{"id":102659,"date":"2026-07-02T16:23:38","date_gmt":"2026-07-02T16:23:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102659"},"modified":"2026-07-02T16:23:38","modified_gmt":"2026-07-02T16:23:38","slug":"stc152-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc152-2019\/","title":{"rendered":"STC152-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC152-2019 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar Antonio Ahumada Sabogal contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y el Tribunal Superior de Villavicencio; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en la actuaci\u00f3n penal conocida con radicado 2010-00251. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y presunci\u00f3n de inocencia que considera vulnerados por el Tribunal accionado por cuanto contrariando el contenido de la sentencia C-792 de 2014, en providencia de 4 de mayo de 2017 deneg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia que se emiti\u00f3 el 20 de febrero de ese a\u00f1o y en la cual se revoc\u00f3 la de primer grado y en su lugar se le declar\u00f3 culpable del delito de peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros. <\/p>\n

De igual modo censur\u00f3 que por la determinaci\u00f3n arbitraria del Tribunal se vio obligado a interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue resuelto el 29 de agosto de 2018 en el que se decidi\u00f3 no casar la sentencia del ad quem bajo una indebida valoraci\u00f3n probatoria y se le neg\u00f3 la posibilidad \u00abde argumentar en relaci\u00f3n con la supuesta participaci\u00f3n, (como c\u00f3mplice) en los hechos por los cuales finalmente termin\u00f3 siendo condenado\u00bb. <\/p>\n

Pretende en consecuencia, se dejen sin efectos las decisiones cuestionadas y se ordene \u00absuspender la pena privativa de libertad dictada en su contra hasta que se decida definitivamente por instancias de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y la eventual revisi\u00f3n de la Corte Constitucional la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 6 de septiembre de 2005 la Cooperativa de caficultores de Calarc\u00e1 – Coocaf\u00e9 Ltda. y la Fiduciaria Corficolombiana (entonces Fiduvalle) constituyeron una \u00abFiducia Mercantil Irrevocable de Administraci\u00f3n\u00bb, cuyo objeto era servir de fuente o medio de pago de las obligaciones que el fideicomitente contrajera con el inversionista beneficiario por la recompra de derechos de beneficio. <\/p>\n

1.1. Dentro de dicha transacci\u00f3n, se cre\u00f3 un patrimonio aut\u00f3nomo con los bienes fideicomitidos (unas facturas cambiarias) y con los dem\u00e1s que con ocasi\u00f3n del contrato, llegare a recibir la fiduciaria. Para los anteriores efectos, Coocaf\u00e9 trasfiri\u00f3 a la Fiduciaria, facturas cambiar\u00edas de compraventa (endosadas en propiedad) originadas en el contrato de compra y exportaci\u00f3n de caf\u00e9 suscritas con Ecocaf\u00e9 S.A., las cuales servir\u00edan como fuente de pago de las obligaciones. <\/p>\n

En dicho proceso intervino la banca de inversi\u00f3n Visemsa S.A., que actuaba como intermediaria y organismo compensador garante de las obligaciones que el patrimonio aut\u00f3nomo llegara a contraer en cumplimiento del objeto del contrato. Esta contactaba inversionistas con el fin de que estos entregaran recursos al patrimonio aut\u00f3nomo constituido mediante la fiducia. <\/p>\n

1.2. Con el fin de obtener recursos para el financiamiento de sus actividades productivas, y de conformidad con lo advertido en la consideraci\u00f3n dos del contrato, el fideicomitente Coocaf\u00e9 Ltda, realiz\u00f3 ofertas de cesi\u00f3n de derechos de beneficio con pacto de readquisici\u00f3n, de las prerrogativas que ten\u00eda a su favor (Patrimonio aut\u00f3nomo conformado por las facturas cambiarias de compra-venta) a la Alcald\u00eda de Villavicencio. <\/p>\n

En dichas ofertas, Coocaf\u00e9 cedi\u00f3 en favor de la citada alcald\u00eda, los derechos de beneficio que tiene en el fideicomiso, en procura del cumplimiento del objeto del patrimonio aut\u00f3nomo. <\/p>\n

1.3. Las ofertas fueron aceptadas por los tesoreros del ente territorial, y efectuadas las colocaciones provenientes de los excedentes de liquidez de regal\u00edas y del sistema general de participaciones el municipio de Villavicencio se constituy\u00f3 como inversionista beneficiario en la referida fiducia. <\/p>\n

De esta manera, durante las vigencias fiscales de los a\u00f1os 2005 y 2006 Miguel Gonz\u00e1lez Roncancio y Agust\u00edn Hort\u00faa Rodr\u00edguez en su calidad de tesoreros de la Alcald\u00eda de Villavicencio con desconocimiento de lo dispuesto por el art\u00edculo 17 de la Ley 819 de 2003, dispusieron la colocaci\u00f3n de excedentes de liquidez de recursos de regal\u00edas en cuant\u00eda de $30.000.000.000.oo, en el patrimonio aut\u00f3nomo, constituidos entre empresas particulares y sociedades fiduciarias Coocaf\u00e9-Visemsa, las que a su vez ofertaron la "cesi\u00f3n de derechos de beneficio con pacto de readquisici\u00f3n", en favor del municipio. Por dicha colocaci\u00f3n dineraria, estos servidores p\u00fablicos recibieron dinero de parte de los agentes comerciales de estas sociedades. <\/p>\n

1.4. Finalmente el municipio de Villavicencio result\u00f3 afectado patrimonialmente en cuant\u00eda de $6.000.000.000.00, que no fueron devueltos por el fideicomitente. <\/p>\n

2. Con ocasi\u00f3n de unos informes rendidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, el 16 de mayo de 2008 una Fiscal adscrita a la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de apertura de investigaci\u00f3n preliminar por los anteriores hechos. <\/p>\n

3. Previa pr\u00e1ctica de algunas pruebas, el 13 de marzo de 2009 se declar\u00f3 formalmente abierta la instrucci\u00f3n y se dispuso el 11 de agosto de ese a\u00f1o la vinculaci\u00f3n mediante indagatoria de varias personas entre ellas Edgar Antonio Ahumada Sabogal, ahora accionante en su condici\u00f3n de comisionista o intermediario financiero. <\/p>\n

4. La situaci\u00f3n jur\u00eddica de los procesados se defini\u00f3 el 3 de diciembre de dicha calenda, con medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva por los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y cohecho propio a t\u00edtulo de intervinientes. <\/p>\n

5. El 20 de abril de 2010 se clausur\u00f3 parcialmente el ciclo instructivo frente al tutelante y se declar\u00f3 la ruptura de la actuaci\u00f3n procesal respecto de otros investigados. <\/p>\n

6. El m\u00e9rito del sumario se calific\u00f3 con resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n del 1\u00ba de junio de ese a\u00f1o contra el actor en los mismos t\u00e9rminos de la definici\u00f3n de situaci\u00f3n jur\u00eddica y a todos se les atribuyeron las circunstancias de menor punibilidad del numeral 1 del art\u00edculo 55 del C\u00f3digo Penal y de mayor punibilidad, descritas en los numerales 1, 9 y 10 del canon 58 ejusdem. <\/p>\n

7. Contra dicha decisi\u00f3n, se interpuso recurso de apelaci\u00f3n el cual se desat\u00f3 el 29 de septiembre siguiente por el Fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de confirmar la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n

8. El 23 de noviembre del mismo a\u00f1o el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio corri\u00f3 el traslado de que trata el art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n

9. La audiencia preparatoria se celebr\u00f3 el 15 de febrero de 2011. <\/p>\n

10. El 15 de abril de ese a\u00f1o se surti\u00f3 diligencia de formulaci\u00f3n y la vista p\u00fablica de juzgamiento inici\u00f3 el 28 de abril siguiente y culmin\u00f3 el 24 de mayo. <\/p>\n

11. Mediante sentencia del 3 de agosto de 2011, el juzgador absolvi\u00f3 al accionante y otro por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n, en grado de intervinientes. Igualmente emiti\u00f3 condena contra los dem\u00e1s procesados por los punibles de peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y cohecho por dar u ofrecer. <\/p>\n

12. Inconformes con el fallo los representantes de la Fiscal\u00eda, la parte civil \u2013municipio de Villavicencio- y la Procuradur\u00eda lo apelaron, por lo que el 20 de febrero de 2017 fue confirmado parcialmente por el Tribunal Superior de Villavicencio, en cuanto a las condenas proferidas en primera instancia contra los procesados que resultaron condenados e igualmente, revoc\u00f3 la sentencia impugnada frente a la absoluci\u00f3n que hab\u00eda cobijado al tutelante para condenarlo a t\u00edtulo de c\u00f3mplice del reato de peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros a las penas de 120 meses de prisi\u00f3n y $3.000.000.000 de multa. <\/p>\n

Del mismo modo, adicion\u00f3 el prove\u00eddo en el sentido de imponer a todos los sentenciados la inhabilitaci\u00f3n intemporal de que trata el inciso 5\u00ba del art\u00edculo 122 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y negar la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria, entre otras determinaciones. <\/p>\n

13. Contra este fallo el accionante solicit\u00f3 la nulidad por cuanto en su sentir no fue debidamente notificado e interpuso recurso de apelaci\u00f3n para cuyo efecto invoc\u00f3 la sentencia C-792 de 2014 que se\u00f1al\u00f3 la procedencia de este recurso contra sentencias de segunda instancia que condenen por primera vez. <\/p>\n

14. El 4 de mayo de 2017 el Tribunal neg\u00f3 la solicitud de nulidad al advertir que tanto el actor como su apoderado tuvieron conocimiento del fallo dentro de los t\u00e9rminos definidos en la Ley 600 de 2000 hasta el punto que el tutelante se present\u00f3 en la secretar\u00eda para tal efecto. <\/p>\n

De igual modo, deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del medio de impugnaci\u00f3n, tras indicarse que el \u00fanico recurso que procede contra las sentencias de segunda instancia es el extraordinario de casaci\u00f3n por lo que si lo consideraba necesario pod\u00eda interponerlo en aras de salvaguardar su derecho de defensa. Determinaci\u00f3n frente a la que se guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

15. El accionante formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia proferida por el Tribunal tras considerar que se vulner\u00f3 el principio de congruencia por cuanto la Fiscal\u00eda lo acus\u00f3 en calidad de interviniente pero el Ad Quem revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n de primera instancia para condenarlo en grado de c\u00f3mplice por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n aunado a que \u00abexiste una absoluta discrepancia entre la acusaci\u00f3n, el juicio y la sentencia de segundo grado\u00bb. <\/p>\n

16. El 29 de agosto de 2018, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n no cas\u00f3 la sentencia con relaci\u00f3n al actor al considerar que si bien el tutelante fue acusado por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n en grado de interviniente y condenado en sede de segunda instancia a t\u00edtulo de c\u00f3mplice, dicha modificaci\u00f3n no comporta aflicci\u00f3n alguna porque la pena imponible conforme a esta \u00faltima categor\u00eda dogm\u00e1tica de participaci\u00f3n es m\u00e1s benigna que la que le hubiera podido corresponder de haber sido sentenciado como interviniente. <\/p>\n

17. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron sus derechos al interior del proceso descrito por cuanto present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia de segunda instancia el cual fue rechazado por el Tribunal, por lo que se vio obligado a interponer recurso extraordinario de casaci\u00f3n el cual a su juicio era \u00abinefectivo para cumplir con la garant\u00eda de la apelaci\u00f3n\u00bb medio de defensa en el que finalmente se decidi\u00f3 no casar la sentencia bajo una indebida valoraci\u00f3n probatoria que afect\u00f3 su derechos como procesado. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. Por auto del 12 de diciembre de 2018, fue admitida la acci\u00f3n de tutela y se dispuso correr traslado a todos los involucrados, para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los vinculados no realizaron manifestaci\u00f3n alguna frente a la salvaguarda peticionada. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de la Corte ha sido invariable al se\u00f1alar que son dos los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: la inmediatez y la subsidiariedad. <\/p>\n

Vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01) <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00) <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros. <\/p>\n

En virtud del otro principio se\u00f1alado, debe recordarse que el amparo s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede considerarse una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, porque no atiende ninguno de los postulados que vienen de comentarse. <\/p>\n

Y lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso una de las decisiones que cuestiona el accionante es aquella en la que el Tribunal Superior de Villavicencio deneg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 contra la sentencia que en segundo grado se emiti\u00f3 en el juicio penal adelantado en su contra, y a trav\u00e9s de la cual se revoc\u00f3 el fallo absolutorio emitido en primer grado, y se le declar\u00f3 culpable del delito que le fue imputado, decisi\u00f3n emanada el 4 de mayo de 2017 cuando el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 10 de diciembre de 2018. <\/p>\n

Esta circunstancia deja en evidencia que el tutelante, para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir, aproximadamente un a\u00f1o y siete meses desde la emisi\u00f3n de tal prove\u00eddo, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera ampliamente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales [6 meses], sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n

3. De otra parte, la solicitud de amparo tampoco atiende el principio de subsidiariedad, pues el accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial id\u00f3neo para cuestionar la referida decisi\u00f3n. <\/p>\n

Lo anterior porque revisado el expediente objeto de debate, no se observa que frente al mencionado prove\u00eddo, la parte interesada haya formulado el recurso de reposici\u00f3n, mecanismo que, al tenor del art\u00edculo 176 de la Ley 906 de 2004, era procedente para cuestionar el contenido de aquella determinaci\u00f3n. <\/p>\n

En tal orden, si la queja del accionante se circunscribe a la decisi\u00f3n de no acceder a la aplicaci\u00f3n de la sentencia C-792 de 2014, resulta evidente la ausencia del requisito de subsidiariedad, por cuanto no agot\u00f3 los medios ordinarios de defensa con los que contaba para discutir su legalidad. <\/p>\n

Por consiguiente, si no se hizo uso de los mecanismos que le brinda la ley adjetiva para proteger sus intereses, la acci\u00f3n de tutela no emerge como el medio para enmendar la incuria y para proveer soluci\u00f3n a las cuestiones que le correspond\u00eda dirimir al juez natural. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

4. De otra parte, frente a la censura realizada por el accionante en el sentido que la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 29 de agosto de 2018 resolvi\u00f3 no casar la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal bajo una indebida valoraci\u00f3n probatoria, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, para fundamentar su determinaci\u00f3n la Sala de Casaci\u00f3n Penal refiri\u00f3 que respecto a los dos cargos formulados por el actor en los que censur\u00f3 que se vulner\u00f3 el principio de congruencia por cuanto se le acus\u00f3 en calidad de interviniente pero el Ad Quem revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n de primera instancia para condenarlo en grado de c\u00f3mplice por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n aunado a que \u00abexiste una absoluta discrepancia entre la acusaci\u00f3n, el juicio y la sentencia de segundo grado\u00bb, sus reparos no ten\u00edan vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n

Lo anterior por cuanto \u00ab[d]e tiempo atr\u00e1s, en los diversos sistemas de enjuiciamiento penal, la ley y la jurisprudencia han sido consistentes en establecer que entre la conducta punible definida en el pliego de cargos y la se\u00f1alada en la sentencia debe existir perfecta armon\u00eda personal \u2013en cuanto al sujeto activo-, f\u00e1ctica \u2013en torno al hecho humano investigado, con todas sus circunstancias y motivos de agravaci\u00f3n o atenuaci\u00f3n- y jur\u00eddica \u2013en punto de las normas transgredidas con la conducta-, de tal suerte que, los cargos concebidos por el \u00f3rgano acusador correspondan al l\u00edmite dentro del cual el juez debe verificar si cabe o no atribuir responsabilidad al presunto infractor. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

En ese orden, la alteraci\u00f3n por el juzgador de dicha delimitaci\u00f3n t\u00edpica realizada por el ente de persecuci\u00f3n penal en la acusaci\u00f3n quebranta la estructura del proceso e impide el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, en cuanto configura un nuevo e inoportuno motivo de incriminaci\u00f3n, respecto del cual el enjuiciado no ha podido ejercer adecuadamente su contradicci\u00f3n. <\/p>\n

En igual sentido, al procesado no se le pueden desconocer las circunstancias favorables que tuvieren incidencia en la individualizaci\u00f3n de la pena\u00bb. <\/p>\n

Sin embargo, resalt\u00f3 que el citado postulado no es absoluto pues \u00abadmite la intervenci\u00f3n del juzgador para degradar la intensidad de la atribuci\u00f3n jur\u00eddica de responsabilidad, incluso si no se acudi\u00f3 a la facultad establecida en el art\u00edculo 404 del C\u00f3digo Adjetivo Penal, cuando quiera que, siendo de menor entidad, la conducta punible guarde identidad en cuanto al n\u00facleo b\u00e1sico o esencial de la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica y no implique desmedro para los derechos de las partes e intervinientes. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

En el caso examinado, se observa que aunque, en efecto, Ahumada Sabogal y Hurtado Orozco fueron acusados por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n en grado de intervinientes y condenados en sede de segunda instancia a t\u00edtulo de c\u00f3mplices, dicha modificaci\u00f3n no comporta aflicci\u00f3n alguna para los mentados encausados porque la pena imponible conforme a esta \u00faltima categor\u00eda dogm\u00e1tica de participaci\u00f3n es m\u00e1s benigna que la que les hubiera podido corresponder de haber sido sentenciados como intervinientes. <\/p>\n

Ahora bien, el letrado asevera que dicha modificaci\u00f3n afect\u00f3 el derecho de defensa porque durante la actuaci\u00f3n el ejercicio del contradictorio estuvo dirigido a desvirtuar los presupuestos de la coautor\u00eda, misma que precisamente el Tribunal desech\u00f3 al advertir que Ahumada Sabogal y Hurtado Orozco no tuvieron el dominio del hecho en la comisi\u00f3n del injusto sino que contribuyeron a la realizaci\u00f3n de la conducta antijur\u00eddica de Miguel Gonz\u00e1lez Roncancio, Agust\u00edn Hort\u00faa Rodr\u00edguez y Jos\u00e9 Guillermo Jaramillo C\u00e1rdenas. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

N\u00f3tese c\u00f3mo, aunque el recurrente asegura que su cliente no se pudo defender de la complicidad deducida en segunda instancia, lo cierto es que a lo largo de la actuaci\u00f3n rebati\u00f3 la esencia de la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica consistente en que su cliente y Hurtado Orozco, en su condici\u00f3n de comisionistas o intermediarios financieros, excedieron los l\u00edmites del contrato de corretaje para ayudar a los tesoreros del municipio de Villavicencio a esquilmar los caudales p\u00fablicos. <\/p>\n

Finalmente, resulta lesivo del principio de correcci\u00f3n material afirmar, como se hace en la demanda, que no se respetaron los criterios que emanan de los art\u00edculos 30 inciso 3\u00b0 y 61 del C\u00f3digo Penal, en tanto la pena se fij\u00f3 dentro de los cuartos medios, pues, por el contrario, se advierte que el Tribunal acert\u00f3 al tasarla en ese \u00e1mbito punitivo teniendo en cuenta que tanto a Ahumada Sabogal como a Hurtado Orozco le fueron deducidas circunstancias de menor y mayor punibilidad (numeral 1\u00ba del precepto 55 y numeral 10 del canon 58 ejusdem) y, de acuerdo con el inciso 2\u00ba del referido canon 61 \u00abel sentenciador s\u00f3lo podr\u00e1 moverse (\u2026) dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuaci\u00f3n y de agravaci\u00f3n punitiva (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

5. De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

6. Las anteriores razones se estiman suficientes para denegar el amparo constitucional deprecado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC152-2019 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar Antonio Ahumada Sabogal contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y el Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102659","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102659","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102659"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102659\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102659"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102659"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102659"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}