{"id":102589,"date":"2026-07-02T16:10:17","date_gmt":"2026-07-02T16:10:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102589"},"modified":"2026-07-02T16:10:17","modified_gmt":"2026-07-02T16:10:17","slug":"stc021-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc021-2019\/","title":{"rendered":"STC021-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC021-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02730-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Yolanda Mu\u00f1oz Perdomo en representaci\u00f3n de la menor Valeria Sof\u00eda De la Pe\u00f1a Mu\u00f1oz, contra los Juzgados Octavo Civil del Circuito y Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario promovido por el Banco BBVA Colombia, a Diego Armando De la Pe\u00f1a Ot\u00e1lora. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora reclama el amparo a las prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y protecci\u00f3n de los menores, presuntamente conculcadas por los convocados. <\/p>\n

2. De la lectura del libelo introductor y las probanzas allegadas al plenario, se desprenden como hechos base de la presente reclamaci\u00f3n los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

El Banco BBVA Colombia hizo efectiva la garant\u00eda real constituida por Diego Armando De la Pe\u00f1a Ot\u00e1lora sobre el 50% del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 50S-40286820, actuaci\u00f3n que correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1. Posteriormente, el expediente fue remitido al Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad. <\/p>\n

En auto de 13 de agosto del presente a\u00f1o se se\u00f1al\u00f3 el 4 de octubre posterior, para llevar a cabo el remate del bien gravado, audiencia en la cual \u00e9ste fue adjudicado, por cuenta de su acreencia, al demandante (fls. 1-10, cdno.1). <\/p>\n

El 8 de octubre de la corriente anualidad, la tutelante interpuso recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n frente a ese prove\u00eddo (fl. 12, cdno.1) <\/p>\n

Aduce la querellante que con la decisi\u00f3n adoptada en el curso de la amoneda, las autoridades cuestionadas desconocieron la prevalencia del derecho alimentario de su hija Valeria Sof\u00eda, pues ante la no venta del predio a un tercero, no existen recursos con los cuales cubrir la deuda que reclama. <\/p>\n

3. Pretende la quejosa en concreto, invalidar lo actuado durante la diligencia atacada y en su lugar disponer la subasta p\u00fablica del inmueble para con su producto fijar la prelaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos a cargo de De la Pe\u00f1a (fl. 9, cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados <\/p>\n

1. La \ttitular del Juzgado Octavo Civil Municipal guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2. La Juez \tCuarta Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias reclam\u00f3 \tla desestimaci\u00f3n del amparo alegando que el oficio dando \tcuenta de la orden de embargo emitida por el juzgado de familia, fue \tallegado al ejecutivo hipotecario con posterioridad a la celebraci\u00f3n \tdel comentado remate (fls. 34-36, cdno.1). <\/p>\n

Tambi\u00e9n arguy\u00f3 que la interesada no formul\u00f3 los recursos ordinarios en el curso de tal subasta, quedando saneada cualquier irregularidad conforme el canon 455 del C\u00f3digo General del Proceso, pues la oportunidad para ello feneci\u00f3 con la adjudicaci\u00f3n (fls.28-29, cdno. 1). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Desestim\u00f3 la protecci\u00f3n pedida porque a\u00fan no se ha decidi\u00f3 la apelaci\u00f3n contra la adjudicaci\u00f3n criticada sin avizorarse circunstancias que justifiquen la anticipada intervenci\u00f3n constitucional (fls. 43-47, cdno.1). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La inco\u00f3 la accionante ratificando sus raciocinios iniciales (fls.58-61, cdno.1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La censora aspira se anule la almoneda del predio con folio de matr\u00edcula n\u00ba 50S-40286820, para en su lugar celebrar la venta p\u00fablica del mismo y as\u00ed garantizar los dineros necesarios para cubrir los alimentos adeudados a su hija. <\/p>\n

2. Al rompe se advierte el fracaso de esta salvaguarda por adolecer del requisito de subsidiariedad, porque a\u00fan no se han desatado los recursos horizontal y vertical formulados contra la determinaci\u00f3n fustigada por esta senda, esto es, la adjudicaci\u00f3n del rese\u00f1ado inmueble al acreedor hipotecario, tornando prematuro el presente amparo, pues ha de ser el juez natural quien dirima el acierto o no de la determinaci\u00f3n confutada. <\/p>\n

En estas condiciones, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto la interesada anhela un pronunciamiento del fallador constitucional, frente a particularidades que deben ser atendidas y solucionadas por el funcionario competente; sin hallar asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponde zanjar al juzgador original, no pudiendo atribuirse facultades ajenas. <\/p>\n

Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

4. Ep\u00edlogo de lo discurrido, se convalidar\u00e1 el fallo confutado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados, y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nAunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb.
\nCiertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado.
\nDe esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido
\no amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la. Convenci\u00f3n, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb2; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la. Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\n___________________
\n1 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n2 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. Civil. Sentencia de 22 \tde febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, \texp, 00051-01; \ty el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre \totras.
\n2 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, \tCosta Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la \tLey 16 de 1972.
\n3 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n4 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n5 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n6 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, \tExcepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a \t274.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares c. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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