{"id":102599,"date":"2026-07-02T16:12:40","date_gmt":"2026-07-02T16:12:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102599"},"modified":"2026-07-02T16:12:40","modified_gmt":"2026-07-02T16:12:40","slug":"stc042-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc042-2019\/","title":{"rendered":"STC042-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC042-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02359-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de enero dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de enero de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de octubre de 2018, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Mauricio Rom\u00e1n Bustamante, quien dice actuar como \u00abapoderado sustituto del demandante Jos\u00e9 Manuel Fonseca Vergara\u00bb, contra el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n singular a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, que se ordene al Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, \u00abprof[erir] nuevamente [el fallo cuestionado] observando las garant\u00edas y el pleno respeto por [sus] derechos\u00bb (fl. 58, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en compendio, que mediante sentencia del 19 de noviembre de 2013, el Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal de esta capital declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre el \u00absecuestre\u00bb Jos\u00e9 Manuel Fonseca Vergara, y la \u00abarrendataria\u00bb Carmen Teresa Lesmes Alfonso, orden\u00e1ndole a esta \u00faltima restituir a favor del primero el predio objeto de dicho acuerdo. <\/p>\n

Asevera que a continuaci\u00f3n de aquel tr\u00e1mite, el se\u00f1or Fonseca Vergara instaur\u00f3 demanda ejecutiva singular en contra de la prenombrada se\u00f1ora, con el fin de obtener el pago de los c\u00e1nones adeudados con el arrendamiento aludido desde \u00abfebrero de 2004 hasta enero de 2015\u00bb, para lo cual alleg\u00f3 el \u00abacta de la diligencia de secuestro adelantada por el Juzgado 26 Civil Municipal\u00bb, pretensi\u00f3n a la que se opuso la deudora a trav\u00e9s de las excepciones que denomin\u00f3 \u00abprescripci\u00f3n y el documento (acta) con el que se pretende cobrar los c\u00e1nones de arrendamiento carece de requisitos formales y sustanciales para ser considerado t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. <\/p>\n

Asegura que agotado el procedimiento de rigor, en fallo del 25 de abril de 2017 el Juzgado Civil Municipal referido declar\u00f3 probada parcialmente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, y neg\u00f3 el medio defensivo restante, as\u00ed que orden\u00f3 seguir adelante con el cobro coercitivo \u00abpor los d\u00edas causados entre el 22 al 31 de enero de 2012 y siguientes, c\u00e1nones adeudados hasta el mes de diciembre de 2015\u00bb, determinaci\u00f3n que apelada por ambos extremos de la litis, fue modificada por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de la misma localidad en providencia del 29 de noviembre siguiente, en el sentido de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n conforme al mandamiento de pago, tras considerar que el a-quo no pod\u00eda analizar nuevamente aspectos del t\u00edtulo base recaudo que hab\u00edan sido objeto de estudio al resolver el recurso de reposici\u00f3n formulado frente a la orden de apremio. <\/p>\n

Manifiesta que Carmen Teresa Lesmes Alfonso instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra del mentado Despacho judicial para lograr la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso; sin embargo, en sentencia del 7 de junio del a\u00f1o en curso la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 el amparo; empero, impugnada esa decisi\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia la revoc\u00f3, para en su lugar, entonces, conceder la salvaguarda rogada y ordenarle al estrado judicial cuestionado, \u00abdejar sin valor y efecto la sentencia de 29 de noviembre de 2017 y, en consecuencia, dict[ar] una nueva determinaci\u00f3n\u00bb, tras advertir que debi\u00f3 pronunciarse respecto de las excepciones propuestas por la parte ejecutada. <\/p>\n

Narra que el 24 de agosto pasado, la sede judicial criticada dict\u00f3 nuevamente sentencia, en la cual, tras realizar un estudio \u00abex officio\u00bb del t\u00edtulo ejecutivo motivo de recaudo, \u00abrevoc\u00f3 el mandamiento de pago\u00bb, conden\u00f3 \u00aben costas y perjuicios al demandante\u00bb, y, dispuso el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el asunto cuestionado, con sustento en que el documento soporte de la ejecuci\u00f3n (acta contentiva de la diligencia de secuestro celebrada el 10 de febrero de 2004,) no reun\u00eda las condiciones \u00absustanciales\u00bb de los t\u00edtulos ejecutivos, como quiera que \u00abno se determin\u00f3 el precio a pagar\u00bb por el arrendamiento, tampoco se especific\u00f3 si el canon acordado fuera anual o mensual, mucho menos se acord\u00f3 la duraci\u00f3n del contrato ni el lugar donde deb\u00edan ser cancelados los instalamentos, y, el acreedor no constituy\u00f3 en mora al deudor, incurriendo as\u00ed, asegura, en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, toda vez que, en su opini\u00f3n, i) profiri\u00f3 la providencia \u00abfuera de audiencia\u00bb, desatendiendo de esta manera el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso; ii) omiti\u00f3 cumplir la orden constitucional del fallo de tutela dictado por esta Colegiatura, pues no resolvi\u00f3 \u00ablas excepciones de m\u00e9rito frente a las pruebas recaudadas en la [ejecuci\u00f3n], las pretensiones de la demanda y los argumentos del juez de primera instancia\u00bb, sino que realiz\u00f3 de oficio el estudio del t\u00edtulo base de recaudo; iii) desconoci\u00f3 que \u00abse dict\u00f3 sentencia condenatoria en el juicio de restituci\u00f3n con fundamento en la mora en el pago de la renta y los c\u00e1nones durante el juicio causados hasta que la entrega del inmueble se cumpliera, lo que implica la existencia de una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible\u00bb; iv) no tuvo en cuenta que el acta de secuestro del 10 de febrero de 2004 y la providencia emitida dentro del juicio de restituci\u00f3n de inmueble se\u00f1alado conforman un \u00abt\u00edtulo complejo\u00bb; v) dej\u00f3 de lado lo dispuesto en los art\u00edculos 2002 del C\u00f3digo Civil y 5\u00b0 de la Ley 820 de 2003, seg\u00fan los cuales cuando los contratantes no acuerdan la \u00abperiodicidad del canon de arrendamiento\u00bb, se entiende que si el bien objeto de \u00e9ste es urbano ser\u00e1 mensual y si es rural es anual, y que \u00abante la ausencia de pacto expreso sobre el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n, el contrato se entender\u00e1 celebrado por un a\u00f1o\u00bb; y, vi) olvid\u00f3 que el art\u00edculo 423 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u00abla notificaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo har\u00e1 las veces de requerimiento para constituir en mora al deudor\u00bb (fls. 44 al 61, ib.). <\/p>\n

3.\tMediante auto del 3 de octubre pasado, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 requiri\u00f3 al gestor para que allegara \u00abel poder con el que act\u00faa a favor de Jos\u00e9 Manuel Fonseca Vergara\u00bb; sin embargo, no lo hizo (fls. 64 y 65, \u00eddem). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

El Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 adujo, que no solo la sentencia cuestionada est\u00e1 ajustada al ordenamiento jur\u00eddico, sino que se dict\u00f3 en cumplimiento de una orden de tutela proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil (fls. 74 y 75, cdno. 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda reclamada, tras advertir que <\/p>\n

\u00ab[E]xaminado el expediente contentivo del proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado con radicado No. 2012-00217, esta Sala encuentra que si bien se facult\u00f3 al abogado Mauricio Rom\u00e1n Bustamante, para que en su nombre y representaci\u00f3n inicie, tramite y lleve hasta su terminaci\u00f3n demanda de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado en contra de Carmen Teresa Lesmes Alfonso, dicha situaci\u00f3n por s\u00ed sola no puede legitimarlo para intervenir como su representante en la acci\u00f3n constitucional, por cuanto, aqu\u00e9llos documentos son insuficientes para actuar en nombre del demandante dentro del proceso antes referido, si en cuenta se tiene que, a pesar de la teleolog\u00eda que orienta el principio de informalidad en la acci\u00f3n de tutela, para el ejercicio de la misma en nombre de terceros es menester allegar un poder especial otorgado propiamente para acciones de esta naturaleza (\u2026). <\/p>\n

Igualmente, si bien el abogado aqu\u00ed accionante solicit\u00f3 reconocer su legitimaci\u00f3n para obrar en nombre propio teniendo en cuenta su condici\u00f3n de heredero reconocido dentro del proceso de sucesi\u00f3n donde se practic\u00f3 el secuestro, en el proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado objeto de debate constitucional aquel no actu\u00f3 en calidad de demandante, sino como apoderado del se\u00f1or Jos\u00e9 Manuel Fonseca Vergara, por lo que ahora por v\u00eda de tutela no puede pretender ser tenido como tal, m\u00e1s aun cuando no se est\u00e1n discutiendo las actuaciones surtidas en el proceso de sucesi\u00f3n al que hace alusi\u00f3n\u00bb (fls. 81 al 88, ib\u00eddem).
\nLA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El accionante replic\u00f3 el anterior fallo, para lo cual argument\u00f3 que si bien no fue parte dentro del juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado y la ejecuci\u00f3n adelantada a continuaci\u00f3n, es el actual \u00abadjudicatario en proceso de sucesi\u00f3n\u00bb del predio objeto de aquel tr\u00e1mite, raz\u00f3n por la cual, s\u00ed tiene inter\u00e9s para acudir directamente al presente amparo como afectado con la determinaci\u00f3n cuestionada, m\u00e1xime cuando el art\u00edculo 2279 del C\u00f3digo Civil establece, que el \u00absecuestre de un inmueble (\u2026) tiene relativamente a su administraci\u00f3n, las facultades y deberes de mandatario, y deber\u00e1 dar cuenta de sus actos al futuro adjudicatario\u00bb (fls. 97 al 99, \u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDe conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, cuando un funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal aplicable, pudiendo tildarse la misma de antojadiza o arbitraria, se justifica la intervenci\u00f3n excepcional del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal proceder se genere, siempre que el afectado presente la tutela dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para conjurar el agravio. <\/p>\n

2.\tEn relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n

Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que: <\/p>\n

\u00ab[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (C. C. ST-878 de 2007). <\/p>\n

3.\tEn el presente caso, el ciudadano Mauricio Rom\u00e1n Bustamante cuestiona, de manera puntual, la sentencia de segunda instancia dictada el 24 de agosto del presente a\u00f1o por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dentro del juicio ejecutivo singular adelantado por Jos\u00e9 Manuel Fonseca Vergara contra Carmen Teresa Lesmes Alfonso, a continuaci\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado tramitado entre las mismas partes. <\/p>\n

4. Sin embargo, una vez revisados los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el expediente constitucional, la Sala advierte lo siguiente: <\/p>\n

4.2.\tMediante auto del 8 de mayo de 2015, el Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1 libr\u00f3 mandamiento de pago a favor del ejecutante por las sumas de dinero se\u00f1aladas, determinaci\u00f3n frente a la cual la ejecutada formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y propuso las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abprescripci\u00f3n y el documento (acta) con el que se pretende cobrar los c\u00e1nones de arrendamiento carece de requisitos formales y sustanciales para ser considerado t\u00edtulo ejecutivo\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n

4.3.\tEn sentencia del 25 de abril de 2017, el a-quo declar\u00f3 \u00abfundada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por la demandada [\u2026] NEGAR LA EXCEPCI\u00d3N EL DOCUMENTO (ACTA) CON EL QUE SE PRETENDEN COBRAR LOS C\u00c1NONES DE ARRENDAMIENTO, CARECE DE LOS REQUISITOS FORMALES Y SUSTANCIALES PARA SER CONSIDERADO T\u00cdTULO EJECUTIVO\u00bb, \u00abSEGUIR adelante la ejecuci\u00f3n por los d\u00edas causados entre el 22 a 31 de enero de 2012 y siguientes c\u00e1nones hasta el mes de diciembre de 2015\u00bb, determinaci\u00f3n frente a la que ambos extremos procesales presentaron recurso de apelaci\u00f3n (\u00eddem). <\/p>\n

4.4.\tEn diligencia del 29 de noviembre siguiente, el estrado judicial querellado modific\u00f3 \u00abel numeral 2\u00b0 de la sentencia dictada el 25 de abril de 2017, por el Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal de la ciudad, en el sentido de indicar que se SIGUE ADELANTE LA EJECUCI\u00d3N, por los c\u00e1nones de arrendamiento causados a partir de agosto de 2010 hasta julio de 2015, fecha en la que se hizo entrega del bien\u00bb, confirmando en lo dem\u00e1s la decisi\u00f3n de primer grado (ib\u00eddem). <\/p>\n

4.5.\tLa se\u00f1ora Carmen Teresa formul\u00f3 con \u00e9xito acci\u00f3n de tutela con el prop\u00f3sito de dejar sin valor ni efecto el aludido fallo, pues aunque lo pretendido fue desestimado en primera instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior del distrito Judicial de Bogot\u00e1, impugnada esta determinaci\u00f3n, en sentencia del 27 de julio de la presente anualidad esta Sala de Casaci\u00f3n Civil la revoc\u00f3, para en su lugar, conceder la protecci\u00f3n invocada, y ordenar al Despacho accionado, que \u00abproced[iera] a dejar sin valor y efecto la sentencia de 29 de noviembre de 2017 y, en consecuencia, dicte una nueva determinaci\u00f3n\u00bb, en el sentido de pronunciarse ex officio, sobre la revisi\u00f3n del \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb motivo de recaudo (\u00eddem). <\/p>\n

4.6.\tEn cumplimiento de la anterior orden, el Juzgado convocado dict\u00f3 nuevamente fallo el 24 de agosto pasado, en el cual decidi\u00f3 \u00abrevocar\u00bb el mandamiento de pago librado y desestimar las pretensiones de la ejecuci\u00f3n, tras considerar que el t\u00edtulo base de recaudo no satisfac\u00eda las condiciones previstas en el ordenamiento jur\u00eddico para su cobro (ib\u00eddem). <\/p>\n

5.\tBajo los anteriores lineamientos, de entrada se advierte que el reclamo constitucional deprecado resulta improcedente, dado que el se\u00f1or Mauricio Rom\u00e1n Bustamante pretende con el mismo atacar una actuaci\u00f3n que fue adelantada en un proceso ejecutivo singular donde no intervino de modo alguno, luego es incontrovertible que carece de legitimaci\u00f3n en la causa para tal efecto. <\/p>\n

Ciertamente, del recuento antes realizado y del an\u00e1lisis del contenido del fallo criticado, la Corte aprecia que el actor no integra alguno de los extremos de la litis y tampoco ha intervenido en alguna otra calidad, raz\u00f3n por la cual no est\u00e1 autorizado para elevar el reclamo constitucional, pues se tiene por averiguado que \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u00bb (ver recientemente en CSJ STC1078-2018). <\/p>\n

6.\tAl punto anterior resulta pertinente agregar, que aunque en las diligencias judiciales censuradas el actor afirma que fue reconocido como apoderado \u00absustituto\u00bb del ejecutante Jos\u00e9 Manuel Fonseca Vergara, esa circunstancia no lo habilita para cuestionar las decisiones adoptadas por la autoridad jurisdiccional convocada en el citado proceso ejecutivo mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que \u00e9sta puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda el poder por medio del cual se act\u00faa y, o se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Al respecto, la Sala de vieja data ha dicho, que <\/p>\n

\u00ab[L]a legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto se\u00f1al\u00f3 en la Sentencia T-001 de 1997, que por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n \u201ctodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n. <\/p>\n

De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n

La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (citada hace poco en CSJ STC5629-2018). <\/p>\n

7.\tFinalmente, el accionante afirma que en la sucesi\u00f3n de su padre \u00c1lvaro Rom\u00e1n Pe\u00f1aranda (q.e.p.d.), le fue adjudicado el predio objeto del juicio de restituci\u00f3n memorado, raz\u00f3n por la cual tiene inter\u00e9s en las resultas del juicio ejecutivo motivo de cuestionamiento; no obstante, si la pretensi\u00f3n del interesado es obtener el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento causados mientras el secuestre estuvo a cargo de la administraci\u00f3n de aquel inmueble, tiene la posibilidad de solicitar ante el juez que adelanta la causa mortuoria la rendici\u00f3n de cuentas de dicho auxiliar de la justicia, al tenor de lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 51 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abEn todo caso, el depositario o administrador dar\u00e1 al juzgado informe mensual de su gesti\u00f3n, sin perjuicio del deber de rendir cuentas\u00bb. <\/p>\n

8.\tPor tanto, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLAREAL
\nConjuez <\/p>\n

PEDRO LAFONT PIANETTA
\nConjuez <\/p>\n

RAFAEL ROMERO SIERRA
\nConjuez <\/p>\n

FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS
\nConjuez <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02359-01
\nCon el respeto acostumbrado por las decisiones de la Sala, expreso las razones que me impiden acompa\u00f1ar la que acepta los impedimentos manifestados por los Magistrados Margarita Cabello Blanco, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Luis Armando Tolosa Villabona para decidir la impugnaci\u00f3n propuesta en la acci\u00f3n de tutela de la referencia.
\n1. El \tprove\u00eddo del cual me aparto es aqu\u00e9l en el que, para \tadoptar la determinaci\u00f3n referida a espacio, la posici\u00f3n \tmayoritaria consider\u00f3 viable el apartamiento de los citados \tfuncionarios \u00abde \tconformidad con la causal prevista en \tel numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de \tProcedimiento Penal.., \tnorma aplicable por remisi\u00f3n del art\u00edculo 39 del \tDecreto \t2591 de 1991, relacionado con que \u00abel funcionario (…) \thubiere participado dentro del proceso\u00bb, merced a que \tconocieron \ten sede constitucional, del proceso ejecutivo hipotecario \tcuestionado a trav\u00e9s del amparo constitucional (sic)\u00bb.
\n2. Ahora, \ten s\u00edntesis, no comparto el anterior planteamiento \tcomoquiera que si bien con anterioridad la postura \tdel suscrito magistrado radic\u00f3 en aceptar los
\nimpedimentos manifestados por los dem\u00e1s integrantes de la Sala para conocer de acciones de amparo como la del ep\u00edgrafe, cuando hab\u00edan proferido decisiones en el proceso fustigado o en demandas de tutela respecto al mismo, raz\u00f3n por la que consideraba estructurada la causal de apartamiento contemplada en el numeral 6\u00b0 del articulo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal; lo cierto es que, efectuado un reexamen de tales situaciones, tal postura fue cambiada recientemente a trav\u00e9s de prove\u00eddo ATC1801-2018 (14 sep., rad. 2018-00605-02), reiterado en ATC1825-2018 (18 sep., rad. 2018-00188-01), acogiendo la posici\u00f3n mayoritaria de la Sala, con el fin de proceder en el futuro a no aceptar tales dimisiones, resaltando que tal variaci\u00f3n se fundament\u00f3 en que la determinaci\u00f3n que emitieron los magistrados que expresaron motivo de apartamiento, no era la censurada por v\u00eda supralegal, ni la acci\u00f3n se dirig\u00eda contra esta Corporaci\u00f3n, ni \u00e9sta trat\u00f3 el tema de fondo, raz\u00f3n por la que no se configuraba la causal invocada.
\nEn ese sentido, esta Sala ha sostenido que:
\n…las causales que le permiten al juzgador apartarse del conocimiento de un caso, adem\u00e1s de taxativas, son de interpretaci\u00f3n restrictiva, porque corresponden a eventos excepcionales, pues, por regla, los jueces deben asumir sin miramiento alguno el ejercicio de la competencia que les asigna la ley.
\n3. En este asunto ninguna raz\u00f3n se encuentra para admitir los impedimentos analizados, por cuanto, las circunstancias fundamento de los mismos, no se subsumen en la causal prevista en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, como pasa a explicarse:
\nSi bien es verdad, esta Sala mediante providencia de 21 de noviembre de 2016, declar\u00f3 inadmisible la demanda de casaci\u00f3n incoada por los aqu\u00ed actores frente a la sentencia dictada en segunda instancia dentro del juicio materia de este auxilio, y, adem\u00e1s, en el pronunciamiento de 30 de junio de 2017, se desestim\u00f3 la reposici\u00f3n propuesta por los recurrentes respecto del prove\u00eddo precedente, tambi\u00e9n lo es, los petentes de la tutela no la enfilan contra esta Corte ni reprochan de modo alguno aquellas determinaciones.
\n…se descarta [entonces] cualquier impedimento en los referidos Magistrados, por cuanto, primero, no se acciona a esta Corporaci\u00f3n, segundo, la citada inadmisi\u00f3n no es atacada por los querellantes y, tercero, a trav\u00e9s de esa providencia no se abord\u00f3 el fondo de la cuesti\u00f3n objeto de la presente tramitaci\u00f3n (CSJ
\nATC891-2018, 24 abr., rad. 2017-03485).
\n3. As\u00ed las cosas, de cara al caso concreto, se observa que los doctores Margarita Cabello Blanco, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Luis Armando Tolosa Villabona justificaron su dimisi\u00f3n en que profirieron, en segunda instancia, el fallo de tutela del pasado 27 de julio (STC9619-2018), mediante el cual se concedi\u00f3 el amparo otrora rogado por el aqu\u00ed accionante contra el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, respecto a la sentencia que \u00e9ste dict\u00f3 el 29 de noviembre de 2017 en el juicio hipotecario fustigado, orden\u00e1ndole dejarla sin valor y dictar una de reemplazo; pero lo cierto es que tal determinaci\u00f3n constitucional no es la ahora criticada, pues lo pretendido por el gestor a trav\u00e9s de esta nueva petici\u00f3n de protecci\u00f3n es que se reste efectos a la sentencia proferida por el juzgador ordinario en cumplimiento de tal resguardo, sin efectuar ning\u00fan cuestionamiento frente a \u00e9ste, por el contrario, en \u00e9l se apoya para el buen suceso de su actual reclamo, enfatizando que el Juzgado accionado \u00abno acata
\nlas orientaciones y el derrotero que le se\u00f1ala el Juez Constitucional en su providencia, distorsiona el sentido de la misma, no realiza lo que demanda la Corte que no es cosa dis\u00edmil de lo que impone la Ley e indican los precedentes jurisprudenciales\u00bb (folio 47, cuaderno 1).
\n4. Luego, \tcontrario a lo concluido de forma mayoritaria \tpor la Sala, resulta di\u00e1fano que los impedimentos \tno debieron aceptarse, dado que la circunstancia \taducida no ten\u00eda la virtualidad suficiente para \testructurar la causal 6' del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de \tProcedimiento \tPenal – Ley 906 de 20041.
\n5. En \tlos anteriores t\u00e9rminos dejo consignados los motivos \tque en esta oportunidad me llevan a separarme de la \tdecisi\u00f3n mayoritaria.
\nFecha uf supra. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMAGISTRADO <\/p>\n

\u00abArt\u00edculo 56. Son causales de impedimento… numeral 6\u00b0… que el funcionario que haya dictado la providencia de cuya revisi\u00f3n se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dict\u00f3 la providencia a revisan..<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC042-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02359-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de enero dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de enero de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de octubre de 2018, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102599","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102599","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102599"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102599\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102599"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102599"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}