{"id":102636,"date":"2026-07-02T16:19:38","date_gmt":"2026-07-02T16:19:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102636"},"modified":"2026-07-02T16:19:38","modified_gmt":"2026-07-02T16:19:38","slug":"stc099-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc099-2019\/","title":{"rendered":"STC099-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC099-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-04041-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela promovida por Juan Carlos Palomino Mendoza frente al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma capital; extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del juicio adelantado al aqu\u00ed petente por el delito de \u201ccontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u201d. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El quejoso requiere la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y libertad, presuntamente infringidas por los accionados. <\/p>\n

2. De lo consignado en la demanda constitucional y de las evidencias aportadas a este expediente, se advierte que el petente fue investigado por el referenciado il\u00edcito y condenado por ello en ambas instancias a 48 meses de c\u00e1rcel. <\/p>\n

El fallo dictado en ese asunto por el ad quem se atac\u00f3 mediante recurso de casaci\u00f3n; empero, esa impugnaci\u00f3n se inadmiti\u00f3 el 26 de septiembre de 2018. <\/p>\n

3. Juan Carlos Palomino Mendoza argumenta en apoyo de este amparo, en concreto, que en calidad de director de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Gir\u00f3n fue denunciado penalmente por los contratos celebrados con Luis Alejandro G\u00f3mez Buitrago para la \u201cprestaci\u00f3n del servicio de optometr\u00eda y tamizaje visual\u201d. <\/p>\n

Manifiesta que en esa causa el a quo le \u201c(\u2026) reproch\u00f3 una conducta totalmente distinta de la que consign\u00f3 en la sentencia\u201d, y asegura que el tribunal incurri\u00f3 en un defecto similar, pues acogi\u00f3 los hechos aducidos por el juzgador de primer grado, \u201c(\u2026) sin que a lo largo de su [providencia le] reprochara la conducta que all\u00ed se menciona como ejecutada por [\u00e9l] (\u2026)\u201d (sic). <\/p>\n

Luego de sostener que el juez de primer grado debi\u00f3 celebrar la audiencia prepatoria y en ella decretar pruebas de oficio, y objetar la valoraci\u00f3n realizada por los sentenciadores en relaci\u00f3n con los aludidos contratos, asegura que los tutelados le violaron la garant\u00eda a la igualdad \u201c(\u2026) porque lo menos que pod\u00eda esperar (\u2026) era recibir un trato igual al que se prodiga a otros ciudadanos\u201d en circunstancias similares; empero, ello no aconteci\u00f3 as\u00ed. <\/p>\n

4. Pide anular los fallos confutados. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

El secretario del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga tras acotar que el titular de tal despacho se halla incapacitado, realiz\u00f3 un recuento de la gesti\u00f3n adelantada por ese estrado en el caso objetado y asegur\u00f3 que el interesado \u201cpretende reabrir una discusi\u00f3n propia del proceso penal correspondiente\u201d. <\/p>\n

Las otras autoridades convocadas guardaron silencio. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El ruego no sale avante por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, pues el gestor no hizo uso id\u00f3neo del recurso de casaci\u00f3n formulado contra la sentencia ahora criticada, por cuanto los yerros de la demanda presentada para el efecto, generaron, como ya se advirti\u00f3, su inadmisi\u00f3n el 26 de septiembre de 2018. <\/p>\n

Respecto del anotado requisito, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u2018judicial\u2019 de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d1. <\/p>\n

2. El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n exige al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma consagrados por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores del fallo recurrido, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es herramienta para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

Lo instrumental materializa la igualdad ante la ley y frena la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de prerrogativas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n

3. Al margen de lo discurrido, refuerza el fracaso de este auxilio que en la determinaci\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, esa corporaci\u00f3n destac\u00f3 no \u201c(\u2026) observa[r] la violaci\u00f3n de garant\u00edas de los sujetos procesales ni [configurarse] ninguno de los supuestos que permit[ieran] su intervenci\u00f3n oficiosa\u201d. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, no hay lugar a la injerencia de esta particular jurisdicci\u00f3n, pues la misma se halla reservada exclusivamente para casos de evidente arbitrariedad con directa repercusi\u00f3n en postulados iusfundamentales. <\/p>\n

4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a su preceptiva como tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

As\u00ed como por la regla 93 ej\u00fasdem, al estipular: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8.
\nInsistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de los mismos. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5. Los argumentos glosados son suficientes para desestimar la salvaguarda deprecada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Juan Carlos Palomino Mendoza frente al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma capital; extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del juicio adelantado al aqu\u00ed petente por el delito de \u201ccontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u201d. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb9, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb10; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil.
\nLUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nCon mi acostumbrado respeto hacia los H. magistrados que suscribieron la providencia, me permito discrepar de los motivos en los que se sustent\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada en el tr\u00e1mite de la referencia, aunque estoy de acuerdo en que el asunto que se dej\u00f3 a la consideraci\u00f3n de esta sede, no proced\u00eda el otorgamiento de la protecci\u00f3n por cuanto no fueron vulneradas las garant\u00edas fundamentales del accionante.
\n1. Sostuvo la Sala para denegar la prosperidad del amparo que el ciudadano no hizo uso id\u00f3neo del recurso de casaci\u00f3n, porque aunque lo interpuso dentro de la oportunidad legal, "los yerros de la demanda presentada… generaron, como ya se advirti\u00f3, su inadmisi\u00f3n el 26 de septiembre de 2018".
\nLa postura concerniente a la impugnaci\u00f3n extraordinaria no solo desconoce la claridad del precepto sobre las causales de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela (art. 6\u00b0 Dcto. 2591\/91), sino que resta todo valor al papel del juzgador de la sede de casaci\u00f3n como garante del derecho objetivo involucrado en el conflicto sometido a su consideraci\u00f3n, y como protector de las garant\u00edas superiores de los sujetos procesales.
\nEn efecto, en relaci\u00f3n con los recursos o medios de defensa judiciales, la disposici\u00f3n precitada estatuye que el amparo no procede si el tutelante cuenta con tales
\ninstrumentos y estos son eficaces para la salvaguarda de sus derechos fundamentales, salvo que utilice el mecanismo constitucional como transitorio para evitar que se ocasione un perjuicio irremediable (numeral 1\u00b0), pero en ninguna parte de esa regla, ni en otra norma, se hace alusi\u00f3n a que la indicada causal de improcedencia del amparo es extensiva a los casos en que el .accionante ejerce su defensa a trav\u00e9s del medio defensivo del derecho com\u00fan, pero este es denegado o inadmitido por la autoridad judicial correspondiente.
\nExigir, entonces, al promotor de la queja constitucional que, a fin de no considerar improcedente aquella, adem\u00e1s de recurrir la providencia judicial que pretende cuestionar por v\u00eda de tutela, debe lograr que su reproche resulte exitoso o sea admitido por el juzgador, configura un exceso ritual manifiesto que es inadmisible en una herramienta como la tutela, la cual propende por la protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales de las personas.
\nEn ese orden, estimar incumplida la exigencia de residualidad del tr\u00e1mite constitucional de amparo, porque el tutelante no present\u00f3 una sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n que satisficiera par\u00e1metros de "rigor t\u00e9cnico", que algunos estiman aplicables a la impugnaci\u00f3n extraordinaria, o "requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores del fallo recurrido", constituye un exceso que desconoce el n\u00facleo esencial del principio de subsidiariedad que gobierna al amparo constitucional.
\n2. De otra parte, las aseveraciones en torno del comentado recurso extraordinario contenidas en la providencia, en particular en cuanto tiene que ver con la rigurosidad que debe observarse en el an\u00e1lisis de los reproches a tal punto que la inadecuada formulaci\u00f3n no puede ser superada por la Sala de Casaci\u00f3n, no se avienen a la funci\u00f3n que dicho medio defensivo cumple en el ordenamiento jur\u00eddico vigente, ni a los fines que lo orientan, pues aunque se le conoce por ser extraordinario y limitado, tales circunstancias no le impiden a la Corte hacer uso de las facultades que la ley le otorga para garantizar la igualdad de los sujetos procesales y la realizaci\u00f3n efectiva del derecho sustancial. <\/p>\n

Precisamente, en cumplimiento de esas finalidades, la Corte tiene las facultades especiales de declarar de oficio "la causal prevista en el numeral tercero del art\u00edculo 220"1 y de "casar la sentencia cuando sea ostensible que la misma atenta <\/p>\n

1 El citado motivo de casaci\u00f3n alude al evento en que "despu\u00e9s de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad".
\ncontra las garant\u00edas fundamentales" (art. 216 ejusdem), de modo que le est\u00e1 permitido superar las falencias t\u00e9cnicas en que pueda incurrir el censor en la formulaci\u00f3n de su libelo, como, en mi opini\u00f3n, tambi\u00e9n ocurre en el recurso de casaci\u00f3n dentro de la especialidad civil.
\nAdem\u00e1s, la Sala de Casaci\u00f3n Penal como Tribunal de Casaci\u00f3n en su especialidad, tiene la potestad de \u00abseleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos\u00bb (art. 7 Ley 1285\/09).
\n3. Por \u00faltimo, se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un "control de convencionalidad", a partir del cual "no se otea vulneraci\u00f3n alguna" a la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos ni al bloque de constitucionalidad; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas.
\nLa figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos.
\nConsideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo.
\nEn los t\u00e9rminos que preceden, dejo aclarado mi voto.
\nDe los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMAGISTRADO <\/p>\n

I <\/p>\n

1 \tCSJ \tSTC \t26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de \t2012, exp. 00616-00.
\n2 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n3 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n4 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n5 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n6 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de \tseptiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, \tcriterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012.
\n9 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n10 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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