{"id":102607,"date":"2026-07-02T16:14:34","date_gmt":"2026-07-02T16:14:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102607"},"modified":"2026-07-02T16:14:34","modified_gmt":"2026-07-02T16:14:34","slug":"stc057-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc057-2019\/","title":{"rendered":"STC057-2019"},"content":{"rendered":"
GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL
\nConjuez ponente <\/p>\n

STC057-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2018-00525-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de enero de dos mil diecinueve). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por LAURA HALIMA LI\u00c9VANO JIM\u00c9NEZ contra LA SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el Se\u00f1or Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca JOS\u00c9 ELVER MU\u00d1OZ BARRERA, quien ocupa el cargo en propiedad. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa interesada, quien act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia presuntamente vulnerados por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia al expedir, en primer lugar, el auto de fecha 9 de agosto de 2018, que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de caducidad y orden\u00f3 el archivo del proceso a trav\u00e9s del cual la aqu\u00ed accionante demand\u00f3 la nulidad y el restablecimiento del derecho con ocasi\u00f3n del nombramiento que en propiedad hizo el Consejo de Estado del Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Jos\u00e9 Elver Mu\u00f1oz Barrera; y, en segundo t\u00e9rmino, al emitir el auto de fecha 11 de septiembre de 2018, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 el recurso de s\u00faplica incoado por la misma accionante contra la providencia que declar\u00f3 la caducidad. <\/p>\n

Como resultado de ello solicita que se tutelen sus derechos fundamentales y en consecuencia pide que (i) \u00abse declaren sin valor las decisiones de [fecha] 9 de agosto y 11 de septiembre de 2018, proferidos por la Magistrada Dra. Patricia Salazar Cu\u00e9llar en el proceso radicado bajo el n\u00famero 11001023000020160028000 y de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por el Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Salazar Otero. (ii) Se ordene a la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, proferir la decisi\u00f3n que en derecho corresponda y darle continuidad a la demanda promovida por la Dra. LAURA HALIMA LI\u00c9VANO, en aras de respetar los derechos al debido proceso, principio de legalidad y derecho al debido proceso, dentro de este \u00faltimo el principio de transparencia, examinando la existencia del impedimento que aqu\u00ed se refiere.\u201d (f. 6 vuelto).
\n2.\tPara sustentar su inconformidad aduce la actora constitucional, en s\u00edntesis, que fue retirada del cargo de Magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en atenci\u00f3n al nombramiento que hiciera el Consejo de Estado atendiendo la lista de elegibles que remiti\u00f3 el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

Que por tal raz\u00f3n instaur\u00f3 demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual conoci\u00f3 la Corte Suprema de Justicia por expreso mandato del primer (1) par\u00e1grafo del art\u00edculo 149 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Que la demanda fue admitida y contestada por el extremo demandado, as\u00ed como tambi\u00e9n por el nombrado en reemplazo de la promotora de la acci\u00f3n, quienes formularon la excepci\u00f3n de caducidad sustentada en que el t\u00e9rmino para incoar ese medio de control debe ser contabilizado desde la fecha en que se produjo el Acuerdo de nombramiento de quien reemplaz\u00f3 a la aqu\u00ed accionante, lo que gener\u00f3 un t\u00e9rmino superior a los cuatro meses. Que durante la audiencia inicial -que se llev\u00f3 a cabo el d\u00eda 9 de agosto de 2018- se acogi\u00f3 la caducidad alegada. <\/p>\n

Que contra esa decisi\u00f3n se formul\u00f3 recurso de s\u00faplica, el cual se sustent\u00f3 en que por tratarse de un acto administrativo de car\u00e1cter subjetivo, que determin\u00f3 el retiro de un cargo, la fecha en que empieza a correr la caducidad es desde cuando se cumpla su ejecuci\u00f3n, es decir, desde cuando la demandante abandon\u00f3 el cargo de Magistrada, esto es, el 26 de abril de 2016; y que as\u00ed lo dispone la Ley 1437 de 2011 en su art\u00edculo 164, numeral 2, literal d. <\/p>\n

Termina la accionante indicando que el recurso de s\u00faplica fue resuelto mediante auto de Sala Plena de fecha 11 de septiembre de 2018, y que en \u00e9l se confirm\u00f3 el auto que decret\u00f3 la caducidad. Que la Corte argument\u00f3 que la norma antes citada no es aplicable cuando se trata de nombramientos que requieran confirmaci\u00f3n, en cuyo caso la caducidad corre desde la fecha de confirmaci\u00f3n del nombramiento de quien reemplaz\u00f3 a la aqu\u00ed accionante en el cargo, apoy\u00e1ndose en un precedente relativo a la caducidad en materia electoral. <\/p>\n

Que por tanto, y al existir un grave error de orden legal e interpretativo se estructuran varias causales para que proceda la acci\u00f3n de tutela como \u00fanico mecanismo para lograr la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, y con tal fin afirm\u00f3 que se hab\u00eda configurado un defecto f\u00e1ctico y un defecto sustancial por falta de aplicaci\u00f3n y violaci\u00f3n del precedente, con lo cual se le habr\u00edan vulnerado sus derechos de acceso a la administraci\u00f3n de justicia (Art. 229 Superior) y debido proceso (Art. 29 Carta Pol\u00edtica). <\/p>\n

1\u00ba. La Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s de su Presidente, Honorable Magistrado Jos\u00e9 Luis Barcel\u00f3 Camacho, manifest\u00f3 que en el presente asunto no es procedente la concesi\u00f3n del amparo constitucional reclamado, en la medida en que el art\u00edculo 164 del CPACA es claro en se\u00f1alar que en los casos en que el nombramiento requiere de confirmaci\u00f3n, como acontece con los funcionarios de la Rama Judicial, el t\u00e9rmino de caducidad se cuenta a partir del d\u00eda siguiente de la expedici\u00f3n de dicho acto, criterio expuesto por el Consejo de Estado en el fallo de fecha 19 de marzo de 2015 dentro del expediente n\u00famero 1100102030280002014-00133, raz\u00f3n por la cual la declaratoria de caducidad de la acci\u00f3n y la consiguiente terminaci\u00f3n del proceso que motiv\u00f3 la presente acci\u00f3n de tutela es del todo razonable, pues consulta el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n

En cuanto a los impedimentos de los integrantes de la Sala Plena para conocer de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho que gener\u00f3 el actual mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, enfatiza que dentro del proceso la parte interesada no present\u00f3 recusaci\u00f3n alguna, y la acci\u00f3n de tutela no es el escenario para formular solicitudes en tal sentido. <\/p>\n

Respecto a los precedentes que la accionante trae a colaci\u00f3n como argumentos para soportar el reclamo constitucional, destaca que no resultan aplicables al presente caso, ya que ninguno de ellos se refiere a la designaci\u00f3n de funcionarios de la rama judicial, evento en el cual es necesario el nombramiento y la confirmaci\u00f3n, tal como lo establece el art\u00edculo 127 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia (Ley 270 de 1996), es decir, se trata de actos administrativos complejos. En cambio, los precedentes mencionados versan sobre actos de ejecuci\u00f3n de sanciones disciplinarias de retiro del servicio y la supresi\u00f3n de cargos en provisionalidad, actos que no guardan similitud tem\u00e1tica con el asunto aqu\u00ed debatido. <\/p>\n

2\u00ba. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura, a trav\u00e9s de la Divisi\u00f3n de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, se pronunci\u00f3 sobre la presente acci\u00f3n de la siguiente manera, manifestando, de entrada, la improcedencia de la misma contra actuaciones y providencias judiciales: <\/p>\n

i) En primer lugar, indic\u00f3 que tanto la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura como la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial carecen de competencia por ser entes ajenos a las actuaciones y decisiones o fallos judiciales, ya que sus funciones no son jurisdiccionales sino administrativas. <\/p>\n

ii) En segundo t\u00e9rmino, sostuvo que el amparo constitucional que ahora nos concita es improcedente por la inexistencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n

iii) Posteriormente, se\u00f1al\u00f3 que la Direcci\u00f3n de Administraci\u00f3n Judicial no interviene en las decisiones legales y actuaciones proferidas por los Despachos Judiciales. <\/p>\n

iv) Por \u00faltimo, aleg\u00f3 la falta de legitimidad en la causa por pasiva respecto del Consejo Superior de la Judicatura, en la medida en que las decisiones fustigadas no son consecuencia de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, por lo que debe prescindirse de librarse cualquier orden de apremio en ese sentido, toda vez que dentro de las atribuciones de la entidad no se encuentra la de dar \u00f3rdenes a los Despachos Judiciales. <\/p>\n

3\u00ba. El se\u00f1or Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Jos\u00e9 Elver Mu\u00f1oz Barrera, vinculado al presente asunto, se opone a la procedencia del amparo deprecado con base en las razones que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n

i) Que la accionante present\u00f3 demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Corte Suprema de Justicia, pretendiendo la declaraci\u00f3n de nulidad del acto administrativo que acord\u00f3 elegirlo a \u00e9l en propiedad en el cargo de Magistrado, as\u00ed como el de su confirmaci\u00f3n; y que ella tambi\u00e9n solicit\u00f3 que la reintegraran al cargo de Magistrada en provisionalidad. <\/p>\n

ii) Que la Corte Suprema de Justicia declar\u00f3 la caducidad del aludido medio de control con fundamento en los literales a) y d) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 164 de la Ley 1437 de 2011 y del art\u00edculo 133 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia), por tratarse de un acto administrativo de elecci\u00f3n que requiere confirmaci\u00f3n, cuyo t\u00e9rmino para demandar debe contabilizarse a partir del d\u00eda siguiente a la confirmaci\u00f3n del acto de elecci\u00f3n. <\/p>\n

iii) Que contra el auto que declar\u00f3 la caducidad, la accionante interpuso recurso de s\u00faplica, cuyas razones fueron: <\/p>\n

a.- Que la lista de elegibles con base en la cual se produjo el nombramiento en propiedad como Magistrado, no estaba vigente.
\nb.- Que con la demanda no se buscaba la nulidad de los actos de nombramiento y confirmaci\u00f3n sino el reintegro de la demandante, quien ven\u00eda ocupando el cargo de Magistrada en provisionalidad.
\nc.- Que por lo tanto, el t\u00e9rmino de caducidad para demandar deb\u00eda contabilizarse desde el momento de su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n

iv) Que la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 en forma negativa el recurso de s\u00faplica, y a pesar de ello se instaur\u00f3 la presente acci\u00f3n de tutela formulando argumentos no ventilados en esa impugnaci\u00f3n, tales como: <\/p>\n

a.- Que el acto administrativo que desvincul\u00f3 a la doctora LI\u00c9VANO JIM\u00c9NEZ no le fue notificado.
\nb.- Que la Ley establece la posibilidad de demandar dentro de los cuatro meses siguientes a la notificaci\u00f3n del acto administrativo de su retiro, o a partir de la ejecuci\u00f3n de este.
\nc.- Que el acto administrativo de retiro es de car\u00e1cter subjetivo, lo que causa un agravio particular y concreto a los derechos de la demandante.
\nd.- Que el medio de control interpuesto fue de nulidad y restablecimiento del derecho y no el de nulidad electoral, por lo que la norma aplicable era el literal d) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 164 de la Ley 1437 de 2011, el cual consagra un t\u00e9rmino de caducidad de cuatro (4) meses desde la ejecuci\u00f3n del acto administrativo.
\ne.- Que exist\u00eda causal de impedimento por parte de la Corte por haber nombrado a varios Magistrados de Tribunal con base en la lista de elegibles generada por el mismo concurso.
\nf.- Que se desconoci\u00f3 el precedente emitido por el Consejo de Estado donde claramente se indica que cuando se trata de actos administrativos que conllevan el retiro del cargo, la caducidad se cuenta desde la fecha del retiro del funcionario del cargo, y no antes. <\/p>\n

v) Con fundamento en lo indicado, el interviniente solicita que se desestime la acci\u00f3n de tutela por improcedente, ya que no cumple con los requisitos generales necesarios para incoar el amparo constitucional contra providencias judiciales, comoquiera que al formular el recurso de s\u00faplica se incumpli\u00f3 con la carga de sustentarlo en debida forma y adem\u00e1s tampoco se expusieron los argumentos que se aducen ahora en sede de tutela. <\/p>\n

vi) Termina indicando en su r\u00e9plica el Magistrado Mu\u00f1oz Barrera que tampoco se prob\u00f3 ninguno de los vicios alegados, toda vez que no hubo defectos f\u00e1cticos, sustanciales ni procedimentales en la decisi\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia e, igualmente, que no se desconoci\u00f3 el precedente, ya que las providencias citadas contienen supuestos de hecho muy diferentes al caso en estudio, esto es, no se trata de asuntos en los cuales se demanda la nulidad de actos administrativos de elecci\u00f3n que requieran confirmaci\u00f3n como el de los Magistrados de Tribunal. <\/p>\n

III. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La \tjurisprudencia constitucional ha indicado, en l\u00ednea de \tprincipio, que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo procedente \ten los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \t\u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero \tnormado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la \tsubjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, \ty bajo el presupuesto que el afectado accione dentro de un t\u00e9rmino \trazonable y que \u00abno disponga de medios ordinarios \ty efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 \tmar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016). <\/p>\n

Dicho lo anterior, y en aras de resolver el problema jur\u00eddico, para la Sala la controversia gira en torno a las siguientes cuestiones: <\/p>\n

\u00bfIncurri\u00f3 la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en una v\u00eda de hecho al decretar la caducidad dentro del proceso radicado bajo el n\u00famero 11001 0230 000 2016 00280 00? <\/p>\n

O, expresado en otras palabras y con mayor precisi\u00f3n: \u00bfEl asunto debatido dentro del proceso n\u00famero 11001 0230 0230 000 2016 00280 00 estaba gobernado (en lo que concierne a la caducidad) por el t\u00e9rmino indicado en el literal a) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 164 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), tal como lo dijo la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en auto del nueve (9) de agosto \u2014confirmado luego por v\u00eda de s\u00faplica mediante providencia del once (11) de septiembre, ambos de 2018\u2014, o por el t\u00e9rmino consagrado en el literal d) del numeral 2\u00ba del ya citado art\u00edculo 164 del CPACA, tal como lo indica la aqu\u00ed accionante? <\/p>\n

2.\tEn el presente caso la Sala observa, despu\u00e9s de estudiar el amparo incoado y de revisar en forma minuciosa el expediente radicado bajo el n\u00famero 11001 0230 000 2016 00280 00, que corresponde a la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la doctora Laura Halima Li\u00e9vano Jim\u00e9nez, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. El d\u00eda veinticinco (25) de noviembre de 2016 la ex Magistrada en provisionalidad del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca radica ante la Secretar\u00eda General de la Corte Suprema de Justicia (por aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 149 del CPACA), demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de La Naci\u00f3n \u2013 Rama Judicial y el Consejo de Estado; y en ese libelo pide que se declare la nulidad del art\u00edculo 10\u00ba del Acuerdo No. 34 del primero (1\u00ba) de marzo de 2016 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, acto administrativo a trav\u00e9s del cual se elige al doctor Jos\u00e9 Elver Mu\u00f1oz Berrera como Magistrado en propiedad del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, cargo que, se itera, desempe\u00f1aba en provisionalidad la doctora Li\u00e9vano Jim\u00e9nez. <\/p>\n

2.2.\tLa demanda fue admitida mediante auto de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil diecisiete (2017) por la Magistrada Ponente de ese asunto, doctora Patricia Salazar Cuellar. All\u00ed mismo se dispuso notificar esa providencia al extremo demandado y, enterado \u00e9ste del auto admisorio, procedi\u00f3 a formular la excepci\u00f3n de caducidad, sustentada en que el medio de control fue formulado en forma extempor\u00e1nea de acuerdo con lo previsto en el numeral 2\u00ba literal a) del art\u00edculo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). Del escrito de excepciones se corri\u00f3 traslado a la actora mediante la fijaci\u00f3n en lista de fecha treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2017). <\/p>\n

2.3.\tMediante auto de fecha seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018) se cita a las partes a la audiencia inicial, se\u00f1alando para tal efecto el d\u00eda nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018). Durante la audiencia se declar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de caducidad formulada por el extremo demandado, en raz\u00f3n a que la Honorable Magistrada Ponente consider\u00f3 que por tratarse del cuestionamiento de un acto administrativo de elecci\u00f3n y confirmaci\u00f3n de un Magistrado, el t\u00e9rmino aplicable es el previsto en el literal a) del 2\u00ba inciso del art\u00edculo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA); y que como la confirmaci\u00f3n de la elecci\u00f3n del Magistrado Jos\u00e9 Elver Mu\u00f1oz Barrera se efectu\u00f3 el d\u00eda doce (12) de abril de dos mil diecis\u00e9is (2016), el t\u00e9rmino que se ten\u00eda para fustigar el acto administrativo empez\u00f3 a correr a partir del d\u00eda siguiente a la confirmaci\u00f3n. <\/p>\n

2.4.\tInconforme con esa decisi\u00f3n, a trav\u00e9s de su apoderado judicial la accionante formul\u00f3 y sustent\u00f3 en la misma audiencia inicial recurso de s\u00faplica contra la providencia antes descrita. La Magistrada Ponente corri\u00f3 traslado del recurso a las dem\u00e1s partes y lo concedi\u00f3 ante el Magistrado que sigue en turno, esto es, el doctor Luis Guillermo Salazar Otero. Dicha impugnaci\u00f3n fue resuelta mediante auto de fecha once (11) de septiembre de dos mil dieciocho, y en \u00e9l se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n que declar\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n incoada por la doctora Li\u00e9vano Jim\u00e9nez. Para sustentar esta determinaci\u00f3n se dijo que efectivamente el t\u00e9rmino de caducidad deb\u00eda contabilizarse a partir del d\u00eda siguiente a la confirmaci\u00f3n, por tratarse de una actuaci\u00f3n administrativa especial que as\u00ed lo exige, y que por tanto el t\u00e9rmino previsto en el literal d) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 164 del CPACA se aplica para aquellos eventos generales. De esta forma qued\u00f3 en firme la decisi\u00f3n y consecuencialmente se dio por terminado el proceso, providencia que fue notificada mediante anotaci\u00f3n al estado del d\u00eda catorce (14) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

3. Ahora bien, \texpuesto de manera sucinta el acontecer del proceso que tramit\u00f3 \tla Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia con ocasi\u00f3n \tde la Acci\u00f3n de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que \tinstaur\u00f3 la doctora Li\u00e9vano Jim\u00e9nez, lo que se \timpone es analizar en los pr\u00f3ximos numerales los reparos que \tpor v\u00eda de tutela ella misma formul\u00f3. <\/p>\n

3.1. Se duele la accionante en sede constitucional de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, al haber incurrido en los defectos \u201cf\u00e1ctico\u201d y \u201csustancial\u201d que se configuran, a su juicio, como resultado de la confusi\u00f3n entre la acci\u00f3n incoada (nulidad y restablecimiento del derecho de car\u00e1cter laboral) con el medio de control electoral. Que ese error llev\u00f3 a la Corporaci\u00f3n accionada a utilizar en forma indebida la jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se hace referencia a la caducidad para el beneficiario del acto administrativo, pero no del perjudicado con dicho acto. <\/p>\n

Insiste en que la Corte tuvo por sentado que la demandante ante el Contencioso Administrativo fue notificada el mismo d\u00eda en que se notific\u00f3 al doctor Jos\u00e9 Elver Mu\u00f1oz Barrera el acto de confirmaci\u00f3n, imponi\u00e9ndole, producto de ese yerro, una carga a la doctora Li\u00e9vano Jim\u00e9nez que no est\u00e1 obligada a soportar, toda vez que ella puede demandar dicho acto administrativo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificaci\u00f3n del acto administrativo de su retiro, o a partir de la ejecuci\u00f3n de este. Termina recalcando que en el expediente Contencioso Administrativo no obra prueba de hab\u00e9rsele notificado el acto administrativo confirmatorio. <\/p>\n

3.2. Para darle respuesta a la accionante, la Sala de Tutela advierte la improsperidad del cargo, ya que al consultar la demanda contenciosa administrativa, en especial el ac\u00e1pite de las pretensiones, claramente se advierte que la esencia de las mismas apunt\u00f3 a fustigar la elecci\u00f3n del doctor Jos\u00e9 Elver Mu\u00f1oz Barrera como Magistrado en propiedad del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, contenido en el art\u00edculo 10\u00ba del Acuerdo 034 del primero (1\u00ba) de marzo de dos mil diecis\u00e9is (2016) expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado. En segundo lugar, increp\u00f3 tambi\u00e9n el acto de confirmaci\u00f3n en propiedad del doctor Mu\u00f1oz Barrera como Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. En tercer lugar, y solo como consecuencia de la prosperidad de las anteriores pretensiones, reclama la actora el reintegro a un cargo de iguales o mejores condiciones del cual fue retirada (Magistrada de Tribunal) en forma ilegal, sin que haya existido soluci\u00f3n de continuidad con todas las consecuencias que ello genera. <\/p>\n

Por lo tanto, habi\u00e9ndose fijado el marco del litigio en la elecci\u00f3n del citado jurista, el tr\u00e1mite que en todo momento se dio a la demanda contenciosa administrativa por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, y cuya caducidad declar\u00f3, fue precisamente ese y no otro. Siendo as\u00ed, no hubo entonces la confusi\u00f3n que denuncia por v\u00eda de tutela la accionante, ya que es claro que la tercera pretensi\u00f3n que formul\u00f3 la doctora Li\u00e9vano Jim\u00e9nez estaba condicionada a la prosperidad de la declaraci\u00f3n de nulidad de la elecci\u00f3n y confirmaci\u00f3n del doctor Mu\u00f1oz Barrera como Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca; y no era esa pretensi\u00f3n la principal, ni mucho menos la \u00fanica. <\/p>\n

Adicionalmente y al margen de ello, tampoco se le puede endilgar un error a la Sala Plena al reconocer la prosperidad de la caducidad al amparo del numeral 2\u00ba literal a) del art\u00edculo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), debido a que el acto atacado por la accionante en el Contencioso Administrativo fue precisamente la ELECCI\u00d3N y CONFIRMACI\u00d3N del doctor Jos\u00e9 Elver Mu\u00f1oz Barrera como Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, aspecto sobre el que no hay la m\u00e1s m\u00ednima duda en raz\u00f3n a que las pretensiones de la demanda son muy claras y dicientes en esta materia. En consecuencia, frente a ese escenario el t\u00e9rmino de caducidad para poder accionar est\u00e1 previsto en la norma aplicada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, esto es, el literal a) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 164 del CPACA, que dispone lo siguiente: <\/p>\n

\u201cCuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, el t\u00e9rmino ser\u00e1 de treinta (30) d\u00edas. Si la elecci\u00f3n se declara en audiencia p\u00fablica el t\u00e9rmino se contar\u00e1 a partir del d\u00eda siguiente; en los dem\u00e1s casos de elecci\u00f3n y en los de nombramiento se cuenta a partir del d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n efectuada en la forma prevista en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 65 de este C\u00f3digo.\u201d <\/p>\n

De igual modo, esa misma norma tambi\u00e9n establece que: <\/p>\n

\u201cEn las elecciones o nombramientos que requieren confirmaci\u00f3n, el t\u00e9rmino para demandar se contar\u00e1 a partir del d\u00eda siguiente a la confirmaci\u00f3n.\u201d <\/p>\n

Por ende, si las pretensiones formuladas ante lo contencioso administrativo por parte de la doctora Li\u00e9vano Jim\u00e9nez estaban encaminadas a pedir la nulidad de la elecci\u00f3n y confirmaci\u00f3n del doctor Mu\u00f1oz Barrera; resulta di\u00e1fano que con fundamento en el anterior mandato legal el t\u00e9rmino de caducidad se cuenta a partir del d\u00eda siguiente a la confirmaci\u00f3n, y de ah\u00ed que no pueda sostenerse, con \u00e9xito, que la Sala Plena de la Corporaci\u00f3n accionada err\u00f3 al aplicar esta norma. <\/p>\n

Ahora bien, aunque la accionante en este tr\u00e1mite constitucional se queja por no hab\u00e9rsele notificado ese acto administrativo, lo cierto es que la norma no establece un mecanismo especial de para darlo a conocer, al punto de que por ning\u00fan lado consagra que el t\u00e9rmino de caducidad se cuenta a partir de la notificaci\u00f3n del acto de confirmaci\u00f3n. De hecho, lo \u00fanico que dispone el aludido canon legal es que el t\u00e9rmino para impugnar por la v\u00eda judicial empieza a contarse al d\u00eda siguiente a aqu\u00e9l en que tuvo lugar la respectiva confirmaci\u00f3n. Por lo dem\u00e1s, quien reclama la protecci\u00f3n de sus derechos en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela pasa por alto que el cargo de magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca lo ejerc\u00eda en provisionalidad o, lo que es lo mismo, mientras se eleg\u00eda en propiedad, lo que significa que no ten\u00eda un derecho adquirido ni pod\u00eda desconocer que su permanencia estaba sometida a una condici\u00f3n que, una vez se diera, terminaba su permanencia. Dentro de este preciso contexto el referente temporal para hacer uso del medio de control se torna objetivo y no subjetivo, por lo que basta con el acto de confirmaci\u00f3n para que al d\u00eda siguiente empiece a correr el t\u00e9rmino de caducidad, habida cuenta que esa es la \u00fanica condici\u00f3n que impone la norma. <\/p>\n

En suma, no incurri\u00f3 en un yerro la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia al declarar la caducidad, porque ni le impuso una carga a la demandante que ella no estuviera en el deber de soportar, ni desconoci\u00f3 que a la doctora Li\u00e9vano Jim\u00e9nez no se le hab\u00eda notificado el acto administrativo de confirmaci\u00f3n. <\/p>\n

3.3. Junto con el presunto \u201cdefecto f\u00e1ctico\u201d, tambi\u00e9n cuestiona la actora constitucional la decisi\u00f3n que declar\u00f3 la caducidad por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, aduciendo \u201cdefecto procedimental\u201d e invocando dos razones: i) En cuanto al rechazo de la demanda, porque en su concepto se debi\u00f3 continuar con el proceso hasta culminar con un fallo definitivo, lo cual implica una violaci\u00f3n del debido proceso. Y ii) En cuanto a los impedimentos de los Magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, situaci\u00f3n advertida despu\u00e9s de la declaraci\u00f3n de caducidad y configurada, seg\u00fan ella, en el hecho de que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia tambi\u00e9n hizo nombramientos de Magistrados en propiedad originados en el mismo concurso, lo cual da pie para predicar que incurrieron en la misma ilegalidad que es objeto de debate del proceso contencioso administrativo que origin\u00f3 esta acci\u00f3n constitucional. Como resultado de todo ello, la accionante agreg\u00f3 que se violaron los principios de transparencia y del debido proceso, propios del r\u00e9gimen de impedimentos que consagra el art\u00edculo 145 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

3.4. Respecto a este \u201cdefecto procedimental\u201d, la Sala encuentra infundado el reproche por las siguientes razones: <\/p>\n

En primer lugar y en lo que ata\u00f1e a los efectos de la caducidad, desde ning\u00fan punto de vista resulta procedente el planteamiento de la accionante constitucional, ya que el art\u00edculo 169 de la Ley 1437 de 2011 es enf\u00e1tico en se\u00f1alar lo siguiente:
\nArt. 169.- Rechazo de la demanda. Se rechazar\u00e1 la demanda y se ordenar\u00e1 la devoluci\u00f3n de los anexos en los siguientes casos:
\n1. Cuando hubiere operado la caducidad.
\n2. \u2026\u2026.
\n3. \u2026\u2026.\u201d <\/p>\n

Bajo estas condiciones nada se le puede reprochar a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia cuando declar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de caducidad y consecuencialmente dispuso el rechazo de esta. En efecto, pretender que a pesar de haber operado la caducidad aun as\u00ed contin\u00fae el proceso, implica un abierto desconocimiento de la norma citada (constitutiva, esa s\u00ed, de una v\u00eda de hecho), pero sobre todo un desgaste de la jurisdicci\u00f3n absolutamente inoficioso. <\/p>\n

En segundo t\u00e9rmino, y en cuanto a los impedimentos de los Magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en el asunto contencioso administrativo que fue denunciado en la presente acci\u00f3n constitucional, se debe advertir delanteramente lo infundado del cargo, ya que ni est\u00e1 probado en parte alguna que los integrantes de la Corporaci\u00f3n accionada estaban incursos en una causal de impedimento, ni lo manifestado por la accionante encaja en alguna de las causales de recusaci\u00f3n que consagra el art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso. Desde luego, tampoco se le puede dar cabida a una afirmaci\u00f3n vaporosa como la que se hace en la acci\u00f3n de tutela frente a una instituci\u00f3n tan delicada e importante como lo es la transparencia de los jueces de la Rep\u00fablica, que \u00fanicamente busca desprestigiar al Juez que no le dio la raz\u00f3n a la demandante en el proceso contencioso administrativo. <\/p>\n

3.5. Finalmente, la peticionaria constitucional invoca una \u201cviolaci\u00f3n del precedente\u201d, y sustenta su postura afirmando que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia viol\u00f3 todo el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, quien ha definido que frente a actos administrativos que conlleven el retiro del cargo, el t\u00e9rmino de caducidad se cuenta desde la fecha del retiro del funcionario, y no antes; principio que incluso \u2014afirma la accionante\u2014 ha sido objeto de unificaci\u00f3n jurisprudencial. Para ello transcribe varios pronunciamientos de la m\u00e1xima autoridad de lo contencioso administrativo que corroboran lo afirmado. <\/p>\n

3.6. Respecto al desconocimiento del precedente, la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional (MP Dr. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o) establece que efectivamente la acci\u00f3n de tutela procede contra providencias judiciales que lo desconozcan. Sobre el particular, lo que dijo la citada corporaci\u00f3n fue lo siguiente: \u201chip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado\u201d. <\/p>\n

No obstante, para que se configure la violaci\u00f3n del precedente que da lugar al amparo, resulta indispensable precisar el concepto de precedente judicial, as\u00ed como tambi\u00e9n fijar la relaci\u00f3n de este con el concepto de ratio decidendi. <\/p>\n

Al respecto, las sentencias T-292 de 2006 (MP. Dr. Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa), T-104 de 1993 y SU-047 de 1999 (ambas con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Mart\u00ednez Caballero) precisan dicho concepto, indicando que es \u201caquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que habr\u00e1 de resolverse, que por su pertinencia para la soluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u201d; agregando, adem\u00e1s, que lo vinculante de un antecedente judicial es la ratio decidendi de la sentencia, es decir, \u201c la formulaci\u00f3n del principio, regla o raz\u00f3n general de la sentencia que constituye la base de la decisi\u00f3n judicial.\u201d (T-292 de 2006). <\/p>\n

3.7. A su vez, el art\u00edculo 10 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) impone el deber de aplicar en forma uniforme las normas y la jurisprudencia, especialmente las sentencias de unificaci\u00f3n del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. <\/p>\n

Planteado el escenario del precedente como fundamento de una v\u00eda de hecho, pronto se advierte que no le asiste raz\u00f3n a la accionante constitucional, toda vez que las citas jurisprudenciales, en especial la de unificaci\u00f3n jurisprudencial, en nada constituye un precedente aplicable al asunto que resolvi\u00f3 la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y que motiv\u00f3 la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

En efecto, en el caso que ocup\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n accionada se debati\u00f3 la elecci\u00f3n y confirmaci\u00f3n en propiedad de un cargo de magistrado de tribunal y, \u00fanica y exclusivamente como consecuencia de lo anterior, la desvinculaci\u00f3n de quien ocupaba el cargo en provisionalidad. Los \u201cprecedentes\u201d citados por la actora constitucional se refieren a situaciones ajenas a la que fue objeto de controversia, es decir, a procesos que contienen una ratio decidendi muy diferente, en la medida en que ellos se ocuparon de supuestos y situaciones dis\u00edmiles a la planteada en el asunto contencioso sometido a la consideraci\u00f3n de la Sala Plena hoy en d\u00eda accionada. <\/p>\n

Ciertamente, al analizar el proceso radicado bajo el n\u00famero 2081004, cuyo Consejero Ponente fue el Dr. Gerardo Arenas Monsalve, y en el que se explica la forma como se debe contabilizar el t\u00e9rmino de caducidad para accionar ante el Contencioso Administrativo, se observa que all\u00ed se trata de un asunto en el cual se est\u00e1 ejecutando una sanci\u00f3n disciplinaria de retiro temporal o definitivo del servicio y esta materializa la situaci\u00f3n laboral del servidor p\u00fablico, caso en el cual el t\u00e9rmino para efectos de la caducidad se debe computar a partir del acto de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

En la cita que se hace del proceso con radicaci\u00f3n n\u00famero 2076449, con ponencia del Consejero Gustavo Eduardo G\u00f3mez Aranguren, se advierte que el asunto planteado se refiere a la forma como debe contabilizarse el t\u00e9rmino de caducidad cuando el acto de retiro fue notificado a la demandante el 17 de marzo de 2004, pero los efectos del mismo, es decir su eficacia se surti\u00f3 a partir del 1\u00ba de abril de esa anualidad, por lo que su ejecuci\u00f3n qued\u00f3 condicionada a partir de esa fecha, que es lo que realmente viene a afectar la situaci\u00f3n particular de la actora. <\/p>\n

En lo que ata\u00f1e a la cita del proceso con radicaci\u00f3n 2010222, cuyo Consejero Ponente fue el Doctor Luis Rafael Vergara Quintero, se observa que se trata de una situaci\u00f3n en la que se debate el retiro del servicio por supresi\u00f3n del cargo de empleado en provisionalidad, con la particularidad de haberse concedido por la v\u00eda gubernativa un recurso improcedente. <\/p>\n

Por \u00faltimo, la actora constitucional trae a colaci\u00f3n el fallo proferido dentro del radicado n\u00famero 2012819, Consejero Ponente Dr. Alfonso Vargas Rinc\u00f3n, en el que se discuti\u00f3 lo relacionado con la caducidad de la acci\u00f3n cuando se ha producido el retiro efectivo del servicio. <\/p>\n

Como puede observarse de este an\u00e1lisis, ninguno de los casos planteados en el escrito de tutela que soportan la violaci\u00f3n del precedente guardan relaci\u00f3n con el asunto que se debati\u00f3 ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en raz\u00f3n a que lo resuelto por \u00e9sta vers\u00f3 sobre la forma como debe contabilizarse el t\u00e9rmino de caducidad frente a la elecci\u00f3n y confirmaci\u00f3n en propiedad de un cargo de Magistrado; mientras que los invocados por la accionante no se ocuparon de este aspecto. <\/p>\n

Por otro lado, resulta pertinente enfatizar que la accionante doctora Li\u00e9vano Jim\u00e9nez ocupaba el cargo de Magistrada en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, en provisionalidad. Al respecto la Corte Constitucional ha indicado que los empleados vinculados en provisionalidad gozan de estabilidad relativa debido a la naturaleza del cargo y el tipo de funciones que desempe\u00f1an (de tal suerte que no pueden asimilarse, para efectos de su retiro del servicio, a un empleado de libre nombramiento y remoci\u00f3n), con la condici\u00f3n de que cumplan los requisitos exigidos para el cargo, motivo por el cual pueden ser desvinculados cuando la administraci\u00f3n convoque al respectivo concurso de m\u00e9ritos para proveer definitivamente la plaza.
\n\u00a0 <\/p>\n

IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

NOTIFIQUESE <\/p>\n

GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL
\nConjuez Ponente <\/p>\n

M\u00d3NICA LUC\u00cdA FERNANDEZ MU\u00d1OZ
\nConjuez <\/p>\n

ANA ZENOBIA GIACOMETTE FERRER
\nConjuez <\/p>\n

PEDRO LAFONT PIANETTA
\nConjuez <\/p>\n

HERN\u00c1N FABIO L\u00d3PEZ BLANCO
\nConjuez <\/p>\n

GUILLERMO MONTOYA P\u00c9REZ <\/p>\n

FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS
\nConjuez<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL Conjuez ponente STC057-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2018-00525-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de enero de dos mil diecinueve). Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por LAURA HALIMA LI\u00c9VANO JIM\u00c9NEZ contra LA SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, tr\u00e1mite […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102607","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102607","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102607"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102607\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102607"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102607"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102607"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}