{"id":102642,"date":"2026-07-02T16:20:45","date_gmt":"2026-07-02T16:20:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102642"},"modified":"2026-07-02T16:20:45","modified_gmt":"2026-07-02T16:20:45","slug":"stc105-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc105-2019\/","title":{"rendered":"STC105-2019"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC105-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03992-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El promotor depreca la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades encartadas dentro del juicio ejecutivo hipotecario que Banco Granahorrar, del cual es cesionario, le formul\u00f3 a Ana Luz Pulido Ramos. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3 como base de su reproche, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- La aludida entidad bancaria emprendi\u00f3 el sub judice \u00abcon el fin que se librara a su favor [\u2026] mandamiento de pago, el cual se libr\u00f3 mediante auto del 09 de febrero de 2018, en el que se dispuso el pago de la suma de [\u2026] $45\u2019104742,38, m\u00e1s los intereses moratorios y de plazo pactados, a la tasa m\u00e1xima permitida por la ley, correspondiente a las siguientes cantidades determinadas en los [P]agar\u00e9s 3943-0, por valor de 1820,9471 upac, representativo de la suma de $15\u2019000.000 de fecha 07 de junio de 1996, el [P]agar\u00e9 478570037574, por valor de $5\u2019782.539,83, de fecha 31 de agosto de 2009 y el [P]agar\u00e9 47857003091-9, por valor de $2\u2019235.000 de fecha 31 de mayo de 2009\u00bb. <\/p>\n

2.2.- La ejecutada \u00abventil\u00f3 en m\u00faltiples ocasiones lo referente a la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito conforme a lo ordenado por la [L]ey 546 de 1999 y la jurisprudencia constitucional, [\u2026] en donde finalmente los despachos accionados decidieron seguir adelante la ejecuci\u00f3n conforme ven\u00eda ordenada\u00bb. <\/p>\n

2.3.- Sin embargo, \u00aben las postrimer\u00edas del juicio, el juzgado [acusado] consider\u00f3 en auto del 02 de marzo de 2018, dar por terminado el proceso bajo el fundamento de hacerse exigible la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito al pagar los ejecutados los impuestos distritales que persegu\u00edan el inmueble en jurisdicci\u00f3n coactiva, y enervando la acci\u00f3n ejecutiva respecto de los [P]agar\u00e9s 478570037574, por valor de $5\u2019782.539,83, de fecha 31 de agosto de 2009 y 47857003091-9, por valor de $2\u2019235.000 de fecha 31 de mayo de 2009, a los que no les son exigibles la reestructuraci\u00f3n al haberse pactado en pesos y posterior a la Ley 546 de 1999\u00bb. <\/p>\n

2.4.- Contra esa determinaci\u00f3n interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, aconteciendo que por resoluci\u00f3n fechada 11 de mayo de 2018 la c\u00e9lula judicial cuestionada desat\u00f3 adversamente el horizontal y otorg\u00f3 la alzada. <\/p>\n

2.5.- La corporaci\u00f3n entutelada, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 28 de junio del mismo a\u00f1o, decidi\u00f3 \u00abrevocar la decisi\u00f3n del a quo y dispuso la terminaci\u00f3n del proceso s\u00f3lo respecto del Pagar\u00e9 3943-0, por valor de 1820,9471 upac, de fecha 07 de junio de 1996, ordenando su reestructuraci\u00f3n y continuar la ejecuci\u00f3n respecto de los dem\u00e1s\u00bb t\u00edtulos valores. <\/p>\n

Esgrime que esa providencia alberga irregularidad, en breve, comoquiera que \u00abel proceso de remate del inmueble contin\u00faa en el mismo juicio, respecto de los [P]agar\u00e9s 478570037574, por valor de $5\u2019782.539,83, de fecha 31 de agosto de 2009 y [Pagar\u00e9] 47857003091-9, por valor de $2\u2019235.000 de fecha 31 de mayo de 2009, lo cual hace visible la incapacidad de pago del ejecutado y en consecuencia la p\u00fablica subasta del inmueble que tambi\u00e9n garantiza dichos cr\u00e9ditos\u00bb. <\/p>\n

3.- Insta, conforme a lo relatado, se declare que la resoluci\u00f3n emitida por el tribunal cuestionado adiada 28 de junio de 2018 \u00abes contraria al sentido de la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia constitucional que la desarrolla\u00bb, por lo que habr\u00e1 de declararse sin valor ni efecto \u00abpara que se siga adelante la ejecuci\u00f3n [en punto de todos los pagar\u00e9s] por ser inexigible la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en el sub examine\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

Guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal se indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, en SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que el reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos sustancial, f\u00e1ctico y desconocimiento del precedente, enfila su inconformismo, en \u00faltimas, contra la sala cuestionada dado que dict\u00f3 el auto de 28 de junio de 2018. <\/p>\n

3.- Se evidencian, cardinalmente, las siguientes acreditaciones que ata\u00f1en con la discrepancia elevada: <\/p>\n

3.1.- Demanda que origin\u00f3 el juicio sub examine, en que se consign\u00f3 por la parte ejecutante, entre otras cosas, a t\u00edtulo de pretensi\u00f3n, que: \u00abPRIMERA: L\u00edbrese Mandamiento de Pago en contra de Ana Luz Pulido Ramos, en su (doble) car\u00e1cter de deudora personal y actual poseedor inscrita del inmueble hipotecado, a favor del Banco Granahorrar S. A., por las siguientes cantidades: a) La suma de cuarenta y cinco millones ciento cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos con 38\/100 ($ 45\u2019104.742,38) M\/L., equivalentes a 327.916,67 UVR, correspondiente al saldo insoluto de la obligaciones contenida en los siguientes t\u00edtulos valores: Pagar\u00e9 N\u00ba. 3943-0, por valor de $36\u2019997.202,55 que a la fecha de esta demanda, diciembre 15 de 2003 se encuentra coa 26 cuotas en mora, vencidas desde el 18 de octubre de 2001; Pagar\u00e9 4785 7003091-9 por valor de $2\u2019325.000; Pagar\u00e9 478570037574 por $5\u201982.539,83. Esta obligaci\u00f3n fue reliquidada de acuerdo a lo ordenado por la nueva Ley de Vivienda 546\/99, procediendo el Banco Granahorrar [a] abonarle por concepto de alivio la suma de $5\u2019741.861,oo, con retroactividad al 01 de enero del 2000\u00bb (se denot\u00f3). <\/p>\n

3.2.- Escritura P\u00fablica N\u00ba. 584 de 10 de abril de 1996, contentiva del gravamen hipotecario que respalda las acreencias reclamadas en el sub judice. <\/p>\n

3.3.- Pagar\u00e9 N\u00ba. 3943-0 de 7 de junio de 1996, arrimado para soportar el pretenso recaudo en el sub judice. <\/p>\n

3.4.- Pagar\u00e9 N\u00ba. 4785 7003091-9 de 31 de mayo de 1999, que sustenta el cobro deprecado de la suma de $2\u2019325.000. <\/p>\n

3.5.- Pagar\u00e9 N\u00ba. 478570037574 de 31 de agosto de 2001, contentivo del monto de $5\u201982.539,83; en el se consign\u00f3 expresamente que recoge un \u00abmutuo de consumo sin intereses [\u2026] en desarrollo de la estrategia denominada \u201creducci\u00f3n de cuota\u201d, y como m\u00e1s adelante se especifica\u00bb. <\/p>\n

3.6.- Carta de Instrucciones del Pagar\u00e9 N\u00ba. 478570037574, donde paladinamente se estipul\u00f3 que \u00ab[e]l Pagar\u00e9 que por esta carta autorizo (autorizamos) diligenciar, tiene fundamento en la negociaci\u00f3n que he(mos) realizado con el Banco Granahorrar, con el prop\u00f3sito de pagar el valor en mora del cr\u00e9dito hipotecario identificado con el N\u00ba. 47850003943[-]0, en adelante el cr\u00e9dito hipotecario, y\/o reducir el valor de las cuotas mensuales del mismo cr\u00e9dito, durante los siguientes tres (3) a\u00f1os, a trav\u00e9s de la estrategia denominada \u201creducci\u00f3n de cuota\u201d, la cual declaro conocer y aceptar y que consiste b\u00e1sicamente en: A) Cancelar los saldos en mora que a la fecha de la firma del presente documento presente el cr\u00e9dito hipotecario antes mencionado, mediante el otorgamiento de un cr\u00e9dito de consumo con cuyo producto se pagar\u00e1 el valor de las cuotas actualmente en mora. [\u2026]\u00bb (sublineado original). <\/p>\n

3.7.- Auto de 2 de marzo de 2018, con que el juzgado encartado dispuso \u00abla terminaci\u00f3n del [sub lite] por mandato de la [L]ey 546 de 1999\u00bb y, entre otras cosas, orden\u00f3 \u00aba la parte ejecutante reestructurar el saldo de la obligaci\u00f3n vigente a 31 de diciembre de 1999 de conformidad con la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000 y sin el c\u00f3mputo de los intereses que pudieren haberse causado desde el 31 de diciembre de 1999. La reestructuraci\u00f3n deber\u00e1 tener en cuenta criterios de favorabilidad y viabilidad del cr\u00e9dito, as\u00ed como la situaci\u00f3n econ\u00f3mica actual del deudor\u00bb. <\/p>\n

Ello dado que, en suma, \u00ab[e]n consideraci\u00f3n del alto tribunal no era dable el amparo otorgado en primera instancia puesto que sobre el bien reca\u00eda embargo emanado de autoridad administrativa en ejercicio de facultades jurisdiccionales, obligaci\u00f3n insoluta que colocaba en tela de juicio la solvencia econ\u00f3mica del deudor, siendo improcedente la terminaci\u00f3n por ausencia de reestructuraci\u00f3n. En la hora actual, la ejecutada, acompa\u00f1\u00f3 la solicitud de control de legalidad del certificado de libertada y tradici\u00f3n en el cual consta la cancelaci\u00f3n de la medida [cautelar] arriba mencionada, toda vez que procedi\u00f3 a la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n que dio origen a ella. As\u00ed las cosas, ante la variaci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos que tornaban improcedente la terminaci\u00f3n del asunto en virtud de la [L]ey 546 de 1999, es del caso reexaminar la petici\u00f3n del ejecutado\u00bb. <\/p>\n

Por ende, esgrimi\u00f3, \u00abla presente ejecuci\u00f3n se soporta en los siguientes documentos: Pagar\u00e9 N\u00ba. 3943-0 del 7 de junio de 1996, [Pagar\u00e9 n\u00famero] 47857003091-9 del 31 de mayo de 1999 y [Pagar\u00e9] 478570037574 del 31 de agosto de 2001; de ellos solo el N\u00ba. 3943-0 fuere pactado en upac, acredit\u00e1ndose la correspondiente liquidaci\u00f3n, no as\u00ed su reestructuraci\u00f3n. [\u2026] Entonces, no habi\u00e9ndose reestructurado el cr\u00e9dito respecto de las obligaciones contra\u00eddas bajo el extinto sistema upac ser\u00eda del caso proceder a la terminaci\u00f3n del asunto; sin embargo, especial menci\u00f3n merece la existencia de dos pagar\u00e9s otorgados en pesos, por cuanto ellos tornar\u00edan inane la reestructuraci\u00f3n en la medida en que ser\u00eda del caso continuar la ejecuci\u00f3n respecto de ellos. Dicho de otro modo, ante la pervivencia de \u00e9stos no habr\u00eda lugar a la reestructuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Ergo, continu\u00f3, \u00ab[i]ndispensable se torna el contenido de los consabidos t\u00edtulos valores, pues de ellos se extrae que guardan estrecha relaci\u00f3n con la obligaci\u00f3n primigenia, esto es la concebida bajo el sistema upac, toda vez que tienen como objeto la reducci\u00f3n de cuota de aquella\u00bb, de modo que \u00abiterando lo considerado en l\u00edneas precedentes en cuanto a la superaci\u00f3n del escollo que imped\u00eda estudiar de fondo la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n y advertida la necesidad de \u00e9sta, ser\u00e1 menester ordenar la culminaci\u00f3n de este cobro compulsivo por tal falencia\u00bb. <\/p>\n

3.8.- Prove\u00eddo de 11 de mayo siguiente, con que la c\u00e9lula judicial acusada desat\u00f3 adversamente el recurso de reposici\u00f3n enfilado por el petente y le otorg\u00f3 la alzada subsidiaria. <\/p>\n

Acot\u00f3, al efecto, que \u00ab[d]os son los supuestos sobre los cuales reposa la inconformidad del recurrente: i) algunos de los documentos base de la ejecuci\u00f3n no se constituyeron para respaldar cr\u00e9ditos para la adquisici\u00f3n de vivienda y ii) s\u00f3lo hasta despu\u00e9s de los fallos de tutela el demandado [sic] realiz\u00f3 el pago de impuestos ante la administraci\u00f3n Distrital de Barranquilla, para luego solicitar la terminaci\u00f3n con base en la Ley 546 de 1999\u00bb. <\/p>\n

Sostuvo que referente \u00abal primer punto ha de iterarse lo dispuesto en la decisi\u00f3n censurada en cuanto a que all\u00ed se reconoci\u00f3, tal como lo expone el recurrente, que no todos los documentos base de recaudo tienen incorporada una obligaci\u00f3n pactada en upac, no obstante, qued\u00f3 vertida en la misma decisi\u00f3n la argumentaci\u00f3n que justifica tal resoluci\u00f3n: la inescindible relaci\u00f3n entre el primigenio pagar\u00e9 (upac) y los otorgados en pesos con posterioridad\u00bb. Ahora, denot\u00f3, \u00abla inexistencia de afectaciones al inmueble (patrimonio de familia inembargable, por ejemplo) adquirido con el cr\u00e9dito en upac, no descarta, per se, que el cr\u00e9dito haya tenido dicha finalidad, pues basta con remitirse a la escritura p\u00fablica contentiva de la hipoteca para llegar a tal conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Asimismo, prosigui\u00f3, \u00ab[e]n lo que ata\u00f1e al segundo aspecto, esto es la conducta del ejecutado luego de las decisiones constitucionales de primera y segunda instancia, tendientes a lograr el levantamiento de las medidas cautelares en cobro coactivo, para finalmente solicitar la terminaci\u00f3n del proceso por ausencia de reestructuraci\u00f3n, vale recordar que en ocasi\u00f3n anterior fue denegada la terminaci\u00f3n por dicha raz\u00f3n, pero en la hora actual, tal escollo fue superado, torn\u00e1ndose procedente tal petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3.9.- Resoluci\u00f3n adiada 28 de junio del a\u00f1o pasado, a trav\u00e9s de la cual la corporaci\u00f3n accionada determino: \u00abPrimero: revocar el auto de fecha marzo 2 de 2018, proferido por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de [Barranquilla], y en su lugar se dispone: 1.- Decretar la terminaci\u00f3n del presente proceso, teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva de este prove\u00eddo, \u00fanicamente en relaci\u00f3n con el Pagar\u00e9 N\u00ba. 3943-0, por valor de 1820.9471 upac, de fecha Junio 7 de 1996. 2.- Ord\u00e9nese el desglose del Pagar\u00e9 No. 3943-0, por valor de 1820.9471 upac, de fecha Junio 7 de 1996, con la constancia de que la obligaci\u00f3n continua vigente. 3.- Continuar la ejecuci\u00f3n, respecto de los [P]agar\u00e9s N\u00ba. 478570037574, de fecha 31 de agosto de 2009 el No. 47857003091-9 de fecha Mayo 31 de 2009. Segundo: Sin costas en esta instancia. Tercero: Ejecutoriado este prove\u00eddo, rem\u00edtase el expediente al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esta ciudad\u00bb. <\/p>\n

Lo propio, entre otras reflexiones, citando jurisprudencia, ya que \u00ab[e]n febrero 2 de 2018, [\u2026] la parte demandada, solicita al juez a-quo la terminaci\u00f3n del proceso, por falta de reestructuraci\u00f3n, solicitud que fue resuelta en marzo 2 de 2018, decretando la terminaci\u00f3n del proceso, decisi\u00f3n contra la cual [el tutelista] interpone recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, los cuales fueron resueltos en mayo 11 de 2018, manteniendo el juez a-quo su decisi\u00f3n y concediendo el recurso de apelaci\u00f3n subsidiario\u00bb. <\/p>\n

Afirm\u00f3, a vuelta de lo anterior, que \u00aba la presente demanda, se allegaron los siguientes documentos: Pagar\u00e9 N\u00ba. 3943-0, por valor de 1820,9471 UPAC, de fecha 7 de Junio de 1996. Primera copia de la Escritura P\u00fablica N\u00ba. 584 del 10 de abril de 1996, de la Notar\u00eda Sexta del C\u00edrculo de Barranquilla, contentiva del gravamen hipotecario, a favor de la entidad demandante y que recae sobre el inmueble situado en la Calle 45 N\u00ba. 9B-55 de [Barranquilla]. Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria N\u00ba. 040-60127, correspondiente al inmueble en menci\u00f3n. Pagar\u00e9 N\u00ba. 478570037574, por valor de $5\u2019782.539.83, de fecha 31 de agosto de 2009. Pagar\u00e9 N\u00ba. 47857003091-9, por valor de $2\u2019235.000, de fecha 31 de mayo de 2009\u00bb. <\/p>\n

De lo anterior se desprende, asever\u00f3, \u00abque en relaci\u00f3n con el [P]agar\u00e9 N\u00ba. 3943-0, nos encontramos frente a un t\u00edtulo valor suscrito el 7 de junio de 1996, por valor de 1820,9471 upac, para adquisici\u00f3n de vivienda\u00bb, por lo que \u00ab[t]eniendo en cuenta el precedente constitucional tra\u00eddo a colaci\u00f3n [sentencia T-881 de 2013, de la corte Constitucional], y aplicado al caso en comento, se tiene que el [P]agar\u00e9 N\u00ba. 3943-0, que se est\u00e1 haciendo efectivo dentro de este proceso, data del 7 de junio de 1996, antes de la expedici\u00f3n de la Ley 546 de 1999, con un saldo por pagar a 31 de diciembre de 1999, por lo que una vez practicada la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, el paso a seguir es la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, requisito obligatorio para poder dar inicio a la ejecuci\u00f3n correspondiente, en caso de haber incurrido en mora los deudores\u00bb. <\/p>\n

Y dado que, adujo, \u00ab[a]l revisar la demanda y sus correspondientes anexos, se tiene que no se cumpli\u00f3 con el requisito de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, por lo que el pagar\u00e9 base de la ejecuci\u00f3n no presta m\u00e9rito ejecutivo para haberse iniciado la acci\u00f3n, por lo que no puede proseguirse la ejecuci\u00f3n y por ende darse por terminado el proceso, en relaci\u00f3n con dicho pagar\u00e9\u00bb. <\/p>\n

Adicionalmente, y relacionado con los restantes t\u00edtulos valores que soportan el recaudo, puso de presente que \u00ab[c]omo dentro de este proceso se est\u00e1n haciendo efectivos los [P]agar\u00e9s N\u00ba. 478570037574, de fecha 31 de agosto de 2009 [y] el N\u00ba. 47857003091-9 de fecha mayo 31 de 2009, [\u2026] la causal de falta de reestructuraci\u00f3n para efectos de dar por terminada la ejecuci\u00f3n con base en dichos pagar\u00e9s, no es de aplicaci\u00f3n, ya que dichos cr\u00e9ditos fueron suscritos con posterioridad al 31 de diciembre de 1999, no fueron para adquirir vivienda a largo plazo, ni se pactaron en upac, por tanto, debe proseguirse la ejecuci\u00f3n ordenada con base en los mismos, por lo que se revocar\u00e1 para una mejor comprensi\u00f3n la providencia impugnada\u00bb. <\/p>\n

4.- Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Sala al se\u00f1alar que la inmediatez y la subsidiariedad son principios esenciales que orientan la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

En relaci\u00f3n a los presupuestos en menci\u00f3n, cuando se trata de procesos ejecutivos hipotecarios originados en cr\u00e9ditos para la adquisici\u00f3n de vivienda, la Sala, en plurales oportunidades, verbigracia, en CSJ STC945-2016, 4 feb. 2016, rad. 2015-02956-01, ha relevado que \u00abel juez debe revisar para conceder la protecci\u00f3n que: (i) la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente y (ii) que se hayan ejercido los mecanismos de defensa con los que se cuenta dentro del proceso como una diligencia m\u00ednima\u00bb (se destaca). <\/p>\n

Al efecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-813 de 4 de octubre de 2007, estableci\u00f3 que los juzgadores que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de vivienda regidos por la Ley 546 de 1999, \u00abdeber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) este haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo (se destaca). <\/p>\n

A la par, en Sentencia SU-787 de 11 de octubre de 2012, relev\u00f3 que: \u00ab(i) En el \u00e1mbito de la Ley 546 de 1999, los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de ese a\u00f1o, una vez realizada la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y aplicados los alivios correspondientes, terminan por ministerio de la ley; (ii) si cumplidas las anteriores condiciones subsiste un saldo insoluto, deudor y acreedor deben llegar a un acuerdo de reestructuraci\u00f3n; (iii) a falta de acuerdo, la reestructuraci\u00f3n debe hacerse directamente por la entidad crediticia, de acuerdo con los par\u00e1metros legales, jurisprudencialmente delimitados y, (iv) cuando cumplidas las anteriores condiciones se advierta por el juez, o que existen otros procesos ejecutivos en curso contra el deudor, por obligaciones diferentes, o que no obstante la reestructuraci\u00f3n, el deudor carece de la capacidad financiera para asumir la obligaci\u00f3n, se except\u00faa el mandato de dar por terminado el proceso, el cual continuar\u00e1, en el estado en el que se encontraba, por el saldo insoluto de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

5.- Analizada la precisa dolencia que expone el tutelista, consistente en que \u00abel proceso de remate del inmueble contin\u00faa en el mismo juicio, respecto de los [P]agar\u00e9s 478570037574, por valor de $5\u2019782.539,83, de fecha 31 de agosto de 2009 y [Pagar\u00e9] 47857003091-9, por valor de $2\u2019235.000 de fecha 31 de mayo de 2009, lo cual hace visible la incapacidad de pago del ejecutado y en consecuencia la p\u00fablica subasta del inmueble que tambi\u00e9n garantiza dichos cr\u00e9ditos\u00bb (se destaca), cumple relievar que conforme lo puso de presente el juzgado encartado, la ejecutada previamente a instar la terminaci\u00f3n del sub judice por falta de restructuraci\u00f3n, logr\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares que por cuenta de la jurisdicci\u00f3n coactiva otrora pesaban sobre el predio hipotecado, siendo que, adujo la c\u00e9lula judicial recriminada, al efecto \u00abla ejecutada acompa\u00f1\u00f3 [\u2026 el] certificado de libertada y tradici\u00f3n en el cual consta la cancelaci\u00f3n de la medida [cautelar] arriba mencionada, toda vez que procedi\u00f3 a la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n que dio origen a ella\u00bb (v\u00e9ase). <\/p>\n

Por tanto, contrario sensu a lo se\u00f1alado por el quejoso, ese proceder demarca que en punto de la deudora-ejecutada, a priori, s\u00ed se puede vislumbrar indiciariamente que no adolece de la incapacidad de pago enrostrada, tanto m\u00e1s que de su proceder dimana que obra disposici\u00f3n de su parte para extinguir la pretensa obligaci\u00f3n, am\u00e9n que, se insiste, no hay medidas cautelares pesantes sobre el predio por lo cual la disposici\u00f3n de la terminaci\u00f3n del pleito ejecutivo hipotecario materia de pronunciamiento relativamente al Pagar\u00e9 N\u00ba. 3943-0 de 7 de junio de 1996, no se estima arbitraria en manera alguna, por lo cual no hay lugar a efectuar intervenci\u00f3n ninguna por parte del juez de amparo en punto de lo as\u00ed resuelto. <\/p>\n

De modo que, como la raz\u00f3n de disconformidad que adujo el reclamante no tiene asidero, lo propio comporta la improcedencia del amparo por tal motivo. <\/p>\n

6.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC105-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03992-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). ANTECEDENTES 1.- El promotor depreca la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades encartadas dentro del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102642","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102642","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102642"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102642\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102642"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102642"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102642"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}