{"id":102650,"date":"2026-07-02T16:22:19","date_gmt":"2026-07-02T16:22:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102650"},"modified":"2026-07-02T16:22:19","modified_gmt":"2026-07-02T16:22:19","slug":"stc115-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc115-2019\/","title":{"rendered":"STC115-2019"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC115-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-04023-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, a trav\u00e9s de letrado, por Patricia del Rosario Consuegra Calvo en frente de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, concretamente contra la magistrada Adriana Saavedra Lozada, y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta urbe. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La promotora depreca la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abvivienda digna\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades encartadas dentro del juicio ejecutivo hipotecario que Central de Inversiones S. A.1 le formul\u00f3. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3 como base de su reproche, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- Mediante Escritura P\u00fablica de Hipoteca N\u00ba. 6294 de 24 de septiembre de 1997 de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, respald\u00f3 \u00abel pago de la deuda que [\u2026] adquiri\u00f3 con concasa [\u2026] por medio de[l] Pagar\u00e9 N\u00ba. 62025-4 del veinticinco (25) de 1997 [sic], por 1.756.2778 upac, [Pagar\u00e9] 71186-9, suscrito el d\u00eda 24 de febrero de 2001 por el valor de $2\u2019229.196, cuyo vencimiento fue el 31 de mayo de 2009; Pagar\u00e9 N\u00ba. 711871, Pagar\u00e9 N\u00ba. 71188-9, con 85.5873 en upac\u2019s, este \u00faltimo con inter\u00e9s corriente[s] del 10.75% anual\u00bb. <\/p>\n

2.2.- La c\u00e9lula judicial acusada libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra el d\u00eda 26 de agosto de 2002. <\/p>\n

2.3.- Tras ser agotadas las etapas procesales correspondientes el despacho accionado emiti\u00f3 sentencia estimatoria de 30 de abril de 2007, misma que apel\u00f3 empero el tribunal encartado, por auto de 21 de septiembre de ese a\u00f1o, declar\u00f3 desierto tal recurso por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n

2.4.- Ulteriormente, el juzgado entutelado, mediante prove\u00eddo de 10 de mayo de 2012, resolvi\u00f3 adjudicar el bien inmueble objeto de gravamen real al cesionario Tom\u00e1s Jos\u00e9 Magri Carazo, acaeciendo que por resoluci\u00f3n de 18 de enero de 2017 \u00aborden\u00f3 la entrega del bien inmueble rematado\u00bb. <\/p>\n

2.5.- As\u00ed las cosas, el d\u00eda 8 de febrero de 2018 \u00absolicit[\u00f3 la] terminaci\u00f3n del proceso por ausencia de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u00bb, petici\u00f3n que devino denegada por determinaci\u00f3n fechada 23 de febrero de la misma anualidad bajo el argumento de que \u00aba folios 22 a 31 del cuaderno principal, aparecen documentos que dan cuenta de la reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito efectuada por la parte demandante\u00bb, lo cual, en su criterio, \u00abdenota una clara falta de motivaci\u00f3n de la providencia\u00bb. <\/p>\n

2.6.- Contra esa decisi\u00f3n interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, aconteciendo que por resoluci\u00f3n fechada 10 de abril posterior la c\u00e9lula judicial cuestionada desat\u00f3 adversamente el horizontal y otorg\u00f3 la alzada. <\/p>\n

2.7.- La corporaci\u00f3n entutelada, a trav\u00e9s de pronunciamiento de 26 de julio del mismo a\u00f1o, declar\u00f3 inapelable la providencia objeto de recurso vertical. <\/p>\n

2.8.- Esgrime que esas providencias albergan irregularidad, en breve, comoquiera que, de una parte, \u00abla demandante efectu\u00f3 una conversi\u00f3n de upac a uvr, de manera unilateral, al igual que la reliquidaci\u00f3n\u00bb y, de otra, \u00abhasta la fecha, observando el expediente, no se ha realizado la reestructuraci\u00f3n del proceso como lo ordena la Ley 546 de 1999\u00bb y la jurisprudencia. <\/p>\n

3.- Insta, conforme a lo relatado, \u00abrevocar las providencias de fechas veintitr\u00e9s (23) de febrero de 2018 y veintis\u00e9is (26) de julio de 2018, a trav\u00e9s de las cuales se deneg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

Guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal se indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, en SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que la reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos sustancial, f\u00e1ctico y desconocimiento del precedente, enfila su inconformismo as\u00ed: <\/p>\n

2.1.- Contra la sala cuestionada, dado que dict\u00f3 el auto de 26 de julio de 2018. <\/p>\n

2.2.- Frente a la c\u00e9lula judicial cuestionada, comoquiera que emiti\u00f3 los prove\u00eddos de 23 de febrero (con que deneg\u00f3 la terminaci\u00f3n del sub judice por falta de restructuraci\u00f3n), y, de 10 de abril (mediante el cual desat\u00f3 adversamente el medio impugnativo horizontal interpuesto contra el pronunciamiento de marras y otorg\u00f3 la alzada subsidiaria), ambos del a\u00f1o pasado. <\/p>\n

3.- Se evidencian, cardinalmente, las siguientes acreditaciones que ata\u00f1en con la discrepancia elevada, am\u00e9n del expediente allegado en fotocopias: <\/p>\n

3.1.- Demanda que origin\u00f3 el juicio sub examine. <\/p>\n

3.2.- Escritura P\u00fablica N\u00ba. 6294 de 24 de septiembre de 1997, contentiva del gravamen hipotecario que respalda las acreencias reclamadas en el sub judice. <\/p>\n

3.3.- Pagar\u00e9 N\u00ba. 62025-4 de 25 de noviembre de 1997, arrimado para soportar el pretenso recaudo en el sub judice. <\/p>\n

3.4.- Pagar\u00e9 N\u00ba. 71186-3 de 31 de mayo de 1999, que sustenta el cobro deprecado de la suma de $2\u2019229.196; concertado como \u00abplan de amortizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3.5.- Pagar\u00e9 N\u00ba. 71187-1 de 31 de mayo de 2001, contentivo del monto de $$2\u2019229.196; en el se consign\u00f3 expresamente que recoge un \u00abplan de amortizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3.6.- Pagar\u00e9 N\u00ba. 71188-9 de 31 de mayo de 2001; su destinaci\u00f3n fue una \u00abrefinanciaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3.7.- Escrito de Central de Inversiones S. A. en que se recoge la \u00abmetodolog\u00eda para la aplicaci\u00f3n de la reliquidaci\u00f3n de obligaciones hipotecarias ordenadas por la Ley 546 de 1999\u00bb. <\/p>\n

3.8.- Documento de Central de Inversiones S. A. en que obra la \u00abconversi\u00f3n upac a uvr al 31-dic-1999\u00bb de la \u00abobligaci\u00f3n N\u00ba. 008711889\u00bb. <\/p>\n

3.9.- Auto de 23 de febrero de 2018, con que el juzgado encartado neg\u00f3 \u00abla solicitud de terminaci\u00f3n del presente proceso, presentada por la [tutelista], por improcedente, comoquiera que a folios 22 a 31 del cuaderno principal, aparecen documentos que dan cuenta de la restructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito efectuada por la parte demandante\u00bb. <\/p>\n

3.10.- Resoluci\u00f3n fechada 10 de abril ulterior, a trav\u00e9s de la cual el despacho querellado resolvi\u00f3 desfavorablemente el recurso horizontal formulado por la peticionaria contra la providencia de marras y le concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n subsidiaria. <\/p>\n

Ello, entre otras cosas, dado que \u00ab[a]nalizados los argumentos de inconformismo en que se apoya quien recurre en v\u00eda de reposici\u00f3n y subsidiaria [\u2026] apelaci\u00f3n [\u2026], considera el despacho que no tienen la fuerza necesaria para desvirtuar el m\u00e9rito que le asiste a la decisi\u00f3n tomada en dicho prove\u00eddo, pues se insiste, a folios 22 a 31 aparece prueba documental que no fue tachada de falsa, con la cual se acredita que el cr\u00e9dito cobrado en el presente proceso fue ya objeto de reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n, lo cual, consecuentemente nos lleva a que o est\u00e1n dados los supuestos de hecho insertos en la sentencia T-701 de 2004. Revisado nuevamente el tr\u00e1mite, se observa que la obligaci\u00f3n que se pretende ejecutar en el mismo, en efecto se pact\u00f3 en Unidades de Poder Adquisitivo Constante UPAC y no en pesos, no obstante lo cual, dicha obligaci\u00f3n fue reestructurada y reliquidada en la forma ordenada en la [L]ey 546 de 1999 [\u2026]\u00bb. <\/p>\n

3.11.- Prove\u00eddo de 26 de julio del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado, a trav\u00e9s del que la colegiatura recriminada declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n formulada contra la resoluci\u00f3n de 23 de febrero de 2018, en tanto que de cara al precepto 321 del C\u00f3digo General del Proceso tal es inapelable, en suma, pues en dicha norma no est\u00e1 enlistada como pasible de recurso vertical la providencia que \u00abniega la terminaci\u00f3n\u00bb del proceso, como tampoco hay canon especial que as\u00ed lo disponga. <\/p>\n

4.- Relativamente a la censura enderezada contra el pronunciamiento adiado 26 de julio de 2018 que emiti\u00f3 la colegiatura acusada, en que declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n formulada contra la resoluci\u00f3n de 23 de febrero de 2018, cumple se\u00f1alar que la protecci\u00f3n impetrada carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n

4.1.- Lo anterior, por cuanto la disconforme no agot\u00f3 los medios ordinarios de control judicial frente a la mentada providencia, circunstancia que estructura la hip\u00f3tesis de improcedencia establecida en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

4.1.1.- Ello, en tanto que la accionante cej\u00f3 interponer el \u00abrecurso de s\u00faplica que conforme al art\u00edculo 331 del C\u00f3digo General del Proceso era viable formular a fin de rebatir la providencia de 25 de julio de la pasada anualidad, con que la sala entutelada adopt\u00f3 la declaraci\u00f3n de \u201cinadmisibilidad\u201d del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto [\u2026], circunstancia que, de suyo, comporta la improcedencia del amparo rogado de cara al postulado de la subsidiariedad\u00bb (CSJ STC530-2018, 25 ene. 2018, rad. 2018-00042-00). <\/p>\n

As\u00ed pues, a la querellante no le es dable aducir que careci\u00f3 de medios de defensa si tuvo ocasi\u00f3n de emplearlos y los desperdici\u00f3, entre otras razones, porque los t\u00e9rminos se\u00f1alados por el C\u00f3digo General del Proceso para que las partes realicen ciertos actos procesales, como lo es la interposici\u00f3n del recurso de s\u00faplica, son perentorios, preclusivos e improrrogables (precepto 117 ibidem), m\u00e1xime que la acci\u00f3n de amparo no fue concebida como una tercera instancia que sirva para perseguir el reexamen de los asuntos ya definidos por el funcionario competente. <\/p>\n

4.1.2.- En un asunto an\u00e1logo, esta Corporaci\u00f3n puso de presente que \u00ab[c]iertamente, el prove\u00eddo de 4 de abril de 2013, dictado por el magistrado sustanciador accionado, en cuanto \u2018rechaz[\u00f3] por improcedente el recurso de apelaci\u00f3n\u2019 antes referido, corresponde a una decisi\u00f3n susceptible del recurso de s\u00faplica \u2018en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 363 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a\u00fan en su actual redacci\u00f3n a partir de la entrada en vigor de la Ley 1395 de 2010, art\u00edculo 17\u2019 [actualmente canon 331 del C\u00f3digo General del Proceso], de modo que conforme a los motivos ahora planteados en este excepcional\u00edsimo estrado, y cumplidas las formalidades legales, la autoridad competente bien pod\u00eda haber tenido ocasi\u00f3n de pronunciarse efectivamente sobre la procedencia o no de la apelaci\u00f3n formulada, cual era asunto a tratar en el medio impugnativo anteriormente referido, oportunidad que soslay\u00f3 el quejoso\u00bb (se denot\u00f3; CSJ STC, 25 jul. 2013, rad. 01585-00). <\/p>\n

4.2.- Al margen de lo anterior, y aun si se flexibilizara el postulado de la residualidad, cumple se\u00f1alar que el aludido prove\u00eddo de 26 de julio de 2018, mediante el que la corporaci\u00f3n encartada declar\u00f3 \u00abinadmisible la apelaci\u00f3n\u00bb formulada contra el de 23 de febrero del mismo a\u00f1o que neg\u00f3 \u00abla terminaci\u00f3n\u00bb del proceso sub examine, resulta razonable. <\/p>\n

Lo propio, comoquiera que el canon 321 del C\u00f3digo General del Proceso no contempla la apelabilidad de ese tipo de decisiones en alguno de sus numerales (por contrario, el numeral 7\u00ba de esa norma establece que s\u00ed es apelable pero el auto que s\u00ed le pone fin al litigio), aparte que no hay regla especial que expresamente as\u00ed se\u00f1ale. <\/p>\n

5.- Depurado lo anterior y referente a la reclamaci\u00f3n enfilada, en \u00faltimas, contra la determinaci\u00f3n de 10 de abril de 2018 (por la que el juzgado accionado desat\u00f3 adversamente el medio impugnativo horizontal interpuesto contra el pronunciamiento de 23 de febrero anterior con que no termin\u00f3 el pleito ejecutivo sub lite en que se invoc\u00f3 ello aduci\u00e9ndose \u00abfalta de restructuraci\u00f3n\u00bb), advierte la Corte que el obrar verificado por la c\u00e9lula judicial cuestionada alberga anomal\u00eda que corresponde conjurar. <\/p>\n

5.1.- Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Sala al se\u00f1alar que la inmediatez y la subsidiariedad son principios esenciales que orientan la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

5.1.1.- En relaci\u00f3n a los presupuestos en menci\u00f3n, cuando se trata de procesos ejecutivos hipotecarios originados en cr\u00e9ditos para la adquisici\u00f3n de vivienda, la Sala, en plurales oportunidades, verbigracia, en CSJ STC945-2016, 4 feb. 2016, rad. 2015-02956-01, ha relevado que \u00abel juez debe revisar para conceder la protecci\u00f3n que: (i) la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente y (ii) que se hayan ejercido los mecanismos de defensa con los que se cuenta dentro del proceso como una diligencia m\u00ednima\u00bb (se destaca). <\/p>\n

Al efecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-813 de 4 de octubre de 2007, estableci\u00f3 que los juzgadores que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de vivienda regidos por la Ley 546 de 1999, \u00abdeber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) este haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo (se destaca). A la par, en Sentencia SU-787 de 11 de octubre de 2012, relev\u00f3 que: \u00ab(i) En el \u00e1mbito de la Ley 546 de 1999, los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de ese a\u00f1o, una vez realizada la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y aplicados los alivios correspondientes, terminan por ministerio de la ley; (ii) si cumplidas las anteriores condiciones subsiste un saldo insoluto, deudor y acreedor deben llegar a un acuerdo de reestructuraci\u00f3n; (iii) a falta de acuerdo, la reestructuraci\u00f3n debe hacerse directamente por la entidad crediticia, de acuerdo con los par\u00e1metros legales, jurisprudencialmente delimitados y, (iv) cuando cumplidas las anteriores condiciones se advierta por el juez, o que existen otros procesos ejecutivos en curso contra el deudor, por obligaciones diferentes, o que no obstante la reestructuraci\u00f3n, el deudor carece de la capacidad financiera para asumir la obligaci\u00f3n, se except\u00faa el mandato de dar por terminado el proceso, el cual continuar\u00e1, en el estado en el que se encontraba, por el saldo insoluto de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Por dem\u00e1s, ha de manifestarse que \u00abtrat\u00e1ndose de la reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos de vivienda, como requisito esencial para promover el cobro compulsivo, en virtud de lo previsto por el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, esta Corte ha definido como obligatorio el cumplimiento de dicho presupuesto, por incumbir propiamente a la exigibilidad del t\u00edtulo, de modo que no consumar esa premisa impide la ejecuci\u00f3n, as\u00ed se trate de un nuevo acreedor\u00bb (den\u00f3tase; CSJ STC945-2016, 4 feb. 2016, rad. 2015-02956-01); en tal sentido, ha expresado la Sala que \u00ab[e]n efecto, la citada reestructuraci\u00f3n es obligaci\u00f3n de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades econ\u00f3micas de los obligados, cuesti\u00f3n exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aqu\u00e9llos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporaci\u00f3n en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecuci\u00f3n cuando no se encuentra acreditada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb (se denot\u00f3; CJS STC 31 oct. 2013, rad. 2013-02499-00). <\/p>\n

5.1.2.- En el sub lite se denotan atendidos los presupuestos ut supra para que proceda la salvaguarda frente a procesos ejecutivos hipotecarios por cr\u00e9ditos de vivienda. <\/p>\n

En la ejecuci\u00f3n debatida, dado el decurso de las actuaciones all\u00ed emprendidas, a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela no se ha registrado subasta alguna en punto del inmueble objeto de la garant\u00eda real que recaiga en persona que no detente la condici\u00f3n de cesionario del cr\u00e9dito, como es el caso del adjudicatario Tom\u00e1s Jos\u00e9 Magri Carazo, esto de un lado. <\/p>\n

Y, de otro, la petente actu\u00f3 con la \u00abdiligencia m\u00ednima\u00bb que es menester, habida cuenta que elev\u00f3 solicitud de \u00abterminaci\u00f3n del proceso\u00bb con fundamento en la falta de \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb del cr\u00e9dito hipotecario de conformidad con la Ley 546 de 1999, misma que fue adversamente despachada en primera instancia por el juzgado acusado mediante auto de 23 de febrero de 2018 (en punto del que se declar\u00f3 inadmisible la alzada intentada a trav\u00e9s de determinaci\u00f3n de 26 de julio ulterior), de donde emerge que al interior del litigio en cuesti\u00f3n ya plante\u00f3 la disconformidad que esgrime en la presente acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n

5.2.- Adujo el juzgado entutelado en la decisi\u00f3n adiada 10 de abril de 2018 (y asimismo en la determinaci\u00f3n de 23 de febrero del mismo a\u00f1o) que, concerniente con la solicitud elevada por la quejosa instando la terminaci\u00f3n del sub examine por \u00abfalta de restructuraci\u00f3n\u00bb, que ello no era posible dado que \u00aba folios 22 a 31 del cuaderno principal, aparecen documentos que dan cuenta de la restructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito efectuada por la parte demandante\u00bb. <\/p>\n

No obstante, de las acreditaciones arrimadas surge que la aserci\u00f3n de marras deviene equ\u00edvoca, habida cuenta que aquellos folios a los que la c\u00e9lula judicial cuestionada hace expresa menci\u00f3n, es decir, las piezas procesales n\u00fameros \u00ab22 a 31 del cuaderno principal\u00bb, dan cuenta de que las obligaciones cobradas fueron \u00abreliquidadas\u00bb y \u00abredenominadas\u00bb, mas no \u00abrestructuradas\u00bb, siendo que este \u00faltimo proceder es el que se enrostr\u00f3 como omitido para dar lugar a la deprecaci\u00f3n de terminaci\u00f3n que enarbol\u00f3 la petente. <\/p>\n

Y es que, es de ver, que en los folios ut supra lo que obra son tanto la \u00abmetodolog\u00eda para la aplicaci\u00f3n de la reliquidaci\u00f3n de obligaciones hipotecarias ordenadas por la Ley 546 de 1999\u00bb, como la \u00abconversi\u00f3n upac a uvr al 31-dic-1999\u00bb de la \u00abobligaci\u00f3n N\u00ba. 008711889\u00bb, documentos que, it\u00e9rase, contienen los labor\u00edos de, en su orden, reliquidaci\u00f3n y redenominaci\u00f3n, pero no de la restructuraci\u00f3n que es menester para predicar la exigibilidad de los t\u00edtulos valores que soportan el recaudo. <\/p>\n

5.3.- Esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado permanentemente, en torno a la carga de motivaci\u00f3n que recae en cabeza de los juzgadores a la hora de emitir sus decisiones judiciales, que \u00abla carencia de sustentaci\u00f3n del juez [\u2026] ciertamente impide a las partes conocer los reales alcances del respectivo pronunciamiento y su grado de convicci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, como lo determin\u00f3 el Tribunal Constitucional de primera instancia, se requiere de mayor carga argumentativa del operador judicial para respaldar las conclusiones sobre el punto en cuesti\u00f3n (CSJ STC, 10 ago. 2011, rad. 00168-02). <\/p>\n

Igualmente, ha dicho que \u00abla motivaci\u00f3n de las decisiones constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual esta debe ser, para el asunto concreto, suficiente, es decir, \u201c\u2026la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n\u201d (CSJ STC, 5 sep. 2013, rad. 01254-01). <\/p>\n

5.4.- As\u00ed las cosas, surge que la c\u00e9lula judicial atacada declin\u00f3 efectuar las manifestaciones que correspond\u00edan, y que todo usuario de la administraci\u00f3n de justicia debe recibir, en torno a la formulaci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n planteado por la peticionaria contra el auto de 23 de febrero de 2018, y lo propio de cara a las acreditaciones obrantes en el expediente, lo cual omiti\u00f3 comoquiera que se content\u00f3 con realizar una sucinta manifestaci\u00f3n que, como se vio, no se acompasa a la realidad procesal y, entonces, tampoco da cuenta valedera de las razones por las cuales arrib\u00f3 a ese entendido. <\/p>\n

Por supuesto, dej\u00f3 de verificar, en punto de las obligaciones crediticias contratadas, la falta de realizaci\u00f3n del procedimiento de restructuraci\u00f3n mencionado, lo cual, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, se torna en una limitaci\u00f3n insuperable para que se contin\u00fae con la ejecuci\u00f3n del juicio ejecutivo sub lite, a m\u00e1s que si bien a priori algunos pagar\u00e9s (los n\u00fameros 71186-3, 71187-1 y 71188-9) no recogen un mutuo destinado a la adquisici\u00f3n de vivienda individual a largo plazo conforme a las pautas de la Ley 546 de 1999, lo cierto es que, a posteriori, se vislumbran ligados a la obligaci\u00f3n crediticia recogida en el Pagar\u00e9 N\u00ba. 62025-4 de 25 de noviembre de 1997, dado que al estar concertados como \u00abplan de amortizaci\u00f3n\u00bb y\/o \u00abrefinanciaci\u00f3n\u00bb, contingentemente se entrev\u00e9 que surgieron a fin de pagar sumas relacionadas a este \u00faltimo instrumento cartular, t\u00f3pico en torno al cual se cej\u00f3 todo pronunciamiento, pasando por alto as\u00ed, se\u00f1alar cu\u00e1les son los alcances que de cara a las prerrogativas de la deudora ello comporta en punto de la falta de restructuraci\u00f3n enrostrada comoquiera que uno y otro pr\u00e9stamos eventualmente se reconducen al pago de una misma obligaci\u00f3n, lo cual son aspectos que, entre otros m\u00e1s, ha de abordar el despacho querellado para resolver adecuadamente, seg\u00fan es su deber, acerca del recurso de reposici\u00f3n que interpuso la promotora quien, como se entender\u00e1, debe saber -a espacio- las concretas razones por las cuales el juzgado accionado decide en la manera como lo hizo, dejaci\u00f3n tal que no se puede pasar por alto, m\u00e1xime las incorrecciones evidenciadas en el prove\u00eddo mentado de fecha 10 de abril de 2018, aqu\u00ed apuntadas. <\/p>\n

5.5.- Con base en lo anterior, habr\u00e1 de enmendarse tal proceder disponi\u00e9ndose que sean adoptados los correctivos a que haya lugar, es decir, que la orden aqu\u00ed impartida habr\u00e1 de acatarla el juzgado acusado, habida cuenta que fue el que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n de 10 de abril de 2018, misma que de acuerdo a lo precedente se dejar\u00e1 sin efecto para conjurar la irregularidad evidenciada, y por ende aquel habr\u00e1 de volver a emitir el pronunciamiento que se impone respecto de la mentada reposici\u00f3n al prove\u00eddo de 23 de febrero del a\u00f1o pasado, relativa a la falta de \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb del cr\u00e9dito hipotecario de conformidad con la Ley 546 de 1999, consultando para lo propio las disposiciones legales que gobiernan la materia de conformidad con lo plasmado en la parte motiva de este pronunciamiento y las sentencias que sobre el particular ha dictado la Corte Constitucional. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Patricia del Rosario Consuegra Calvo, conforme a la motivaci\u00f3n exteriorizada, por lo que se deja sin valor ni efecto el auto de 10 de abril de 2018, dictado dentro del juicio referido en los antecedentes, seg\u00fan se consider\u00f3. <\/p>\n

SEGUNDO: ORDENAR al juzgado recriminado que, dentro del t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas siguientes a la fecha en que reciba notificaci\u00f3n de la presente resoluci\u00f3n, consultando las disposiciones legales que gobiernan la materia y de conformidad con lo plasmado en la parte motiva de este pronunciamiento, vuelva a desatar el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto de 23 de febrero de 2018. Por Secretar\u00eda, env\u00edesele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tEl \tpretenso cr\u00e9dito inicialmente fue otorgado por Concasa, \tentidad que fue absorbida por el \tBanco \tCafetero que, a su vez, se lo cedi\u00f3 a Central de Inversiones \tS. A., la cual asimismo hizo lo propio a \tfavor \tde la \tCompa\u00f1\u00eda \tde Gerenciamiento Activo y \testa a Tom\u00e1s \tJos\u00e9 Magri Carazo.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC115-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-04023-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, a trav\u00e9s de letrado, por Patricia del Rosario Consuegra Calvo en frente de la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102650","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102650","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102650"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102650\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102650"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102650"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102650"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}