{"id":102593,"date":"2026-07-02T16:10:39","date_gmt":"2026-07-02T16:10:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102593"},"modified":"2026-07-02T16:10:39","modified_gmt":"2026-07-02T16:10:39","slug":"stc036-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc036-2019\/","title":{"rendered":"STC036-2019"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC036-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2018-01111-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El precursor acus\u00f3 a la autoridad convocada de quebrantar sus \u201cgarant\u00edas procesales\u201d a ra\u00edz de la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, que decret\u00f3 de las referidas demandas constitucionales, pues en su criterio tal figura es inaplicable a esos asuntos por no estar contemplada en la Ley 472 de 1998. <\/p>\n

Resalt\u00f3 que esta Corporaci\u00f3n en la tutela 66001 22 13 000 2018 00755 01 sostuvo que ese proceder constituye v\u00eda de hecho. <\/p>\n

Tambi\u00e9n reproch\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, porque \u201cno act\u00faa en derecho en la acci\u00f3n popular, desconociendo Ley 734 de 2002, pues nunca present\u00f3 nulidad del auto ilegal que termin[aron] las [demandas constitucionales]\u201d. <\/p>\n

En consecuencia pidi\u00f3 i) se tutele el debido proceso, ii) se decrete (\u2026) nulidad de [los autos que terminaron las acciones populares], iii) se ordene a la tutelada aplicar art. 5 Ley 472 de 1998 y as\u00ed no vulnerar m\u00e1s el debido proceso, iv) se ordene al Procurador General de la Naci\u00f3n, Delegado en Acciones Populares (\u2026), a fin que pruebe y demuestre qu\u00e9 acciones legales hizo a fin de evitar la vulneraci\u00f3n al debido proceso (\u2026), a fin que cumpla su funci\u00f3n deber, aclarando que el actor popular es un ciudadano que no es abogado y el procurador (\u2026) debe garantizarle el debido proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2.- El servidor encartado puntualiz\u00f3 que la actuaci\u00f3n \u201c2015-01370\u201d, en la que funge como actor Leandro Giraldo \u201cse encuentra archivada por haber sido decretado el desistimiento mediante auto del 25 de junio de 2018, frente al que se interpuso recurso de reposici\u00f3n (\u2026), el que fuera resuelto por prove\u00eddo del 1 de agosto de 2018\u201d. Respecto del tr\u00e1mite \u201c2015-01381\u201d, en donde el impulsor es el aqu\u00ed reclamante, puntualiz\u00f3 que el 3 de julio de este a\u00f1o fue finiquitado \u201cpor no haber sido interpuesto recurso alguno\u201d. <\/p>\n

La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda y el Municipio de Pereira, arguyeron que no tienen legitimaci\u00f3n para resistir los pedimentos del gestor. <\/p>\n

El Procurador 8 Judicial II Asuntos Civiles Bogot\u00e1 precis\u00f3 que la \u201cProcuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u201d debe ser desvinculada porque no ha violado las prerrogativas del querellante, y solicit\u00f3 el amparo del \u201cderecho fundamental al debido proceso en la acci\u00f3n popular 2015-01381, a la luz de lo previsto en la sentencia STC14483-2018 M.P. Ariel Salazar Ram\u00edrez, salvo que no se haya agotado el ejercicio de los recursos ordinarios (\u2026)\u201d. <\/p>\n

SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

1.- El a quo neg\u00f3 el auxilio. Frente a la \u201cacci\u00f3n 2015-01370\u201d dijo que existe temeridad, porque antes impetr\u00f3 una ayuda con id\u00e9nticos supuestos f\u00e1cticos. Adem\u00e1s, a t\u00edtulo de sanci\u00f3n lo conden\u00f3 al pago de un salario m\u00ednimo legal mensual vigente a favor de la Rama Judicial. En torno al litigio \u201c2015-01381\u201d se\u00f1al\u00f3 que el promotor \u201cno emple\u00f3 el medio ordinario de protecci\u00f3n con que contaba en el proceso para controvertir la decisi\u00f3n por medio de la cual el juzgado accionado decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito\u201d. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u201cla pretensi\u00f3n dirigida a que se ordene al Procurador Judicial para Asuntos Civiles acreditar de qu\u00e9 manera ha actuado en los citados tr\u00e1mites, tambi\u00e9n se declarar\u00e1 improcedente, ya que la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 prevista para proteger derechos fundamentales concretos y no para elevar ese tipo de solicitudes\u201d. <\/p>\n

2- Inconforme, el libelista apel\u00f3. Resalt\u00f3 que ha agotado todos los mecanismos a su alcance para impedir que se \u201ccercenara la Ley 472 de 1998, art. 5 y se [le] garantice el debido proceso\u201d, sin embargo han resultado infructuosos. Por otro lado, exigi\u00f3 la revocatoria de la \u201cmulta\u201d, para que en su lugar, conforme lo dispuso la Sala Penal de esta Colegiatura en STP 18422 de 2016, se imponga con custodia del \u201cdebido proceso\u201d. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- Esta instituci\u00f3n no fue creada para controvertir la \u201cactividad jurisdiccional\u201d, salvo cuando exista arbitrariedad y se configure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, siempre que el afectado comparezca dentro de un tiempo prudencial y no tenga o haya desaprovechado otros escenarios para conjurar el agravio. <\/p>\n

2.- A fin del ejercicio racional de este instrumento, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que \u00abcuando sin motivo expresamente justificado la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n

De esta suerte, resulta inadmisible que deliberadamente se haga uso de ella en busca de diversos pronunciamientos alusivos a una misma causa, pues tal \u201cproceder\u201d afecta el funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, y comporta adem\u00e1s un abuso del \u201cderecho\u201d, as\u00ed como el incumplimiento del deber que se le impone a los ciudadanos de actuar con lealtad y buena fe en todas sus relaciones. <\/p>\n

Acerca del t\u00f3pico la \u201cSala\u201d puntualiz\u00f3: <\/p>\n

[e]l abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad\u00bb (CSJ STC 6 de sep. 2012, Rad. 01223-01; CSJ STC 26 de jul. 2011, Rad.00143-01, STC8205-2014, STC1480-2016 y STC4151-2017, STC1526-2018, STC594-2018). <\/p>\n

Ahora, para que se configure esa duplicidad es necesario que de cara a las aspiraciones incoadas inicialmente y las que se revisan, exista identidad de partes, \u201ccausa\u201d y \u201cpretensiones\u201d, \u00absalvo que exista un motivo expreso y razonable\u00bb para esa coincidencia (STC594-2018). <\/p>\n

Tal situaci\u00f3n no fue indiferente para el legislador, por cuanto en armon\u00eda con el precepto comentado, el inciso final del art\u00edculo 25 ejusdem prescribe que \u201csi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimar\u00e9 fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d. <\/p>\n

Acerca del punto la \u201cCorte Constitucional\u201d asever\u00f3: <\/p>\n

\u00a0
\nSignifica lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurri\u00f3 en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresi\u00f3n del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala fe se instaura la acci\u00f3n. Y quien tasa las \u2018costas\u2019 es el Juez de tutela porque el inciso final del art\u00edculo 25 del decreto 2591\/95 se refiere a \u00e9l (algo muy distinto ocurre en la situaci\u00f3n consagrada en el primer inciso del mismo art\u00edculo en el cual lo principal son los perjuicios).
\n\u00a0
\nFuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidaci\u00f3n de estas costas y hubiera sido m\u00e1s apropiado emplear la expresi\u00f3n multa por temeridad, puesto que, en la moderna ciencia procesal las \u2018costas\u2019 responden a factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo. (se resalta, sentencia T-443\/95). <\/p>\n

3.- En el sub lite, no cabe duda que se estructuran los requisitos para que operen los mandatos aludidos, en tanto el interesado, antes de este \u201cresguardo, en septiembre 13 de 2018, impuls\u00f3 otro bajo las mismas condiciones que \u00e9ste [folio 31, cuaderno principal], sin justificar los motivos para hacerlo. As\u00ed, a sabiendas que ya hab\u00eda planteado un patrocinio para obtener la invalidaci\u00f3n del interlocutorio de 25 de junio de 2018 en la \u201cacci\u00f3n popular 2015-01370\u201d, resolvi\u00f3 acudir nuevamente al \u201cjuez constitucional\u201d prevalido de los mismos hechos y argumentos. <\/p>\n

Comportamiento merecedor de todo reproche, pues constituye un \u201cuso inadecuado e irrazonable\u201d de este sendero, \u201ccontrario a su contenido esencial y a sus fines\u201d. En otras palabras, apareja un \u201cabuso del derecho\u201d, con desconocimiento que \u201cel respeto al orden instituido debe estar acompa\u00f1ado del razonable uso de los derechos que se tienen a la luz del sistema jur\u00eddico\u201d. De all\u00ed, que la Corte Constitucional haya expuesto con soporte en el deber supralegal relativo a \u201crespetar los derechos ajenos y no abusar de los propios\u201d, que \u201cel abuso del derecho, aunque \u00e9ste se halle amparado formalmente en una norma jur\u00eddica, no leg\u00edtima la conducta de quien act\u00faa en perjuicio de la colectividad o afectando los derechos ajenos\u201d (C.C. T-119\/95). <\/p>\n

Y si bien todas las personas est\u00e1n facultades para exigir ante los \u201cjueces\u201d la preservaci\u00f3n de sus privilegios esenciales, es inadmisible su uso desmedido, porque como lo indic\u00f3 la mencionada \u201cColegiatura\u201d al declarar la exequibilidad del art\u00edculo 83 de la Carta Pol\u00edtica <\/p>\n

(\u2026) la actuaci\u00f3n temeraria debe ser controlada en aras de lograr la efectividad y agilidad en el funcionamiento del Estado. En aquella oportunidad esta Corporaci\u00f3n sostuvo que el abuso desmedido e irracional del recurso judicial, para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir de un mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la administraci\u00f3n de justicia, un incremento en cualquier porcentaje derivado de la repetici\u00f3n de casos id\u00e9nticos, necesariamente implica una p\u00e9rdida directamente proporcional en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad civil (sentencia C-054\/93). <\/p>\n

Ahora, el recurrente no suministr\u00f3 ninguna explicaci\u00f3n que excusara esa conducta a fin de liberarlo de la \u201cmulta\u201d, sin que el que manifestara en el libelo introductorio: \u201cBajo la gravedad del juramento manifiesto que SI he presentado acci\u00f3n igual con los mismos hechos y derechos los cuales considero violados, pero me creo con derecho de ciudadano de pedir se ampare mi acci\u00f3n constitucional\u201d [folio 3], permita evadir la \u201csanci\u00f3n\u201d, pues lo que evidencia esa afirmaci\u00f3n es que cuando compareci\u00f3 a esta justicia, era consciente de la \u201ctemeridad de la acci\u00f3n\u201d, y aun as\u00ed decidi\u00f3 radicar un \u201cnuevo ruego\u201d con desconocimiento que el Tribunal de Pereira en veredicto de 27 de septiembre de 2018 lo neg\u00f3. <\/p>\n

Aunque la \u201cCorte Constitucional\u201d tambi\u00e9n ha apuntado que la <\/p>\n

(\u2026) actuaci\u00f3n no es temeraria \u2018cuando\u2026 [a] pesar de existir dicha duplicidad, el ejercicio de las acciones de tutela se funda (i) en la ignorancia del accionante; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensi\u00f3n, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la existencia extrema de defender un derecho (sentencia T-280\/2017) <\/p>\n

Es claro, que la persistencia del inconforme de cara a la vulneraci\u00f3n de sus \u201cderechos\u201d no encuadra en ninguno de esos eventos, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que Javier El\u00edas es un \u201cdemandante recurrente\u201d y, por tanto, mal podr\u00eda invocar ignorancia de las reglas de esta \u201cacci\u00f3n constitucional\u201d. <\/p>\n

Adem\u00e1s, ya en otros casos, esta Sala ha avalado tal sanci\u00f3n. As\u00ed en CSJ STC17011-2017, reiterado en (\u2026) <\/p>\n

[a]corde con lo consignado en el numeral anterior y en lo referente a la impugnaci\u00f3n frente a la condena en costas que el a-quo constitucional interpuso en contra del accionante, observa la Corte que en cuanto a ese punto la decisi\u00f3n de primer grado debe confirmarse, pues evidenciada la temeridad en el proceder del quejoso, se daban los presupuestos del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del decreto 2591 de 1991 para proceder en aquella forma, pues tal aparte normativo ense\u00f1a que \u2018[s]i la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u2019\u201d. <\/p>\n

Las anteriores apreciaciones bastan para descartar la aplicaci\u00f3n del precedente de la Sala Penal hom\u00f3loga, am\u00e9n que \u201clas determinaciones adoptadas por v\u00eda de tutela son \u2018inter partes [y] que no [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que [se] plantea en relaci\u00f3n con [el interesado] en este tr\u00e1mite\u201d, (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01, reiterada en STC14817-2018). <\/p>\n

4.- En torno al procedimiento \u201c2015-01381\u201d, como lo anot\u00f3 el \u201cTribunal\u201d, Arias Id\u00e1rraga no agot\u00f3 la herramienta que ten\u00eda a su alcance para confrontar el prove\u00eddo que lo finiquit\u00f3, pese a que tuvo a su alcance el \u201crecurso de reposici\u00f3n\u201d, que resultaba viable de conformidad con lo estatuido en la regla 36 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n

Sobre el particular, esta \u201cSala\u201d ha esgrimido que <\/p>\n

(\u2026) [l]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026) (STC14161-2017, reiterado en STC1969-2018). <\/p>\n

Mem\u00f3rese que <\/p>\n

(\u2026) trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC, 11 jul. 2013, rad. 00183-01) (STC6853-2018). <\/p>\n

5.- Frente a la \u201cProcuradur\u00eda\u201d, las s\u00faplicas del censor tampoco pueden abrirse paso, porque el <\/p>\n

(\u2026) el reclamo constitucional resulta improcedente por su car\u00e1cter subsidiario y residual, toda vez que la protecci\u00f3n excepcional s\u00f3lo es viable cuando quien la implora ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad censurada para poner de presente su reclamo y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable y arbitraria, y en el presente asunto, salta a la vista que el promotor omiti\u00f3 comunicar su inconformidad a la autoridad enjuiciada a trav\u00e9s de los conductos regulares dispuestos para ello, a fin de pedirle lo que aqu\u00ed implora (CSJ STC567-2018). <\/p>\n

6.- En tal virtud, ante la temeridad que se predica hacia la \u201cacci\u00f3n popular 2015-01370\u201d y la ausencia de subsidiariedad de la otra (2015-01381), se le impartir\u00e1 aprobaci\u00f3n a lo opugnado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, por el medio m\u00e1s expedito, a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

S
\nSobre \tel particular, ha precisado esta Sala que \u00abel \tabuso de \teste mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para \tefectos de ALVAMENTO DE VOTO
\nCon el mayor respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales discrepo de la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3:
\n1. La \tSala confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia que \tneg\u00f3 el amparo por dos razones. La primera, por temeridad, \ttras considerar que frente a uno de los procesos el \tde radicado 2015-1381 el actor ya hab\u00eda interpuesto una \tacci\u00f3n \tcon sustento en los mismos hechos y la segunda, por \tsubsidiariedad en relaci\u00f3n a que en el litigio con radicado \t2015-01370, por cuanto el accionante no interpuso \trecurso de reposici\u00f3n y ap [aci\u00f3n contra el auto que \tdecret\u00f3 desistimiento t\u00e1cito.
\nMe pronunciar\u00e9 inicialmente sobre primero de ellas, dado que en virtud a \u00e9sta no se analiz\u00f3 la queja presentada por el tutelante y la Sala no revis\u00f3 la existencia o no de una v\u00eda de hecho por parte del juzgador accionado, ni siquiera los requisitos de subsidiariedad.
\n2. Es \tcierto que, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 \tconsidera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e \tindebido \tde la acci\u00f3n a la que se hace referencia, el cual se concreta \ten la duplicidad del ejercicio del amparo entre las mismas \tpartes, por los mismos hechos y con el mismo objeto, \tsin justificaci\u00f3n alguna.
\nobtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad\u00bb (CSJ STC 3 May 2002, Rad. 0010-00,
\nreiterada en STC de 8 de may 2012, Rad 00017-01)
\nEsa triple identidad, puede ser excluida si se dan nuevas circunstancias de hecho o jur\u00eddicas que var\u00edan sustancialmente la situaci\u00f3n inicial, o porque el juez que conoci\u00f3 de la primera tutela no se pronunci\u00f3 sobre alguna de la pretensiones, o cuando la Corte Constitucional, profiere una sentencia de unificaci\u00f3n, cuyos efectos se hacen extensivos a grupos de personas que se encuentran en iguales condiciones.
\nAl respecto, la citada Corporaci\u00f3n en sentencia T-189
\nde 19 de noviembre de 2009, indic\u00f3 que: \u00ab(i) nuevas circunstancias f\u00e1cticas o jur\u00eddicas que var\u00eden sustancialmente la situaci\u00f3n inicial , (ii) por el hecho de que la jurisdicci\u00f3n constitucional, al conocer de la primera acci\u00f3n de tutela, no se pronunci\u00f3 realmente sobre una de las pretensiones del accionante o porque (iii) la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificaci\u00f3n, cuyos efectos hace expl\u00edcitamente extensivos a un grupo de personas que se consideran en
\nigualdad de condiciones\u00bb.
\nDe manera que, un hecho nuevo capaz de descartar la coincidencia entre las quejas que haya interpuesto una persona, puede ser la variaci\u00f3n en la doctrina constitucional, que acepte para casos similares una determinada interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, pues a pesar de no tener un contenido f\u00e1ctico, si es una variaci\u00f3n
\ncapaz de modificar la situaci\u00f3n inicial, lo que hace posible sostener que no existe cosa juzgada ni temeridad y, por lo tanto, la acci\u00f3n de tutela es procedente y el juez debe entrar a fallar el fondo del asunto.
\nAs\u00ed, en la sentencia la Corte Constitucional T-1034 de 2005, estim\u00f3 que:
\nNo se presentaba temeridad en el caso de una ciudadana que interpuso dos acciones de tutela -una en el a\u00f1o 2001, la cual fue negada en ambas instancias, y otra en el 2005- debido a que una entidad financiera modific\u00f3 en su perjuicio la reliquidaci\u00f3n de su cr\u00e9dito UPAC con el argumento de que se hab\u00edan detectado errores en la misma. Para sustentarlo dijo que "a pesar de que los hechos expuestos en ambas tutelas son similares, existen motivos justificados para la presentaci\u00f3n de la nueva acci\u00f3n de tutela ( ..) fue con posterioridad que la Corte Constitucional profiri\u00f3 las sentencias de tutela sobre casos similares en los cuales existieron m\u00faltiples reliquidaciones de los cr\u00e9ditos y sent\u00f3 su jurisprudencia sobre el respeto al acto propio y la violaci\u00f3n de los derechos al debido proceso y a la buena fe de los usuarios del sistema financiero". (cit CC. Sentencia T- 819 de 19 Nov.
\n2009).
\nDe forma similar, en fallo T-009 de 18 enero de 2000, se indic\u00f3:
\n[P]odr\u00eda afirmarse que, en el presente caso, los actores interpusieron una segunda acci\u00f3n de tutela a ra\u00edz de las mismas circunstancias f\u00e1cticas (…) Sin embargo, en la segunda acci\u00f3n presentada, los trabajadores despedidos alegan la vulneraci\u00f3n de su derecho a la igualdad y solicitan la aplicaci\u00f3n al caso de una doctrina constitucional que s\u00f3lo fue formulada por la Corte una vez decididas las acciones primariamente presentadas [se refiere a la sentencia SU-036 de 1999]. Se trata entonces de una segunda acci\u00f3n que, sin embargo, se funda en un hecho nuevo: la consagraci\u00f3n de una doctrina constitucional que reconoce (1) la aplicaci\u00f3n inmediata del derecho al debido proceso en los procedimientos de despido en virtud de la declaratoria de
\nilegalidad de un cese de actividades y (2) la procedencia de la tutela a fin de hacer exigible el mencionado derecho. En las condiciones anotadas, parece claro que los actores, en ejercicio de su derecho a la igualdad, consideraron que la doctrina sentada por la Corte Constitucional, para resolver un caso cuyos hechos son id\u00e9nticos y concomitantes a los hechos que originaron su solicitud de amparo, les era aplicable".
\n2.1. En el asunto de la referencia, est\u00e1 probado que la se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Idarraga, respecto del auto que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en la acci\u00f3n popular de radicado 2015-01370-00, interpuso el 13 de septiembre de 2018 una acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira.
\nLa acci\u00f3n de tutela fue negada por la Sala Civil del Tribunal Superior de la citada ciudad, el 27 de septiembre de 2018, que declar\u00f3 improcedente el amparo.
\nNo obstante, con posterioridad a esa determinaci\u00f3n, la Corte Suprema de Justicia, emiti\u00f3 la sentencia STC 14483\u00ad 2018 de 7 noviembre de ese a\u00f1o, en la que se\u00f1al\u00f3 que no era posible aplicar la mencionada figura a las acciones populares, por cuanto aquellas proteg\u00edan derechos colectivos y no incumb\u00eda \u00fanicamente al actor, con la que vari\u00f3 la doctrina constitucional, precedente que se ha venido reiterando por esta Sala.
\nDe manera, que si bien se configura la identidad de partes y de pretensiones, en tanto que es la misma funcionaria la que interpone la acci\u00f3n y la dirige contra los despachos judiciales citados, as\u00ed como pide se dejen sin efectos las determinaciones; lo cierto es que no hay
\nidentidad f\u00e1ctica entre la tutela de septiembre de 2018 y la presente, por la existencia del referido precedente jurisprudencial, el que var\u00eda sustancialmente la situaci\u00f3n anterior y habilita a la tutelante para presentar esta nueva queja constitucional, lo que permite estudiar de fondo el asunto.
\n3. Por otra parte, es cierto que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sometida a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las que se encuentra el cumplimiento de los requisitos de la subsidiariedad, en el entendido de que cuando el reclamante pretenda cuestionar un acto judicial, debe previamente agotar oportuna y correctamente las herramientas legales que tenga a su alcance para ello.
\nNo obstante, cuando la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales es protuberante y afecta garant\u00edas de superior valor como lo son los derechos al debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, la concesi\u00f3n del amparo se torna obligatoria y no puede desconocerse so pretexto de que no se cumplieron unos requisitos de naturaleza procesal.
\nAs\u00ed lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, al se\u00f1alar que a pesar de que el reclamante no haya utilizado los medios de defensa legales para impugnar las decisiones que censura por v\u00eda de tutela, excepcionalmente es posible
\n\u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de
\ngarantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb1, pues la acci\u00f3n de tutela, \u00abno puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos\u00bb, de modo que \u00abla mera ausencia de un requisito general de procedencia, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al <\/p>\n

quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 13 Ago. 2013, Rad. 2013\u00ad00093-01).
\n3.1. Lo que ocurre en el caso, porque si bien el actor no interpuso los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, contra los autos que decretaron la culminaci\u00f3n de las acciones populares, ello no era un motivo suficiente ni absoluto para negar la protecci\u00f3n invocada, pues el juzgador incurri\u00f3 en una protuberante v\u00eda de hecho por defecto sustantivo, que afecta los derechos fundamentales del tutelante y hac\u00edan viable la concesi\u00f3n del amparo, porque no existi\u00f3 ninguna raz\u00f3n jur\u00eddicamente v\u00e1lida para que el Juzgador acusado decretara la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito.
\nLo anterior, porque por la naturaleza constitucional y oficiosa de las acciones populares que promovi\u00f3 el tutelante, impide aplicar el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso y sus consecuencias sancionatorias.
\nEn efecto, la disposici\u00f3n citada se\u00f1ala que:
\n\u00abCuando para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del
\nllamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra
\n1 Tutela de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01
\nactuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aqu\u00e9lla o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e9 por estado.
\nVencido dicho t\u00e9rmino sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia en la que adem\u00e1s impondr\u00e1 condena en costas. (…)
\nfi El decreto del desistimiento t\u00e1cito no impedir\u00e1 que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto o desde la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero ser\u00e1n ineficaces todos los efectos que sobre la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de la demanda que dio origen al proceso o a la actuaci\u00f3n cuya terminaci\u00f3n se decreta;
\ng) Decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido (…)
\nDe lo que se desprende, que el legislador cre\u00f3 una forma anormal de culminar una controversia o actuaci\u00f3n, consistente en que vencido el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas establecido por la norma sin que el que promovi\u00f3 el tr\u00e1mite respectivo haya cumplido la carga o realizado el acto de parte ordenado en auto previo, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia.
\nCuya aplicaci\u00f3n, tiene unos efectos, entre ellos, que: (i) se termina el proceso, (ii) la demanda s\u00f3lo se puede volver a presentar pasados seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto, (iii) se tornan ineficaces todos los efectos que sobre la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva o la inoperancia de
\nla caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de la demanda que dio origen al proceso o a la actuaci\u00f3n cuya terminaci\u00f3n se decreta y (iv) que decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido.
\nTal figura fue dispuesta como una sanci\u00f3n a la desidia y negligencia de la parte actora; consecuencia que surge en dos circunstancias procesales diferentes, esto es, ante el incumplimiento de una carga procesal o desatenci\u00f3n al requerimiento proveniente del director del proceso, y por la inactividad prolongada en el tiempo del mismo.
\n3.2. Correctivo que no puede aplicarse de manera autom\u00e1tica a todos los juicios civiles y de familia, sino que debe revisarse de manera concreta el asunto y la naturaleza del mismo para determinar su procedencia, pues en atenci\u00f3n a las consecuencias que genera su decreto, hacerlo de manera irreflexiva y mec\u00e1nica generar\u00eda en algunas controversias, una abierta y ostensible denegaci\u00f3n de justicia.
\nEn tal sentido esta Sala, ha sido insistente en se\u00f1alar
\nque:
\n\u00ab…la exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo [317 del C\u00f3digo General del Proceso], sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal.
\nLo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia…\u00bb. (CSJ STC 16508\u00a0
\n2014, 4 dic. 2014, rad. 00816-01, CSJ STC2604-2016, 2 mar. 2016, rad. 2015-00172-01).
\nConcretamente, frente a su inaplicaci\u00f3n de la citada norma por la naturaleza del proceso, se ha indicado que:
\nEn ese sentido, es que esta Sala ha se\u00f1alado que en algunos procesos de caracter\u00edsticas particulares, como, verbi gracia, el de alimentos de menores no puede tener cabida la mencionada norma, pues en \u00e9l no s\u00f3lo se debate un derecho que de conformidad con el art\u00edculo 424 del C\u00f3digo Civil es intransferible, inajenable e ineluctable, sino que adem\u00e1s garantiza los recursos necesarios para la subsistencia y el desarrollo hacia la adultez del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, quie\u00f1 es sujeto de especial protecci\u00f3n. (Subraya la Sala, STC8850-2016, 30 jun. 2016
\nrad. 00186-01 reiterada en STC 11430-2017, 3 ago. 2017 rad. 00183-01).
\n4. Ahora bien en las acciones populares, se debate la protecci\u00f3n de derechos colectivos que pertenecen a todos y cada uno de los integrantes de una comunidad o de toda la sociedad, que exigen por ende una labor anticipada de protecci\u00f3n y una gesti\u00f3n pronta de la justicia dirigida a impedir su vulneraci\u00f3n.
\nDichas garant\u00edas no hacen referencia a intereses subjetivos o particulares, sino a cuestiones de tal entidad, que su vulneraci\u00f3n pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecol\u00f3gico, la seguridad,
\npatrimonio y moralidad p\u00fablica no de una persona, sino de toda una colectividad, lo que hace que de suyo sean irrenunciables, inajenables e imprescriptibles.
\nEn tal sentido, al declarar parcialmente inexequible la el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, que establec\u00eda un t\u00e9rmino de caducidad a las acciones populares, indic\u00f3 la Corte Constitucional que:
\nSin embargo, cuando se trata de derechos fundamentales, es decir, imprescriptibles, no puede someterse su ejercicio o protecci\u00f3n a que por el transcurso del tiempo y la negligencia de uno de los titulares de un derecho colectivo perteneciente a todos y cada uno de los miembros de la comunidad afectada, se extinga la posibilidad de instaurar la acci\u00f3n que la Constituci\u00f3n ha consagrado en favor de una colectividad.
\nPor tal motivo, es que de manera acertada y acorde con el ordenamiento constitucional, el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, consagra la regla general seg\u00fan la cual la acci\u00f3n popular puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e inter\u00e9s colectivo, sin l\u00edmite de tiempo alguno. No obstante, encuentra la Corte, que la excepci\u00f3n que en la misma disposici\u00f3n se prev\u00e9 cuando la acci\u00f3n se dirige a " volver las cosas a su estado anterior" , en cuanto establece un plazo de cinco (5) a\u00f1os para instaurarla, contados a partir de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que produjo la alteraci\u00f3n, desconoce el debido proceso y el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, de los miembros de la comunidad que se ven afectados en sus derechos e intereses colectivos.
\nEs evidente que no se trata de la protecci\u00f3n de meros derechos subjetivos o intereses particulares, sino que la acci\u00f3n popular versa sobre cuestiones de tal entidad, que su vulneraci\u00f3n pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecol\u00f3gico, la seguridad, patrimonio y moralidad p\u00fablica no de una persona, sino de toda una colectividad. A diferencia de las acciones individuales, cuyo ejercicio radica en cabeza de un sujeto que bien puede decidir instaurarlas o no, la posibilidad de acceder a la justicia para hacer cesar la amenaza o violaci\u00f3n de un derecho colectivo, existe para una pluralidad de personas que por pertenecer a la comunidad afectada, tienen el mismo derecho a ejercer dicha acci\u00f3n judicial. Mientras subsista la vulneraci\u00f3n a un derecho o inter\u00e9s colectivo y exista la <\/p>\n

Carece entonces de fundamento razonable y por lo mismo violatorio de derechos y principios constitucionales, el que a pesar de que exista la probabilidad de subsanar y hacer cesar una situaci\u00f3n que afecta derechos esenciales de una comunidad presente o futura, se cierre la oportunidad para cualquiera de los sujetos afectados de actuar en su defensa, al establecer un t\u00e9rmino de caducidad cuando se demanda el restablecimiento de las cosas al estado anterior a la violaci\u00f3n del derecho, mientras ello fuere fisicamente posible.
\n5. De manera que debido a la naturaleza de los derechos que se debaten en este tipo de acciones, no puede tener cabida la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, que 'pueda terminarse el proceso de forma anormal por la presunta negligencia de quien la inici\u00f3, cuando lo que se intenta proteger es el inter\u00e9s de toda una comunidad, en perjuicio de sus integrantes.
\nM\u00e1xime, cuando se advierte que de conformidad con el art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 472 de 1998, es obligaci\u00f3n del juez de conocimiento impulsar oficiosamente la acci\u00f3n, lo cual implica que si en el curso de la misma se presentan obst\u00e1culos que obstruyen su eficaz y Preferencial desarrollo, debe adoptar las medidas procesales necesarias para removerlos, pues se trata de un asunto prevalente cuya comunicaci\u00f3n a los posibles beneficiarios de la orden que se imparta, no puede convertirse en una barrera para adelantarlo.
\nY es que siendo la acci\u00f3n popular un mecanismo de estirpe constitucional, instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las colectividades (Art. 2\u00b0, Ley 472 de 1998), de ah\u00ed que est\u00e9 consagrado como una herramienta preferente (Art. 6\u00b0, ejusdem), su tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n no pueden quedar supeditados a la realizaci\u00f3n de ciertos actos procesales por parte de los sujetos procesales intervinientes (Art. 5\u00b0, inc. 3\u00b0, ib\u00eddem), porque en virtud de sus facultades oficiosas, el juzgador est\u00e1 en el deber de adoptar los correctivos que estime necesarios para continuar con su curso normal.
\nNo en vano el legislador impuso al funcionario a cargo de las diligencias, la obligaci\u00f3n de \u00ab… impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n\u00bb.
\n5.1. Todo lo anterior hace que tampoco sea posible aplicar las sanciones dispuestas en el los literales f y g del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, consistentes en que: (i) la demanda s\u00f3lo se puede volver a presentar pasados seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto y (ii) que decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido.
\nEn primer lugar, porque el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, indica que \u00abLa Acci\u00f3n Popular podr\u00e1 promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e inter\u00e9s
\ncolectivo\u00bb, de manera que no puede supeditarse a transcurra un determinado periodo de tiempo, porque ello va en contrav\u00eda de la naturaleza de la acci\u00f3n popular y en especial de la importancia que el Constituyente otorg\u00f3 a este tipo de prerrogativas, por lo que en cualquier momento se pueden reclamar.
\nNo tendr\u00eda ning\u00fan sentido, que existiendo la amenaza o vulneraci\u00f3n a derecho perteneciente a toda la comunidad, se obligue a todos sus integrantes a esperar seis meses para interponer la acci\u00f3n a fin de conseguir su protecci\u00f3n, porque ya se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n p\u00e1r desistimiento t\u00e1cito de una demandada inicial presentada por uno de ellos; pues esto ser\u00eda darle unos alcances de individualidad que dichas prerrogativas no tienen y a\u00fan m\u00e1s grave, desconocer el inter\u00e9s general que en estas priman.
\nMenos puede concebirse que los derechos que se intentan salvaguardar mediante este tipo de acciones, puedan declararse extintos, en raz\u00f3n a que se haya decretado la culminaci\u00f3n por segunda vez, porque, se itera, \u00e9stos son imprescriptibles e inalienables y no pueden ser objeto de dicha sanci\u00f3n.
\nAl respecto la Sala, ha reconocido la inaplicabilidad de tales sanciones:
\n\u00ab(…) el actor constitucional est\u00e1 en posibilidad de incoar nuevamente su queja por la presunta vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, sin aguardar al transcurso de los seis (6) meses de que trata el literal f del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del
\nproceso, ya que al tratarse de prerrogativas de car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, no les son aplicables las sanciones derivadas de la figura jur\u00eddica en comento.
\nDe modo que si el hecho da\u00f1oso o amenazante persiste, el tutelante puede acudir a la administraci\u00f3n de justicia a solicitar las respectivas medidas de protecci\u00f3n, a trav\u00e9s de una nueva acci\u00f3n popular. (CSJ STC3633, 15 Mar. 2017. Rad. 2017- 00029-01) .
\n5.2. Finalmente, terminar anticipadamente una acci\u00f3n popular que pretende la defensa de las citadas garant\u00edas que son de inter\u00e9s general para la comunidad, desconoce principios rectores de la administraci\u00f3n de justicia, como la celeridad, la econom\u00eda procesal y la eficacia, se insiste, en acciones constitucionales, donde no es posible, so pretexto de la falta de integraci\u00f3n del contradictorio por parte del demandante, declarar desistida t\u00e1citamente su pretensi\u00f3n de amparo colectivo.
\nEn especial, cuando se encuentra que los casos ya exist\u00eda vinculaci\u00f3n de la mayor\u00eda de los interesados -s\u00f3lo hac\u00eda falta la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad (art. 21, L. 472\/98)-, carga que no se encuentra sea de exclusivo cumplimiento del actor, por el contrario, la misma norma establece varios medios para que el juez pueda llevarla a cabo, entre ello formas de financiamiento para la realizaci\u00f3n de los actos procesales, a trav\u00e9s del Fondo Para la Defensa de los Derechos Colectivos.
\nLo anterior, porque el citado art\u00edculo indica que puede informarse, \u00aba trav\u00e9s de un medio masivo de comunicaci\u00f3n o de cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta de los eventuales <\/p>\n

beneficiarios\u00bb, sin que se requiera necesariamente la intervenci\u00f3n del actor para que se haga la publicaci\u00f3n.
\n6. Todo lo expuesto impon\u00eda, en mi criterio, la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n constitucional y en consecuencia, revocarse la sentencia impugnada, sin que sea posible se\u00f1alar que no se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho alguna porque dicha figura era aplicable para las acciones populares seg\u00fan el criterio mayoritario de esta Sala.
\nEn los t\u00e9rminos que preceden, dejo consignado mi disenso con lo decidido por la Sala. <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

MAGISTRADO <\/p>\n

\\ \t.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC036-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2018-01111-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de enero de dos mil diecinueve (2019). ANTECEDENTES 1.- El precursor acus\u00f3 a la autoridad convocada de quebrantar sus \u201cgarant\u00edas procesales\u201d a ra\u00edz de la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, que […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102593","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102593","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102593"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102593\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102593"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102593"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102593"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}