{"id":102602,"date":"2026-07-02T16:13:29","date_gmt":"2026-07-02T16:13:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102602"},"modified":"2026-07-02T16:13:29","modified_gmt":"2026-07-02T16:13:29","slug":"stc051-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc051-2019\/","title":{"rendered":"STC051-2019"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC051-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001 22 13 000 2018 00939 01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo de 21 de noviembre de 2018, proferido por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en la tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a la Defensor\u00eda del Pueblo, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y dem\u00e1s intervinientes en los decursos a examinar. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. En s\u00edntesis, indic\u00f3 el promotor que intervino como coadyuvante en las acciones populares con radicados 2018-00039 y 2018-00428 adelantadas ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, quien las termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito; formul\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n frente a ese auto emitido \u00fanicamente en la \u00faltima actuaci\u00f3n colectiva: el primer recurso no prosper\u00f3 y el otro se rechaz\u00f3 por improcedente. <\/p>\n

Se quej\u00f3 porque el desistimiento t\u00e1cito no procede en estas actuaciones por oponerse abiertamente a su naturaleza, seg\u00fan el art\u00edculo 5 de la Ley 472 de 1998\u00bb. As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel Procurador General de la Naci\u00f3n del sitio de la amenaza, no act\u00faa en dichos procesos, incumpliendo su deber, seg\u00fan la Ley 734 de 2002\u00bb. <\/p>\n

2. El extremo pasivo respondi\u00f3 que en el tr\u00e1mite censurado no existe ninguna irregularidad. Adem\u00e1s, el Delegado del Ministerio P\u00fablico adver\u00f3 que esa dependencia \u00abal no ser parte en las acciones populares [criticadas], no puede endilg\u00e1rsele responsabilidad\u00bb. <\/p>\n

SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n

El a quo neg\u00f3 el auxilio, de un lado, porque \u00abla acci\u00f3n popular radicada 2018-00039 fue remitida por competencia al Juzgado Civil-Laboral del Circuito de Yarumal, por lo que la protecci\u00f3n constitucional se fundament\u00f3 en hechos que no han tenido ocurrencia\u00bb, y de otro, porque \u00abel amparo es prematuro frente a la acci\u00f3n popular con radicado 2018-00428\u00bb ya que se elev\u00f3 antes de que se resolviera el \u00abrecurso de reposici\u00f3n formulado por el aqu\u00ed tutelante\u00bb. <\/p>\n

El impulsor impugn\u00f3 sin indicar las razones de inconformidad. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El instrumento consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica no fue destinado a controvertir los interlocutorios jurisdiccionales, ya que permitirlo ser\u00eda desconocer la autonom\u00eda de quienes cumplen esa funci\u00f3n; empero, resulta id\u00f3neo, de manera excepcional, para garantizar prerrogativas fundamentales y convencionales afectadas por una equivocaci\u00f3n may\u00fascula, ostensible y grosera por parte de aquellas autoridades. <\/p>\n

En esa direcci\u00f3n, la injerencia de esta peculiar justicia en las pugnas ordinarias solamente est\u00e1 autorizada cuando se avista un comportamiento absurdo y caprichoso; en oposici\u00f3n, no cualquier descontento de los ciudadanos con las determinaciones de los jueces hace triunfar este patrocinio, entre otras razones, porque <\/p>\n

el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia (\u2026) la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural. (CSJ STC4673-2018). <\/p>\n

2. Con prontitud se observa que es menester ratificar parcialmente el prove\u00eddo opugnado siendo que, tal como en \u00e9l se concluy\u00f3, en el caso presente no hay m\u00e9rito para acceder a la salvaguarda con relaci\u00f3n a la \u00abacci\u00f3n popular con radicado 2018-00039\u00bb, pues no observa la Corte ning\u00fan desafuero susceptible de amparo superlativo ni el censor sustent\u00f3 su discrepancia con la resoluci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n

En efecto, el reproche estriba en que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la capital de Risaralda \u00abtermin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito las acciones populares con radicado 2018-00039 y 2018-00428\u00bb, pese a que la naturaleza especial de esos diligenciamientos imped\u00eda aplicar la sanci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso; sin embargo, seg\u00fan lo informa el disco compacto visible a folio 15 del cuaderno 1, no es cierto que tal situaci\u00f3n hubiere ocurrido en la primera demanda \u00abcolectiva\u00bb, toda vez que fue remitida por falta de competencia al Despacho Civil \u2013 Laboral del Circuito de Yarumal, lo que significa que los supuestos en que viene guarnecido el ruego, en ese aspecto, no est\u00e1 demostrado. Por ende, como est\u00e1 fundado en disertaciones inveros\u00edmiles, es obvio que no puede salir airoso. <\/p>\n

3. Empero, en lo que concierne a la \u00abacci\u00f3n popular con radicado 2018-00428\u00bb no sucede lo mismo, puesto que ella s\u00ed fue clausurada por \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb, lo que constituye un proceder arbitrario, subjetivo y ama\u00f1ado en tanto no envuelve un criterio respetable. Luego, deviene indispensable la intervenci\u00f3n de esta extraordinaria senda para conjurar tal desafuero, habida cuenta que no es plausible \u00abaplicar la sanci\u00f3n\u00bb contemplada en el art\u00edculo 317 del estatuto adjetivo civil en ese tipo de diligenciamientos, siendo que en ellos est\u00e1 inmerso un inter\u00e9s colectivo y p\u00fablico ata\u00f1edero a \u00abderechos\u00bb que trascienden de la \u00f3rbita del promotor \u00abpopular\u00bb. <\/p>\n

En efecto, el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica reza que la \u00abley regular\u00e1 las acciones populares para la protecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad p\u00fablicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia econ\u00f3mica y otros de similar naturaleza\u00bb, lo cual refuerza el canon 1\u00ba de la Ley 472 de 1998 al instituir que tal mecanismo \u00abest\u00e1 orientada a garantizar la defensa y protecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos\u00bb, y m\u00e1s adelante, en el art\u00edculo 4\u00ba, enlista las prerrogativas susceptibles de resguardo por esa v\u00eda. <\/p>\n

Quiere decir que tal instrumento, a diferencia de otros, est\u00e1 destinado exclusivamente a proteger intereses de linaje general, raz\u00f3n por la cual sus resultas benefician o perjudican a toda la comunidad involucrada en el litigio, de donde se sigue, entonces, que la \u00abaplicaci\u00f3n\u00bb de la figura contemplada en el aludido art\u00edculo 317 no armoniza con la teleolog\u00eda ni esencia de los \u00abatributos\u00bb en juego, entre otras cosas, porque la eventual \u00abprotecci\u00f3n\u00bb no impacta solamente al \u00abactor popular\u00bb, sino, como es obvio, a todos los afectados con el problema que la suscit\u00f3, aunque sea de manera indeterminada y tangencial. <\/p>\n

Desde esta perspectiva, refulge que a pesar de que la ley especial autoriza realizar varias actuaciones con asidero en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy C\u00f3digo General del Proceso, lo cierto es que tal remisi\u00f3n debe conjugarse con el art\u00edculo 5\u00ba, conforme al cual, los tr\u00e1mites en cuesti\u00f3n se adelantar\u00e1n \u00abcon fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia. Se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando \u00e9stos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones\u00bb (resalto propio). <\/p>\n

Y es que, avalar la aplicaci\u00f3n de la figura en comentario en esos decursos especiales ser\u00eda tanto como permitir tambi\u00e9n la posible extinci\u00f3n de los \u00abderechos\u00bb reclamados, pues a voces del literal g) del numeral 2\u00ba del canon 317 \u00ab[d]ecretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido\u00bb, lo que de llegar a ocurrir, se insiste, quebrantar\u00eda incluso a terceros ausentes en la disputa. <\/p>\n

Ergo, no es plausible clausurar anticipadamente las \u00abacciones populares\u00bb, por \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb, tal como en ocasi\u00f3n anterior se destac\u00f3 al sostener que: <\/p>\n

(\u2026) en las acciones populares se debate la protecci\u00f3n de derechos colectivos que pertenecen a todos y cada uno de los integrantes de una comunidad o de toda la sociedad, que exigen por ende una labor anticipada de protecci\u00f3n y una gesti\u00f3n pronta de la justicia dirigida a impedir su vulneraci\u00f3n (\u2026) Dichas garant\u00edas no hacen referencia a intereses subjetivos o particulares, sino a cuestiones de tal entidad, que su vulneraci\u00f3n pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecol\u00f3gico, la seguridad, patrimonio y moralidad p\u00fablica no de una persona, sino de toda una colectividad, lo que hace que de suyo sean irrenunciables, inajenables e imprescriptibles (\u2026) En tal sentido, al declarar parcialmente inexequible la el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, que establec\u00eda un t\u00e9rmino de caducidad a las acciones populares, indic\u00f3 la Corte Constitucional que: <\/p>\n

Sin embargo, cuando se trata de derechos fundamentales, es decir, imprescriptibles, no puede someterse su ejercicio o protecci\u00f3n a que por el transcurso del tiempo y la negligencia de uno de los titulares de un derecho colectivo perteneciente a todos y cada uno de los miembros de la comunidad afectada, se extinga la posibilidad de instaurar la acci\u00f3n que la Constituci\u00f3n ha consagrado en favor de una colectividad.
\nPor tal motivo, es que de manera acertada y acorde con el ordenamiento constitucional, el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, consagra la regla general seg\u00fan la cual la acci\u00f3n popular puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e inter\u00e9s colectivo, sin l\u00edmite de tiempo alguno. No obstante, encuentra la Corte, que la excepci\u00f3n que en la misma disposici\u00f3n se prev\u00e9 cuando la acci\u00f3n se dirige a " volver las cosas a su estado anterior" , en cuanto \u00a0establece un plazo de cinco (5) a\u00f1os para instaurarla, contados a partir de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que produjo la alteraci\u00f3n, desconoce el debido proceso y el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, de los miembros de la comunidad que se ven afectados en sus derechos e intereses colectivos.
\nEs evidente que no se trata de la protecci\u00f3n de meros derechos subjetivos o intereses particulares, sino que la acci\u00f3n popular versa sobre cuestiones de tal entidad, que su vulneraci\u00f3n pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecol\u00f3gico, la seguridad, patrimonio y moralidad p\u00fablica no de una persona, sino de toda una colectividad. A diferencia de las acciones individuales, cuyo ejercicio radica en cabeza de un sujeto que bien puede decidir instaurarlas o no, la posibilidad de acceder a la justicia para hacer cesar la amenaza o violaci\u00f3n de un derecho colectivo, existe para una pluralidad de personas que por pertenecer a la comunidad afectada, tienen el mismo derecho a ejercer dicha acci\u00f3n judicial. Mientras subsista la vulneraci\u00f3n a un derecho o inter\u00e9s colectivo y exista la posibilidad de volver las cosas al estado anterior para hacer cesar esa violaci\u00f3n, cualquiera de los miembros del grupo social debe tener la oportunidad de acudir a la justicia, para obtener esa protecci\u00f3n. De igual manera, la conducta de quienes han actuado en perjuicio de intereses y derechos colectivos no puede quedarse sin sanci\u00f3n.
\nCarece entonces de fundamento razonable y por lo mismo violatorio de derechos y principios constitucionales, \u00a0el que a pesar de que exista la probabilidad de subsanar y hacer cesar una situaci\u00f3n que afecta derechos esenciales de una comunidad presente o futura, se cierre la oportunidad para cualquiera de los sujetos afectados de actuar en su defensa, al establecer un t\u00e9rmino de caducidad cuando se demanda el restablecimiento de las cosas al estado anterior a la violaci\u00f3n del derecho, mientras ello fuere f\u00edsicamente posible. \u00a0
\nAs\u00ed que, entonces, debido a la naturaleza de los derechos que se debaten en este tipo de acciones, no puede tener cabida la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, que pueda terminarse el proceso de forma anormal por la presunta negligencia de quien la inici\u00f3, cuando lo que se intenta proteger es el inter\u00e9s de toda una comunidad, en perjuicio de sus integrantes (CSJ STC14483-2018). <\/p>\n

En definitiva, prosperar\u00e1 el ruego en torno a este aspecto. <\/p>\n

4. De otro lado, en punto a la cr\u00edtica que se le hace a la \u00abProcuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb de que \u00absupuestamente ha incumplido su deber de vigilancia en las acciones populares\u00bb, fluye n\u00edtido que no se colma el presupuesto de residualidad en la medida que no se acredit\u00f3 que tal cuesti\u00f3n hubiere sido postulada directamente ante ese organismo a trav\u00e9s de los cauces legalmente establecidos a fin de que adopte las medidas a que haya lugar, si lo estima pertinente. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, para en su reemplazo, ORDENAR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n deje sin efecto el \u00abauto por medio del cual termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito la acci\u00f3n popular con radicado 2018-00428\u00bb y adopte las medidas necesarias para continuar su normal impulso. <\/p>\n

SEGUNDO: En lo dem\u00e1s se confirma la referida providencia. <\/p>\n

TERCERO: Notif\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito \ty rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC051-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001 22 13 000 2018 00939 01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de enero de dos mil diecinueve (2019). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo de 21 de noviembre de 2018, proferido por la Sala Civil – […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102602","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102602","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102602"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102602\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102602"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102602"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102602"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}