{"id":102657,"date":"2026-07-02T16:23:26","date_gmt":"2026-07-02T16:23:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102657"},"modified":"2026-07-02T16:23:26","modified_gmt":"2026-07-02T16:23:26","slug":"stc150-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc150-2019\/","title":{"rendered":"STC150-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC150-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02265-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el treinta de octubre de dos mil dieciocho por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Willi\u00e1m C\u00e1rdenas Garavito contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a Erick Fernando Mill\u00e1n Montoya, Jessica Johanna Romero Parra, el Director del Instituto Nacional Penitenciario de esa ciudad y a las partes e intervinientes del proceso disciplinario adelantado contra el accionante. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e imparcialidad que considera vulnerados por el Tribunal accionado al haber ordenado apertura de investigaci\u00f3n disciplinaria en su contra y suspenderlo provisionalmente en el cargo que ostenta de citador al incurrir en errores en la apreciaci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende se ordene \u00ab[d]eclarar la nulidad de las decisiones de fechas 21 de agosto de 2018 de la secretar\u00eda de la Sala Penal y del 14 de septiembre de 2018 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, Meta, respectivamente\u00bb. [Folio 7,c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Contra el accionante cursa proceso disciplinario en su condici\u00f3n de citador grado 4\u00ba de la secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio tras la queja presentada por el doctor Erik Fernando Mill\u00e1n Montoya, en la que se puso de presente que a su defendida Jessica Johana Romero Parra, el actor le hab\u00eda solicitado dinero para adelantar el turno de la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de primera instancia al interior de un asunto penal que se tramita en esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

2. De dicha queja se dispuso compulsar copias ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, investigaci\u00f3n que le correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda Novena Especializada de la Unidad de Anticorrupci\u00f3n de esa ciudad. <\/p>\n

4. Ante la acusaci\u00f3n grave que hizo la interna se dio apertura a la investigaci\u00f3n disciplinaria mediante auto fechado 27 de junio de 2018 en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de algunas pruebas. <\/p>\n

5. El 21 de agosto, se dispuso la suspensi\u00f3n provisional en el cargo de citador que ostenta el accionante por el t\u00e9rmino de tres meses atendiendo a falta grav\u00edsima de conformidad con el art\u00edculo 48 de la Ley 734 de 2002, decisi\u00f3n que fue remitida en consulta ante la Sala Penal del Tribunal Superior, instancia en la que el actor present\u00f3 las alegaciones de rigor dentro del t\u00e9rmino descrito en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 157 de la citada normatividad. Determinaci\u00f3n que fue confirmada el 14 de septiembre siguiente. <\/p>\n

6. El 20 de septiembre, se orden\u00f3 el cierre de la investigaci\u00f3n, decisi\u00f3n que fue objeto de recurso de reposici\u00f3n por parte del tutelante, la cual qued\u00f3 en firme el 27 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n

7. Actualmente el proceso se encuentra en la elaboraci\u00f3n de pliego de cargos. <\/p>\n

8. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron sus derechos por cuanto \u00abmi juez disciplinario, reitero incurri\u00f3 en errores, violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, originada en un error de derecho por falso juicio de legalidad, as\u00ed como errores de hecho pues es claro que mi juez disciplinario ignora una prueba que obra v\u00e1lidamente en el proceso o supone como existente una que no ha sido incorporada (falso juicio de existencia) o cuando distorsiona o tergiversa su contenido f\u00e1ctico atribuy\u00e9ndole efectos que no se derivan de ella (falso juicio de identidad), y los segundos hacen referencia a que el fallador admite y confiere valor probatorio a un medio de convicci\u00f3n, desconoce y niega alcance probatorio a pruebas v\u00e1lidas (falso juicio de legalidad), o le asigna un valor probatorio distinto al establecido por la ley o le niega el que legalmente se le ha conferido (falso juicio de convicci\u00f3n)\u00bb. [Folios 1-9,c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 17 de octubre de 2018 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 19-20, c.1] <\/p>\n

2. La secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones adelantadas al interior del proceso disciplinario cuestionado y advirti\u00f3 que el asunto se encuentra en tr\u00e1mite y todas las decisiones se le han notificado al accionante, \u00abpor lo que no se ha adelantado a sus espaldas\u00bb; actuaci\u00f3n que se encuentra en la elaboraci\u00f3n de pliego de cargos, decisi\u00f3n que le ser\u00e1 enterada al quejoso en su debida oportunidad. [Folios 30-31, c.1] <\/p>\n

Por su parte, el Coordinador del Grupo de Tutelas del Establecimiento Carcelario de esa ciudad solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimad en la causa por pasiva. [Folio 35,c.1] <\/p>\n

3. En sentencia de 30 de octubre de 2018, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo tras considerar que al encontrarse en curso el proceso disciplinario en el cual se dice se han vulnerado garant\u00edas fundamentales, el juez constitucional no podr\u00eda adelantarse a emitir alguna valoraci\u00f3n al respecto, pues ello atenta contra los principios de residualidad y subsidiaridad que caracteriza este instrumento de amparo, en tanto que el juez natural no ha culminado el debate que se presenta. [Folios 37-47, c.1] <\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor del resguardo la impugn\u00f3 sin expresar las razones de su desacuerdo. [Folio 51, c.1] <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regulara la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

Se estructura as\u00ed una de las caracter\u00edsticas que debe estar presente para la prosperidad del amparo, esto es su car\u00e1cter subsidiario o residual, ya que la tutela s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento constitucional o legalmente creado para ser utilizado mediante las v\u00edas ordinarias. <\/p>\n

2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto conforme lo advirti\u00f3 el A Quo el gestor de la queja tiene a su alcance medios judiciales id\u00f3neos para el pleno ejercicio de su derecho al debido proceso, pues es claro que al encontrarse en curso la investigaci\u00f3n disciplinaria que se cuestiona, concretamente en fase de investigaci\u00f3n, el accionante, cuenta con la posibilidad de impugnar la sentencia que se emita, en caso de resultar adversa a sus intereses, a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, medio defensivo por excelencia, de las garant\u00edas de los sujetos procesales involucrados en el proceso. <\/p>\n

Ser\u00e1 entonces dentro de la actuaci\u00f3n del funcionario competente que se diriman las controversias que al interior de la misma planteen las partes, dado que la jurisdicci\u00f3n constitucional no est\u00e1 facultada para ello. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para el efectivo y adecuado ejercicio de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

3. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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