{"id":102669,"date":"2026-07-02T16:25:04","date_gmt":"2026-07-02T16:25:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102669"},"modified":"2026-07-02T16:25:04","modified_gmt":"2026-07-02T16:25:04","slug":"stc169-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc169-2019\/","title":{"rendered":"STC169-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC169-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2018-00348-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 3 de diciembre de 2018, dictada por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la tutela instaurada por Luis Manuel Coy Castellanos contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de tenencia radicado bajo el n\u00famero 2015-0107 iniciado por Emgesa S.A. E.S.P. contra el aqu\u00ed gestor. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El \tpromotor reclama la protecci\u00f3n de \tsu derecho al debido proceso, \tpresuntamente lesionado por la autoridad atacada. <\/p>\n

2. La \tcausa petendi \tconstitucional y las correspondientes actuaciones admiten el \tsiguiente compendio \t(fls. 16 a 29): <\/p>\n

En el proceso de restituci\u00f3n de tenencia referido, seguido en contra del tutelante, el despacho accionado decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito por no haberse acreditado la notificaci\u00f3n de aquel; determinaci\u00f3n revocada al desatar el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la entidad demandante en ese asunto. <\/p>\n

El aqu\u00ed actor fue notificado por aviso y contest\u00f3 la demanda formulando excepciones de fondo, desestimadas mediante sentencia de 30 de octubre de 2018, en la cual se le orden\u00f3 restituir el \u00e1rea de terreno del inmueble por \u00e9l ocupado. <\/p>\n

Considera que esa decisi\u00f3n es arbitraria por cuanto se profiri\u00f3 en su ausencia, pues su estado de salud le impidi\u00f3 asistir a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, y aun cuando acredit\u00f3 dicha calamidad ante la juez querellada, \u00e9sta desatendi\u00f3 su justificaci\u00f3n, ordenando estarse a lo resuelto en el citado fallo. <\/p>\n

Alega que el juzgado confutado actu\u00f3 al margen del procedimiento previsto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, al no acceder al desistimiento t\u00e1cito pese a la palmaria inactividad procesal registrada en el litigio desde su admisi\u00f3n.
\nAgrega que la juez accionada incurri\u00f3 en una valoraci\u00f3n defectuosa e incompleta del material probatorio relacionado con la posesi\u00f3n por \u00e9l ejercida respecto del inmueble objeto de restituci\u00f3n, y estima que los argumentos plasmados en el fallo, carecen de razonabilidad, al calificar, con fundamento en una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del precedente constitucional, el predio como de naturaleza imprescriptible e inalienable por ser de uso p\u00fablico, cuando en realidad, es de car\u00e1cter particular. <\/p>\n

3.\tPide, en concreto, dejar sin valor ni efecto la audiencia de 30 de octubre de 2018, y en su lugar, fijar nueva fecha para la pr\u00e1ctica de la misma. <\/p>\n

1. Respuesta del \t\taccionado y vinculados <\/p>\n

1. El \testrado \tfustigado present\u00f3 un relato de su gesti\u00f3n y defendi\u00f3 \tsu proceder aduciendo haber obrado conforme a derecho (fls. \t37 a 41). <\/p>\n

2. El \trepresentante legal para asuntos judiciales de EMGESA S.A. ESP \tpidi\u00f3 denegar el auxilio al no existir vulneraci\u00f3n al \tdebido proceso del tutelante, y por cuanto los reparos planteados \tpor esta v\u00eda, pudo haberlos formulado al interior del \tlitigio, a trav\u00e9s de recurso de apelaci\u00f3n (fls. 64 a \t67). <\/p>\n

3. La \tProcuradur\u00eda 25 Judicial II Ambiental y Agraria, se\u00f1al\u00f3 \tque si bien la tutela no es procedente para debatir los reclamos \televados por el actor, atendiendo a su condici\u00f3n de \t\u201ccampesino\u201d, \tgoza de especial protecci\u00f3n y por lo tanto, la juez debe \tadicionar la sentencia, a fin de evaluar y garantizar sus \tcondiciones de subsistencia y trabajo (fls. 70 a 74). <\/p>\n

4. Los \tdem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

No accedi\u00f3 al resguardo deprecado, tras concluir: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [C]omo en lo relacionado con la insuficiente valoraci\u00f3n probatoria y la indebida interpretaci\u00f3n de la jueza, la tutela termin\u00f3 siendo ejercida, no por la carencia de un mecanismo judicial ordinario para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, sino para subsanar su indolencia en el proceso controvertido y como en lo referente al desistimiento t\u00e1cito, no se configura ninguno de los defectos se\u00f1alados en la jurisprudencia constitucional, no hay lugar sino a denegar la protecci\u00f3n reclamada (\u2026)\u201d (fls. 77 a 80). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

El promotor impugn\u00f3 la decisi\u00f3n insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito genitor (fls. 88 a 95). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tRevisada la queja constitucional, se advierte que los motivos de censura del accionante, radican, en primer lugar, en que a su juicio, la funcionaria accionada obr\u00f3 al margen de la normatividad procesal vigente, por cuanto debi\u00f3 decretar el desistimiento t\u00e1cito por la inactividad del litigio durante m\u00e1s de un a\u00f1o, y no lo hizo. <\/p>\n

En segundo lugar, el actor cuestiona la sentencia de 30 de octubre de 2018, la cual, en su criterio, adem\u00e1s de adolecer de una serie de defectos sustantivos y procedimentales, vulner\u00f3 su debido proceso, en la medida en que fue proferida sin su comparecencia, a pesar de haber acreditado ante el despacho, que se hallaba incapacitado para acudir a la diligencia donde se emiti\u00f3. <\/p>\n

2. En punto al primero de los cuestionamientos del gestor, de entrada se observa la inviabilidad del amparo por la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez, pues la s\u00faplica fue incoada tard\u00edamente el 21 de noviembre de 2018 (fl. 16), habiendo transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o y nueve meses desde el prove\u00eddo de 16 de febrero de 2017, a trav\u00e9s del cual la juez accionada repuso su decisi\u00f3n de 1\u00b0 de febrero anterior, finiquitoria del proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n

Sobre el requisito de tempestividad esta Corte, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, si el censor se demor\u00f3 para elevar la demanda constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad confutada. <\/p>\n

3. Asimismo, se negar\u00e1 el auxilio por la ausencia del requisito de subsidiariedad, pues tal como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, los supuestos defectos en la valoraci\u00f3n probatoria y en la interpretaci\u00f3n del precedente constitucional citado en la sentencia, no pod\u00edan alegarse por otra v\u00eda distinta que a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, conforme lo ordena el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Ahora, si el tutelante no pudo recurrir el fallo que ahora por esta senda constitucional ataca, ello se debi\u00f3 a su propia incuria, pues adem\u00e1s de no asistir a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento materializada el 30 de octubre de 2018 -que valga decir, previamente se hab\u00eda reprogramado porque el aqu\u00ed promotor, en la primera oportunidad no acudi\u00f3 con abogado-; justific\u00f3 su no comparecencia hasta el 6 de noviembre de 2018, esto es, cuatro d\u00edas despu\u00e9s de haberse practicado la diligencia, lapso que supera el t\u00e9rmino se\u00f1alado por la ley y precisado por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n para presentar las respectivas exculpaciones. <\/p>\n

Si bien es cierto, el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso no estipula un t\u00e9rmino para justificarse frente a la no comparecencia a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, en aras de salvaguardar el principio de igualdad y por analog\u00eda con la regla 372 del mismo estatuto procesal, debe aplicarse lo dispuesto en este \u00faltimo canon respecto a la inasistencia a la audiencia inicial. <\/p>\n

Con relaci\u00f3n a este t\u00f3pico, esta Sala ha puntualizado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) De modo que en el punto, pueden surgir razonadamente las siguientes hip\u00f3tesis, en el caso de \u201c(\u2026) las justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia (\u2026)\u201d (num. 3\u00b0, art. 372, C.G.P.):\u201d <\/p>\n

\u201c(\u2026) (i) \u201c(\u2026) Cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, esta no podr\u00e1 celebrarse, y vencido el t\u00e9rmino sin que se justifique la inasistencia, el juez, por medio de auto, declarar\u00e1 terminado el proceso (\u2026)\u201d; <\/p>\n

\u201c(\u2026) (ii) Si el juez acepta \u201c(\u2026) la justificaci\u00f3n de la inasistencia de alguna de las partes a la audiencia inicial (\u2026)\u201d, fijar\u00e1 fecha por medio de auto en el que admite la excusa presentada dentro de los tres d\u00edas siguientes a la audiencia del canon 372 del C\u00f3digo General del Proceso y \u201c(\u2026) prevendr\u00e1 a quien la haya presentado para que concurra a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento a absolver el interrogatorio (\u2026)\u201d; <\/p>\n

\u201c(\u2026) (iv) El juez \u00fanicamente admitir\u00e1 las exculpaciones con posterioridad a la audiencia inicial por \u201cfuerza mayor o caso fortuito\u201d; y\u201d
\n\u201c(\u2026) (v) Estas disculpas difieren de las que se presentan con anterioridad a la audiencia inicial, justificando mediante prueba siquiera sumaria la justa causa (inc. 1\u00b0, num. 3, art. 372, C.G.P.)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) (vi) En caso de convocarse a audiencia concentrada y habi\u00e9ndose decretado con antelaci\u00f3n las pruebas a recaudarse -en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo de la regla 372, concordante con el numeral 5\u00ba de la 373 \u00eddem-, es procedente agotar en un solo acto las diligencias contempladas en tales preceptos\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) (vii) La fuerza mayor o caso fortuito que le hubiese impedido a alguno de los extremos procesales concurrir en la oportunidad descrita, deber\u00e1 manifestarse, igualmente, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la fecha de realizaci\u00f3n de la audiencia (inc. 3\u00b0, num. 3\u00b0, art. 372 del C.G.P.), so pena de tenerse por superada cualquier irregularidad generada con ocasi\u00f3n de esa ausencia\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) (viii) Las exculpaciones aceptadas por el juez del asunto \u201c(\u2026) solo tendr\u00e1n el efecto de exonerar de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas que se hubieren derivado de la inasistencia (\u2026)\u201d (inc. 3\u00b0, num. 3\u00b0, art. 372 del C.G.P.)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) As\u00ed, se concluye, si en el asunto sometido a la jurisdicci\u00f3n se verifican los presupuestos del (\u2026) N\u00ba 5 del canon 373, al juez le es dable fallar ese pleito con o sin la presencia de las partes, quedando, eso s\u00ed, sujeto tal juzgador a las excusas que dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes, a la celebraci\u00f3n de dicho acto pueda presentar el extremo de la litis ausente, evento en el cual deber\u00e1 proveer lo pertinente (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el descuido del gestor le cierra el paso a esta jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza residual y subsidiaria, pues no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o desidias en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa previstos por el legislador al interior del proceso.
\nCuando se verifican desidias como la comentada, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al sostener: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [ante la negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d3. <\/p>\n

La conducta ap\u00e1tica del interesado impide reabrir un debate por v\u00eda constitucional frente a aspectos que debieron ser tramitados dentro del litigio civil y respetando las reglas propias del juicio, por cuanto ello atenta contra el car\u00e1cter residual del resguardo. Ha sido criterio de la Sala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u201d4. <\/p>\n

4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d.
\nLa regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7 impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb12, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb13; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado
\n1 \tCSJ. \tSTC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. \t2011, Rad. 2011-02245-00
\n2 \tCSJ. STC. 16785-2018
\n3 \tCSJ. STC de 26 de enero \tde 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp.: \t00616-00.
\n4 \tCSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-01.
\n5 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, \tCosta Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la \tLey 16 de 1972.
\n6 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n7 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n8 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n9 \tCorte IDH, Caso V\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n

11 \tCorte IDH, Caso Furlan \ty familiares c. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a \t308.
\n12 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n13 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n17<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC169-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2018-00348-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 3 de diciembre de 2018, dictada por la Sala Civil – Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102669","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102669","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102669"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102669\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102669"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102669"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102669"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}