{"id":102632,"date":"2026-07-02T16:18:54","date_gmt":"2026-07-02T16:18:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102632"},"modified":"2026-07-02T16:18:54","modified_gmt":"2026-07-02T16:18:54","slug":"stc094-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc094-2019\/","title":{"rendered":"STC094-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC094-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2018-01063-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 22 de noviembre de 2018, que neg\u00f3 la tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira y el Procurador Delegado para Asuntos Civiles, tr\u00e1mite al que fueron vinculados Uner Augusto Becerra Largo, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda Regionales de Risaralda, en el que se acumularon las acciones constitucionales n\u00ba 2018-01063 y 2018-01068. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tObrando en nombre propio, el querellante sostiene que la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en las acciones populares n\u00b0 2018-00255, 2018-00260, 2018-00261, 2018-00262, 2018-00263 y 2018-00264 que instaur\u00f3 Uner Augusto Becerra Largo contra Audifarma S.A., y en las que interviene como coadyuvante, dado que el despacho \u00abpretende negar mi alzada frente al auto que rechaza la acci\u00f3n popular, OLVIDANDO QUE LA ACCI\u00d3N POPULAR, ESTA (sic) CONSAGRADA DE DOBLE INSTANCIA\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa Procuradur\u00eda Regional de Risaralda afirm\u00f3 que en el asunto en cuesti\u00f3n no se le endilga ninguna vulneraci\u00f3n, y, las pretensiones interpuestas son ajenas a sus funciones por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n (f. 11, ib\u00edd.). <\/p>\n

2.\tEl Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira hizo saber que \u00abdentro de dichas acciones Populares est\u00e1 corriendo t\u00e9rmino de ejecutoria del auto de fecha noviembre 6 de la presente anualidad que, dispuso no reponer el auto de agosto 29 de este a\u00f1o (\u2026)\u00bb, de otra parte remiti\u00f3 las copias de las actuaciones surtidas (f. 13, ib\u00eddem). <\/p>\n

3.\tLa Procuradora 3 Judicial II para Asuntos Civiles solicit\u00f3 \u00abacceder a la protecci\u00f3n constitucional en consideraci\u00f3n a que los requisitos exigidos en los autos admisorios est\u00e1n relacionados al contenido del art\u00edculo 89 del C\u00f3digo General del Proceso y no de la normatividad especial 18 de la Ley 472 de 1998\u00bb (ff. 18 y 19, id.) <\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que: \u00abes claro que los amparos propuestos est\u00e1n llamados al fracaso, porque si una acci\u00f3n de esta estirpe tiene como objetivo la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando se vean resquebrajados por acciones u omisiones de parte de quien se demanda, en el caso concreto es inviable colegir una situaci\u00f3n semejante, por cuanto, en \u00faltimas, es falsa la denuncia planteada\u00bb. Seguidamente dijo \u00abY es as\u00ed, sencillamente porque, en el estado de las cosas, son inexistentes los autos por medio de los cuales se rechazaron las demandas y, de perogrullo, tampoco existen los recursos frente aquellos\u00bb (ff. 21 a 23, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La propuso el convocante reiterando que se pretende negar la alzada frente al auto que rechaz\u00f3 la demanda desconociendo el C\u00f3digo General del Proceso que \u00abtanto y tanto gustan aplicar\u00bb (f. 31, ib\u00eddem).
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema \tjur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el promotor que interviene como coadyuvante en las acciones populares n\u00ba 2018-00255, 2018-00260, 2018-00261, 2018-00262, 2018-00263 y 2018-00264 que instaur\u00f3 Uner Augusto Becerra Largo contra Audifarma S.A., por presuntamente negar el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que las rechaz\u00f3. <\/p>\n

2. Nulidad \talegada por el actor. <\/p>\n

Preliminarmente debe indicarse que desde la admisi\u00f3n de la demanda constitucional la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito de Pereira orden\u00f3 enterar a los intervinientes en las acciones populares que motivan las quejas, lo cual se cumpli\u00f3 en las direcciones reportadas para recibir correspondencia, por lo que no hay motivo para invalidar lo actuado como pretende Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga. <\/p>\n

3. Hechos \tprobados. <\/p>\n

Se encuentran acreditados los siguientes: <\/p>\n

3.1.\tUner Augusto Becerra Largo instaur\u00f3 seis acciones populares contra Audifarma S.A., el 22 de agosto de 2018 que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira inadmiti\u00f3 porque: i) \u00abno aporta la direcci\u00f3n en donde recibe notificaciones la parte accionante, tal y como lo establece el literal f del art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998\u00bb, y ii) \u00abno aporta copias del escrito de la demanda para el traslado y archivo del Juzgado, tal y como lo indica el art\u00edculo 89 del C.G.P. (\u2026)\u00bb (archivo digital). <\/p>\n

3.2.\tFrente a tal providencia el actor popular formul\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidi\u00f3 apelaci\u00f3n pues consider\u00f3 que se exig\u00edan requisitos inexistentes en la ley. De otro lado el convocante solicit\u00f3 ser reconocido como coadyuvante (archivo digital). <\/p>\n

3.3.\tLa autoridad judicial convocada rechaz\u00f3 las demandas populares el 14 se septiembre de los corrientes (archivo digital). <\/p>\n

3.4.\tMediante sentencia STC 13889 \u2013 2018, esta Sala resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n presentada en una tutela anteriormente formulada por el quejoso en este tr\u00e1mite, donde se dej\u00f3 sin efecto el auto de rechazo, y en su lugar, orden\u00f3 resolver los recursos presentados (archivo digital). <\/p>\n

3.5.\tEn cumplimiento de esta orden, el despacho encartado decidi\u00f3 no reponer el auto inadmisorio y negar la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n subsidiariamente interpuesta, el pasado 6 de noviembre (archivo digital). <\/p>\n

3.6.\tEl 14 de diciembre hoga\u00f1o el fallador resolvi\u00f3 rechazar las demandas ante la falta de subsanaci\u00f3n (ff. 4 al 9, cd. de la Corte). <\/p>\n

4.\tProcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Las determinaciones jurisdiccionales son, por regla general, ajenas al examen propio de la tutela, a menos que resulten notoriamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n

De acuerdo con lo anterior se precisa que la inobservancia de la subsidiariedad se presenta no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos cuya tutela se reclaman o, cuando ejercidos \u00e9stos, se encuentra pendiente su resoluci\u00f3n, tornando el auxilio en prematuro. <\/p>\n

5. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el juez constitucional no puede arrogarse facultades que no le corresponden para decidir lo que le compete a otro, como reiteradamente lo ha se\u00f1alado la Corte, al precisar que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que mientras haya posibilidad al interior del proceso de discutir y resolver los aspectos tra\u00eddos por esta v\u00eda, el juez de tutela no puede incursionar para reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, ya que este excepcional auxilio no constituye una instancia adicional o alternativa de la actividad a cargo del funcionario llamado a resolver el juicio. <\/p>\n

De otra parte, concerniente a la pretensi\u00f3n para que se realicen manifestaciones por parte de la Procuradur\u00eda sobre las actuaciones realizadas en estas acciones, no se acredit\u00f3 que tales cuestiones fueran formuladas oportunamente ante la autoridad convocada, lo que la torna improcedente, pues a este mecanismo de protecci\u00f3n solamente puede acudirse, previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n

Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n

Finalmente, en cuanto a la petici\u00f3n para que se escanee copia del fallo, dado que el actor suministr\u00f3 un correo electr\u00f3nico, se ordenar\u00e1 por Secretar\u00eda se realice el correspondiente env\u00edo. <\/p>\n

6.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo examinado que neg\u00f3 el resguardo, por prematuro, toda vez que se encuentra pendiente la resoluci\u00f3n de los recursos formulados por el accionante. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado por las razones indicadas. <\/p>\n

Env\u00edese copia de la presente decisi\u00f3n al correo electr\u00f3nico que suministr\u00f3 el convocante para recibir notificaciones. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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