{"id":102646,"date":"2026-07-02T16:21:27","date_gmt":"2026-07-02T16:21:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102646"},"modified":"2026-07-02T16:21:27","modified_gmt":"2026-07-02T16:21:27","slug":"stc109-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc109-2019\/","title":{"rendered":"STC109-2019"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC109-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-04050-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Gabriel Rodr\u00edguez G\u00f3mez frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Germ\u00e1n Valenzuela Valbuena, \u00d3scar Fernando Yaya Pe\u00f1a y Manuel Alfonso Zamudio Mora, y el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El censor depreca la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades encartadas dentro del juicio ordinario de responsabilidad m\u00e9dica que le formul\u00f3 a Compensar E. P. S. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3 como reclamaci\u00f3n, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- Emprendi\u00f3 el litigio sub lite, siendo que el despacho encartado, tras surtir las etapas procedimentales correspondientes, emiti\u00f3 fallo desestimatorio. <\/p>\n

2.2.- Apel\u00f3 esa decisi\u00f3n, aconteciendo que la sala enjuiciada la revalid\u00f3 a trav\u00e9s de sentencia calendada 16 de agosto de 2018. <\/p>\n

2.3.- Acota que pese a que el fallo de primer grado se dict\u00f3 \u00abexcediendo el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, la \u00abnulidad de pleno derecho por p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia\u00bb que plante\u00f3 fue resuelta adversamente mediante auto que \u00abse apart[\u00f3] de la normatividad aplicable\u00bb soslayando \u00ablas reglas vigentes respecto del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n\u00bb, am\u00e9n que en punto del recurso de s\u00faplica formulado se sostuvo que \u00ablas decisiones tomadas en una sentencia no [\u2026] admite[n] ese tipo de recurso\u00bb, con lo cual se \u00abconfundi\u00f3 lo que es un auto de lo que es una sentencia\u00bb. <\/p>\n

2.4.- Esgrime, adem\u00e1s, que \u00abinterposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que en tiempo formul\u00f3 [\u2026] en contra del fallo de segunda instancia, no fue resuelto\u00bb. <\/p>\n

3.- Insta, conforme a lo relatado, \u00abse deje sin efecto la sentencia de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

Guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal se indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, en SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la disconformidad elevada surge que el actor, al estimar que aconteci\u00f3 desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto procedimental absoluto y decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, enfila su descontento contra la sentencia infirmatoria que el d\u00eda 16 de agosto de 2018 emiti\u00f3 la corporaci\u00f3n entutelada, as\u00ed como contra lo determinado en punto del \u00abrecurso de casaci\u00f3n [supuestamente] formulado\u00bb. <\/p>\n

3.- Obran como capitales acreditaciones que ata\u00f1en con la discrepancia elevada, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Acta de 16 de agosto de 2018, en que el tribunal cuestionado consign\u00f3 la decisi\u00f3n ratificatoria dictada en esa data. <\/p>\n

3.2.- Disco compacto contentivo de la sentencia confirmatoria de 16 de agosto del a\u00f1o pasado, emitida por la sala querellada. <\/p>\n

3.2.1.- All\u00ed, entre otras reflexiones, puso de presente, primeramente, que los presupuestos procesales se encuentran reunidos, en particular en torno a la \u00abnulidad de pleno derecho\u00bb invocada ya que a la hora de ser formulada la demanda que origin\u00f3 el sub lite, lo cual aconteci\u00f3 en 2012, el C\u00f3digo General del Proceso no estaba en vigencia, raz\u00f3n por la cual no hay lugar a declararla, tanto m\u00e1s que ello no fue debatido en primera instancia ni se esgrimi\u00f3 como reparo concreto del fallo apelado. <\/p>\n

Esclarecido ello, acot\u00f3 que \u00abel hecho generador de responsabilidad m\u00e9dica en este caso se ubic\u00f3 de manera preponderante en la falta de diligencia de la E. P. S., al no haber suministrado de manera oportuna los aud\u00edfonos que requer\u00eda [el tutelista], implementos que seg\u00fan se afirm\u00f3, le hab\u00edan sido prescritos con el prop\u00f3sito de \u201cdetener\u201d e \u201cimpedir el progreso\u201d del trastorno auditivo que le hab\u00eda sido diagnosticado\u00bb, motivo por el cual, \u00aben criterio del demandante, fue la causa directa del aumento de la p\u00e9rdida de su sentido de la audici\u00f3n, siendo ese el da\u00f1o del que se desprender\u00edan los perjuicios materiales e inmateriales cuya reparaci\u00f3n se persigue\u00bb. <\/p>\n

Esclareci\u00f3, inmediatamente, que \u00abla demanda en momento alguno se refiere a un yerro en la selecci\u00f3n del tratamiento m\u00e9dico que deb\u00eda serle ofrecido al demandante como hecho asimismo culposo del que tuviera que estar llamada a responder la E. P. S., como se alega en la alzada, porque como viene de verse, la responsabilidad se afinc\u00f3 de manera clara en la tardanza en el suministro de unos aud\u00edfonos; de modo que ni siquiera a partir de una interpretaci\u00f3n extensiva de la demanda podr\u00eda llegar a entenderse que tambi\u00e9n se estaba cuestionando la selecci\u00f3n del tratamiento para el manejo de la hipoacusia del demandante, mucho menos que tuviera que ser una intervenci\u00f3n quir\u00fargica determinada\u00bb, siendo que \u00abuna alegaci\u00f3n en ese sentido a estas alturas resulta novedosa y no podr\u00eda ser tenida en cuenta [\u2026] a riesgo de conculcar el derecho de defensa de la parte convocada, todo lo cual se dice sin perjuicio de que, como se ver\u00e1 a continuaci\u00f3n, todo indica que la prescripci\u00f3n de los aud\u00edfonos, que no un procedimiento quir\u00fargico como lo sugiere el recurrente, era el tratamiento indicado para manejar la p\u00e9rdida de la capacidad auditiva padecida por el convocante\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, denot\u00f3 que \u00abrelativamente al aumento de la p\u00e9rdida de la capacidad auditiva que es materia de an\u00e1lisis, las pruebas practicadas descartan que esa circunstancia tenga relaci\u00f3n directa con la alegada tardanza en la implementaci\u00f3n de los aud\u00edfonos\u00bb, o sea, que \u00ablo que se demostr\u00f3 es que el uso de esas pr\u00f3tesis no tiene por objeto ni por efecto detener la merma de la funci\u00f3n auditiva, mucho menos recuperarla. Tal constataci\u00f3n resultaba suficiente para que las pretensiones de la demanda no pudieran ser patrocinadas, evidentemente que el da\u00f1o del que se duele el demandante, y que se insiste: se hizo consistir en el aumento de la p\u00e9rdida de su sentido de la audici\u00f3n, no tendr\u00eda relaci\u00f3n de causalidad con la entrega inoportuna de los aud\u00edfonos que le atribuy\u00f3 a la E. P. S. convocada\u00bb. <\/p>\n

Lo anterior, reliev\u00f3, dimana tanto de los testimonios vertidos por varios profesionales de la salud y del \u00ab\u00faltimo dictamen pericial que se practic\u00f3 en este proceso y que, valga decirlo, no fue materia de cuestionamiento por ninguna de las partes\u00bb, por lo cual del \u00abconjunto de pruebas en comento, pero fundamentalmente a partir del dictamen del m\u00e9dico sub-especialista en el manejo de padecimientos como el que aqueja al demandante\u00bb devino factible \u00abestablecer, de una parte, que los testimonios que fueron tachados de sospechosos, en lo que a los aspectos t\u00e9cnico-cient\u00edficos de su declaraci\u00f3n concierne, se pronunciaron de forma imparcial y fieles a sus conocimientos profesionales; y de la otra, que queda suficientemente establecido que el no uso de aud\u00edfonos no tiene ning\u00fan tipo de incidencia en la progresi\u00f3n de la hipoacusia, fen\u00f3meno que todos convergieron en catalogar como una disfuncionalidad de car\u00e1cter generalmente irreversible y con tendencia a la progresi\u00f3n con el paso del tiempo. En fin, a partir de las pruebas en comento queda asimismo despejado que el tratamiento consistente en la intervenci\u00f3n quir\u00fargica no era el que precisaba el ac\u00e1 demandante, habida cuenta que tal proceder est\u00e1 normalmente descrito para hipoacusias de mayor gravedad a la que aquel presentaba, esto \u00faltimo sin perjuicio de que, como ya se indicara, la causa de la demanda no se apuntal\u00f3 en un yerro en la selecci\u00f3n de la respuesta m\u00e9dica que aconsejaba el cuadro cl\u00ednico del paciente, sino en la demora en la que presuntamente incurri\u00f3 Compensar en el suministro de los aud\u00edfonos\u00bb, siendo que ello \u00abno puede ser tenido como causa adecuada del incremento en la p\u00e9rdida de la capacidad auditiva\u00bb m\u00e1xime cuando desde que le inici\u00f3 la dolencia dej\u00f3 transcurrir \u00abcasi 8 a\u00f1os para buscar que le suministraran los aud\u00edfonos de marras\u00bb. <\/p>\n

Por supuesto, adujo que \u00abdescartado que la ausencia de los aud\u00edfonos durante el per\u00edodo que va desde septiembre de 2000 al a\u00f1o 2008 sea la causa exclusiva -o por lo menos la m\u00e1s relevante junto con otras- del aumento de la disminuci\u00f3n de su funci\u00f3n auditiva, y teniendo en cuenta que semejante tardanza tampoco podr\u00eda utilizarla el demandante para extraer ning\u00fan tipo de indemnizaci\u00f3n por las razones antedichas\u00bb, resultaba necesario revalidar el fallo denegatorio de primer grado. <\/p>\n

3.2.2.- A esas cotas, la abogada del querellante interpuso \u00abrecurso de s\u00faplica\u00bb contra lo resuelto en punto de la \u00abnulidad\u00bb que plante\u00f3, aconteciendo que tal medio impugnativo, en sala dual, fue rechazado por improcedente en tanto que lo resuelto en torno a ello se pronunci\u00f3 dentro de la sentencia, y conforme al art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso no se puede reformar la sentencia propia. <\/p>\n

4.- Concerniente con la censura enfilada contra la sentencia ratificatoria ut supra aludida con que se cerr\u00f3 la jurisdicci\u00f3n en el asunto sub examine, observa esta Corporaci\u00f3n que el tribunal querellado no incurri\u00f3 en la anomal\u00eda que se le enrostra, toda vez que su decisi\u00f3n est\u00e1 sustentada en una postura respetable, asentada en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales que le corresponden, am\u00e9n que las demostraciones obrantes en el plenario fueron apreciadas como lo imponen las reglas probatorias. <\/p>\n

4.1.- Esto es, que en el sub lite no surgi\u00f3 la persuasi\u00f3n que era menester en aras de denotar que se configuraron los concurrentes elementos axiol\u00f3gicos necesarios para predicar la \u00abresponsabilidad m\u00e9dica\u00bb imputada al extremo all\u00ed demandado, cual ello era resorte del onus probandi que incumb\u00eda al tutelista, en tanto no acredit\u00f3 que el aumento de su deficiencia auditiva hubiera surgido a secuela de la falta de una oportuna entrega de los \u00abaud\u00edfonos\u00bb que alude como el hecho quebrantador y, a su vez, generador del pretenso reclamo reparativo intentado, entendido tal que emergi\u00f3 de la valoraci\u00f3n del haz de prueba compilado, particularmente de la experticia rendida y de los testimonios recaudados, por lo que aquello no puede considerarse como la causa eficiente del aludido menoscabo que m\u00e1s bien se produjo por ser un asunto degenerativo que medra con el paso del tiempo, todo lo cual acarre\u00f3 que las pretensiones devinieran impr\u00f3speras, m\u00e1xime cuando el petente dej\u00f3 pasar largo interregno desde el momento en que se le diagnostic\u00f3 la endemia hasta cuando inst\u00f3 la entrega de los aludidos aparatos, hermen\u00e9utica respetable que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba originarse la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo. <\/p>\n

4.2.- De modo uniforme ha sostenido esta Corporaci\u00f3n que \u00abel juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que e[l] concepto [de] configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC 14 may. 2003, rad. 00113-01. Reiterada, entre otras, en CSJ STC12372-2017, 16 ago. 2017, rad. 2017-02040-00). <\/p>\n

5.- En cuanto hace con el auto de 16 de agosto de 2018, mediante el cual la colegiatura encartada, en sala dual, rechaz\u00f3 por improcedente el recurso de s\u00faplica all\u00ed interpuesto, ha de se\u00f1alarse que en \u00e9l no se ve arbitrariedad que derive en la procedencia del ruego constitucional. <\/p>\n

5.1.- Tal pronunciamiento, seg\u00fan se desprende de sus puntuales argumentos, que enantes fueron expuestos, encierra una postura interpretativa que no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental, m\u00e1xime cuando al efecto \u00abfueron explicadas las razones por las cuales la precisa decisi\u00f3n impugnada en s\u00faplica no era pasible de ese medio impugnativo\u00bb (CSJ STC1060-2018, 1\u00ba feb. 2018, rad. 2018-00132-00), o sea, que lo resuelto en torno a la nulidad formulada se decidi\u00f3 dentro de la sentencia emitida, aconteciendo que las sentencias no son pasibles de dicho medio impugnativo. <\/p>\n

5.2.- Ese parecer, seg\u00fan se entender\u00e1, est\u00e1 apegado a lo que sobre el particular positiv\u00f3 el canon 331 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo cual, se insiste, no hay prerrogativa ninguna que amparar. <\/p>\n

6.- Al margen de lo anterior, cumple se\u00f1alar que, de las acreditaciones verificadas, por contrario a lo afirmado infundadamente por el tutelista, este no interpuso recurso de casaci\u00f3n contra el fallo emitido por el tribunal cuestionado, m\u00f3vil por el cual, por sustracci\u00f3n de materia, no hab\u00eda lugar a que se realizara pronunciamiento ninguno en torno a ello; por ende, no obra anomal\u00eda alguna en torno al particular que deba ser conjurada. <\/p>\n

7.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC109-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-04050-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Gabriel Rodr\u00edguez G\u00f3mez frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102646","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102646","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102646"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102646\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102646"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102646"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102646"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}