{"id":102640,"date":"2026-07-02T16:20:18","date_gmt":"2026-07-02T16:20:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102640"},"modified":"2026-07-02T16:20:18","modified_gmt":"2026-07-02T16:20:18","slug":"stc103-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc103-2019\/","title":{"rendered":"STC103-2019"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC103-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2018-00203-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se desata la impugnaci\u00f3n formulada por Mercedes Correa contra el fallo emitido el 29 de noviembre de 2018, en la tutela que le instaur\u00f3 a los Juzgados Primero Civil del Circuito y Noveno Civil Municipal, ambos de Ibagu\u00e9, extensiva a los intervinientes en el juicio radicado bajo el n\u00famero 2018-00126. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La accionante pidi\u00f3, en virtud de la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abse ordene la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso ejecutivo de hacer [que le promovi\u00f3 a] Diana Paola Rojas Tafur tramitado en el Juzgado Noveno Civil Municipal bajo el radicado No. 2018-00126, y en su lugar, se proceda a la admisi\u00f3n de la demanda ejecutiva como una obligaci\u00f3n de hacer contenida en un fallo de equidad debidamente ejecutoriado\u00bb. <\/p>\n

Como soporte de su pretensi\u00f3n, adujo que present\u00f3 un coercitivo contra Diana Paola Rojas Tafur para obtener el cumplimiento de una sentencia en equidad proferida el 28 de junio de 2017 por el Juez S\u00e9ptimo de Paz, la cual le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagu\u00e9, quien para tal fin comision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda. <\/p>\n

Sin embargo, a ra\u00edz de una \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb iniciada por la \u00abejecutada\u00bb, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma urbe invalid\u00f3 el tr\u00e1mite adelantado en el compulsivo, para que \u00aben su lugar vuelva proferir decisi\u00f3n (\u2026) teniendo de presente que la decisi\u00f3n del juez de paz no fue una conciliaci\u00f3n sino una sentencia en equidad\u00bb. <\/p>\n

El Juzgado Noveno Civil Municipal arguyendo el acatamiento de esa \u00aborden\u00bb, am\u00e9n que \u00abla obligaci\u00f3n del juez de paz (\u2026) no es clara, expresa y exigible\u00bb, rechaz\u00f3 la \u00abdemanda\u00bb (26 jun. 2018). Inconforme, apel\u00f3, recurso resuelto de manera adversa por el Juzgado Primero Civil del Circuito (27 ago. 2018), bajo los mismos argumentos. <\/p>\n

En ese contexto, detall\u00f3 que los juzgadores denunciados no le precisaron qu\u00e9 es lo que le falta a la \u00abobligaci\u00f3n\u00bb para que se verifiquen tales requisitos, sino, que \u00absin argumentos, razones jur\u00eddicas o de hecho, bajo interpretaciones subjetivas\u00bb se neg\u00f3 su satisfacci\u00f3n.
\nAdem\u00e1s, contrario a esas estimaciones, el veredicto cuyo cobro pretende incorpora una \u00abobligaci\u00f3n de hacer\u00bb clara, al tenor de la cual \u00abDiana Paola Rojas Tafur debe restituir un bien inmueble plenamente identificado, expresa: al estar contenida en el fallo en equidad y exigible: toda vez que el t\u00e9rmino otorgado para hacer la entrega\u00bb se fij\u00f3 en cinco (5) \u00abd\u00edas despu\u00e9s a la ejecutoria del fallo\u00bb. De modo, que no \u00abentiende qu\u00e9 otra cosa quiere que contenga m\u00e1s el t\u00edtulo y\/o obligaci\u00f3n para librar la obligaci\u00f3n de hacer\u00bb. <\/p>\n

2. Las autoridades convocadas procedieron as\u00ed: <\/p>\n

El despacho civil municipal puntualiz\u00f3 que Mercedes Correa \u00abbusc\u00f3 en el tr\u00e1mite del proceso (\u2026) que (\u2026) Diana Paola Rojas Tafur entregara un inmueble (\u2026), as\u00ed se dispuso y en donde nuestro juez constitucional encontr\u00f3 que (\u2026) el fallo proferido por el Juez de Paz, no fue una conciliaci\u00f3n, sino una sentencia en equidad (\u2026), el juzgado (\u2026) dado que (\u2026) la demanda de obligaci\u00f3n de hacer no reun\u00eda los requisitos de ley, la rechaz\u00f3\u00bb. <\/p>\n

El Juzgado Primero Civil del Circuito resalt\u00f3 que \u00abtramit\u00f3 la apelaci\u00f3n del 26 de junio de 2018 proferida por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagu\u00e9, que rechaz\u00f3 de plano la demanda\u00bb. <\/p>\n

3.- El 25 de septiembre de 2018 el Tribunal de Ibagu\u00e9 dict\u00f3 \u00abfallo de primera instancia\u00bb, pero fue anulado por esta Sala (29 oct.) a fin que se notificara a Diana Tafur, como tercera implicada en esta actuaci\u00f3n. Subsanada la omisi\u00f3n, se expidi\u00f3 un nuevo pronunciamiento (29 nov.).
\nSENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

1. El a quo neg\u00f3 el amparo. Para tal efecto explic\u00f3: <\/p>\n

(\u2026) la demandante teniendo como soporte el incumplimiento al fallo en equidad (\u2026) formula demanda ejecutiva por obligaci\u00f3n de hacer, actuaci\u00f3n que correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagu\u00e9, entidad que luego de librar el respectivo despacho comisorio al funcionario de polic\u00eda respectivo, vio afectada su decisi\u00f3n por virtud del fallo de tutela de junio 29 de 2018, donde se deja sin efecto y valor jur\u00eddico lo dispuesto en los autos de mayo 25 y junio 6 de 2018, circunstancias que llevaron al rechazo de plano y devoluci\u00f3n de la demanda, prove\u00eddo que al ser apelado, fue confirmado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 27 de agosto de 2018. <\/p>\n

Bajo estas premisas consideraciones, observa la Sala que las partes de consuno buscaron una soluci\u00f3n amigable y concertada, colocando a consideraci\u00f3n del Juez S\u00e9ptimo de Paz, entidad finiquit\u00f3 con un fallo dictado en equidad, en cuyo escenario se preserv\u00f3 el debido proceso consagrado en la ley 497 de 1999, otorg\u00e1ndole la posibilidad a las partes de ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n, circunstancia, por la cual la justicia ordinaria perdi\u00f3 competencia, para recabar sobre esa litis. <\/p>\n

Para finalizar advi\u00e9rtasele a la actora que dispone de otro medio judicial id\u00f3neo y eficaz para el cumplimiento de la sentencia en equidad proferida por la Jurisdicci\u00f3n S\u00e9ptima Especializada Juzgado de Paz, conforme lo dispone la ley 497 de 1999, en el entendido que el ordenamiento jur\u00eddico y la jurisprudencia constitucional precept\u00faan que, las decisiones adoptadas por los jueces de paz, en los conflictos puestos a su conocimiento por los particulares, son de obligatorio cumplimiento y tienen los mismos efectos que las sentencias dictadas por los jueces ordinarios, en el caso concreto, la sentencia proferida hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, por lo que, son obligatorias para las partes y, por consiguiente, para las autoridades. <\/p>\n

2. La precursora disinti\u00f3. Destac\u00f3 que \u00abla vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, no se deben a la inadmisi\u00f3n como erradamente lo interpretaron los Magistrados, la vulneraci\u00f3n se debe a que el rechazo de la demanda ejecutiva de hacer fue de plano, donde los jueces no motivaron en debida forma la decisi\u00f3n, se limitaron a indicar que la decisi\u00f3n contenida en el fallo en equidad no era clara, expresa y exigible, sin m\u00e1s reparos, obs\u00e9rvese que en ambas instancias, no inadmitieron para que se procediera a realizar alguna correcci\u00f3n\u00bb; y que \u00abno logra entender por qu\u00e9 si es viable ordenar la obligaci\u00f3n de hacer cuando se trata de una conciliaci\u00f3n ante el Juez de Paz (como inicialmente fue ordenado en el Juzgado Noveno), pero rechazan de plano la misma petici\u00f3n cuando estamos ante un fallo de equidad\u00bb. <\/p>\n

Insisti\u00f3 en que la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 en \u00abequidad\u00bb el conflicto suscitado con Rojas Tafur es de \u00abobligatorio cumplimiento\u00bb y, por ende, debe concretarse por la v\u00eda \u00abejecutiva\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Mercedes Correa ataca el tr\u00e1mite del \u00abejecutivo\u00bb que le inici\u00f3 a Diana Rojas Tafur para el \u00abcumplimiento\u00bb de la \u00absentencia del Juez S\u00e9ptimo de Paz\u00bb del Barrio Salado en Ibagu\u00e9, la cual, entre aspectos, dispuso: \u00abOrdenar a Diana Paola Rojas Tafur (\u2026), que en el perentorio t\u00e9rmino de cinco d\u00edas despu\u00e9s de ejecutoriado el presente fallo, restituya a la se\u00f1ora Mercedes Correa (\u2026), la posesi\u00f3n del apartamento 203 del Edificio Celem\u00edn ubicado en la carrera 2 No. 15-69, identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 350-61621 de la Oficina de Registros de la ciudad de Ibagu\u00e9\u00bb. <\/p>\n

Bajo ese panorama, disputa que los Juzgados Civiles reconvenidos se hayan rehusado a \u00ablibrar mandamiento ejecutivo\u00bb, pese a que en su sentir se estructuraban los elementos para predicar una \u00abobligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u00bb. <\/p>\n

2. A fin de dilucidar la querella, la Corte concretar\u00e1 el an\u00e1lisis al interlocutorio de 27 de agosto de 2018 del Juzgado Primero del Circuito de esa urbe, pues <\/p>\n

(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada) (CSJ TC14012-2015, reiterada en STC2377-2018). <\/p>\n

3. Ahora, el sendero consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica no fue destinado a replicar la \u00abactividad\u00bb jurisdiccional; permitirlo ser\u00eda contrariar la independencia y autonom\u00eda de quienes cumplen esa funci\u00f3n; empero, resulta id\u00f3neo, de manera residual, para preservar atributos esenciales s\u00f3lo en aquellos eventos en los que se compruebe una equivocaci\u00f3n ostensible, arbitraria y grosera. Esto, porque <\/p>\n

(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… \u00bb (Resaltado fuera del texto) (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC, 16 abr. 2015, rad. STC4269-2015 y en STC7623-2018). <\/p>\n

4. En el sub lite, se configura la existencia de un yerro de esa envergadura, que por tanto debe ser conjurado a trav\u00e9s de este instrumento, m\u00e1xime cuando la interesada agot\u00f3 las herramientas legales que ten\u00eda a su disposici\u00f3n para remediar el agravio sin obtener soluci\u00f3n favorable. <\/p>\n

4.1. As\u00ed, v\u00e9ase que el funcionario confutado al desatar la alzada que la libelista enfil\u00f3 hacia el \u00abauto de 26 de junio de 2018\u00bb, que \u00abrechaz\u00f3 de plano la demanda ejecutiva que le promovi\u00f3 a Diana Rojas Tafur\u00bb, no motiv\u00f3 adecuadamente las razones por las cuales la ratific\u00f3, pues, como lo anot\u00f3 la suplicante, no le indic\u00f3 por qu\u00e9 la \u00absentencia\u00bb que aport\u00f3 como \u00abt\u00edtulo\u00bb no contiene una \u00abobligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u00bb, limit\u00e1ndose, sin respaldo factual alguno, a sostener la ausencia de tales presupuestos. <\/p>\n

En efecto, expuso que <\/p>\n

Encuentra este despacho que el juez de primera instancia rechaz\u00f3 la demanda valorando las pruebas que fueron aportadas. <\/p>\n

Contrario a lo afirmado por la apelante, el Juez 5\u00b0 Civil Municipal de Ibagu\u00e9 [sic] al resolver la solicitud de tutela de Diana Paola Rojas Tafur, contra el juzgado 9 civil municipal de Ibagu\u00e9, no indic\u00f3 que el juzgado accionado deb\u00eda admitir la demanda sino que le corresponde proferir una nueva decisi\u00f3n conforme a los lineamientos expuestos. <\/p>\n

Carencia de ejecutabilidad. <\/p>\n

La demandante formul\u00f3 proceso ejecutivo, por obligaci\u00f3n de hacer y el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n es la sentencia que profiri\u00f3 en equidad el juez de paz, el 28 de junio de 2018. Esta sentencia no contiene una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible de hacer, tal y como lo afirm\u00f3 el juzgado de primera instancia, al respecto se requiere: <\/p>\n

\u2018Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra \u00e9l, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicci\u00f3n, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de polic\u00eda aprueben liquidaci\u00f3n de costas o se\u00f1alen honorarios de auxiliares de la justicia, y los dem\u00e1s documentos que se\u00f1ale la ley. La confesi\u00f3n hecha en el curso de un proceso no constituye t\u00edtulo ejecutivo, pero s\u00ed la que conste en el interrogatorio previsto en el art\u00edculo\u00a0184\u2019 art. 422, CGP. <\/p>\n

Conforme a lo expuesto, encuentra este despacho que el rechazo de plano de la demanda, se encuentra acorde a derecho (\u2026) (el destacado es original del texto). <\/p>\n

Empero, aqu\u00ed el juzgador no confront\u00f3 las pautas aplicables al asunto con la \u00abprovidencia\u00bb materia de recaudo, pues nada dijo acerca de su \u00abm\u00e9rito ejecutivo\u00bb o de la prestaci\u00f3n a cargo de la \u00abejecutada\u00bb en cuanto a restituirle a la gestora la \u00abposesi\u00f3n del apartamento 203 del Edificio Celem\u00edn\u00bb, ni del plazo otorgado para su observancia. Es decir, omiti\u00f3 ense\u00f1arle a Mercedes Correa en qu\u00e9 consist\u00eda la \u00abausencia de ejecutabilidad\u00bb que le enrostr\u00f3 al \u00abfallo en equidad\u00bb. <\/p>\n

Ello, a no dudarlo, cercena la garant\u00eda del \u00abdebido proceso\u00bb de la quejosa, ya que <\/p>\n

(\u2026) el deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso (STC7764-2018). <\/p>\n

4.2. Adicionalmente no tuvo en cuenta los lineamientos del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en la \u00absentencia de tutela de 17 de mayo de 2018\u00bb para que el Noveno Civil Municipal definiera nuevamente la \u00abejecuci\u00f3n\u00bb propuesta. N\u00f3tese que las circunstancias que condujeron a esa agencia a resguardar el \u00abdebido proceso de Diana Tafur\u00bb frente a dicha unidad judicial fue la indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 69 de la Ley 446 de 1998, porque el documento que se ados\u00f3 como \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb no fue un \u00abacta de conciliaci\u00f3n\u00bb, sino una \u00absentencia en equidad\u00bb. <\/p>\n

Al respecto estableci\u00f3: <\/p>\n

(\u2026) de acuerdo con las pretensiones de la acci\u00f3n, se advierte de entrada que a la accionante le asiste raz\u00f3n, toda vez que el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagu\u00e9, est\u00e1 dando aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 69 de la ley 446 de 1998 que reza: Art\u00edculo 69. Conciliaci\u00f3n sobre inmueble arrendado. Los Centros de Conciliaci\u00f3n podr\u00e1n solicitar a la autoridad judicial que comisione a los Inspectores de Polic\u00eda para realizar la diligencia de entrega de un bien arrendado cuando exista incumplimiento de un acta de conciliaci\u00f3n con un acta al respecto\u2019, y de la inspecci\u00f3n efectuada al proceso (\u2026), de donde deviene la vulneraci\u00f3n, se advierte que este fallador por ning\u00fan lado atisba acuerdo conciliatorio llevado entre Mercedez (sic) Correa y la hoy accionante Diana Paola Rojas Tafur, pues si bien es cierto a folio 30 al 34 figura un acta de conciliaci\u00f3n celebrada el d\u00eda 11 de mayo de 2017 en las instalaciones del despacho de la jurisdicci\u00f3n de paz, no es menos cierto que en la misma no se lleg\u00f3 a ning\u00fan arreglo, por lo que el juez de paz dict\u00f3 el d\u00eda 28 de junio de 2017 sentencia en equidad, por lo tanto el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagu\u00e9 no pod\u00eda dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo en menci\u00f3n, pues el mismo es s\u00f3lo cuando exista conciliaci\u00f3n. <\/p>\n

En ese orden de ideas, se debe concluir que las decisiones adoptadas por los jueces de paz en los asuntos en los que tiene competencia para el efecto, tienen fuerza obligatoria y definitoria, lo que significa que ponen fin al conflicto de que se trate y en esa medida deben ser cumplidas por las partes y por las autoridades, cuyo concurso sea necesario a fin de lograr su acatamiento, como quiera que tienen los mismos efectos que las sentencias dictadas por los jueces ordinarios. De otra forma, no tendr\u00eda sentido que la Constituci\u00f3n y la Ley les hubiera confiado la funci\u00f3n de decidir en equidad, los asuntos de los que, de acuerdo con el ordenamiento, pueden conocer. <\/p>\n

4.3. A su vez dej\u00f3 de lado las reglas contempladas para los litigios \u00abejecutivos\u00bb, por cuanto se refiri\u00f3 al \u00abrechazo de la demanda\u00bb, cuando a la luz del art\u00edculo 430 del estatuto de ritos generales, el resultado del examen de los requisitos del \u00abt\u00edtulo\u00bb da lugar a librar \u00abmandamiento ejecutivo\u00bb o a negarlo. As\u00ed lo consagra dicho precepto al indicar que \u00abpresentada la demanda acompa\u00f1ada de documento que preste m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla con la obligaci\u00f3n en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aqu\u00e9l considere legal\u00bb, disposici\u00f3n que debe armonizarse con las distintas modalidades de \u00abejecuci\u00f3n\u00bb, esto es, la de \u00abpago de sumas de dinero\u00bb, la de \u00abobligaci\u00f3n de dar\u00bb, \u00abde hacer\u00bb, \u00abde suscribir documentos\u00bb y de \u00abno hacer\u00bb. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, no es apropiado referirse al \u00abrechazo de la demanda\u00bb, el cual est\u00e1 previsto s\u00f3lo para los eventos regulados en el art\u00edculo 90 ib\u00eddem. <\/p>\n

5. Por consiguiente, se infirmar\u00e1 el \u00abfallo\u00bb confutado, para en su lugar, otorgar la ayuda implorada. Con ese prop\u00f3sito, se dispondr\u00e1 que el servidor encartado invalide el \u00abauto de 27 de agosto de 2018\u00bb y desate nuevamente la apelaci\u00f3n de la actora frente al \u00abprove\u00eddo\u00bb del Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagu\u00e9, conforme a las pautas aqu\u00ed consignadas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve REVOCAR la sentencia de naturaleza, fecha y procedencia preanotada, para en su lugar CONCEDER el amparo al debido proceso de Mercedes Correa en el ejecutivo que le promovi\u00f3 a Diana Paola Rojas Tafur, radicado bajo el n\u00famero 2018-000126. <\/p>\n

En tal virtud, se deja sin valor el interlocutorio de 27 de agosto de 2018 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 (notificado el 28 de agosto de 2018), y se ORDENA a su titular, Germ\u00e1n Mart\u00ednez Bello, o quien haga sus veces, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, resuelva nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso la accionante contra la providencia de 26 de junio de 2018, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Noveno Civil Municipal de esa ciudad \u00abrechaz\u00f3 de plano la demanda ejecutiva\u00bb que aquella instaur\u00f3. Para ello, deber\u00e1 tener en cuenta los par\u00e1metros se\u00f1alados en el numeral cuarto (4\u00b0) de las consideraciones de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n

Inf\u00f3rmese a los implicados. Oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC103-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2018-00203-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). Se desata la impugnaci\u00f3n formulada por Mercedes Correa contra el fallo emitido el 29 de noviembre de 2018, en la tutela que le […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102640","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102640","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102640"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102640\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102640"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102640"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102640"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}