los no impugnantes, desconocer dicho acto de la parte comporta un excesivo ritualismo que en aras de salvaguardar la forma sacrifica el derecho de defensa, pues ninguna diferencia sustancial existe entre la sustentaci\u00f3n presentada cuando el expediente o sus copias a\u00fan no han sido remitidas al superior y la expuesta ante este, o entre la que se efect\u00faa oralmente y aquella consignada en escrito en cualquiera de las instancias.
\n3. Bajo esa misma l\u00ednea de interpretaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en reciente pronunciamiento que estableci\u00f3 un cambio jurisprudencial, apart\u00e1ndose de lo considerado en primera instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, sostuvo que:
\nDel precitado texto surge que la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n \u00fanicamente se presenta en las tres hip\u00f3tesis se\u00f1aladas, la \u00faltima de las cuales se circunscribe a que no se haya sustentado la impugnaci\u00f3n, evento que difiere de la inasistencia a la audiencia que menciona el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del proceso, omisi\u00f3n a la que, ni \u00e9ste ni el precepto 322 le asign\u00f3 esa consecuencia.
\nDe manera que si el recurrente sustenta el recurso de apelaci\u00f3n, previo a la audiencia a que alude el citado art\u00edculo 327, al momento de interponerlo o dentro de los tres d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia, expresando con suficiencia \u00ablas razones de su inconformidad con la providencia apelada\u00bb que es lo que, seg\u00fan el art\u00edculo 322 ejusdem, se\u00f1ala, no habr\u00eda lugar a exigirle a la parte una doble sustentaci\u00f3n es decir, que adicional a la presentada ante el a-quo, realice otra ante el superior.
\nPor lo que la inasistencia del apelante a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo de segunda instancia, per se, no habilita la declaratoria de deserci\u00f3n del recurso, bien al t\u00e9rmino de la diligencia donde se dict\u00f3 la sentencia o dentro de los tres d\u00edas siguientes a ese acto procesal (inciso 2\u00b0, art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso), es viable decidir su censura, en atenci\u00f3n, precisamente, a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y a la necesidad de garantizar a los sujetos procesales,
\npartes e intervinientes en un litigio, derechos de raigambre superior como el acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, contradicci\u00f3n y doble instancia.
\nY concluy\u00f3:
\nEn ese sentido y a partir de la fecha se advierte el cambio jurisprudencial en punto a que interpuesto el recurso de apelaci\u00f3n y sustentado en debida forma ante el a-quo, el juez de alzada debe tramitarlo, as\u00ed el interesado no asista a la audiencia de sustentaci\u00f3n por \u00e9l programa, pues con ello se garantiza no solo el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, sino a un proceso justo, y recto; ya que esta Sala ven\u00eda sosteniendo de tiempo atr\u00e1s que aun cuando el apelante sustentara el recurso, su no asistencia a la audiencia ante el superior, habilitaba al juez a declararlo desierto. (STL3467-2018, 7 mar. 2018, Rad. 78527; STL3470-2018, Rad. 788847 de la misma fecha).
\nSobre la funci\u00f3n de los servidores judiciales, la Corte Constitucional, en la providencia de unificaci\u00f3n SU-573 de 14 de septiembre de 2017, indic\u00f3 que:
\nLa Constituci\u00f3n Pol\u00edtica impone el marco jur\u00eddico al cual debe circunscribirse la actividad judicial. En consecuencia, los principios, derechos y deberes superiores constituyen el l\u00edmite de la independencia y la autonom\u00eda de los operadores jur\u00eddicos. Por ende, las sentencias y dem\u00e1s providencias judiciales deben sujetarse "al car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n (art\u00edculo 4\u00b0 C.P.), la obligaci\u00f3n de dar eficacia a los derechos fundamentales (art\u00edculo 2\u00b0 C.P.), la primac\u00eda de los derechos humanos (art\u00edculo 5\u00b0 C.P.), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al debido proceso (art\u00edculo 29 C.P.), y la garant\u00eda al acceso a la administraci\u00f3n de justicia2 (art\u00edculo 228 C.P.)"3.
\nSi, en contrav\u00eda de lo anterior, un operador judicial desconoce la Constituci\u00f3n o la ley, incurre en un defecto sustantivo, haciendo procedente la acci\u00f3n de tutela para que se corrija el error judicial. La independencia y autonom\u00eda de los jueces "es para aplicar las normas, no para dejar de aplicar la Constituci\u00f3n (art\u00edculo 230 de la C.P.). Un juez no puede invocar su independencia para eludir el imperio de la ley, y mucho menos para no aplicar la ley de leyes, la norma suprema que es la Constituci\u00f3n (…)"4.
\n2 T-773 de 2011, T-1093 de 2014 y T-1048 de 2008.
\n3 SU-050 de 2017.
\n'Auto 071 de 2001.
\nPor consiguiente, el ejercicio del poder judicial es leg\u00edtimo en la medida en que permita "el logro eficaz de los fines propios de la organizaci\u00f3n estatal, entre los cuales se destacan, la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constituci\u00f3n, la vigencia de un orden justo u el respeto de la dignidad humana (art\u00edculo 2\u00b0 C.P)". Incluso, en este escenario se ha llegado a determinar de manera expresa la obligaci\u00f3n del funcionario judicial de inaplicar la ley en las circunstancias en que estas resulten contradictorias a las garant\u00edas fundamentales5.
\nAdicional a lo dicho, tampoco se desprende de los art\u00edculos 107 y 133 del C\u00f3digo General del Proceso que la inasistencia del recurrente a la diligencia de sustentaci\u00f3n y fallo, conlleve indefectiblemente a declarar desierto el recurso, pues tales disposiciones regulan circunstancias distintas.
\nEn efecto, esas disposiciones consagran la nulidad de la actuaci\u00f3n ante la ausencia del juez o de los magistrados e impone la convocatoria "a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar (…)\u00bb, as\u00ed como la invalidez del tr\u00e1mite si \u00abla sentencia se profier[e] por un juez distinto del que escuch\u00f3 los alegatos de conclusi\u00f3n o la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, pero cuando se presenta el cambio de juez que debe dictar la sentencia.
\nPor lo que es claro que van encaminadas a la necesidad de que el funcionario judicial sea quien presida las audiencias, las direccione, esto es, a que se garantice el principio de inmediaci\u00f3n (Art. 6 CGP), as\u00ed como a regular el tr\u00e1mite a seguir en caso de que se cambie de juez. Pero de ninguna manera, se desprende la obligatoriedad de sustentar el recurso de apelaci\u00f3n s\u00f3lo en la diligencia de segunda instancia o de acuerdo a una \u00fanica forma, ni menos la posibilidad de aplicar la sanci\u00f3n de deserci\u00f3n del recurso <\/p>\n

T-637 de 2010
\ndispuesta para la falta de sustentaci\u00f3n a circunstancias de hecho distintas, como la inasistencia del recurrente a la audiencia.
\nEs as\u00ed, que concretamente en el tercer debate del Senado, como explicaci\u00f3n para adicionar esas modificaciones al C\u00f3digo, se indic\u00f3 que:
\nEn primer lugar… la ausencia del juez o de los magistrados en la audiencia solo generar\u00e1 la nulidad de la respectiva actuaci\u00f3n cuando esta sea solicitada por los interesados.
\nEn segundo lugar, con el prop\u00f3sito de garantizar el principio de inmediaci\u00f3n en el procedimiento, se consagra en el numeral primero un nuevo inciso (el cuarto) de acuerdo con el cual, cuando se produzca cambio de juez que deba proferir sentencia en primera o segunda instancia, se deber\u00e1 convocar a una audiencia especial por parte del juez que lo sustituya, la cual tendr\u00e1 como \u00fanico fin que las partes presenten sus alegatos de conclusi\u00f3n. Esto le permite al juez aprehender mejor los argumentos expuestos en los alegatos.
\nY m\u00e1s adelante se expuso:
\nConsecuentes con las modificaciones del art\u00edculo 107 ya mencionadas relativas a la obligaci\u00f3n que tiene el juez que deba dictar sentencia u no haya estado presente cuando se expusieron los alegatos de conclusi\u00f3n, de convocar a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar, se cre\u00f3 una nueva causal de nulidad (numeral 6) consistente en omitir la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. Lo anterior con el fin de consolidar el principio de inmediaci\u00f3n en el sistema oral.6
\nEn ese orden, es claro que a partir de la interpretaci\u00f3n de dichos preceptos, tampoco es posible fundar la aplicaci\u00f3n de una sanci\u00f3n a una circunstancia de hecho distinta de la contemplada por el C\u00f3digo General del Proceso, esto es, la deserci\u00f3n del recurso por la ausencia de la recurrente a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. <\/p>\n

6Recuperadode
\nhttp: www.imprenta.gov.co \/gacetap\/ gaceta.mostrar documento?p tipo= 2286p_numero=15986p_consec=32069.
\n4. De otra parte, se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un "control de convencionalidad" a partir de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y del bloque de constitucionalidad; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas.
\nLa figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos.
\nConsideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMAGISTRADO <\/p>\n

1 \tHace \treferencia a la audiencia inicial.
\n2 \tCSJ. \tSTC18105 de 2 de noviembre de 2017, \texp.11001-22-10-000-2017-00633-01.
\n3 \tCSJ. \tCivil, sentencia de 29 abril de 2005, exp. 0829-92.
\n4 \tCSJ. \tSTC1131 de 5 de febrero de 2018, exp. \t52001-22-13-000-2017-00289-01.
\n5 \tCSJ. \tSTC7921 de 21 de junio de 2018, exp. 11001-02-03-000-2018-01666-00
\n6 \tCSJ. \tSTC16395-2017 \texp. \t05001-22-10-000-2017-00296-01
\n7 \tCSJ. \tSTC13229 \tde 11 de octubre de 2018, exp. \t11001-22-10-000-2018-00485-01
\n8 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n9 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n10 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n13 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC015-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03953-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019) Se procede a decidir la tutela impetrada por Construcciones Neicco Limitada -en liquidaci\u00f3n- frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102583","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102583","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102583"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102583\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102583"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102583"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102583"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}