{"id":102624,"date":"2026-07-02T16:17:43","date_gmt":"2026-07-02T16:17:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102624"},"modified":"2026-07-02T16:17:43","modified_gmt":"2026-07-02T16:17:43","slug":"stc086-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc086-2019\/","title":{"rendered":"STC086-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC086-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03933-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Hermelinda Solano S\u00e1nchez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2014-00307. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial accionada. <\/p>\n

2.\tRelata que la empresa \u00abCooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito Crediflores\u00bb, promovi\u00f3 en contra suya y de otras dos personas, demanda ejecutiva mixta, la cual avoc\u00f3 el Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9. <\/p>\n

Refiere que a favor de esa cooperativa suscribi\u00f3 el pagar\u00e9 n\u00ba 1201105710 por la suma de $105\u2019000.000., dinero que le fue entregado en mutuo desde el mes de julio de 2012 a una tasa del 2.17% de inter\u00e9s mensual hasta el 2014; sin embargo, le fue imposible cancelar dichos r\u00e9ditos dado su monto \u00abexcesivo\u00bb, logrando solo pagar de la deuda $76\u2019794.838. <\/p>\n

Se\u00f1ala que el 15 de febrero de 2018 el juzgado dict\u00f3 sentencia en la que reconoci\u00f3 \u00abel cobro excesivo de intereses corrientes por parte de la ejecutante\u00bb, empero, interpuso el recurso de apelaci\u00f3n al advertir que el c\u00e1lculo de aqu\u00e9llos no se realiz\u00f3 adecuadamente. <\/p>\n

El 11 de septiembre pasado, el Tribunal Superior modific\u00f3 la providencia de primer grado y consider\u00f3 que el art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio no resultaba aplicable en consideraci\u00f3n a que los contratantes de manera aut\u00f3noma estipularon los intereses de plazo. <\/p>\n

Alega que esa determinaci\u00f3n constituye v\u00eda de hecho por \u00abdefecto sustantivo\u00bb al no sancionar a la demandante seg\u00fan lo previsto en la citada normativa, y aduce que \u00abla decisi\u00f3n se funda en una interpretaci\u00f3n no sistem\u00e1tica de la norma\u00bb; asegura tambi\u00e9n que \u00abse debi\u00f3 dar por perdidos todos los intereses en aplicaci\u00f3n de la norma en cita y no solo la diferencia (\u2026) por esta raz\u00f3n asiste (\u2026) la posibilidad de realizar la solicitud de p\u00e9rdida por el valor que realmente cobr\u00f3 que es la suma de (\u2026) $49\u2019073.748., suma de dinero que debe ser restituidas doblada en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 72 de la Ley 45 de 1990\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pretende se decrete \u00abla cesaci\u00f3n de efectos de la sentencia de segunda instancia de 11 de septiembre de 2018, emitida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca (\u2026)\u00bb (fls. 1 a 16). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

1.\tEl Juez Civil del Circuito de Ubat\u00e9, solicit\u00f3 que se le desvincule del tr\u00e1mite dado que en la demanda \u00abno se efect\u00faa acusaci\u00f3n alguna contra la actividad desplegada por el juzgado\u00bb (fl. 67). <\/p>\n

2.\tLa apoderada de la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito \u00abCrediflores\u00bb, manifest\u00f3 que la intensi\u00f3n de la tutelante no es otra que utilizar este mecanismo como \u00abmaniobra dilatoria para obstaculizar la marcha del proceso\u00bb (fls. 97 a 99).
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas al modificar el fallo de primera instancia proferido dentro del compulsivo radicado n\u00ba 2014-00307, por el Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9, para en su lugar disponer que la sanci\u00f3n de \u00abp\u00e9rdida de intereses\u00bb no era aplicable respecto de la totalidad de los rendimientos cobrados. <\/p>\n

2. \tProcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n

3.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

En el supuesto que analiza la Corte, no logra advertirse que la modificaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n adoptada en primera instancia dentro del coercitivo cuestionado, se traduzca en la vulneraci\u00f3n a los derechos invocados, toda vez que esa decisi\u00f3n fue el resultado de una adecuada y razonada hermen\u00e9utica del contexto procesal analizado y de la normativa espec\u00edfica aplicable. <\/p>\n

La providencia censurada. <\/p>\n

En efecto, la Corporaci\u00f3n acusada, tras abordar el an\u00e1lisis del art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio precis\u00f3: <\/p>\n

\u00abPues bien. La hermen\u00e9utica del antecitado art\u00edculo 884 descubre c\u00f3mo, en principio, trat\u00e1ndose de intereses de plazo prevalece la autonom\u00eda de la voluntad de los contratantes, quienes, obviamente, de primera mano son los llamados a determinarlos, lo que a su turno significa que esa predeterminaci\u00f3n que al respecto se hace en la norma es apenas de car\u00e1cter supletorio, en cuanto aplica en la medida en que no exista ese acuerdo de las partes sobre ellos, aspecto en que destaca, eso s\u00ed, que dicho acuerdo ha de avenirse a los topes m\u00e1ximos permitidos por el legislador, el cual, siguiendo el criterio decantado por la jurisprudencia frente al punto desde antes de la modificaci\u00f3n entronizada por el art\u00edculo 111 de la ley 510 de 1999 [disposici\u00f3n que, bien se sabe, apenas si dio en reducir el l\u00edmite de los intereses de mora del doble que otrora era autorizado, a una y media veces el inter\u00e9s bancario corriente], corresponde al m\u00e1ximo se\u00f1alado para la usura tanto para los intereses de mora, como para los de plazo\u00bb. <\/p>\n

En tal sentido, complement\u00f3 lo indicado con la postura de la Corte Suprema de Justicia al respecto: <\/p>\n

\u00ab (\u2026) dicho en otros t\u00e9rminos: como las "normas legales no pueden interpretarse de tal manera que su inteligencia conduzca al absurdo, se hace indispensable llegar a la conclusi\u00f3n de que, en el sistema del derecho mercantil colombiano, no es posible pactar como tasa de intereses convencionales del plazo, una que exceda una y media vez del inter\u00e9s corriente bancario" (Cas. Civ. Sent. de 29 de mayo de 1993), ello por cuanto el legislador, sin haber "renunciado a la tutela conferida al deudor, frente a los posibles desafueros del acreedor", se dio a la tarea, sin embargo, de establecer unos "l\u00edmites m\u00e1ximos para las tasas de inter\u00e9s que los acreedores pueden cobrar a sus deudores (C.C., arts. 1617, n\u00fam, 1\u00ba, inc. 2o, 2231 y 2232; C.Co., art. 884; L. 510\/99, art. 111 y L. 546\/99, art. 19), los cuales no pueden desbordar, en ning\u00fan caso, las fronteras de la tasa de inter\u00e9s que tipifica el delito de usura, contemplado en el art\u00edculo 305 del nuevo C\u00f3digo Penal (235 del abrogado), como bien lo ha precisado esta corporaci\u00f3n (cas. civ. Mayo 30\/96, CCXL, p\u00e1g. 709 y cas. Civ., mayo 11\/2000; exp. 5427)" (Cas. Civ. Sent. de 19 de diciembre de 2001)\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed, descendiendo al caso, sostuvo: <\/p>\n

\u00abAplicados esos criterios al caso de ahora, es de verse que, de acuerdo con la literalidad del pagar\u00e9 1201105710, la demandada Mar\u00eda Hermelinda Solano S\u00e1nchez se oblig\u00f3 a pagar por intereses de plazo sobre el valor de capital correspondiente a $105'000.000, la tasa del 29.50 efectivo anual, equivalente al 26.13% nominal desde la fecha del desembolso, esto es, desde el 5 de agosto de 2012, tasa que, confrontada con la m\u00e1xima permitida para los intereses remuneratorios, permite concluir que aun cuando el pacto de comienzo no desbord\u00f3 esos l\u00edmites certificados por la Superintendencia Financiera para la tasa de usura, al variar \u00e9sta por efecto de las fluctuaciones que resultan inherentes a su fijaci\u00f3n, acab\u00f3 cobr\u00e1ndole a la deudora una tasa superior a ese tope de usura en algunos per\u00edodos\u00bb. <\/p>\n

\u00ab De acuerdo con lo anterior y realizadas las operaciones matem\u00e1ticas correspondientes, se comprueba que entre los meses de noviembre de 2013 y julio de 2014 la demandada cancel\u00f3 intereses que excedieron en total la suma de $267.599 respecto de la tasa de usura, lo cual conduce a concluir que al obrar de esa manera la cooperativa de esa manera qued\u00f3 incursa en la violaci\u00f3n de esos topes m\u00e1ximos a que viene aludiendo el Tribunal y, por ello, merecedora de la sanci\u00f3n consagrada en las dichas normas, quedando por ello obligada a perder esos intereses que cobr\u00f3 en lo que excedieron los l\u00edmites certificados por la Superintendencia Financiera\u00bb. <\/p>\n

Ahora, sobre la liquidaci\u00f3n efectuada en primera instancia se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u00ab La liquidaci\u00f3n realizada por el a-quo arroja una diferencia de intereses pagados en exceso de $12'117.142; no obstante, \u00e9sta adolece de dos errores insuperables: el primero, porque para determinar el exceso tom\u00f3 como base el inter\u00e9s bancario corriente cuando, como ya se expuso, existiendo acuerdo entre las partes acerca del inter\u00e9s legal, el l\u00edmite es la tasa de usura; y el segundo, en la medida en que desconoci\u00f3 que para extraer de una tasa anual a una tasa mensual no basta con tomar dicho guarismo y dividirlo por doce, que es el n\u00famero de meses que tiene el a\u00f1o, pues trat\u00e1ndose de tasas efectivas, la obtenci\u00f3n de una rata mensual requiere La aplicaci\u00f3n de una f\u00f3rmula financiera especial, que no esa simple operaci\u00f3n aritm\u00e9tica que propuso el fallo\u00bb. <\/p>\n

Y luego de esa deducci\u00f3n, expuso lo que la Superintendencia Financiera ha previsto frente a las tasas de inter\u00e9s: <\/p>\n

\u00ab Como bien lo dice la Superintendencia Financiera en su circular externa 64 de 16 de septiembre de 1997 al abordar la forma en que deben pactarse las tasas de inter\u00e9s, fijas o variables, estas deben "expresarse en t\u00e9rminos efectivos anuales, independientemente de que se mencione su equivalencia en tasas nominales de acuerdo con la periodicidad de pago convenida" y que "[e]n los que se pacten tasas de inter\u00e9s variables, la de referencia debe ser expresada en t\u00e9rminos efectivos anuales y el margen o spread, tambi\u00e9n calculado en t\u00e9rminos efectivos anuales, debe adicionarse a la tasa de referencia; as\u00ed mismo, la circular b\u00e1sica jur\u00eddica 7 de 1996 de la Superintendencia, precis\u00f3 que "[l\\a tasa efectiva de inter\u00e9s es la que se refiere a la unidad de tiempo y a la unidad de capital y se liquida por unidad de tiempo" y "[e]l tipo nominal de inter\u00e9s es el que se refiere a la unidad de tiempo y a la unidad de capital y se l\u00edquida por fracci\u00f3n de unidad de tiempo" (Ordinal 16, literal h, numeral 1.1. Cap\u00edtulo 1\u00ba, T\u00edtulo II), algo que, por dem\u00e1s, se aviene con lo que al efecto prev\u00e9 el art\u00edculo 121 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, en cuanto prev\u00e9 que [t]oda tasa de inter\u00e9s legal o convencional en la cual no se indique una periodicidad de pago determinada se entender\u00e1 expresada en t\u00e9rminos de inter\u00e9s efectivo anual\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, coligi\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) la sanci\u00f3n se impone sobre los intereses pagados en exceso, porque es el cobro efectivo de intereses remuneratorios, moratorios o ambos por fuera de los l\u00edmites legales o aquellos determinados por la autoridad monetaria, el que acarrea para el acreedor su p\u00e9rdida, aumentados en un porcentaje igual, lo que indica que para ese efecto es necesario que hayan sido recaudos. <\/p>\n

Y concluy\u00f3: \u00abSolo resta por decir, a prop\u00f3sito de la apelaci\u00f3n de la demandada, que lo que pierde el acreedor son los intereses cobrados en exceso y no todos los intereses, pues ya de anta\u00f1o se tiene definido que "la sanci\u00f3n de p\u00e9rdida de iodos los intereses para cuando se pactan por encima del tope legal s\u00f3lo es aplicable a los moratorios y no a los del plazo", de modo que "cuando \u00e9stos se han convenido en suma mayor al doble de los bancarios corrientes, deben ser rebajados a este l\u00edmite y no aplicarse la sanci\u00f3n de p\u00e9rdida que s\u00f3lo est\u00e1 contemplada en la ley para cuando se pactan moratorios en cuant\u00eda prohibida (G. J., T. CLXV\u00cd, pag. 439)", esto es, que "los \u00fanicos intereses que se pierden totalmente son los de mora o sea incluyendo tanto los que est\u00e1n dentro del l\u00edmite legal, como los que superan \u00e9ste' (sentencia 217 de 27 de noviembre de 2002, exp. 7400)" (Cas. Civ. Sent. de 25 de agosto de 2008, exp. 1999-01056-01)\u00bb. <\/p>\n

De conformidad con lo anterior, como se anticip\u00f3, la protecci\u00f3n constitucional no puede prosperar, toda vez que, contrario sensu a lo manifestado por la quejosa, el fallo recriminado no alberga anomal\u00eda que imponga prima facie la salvaguarda suplicada, respecto de la determinaci\u00f3n que le fue desfavorable. <\/p>\n

Ello, habida cuenta que el ad quem acusado, no desconoci\u00f3 el canon 884 del C\u00f3digo de Comercio tal como se aleg\u00f3, por el contrario, consider\u00f3 en su argumentaci\u00f3n la sanci\u00f3n all\u00ed prevista, solo que la liquidaci\u00f3n efectuada no coincidi\u00f3 con las aspiraciones de la accionante, puesto que, al realizar el cotejo de la tasa cobrada en cada cuota mensual, ciertamente evidenci\u00f3 que fue superado el l\u00edmite de la tasa de usura, empero, tras ajustarse a lo previsto en las circulares 7\u00aa y 64 de 1996 y 1997, respectivamente, de la Superintendencia Financiera en lo atinente a la forma en que deben pactarse las tasas de inter\u00e9s, concluy\u00f3 que el valor a resarcir era finalmente $535.198., monto que difiere del calculado por la ejecutada. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, surge palpable que la pretensi\u00f3n de la actora se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a dicha liquidaci\u00f3n, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis reprochada. <\/p>\n

En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n notoria del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso. <\/p>\n

De suerte que la tutelante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n a la de la Colegiatura accionada y atacar, por esta v\u00eda, las decisiones que considera la desfavorecieron, pues tal finalidad resulta ajena a este auxilio, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no fue por desconocimiento de la ley sustancial ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la autoridad aqu\u00ed demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del demandante. <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Al margen de que la Corte comparta o no los anteriores razonamientos, estos hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis, sustituyendo al funcionario de conocimiento, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo o una tercera instancia procesal y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela de radicado n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03933-00)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC086-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03933-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Hermelinda Solano S\u00e1nchez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102624","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102624","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102624"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102624\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102624"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102624"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102624"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}