{"id":102623,"date":"2026-07-02T16:17:35","date_gmt":"2026-07-02T16:17:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102623"},"modified":"2026-07-02T16:17:35","modified_gmt":"2026-07-02T16:17:35","slug":"stc084-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc084-2019\/","title":{"rendered":"STC084-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC084-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03862-00
\n(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhoen Antulio Valero Rojas contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta; tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Primero Civil Municipal de esa ciudad y los intervinientes en el hipotecario n\u00ba 2007-00133. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Obrando por intermedio de apoderado, el accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa y \u00abprincipio de confianza leg\u00edtima\u00bb supuestamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial acusada. <\/p>\n

2. Manifiesta, en s\u00edntesis, que en el Juzgado Primero Civil Municipal de C\u00facuta se tramit\u00f3 el cobro con garant\u00eda real promovido por Juan Jos\u00e9 Beltr\u00e1n Galvis en su contra, en el que se dict\u00f3 auto que orden\u00f3 seguir con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

Se\u00f1ala que acudi\u00f3 en revisi\u00f3n alegando que no fue notificado en debida forma del mandamiento de pago, pero el tribunal, pese a que inicialmente le hab\u00eda dado tramite a la demanda, posteriormente la rechaz\u00f3 argumentando que el mencionado recurso extraordinario s\u00f3lo procede frente a sentencias; decisi\u00f3n que fue mantenida en sede de s\u00faplica. <\/p>\n

3. Pide, en consecuencia, que se dejen sin efecto los pronunciamientos dictados por la corporaci\u00f3n censurada y, en su lugar, se contin\u00fae con el procedimiento a que haya lugar. <\/p>\n

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n

El Juez Primero Civil Municipal de C\u00facuta dijo que el accionante \u00abno se pronunci\u00f3 en ninguna de las actuaciones procesales adelantadas\u2026hall\u00e1ndose con pleno conocimiento de la existencia del proceso ejecutivo hipotecario desde el d\u00eda 25 de abril de 2008 cuando atendi\u00f3 personalmente la diligencia de secuestro del inmueble\u00bb y agreg\u00f3 que el tribunal rechaz\u00f3 la demanda de revisi\u00f3n contra la sentencia que dict\u00f3 (f. 58). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema jur\u00eddico.
\nCorresponde a la Corte establecer si el tribunal cuestionado vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por rechazar la demanda de revisi\u00f3n interpuesta por el accionante contra el prove\u00eddo del Juzgado Primero Civil Municipal de C\u00facuta que orden\u00f3 seguir con el hipotecario que instaur\u00f3 en su contra Juan Jos\u00e9 Beltr\u00e1n Galvis. <\/p>\n

2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

3. La decisi\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n

Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, la Sala establece que la decisi\u00f3n que por esta senda se cuestiona, no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, comoquiera que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable que impide la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n

La autoridad censurada cit\u00f3 como fundamento de la decisi\u00f3n el art\u00edculo 354 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone: \u00abEl recurso extraordinario de revisi\u00f3n procede contra las sentencias ejecutoriadas\u00bb. y, con base en ello, se\u00f1al\u00f3 que \u00abal auto a que hace referencia el art\u00edculo 507 del C. de P.C. modificado por el art\u00edculo 30 de la Ley 1395 de 2010, hoy art\u00edculo 440 del C. G. del P., no se le puede conferir el car\u00e1cter de sentencia, toda vez que para ordenar el remate y el aval\u00fao de los bienes embargados o seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, el juzgador no requiere plasmar an\u00e1lisis jur\u00eddico alguno, sino simplemente procede a verificar que no se hayan propuesto medio exceptivo alguno en la oportunidad correspondiente. <\/p>\n

M\u00e1s adelante agreg\u00f3 que \u00ab(\u2026) como quiera que la decisi\u00f3n objeto de revisi\u00f3n se trata de un auto y no de una sentencia, car\u00e1cter dado por la misma ley, el recurso extraordinario impetrado se torna inviable\u00bb. <\/p>\n

Dicho planteamiento lejos de ser arbitrario o abusivo encuentra respaldo en el precedente de esta Sala que en un caso similar expuso: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el Tribunal de segundo grado, para arribar a la conclusi\u00f3n que se ataca, empezaron por abordar el examen del problema en la forma que se ajusta al ordenamiento, especialmente que era indispensable identificar si el medio de defensa se dirig\u00eda a cuestionar una decisi\u00f3n susceptible del mismo, aspecto sobre el cual esta Corte ha enfatizando su naturaleza extraordinaria, \u201cno s\u00f3lo porque procede \u00fanicamente contra determinadas providencias judiciales -las sentencias ejecutoriadas y con fuerza de cosa juzgada material-, sino tambi\u00e9n por el \u00e1mbito de facultades del juzgador \u2013limitadas a conocer del caso planteado tal como lo presenta el recurrente- y porque su aducci\u00f3n s\u00f3lo es viable por las causales taxativas que la ley contempla, sin que en ning\u00fan caso pueda servir de excusa para replantear el debate\u201d (fallo de 30 de septiembre de 1999, exp. 6464, reiterada el 13 de junio de 2013, exp. 01197-00). <\/p>\n

De all\u00ed que la exposici\u00f3n en tal sentido deviene razonable de cara a lo indicado en el art\u00edculo 38 de la Ley 1395 de 2010, ya que, cuando no se formulan excepciones en el tr\u00e1mite del hipotecario se ordena, mediante auto el aval\u00fao y remate de los bienes embargados para el pago de lo reclamado\u2026 <\/p>\n

Las motivaciones del Tribunal, vertidas tanto en el auto que rechaz\u00f3 el recurso extraordinario como en aquel que decidi\u00f3 la s\u00faplica, no ofrecen reparo en esta sede, en la medida en que, independientemente de que se comparta o no por la sala, son resultado de una hermen\u00e9utica que no puede considerarse caprichosa, raz\u00f3n por la cual el Juez Constitucional no est\u00e1 llamado a interferir en dicha labor so pretexto de imponer otra ex\u00e9gesis. <\/p>\n

Sostuvo la Sala en un asunto de similares caracter\u00edsticas: \u201cHa de observarse el car\u00e1cter restrictivo de la revisi\u00f3n, que comporta su procedencia \u201c\u2026contra las sentencias ejecutoriadas\u201d dictadas, entre otras autoridades, por los jueces municipales en el contexto del art\u00edculo 379 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de suerte que por exclusi\u00f3n los \u201cautos\u201d no son susceptibles de esa v\u00eda impugnativa, cuesti\u00f3n esta \u00faltima que fue la que precisamente ocurri\u00f3 en el caso sub examine, pues la providencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en el proceso de conocimiento del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Monter\u00eda, formalmente no tiene el car\u00e1cter de sentencia. En punto a ello, se tiene que art\u00edculo 507 \u00eddem, antes de la reforma introducida por la Ley 1395 de 2010, establec\u00eda, en trat\u00e1ndose de juicios ejecutivos quirografarios, que \u201c[s]i no se propusieren excepciones oportunamente, el juez dictar\u00e1 sentencia que ordene el remate y el aval\u00fao de los bienes embargados (\u2026)\u201d; sin embargo, al advenimiento de la precitada ley, la disposici\u00f3n cambi\u00f3, pues a partir de ah\u00ed se precisa que \u201c[s]i no se propusieren excepciones oportunamente, el juez ordenar\u00e1, por medio de auto, el remate y el aval\u00fao de los bienes embargados (\u2026)\u201d, circunstancia que justamente llev\u00f3 a la autoridad accionada a rechazar el indicado recurso, en tanto advirti\u00f3 que esa providencia fue proferida en vigencia de esta \u00faltima normativa y que en el ejecutivo no se propusieron excepciones (subrayas fuera del texto)\u201d (sentencia de 31 de enero de 2013, exp. 00097-00). <\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, se puede colegir que tal autoridad analiz\u00f3 la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y el material probatorio requerido, indicando en forma coherente el fundamento de su conclusi\u00f3n, la cual refleja un criterio plausible que debe ser respetado por el juez de tutela a quien le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones\u00bb (CSJ. STC de 13 dic.2013, exp. 02870-00). <\/p>\n

Conforme a lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n adoptada por la accionada no determina una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n

En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque aunque se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador: \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n

De igual modo esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que en tales condiciones no es posible conceder la tutela ya que \u00e9sta no fue prevista: \u00abpara desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterada entre otras en STC6059-2018, 10 may. 2018, rad. 00667-01, y STC8553-2018, 5 jul. 2018, rad. 00124-01). <\/p>\n

En este orden, la Corte observa que los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n cuestionada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n

4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas corresponde al asunto n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03862-00)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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