{"id":102664,"date":"2026-07-02T16:24:27","date_gmt":"2026-07-02T16:24:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102664"},"modified":"2026-07-02T16:24:27","modified_gmt":"2026-07-02T16:24:27","slug":"stc162-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc162-2019\/","title":{"rendered":"STC162-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC162-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-04036-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Jos\u00e9 John Pe\u00f1a Pacheco, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y los Juzgados \u201cCincuenta y Uno Penal del Circuito Adjunto\u201d y Cincuenta Penal del Circuito \u201cLey 600 de 2000\u201d, ambos de esta ciudad, con ocasi\u00f3n de la causa criminal adelantada al aqu\u00ed quejoso por el delito de \u201cfraude procesal\u201d. <\/p>\n

1. El petente requiere la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n

2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

El Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogot\u00e1, mediante sentencia de 29 de agosto de 2017, impuso pena privativa de la libertad de 84 meses de prisi\u00f3n a Jos\u00e9 John Pe\u00f1a Pacheco por el punible de \u201cfraude procesal\u201d en calidad de determinador, decisi\u00f3n confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad el 23 de enero de 2018. <\/p>\n

Acota que impetr\u00f3 demanda de casaci\u00f3n, inadmitida por la Sala especializada de esta Corte el 30 de mayo pasado, por tanto, elev\u00f3 \u201crecurso de insistencia\u201d; empero, el mismo \u201c(\u2026) no se ha resuelto de fondo (\u2026), pues la secretar\u00eda de [esa corporaci\u00f3n] sin ser la competente (\u2026) [le] dio una respuesta escueta (\u2026) sin resolver lo solicitado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Esgrime que el asunto bajo estudio debi\u00f3 declararse nulo; por cuanto no fue citado correctamente a \u201c(\u2026) cinco audiencias (\u2026)\u201d, impidi\u00e9ndosele ejercer una \u201c(\u2026) defensa t\u00e9cnica adecuada (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Se\u00f1ala que la condena emitida en su contra es \u201carbitraria e inconstitucional\u201d, teniendo en cuenta que se fundament\u00f3 en \u201cdeclaraciones contradictorias\u201d de testigos involucrados en los hechos investigados, sin existir pruebas contundentes de su participaci\u00f3n en el memorado delito. <\/p>\n

Manifiesta que el \u201c(\u2026) magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia (\u2026)\u201d, debi\u00f3 declararse impedido por haber conocido con anterioridad la causa criminal bajo estudio. <\/p>\n

3. Exige, en concreto i) se declare la nulidad del caso subex\u00e1mine, o en su defecto del fallo all\u00ed proferido, y ii) ordenar la emisi\u00f3n de \u201c(\u2026) una respuesta de fondo, clara y congruente (\u2026)\u201d frente al \u201c(\u2026) mecanismo de insistencia (\u2026)\u201d incoado ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

1. El tribunal confutado remiti\u00f3 copia de la sentenica emitida por esa colegiatura en el caso bajo estudio. <\/p>\n

2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal manifest\u00f3 no haber vulnerado ninguna prerrogativa fundamental del gestor, y adujo haber contestado su requerimiento el 18 de junio de 2018. <\/p>\n

3. Los juzgados tutelados guardaron silencio <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Se duele Jos\u00e9 John Pe\u00f1a Pacheco porque: i) no fue citado debidamente a varias audiencias practicadas en la causa penal sublite, lo cual en su sentir le impidi\u00f3 ejercer la \u201cdefensa material\u201d de sus intereses y ii) por la falta de una respuesta de fondo al mecanismo impetrado contra la inadmisi\u00f3n del mentado recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n

2. Frente al primer tema de censura, se evidencia el fracaso de la salvaguarda, teniendo en cuenta que el quejoso no utiliz\u00f3 correctamente el instrumento id\u00f3neo a su alcance para debatir los reproches elevados en el presente ruego. <\/p>\n

En efecto, si bien el gestor interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia, el mismo fue inadmitido \u201c(\u2026) ante el desconocimiento del deber de precisi\u00f3n, claridad y carencia de un desarrollo adecuado que permit[iera] advertir un error evidente y trascendente en el juicio del juzgador (\u2026)\u201d1, situaci\u00f3n que le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza subsidiaria. <\/p>\n

Sobre ese aspecto, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d2. <\/p>\n

3. Es pertinente indicar que el referido remedio extraordinario impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

4. Ahora, frente al tema de la \u201cinsistencia\u201d el resguardo tampoco prospera, porque, en primer lugar, ning\u00fan reproche se le puede endilgar a la Sala de Casaci\u00f3n Penal por una supuesta omisi\u00f3n en el tr\u00e1mite de tal petici\u00f3n, pues el actor impetr\u00f3 directamente ante esa Corporaci\u00f3n dicho mecanismo, sin observar que seg\u00fan la jurisprudencia de esta Corte el mismo debe elevarse\u201c(\u2026) ante el Ministerio P\u00fablico por intermedio de cualquiera de sus delegados (\u2026), o ante uno de los magistrados que hubiese salvado el voto o que no hubiese intervenido en la discusi\u00f3n ni suscrito el referido auto [inadmisorio] (\u2026)\u201d3, situaci\u00f3n esta \u00faltima, que no aconteci\u00f3 en el asunto bajo estudio. <\/p>\n

Y en segundo, por cuanto, en todo caso, la referida colegiatura en auto de 18 de junio de 2018, resolvi\u00f3 de fondo el requerimiento del actor indic\u00e1ndole lo siguiente: <\/p>\n

\u201c[H]\u00e1gasele saber [al tutelante] que el recurso de insistencia no procede contra el auto inadmisorio de demandas de casaci\u00f3n en tr\u00e1mites regidos por la Ley 600 de 2000, sistema procesal que rigi\u00f3 el proceso que curs\u00f3 en su contra, por ser un recurso que resulta extra\u00f1o a este sistema de enjuiciamiento, de manera que s\u00f3lo es viable para procesos adelantados por delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero de 2005 de acuerdo con la gradualidad territorial prevista para la implementaci\u00f3n de la Ley 906 de 2004 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Jos\u00e9 John Pe\u00f1a Pacheco, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y los Juzgados \u201cCincuenta y Uno Penal del Circuito Adjunto\u201d y Cincuenta Penal del Circuito \u201cLey 600 de 2000\u201d, ambos de esta ciudad, con ocasi\u00f3n de la causa criminal adelantada al aqu\u00ed quejoso por el delito de \u201cfraude procesal\u201d. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. Rem\u00edtase al juzgado de origen el expediente contentivo del litigio bajo estudio, allegado en calidad de pr\u00e9stamo. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tAuto interlocutorio AP 2208-2018
\n2 \tCSJ STC, de 26 de enero \tde 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. \t00616-00.
\n3 \tCSJ. AP 3481 de 25 de junio de 2014.
\n4 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n5 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n8 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n11 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n12 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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