{"id":102651,"date":"2026-07-02T16:22:28","date_gmt":"2026-07-02T16:22:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102651"},"modified":"2026-07-02T16:22:28","modified_gmt":"2026-07-02T16:22:28","slug":"stc123-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc123-2019\/","title":{"rendered":"STC123-2019"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC123-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03972-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ana Luz Pulido Ramos contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa, vivienda digna, seguridad jur\u00eddica, igualdad y \u00abno aplicaci\u00f3n de los precedentes judiciales y constitucionales\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada (folio 1, cuaderno 1).
\nSolicit\u00f3, en consecuencia, \u00abdejar sin valor y efecto el auto fechado 28 de junio de 2018\u2026 proferido por el despacho accionado\u2026\u00bb y \u00aben su defecto ordene la terminaci\u00f3n del proceso por falta de reestructuraci\u00f3n de los pagar\u00e9s n\u00fameros 478570003091-9, fechado 31 de mayo de 1999 y el 478570037574 fechado 31 de agosto de 2001\u00bb (folio 8, cuaderno 1). <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n

2.1. Granahorrar S.A. promovi\u00f3 un juicio hipotecario contra Ana Luz Pulido Ramos, que fue terminado por mandato de la Ley 546 de 1999. Posteriormente dicha entidad present\u00f3 nueva demanda ejecutiva para el cobro de tres pagar\u00e9s, tr\u00e1mite en el que se profiri\u00f3 sentencia, se remiti\u00f3 el expediente a los estrados de ejecuci\u00f3n y en distintas ocasiones se solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por falta de reestructuraci\u00f3n. <\/p>\n

2.3. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla en prove\u00eddo de 28 de junio de 2018 revoc\u00f3 la providencia impugnada, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del juicio respecto del pagar\u00e9 No. 3943, disponiendo su desglose y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n de los t\u00edtulos valores Nos. 478570037574 y 47857003091-9. <\/p>\n

2.4. Indic\u00f3 la accionante que el pagar\u00e9 478570003091 fue abonado a la obligaci\u00f3n principal con fundamento en los decretos de emergencia econ\u00f3mica y el 478570037574 fue emitido en desarrollo de la estrategia denominada reducci\u00f3n de cuotas con la finalidad exclusiva de imputarlo al saldo que presentaba la deuda hipotecaria 47850003943, sin que ello constituyera novaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n originaria, pues esos dos t\u00edtulos eran accesorios del principal y pretend\u00edan disminuir la mora de la obligaci\u00f3n inicialmente pactada. <\/p>\n

2.5. Refiri\u00f3 que existi\u00f3 un caso similar al suyo, en el que la tutela fue concedida por la Corte Suprema de Justicia por la conexidad existente entre el pagar\u00e9 expedido con posterioridad al 2001 y el inicial que no hab\u00eda sido reestructurado; la violaci\u00f3n denunciada constituye una irregularidad procesal, una v\u00eda de hecho y le causa un perjuicio, en tanto su vivienda ser\u00e1 rematada; y si bien acudi\u00f3 previamente al resguardo constitucional, ahora expone hechos nuevos. <\/p>\n

3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1- Central de Inversiones S.A. solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, pues no ha transgredido derecho fundamental alguno; y exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en tanto que en el 2007 cedi\u00f3 las obligaciones 478500039430, 4785700030919 y 478570037574. <\/p>\n

2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 de la apelaci\u00f3n interpuesta frente al prove\u00eddo de 2 de marzo de 2018; que en el proceso se ejecutaban 3 pagar\u00e9s, respecto de uno de ellos termin\u00f3 el proceso porque no cumpl\u00eda con el requisito de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pero lo continu\u00f3 frente a los dos restantes en tanto que fueron suscritos con posterioridad a diciembre de 1999, no eran para adquisici\u00f3n de vivienda y no se pactaron en UPAC; y que no se cumpl\u00edan los requisitos de procedibilidad del amparo deprecado. <\/p>\n

3. La Superintendencia Financiera de Colombia refiri\u00f3 que una vez revisadas las bases de datos, no encontr\u00f3 queja o reclamaci\u00f3n formulada por la ahora accionante; que no le constaban los hechos narrados, no se hace alusi\u00f3n a esa entidad, no ha sido parte en el juicio criticado, ni emiti\u00f3 la decisi\u00f3n censurada, por lo que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n

4. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que no exist\u00eda situaci\u00f3n reprochable frente a esa agencia judicial; que el tr\u00e1mite impartido se ajusta a las disposiciones legales pertinentes y a los mandatos jurisprudenciales; y que se est\u00e1 adelantando otra acci\u00f3n de tutela relacionada con el mismo problema jur\u00eddico. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se advierte que la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla en prove\u00eddo de 28 de junio de 2018 decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del juicio respecto del pagar\u00e9 No. 3943 y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n de los Nos. 478570037574 y 47857003091-9, tras se\u00f1alar que: <\/p>\n

\u2026Teniendo en cuenta el precedente constitucional tra\u00eddo a colaci\u00f3n, y aplicado al caso en comento, se tiene que el pagar\u00e9 No. 3943-0, que se est\u00e1 haciendo efectivo dentro de este proceso, data del 7 de junio de 1996, antes de la expedici\u00f3n de la Ley 546 de 1999, con un saldo por pagar a 31 de diciembre de 1999, por lo que una vez practicada la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, el paso a seguir es la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, requisito obligatorio para poder dar inicio a la ejecuci\u00f3n correspondiente, en caso de haber incurrido en mora los deudores. <\/p>\n

Al revisar la demanda y sus correspondientes anexos, se tiene que no se cumpli\u00f3 con el requisito de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, por lo que el pagar\u00e9 base de la ejecuci\u00f3n no presta m\u00e9rito ejecutivo para haberse iniciado la acci\u00f3n, por lo que no puede proseguirse la ejecuci\u00f3n y por ende darse por terminado el proceso, en relaci\u00f3n con dicho pagar\u00e9. <\/p>\n

La jurisprudencia tra\u00edda a colaci\u00f3n, en forma concreta nos indica: <\/p>\n

En el presente caso, si bien al actor no le asiste derecho a la terminaci\u00f3n ipso jure del proceso, pues el mismo se inici\u00f3 con posterioridad al 31 de diciembre de 1999, es indiscutible que su cr\u00e9dito debe ser objeto de reestructuraci\u00f3n pues as\u00ed lo dispone la Ley 546 de 1999 y lo ha reconocido la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera). Incluso, en este mismo sentido, se ha pronunciado esta Corporaci\u00f3n, al indicar que: "El an\u00e1lisis de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-955 de 2000 y las previas decisiones dictadas por esta misma Corporaci\u00f3n al declarar la inconstitucionalidad de las normas que regulaban la materia, demuestra que la aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999 es exclusivamente para las personas naturales que habiendo suscrito cr\u00e9ditos financieros, hasta el 31 de diciembre de 1999, para la adquisici\u00f3n de vivienda a largo plazo y cuya obligaci\u00f3n se hab\u00eda pactado en UPAC, se encontrasen a\u00fan bajo sistema UPAC o que estando bajo este sistema estuviesen incluso en tr\u00e1mite de un proceso ejecutivo hipotecario en raz\u00f3n al desbordado crecimiento de sus cuotas mensuales que los llev\u00f3 a incumplir tales obligaciones"\u2026 <\/p>\n

Como dentro de este proceso, se est\u00e1n haciendo efectivos los pagares No. 478570037574, de fecha 31 de agosto de 2009 el No. 47857003091-9 de fecha mayo 31 de 2009, de acuerdo al precedente constitucional, la causal de falta de reestructuraci\u00f3n para efectos de dar por terminada la ejecuci\u00f3n con base en dichos pagar\u00e9s, no es de aplicaci\u00f3n, ya que dichos cr\u00e9ditos fueron suscritos con posterioridad al 31 de diciembre de 1999, no fueron para adquirir vivienda a largo plazo, ni se pactaron en UPAC, por tanto, debe proseguirse la ejecuci\u00f3n ordenada con base en los mismos, por lo que se revocar\u00e1 para una mejor comprensi\u00f3n la providencia impugnada.- <\/p>\n

3. Bajo el anterior contexto, se concluye la procedencia del resguardo impetrado, toda vez que el Tribunal acusado no realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de los pagar\u00e9s que se ejecutaban ni de la jurisprudencia en vigencia. <\/p>\n

Ciertamente, la Corporaci\u00f3n acusada se limit\u00f3 a indicar que terminaba el proceso respecto del pagar\u00e9 No. 3943-0 de 7 de junio de 1996 por falta de reestructuraci\u00f3n, pero no hizo un estudio de fondo de los otros dos pagar\u00e9s que se ejecutaban, concretamente, no analiz\u00f3 la finalidad de cada uno y si ten\u00edan conexidad con el emitido primigeniamente. <\/p>\n

En efecto, se observa que la autoridad convocada \u00fanicamente indic\u00f3 que adelantar\u00eda la ejecuci\u00f3n porque los otros dos t\u00edtulos no se solicitaron para adquisici\u00f3n de vivienda, no fueron pactados en UPAC y hab\u00edan sido emitidos con posterioridad al 31 de diciembre de 1999. <\/p>\n

Es de advertirse que el pagar\u00e9 No. 47857003091-9 fue suscrito el 31 de mayo de 1999, pact\u00e1ndose el pago de la primera cuota el 31 de junio siguiente; y el No. 478570037574 el 31 de agosto de 2001, fue denominado \u00abplan de reducci\u00f3n de cuota\u00bb, teniendo como \u00abfinalidad exclusiva abonar al saldo que presenta la obligaci\u00f3n hipotecaria No. 478500039430, la cual est\u00e1 garantizada con hipoteca\u2026\u00bb (folio 16, cuaderno 1). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la referida entidad financiera, en su calidad acreedora de la obligaci\u00f3n hipotecaria No. 478500039430, obtuvo en el a\u00f1o 2001 la suscripci\u00f3n de ese \u00f9ltimo pagar\u00e9, incumpliendo lo previsto en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y en un claro aprovechamiento de su posici\u00f3n dominante, figura frente a la que esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n

\u2026ha sido consistente la posici\u00f3n de la Sala, que en SC del 14 de diciembre de 2011, rad. 2001-01489, dijo <\/p>\n

Los bancos, es cierto, ejercen una posici\u00f3n dominante en las operaciones activas y pasivas que realizan con los usuarios de sus servicios, la cual se concreta en la hegemon\u00eda que pueden ejercer para imponer el contenido del contrato, en la determinaci\u00f3n unilateral de su configuraci\u00f3n y en la posterior administraci\u00f3n de su ejecuci\u00f3n, como lo ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n. Y esto no puede ser de otra manera, por ser los servicios financieros una actividad que demanda masivamente la poblaci\u00f3n y por lo tanto debe prestarse en forma estandarizada para satisfacer las necesidades de \u00e9sta, con la din\u00e1mica y agilidad que la vida contempor\u00e1nea exige (\u2026) Pero de all\u00ed no puede seguirse que la entidad bancaria, prevalida de su posici\u00f3n fuerte en el contrato, no haga honor a la confianza que en ella deposita el usuario y abuse de la posici\u00f3n de privilegio en la convenci\u00f3n. De hacerlo, estar\u00eda faltando claramente al deber de buena fe que para el momento de perfeccionarse el contrato impone a las partes el art\u00edculo 871 del C\u00f3digo Comercio. Precisamente, ese deber, entendido como un comportamiento probo, obliga a quien impone el contenido negocial, mayormente cuando el contrato es por adhesi\u00f3n o estandarizado, a no abusar de su posici\u00f3n dominante, o lo que es lo mismo, a abstenerse de introducir cl\u00e1usulas abusivas que lo coloque en una situaci\u00f3n de privilegio frente al adherente, porque de lo contrario estar\u00eda faltando a esa buena fe que le impone el sistema jur\u00eddico con las consecuencias legales que ello implica\u2026 <\/p>\n

Al respecto la Corte en SC del 9 de agosto de 2000, rad. 5372, dijo que <\/p>\n

(\u2026) si bien es cierto, dentro de las actividades que ata\u00f1en con el comercio de capitales y la financiaci\u00f3n de obras, el Banco demandado ocupa de ordinario, una posici\u00f3n dominante frente al usuario de los servicios que ofrece, condici\u00f3n que le permit\u00eda imponer ciertas y determinadas reglas r\u00edgidas de contrataci\u00f3n, usualmente gen\u00e9ricas, en cuanto comunes para una colectividad, permanentes y minuciosas, no es menos cierto que los supuestos actos abusivos por los que se duele el censor no tuvieron su g\u00e9nesis en el proceso de celebraci\u00f3n del contrato de mutuo o en su ejecuci\u00f3n, \u00e1mbito dentro del cual, se reitera, es innegable, por regla general, la preeminencia de las instituciones crediticias, sino, por el contrario, en una etapa posterior determinada por el incumplimiento del deudor de las prestaciones a su cargo, \u00f3rbita dentro de la cual aquella preponderancia de la que se ha venido hablando, se minimiza pues la posici\u00f3n del Banco no es distinta de la de cualquier acreedor hipotecario a quien se le incumple o retarda el pago de la prestaci\u00f3n debida, sin que, desde luego, pueda negarse que el acreedor, en esas circunstancias de incumplimiento o mora del deudor, tenga ciertas prerrogativas de origen legal que le permiten negociar la deuda desde una posici\u00f3n m\u00e1s favorable, y de las cuales, obviamente no puede hacer uso de manera ileg\u00edtima o disfuncional (\u2026) Evidentemente, es palpable en el ordenamiento legal colombiano, una verdadera "tutela jur\u00eddica del cr\u00e9dito" mediante una serie de mecanismos que le permiten al acreedor, ejercitar la acci\u00f3n de cumplimiento forzado de la prestaci\u00f3n debida frente al deudor incumplido, o la de reparaci\u00f3n mediante el cumplimiento de una equivalente, en ambos casos con la indemnizaci\u00f3n de perjuicios a que haya lugar, las cuales implican el ejercicio de una coacci\u00f3n leg\u00edtima, am\u00e9n de que, si de un contrato bilateral se trata, es titular de la acci\u00f3n resolutoria, adem\u00e1s de quedar facultado para adoptar medidas de protecci\u00f3n, conservaci\u00f3n y reintegraci\u00f3n del patrimonio del deudor que, por mandato del art\u00edculo 2488 del C\u00f3digo Civil, es la prenda que garantiza las obligaciones a su cargo, adem\u00e1s que, mediante una profusa reglamentaci\u00f3n se regulan detenidamente todos los aspectos que conciernen al pago y a las consecuencias del incumplimiento del obligado\u2026 (CSJ SC9618-2015, 27 jul. 2015, rad. 1997-01799-01). <\/p>\n

Luego, al haberse efectuado un abono a la obligaci\u00f3n que no hab\u00eda sido reestructurada, el Tribunal convocado no pod\u00eda tenerlo como cualquier cr\u00e9dito de consumo, pues hac\u00eda parte del principal, sin que fuere ajustado a lo dispuesto en el Ley 546 de 1999, debi\u00e9ndose exponer claramente y con la motivaci\u00f3n suficiente, por qu\u00e9, a pesar de no ser exigible el cr\u00e9dito inicial, se ten\u00eda por v\u00e1lida la aplicaci\u00f3n de un abono a \u00e9ste, lo que se echa de menos en la determinaci\u00f3n criticada. <\/p>\n

Aunado a que el simple hecho de que el pagar\u00e9 se hubiese firmado en el a\u00f1o 2001, con posterioridad a la expedici\u00f3n de la mencionada normatividad, no resulta suficiente para descartar la conexidad que ten\u00eda con el primero, pues, se repite, fue concertado para abonar al saldo que presentaba la obligaci\u00f3n inicialmente pactada, al punto que de haberse efectuado la restructuraci\u00f3n en los t\u00e9rminos legales, el Banco no hubiese suscrito el nuevo t\u00edtulo como un plan de reducci\u00f3n de cuota. <\/p>\n

4. De manera que se concluye que el Tribunal criticado no sustent\u00f3 de forma suficiente y precisa el prove\u00eddo de 28 de junio de 2018, que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado frente al de 2 de marzo anterior y, en esa medida, esta Corporaci\u00f3n considera que su argumentaci\u00f3n fue insatisfactoria. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que: <\/p>\n

\u2026la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento, raz\u00f3n por la cual no puede ser anfibol\u00f3gica\u2026 (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00; y en CSJ STC10689-2016, 4 ag. 2016, rad. 2016-01267-01). <\/p>\n

5. Lo considerado impone conceder el resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que tras dejar sin efecto la determinaci\u00f3n censurada, proceda a dictar una nueva decisi\u00f3n que atienda las consideraciones precedentes. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Ana Luz Pulido Ramos. En consecuencia, DISPONE: <\/p>\n

Primero: Ordenar a la la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que, tras dejar sin efecto el prove\u00eddo de 28 de junio de 2018 en el proceso ejecutivo hipotecario que promovi\u00f3 Banco Granahorrar contra la accionante (radicaci\u00f3n 2004-00023), dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente, emita una nueva providencia teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n

Segundo: Ordenar al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, remitir de inmediato y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente objeto de la queja constitucional a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n

Tercero: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n

La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aqu\u00e9l t\u00e9rmino. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC123-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03972-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ana Luz Pulido Ramos contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102651","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102651","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102651"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102651\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102651"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102651"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102651"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}