{"id":102629,"date":"2026-07-02T16:18:33","date_gmt":"2026-07-02T16:18:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102629"},"modified":"2026-07-02T16:18:33","modified_gmt":"2026-07-02T16:18:33","slug":"stc091-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc091-2019\/","title":{"rendered":"STC091-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

STC091-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03960-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquet\u00e1 Limitada \u2013 Coomotor Ltda. contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en el litigio n\u00ba 2016-00328. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Actuando a trav\u00e9s de su representante legal, la sociedad solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por los convocados, al resolver desfavorablemente las instancias dentro del asunto antes referido.
\n2. En s\u00edntesis, expuso que en virtud a un contrato de transporte, \u00c1lvaro Guzm\u00e1n Perdomo demand\u00f3 a la empresa as\u00ed como a Equidad Seguros Generales O.C., Mario Orelvi Castillo S\u00e1nchez y Luz Mery Medina Cerquera, pretendiendo que se declara su responsabilidad \u00abpor el accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 9 de junio de 2015, cuando se transportaba como pasajero en el veh\u00edculo de placas TBK554, as\u00ed como al pago de la indemnizaci\u00f3n por los perjuicios que las lesiones sufridas presuntamente le ocasionaron\u00bb. <\/p>\n

Indic\u00f3 que mediante sentencia de primer grado, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva, conden\u00f3 \u00absolidariamente\u00bb a los demandados \u00abal pago de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, tasando en monto exagerado los inmateriales en la modalidad de da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n y sin sustento probatorio alguno, declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de exclusi\u00f3n de amparo propuesta por la compa\u00f1\u00eda la EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.\u00bb. <\/p>\n

Dijo que apel\u00f3 dicho fallo porque la determinaci\u00f3n de los tales perjuicios, se hizo \u00abcaprichosamente\u00bb y \u00absin respaldo probatorio\u00bb, pues, \u00abcontrario al perjuicio moral, \u00e9ste no se presume sino que requiere prueba que lo acredite\u00bb; el otro reparo consisti\u00f3 en que para excluir de responsabilidad a la aseguradora, se desconocieron tanto \u00ablas disposiciones legales y reglamentarias que regulan el contrato de seguro\u00bb, como \u00abel precedente jurisprudencial al respecto\u00bb, precisando que \u00abla cl\u00e1usula de exclusi\u00f3n alegada por la compa\u00f1\u00eda de seguros y reconocida por el Superior en el fallo de segunda instancia no tiene eficacia jur\u00eddica por no cumplir las exigencias de ley\u00bb. <\/p>\n

Adujo que las sentencias de instancia son \u00abirregulares e ilegales\u00bb por cuanto incurrieron \u00aben defectos sustantivos y f\u00e1cticos\u00bb, y por ello \u00abviolan flagrantemente\u00bb las prerrogativas de la cooperativa y el principio de \u00abprelaci\u00f3n del derecho sustancial sobre las formalidades\u00bb, sin que contra lo resuelto proceda el recurso de casaci\u00f3n \u00aben raz\u00f3n a la cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n

3. Pretende \u00abdejar sin ning\u00fan efecto\u00bb la sentencia dictada por el tribunal que desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n dentro del juicio ordinario en cuesti\u00f3n, \u00aby ordenarle que dicte un fallo que sea congruente con lo demostrado dentro del proceso\u00bb (fls. 1 a 17). <\/p>\n

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADO <\/p>\n

1. Equidad Seguros Generales solicit\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n ya que la tutela \u00abno puede considerarse como un mecanismo que permita revivir t\u00e9rminos y menos puede considerarse que el juez constitucional pueda suplir al juez natural u ordinario\u00bb, y asever\u00f3 que \u00abno se ha incurrido en error sustantivo con los fallos objeto de reproche\u00bb (fls. 41 a 45). <\/p>\n

2. \u00c1lvaro Guzm\u00e1n Perdomo, a trav\u00e9s de quien dijo ser su apoderado judicial, se opuso a lo pretendido aduciendo que como lo resuelto se ajusta a derecho, la invocaci\u00f3n resulta \u00abtemeraria y de mala fe\u00bb (fls. 53 a 55). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la demandante, al desestimar sus defensas y consecuencialmente emitir fallo acogiendo las pretensiones impetradas por su contraparte, sin que para la tasaci\u00f3n de perjuicios inmateriales existiera soporte probatorio y excluyendo de responsabilidad a la aseguradora vinculada, o si por el contrario, la decisi\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n excepcional. <\/p>\n

2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

La reiterada jurisprudencia de esta Sala ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n constitucional no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones judiciales; s\u00f3lo, excepcionalmente puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario profiera alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre otras en STC12188-2018, 19 sep. 2018, rad. 00411-01). <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que cuando el juez profiere una decisi\u00f3n trascendental en el proceso obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, queda desconectado del ordenamiento jur\u00eddico, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda excepcional resulta id\u00f3nea para conjurar o prevenir el perjuicio. <\/p>\n

3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Del estudio pertinente a los argumentos de la demanda constitucional y con vista en las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte establece que habr\u00e1 de negarse el amparo deprecado, comoquiera que la determinaci\u00f3n que la sociedad accionante cuestiona, no se torna caprichosa o arbitraria y por tanto no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n

3.1. A efectos de concluir que la sentencia objeto de censura, esto es, la proferida por el juzgador ad quem el 17 de octubre de 2018, obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable, la colegiatura querellada dijo atendi\u00f3 el principio de congruencia al limitar el estudio a los reparos formulados. <\/p>\n

As\u00ed, inicialmente precis\u00f3 que determinar\u00eda \u00absi en el caso bajo examen se encuentra probada la excepci\u00f3n de sobrecupo como causal de exclusi\u00f3n de las obligaciones derivadas del contrato de seguro y en caso contrario establecer si el riesgo se encontraba amparado por el aludido contrato, y si en \u00faltimas hubo ruptura del nexo causal del l\u00edmite del valor asegurado\u00bb, y que proceder\u00eda a \u00abestablecer si la juzgadora de instancia incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria y defecto procedimental absoluto al haber reconocido perjuicios y haber condenado ultra y extra petita a los demandados en el pago de los mismos\u00bb (14:03).
\nEn respuesta a ello, expuso que \u00abla instituci\u00f3n de la responsabilidad civil contractual ha sido objeto de un profundo an\u00e1lisis doctrinario y jurisprudencial, al amparo del principio de la autonom\u00eda de la voluntad que reviste la ley contractual y del \u201cpacta sunt servanda\u201d, establecido en el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil, de all\u00ed que los escenarios en que pueda verse generada sea enumerables encontrando como uno de ellos el que refiere al contrato de transporte en su especie al transporte terrestre de personas regulado por el C\u00f3digo de Comercio, art\u00edculo 981 y siguientes, y respecto del cual la jurisprudencia ha delimitado como elementos de la responsabilidad contractual derivada de este tipo de actividades (\u2026): la existencia de un contrato de transporte terrestre, el incumplimiento imputable al trasportador, el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad entre dicho da\u00f1o y la culpa contractual del deudor\u00bb (15:34). <\/p>\n

Con apoyo en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, precis\u00f3 que demostrada la existencia de un contrato de transporte, debe examinarse si en desarrollo del mismo el demandado \u00abincumpli\u00f3 sus obligaciones contractuales y en particular las de seguridad\u00bb, seg\u00fan las cuales, en trat\u00e1ndose de personas, \u00e9stas deben ser \u00abconducidas sanas y salvas al lugar del destino, y a su vez si este incumplimiento le es imputable al contratista\u00bb, refiriendo luego a lo atinente al \u00abdeber jur\u00eddico de reparar, denominado estrictamente como imputaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb, el cual \u00absolo es posible si a la misma le precede la existencia del da\u00f1o y que \u00e9ste ha sido el resultado de la actividad transportadora contratada\u00bb (19:00). <\/p>\n

Razon\u00f3 que para atribuirle incumplimiento al transportador \u00abes preciso hacer las siguientes consideraciones entorno al criterio de imputaci\u00f3n subjetiva que reviste esta materia: el art\u00edculo 982 ib\u00eddem establece que las obligaciones a cargo del transportador en trat\u00e1ndose de transporte de personas, consistente en transportarlas sanas y salvas a su lugar de destino, significa lo anterior que el contrato de transporte genera obligaciones de resultado y no de medio, es decir, el transportador no solo se compromete a poner toda la diligencia necesaria para que se logre el fin perseguido, su compromiso va mucho m\u00e1s all\u00e1, se obliga a que con su conducta se obtenga una consecuencia determinada o un resultado concreto, por lo que aunque haya obrado con toda la presteza si el resultado no se logra la obligaci\u00f3n habr\u00e1 sido incumplida y el deudor solo quedar\u00e1 exonerado de responsabilidad probando que la no consecuci\u00f3n del resultado obedece a un hecho que le es extra\u00f1o\u00bb (20:16). <\/p>\n

Por ello indic\u00f3 que \u00abel transportador debe responder por todos los da\u00f1os que le sobrevengan al pasajero desde el momento que se haga cargo de \u00e9ste y hasta que le viaje haya concluido; en el evento de que el pasajero sufra alg\u00fan perjuicio, el transportador se presumir\u00e1 civilmente responsable pudiendo exonerarse de tal responsabilidad probando: obra exclusiva de un tercero, fuerza mayor, pero \u00e9sta no podr\u00e1 alegarse cuando haya mediado culpa imputable al transportador que en alguna forma sea causa del da\u00f1o, y culpa exclusiva del pasajero, o lesiones org\u00e1nicas o enfermedad anterior que no le hayan sido agravadas a consecuencia de los hechos imputables al transportador. Eso se puede verificar en el art\u00edculo 1003 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb (21:11). <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que demostrada la ocurrencia de \u00ablas lesiones o la muerte del pasajero\u00bb, unas y otra debieron tener lugar por culpa del transportador, a menos que \u00e9ste pruebe alguna de las causales de exclusi\u00f3n de la misma, por ello \u00abquien demanda por responsabilidad derivada del contrato de transporte de personas, le corresponde solamente probar la ocurrencia del hecho, el da\u00f1o, el nexo de causalidad, pues la culpa del transportador se presume\u00bb. Luego, con vista en la definici\u00f3n del contrato de seguro (art\u00edculo 1036 del C\u00f3digo de Comercio), \u00absu fin es indemnizar al asegurado por la ocurrencia del riesgo amparado\u00bb, y debe ser interpretado en forma similar a las normas legales y seg\u00fan su finalidad: \u00abcomprobando la voluntad objetiva que traduce la respectiva p\u00f3liza y los documentos a que a ella hacen parte con arreglo a la ley\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que \u00ablo que examin\u00f3 la sala fue, precisamente las obligaciones surgidas de ese contrato y las condiciones generales que emanan del mismo. Conforme a lo expuesto, la sala encontr\u00f3 probada la excepci\u00f3n de sobrecupo como causal de exclusi\u00f3n del contrato de seguros\u00bb, en tanto que \u00abla p\u00f3liza de responsabilidad civil n\u00ba AAO14722 que obra a folios 458 a 478, se\u00f1ala en su descripci\u00f3n del riesgo, que es de capacidad de ocho pasajeros, adem\u00e1s que en las condiciones generales, inciso 2.12, la misma indica que: \u201ccuando el veh\u00edculo asegurado se encuentre con sobrecupo de pasajeros, no cubre ninguna reclamaci\u00f3n\u201d, para el caso se tiene que seg\u00fan el informe de investigaci\u00f3n de laboratorio allegado al expediente el d\u00eda del siniestro, el veh\u00edculo de placas TBK554 se movilizaba con doce pasajeros cuando la tarjeta de propiedad y operaci\u00f3n solo permite transportar ocho pasajeros\u00bb (29:06). <\/p>\n

En cuanto al reparo presentado por los demandados respecto de los perjuicios reconocidos por la juzgadora de instancia, \u00abfundado en la ausencia de prueba que acredite tanto cu\u00e1nto ganaba el demandante en la actividad econ\u00f3mica que desempe\u00f1aba, considera el tribunal, que no le asiste raz\u00f3n por cuanto la jurisprudencia de anta\u00f1o ha decantado que se presume el ingreso del salario m\u00ednimo mensual legal vigente, para aquellas personas que se encuentren en edad productiva\u00bb, y ello porque como para el caso concreto no se encontraba demostrado el ingreso que supon\u00eda la obtenci\u00f3n permanente de recursos para solventar sus necesidades, seg\u00fan lo dicho por esta Corte entre otras en sentencias del 20 de noviembre de 2013, rad. 2002-0101 y 29 de noviembre de 2016, rad. 15996-2016, para tasar los perjuicios materiales en las condiciones descritas, era dable \u00abpresumir en desarrollo del principio de reparaci\u00f3n integral y de equidad (\u2026), que percib\u00eda como tal el salario m\u00ednimo legal o la cantidad de dinero que por dicha actividad o que por otra semejante otros reciben\u00bb (30:43). <\/p>\n

Acot\u00f3 que la censura respecto de que la juez \u00abdebi\u00f3 ser exhaustiva en los interrogatorios\u00bb a los testigos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abes un asunto que escapa a esta instancia\u00bb, y adem\u00e1s porque el inconforme \u00abten\u00eda la oportunidad y el derecho del ejercicio de la contradicci\u00f3n, si no lo hizo pues corre con la carga de soportar la consecuencias desfavorables que sobrevengan por su inactividad o por su negligencia (\u2026) cuando ten\u00eda la oportunidad para contrainterrogar o para interrogar\u00bb (31:45). <\/p>\n

En lo concerniente a \u00abla reducci\u00f3n del 25% en la liquidaci\u00f3n por concepto de gastos personales del demandante\u00bb, consider\u00f3 que tal petici\u00f3n \u00abno est\u00e1 llamada a prosperar, toda vez que la jurisprudencia ha decantado que dicha disminuci\u00f3n solo es procedente en aquellos casos en donde la persona ha fallecido, en el sub-ex\u00e1mine lo que se pretende es la indemnizaci\u00f3n de lesiones causadas en la humanidad, derivada del accidente de tr\u00e1nsito (\u2026)\u00bb (32:14). <\/p>\n

Ahora, respecto al reproche por la tasaci\u00f3n de los perjuicios morales y los de \u00abda\u00f1o a la vida en relaci\u00f3n\u00bb, dijo que la doctrina define esta modalidad como \u00abel que sufre un sujeto a consecuencia de una lesi\u00f3n a su integridad ps\u00edquica o f\u00edsica, o a la salud consistente en la disminuci\u00f3n de sus posibilidades de desarrollar normalmente sus personalidad en un ambiente social\u00bb, advirti\u00f3 enseguida que \u00absi bien es verdad que estas categor\u00edas recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles o inconmensurables, en todo caso ello no impide que como medida de satisfacci\u00f3n, el ordenamiento jur\u00eddico permita el reconocimiento de una determinada cantidad de dinero a trav\u00e9s del llamado arbitrio juris, encaminada desde luego, m\u00e1s que a tener la reparaci\u00f3n econ\u00f3mica exacta (\u2026), a atenuar en la medida de lo posible las secuelas y padecimientos que afectan a la v\u00edctima\u00bb (35:05). <\/p>\n

Refiriendo concretamente al tipo de da\u00f1o en cuesti\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que en raz\u00f3n a los da\u00f1os corporales y psicol\u00f3gicos sufridos, por la magnitud de sus lesiones el se\u00f1or Guzm\u00e1n Perdomo \u00abno podr\u00e1 llevar una vida, por lo menos pr\u00f3xima, a la normalidad, pues est\u00e1 imposibilitado para realizar actividades vitales en el desempe\u00f1o humano a t\u00edtulo de masticar alimentos, alzar cosas, como refiere la historia cl\u00ednica del 22 de octubre de 2015, fue valorado por Medicina Legal donde se determin\u00f3 una incapacidad definitiva de 55 d\u00edas, con secuelas de perturbaci\u00f3n funcional del \u00f3rgano de la presi\u00f3n con car\u00e1cter por definir, deformidad f\u00edsica que deforma el rostro de car\u00e1cter permanente, perturbaci\u00f3n funcional del miembro superior izquierdo de car\u00e1cter por definir, perturbaci\u00f3n funcional del \u00f3rgano de la masticaci\u00f3n de car\u00e1cter permanente\u00bb, y que seg\u00fan el dictamen expedido por la Junta Regional de Invalidez, se determin\u00f3 \u00abuna p\u00e9rdida de capacidad laboral que alcanz\u00f3 al 35.36%\u00bb (36:49). <\/p>\n

Por tanto, \u00abuna vez examinado el material probatorio, la historia cl\u00ednica, el interrogatorio de parte, los tratamientos, procedimientos quir\u00fargicos aplicados, la recuperaci\u00f3n, las secuelas de \u00edndole material y psicol\u00f3gico, as\u00ed mismo como la gravedad de las lesiones dejadas en el cuerpo de la v\u00edctima, la sala concluye sobre el particular que los argumentos expuestos por la apelante no tienen la vocaci\u00f3n de prosperidad\u00bb (37:28). <\/p>\n

No obstante, encontr\u00f3 fundado el reclamo de Coomotor en relaci\u00f3n con la condena \u00abextra petita\u00bb, ya que los conceptos de \u00ablucro cesante consolidado y lucro cesante futuro, el demandante los tas\u00f3 en el ac\u00e1pite de pretensiones fijando como l\u00edmite el reconocimiento de los montos de $3\u00b4055.647 y $31\u00b4751.682, respectivamente, y la juzgadora en la parte considerativa y resolutoria del asunto, desconoci\u00f3 los l\u00edmites ya fijados por el demandante y conden\u00f3 de manera extra petita y ultra petita, a sabiendas que a los jueces civiles les est\u00e1 vedada la aplicaci\u00f3n de dicha figura procesal\u00bb, en la medida en que \u00abla jueza conden\u00f3 al pago de un lucro cesante consolidado en montos de $8\u00b4607.099, y $43\u00b4815.681,81 (\u2026), excediendo claramente los montos ya limitados en escrito de demanda\u00bb, y en cuanto a los dem\u00e1s perjuicios precis\u00f3 que por encontrarse dentro de los rangos solicitados, no ser\u00edan modificados (39:14). <\/p>\n

Conforme a lo anterior, el fallador ad quem resolvi\u00f3 \u00abconfirmar los numerales 2, 4, 5, 7 de la sentencia del 27 de septiembre de 2017, \u00abmodificar el numeral 1\u00ba en el sentido de declarar probada la excepci\u00f3n denominada \u201cexceso por sobrecupo como causal de exclusi\u00f3n del contrato de seguro\u201d propuesta por la demandada Equidad Seguros Generales\u00bb; de igual manera modific\u00f3 el numeral 3\u00ba, \u00aben el sentido de que solo se ha de reconocer como lucro cesante consolidado un total de $3\u00b4055.647, y como lucro cesante futuro el monto de $31\u00b4751.682\u00bb, as\u00ed como el numeral 6\u00ba en relaci\u00f3n con las agencias en derecho para la respectiva liquidaci\u00f3n de costas, y dispuso lo pertinente respecto de las causadas en segunda instancia (42:52). <\/p>\n

3.2. Conforme a lo que acaba de verse, el resguardo es inviable porque la actuaci\u00f3n de la autoridad convocada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, en tanto que la resoluci\u00f3n cuestionada no revela arbitrariedad o desmesura, sino una divergencia conceptual cuya razonabilidad no es fuente de la salvaguarda. <\/p>\n

En ese orden, la Corte reitera que comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador: \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n

En ese sentido, tambi\u00e9n ha precisado que: \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC13925-2018, 24 oct. 2018, rad. 00499-01, entre otras). <\/p>\n

Una vez m\u00e1s se reitera que el juez constitucional no est\u00e1 llamado a decirle al de la causa que su raciocinio sobre la validez de la prueba es o no el acertado, porque ese reproche solo ser\u00eda aceptable en la medida en que tal proceder constituyera un defecto f\u00e1ctico por no valorar un medio de prueba o por haberlo realizado indebidamente, lo cual ac\u00e1 no acontece, pues n\u00f3tese que la decisi\u00f3n cuestionada, cuenta con el suficiente soporte jur\u00eddico, y cuando ello es as\u00ed, cobra fuerza el precedente seg\u00fan el cual la tutela no se abre paso por \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb que resolvieron el asunto cuya actuaci\u00f3n se censura (CSJ STC, 19 may. 2011, rad. 00106-01, citada en STC10245-2018, 10 ago. 2018, rad. 00332-01). <\/p>\n

As\u00ed, no se evidencia yerro sustantivo, f\u00e1ctico o de cualquier otra \u00edndole que justifique la tutela para con ella invalidar el pronunciamiento cuestionado, porque los razonamientos all\u00ed contenidos, hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto, y menos para imponer una determinada tesis que sustituya a la del funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n

4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Conforme a lo discurrido, se desestimar\u00e1 el resguardo invocado, toda vez que lo resuelto por el accionado no configura defecto de procedibilidad que constituya desafuero susceptible de correcci\u00f3n por este mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el auxilio invocado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03960-00)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA STC091-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03960-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquet\u00e1 Limitada \u2013 Coomotor Ltda. contra la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102629","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102629","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102629"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102629\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102629"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102629"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102629"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}