{"id":102673,"date":"2026-07-02T16:25:31","date_gmt":"2026-07-02T16:25:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102673"},"modified":"2026-07-02T16:25:31","modified_gmt":"2026-07-02T16:25:31","slug":"stc204-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc204-2019\/","title":{"rendered":"STC204-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

STC204-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-003-2018-00126-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diez de octubre de dos mil dieciocho por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Merys Esther D\u00edaz de D\u00edaz contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar; tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n de Ludys Leonor L\u00f3pez Daza y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La ciudadana, solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los cuales considera vulnerados por la autoridad judicial accionada al dictar sentencia estimatoria de pretensiones dentro del proceso de pertenencia seguido en su contra cuando no se le enter\u00f3 del mismo y la demandante ten\u00eda conocimiento de su domicilio pese haber declarado lo contrario. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se conceda la protecci\u00f3n implorada y en consecuencia, se revise el fallo de 21 de junio de 2013 en el que se adjudic\u00f3 de manera irregular el inmueble que era de su propiedad y ordenar al Registrador de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar, eliminar el nuevo folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 190-2838 as\u00ed como la inscripci\u00f3n de la sentencia en menci\u00f3n. [Folio 1, c. 1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Ludys Leonor L\u00f3pez Daza, por conducto de apoderado judicial, present\u00f3 demanda de pertenencia de vivienda de inter\u00e9s social contra Esther D\u00edaz de D\u00edaz y dem\u00e1s personas indeterminadas, con el prop\u00f3sito que se declarara que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria el dominio del bien identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 190-2838. <\/p>\n

La accionante denunci\u00f3 no conocer el domicilio de la demandada. <\/p>\n

2. El asunto se admiti\u00f3 por auto de 9 de junio de 2011 y en la misma actuaci\u00f3n se orden\u00f3 el emplazamiento de la parte pasiva. <\/p>\n

4. Agotada la etapa probatoria, el 21 de junio de 2013, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Valledupar dict\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones, luego de estudiar las declaraciones suministradas por los testigos, lo evaluado en la inspecci\u00f3n judicial y con apoyo del dictamen pericial rendido por el auxiliar de justicia. <\/p>\n

5. En criterio de la peticionaria del amparo, la autoridad judicial accionada vulner\u00f3 sus garant\u00edas superiores al dictar sentencia el 21 de junio de 2013 en la que adjudic\u00f3 a la demandante el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula N\u00b0 190-2838, el cual era de su propiedad, sin ni siquiera notificarla y vincularla al proceso, cuando la actora conoc\u00eda de su domicilio. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 1\u00b0 de octubre de 2018 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 26, c. 1] <\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Registrador de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar, explic\u00f3 que cumpli\u00f3 a cabalidad con lo ordenado en la sentencia de 21 de junio de 2013, y se dio publicidad de la misma con la anotaci\u00f3n N\u00b0 7 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 190-2838. [Folios 29- 30, c. 1] <\/p>\n

Por su parte, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar inform\u00f3 que el proceso se encuentra archivado desde el a\u00f1o 2013 y que ya estaba gestionando el desarchivo del mismo. [Folio 56, c. 1] <\/p>\n

A su turno, Ludys Leonor L\u00f3pez Daza, coment\u00f3 que la tutelante se vali\u00f3 de artima\u00f1as para convencer a la vendedora del inmueble que lo dejara a su nombre cuando el bien hab\u00eda sido adquirido por su padre. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que el proceso se inici\u00f3 desde que el progenitor de la accionante se encontraba con vida quien declar\u00f3 dentro del litigio a su favor. En todo caso, reproch\u00f3 que si se trataba de la propietaria del inmueble, lo correcto era que se percatara de la medida cautelar inscrita desde el a\u00f1o 2011, y la sentencia de 2013 y no venir a reclamar por sus garant\u00edas hasta el 2018. [Folios 60 -62, c. 1] <\/p>\n

3. En sentencia de 10 de octubre de 2018, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar deneg\u00f3 el amparo, por considerar que la tutelante cont\u00f3 con el recurso de revisi\u00f3n para reclamar lo que por esta v\u00eda expone; as\u00ed mismo, anot\u00f3 que no se cumpli\u00f3 con el requisito de la inmediatez como quiera que la impulsora del amparo solicit\u00f3 copias aut\u00e9nticas del proceso desde el a\u00f1o 2015, y solo hasta ahora acude a este excepcional mecanismo. [Folios 64 – 69, c. 1] <\/p>\n

4. La tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n sin exponer los motivos de su inconformidad. [Folio 76, c. 1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo. <\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC 2 ago. 2007, Rad 00188-01) <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n sent\u00f3: <\/p>\n

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez\u00a0inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC 29 abr. 2009, Rad, 00624-00). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de quebranto de los derechos de terceros. <\/p>\n

En virtud del otro principio se\u00f1alado, el amparo s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede considerarse una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la parte actora pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse. <\/p>\n

Y lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso, tal como lo advirti\u00f3 el juez constitucional de primer grado, aunque la tutelante alega no haber conocido el proceso en su contra el cual cont\u00f3 con sentencia el 21 de junio de 2013, lo cierto es que con memorial radicado el 26 de mayo de 2015 obrante en folio 14 de la encuadernaci\u00f3n principal, la gestora de la s\u00faplica solicit\u00f3 al despacho expedici\u00f3n de copia aut\u00e9ntica de todo el expediente; sin embargo, el amparo constitucional, s\u00f3lo se intent\u00f3 hasta el 27 de septiembre de 20181. <\/p>\n

Lo anterior deja en evidencia que la tutelante, para acudir al amparo por esta v\u00eda, dej\u00f3 trascurrir m\u00e1s de tres a\u00f1os despu\u00e9s de la \u00faltima data referida, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n

3. De otra parte, la solicitud de amparo tampoco atiende el principio de subsidiariedad, pues la accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos que estima vulnerados del cual no hizo uso; como era, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que cab\u00eda contra la sentencia dictada el 21 de junio de 2013 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Valledupar, la cual se encuentra en firme; cuando el inciso segundo del art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso as\u00ed se lo permit\u00eda. <\/p>\n

Den\u00f3tese que la promotora de la acci\u00f3n constitucional persigue por este medio la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de pertenencia que promovi\u00f3 en su contra Ludys Leonor L\u00f3pez Daza, tras alegar la falta de notificaci\u00f3n y su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite como parte; situaci\u00f3n que insiste, le impidi\u00f3 ejercer su derechos al interior del litigio. <\/p>\n

Dentro de ese margen, si la accionante enfila su inconformidad \u2013rep\u00edtase- en la falta de notificaci\u00f3n, es evidente que los fundamentos de su pedimento se enmarcan en la causal 7 enlistada en el art\u00edculo 355 de la codificaci\u00f3n mentada; por lo que la oportunidad legal para interponer el recurso es de 2 a\u00f1os contados a partir del momento en que la perjudicada tuvo conocimiento de la sentencia que sali\u00f3 adversa a sus intereses \u2013con un l\u00edmite de 5 a\u00f1os-, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Y es que obs\u00e9rvese que la referida codificaci\u00f3n, dentro de la causales de nulidad del proceso enunciadas en el art\u00edculo 133 contiene precisamente en el numeral 8\u00b0 la aqu\u00ed ventilada, esto es, \u201ccuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En suma, prec\u00edsese que en aras de alcanzar su cometido, el art\u00edculo 134 ib\u00eddem habilita a la afectada para que alegue la nulidad de la que se duele, por medio del recurso de revisi\u00f3n. <\/p>\n

En ese entendido, ind\u00edquese que era aquel, y no otro, el escenario id\u00f3neo para plantear los argumentos atr\u00e1s esbozados, siendo el juez natural en el ejercicio de las competencias legales, quien resolviera su reclamo. <\/p>\n

De ah\u00ed que resulte ostensible que si la peticionaria del resguardo no agot\u00f3 todos los mecanismos que le brinda el ordenamiento jur\u00eddico para obtener lo reclamado en sede constitucional, la acci\u00f3n de tutela, no puede ser utilizada para proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir, inicialmente, al fallador ordinario. <\/p>\n

4. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tActa de reparto, visible en folio 24 de la \tencuadernaci\u00f3n principal.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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