{"id":102598,"date":"2026-07-02T16:12:04","date_gmt":"2026-07-02T16:12:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102598"},"modified":"2026-07-02T16:12:04","modified_gmt":"2026-07-02T16:12:04","slug":"stc041-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc041-2019\/","title":{"rendered":"STC041-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC041-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2018-00600-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 14 de noviembre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alonso Bernal contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el litigio n\u00ba 2017-00034. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abDEFENSA, PROTECCI\u00d3N A LOS DISMINUIDOS F\u00cdSICOS Y GARANT\u00cdA DEL M\u00cdNIMO VITAL\u00bb presuntamente vulnerados por la autoridad accionada al resolver el juicio antes referido. <\/p>\n

2.\tEn s\u00edntesis, expuso que ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja se instaur\u00f3 demanda divisoria en su contra y la de Alirio Alonso, Flor de Mar\u00eda del Carmen, Mar\u00eda del Rosario, Mar\u00eda Herminia, Efr\u00e9n, Rafael y Jorge Alonso Bernal, por parte de Yasm\u00edn Yanet Pulido Walteros. <\/p>\n

Afirm\u00f3 que su apoderado se allan\u00f3 a la divisi\u00f3n material del predio sin aclarar que la aceptaba solo en caso de partici\u00f3n en dos partes,\u00ab una para la demandante y su esposo\u00bb y otra para los dem\u00e1s herederos, \u00abdando cumplimiento a los art\u00edculos 407 del C\u00f3digo General del Proceso y 45 de la Ley 160 de 1994\u00bb <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que su representante omiti\u00f3 oponerse a que dicho tr\u00e1mite fuera realizado por la v\u00eda ad valorem, y de otro lado, dej\u00f3 de adjuntar pericia como lo prev\u00e9 el mismo estatuto de procedimiento, en la defensa de sus intereses. <\/p>\n

Inform\u00f3 que mediante prove\u00eddo del 15 de marzo de 2018 se decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien debido a la imposibilidad de realizar una partici\u00f3n material del mismo, sin que contra tal determinaci\u00f3n su apoderado hiciera formulaci\u00f3n de alg\u00fan recurso. <\/p>\n

Precis\u00f3 que la diligencia de almoneda anunciada se cumpli\u00f3 y se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n a la misma el pasado 4 de octubre, lo que afecta su propia \u00absubsistencia\u00bb.
\n3.\tEn consecuencia pide, conceder el amparo y conforme a ello i) \u00abdejar sin valor ni efecto los autos proferidos a partir de la contestaci\u00f3n de la demanda, y en particular el auto calendado Marzo 15 de 2018, y los subsiguientes que decretaron y aprobaron el remate del \u00fanico predio que garantiza mi subsistencia y el m\u00ednimo vital dada mi condici\u00f3n de discapacitado, incluido mi derecho a la vivienda digna y de mi familia\u00bb, ii) \u00abordenar retraer el tr\u00e1mite del proceso al traslado de la demanda para garantizar mi derecho de defensa vulnerado gravemente por el Apoderado accionado, y en subsidio al auto que decreta la divisi\u00f3n ad valorem (\u2026)\u00bb, iii) \u00abOficiar al Consejo Superior de la Judicatura para que apertura proceso disciplinario contra el Apoderado de los demandados por su flagrante (sic) del estatuto del abogado y la posible colusi\u00f3n con la demandante\u00bb, iv) en subsidio de lo anterior \u00abconceder el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (\u2026) dada la aprobaci\u00f3n del REMATE por auto de 4 de octubre de 2018 y la consiguiente orden de entrega del inmueble al Rematante\u00bb (ff. 1 a 7, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tYasm\u00edn Yaneth Pulido Walteros en su calidad de demandante en el proceso que da origen al presente auxilio, consider\u00f3 que todos los recursos y mecanismos jur\u00eddicos que contempla la ley fueron activados por el tutelante y que por tal raz\u00f3n carecen de veracidad los argumentos que \u00e9l ahora trae a colaci\u00f3n, resalt\u00f3 que con el remate del bien no se pone en riesgo el m\u00ednimo vital del convocante que es \u00abpropietario de otras seis fincas\u00bb (ff. 28 a 33, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tFreddy Alberto Rojas Rusinque, abogado del convocante Carlos Alonso Bernal en el asunto en menci\u00f3n, afirm\u00f3 que tom\u00f3 la decisi\u00f3n de allanarse a las pretensiones al carecer de un pacto de indivisi\u00f3n al tenor del canon 409 adjetivo, a pesar de hab\u00e9rsele requerido a los demandados con el fin de aportarlo como prueba, de otra parte, no contaba con el peritaje necesario para solicitar las mejoras denunciadas por el gestor (ff 48 al 52, ibid). <\/p>\n

SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 el amparo al concluir que \u00abal no haber planteado ni oposici\u00f3n, ni incidente de levantamiento de medidas cautelares, ni haber recurrido el auto que orden\u00f3 la subasta, haberse opuesto en la subasta; se deslegitima para actuar en tutela, pues no solo se hab\u00eda allanado a la pretensi\u00f3n divisoria, sino que se entiende, acept\u00f3 las dem\u00e1s situaciones del proceso; incluyendo la aprobaci\u00f3n de la diligencia de remate\u00bb (ff. 67 a 71, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el convocante indicando que i) la definici\u00f3n del \u00abtema\u00bb de la acci\u00f3n de tutela es incompleta puesto que no plantea las diferencias entre la divisi\u00f3n material y la divisi\u00f3n ad – valorem, ii) no resuelve la petici\u00f3n subsidiaria de conceder el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y iii) \u00abel trato desconsiderado se repite en el fallo de tutela puesto que el operador judicial se basa en el alegato de la demandante\u00bb (ff. 88 a 101, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante al decretar y practicar la venta en p\u00fablica subasta del predio objeto del proceso divisorio n\u00ba 2017-00034, iniciado contra el gestor, Alirio Alonso Flor de Mar\u00eda del Carmen, Mar\u00eda del Rosario, Mar\u00eda Herminia, Efr\u00e9n, Rafael y Jorge Alonso Bernal por parte de Yasm\u00edn Yanet Pulido Walteros. <\/p>\n

2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

La reiterada jurisprudencia de esta Sala ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n constitucional no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones judiciales; s\u00f3lo, excepcionalmente puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario profiera alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre otras en STC10752-2018, 21 ago. 2018, rad. 00356-01). <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que cuando el juez profiere una decisi\u00f3n trascendental en el proceso obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, queda desconectado del ordenamiento jur\u00eddico, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda excepcional resulta id\u00f3nea para conjurar o prevenir el perjuicio. <\/p>\n

3.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

3.1.\tLa subsidiariedad. <\/p>\n

El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado presupuesto y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n

En el caso que se revisa se configura la primera modalidad dado que, se pudo verificar que el actor no aleg\u00f3 la presunta anomal\u00eda en los momentos oportunos para ello, es decir luego de proferido el auto que orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta, y antes de la adjudicaci\u00f3n del inmueble conforme al art\u00edculo 452 del C\u00f3digo General del Proceso que establece: \u00abLos interesados podr\u00e1n alegar las irregularidades que pueda afectar la validez del remate hasta antes de la adjudicaci\u00f3n de los bienes\u00bb, para mencionar las dos decisiones que definieron la acci\u00f3n divisoria. <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01). <\/p>\n

Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios regulares de control judicial torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercerla. <\/p>\n

3.2.\tEl requisito de inmediatez. <\/p>\n

Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00). <\/p>\n

De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n

Sin embargo, este postulado tampoco se cumple en la presente acci\u00f3n, dado que, tomando como punto de referencia el auto del juzgado que orden\u00f3 la venta en publica subaste del inmueble, es decir, el 15 de marzo de 2018, respecto de la formulaci\u00f3n de la demanda constitucional, 26 de octubre de 2018 (f. 11, cd.1), se tiene que transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre se\u00f1alado desde el presunto hecho vulnerador, super\u00e1ndose el plazo se\u00f1alado como razonable por la jurisprudencia. <\/p>\n

4.\tSobre la responsabilidad del abogado por las resultas del proceso civil. <\/p>\n

Ahora, en cuanto a la queja relacionada con el desempe\u00f1o del profesional del derecho que represent\u00f3 judicialmente al accionante en el prenombrado litigio es preciso destacar que de ninguna manera tal hip\u00f3tesis abre paso a la prosperidad del auxilio, pues si en criterio del gestor el desenlace del juicio deriv\u00f3 de la negligencia o de una mala asesor\u00eda del abogado que lo asisti\u00f3, ello no resulta suficiente para acreditar la afectaci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales, aunado a que est\u00e1 facultado para denunciar tal situaci\u00f3n ante las autoridades disciplinarias respectivas. <\/p>\n

\u00ab(\u2026) en relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado (\u2026) (subrayado en texto)\u00bb (CSJ. STC, 22 en. 1999, rad. 05715, reiterado STC4850-2017, 5 ab. rad. 00772-00). <\/p>\n

5.\tDe la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

Finalmente, la protecci\u00f3n propuesta resulta inviable, adem\u00e1s, porque no se acredit\u00f3 la existencia de alguna situaci\u00f3n actual de urgencia o peligro que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, a\u00fan en forma transitoria, por mediar perjuicio irremediable con caracter\u00edsticas graves, inminentes, urgentes, y con entidad suficiente para facultar la intervenci\u00f3n a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo. <\/p>\n

En este sentido ha dicho la jurisprudencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional (CSJ. STC 14 dic. 2011, reiterada en STC1806 de feb. 18 de 2016 <\/p>\n

6.\tConclusiones. <\/p>\n

Los razonamientos precedentes se imponen suficientes para confirmar el fallo de primer grado porque: <\/p>\n

6.1.\tLa presente demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario que la gobierna, porque el tutelante actu\u00f3 con incuria al dejar de alegar las irregularidades que pod\u00edan afectar la validez de la orden de venta del predio en p\u00fablica subasta y luego la del mismo remate en los momentos establecidos para ello. <\/p>\n

6.2.\tEl actor tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, respecto del auto que orden\u00f3 la almoneda sin que se advierta una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones explicadas en la parte motiva de este pronunciamiento. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad env\u00edese el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela n\u00ba 15001-22-13-000-2018-00600-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC041-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2018-00600-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102598","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102598","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102598"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102598\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102598"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102598"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102598"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}