{"id":102656,"date":"2026-07-02T16:23:19","date_gmt":"2026-07-02T16:23:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102656"},"modified":"2026-07-02T16:23:19","modified_gmt":"2026-07-02T16:23:19","slug":"stc148-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc148-2019\/","title":{"rendered":"STC148-2019"},"content":{"rendered":"
Magistrado ponente <\/p>\n

STC148-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02578-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la empresa Dan Bunkering contra la Superintendencia de Sociedades, con ocasi\u00f3n del \u201cproceso de reorganizaci\u00f3n\u201d de Petrocosta C.I. S.A. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa gestora exige la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente quebrantado por la autoridad querellada. <\/p>\n

Esgrime la quejosa que en julio de 2016 celebr\u00f3 un contrato con la referida sociedad, \u201c(\u2026) cuyo objeto principal consist\u00eda (\u2026) en la operaci\u00f3n conjunta de las actividades de almacenamiento, transporte, mercadeo y comercializaci\u00f3n de combustible marino en el territorio Colombiano (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Se\u00f1ala que la tutelada autoriz\u00f3 la \u201ccontinuaci\u00f3n\u201d de ese negocio, aun cuando el 22 de marzo de 2017, hab\u00eda ordenado la \u201c(\u2026) liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n de los bienes (\u2026)\u201d de la acotada compa\u00f1\u00eda, pues \u201c(\u2026) en su momento se consider\u00f3 como un mecanismo para la preservaci\u00f3n de los activos (\u2026)\u201d de aqu\u00e9lla. <\/p>\n

Arguye que dentro del comentado subex\u00e1mine en auto de 15 de diciembre de 2017, se dispuso: <\/p>\n

\u201cAdvertir a Dan Bunkering que las obligaciones pendientes de pago que se causaron previamente a la apertura del proceso liquidatario, quedan vinculadas al proceso de liquidaci\u00f3n, por lo que, no son compensables con deudas que surgieron a su cargo con ocasi\u00f3n del acuerdo comercial suscrito entre las partes\u201d. <\/p>\n

Manifiesta que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n esa decisi\u00f3n, con el fin de que \u201c(\u2026) los saldos a su favor (\u2026) se incorpora[ran] (\u2026) como gastos de administraci\u00f3n insolutos generados durante el tr\u00e1mite del proceso de reorganizaci\u00f3n (\u2026)\u201d; sin embargo, la autoridad confutada confirm\u00f3 su determinaci\u00f3n el 22 de junio de 2018, \u201c(\u2026) sin realizar ninguna manifestaci\u00f3n (\u2026)\u201d frente a la anterior s\u00faplica. <\/p>\n

Indica que en audiencia de 26 de septiembre pasado, se \u201c(\u2026) aprob\u00f3 la actualizaci\u00f3n de los gastos de administraci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n (\u2026)\u201d, sin incluirse dentro de \u00e9stos, los pagos que efectu\u00f3 anticipadamente a Petrocosta C.I. S.A. en cumplimiento del memorado \u201ccontrato de cooperaci\u00f3n\u201d, decisi\u00f3n ratificada por la tutelada al zanjar el remedio horizontal incoado por la ac\u00e1 querellante. <\/p>\n

Acota que la mentada obligaci\u00f3n \u201c(\u2026) debe ser pagada de forma preferente (\u2026)\u201d, pues fue causada \u201c(\u2026) de forma posterior al inicio del proceso de insolvencia (\u2026)\u201d bajo estudio. <\/p>\n

3.\tSuplica, en concreto, tener como \u201cgasto de representaci\u00f3n\u201d su acreencia. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde la \t\taccionada <\/p>\n

Expres\u00f3 que en el aludido sublite se observ\u00f3 la normatividad aplicable al caso, sin haber vulnerado ninguna garant\u00eda supralegal de la petente (76 a 79). <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada aduciendo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) No [se] advierte la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, con relaci\u00f3n a la negativa para reconocer los gastos en favor de la accionante (\u2026), pues las decisiones adoptadas el 22 de junio y 26 de septiembre de 2018 (\u2026), se encuentran motivadas, contando adem\u00e1s con un grado de razonabilidad que impide calificarlas como absurdas o antojadizas, y adem\u00e1s dentro del t\u00e9rmino de traslado a que se refiere el art\u00edculo 37 de la Ley 1116 de 2006, modificado por el art. 39 de la Ley 1429 de 2010, ninguna manifestaci\u00f3n hizo [la interesada] a la relaci\u00f3n a los gastos de administraci\u00f3n de la reorganizaci\u00f3n y el inventario por parte del liquidador (\u2026)\u201d (fls. 101 a 106). <\/p>\n

La querellante impugn\u00f3 con argumentos an\u00e1logos a los expresados en el libelo introductor (fls. 109 a 112). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La gestora de este auxilio, censura la providencia de 26 de septiembre de 2018, mediante la cual la Superintendencia de Sociedades neg\u00f3 la inclusi\u00f3n como \u201cgastos de administraci\u00f3n\u201d de los pagos anticipados efectuados por la gestora en cumplimiento del \u201ccontrato de cooperaci\u00f3n\u201d suscrito con Petrocosta C.I. S.A., celebrado con posterioridad al inicio del mentado proceso de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n

2. Se advierte el fracaso de la salvaguarda, por cuanto la tutelada, en su decisi\u00f3n fundadamente sostuvo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El procedimiento como el que actualmente se tramita y ocupa la atenci\u00f3n del despacho (\u2026), es un proceso de una naturaleza excepcional que se rige por una serie de principios que no son los que tradicionalmente u ordinariamente deben regir los procedimientos judiciales de naturaleza civil o comercial\u201d. <\/p>\n

\u201cDentro de los principios que espec\u00edficamente son predicables (\u2026) se encuentra el principio de oficiosidad, seg\u00fan el cual existe un gran n\u00famero de actuaciones y en t\u00e9rminos generales, el impulso del proceso no es una cuesti\u00f3n que compete a las partes, ni siquiera a la parte directamente interesada como es el deudor, sino es una cuesti\u00f3n que corresponde sobre todo al juez del concurso; sin embargo, este principio no puede extrapolarse para abarcar todas las actuaciones que deban realizarse en el proceso. Tal como ya lo ha mencionado este despacho en providencias anteriores (\u2026), se ha advertido que sea en los procesos de reorganizaci\u00f3n, sea en los procesos de liquidaci\u00f3n, sea en los procesos de intervenci\u00f3n (\u2026), existe un enorme n\u00famero de cargas procesales que corresponden a cada uno de los sujetos interesados, dentro de [estas] cargas procesales se encuentra por su puesto la presentaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos en debida forma, la presentaci\u00f3n de las objeciones de manera oportuna (\u2026), la interposici\u00f3n de recursos (\u2026), la intervenci\u00f3n dentro de los traslados de las distintas partes, entre otras circunstancias. Cada una de estas cargas procesales se rige por un principio opuesto al de oficiosidad, y es el principio de impulso de parte que esta muy de la mano con el principio de preclusi\u00f3n de las actuaciones procesales (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) No puede admitirse ahora en sede de resoluci\u00f3n de objeciones a la actualizaci\u00f3n de los gastos de la reorganizaci\u00f3n, y de los inventarios valorados, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 37 de la Ley 1116 de 2006, revivir etapas que ya fueron prelucidas, en la medida en que se trataron de cuestiones que debieron plantearse en la reorganizaci\u00f3n y que no se plantearon, que debieron haberse recurrido en la reorganizaci\u00f3n y no se recurrieron, y que (\u2026) fueron materia de una discusi\u00f3n en una providencia que ya tuvo un pronunciamiento del despacho y que se encuentra en firme (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. El recuento anterior pone de presente que la superintendencia no err\u00f3 al emitir su decisi\u00f3n, pues en ella evidenci\u00f3 que la ahora quejosa, ninguna manifestaci\u00f3n realiz\u00f3 frente a la relaci\u00f3n de gastos de administraci\u00f3n de la reorganizaci\u00f3n presentada por el liquidador conforme al art\u00edculo 37 de la Ley 1116 de 20061, por tanto, no pod\u00eda pretender que al actualizarse los mismos, su cr\u00e9dito fuera incluido dentro de aquellos, pues claramente su petici\u00f3n era extempor\u00e1nea. <\/p>\n

La inconformidad de la censora con la comentada providencia no le abre paso a esta particular justicia, por cuanto se halla reservada para eventos de patente desafuero judicial, lo cual no se configura en el juicio examinado. <\/p>\n

Mem\u00f3rese, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

Atinente a ello, esta Sala ha afirmado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, (\u2026) [y] aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u201d2. <\/p>\n

4. Se suma a lo precedente que la tutela implorada tiene por fin exclusivo la salvaguarda del patrimonio de la tutelante, pues lo pretendido con ella es que se pague con prelaci\u00f3n el cr\u00e9dito a su favor por concepto del contrato de cooperaci\u00f3n suscrito con Petrocosta C.I. S.A, por tanto, la queja elevada en realidad radica en la inconformidad por la forma como ser\u00e1 cancelada esa deuda. <\/p>\n

Resulta evidente que el resguardo constitucional examinado no apunta a la defensa de una garant\u00eda fundamental, sino de los intereses meramente econ\u00f3micos de Dan Bunkering, lo cual desvirt\u00faa la procedencia del mecanismo estudiado, por cuanto seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica fue instituido solamente para \u201cla protecci\u00f3n inmediata de [los] derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquiera autoridad p\u00fablica\u201d. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha indicado, <\/p>\n

5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. Por los argumentos anteriores, la providencia impugnada ser\u00e1 revalidada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tArt\u00edculo 37. Plazo y confirmaci\u00f3n del acuerdo de \tadjudicaci\u00f3n. Vencido el t\u00e9rmino para presentar el \tacuerdo de reorganizaci\u00f3n sin que este hubiere solo <sic> \tpresentado o no confirmado el mismo, el juez proferir\u00e1 auto \ten que se adoptar\u00e1n las siguientes decisiones: \t<\/p>\n

2. \tSe fijar\u00e1 el plazo para la presentaci\u00f3n del inventario \tvalorado, y \t<\/p>\n

3. \tSe ordenar\u00e1 la actualizaci\u00f3n de los gastos causados \tdurante el proceso de reorganizaci\u00f3n. Del inventario valorado \ty de los gastos actualizados se correr\u00e1 traslado por el \tt\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas para formular objeciones \t(\u2026)\u201d.
\n2 \tCSJ. STC 18 de marzo de \t2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 \ty el 18 de enero de 2012.
\n3 \tCSJ. STC, 24 may. 2011, Rad. \t00111-01, \tratificada el 13 de junio del mismo a\u00f1o, Rad. 00067-01, el 15 \tde agosto de 2013, Rad. 01074-01 y el 18 de noviembre de 2013, Rad. \t00068-02.
\n4 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n5 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n8 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n11 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n12 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n16<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrado ponente STC148-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02578-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102656","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102656","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102656"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102656\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102656"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102656"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102656"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}