{"id":102668,"date":"2026-07-02T16:24:54","date_gmt":"2026-07-02T16:24:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102668"},"modified":"2026-07-02T16:24:54","modified_gmt":"2026-07-02T16:24:54","slug":"stc168-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc168-2019\/","title":{"rendered":"STC168-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC168-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-01126-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 28 de noviembre de 2018, dictada por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, pleito al cual fueron vinculadas la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de ese municipio y de la ciudad de Valledupar, y las Regionales Risaralda y del Cesar de la Defensor\u00eda del Pueblo y de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, y el se\u00f1or Augusto Becerra, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 2015-0298, iniciada por el aqu\u00ed gestor respecto del Banco Davivienda. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El \tpromotor reclama la protecci\u00f3n de \tsu prerrogativa al debido proceso, \tpresuntamente lesionado por la autoridad atacada. <\/p>\n

2. La \tcausa petendi \tconstitucional y las correspondientes actuaciones admiten el \tsiguiente compendio: <\/p>\n

El promotor instaur\u00f3 acci\u00f3n popular contra Davivienda S.A., avocada por el estrado querellado, y radicada con el n\u00famero 2015-0298. <\/p>\n

El 26 de octubre de 2018, el despacho acusado emiti\u00f3 sentencia negando las pretensiones, providencia impugnada el 29 de octubre de 2018, por Augusto Becerra, y posteriormente, el 13 de noviembre siguiente, por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, quien present\u00f3 apelaci\u00f3n adhesiva, ambos recursos no concedidos por \u201cextempor\u00e1neos\u201d mediante prove\u00eddo de 14 noviembre de 2018. <\/p>\n

Frente a esta \u00faltima determinaci\u00f3n, el aqu\u00ed gestor interpuso reposici\u00f3n, desestimada por improcedente el 12 de diciembre del a\u00f1o pasado. <\/p>\n

3.\tPide, en concreto, ordenar: i) al despacho accionado, conceder el remedio vertical por \u00e9l incoado, ii) al procurador delgado, se\u00f1alar la gesti\u00f3n que ha adelantado para evitar la vulneraci\u00f3n de los derechos del actor, y, iii) en sede de tutela, demostrar a trav\u00e9s de qu\u00e9 mecanismo se notificar\u00e1 a los terceros interesados, y en caso contrario, declarar la nulidad de todo lo actuado, as\u00ed mismo, emitir a su favor copia f\u00edsica gratis de lo gestionado en este ruego (fl. 1). <\/p>\n

1. Respuesta del \t\taccionado y vinculados <\/p>\n

1. El \testrado \tfustigado se limit\u00f3 a remitir \tcopia del decurso, precisando que con anterioridad, frente al mismo \tproceso se adelant\u00f3 otro resguardo (fl. 9). <\/p>\n

2. La \tProcuradur\u00eda \tGeneral de la Naci\u00f3n Regional Risaralda solicit\u00f3 su \tdesvinculaci\u00f3n por tratarse de una cuesti\u00f3n ajena a \tsus competencias (fl. 7). <\/p>\n

3. El \tprocurador 4 judicial para asuntos civiles de Bogot\u00e1, pidi\u00f3 \tdesestimar el auxilio al no observar ninguna vulneraci\u00f3n a \tlos derechos fundamentales del accionante. \tAdem\u00e1s, indic\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la \tcausa por pasiva (fls. 19 y 20). <\/p>\n

4. La \tProcuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Regional Cesar, rog\u00f3 \tser excluida de la tramitaci\u00f3n al no tener injerencia alguna \ten la misma (fls. 28 a 31). <\/p>\n

5. El \tapoderado judicial del Banco Davivienda, afirm\u00f3 \tque el ruego deb\u00eda negarse por cuanto al aqu\u00ed actor no \tse le menoscab\u00f3 su debido proceso (fls. 21 y 22).
\n6. La \tPersoner\u00eda \tMunicipal de Valledupar manifest\u00f3 no tener conocimiento \talguno de lo tramitado al interior del referido decurso (fl. 33). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

No accedi\u00f3 al resguardo deprecado, por improcedente al echar de menos el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto para la fecha de presentaci\u00f3n del escrito genitor \u201c(\u2026) la decisi\u00f3n cuestionada apenas se hab\u00eda proferido, sin siquiera esperar la notificaci\u00f3n por estado y ejecutoria (\u2026)\u201d (fls. 35 a 37). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

El promotor impugn\u00f3 sin esbozar argumentos (fl. 41). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tJavier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga censura que el juzgador tutelado no le haya concedido la \u201capelaci\u00f3n adhesiva\u201d propuesta frente a la sentencia de 26 de octubre de 2018 nugatoria de las pretensiones de la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 2015-0298, en la cual intervino en calidad de coadyuvante.
\n2. Revisadas las copias adosadas a esta tramitaci\u00f3n, se negar\u00e1 al auxilio por la incuria del actor, pues mediante prove\u00eddo de 14 noviembre de 2018, el juzgador accionado no accedi\u00f3 a la memorada \u201capelaci\u00f3n adhesiva\u201d, por haberse presentado \u201cextempor\u00e1neamente\u201d. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que conforme al par\u00e1grafo del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso1, el escrito de adhesi\u00f3n deber\u00e1 ce\u00f1irse al numeral tercero del mismo canon, que en punto a la oportunidad procesal para apelar la sentencia, refiere que cuando esta es proferida en audiencia, deber\u00e1 impugnarse en la diligencia misma. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, como en subj\u00fadice, el fallo fue emitido en audiencia de 26 de octubre de 2018, e impugnada por fuera de t\u00e9rmino, pues ello ocurri\u00f3 hasta el 29 de octubre siguiente por Augusto Becerra, no era procedente darle tr\u00e1mite a la apelaci\u00f3n adhesiva presentada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, el 13 de noviembre posterior. <\/p>\n

Ahora, si en realidad, Arias Id\u00e1rraga quer\u00eda debatir lo resuelto por el a quo en el referenciado decurso, debi\u00f3 formular la alzada directa y oportunamente, empero, como no lo hizo, qued\u00f3 sujeto a la apelaci\u00f3n deprecada por Augusto Becerra, quien, como se vio, la inco\u00f3 intempestivamente. <\/p>\n

No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa previstos por el legislador al interior del proceso. Cuando se verifican desidias como la comentada, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al sostener: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [ante la negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d2. <\/p>\n

La conducta ap\u00e1tica del interesado impide reabrir un debate por v\u00eda constitucional frente a aspectos que debieron ser tramitados dentro del litigio y respetando las reglas propias del juicio, por cuanto ello atenta contra el car\u00e1cter residual del resguardo. Ha sido criterio de la Sala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u201d3. <\/p>\n

3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6 impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

4. Lo concerniente con la acreditaci\u00f3n por parte de esta Sala, del \u201cmedio id\u00f3neo\u201d utilizado para comunicar \u201c(\u2026) de la existencia de [la actual] tutela a los terceros) interesados y de no hacerlo, desde ya [decretar la] nulidad de todo lo actuado\u201d, es improcedente por cuanto esa informaci\u00f3n obra en este plenario, el cual puede ser examinado directamente por el petente. <\/p>\n

5. En punto a la solicitud de oficiar al procurador judicial delegado para asuntos civiles para que rinda cuentas de su gesti\u00f3n en el referido decurso, se pone de presente al promotor que deber\u00e1 peticionar la informaci\u00f3n que requiere directamente ante ese funcionario. <\/p>\n

6. Por secretar\u00eda, exp\u00eddanse las copias pedidas por el accionante, a su costa, pues no demostr\u00f3 la ausencia de recursos pecuniarios para asumir esa carga. <\/p>\n

7. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado
\n1 \tArt\u00edculo 322. Par\u00e1grafo.\u00a0La \tparte que no apel\u00f3 podr\u00e1 adherir al recurso \tinterpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia apelada \tle fuere desfavorable. El escrito de adhesi\u00f3n podr\u00e1 \tpresentarse ante el juez que lo profiri\u00f3 mientras el \texpediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el \tvencimiento del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite \tapelaci\u00f3n de la sentencia. El \tescrito de adhesi\u00f3n deber\u00e1 sujetarse a lo previsto en \tel numeral 3 de este art\u00edculo. La \tadhesi\u00f3n quedar\u00e1 sin efecto si se produce el \tdesistimiento del apelante principal.
\n2 \tCSJ. STC de 26 de enero \tde 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp.: \t00616-00.
\n3 \tCSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-01. <\/p>\n

5 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n8 \tCorte IDH, Caso V\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n9 \tCorte IDH, Caso de \tla Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, \tExcepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a \t274.
\n10 \tCorte IDH, Caso Furlan \ty familiares c. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a \t308.
\n11 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n12 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n13<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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