{"id":102585,"date":"2026-07-02T16:09:33","date_gmt":"2026-07-02T16:09:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102585"},"modified":"2026-07-02T16:09:33","modified_gmt":"2026-07-02T16:09:33","slug":"stc017-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc017-2019\/","title":{"rendered":"STC017-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC017-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00932-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el seis de noviembre de dos mil dieciocho por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira en la acci\u00f3n de tutela que Javier El\u00edas Arias present\u00f3 contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El solicita la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial accionada, quien dentro de las acciones populares que present\u00f3 contra Banco Davivienda y BBVA, conocidas bajo los radicados 2018-00421 y 2018-00420, respectivamente, el pasado 18 de octubre decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto la referida determinaci\u00f3n, y en su lugar se ordene al despacho judicial accionado, continuar con los tr\u00e1mites populares que adelant\u00f3. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El accionante present\u00f3 acci\u00f3n popular en contra de BBVA y Banco Davivienda, con el fin de lograr que en las instalaciones de dichas entidades bancarias se construyeran ba\u00f1os de uso p\u00fablico. <\/p>\n

2. El conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, despacho judicial que asign\u00f3 a la primera queja el radicado 2018-00420 y a la segunda el 2018-00421, emitiendo dentro de ambos tr\u00e1mites autos de 15 de mayo de 2018 a trav\u00e9s de los cuales dispuso su admisi\u00f3n, ordenando la notificaci\u00f3n de las entidades crediticias. <\/p>\n

3. Teniendo en cuenta que el accionante no acredit\u00f3 actuaci\u00f3n tendiente al enteramiento de las entidades convocadas, en auto de 11 de julio de 2018 se le requiri\u00f3, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 317 de C\u00f3digo General del Proceso, para que en un plazo m\u00e1ximo de 30 d\u00edas informara de la admisi\u00f3n a las entidades financieras. <\/p>\n

4. Cumplido el plazo otorgado, sin que se hubiere notificado a las demandadas, en auto de 18 de octubre de 2018 se dispuso la terminaci\u00f3n de los tr\u00e1mites populares, por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n

5. Contra la anterior decisi\u00f3n, el actor popular formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

6. Javier El\u00edas Arias Idarraga acude al amparo constitucional por estimar que la terminaci\u00f3n de los juicios populares lesiona sus derechos fundamentales, pues existen varios pronunciamientos jurisprudenciales que han se\u00f1alado la improcedencia de aplicar el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso en acciones populares. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 23 de octubre de 2018 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados en el proceso, para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

2. El Juzgado accionado remiti\u00f3 copia escaneada de los expedientes contentivos de las acciones populares cuestionadas. <\/p>\n

3. En sentencia del 6 de noviembre de 2018 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira deneg\u00f3 el amparo por considerar que el mismo es prematuro, toda vez que la acci\u00f3n de tutela se promovi\u00f3 sin esperar que el juzgado accionado resolviera lo pertinente frente a los recursos de apelaci\u00f3n que el actor formul\u00f3 contra las providencias que dispusieron la terminaci\u00f3n de las acciones populares. <\/p>\n

4. En desacuerdo, el tutelante impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la actuaci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, estableci\u00f3 las causales de improcedencia de la acci\u00f3n, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como protecci\u00f3n provisional, advirtiendo, eso s\u00ed, que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto se evidencia que el reclamante est\u00e1 haciendo uso de los mecanismos de defensa que la normatividad legal le brinda para el pleno ejercicio de su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, atendiendo el car\u00e1cter residual y absolutamente excepcional del amparo constitucional, no puede desconocer esta Sala que al momento de interponerse la acci\u00f3n de tutela, a\u00fan estaban pendientes de resolverse los recursos de apelaci\u00f3n que el actor formul\u00f3 contra los autos que ordenaron la terminaci\u00f3n de los tr\u00e1mites constitucionales promovidos por el actor. <\/p>\n

Dicha situaci\u00f3n, permite concluir que el quejoso acudi\u00f3 de forma apresurada al amparo constitucional, tornando, en consecuencia, improcedente la protecci\u00f3n reclamada, pues sin haberse definido a\u00fan tal planteamiento por parte del juez natural, inapropiado resulta acudir a este mecanismo excepcional, so pretexto de una posible negativa frente al punto. <\/p>\n

De ah\u00ed, entonces, que si el quejoso acudi\u00f3 ante el juez y elev\u00f3 petici\u00f3n de similares caracter\u00edsticas a la que aqu\u00ed se estudia, sin que a\u00fan se haya definido tal pedimento, resulta inviable entrar a analizar a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional la soluci\u00f3n de una controversia respecto de la cual no se ha emitido pronunciamiento definitivo alguno. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

3. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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