{"id":102606,"date":"2026-07-02T16:14:20","date_gmt":"2026-07-02T16:14:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102606"},"modified":"2026-07-02T16:14:20","modified_gmt":"2026-07-02T16:14:20","slug":"stc056-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc056-2019\/","title":{"rendered":"STC056-2019"},"content":{"rendered":"
Conjuez Ponente <\/p>\n

STC056-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-02489-00 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte sobre la acci\u00f3n de tutela instaurada por los Se\u00f1ores Jorge Ernesto Arag\u00f3n Barrios, Javier Gonz\u00e1lez S\u00e1enz, Segundo Filem\u00f3n Gonz\u00e1lez S\u00e1enz, Blanca Oyola de Gonz\u00e1lez y Martha Roc\u00edo Lis Jim\u00e9nez. Esta Acci\u00f3n de Tutela se present\u00f3 contra la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El Incoder -Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-, hoy ANT -Agencia Nacional de Tierras1-, formul\u00f3 diferentes acciones de tutela contra los juzgados Promiscuo Municipal de Aquitania \u2013 Boyac\u00e1, Segundo Promiscuo Municipal de Oiba \u2013 Santander, Promiscuo Municipal de Tasco \u2013 Boyac\u00e1, Promiscuo Municipal de Macaravita \u2013 Santander y Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013 Meta. Todas estas acciones de tutela pretendieron denunciar una vulneraci\u00f3n al debido proceso. <\/p>\n

2. De manera concreta, el otrora Incoder consider\u00f3 que las citadas autoridades judiciales incurrieron en defectos f\u00e1ctico, org\u00e1nico y sustantivo, al declarar en favor de los particulares la pertenencia por usucapi\u00f3n del derecho de propiedad de diferentes predios rurales. Todos estos fundos carec\u00edan de antecedentes registrales. En estos t\u00e9rminos, seg\u00fan el Incoder, estos predios gozaban de la presunci\u00f3n de reconocerse como bienes bald\u00edos. <\/p>\n

3. Precisamente, uno de los procesos cuestionados fue el que se tramit\u00f3 con radicado 2012-00182-00 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013 Meta. De manera puntual, el Incoder \u2013hoy ANT- censur\u00f3 la decisi\u00f3n del 28 de enero de 2014 que accedi\u00f3 a las pretensiones la demanda respecto de los predios con matriculas inmobiliarias Nos. 236-53447, 236-53434, 236-53433 y 236-25951. <\/p>\n

4. En este tr\u00e1mite constitucional el Tribunal Superior de Villavicencio admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y corri\u00f3 traslado al juzgado accionado y a las partes intervinientes en el referido proceso declarativo. <\/p>\n

5. Los ahora accionantes como parte demandante en el asunto declarativo solicitaron no acceder al amparo. Consideraron que el entonces Incoder debi\u00f3 acudir ante la justicia ordinaria y desaprovech\u00f3 la oportunidad para actuar. <\/p>\n

6. El Tribunal Superior de Villavicencio, el 2 de mayo de 2016, deneg\u00f3 la tutela. Se\u00f1al\u00f3 que no se cumpl\u00edan los requisitos de subsidiariedad e inmediatez por cuanto la entidad accionante contaba con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n para discutir la relatada pertenencia. Agreg\u00f3, por lo dem\u00e1s, que la solicitud de amparo fue presentada el 18 de diciembre de 2015, es decir, un a\u00f1o y nueve meses despu\u00e9s de haberse proferido la sentencia cuestionada. <\/p>\n

7. Por su parte, el Incoder present\u00f3 impugnaci\u00f3n contra el fallo del Tribunal Superior de Villavicencio del 2 de mayo de 2016. Manifest\u00f3 ante esta Sala que el a quo no analiz\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n del derecho invocado, a pesar de la contundencia de las pruebas que indicaban que el entonces Incoder no fue convocado al proceso declarativo. <\/p>\n

8. Esta Sala, el 24 de febrero de 2017, revoc\u00f3 el fallo impugnado y, en su lugar, concedi\u00f3 el amparo. As\u00ed las cosas, se dispuso \u201ci) dejar sin valor y efecto la providencia del 28 de enero de 2014, dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013 Meta, y ii) ordenar al referido operador judicial que efect\u00fae las gestiones necesarias para recaudar los medios de prueba que permitan verificar el cumplimiento axiol\u00f3gico de la acci\u00f3n relativa a la prescriptibilidad del inmueble, y posteriormente, profiera el fallo que en derecho corresponda.\u201d <\/p>\n

9. La Corte Constitucional seleccion\u00f3 la anterior tutela para su revisi\u00f3n. Una vez encontr\u00f3 unidad de materia, la acumul\u00f3 junto con cuatro asuntos, a fin de que fueran decididos en un solo fallo. En efecto, se acumularon los fallos proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Aquitania (Boyac\u00e1), el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Oiba (Santander), el Juzgado Promiscuo Municipal de Tasco (Boyac\u00e1), el Juzgado Promiscuo Municipal de Macaravita (Santander) y el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos (Meta). <\/p>\n

De manera puntual, con la sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017 se asegur\u00f3 que los fallos revisados adolec\u00edan de defectos f\u00e1ctico, org\u00e1nico y sustantivo. <\/p>\n

En cuanto al defecto f\u00e1ctico se sostuvo lo siguiente: \u201ctiene lugar siempre que resulte evidente que el apoyo probatorio en que se fundament\u00f3 el juez para resolver un caso es absolutamente inadecuado. La jurisprudencia de esta Corte ha identificado las siguientes manifestaciones del defecto f\u00e1ctico: (i) la omisi\u00f3n en el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas, (ii) la no valoraci\u00f3n del acervo probatorio y (iii) la valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio.\u201d <\/p>\n

El defecto org\u00e1nico, asegur\u00f3 el fallo, puede presentarse en dos hip\u00f3tesis: \u201c(i) la funcional, cuando la autoridad judicial extralimita en forma manifiesta el \u00e1mbito de sus competencias constitucionales y legales; y (ii) la temporal, cuando a pesar de tener ciertas atribuciones o competencias, la autoridad judicial las ejerce por fuera del t\u00e9rmino previsto para ello.\u201d <\/p>\n

El defecto sustantivo, tambi\u00e9n se asever\u00f3, se \u201cpresenta cuando la providencia judicial incurre en un yerro trascendente, cuyo origen se encuentra en el proceso de interpretaci\u00f3n y de aplicaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas. No se trata, pues, de un yerro cualquiera, sino que es menester que sea de tal entidad que pueda obstaculizar o lesionar la efectividad de los derechos fundamentales.\u201d <\/p>\n

10. El 15 de enero de 2018, los accionantes promovieron el incidente de nulidad de la sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017, en relaci\u00f3n con lo decidido frente al proceso tramitado en el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos – Meta. Sobre el particular, valga aclarar lo siguiente: a trav\u00e9s de auto del 25 de abril de 2018, el relatado incidente de nulidad de la sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017 fue rechazado. <\/p>\n

11. Por otro lado, de acuerdo con lo ordenado por la sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013 Meta profiri\u00f3 el auto del 9 de febrero de 2018. Con \u00e9l se inadmiti\u00f3 la demanda de pertenencia instaurada por los tutelantes. <\/p>\n

De manera puntual se exigi\u00f3 de los demandantes aportar -dentro de un t\u00e9rmino de cinco d\u00edas- lo siguiente: \u201cun certificado especial reciente del Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de la ciudad, del predio de mayor extensi\u00f3n y de cada uno de los predios a usucapir, si est\u00e1n registrados, es decir uno expreso y preciso del registrador, donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o que no aparece ninguna como tal, INDICANDO incluso si el predio ES BALD\u00cdO.\u201d <\/p>\n

12. El 16 de marzo de 2018, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013 Meta rechaz\u00f3 la demanda al manifestar que los actores no presentaron escrito alguno para subsanarla. Contra esta decisi\u00f3n no se interpuso ning\u00fan recurso. <\/p>\n

13. Por su parte, los actores presentaron acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013 Meta. Seg\u00fan los promotores del amparo se vulneraron sus derechos con las decisiones adoptadas por el juzgado accionado por cuanto al encontrarse -para ese momento- en curso el incidente de nulidad por ellos formulado contra la sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017, el despacho deb\u00eda abstenerse de proferir decisi\u00f3n alguna hasta tanto se resolviera su solicitud. <\/p>\n

Con sentencia del 9 de mayo de 2018, el Tribunal Superior de Villavicencio deneg\u00f3 el amparo solicitado. Se se\u00f1al\u00f3 en la citada providencia que el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013 Meta no se encontraba obligado a suspender el tr\u00e1mite del proceso declarativo con ocasi\u00f3n de la solicitud de nulidad promovida por los accionantes contra la sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017. <\/p>\n

En efecto, la sentencia del Tribunal Superior de Villavicencio precis\u00f3 lo siguiente: el incidente de nulidad no suspende la ejecuci\u00f3n de las \u00f3rdenes de tutela. Igualmente se\u00f1al\u00f3 que los quejosos debieron agotar los mecanismos de defensa contra los autos del 9 de febrero y 16 de marzo de 2018, proferidos por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013 Meta. <\/p>\n

14. Inconformes con el fallo, los promotores del amparo lo impugnaro. De manera puntual los actores aseguraron que el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013 Meta no dio cabal cumplimiento a la orden de tutela proferida por la sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017. Los actores alegaron que a trav\u00e9s los autos del 9 de febrero y 16 de marzo de 2018 no se vincul\u00f3 a la ANT, seg\u00fan lo ordenado por la sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017. <\/p>\n

15. Por su parte, con sentencia del 26 de junio de 2018, esta Sala confirm\u00f3 la sentencia impugnada. <\/p>\n

En este fallo se aclar\u00f3 lo siguiente: los autos del 9 de febrero y 16 de marzo de 2018 no fueron controvertidos con recurso alguno por parte de los actores. As\u00ed mismo, se anot\u00f3 lo siguiente: \u201ces de recordar que los peticionarios del amparo pueden acudir ante la autoridad competente para que se haga efectivo el art\u00edculo 27 del Decreto 2591.\u201d <\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, se aclar\u00f3 que \u201cresulta, entonces, ostensible, que si los promotores del amparo no agotaron los medios defensivos de que dispon\u00edan, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural, pues se reitera, ning\u00fan reparo formularon contra las decisiones que ahora estiman vulneradoras de sus derechos.\u201d <\/p>\n

16. Posteriormente, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio \u2013Sala Civil, Familia, Laboral-, los actores promovieron el incidente de desacato. El incidente se formul\u00f3 en contra del titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013 Meta, por el presunto incumplimiento a la orden impartida por la sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017 de la Corte Constitucional. <\/p>\n

De manera puntual los incidentantes se\u00f1alaron que el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013 Meta no vincul\u00f3 a la ANT al proceso de Pertenencia Agraria Radicado No. 506893189001-2012-00182-00, seg\u00fan lo ordenado por la sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017 de la Corte Constitucional. <\/p>\n

Sobre el particular, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio consider\u00f3 que \u201cel Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos (Meta), dio cabal cumplimiento a la orden constitucional que le fue impartida de rehacer la actuaci\u00f3n anulada en el proceso de Pertenencia Agraria Radicado No. 506893189001-2012-00182-00, a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive, pues para hacerlo, examin\u00f3 nuevamente la demanda presentada por los incidentantes, para determinar si reun\u00eda o no los requisitos de su admisibilidad.\u201d As\u00ed las cosas, el 6 de agosto de 2018, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio se abstuvo de abrir incidente de desacato en contra del titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013 Meta. <\/p>\n

17. Para terminar, precisamente contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio \u2013Sala Civil, Familia, Laboral-, los actores presentaron la acci\u00f3n de tutela que nos ocupa. <\/p>\n

De manera puntual, los promotores se\u00f1alan una flagrante violaci\u00f3n a los derechos del debido proceso, seguridad jur\u00eddica, derecho a la defensa, al principio de posici\u00f3n dominante, a prop\u00f3sito del proceso de Pertenencia Agraria con Radicado No. 506893189001-2012-00182-00. <\/p>\n

Sostienen los actores que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio debi\u00f3 abrirle paso al relatado incidente de desacato en contra del titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos, por no haber vinculado a la ANT al proceso de Pertenencia -seg\u00fan lo ordenado por la sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017 de la Corte Constitucional-. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CONVOCADOS <\/p>\n

Por un lado, la Dra. Delfina Forero Mej\u00eda, Magistrada Sustanciadora del asunto sub examine, Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, solicit\u00f3 denegar la acci\u00f3n de tutela presentada por los actores ante esta Sala. <\/p>\n

Sostiene la Magistrada Forero que, precisamente de acuerdo con lo ordenado por la sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017 de la Corte Constitucional, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos encontr\u00f3 que \u201cel libelo demandatorio conten\u00eda falencias que deb\u00edan ser subsanadas, por lo que la inadmiti\u00f3 y concedi\u00f3 a los actores el t\u00e9rmino de ley para su correcci\u00f3n, el que venci\u00f3 sin que se hubiera subsanado, circunstancia que origin\u00f3 su rechazo y la orden de devoluci\u00f3n de la misma con sus anexos a los demandantes, sin necesidad de desglose, auto legalmente notificado a los demandados que al no ser impugnado qued\u00f3 en firme. Ante el rechazo de la demanda, no era viable que el Juzgado ordenara la vinculaci\u00f3n de la Agencia Nacional de Tierras \u2013ANT-, pues la demanda presentada, no gener\u00f3 la iniciaci\u00f3n del respectivo proceso.\u201d <\/p>\n

Por otro lado, en t\u00e9rminos muy pr\u00f3ximos a los que se vienen de ventilar, la Dra. Doris Acu\u00f1a Acevedo \u2013 Procuradora 3 Judicial II de la Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, solicita negar la acci\u00f3n de tutela propuesta por los Se\u00f1ores Jorge Ernesto Arag\u00f3n Barrios, Javier Gonz\u00e1lez S\u00e1enz, Segundo Filem\u00f3n Gonz\u00e1lez S\u00e1enz, Blanca Oyola de Gonz\u00e1lez y Martha Roc\u00edo Lis Jim\u00e9nez. Se asegura que Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos, en cumplimiento de lo ordenado por la sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017 de la Corte Constitucional, \u201crecay\u00f3 en el estudio de los requisitos formales de la demanda y dispuso su inadmisi\u00f3n a efecto de que se subsanara.\u201d <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La tutela es un instrumento preferente y sumario con el cual toda persona puede acudir en busca de que los jueces preserven sus privilegios fundamentales violados o amenazados por los servidores p\u00fablicos, o por los particulares en los precisos eventos previstos en el art\u00edculo 86 de la carta pol\u00edtica. <\/p>\n

2. En el caso concreto la discusi\u00f3n est\u00e1 relacionada con la siguiente cuesti\u00f3n: \u00bfel proceso de Pertenencia Agraria con Radicado No. 506893189001-2012-00182-00 se present\u00f3 respecto de bienes bald\u00edos? <\/p>\n

Desde luego, este asunto nos debe conducir derechamente a estos otros interrogantes: \u00bfEl Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio lesion\u00f3 los derechos fundamentales de los actores al denegar la apertura del incidente de desacato en contra del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos? \u00bfSe acat\u00f3 lo ordenado por sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017 de la Corte Constitucional? <\/p>\n

3. Como se sabe, los bald\u00edos rurales tienen una clara naturaleza jur\u00eddica: son bienes fiscales -que no bienes de uso p\u00fablico-. De all\u00ed que se reconozcan como imprescriptibles y enajenables. As\u00ed mismo, su r\u00e9gimen jur\u00eddico est\u00e1 plenamente establecido: est\u00e1n programados para ser adjudicados. En una palabra, para los particulares est\u00e1n proscritos los modos ordinarios u ortodoxos de adquirir el dominio del bald\u00edo. De manera pac\u00edfica se reconoce que el \u00fanico modo pertinente es la adjudicaci\u00f3n. Adem\u00e1s, los terrenos adjudicados a los particulares se someten a todas las limitaciones y restricciones consagradas en la Ley 160 de 1994. <\/p>\n

4. En torno a las presunciones establecidas en torno a la posible calificaci\u00f3n como bien \u201cbald\u00edo\u201d, se identifican diversos soportes normativos -en principio, lamentablemente, contradictorios-. <\/p>\n

5. Por un lado, se reconocen como soportes art\u00edculos tales como el 65 de la Ley 160 de 1994, 675 C. C., 375 C.G. del P. y 4 de la Ley 1579. A partir de estas normas se ha llegado a identificar la siguiente presunci\u00f3n: el fundo que carece de antecedentes registrales debe presumirse como bien \u201cbald\u00edo.\u201d <\/p>\n

En efecto, de manera concreta se ha dicho que \u201cen caso de no existir un propietario inscrito, ni cadenas traslaticias del derecho de dominio que den fe de dominio privado (en desmedro de la presunci\u00f3n de propiedad privada), y que la sentencia se dirija adem\u00e1s contra personas indeterminadas es prueba sumaria que puede indicar la existencia de un bald\u00edo\u201d2. <\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha aseverado que \u201cel juez no solo omiti\u00f3 la exigencia del certificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble, sino que, ante la ausencia del mismo, debi\u00f3, como m\u00ednimo, solicitar un concepto al Incoder sobre la calidad del predio\u201d3. <\/p>\n

6. Por otro lado, tambi\u00e9n identificamos como soportes normativos los art\u00edculos 2\u00b0 y 4\u00b0 de la Ley 4 de 1973 y el art\u00edculo 111 de la Ley 160 de 1994. <\/p>\n

En este orden de ideas, un predio bald\u00edo se reconocer\u00eda como un fundo inexplotado, inculto. <\/p>\n

Sobre este punto, desde la jurisprudencia se ha afirmado que \u201csuponer la calidad de bald\u00edo solamente por la ausencia de registro o por la carencia de titulares de derechos reales inscritos en el mismo, implica desconocer la existencia de fundos privados hist\u00f3ricamente pose\u00eddos, carentes de formalizaci\u00f3n legal\u201d4. <\/p>\n

Incluso, desde la Corte Constitucional se ha sostenido lo siguiente: \u201c[\u2026] Puede suceder que en relaci\u00f3n con el bien exista total certeza por parte del Registrador sobre la ausencia de registro de [\u2026] derechos reales en cabeza de alguna persona y en ese orden de ideas no tenga ninguna dificultad para expedir el certificado negativo respectivo donde conste que \u00abno aparece ninguna\u00bb persona como titular \u00abde derechos reales sujetos a registro\u00bb. Caso en el cual podr\u00e1 admitirse la demanda en contra de personas indeterminadas y darse curso a la actuaci\u00f3n en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil [\u2026].\u201d 5 <\/p>\n

7. De manera que la citada calificaci\u00f3n del fundo como bald\u00edo es una cuesti\u00f3n de fondo que debe ser asumida por el juez. <\/p>\n

8. Sobre el particular, esta Sala desea formular una peque\u00f1a precisi\u00f3n, respecto de lo ordenado por el auto del 9 de febrero de 2018 del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos. Con este auto, como se ha dicho, se exigi\u00f3 un certificado especial reciente del Registrador de Instrumentos P\u00fablicos \u201cINDICANDO incluso si el predio ES BALD\u00cdO\u201d. Sobre este punto se aclara que el certificado que se debe requerir para la admisi\u00f3n de las correspondientes demandas de pertenencia ha de ser el ordenado por el numeral 5 del art\u00edculo 375 C.G. del P. Empero, sobre esta puntual precisi\u00f3n valga reiterar lo siguiente: ni este auto del 9 de febrero de 2018 ni aquel del 16 de marzo de 2018 fueron objeto de impugnaci\u00f3n alguna. <\/p>\n

9. En una palabra, \u201cel juez est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de practicar las pruebas pertinentes y necesarias, as\u00ed fuere de manera oficiosa, para determinar la naturaleza del bien\u201d6. <\/p>\n

10. Es decir, el juez, en el caso concreto, ostenta las \u201cherramientas interpretativas para resolver el aparente conflicto normativo, as\u00ed como las herramientas probatorias para llevar a una buena valoraci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica.\u201d7 Desde luego, adem\u00e1s de apoyarse en un nutrido acervo probatorio, el juez podr\u00e1 servirse de una u otra de las presunciones relatadas. <\/p>\n

11. Como ya se indic\u00f3, la decisi\u00f3n del 28 de enero de 2014 del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013 Meta fue revocada por esta Sala (sentencia del 24 de febrero de 2017). <\/p>\n

Las razones invocadas fueron las siguientes: era \u201cpatente el deber de indagar sobre la naturaleza jur\u00eddica del predio a fin de establecer, con toda certeza, si se trataba de uno de car\u00e1cter privado o de un terreno fiscal, siendo necesario para ello, acometer la actividad probatoria pertinente, lo que denota la omisi\u00f3n del deber no s\u00f3lo de decretar pruebas de oficio necesarias, deficiencia que quebrant\u00f3 las reglas del debido proceso, sino adem\u00e1s de valorar las que se encontraban en el expediente.\u201d <\/p>\n

12. Como tambi\u00e9n ya se ha dicho, la Corte Constitucional seleccion\u00f3 la anterior tutela para su revisi\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, con la sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017 se orden\u00f3 lo siguiente: \u201cDEJAR SIN EFECTO la sentencia declaratoria de pertenencia proferida en \u00fanica instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013Meta-, el 28 de enero de 2014; y DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado dentro del proceso declarativo de pertenencia cuyo radicado correspondi\u00f3 al N\u00ba 2012-00182-00, incluido el auto admisorio, por lo que el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013Meta- deber\u00e1 analizar nuevamente los requisitos de admisi\u00f3n de la demanda, atendiendo las consideraciones de esta providencia. Por consiguiente, ORDENAR al Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013Meta- que, en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, proceda a rehacer las actuaciones correspondientes en el mencionado tr\u00e1mite, seg\u00fan lo expuesto en la parte motiva de esta decisi\u00f3n, para lo cual, deber\u00e1 vincular a la Agencia Nacional de Tierras \u2013ANT-, o a quien corresponda, para lo de su competencia. ADVERTIR que solo hasta que la Agencia Nacional de Tierras \u2013ANT- o el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013Meta- en el marco de sus poderes oficiosos identifiquen con certeza la naturaleza jur\u00eddica de los inmuebles a prescribir, ser\u00e1 posible continuar con el proceso declarativo de pertenencia.\u201d <\/p>\n

13. Precisamente, de acuerdo con lo ordenado por la sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos encontr\u00f3 que la Demanda conten\u00eda falencias que deb\u00edan ser subsanadas. Tales obst\u00e1culos no fueron superados por los demandantes. En definitiva, el relatado proceso de Pertenencia Agraria con Radicado No. 506893189001-2012-00182-00 feneci\u00f3 de manera radical. <\/p>\n

14. En efecto, con el auto del 16 de marzo de 2018 se orden\u00f3 el rechazo de la demanda. As\u00ed las cosas, se orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de la misma con sus anexos a los demandantes, sin necesidad de desglose. <\/p>\n

15. Sobre las decisiones contenidas en los citados autos del 9 de febrero y 16 de marzo de 2018 se vuelve a insistir en lo siguiente: los quejosos debieron agotar los mecanismos de defensa contra esos autos del 9 de febrero y 16 de marzo de 2018 del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos \u2013 Meta. As\u00ed las cosas, los actores omitieron utilizar los mecanismos de defensa que ten\u00edan a su alcance para controvertir tales determinaciones. <\/p>\n

16. Desde luego, una vez frustrado el inicio del respectivo proceso de Pertenencia, mal podr\u00eda vincularse al mismo a la Agencia Nacional de Tierras \u2013ANT-. En una palabra, tal vinculaci\u00f3n de la ANT, ordenada por la sentencia T-567 del 8 de septiembre de 2017 de la Corte Constitucional, exig\u00eda un n\u00edtido presupuesto: la viabilidad del proceso de Pertenencia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se negar\u00e1 el auxilio deprecado. <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, DENIEGA el amparo instado. <\/p>\n

Por el medio m\u00e1s expedito, COMUN\u00cdQUESE esta decisi\u00f3n a la totalidad de intervinientes y en caso de no ser impugnada, REM\u00cdTASE la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n

Conjuez Ponente <\/p>\n

ALVARO BARRERO BUITRAGO
\nConjuez <\/p>\n

M\u00d3NICA LUC\u00cdA FERNANDEZ MU\u00d1OZ
\nConjuez <\/p>\n

PEDRO LAFONT PIANETTA
\nConjuez <\/p>\n

HERN\u00c1N FABIO L\u00d3PEZ BLANCO
\nConjuez <\/p>\n

Conjuez <\/p>\n

JORGE ERNESTO OVIEDO ALBAN
\nConjuez <\/p>\n

1 \tCreada por el Decreto \t2363 del 07 de diciembre de 2015
\n2 \tConcepto del Incoder – Cuaderno de Revisi\u00f3n, folio 74 de la \tsentencia T-488 de 2014. MP: Jorge Iv\u00e1n Palacio.
\n3Corte \tConstitucional de Colombia. Sentencia T-461 de 2016. MP: Jorge Iv\u00e1n \tPalacio.
\nSobre el particular nos \tpreguntamos lo siguiente: \u00bfse trata de una tesis ecl\u00e9ctica \tque pretende armonizar las mencionadas presunciones de la Ley 4 de \t1973 con la necesidad de matr\u00edcula inmobiliaria consagrada en \tla Ley 1579?
\n4 \t Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 16 de febrero de 2016. \tMP: Luis Armando Tolosa V.
\n5 \tCorte \tConstitucional. Sentencia \tC-275 de 2006. MP: \u00c1lvaro Tafur G.
\n6 \tCorte Constitucional. Sentencia T-293 de 2016. MP: Gabriel Mendoza \tM.
\n7 \tCorte Constitucional. \tSentencia T-549 de 2016. MP: Jorge Iv\u00e1n Palacio.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Conjuez Ponente STC056-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-02489-00 Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte sobre la acci\u00f3n de tutela instaurada por los Se\u00f1ores Jorge Ernesto Arag\u00f3n Barrios, Javier Gonz\u00e1lez S\u00e1enz, Segundo Filem\u00f3n Gonz\u00e1lez S\u00e1enz, Blanca Oyola de Gonz\u00e1lez y Martha Roc\u00edo Lis Jim\u00e9nez. Esta Acci\u00f3n de Tutela se […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102606","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102606","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102606"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102606\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}