{"id":102586,"date":"2026-07-02T16:09:38","date_gmt":"2026-07-02T16:09:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102586"},"modified":"2026-07-02T16:09:38","modified_gmt":"2026-07-02T16:09:38","slug":"stc018-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc018-2019\/","title":{"rendered":"STC018-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC018-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-03882-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Marcela Ochoa P\u00e1ez contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

En el libelo introductorio de la presente tutela, la accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso que estima conculcados por las autoridades accionadas quienes tras haber realizado una indebida valoraci\u00f3n probatoria, impusieron en su contra sanci\u00f3n de 2 a\u00f1os de suspecnion en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, se revoquen las sentencias del 17 de junio de 2016 y del 17 de mayo de 2018 proferidas por el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, respectivamente. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 11 de febrero de 2015 el \tJuzgado Primero Municipal de Villavicencio compuls\u00f3 copias a \tla se\u00f1ora Claudia \tMarcela Ochoa P\u00e1ez \u2013 aqu\u00ed accionante- porque al \tparecer instaur\u00f3 dos acciones de tutela con identidad de \tpartes, hechos y pretensiones, en representaci\u00f3n de la se\u00f1ora \tMaria del Carmen Castro Franco. <\/p>\n

2. Mediante auto del 18 de marzo \tde 2018 el Magistrado sustanciador del Consejo \tSeccional de la Judicatura del Meta, dispuso abrir investigaci\u00f3n \tdisciplinaria y fij\u00f3 fecha y hora para realizar audiencia de \tpruebas y calificaci\u00f3n profesional para el d\u00eda 6 de \tjulio del mismo a\u00f1o. <\/p>\n

3. En la audiencia de pruebas y \tcalificaci\u00f3n provisional el a quo indic\u00f3 que \tpresuntamente la abogada pudo haber incurrido en la falta \testablecida en el numeral 3 del art\u00edculo 33 de la Ley 1123 de \t2007, pues de los hechos se extrae que promovi\u00f3 dos acciones \tde tutela por los mismos hechos y con identidad de partes. La \tconducta fue calificada a t\u00edtulo de dolo y se orden\u00f3 \tal juzgad Sexto Civil de Bogot\u00e1 para que allegara copia del \tproceso de tutela 2014-00306. <\/p>\n

4. El 28 de abril de 2016 se \tllev\u00f3 a cabo audiencia de juzgamiento. <\/p>\n

5. En sentencia del 17 de junio \tdel mismo a\u00f1o, la Sala Dual de instancia sancion\u00f3 con \tla suspensi\u00f3n de dos a\u00f1os en el ejercicio de la \tprofesi\u00f3n de abogado a la accionante tras hallarla \tresponsable de la comisi\u00f3n de la falta descrita en el \tart\u00edculo 33 numeral 3 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n

6. Dentro de la oportunidad \tlegalmente establecida, la abogada sancionada interpuso recurso de \tapelaci\u00f3n. <\/p>\n

7. El 17 de mayo de 2018 la Sala \tJurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, \tal desatar el recurso interpuesto, confirm\u00f3 la sentencia \tapelada tras considerar que esta se ajusta a derecho y cumple con \tlos principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. \t[Folio 104, c1] <\/p>\n

8. La accionante acude al amparo \tconstitucional por estimar que las referidas determinaciones \tvulneran sus derechos fundamentales y obedecen a una indebida \tvaloraci\u00f3n probatoria, asimismo, considera que en el caso se \taplic\u00f3 un r\u00e9gimen de responsabilidad objetiva pues no \testaba demostrado el dolo en las conductas objeto de sanci\u00f3n. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. Por auto de 4 de diciembre de \t2018 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 \tcorrer traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de \tdefensa. <\/p>\n

2. Al momento de someterse a discusi\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n en la presente acci\u00f3n, los convocados no hab\u00edan efectuado ninguna manifestaci\u00f3n frente a la solicitud de resguardo. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Esta Corporaci\u00f3n es competente para conocer la presente solicitud de amparo, atendiendo que: <\/p>\n

i) La atribuci\u00f3n de competencia en materia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra prevista en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, que la reglament\u00f3. Sin embargo, esa disposici\u00f3n s\u00f3lo se ocup\u00f3 de la competencia preventiva y territorial, de ah\u00ed que el Decreto 1382 de 2000 -dictado por el Presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica-, introdujo el factor funcional en dicha materia, criterio que ha sido ampliamente reiterado por esta Sala.
\nii) La precitada norma fue compilada en el Decreto 1069 de 2015, cuyo art\u00edculo 2.2.3.2.1 fij\u00f3 las reglas de competencia funcional aplicables a las solicitudes de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

iii) El Decreto 1983 de 2017, que entr\u00f3 en vigencia el 30 de noviembre de esa anualidad, reform\u00f3 el indicado precepto. <\/p>\n

iv) En su numeral 11 determin\u00f3 que \u201cCuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u201d. <\/p>\n

v) Dado que la presente queja constitucional se dirigi\u00f3 contra dos autoridades de distinto nivel: el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y el Consejo Superior de la Judicatura, el competente es el juzgador a quien le corresponda conocer los reclamos de esa naturaleza contra la autoridad accionada de mayor nivel, es decir, frente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

vi) Eentre las variaciones realizadas por el Decreto 1983 de 2017, se encuentra la consagrada en el numeral 8\u00b0, el cual modific\u00f3 la competencia para conocer las peticiones de amparo promovidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura, pues en vigencia del Decreto 1382 de 2000 y del Decreto 1069 de 2015, las acciones de tutela promovidas contra esos \u00f3rganos en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, deb\u00edan ser conocidas por \u00e9stas; y en la nueva normatividad, el conocimiento \u201cen primera instancia y a prevenci\u00f3n\u201d le corresponde a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado. <\/p>\n

En efecto, en el indicado numeral se estableci\u00f3: <\/p>\n

8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n

vii) En lo que ata\u00f1e a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, el art\u00edculo 257 de la Carta Pol\u00edtica, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015 estableci\u00f3 que dicho \u00f3rgano y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial \u201cno ser\u00e1n competentes para conocer de acciones de tutela\u201d. <\/p>\n

viii) La modificaci\u00f3n introducida en la regla de competencia contemplada en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017 tiene por objeto racionalizar o desconcentrar el conocimiento de las acciones de tutela \u201cpara mejorar la eficacia, cobertura y especialidad del mecanismo\u201d seg\u00fan se indic\u00f3 en los considerandos de dicha reglamentaci\u00f3n, lo cual no se advierte lesivo de los principios constitucionales, ni de los derechos fundamentales del accionado al debido proceso y a ser juzgado por su juez natural. <\/p>\n

ix) Por el contrario, constituye un desarrollo del principio superior de efectividad de los derechos fundamentales (art. 2 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) y materializa el derecho a impugnar el fallo (art. 31 ib\u00eddem), prerrogativa que se erige en garant\u00eda esencial del debido proceso y de la defensa (art. 29 ib\u00eddem) en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela (art. 31 Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n

Lo anterior por cuanto, como lo ha explicitado la jurisprudencia de la Corte Constitucional: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) a diferencia de \u201ca diferencia del resto de corporaciones judiciales como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ejerce la mayor\u00eda de sus funciones en Sala Plena1 y tan s\u00f3lo para efectos de los procesos disciplinarios puede crear subgrupos, de acuerdo con la instancia en que la que se asume dicho tr\u00e1mite2. De ah\u00ed que, todo asunto distinto al citado proceso sancionatorio, incluyendo las acciones de tutela, son conocidas por el pleno de la Sala, lo que impide respecto de esta acci\u00f3n, la posibilidad de que se surta la segunda instancia al no existir salas o secciones que permitan rotar los asuntos\u2026\u00bb. <\/p>\n

El conocimiento por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en primera instancia, de las acciones de tutela promovidas en su contra o frente a sus hom\u00f3logas de los Consejos Seccionales de la Judicatura \u00abacarrear\u00eda una imposibilidad jur\u00eddica para tramitar la segunda instancia, lo cual contraviene abiertamente la Constituci\u00f3n\u00bb (A-232A-2002, A-082-2003, A-084-2003, A-189-2008. A-205-2003, A-025-2016, A-209-2016, A-270-2018, A-290-2018, A-293-2018, A-656-2018, entre otros), criterio que acoge esta Sala. <\/p>\n

La divisi\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia en salas especializadas, en cambio, asegura que la solicitud de protecci\u00f3n constitucional sea conocida por una autoridad judicial diferente de aquellas que profirieron las decisiones cuestionadas ante esta sede residual (providencia de 31 de marzo de 2016 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y decisi\u00f3n de 2 de agosto de 2017 dictada por la Sala del mismo nombre del Consejo Superior de la Judicatura), y adem\u00e1s, garantiza el principio supralegal de la doble instancia. <\/p>\n

x) En ese sentido, la asignaci\u00f3n expresa de competencia, en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, no es contraria a la Carta Magna y en consecuencia, no puede fundamentar una excepci\u00f3n de inconstitucionalidad como la planteada por el Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que, en su intervenci\u00f3n en este tr\u00e1mite, reclam\u00f3 a favor de dicha autoridad la remisi\u00f3n del expediente para decidir la solicitud de amparo por ser el juez natural de los asuntos disciplinarios, objeci\u00f3n que esta Sala encuentra infundada. <\/p>\n

xi) De acuerdo con el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, a ning\u00fan juzgador le est\u00e1 permitido invocar las reglas contenidas en esa norma \u201cpara rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia\u201d, previsi\u00f3n que tiene el prop\u00f3sito de eliminar las barreras en el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales por sus titulares, de ah\u00ed que recibida la queja constitucional por la Corte Suprema de Justicia, \u00e9sta no pod\u00eda desprenderse de ella, ni remitir el diligenciamiento a la autoridad accionada de mayor jerarqu\u00eda para su conocimiento interno; por tal raz\u00f3n, a la Sala de Casaci\u00f3n Civil no le est\u00e1 autorizado constitucionalmente anular el tr\u00e1mite de la primera instancia que v\u00e1lidamente se surti\u00f3 ante su hom\u00f3loga Penal de esta Corporaci\u00f3n y, en su lugar, declararse incompetente. <\/p>\n

xii) Una decisi\u00f3n de ese talante quebrantar\u00eda los principios de celeridad, sumariedad, econom\u00eda, eficacia, tutela jurisdiccional efectiva y salvaguarda cierta de los derechos fundamentales del reclamante, que gobiernan la acci\u00f3n de tutela, toda vez que conllevar\u00edan obstaculizar el acceso oportuno a la administraci\u00f3n de justicia y dilatar la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n de fondo frente a la denuncia de vulneraci\u00f3n de prerrogativas superiores que contiene la solicitud de amparo.
\n\u00a0
\n2. Aclarado el punto atinente a la competencia de la Corte para conocer la queja constitucional y de esta Sala en particular para decidir la impugnaci\u00f3n presentada por la accionante es preciso resaltar que tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en esos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

Una de las causas que justifican la procedencia de la tutela contra actuaciones judiciales se da cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales o la jurisprudencia aplicable al caso, situaci\u00f3n que termina produciendo decisiones que vulneran derechos fundamentales. <\/p>\n

3. En el asunto sub examine, aunque el reclamo constitucional se dirige en contra de las decisiones proferidas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y su superior funcional, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la que dict\u00f3 el juzgador de la segunda instancia, toda vez que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por el ad quem para imponerle la tutelante una sanci\u00f3n de dos a\u00f1os de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n, por hallarla responsable de la comisi\u00f3n de la falta descrita en el numeral 3 del art\u00edculo 33 de la Ley 1123 de 2007, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En el presente asunto, el gestor de la s\u00faplica se sancion\u00f3 con dos (2) a\u00f1os de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n, por incurrir en falta a la recta y real realizaci\u00f3n de la justicia y los fines del Estado, contenida en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 33 de la ya anotada ley, consistente en \u00ab promover la presentaci\u00f3n de varias acciones de tutela con respecto a los mismos hechos y derechos\u00bb, pues en criterio de la autoridad accionada, la abogada a pesar de conocer que se hab\u00eda promovido una primera acci\u00f3n en la ciudad de Bogot\u00e1, aduciendo una falta de notificaci\u00f3n de decisi\u00f3n de fondo, acudi\u00f3 a la cuidad de Villavicencio y en calidad de coadyuvante interpuso la misma acci\u00f3n de tutela, manifestando bajo gravedad de juramento que n hab\u00eda iniciado otra acci\u00f3n de amparo por los mismo hechos lo cual era ajeno a la realidad. [Folio 98, c4] <\/p>\n

Dicho raciocinio es cuestionado por la aqu\u00ed tutelante, quien estima que la Corporaci\u00f3n colegiada, aplic\u00f3 un r\u00e9gimen de responsabilidad objetiva pues no estaba demostrado el dolo en las conductas objeto de sanci\u00f3n. <\/p>\n

Sin embargo, verificada la providencia cuestionada, posible es advertir que esto no es cierto pues las autoridades accionadas a lo largo de sus providencias hicieron un an\u00e1lisis de las pruebas dentro del proceso. <\/p>\n

\u00ab[a]s\u00ed las cosas, las conductas desplegadas por la togada denunciada se tornan indiscutiblemente antijur\u00eddicas, pues atentan de manera grave los principios con lo que debe cumplirse la profesi\u00f3n de abogado y no tienen ninguna justificaci\u00f3n mas cuando declar\u00f3 bajo gravedad de juramento que no hab\u00eda interpuesto acci\u00f3n de amparo constitucional por los mismos hechos, situaci\u00f3n que no era cierta y que perfectamente conoc\u00eda la disciplinada. <\/p>\n

Concluyendo de lo anterior, que la abogada a pesar de haber manifestado bajo gravedad de juramento que no hab\u00eda presentado una acci\u00f3n por los mismo hechos, decidi\u00f3 conscientemente interponer una segunda acci\u00f3n. <\/p>\n

La Corporaci\u00f3n estableci\u00f3 que est\u00e1 probado que la disciplinada era conocedora de que su actuar era contrario al derecho, en ese sentido, precis\u00f3: <\/p>\n

(\u2026) [c]oncluyendo su actuar en una conducta contraria a la recta y leal administraci\u00f3n de la justica y los fines del Estado realizada en forma dolosa, pues es evidente el \u00e1nimo antijur\u00eddico con el que actu\u00f3 la profesional de derecho inculpada, pues era conocedora que su actuaci\u00f3n era contraria a derecho y no obstante a ello decidi\u00f3 promover una acci\u00f3n de tutela a sabiendas que ya hab\u00eda iniciado una acci\u00f3n de este tipo por los mismos hechos\u00bb. [Folio 99, c4] <\/p>\n

3. Aquellas consideraciones no evidencian capricho del juez colegiado acusado, como tampoco sus razones merecen el calificativo de absurdas ni de autoritarias, y con independencia de que se comparta o no su interpretaci\u00f3n, no es posible descalificar la providencia emitida, cuando la misma no se evidencia infundada ni arbitraria, de modo que no se amerita el otorgamiento del amparo invocado, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a la acci\u00f3n de tutela para imponer al fallador una determinada valoraci\u00f3n de las pruebas, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, porque, es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n

As\u00ed lo ha sostenido la jurisprudencia, al determinar que \u00abs\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb.3 <\/p>\n

De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n de la solicitante del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a la interpretaci\u00f3n jur\u00eddica y valoraci\u00f3n probatoria en que la autoridad accionada se soport\u00f3 para declarar la incursi\u00f3n de la falta disciplinaria, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran. <\/p>\n

Entonces queda claro que lo pretendido por el quejoso, es anteponer su propio criterio al del despacho accionado y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera le desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

4. Las anteriores razones se estiman entonces suficientes para negar el amparo pretendido. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional invocado. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, de no ser impugnada la presente sentencia, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nMAGISTRADA MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03882-00 <\/p>\n

Con el acostumbrado respeto, si bien comparto la decisi\u00f3n de la Sala en los aspectos relacionados con el fondo del asunto en el sentido de no tutelar los derechos reclamados por el accionante, considero oportuno hacer aclaraci\u00f3n a la decisi\u00f3n mayoritaria adoptada en el proceso identificado con la radicaci\u00f3n precedente en lo referente a la competencia de esta Sala. <\/p>\n

1. Este asunto tr\u00e1tese de la acci\u00f3n de tutela presentada por Claudia Marcela Ochoa P\u00e1ez contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta. <\/p>\n

2. Mi aclaraci\u00f3n obedece a que en la providencia que desat\u00f3 la primera instancia en sede constitucional se estim\u00f3 por los dem\u00e1s magistrados que la Corte Suprema de Justicia, a prevenci\u00f3n, s\u00ed es competente para conocer en primera instancia de las acciones de amparo formuladas en frente de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, y el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, Sala Disciplinaria, basado en los siguientes argumentos, a saber: (i) que de conformidad con el numeral 11 del Decreto 1983 de 2017, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.2.1 del Decreto 1069 de 2015, cuando la tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda; (ii) que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial no son competentes para conocer de acciones de tutela; (iii) que la modificaci\u00f3n introducida en la regla de competencia en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, no es lesivo de los principios constitucionales, ni de los derechos fundamentales del accionado al debido proceso y a ser juzgado por juez natural y (iv) que el conocimiento por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en primera instancia, de las acciones de tutela promovidas en su contra o frente a sus hom\u00f3logos de los Consejos Seccionales de la judicatura acarrea una imposibilidad jur\u00eddica para tramitar la segunda instancia, misma que si lo asegura la divisi\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia en salas especializadas, raz\u00f3n para asumir la competencia en este caso. <\/p>\n

3. Advierto, para evitar equ\u00edvocos, que de acuerdo al numeral 2\u00ba, art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, \u201cLo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, secci\u00f3n o subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00ba del presente decreto\u201d; esta norma se mantiene vigente hasta tanto entre en funcionamiento la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, que es el organismo que remplaza a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. <\/p>\n

4. Por tanto, no resulta aplicable en este momento, la regla de reparto del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba, del Decreto 1983 de 2017, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, referida a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, normatividad que adscribe competencia para conocer de las acciones de tutelas contra esa entidad en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resuelve por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4., del presente decreto. Sin embargo, s\u00ed est\u00e1 vigente el aparte del referido decreto en lo concerniente con las acciones de tutelas contra el Consejo Superior de la Judicatura, compuesto solo por la Sala Administrativa, que no desapareci\u00f3, como si aconteci\u00f3 con la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la que con la expedici\u00f3n del acto legislativo 02 de 2015, ya no hace parte de dicho \u00f3rgano. <\/p>\n

5. De igual forma y por el mismo motivo, a\u00fan no es aplicable el Par\u00e1grafo del art\u00edculo 19 del acto legislativo 02 de 2015, que priv\u00f3 de competencia a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial para conocer de acciones de tutela, por la pot\u00edsima raz\u00f3n que todav\u00eda no est\u00e1n funcionando y, mientras as\u00ed suceda, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales mantienen intacta sus competencias hasta cuando cesen en sus funciones. <\/p>\n

6. Luego, a\u00fan no se puede invocar la reglamentaci\u00f3n en precedencia para reclamar competencia en materia de tutela en favor de la Corte Suprema e incluso del Consejo de Estado, a prevenci\u00f3n, cuando la accionada sea la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. <\/p>\n

7. No obstante, la Corte Constitucional aplicando las reglas generales de reparto que establecen la competencia a prevenci\u00f3n en los t\u00e9rminos en que se prescribe en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, ha avalado que cualquiera de las salas de esta Corporaci\u00f3n avoque el conocimiento de acciones de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto que est\u00e1, de acuerdo a su reglamento interno (Acuerdo No. 12 de mayo 31 de 1994), viene conociendo de las acciones de tutela, en primera instancia, a trav\u00e9s de la sala en pleno, lo que excluye la posibilidad de que se surta la segunda instancia al no existir secciones o salas dentro de dicha corporaci\u00f3n que permitan rotar los asuntos, y con base en ello inaplica el inciso segundo del numeral 2 del art\u00edculo 1 del Decreto 1382 de 2000 (Autos 025 y 029 de 2016, 293 de 2018, entre otros). <\/p>\n

8. Asimismo, la Corporaci\u00f3n cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional ha reiterado el criterio de que no se configura una aplicaci\u00f3n grosera o arbitraria de las normas de reparto, por el hecho que una acci\u00f3n constitucional de amparo dirigida contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que pueda ser conocida por dicha sala conforme al numeral 2 del art\u00edculo 1 del Decreto 1382 de 2000, sea repartida a cualquiera de las salas de la Corte Suprema, ni se genera conflicto de competencia alguno, por tratarse del organismo m\u00e1ximo de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, que se encuentra al mismo nivel de aquella, por lo que al ser presentado directamente el escrito de amparo ante esta sala especializada, era procedente, por ser competente, asumir y decidir la acci\u00f3n de tutela sub judice, pero con base \u00fanicamente en lo dispuesto por los art\u00edculos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, todo ello con el fin de garantizar los principios de la doble instancia, la celeridad y eficacia de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos aclaro mi voto. <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMAGISTRADA <\/p>\n

1\u0002 \tEl art\u00edculo 1 del Reglamento de la Sala Jurisdiccional \tDisciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (Acuerdo 12 del \t31 de mayo de 1994) establece que \u201c[l]a \treuni\u00f3n de los Magistrados de la Sala Jurisdiccional \tDisciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conformar\u00e1 \tdicha Sala, y ejercer\u00e1 sus funciones en Sala Plena (…)\u201d.
\n2\u0002 \tAl hacer referencia al reparto de los procesos que le corresponde \tconocer en Sala Plena, el art\u00edculo 17 del Reglamento dispone \tque: \u201c(\u2026) \tEntre los procesos \tdisciplinarios \tse crear\u00e1n subgrupos, atendiendo la instancia en que se \tconocen: de \u00fanica instancia, por apelaci\u00f3n o en \tconsulta. El presidente podr\u00e1 crear otros subgrupos, para \tclasificar en ellos procesos especiales que lleguen a la \tCorporaci\u00f3n.\u201d
\n3\u0002 \tSentencias de tutela de 24 de junio de 2004, ex. 00142-01; 27 de \tjunio de 2007, exp. 00911-00; 3 de noviembre de 2009, exp. 01371-01; \t16 de junio de 2011, exp. 01192-00; 25 de enero de 2012, exp. \t00001-00, entre otras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC018-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-03882-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Marcela Ochoa P\u00e1ez contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102586","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102586","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102586"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102586\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102586"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102586"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102586"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}