{"id":102594,"date":"2026-07-02T16:11:10","date_gmt":"2026-07-02T16:11:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102594"},"modified":"2026-07-02T16:11:10","modified_gmt":"2026-07-02T16:11:10","slug":"stc037-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc037-2019\/","title":{"rendered":"STC037-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC037-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03918-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Abel Jos\u00e9 Contreras Salcedo contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, espec\u00edficamente frente a la magistrada Laura Elena Cantillo Ara\u00fajo y el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de El Carmen de Bol\u00edvar, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite establecido en la Ley 1448 de 2011, incoado por el aqu\u00ed quejoso. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El interesado reclama la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso e igualdad, entre otros, supuestamente quebrantados por las autoridades accionadas. <\/p>\n

2. Como sustento de su inconformidad se\u00f1ala, en s\u00edntesis que inco\u00f3 ante el colegiado convocado juicio de \u201crestituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras\u201d respecto de la \u201cParcela N\u00b0 4 – Los Chorros\u201d ubicada en el municipio de El Carmen de Bol\u00edvar, litigio zanjado en sentencia de 9 de diciembre de 2016, accedi\u00e9ndose a las pretensiones invocadas. <\/p>\n

Arguye que en ese decurso el juzgado tutelado \u201cpractic\u00f3 la entrega\u201d del inmueble inmiscuido, en la cual Tomasa Calonge Ortiz requiri\u00f3 la suspensi\u00f3n de la diligencia hasta tanto el tribunal querellado determinara su calidad de \u201csegundo ocupante\u201d, solicitud denegada por el funcionario comisionado. <\/p>\n

Ante lo anterior, las partes pactaron que la referida se\u00f1ora \u201c(\u2026) siguiera explotando el predio (\u2026)\u201d, el cual \u201cdevolve[r\u00eda] materialmente (\u2026) una vez se iniciaran (\u2026) los proyectos productivos de la URT (\u2026)\u201d; sin embargo, llegado ese d\u00eda la \u201copositora\u201d no permiti\u00f3 el ingreso al fundo, pues insist\u00eda en ser la propietaria del mismo, situaci\u00f3n puesta en conocimiento de la corporaci\u00f3n fustigada para que \u201c(\u2026) se pronunciara al respecto (\u2026)\u201d; empero, a\u00fan no lo ha hecho.
\nSe duele el gestor, porque en su sentir se efectu\u00f3 una \u201centrega simb\u00f3lica\u201d de su predio, que no le ha \u201c(\u2026) permi[tido] acceder a la oferta institucional del Estado para v\u00edctimas y desplazados por la violencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Suplica, ordenar a los convocados \u201c(\u2026) adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar el uso, goce y disposici\u00f3n (\u2026)\u201d del bien objeto de restituci\u00f3n. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

Se opusieron al ruego realzando cada uno la legalidad de su proceder. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La naturaleza especial de la acci\u00f3n prevista en la Ley 1448 de 20111, est\u00e1 mediada por la necesidad de garantizar la eficacia del derecho a la reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas, disponiendo de un procedimiento diferenciado y con efectos sustantivos no asimilables a la legislaci\u00f3n ordinaria, puesto que quiebra, al menos, temporalmente, algunos de estos principios, por virtud de los efectos de la justicia transicional.
\nPor tal raz\u00f3n, las reglas para la restituci\u00f3n de inmuebles a las v\u00edctimas apuntan a proteger al despojado o desplazado, fijando hip\u00f3tesis sobre la ausencia de consentimiento o causa l\u00edcita, marcando derroteros de inversi\u00f3n de la carga de la prueba, dando preferencia a los intereses de las v\u00edctimas sobre otro tipo de personas, optando por el establecimiento de restricciones a las operaciones que puedan realizarse sobre las tierras comprometidas en la restituci\u00f3n; imponiendo la obligaci\u00f3n de probar la buena fe exenta de culpa a los terceros opositores, al punto de valerse de un r\u00e9gimen extenso y severo de presunciones de despojo, a favor del solicitante en relaci\u00f3n con los predios inscritos en el registro de tierras despojadas. <\/p>\n

En fin, se trata de un cat\u00e1logo de principios y de derechos, recalcados en el art\u00edculo 73 de la novedosa Ley, y en otros preceptos de similar linaje en esa normativa, cuyo derrotero principal es la efectiva salvaguarda de las prerrogativas de aquellos que tuvieron el infortunio de verse involucrados en el actuar de grupos delincuenciales, quienes con su gesti\u00f3n ilegal logrando arrebatarles sus heredades y someterlos a un obligado desplazamiento. <\/p>\n

2. En el caso concreto, se emiti\u00f3 sentencia el 9 de diciembre de 2016, en la cual, entre otras cosas, se decret\u00f3 \u201c(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras abandonadas y despojadas a causa del conflicto armado interno a favor de Abel Jos\u00e9 Contreras [ac\u00e1 tutelante] y Regina Margoth Manjarrez (\u2026) sobre el predio (\u2026) Parcela N\u00b0 4 \u2013 Los Chorros (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En la misma providencia se anot\u00f3: <\/p>\n

\u201cEjecutoriado el presente fallo, se ordena la entrega material del inmueble (\u2026), por parte de la se\u00f1ora Tomasa Elena Calonge Ortiz a Regina Margoth Manjarrez y Abel Contreras Salcedo, dentro del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 100 de la Ley 1448 de 2011 (\u2026), de no ser cumplida esta orden se proceder\u00e1 al desalojo del inmueble dentro del t\u00e9rmino perentorio de cinco (5) d\u00edas diligencia que debe (\u2026) [adelantar] el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de El Carmen de Bol\u00edvar (\u2026). Para hacer efectiva esta orden se librar\u00e1 por parte de la Sala el despacho comisorio correspondiente (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Hay lugar a conceder el resguardo, porque el petente acredit\u00f3 que la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Cartagena fue enterada de la situaci\u00f3n narrada en los antecedentes de este pronunciamiento2, y esa corporaci\u00f3n no ha realizado la entrega del mencionado inmueble, sin tomar medidas para lograr la efectiva materializaci\u00f3n de esa orden, dada aproximadamente hace dos (2) a\u00f1os atr\u00e1s, soslayando as\u00ed los deberes impuesto por la propia Ley 1448 de 2011. <\/p>\n

El art\u00edculo 100 de la citada normatividad, estipula: \u201cPara la entrega del inmueble el Juez o Magistrado de conocimiento practicar\u00e1 la respectiva diligencia de desalojo en un t\u00e9rmino perentorio de cinco (5) d\u00edas y para ello podr\u00e1 comisionar al Juez Municipal, quien tendr\u00e1 el mismo t\u00e9rmino para cumplir con la comisi\u00f3n\u201d.\u00a0
\nLos par\u00e1grafos 1\u00ba y 3\u00ba del precepto 91 ib\u00eddem consagran, respectivamente: <\/p>\n

\u201cUna vez ejecutoriada la sentencia, su cumplimiento se har\u00e1 de inmediato. En todo caso, el Juez o Magistrado mantendr\u00e1 la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, prosigui\u00e9ndose dentro del mismo expediente las medidas de ejecuci\u00f3n de la sentencia, aplic\u00e1ndose, en lo procedente, el art\u00edculo 335 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Dicha competencia se mantendr\u00e1 hasta tanto est\u00e9n completamente eliminadas las causas de la amenaza sobre los derechos del reivindicado en el proceso\u201d.\u00a0 <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u00a0 <\/p>\n

\u201cIncurrir\u00e1 en falta grav\u00edsima el funcionario que omita o retarde injustificadamente el cumplimiento de las \u00f3rdenes contenidas en el fallo o no brinde al Juez o al Magistrado el apoyo requerido por este para la ejecuci\u00f3n de la sentencia\u201d. <\/p>\n

La regla 102 del referido plexo normativo estatuye: \u201cDespu\u00e9s de dictar sentencia, el Juez o Magistrado mantendr\u00e1 su competencia sobre el proceso para dictar todas aquellas medidas que, seg\u00fan fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposici\u00f3n de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias\u201d (se subraya). <\/p>\n

4. Cotejados los eventos descritos por Abel Jos\u00e9 Contreras Salcedo en la demanda constitucional, con las pruebas obrantes en estas diligencias y los mandatos legales antes reproducidos surge, como ya se anticip\u00f3, viable este auxilio, por cuanto la conducta negligente del tribunal ha perpetuado el quebranto de las prerrogativas iusfundamentales de aqu\u00e9l, pues aun cuando el aludido juzgador dict\u00f3 una sentencia favorable al prenombrado no ha adoptado las medidas en realidad necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos al mencionado se\u00f1or. <\/p>\n

Es en verdad inconcebible que luego de dos (2) a\u00f1os despu\u00e9s de emitido el comentado fallo, aun hoy no se haya logrado la entrega del predio inmiscuido, tardanza que adem\u00e1s de contravenir el citado canon 100, desconoce los principios orientadores de la restituci\u00f3n regulada por tal normatividad, cuyo prop\u00f3sito se enfila al restablecimiento integral y pleno de las garant\u00edas de los sujetos v\u00edctimas, quienes deben ser devueltos, en la medida de lo posible y a la mayor brevedad, a la situaci\u00f3n en la cual se hallaban antes de ser despojados forzosamente de sus heredades. <\/p>\n

En resumen, la apat\u00eda del colegiado accionado se contrapone al ordenamiento jur\u00eddico y, por contera, infringe los intereses superiores del ac\u00e1 gestor. <\/p>\n

5. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional inherente a la acci\u00f3n de resguardo, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3, que exige a los pa\u00edses suscriptores procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro. As\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d. <\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir deberes internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona podr\u00e1 acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resoluci\u00f3n de sus litigios. <\/p>\n

En el presente caso, como se dijo, el tribunal accionado desatendi\u00f3 las normas reguladoras del asunto. De esa manera, infringi\u00f3 los c\u00e1nones 8.1 y 25 de ese tratado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: \u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; \u201cb) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y \u201cc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n

El instrumento citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de los mismos. <\/p>\n

Adem\u00e1s, persigue contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. Es pr\u00f3spero el resguardo deprecado y, en tal virtud, se dispondr\u00e1 que el colegiado accionado, materialice la entrega del predio \u201cParcela N\u00b0 4 – Los Chorros\u201d, decretada en la sentencia emitida el 9 de diciembre de 2016, dentro del proceso materia de esta acci\u00f3n. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

En consecuencia, se le ordena al citado colegiado que en el t\u00e9rmino de dos (2) meses, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, realice la entrega del predio \u201cParcela N\u00b0 4 – Los Chorros\u201d, decretada en la sentencia emitida el 9 de diciembre de 2016, dentro del proceso materia de esta acci\u00f3n. <\/p>\n

Si vencido ese plazo no se logra dicho cometido por la imposibilidad de reubicar la familia que al parecer ocupa el inmueble, deber\u00e1 la corporaci\u00f3n accionada en un lapso similar inmediatamente posterior a aqu\u00e9l, dictar las determinaciones necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos al aqu\u00ed quejoso, verificando la materializaci\u00f3n de tales decisiones. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nAunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb.
\nCiertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado.
\nDe esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido
\no amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la. Convenci\u00f3n, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb2; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la. Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

Magistrado
\n___________________
\n1 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n2 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tSu particularidad corresponde a la fijaci\u00f3n de presunciones \trespecto del despojo, en relaci\u00f3n con los predios inscritos \ten el registro de tierras (art\u00edculo 77), lo que tiene como \tresultado la inversi\u00f3n de la carga de la prueba a favor del \tdespojado o de la v\u00edctima que se ha visto obligada a \tabandonar la tierra (art\u00edculo 78); se contemplan condiciones \tm\u00ednimas para las solicitudes de restituci\u00f3n as\u00ed \tcomo un procedimiento \u00e1gil para tramitarlas (art\u00edculos \t86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, y 95); le asignan a la autoridad \tjudicial amplias facultades para proteger los derechos de las \tv\u00edctimas previendo que el Juez o Magistrado, seg\u00fan el \tcaso, mantendr\u00e1 la competencia para garantizar el goce \tefectivo de tales derechos hasta tanto est\u00e9n completamente \teliminadas las causas de la amenaza (art\u00edculos 91 y 102); y \tse contempla un recurso general de revisi\u00f3n ante la Sala \tCivil de la Corte Suprema de Justicia (art\u00edculo 92).
\n2 \tOficio URT-DTBCB 00827 de 24 de mayo de 2018.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de \tseptiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, \tcriterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC037-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03918-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de enero de dos mil diecinueve (2019) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Abel Jos\u00e9 Contreras Salcedo contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102594","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102594","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102594"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102594\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102594"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102594"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102594"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}