{"id":102675,"date":"2026-07-02T16:25:43","date_gmt":"2026-07-02T16:25:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102675"},"modified":"2026-07-02T16:25:43","modified_gmt":"2026-07-02T16:25:43","slug":"stc207-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc207-2019\/","title":{"rendered":"STC207-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02451-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la salvaguarda promovida por Ofelia N\u00fa\u00f1ez contra la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio de Neiva, con ocasi\u00f3n del asunto seguido en relaci\u00f3n con el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 357-14259, ubicado en el Espinal (Tolima). <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa actora procura el amparo de las prerrogativas al debido proceso, vivienda digna y m\u00ednimo vital, presuntamente menoscabadas por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n

2.\tComo fundamento de su queja, esgrime que es due\u00f1a del predio arriba identificado, lugar donde resid\u00eda junto con Jos\u00e9 Alberto N\u00fa\u00f1ez. <\/p>\n

Sostiene que este \u00faltimo fue privado de la libertad, por cuanto se le acus\u00f3 de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de estupefacientes en el inmueble mencionado; no obstante, el 12 de octubre de 2016, se dispuso la preclusi\u00f3n de esa investigaci\u00f3n por \u201c(\u2026) ausencia de intervenci\u00f3n [del procesado] (\u2026) en los hechos investigados (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Posteriormente, se inici\u00f3 el juicio de extinci\u00f3n del derecho de dominio materia de esta salvaguarda, decurso donde intervino la memorialista, a trav\u00e9s de apoderado judicial, para evitar ser despojada de su heredad. <\/p>\n

No obstante, el tr\u00e1mite se resolvi\u00f3 de forma adversa a sus intereses, pues en sentencia de 23 de mayo de 2017, se extingui\u00f3 su propiedad y aunque apel\u00f3, la decisi\u00f3n la ratific\u00f3 el tribunal censurado el 13 de agosto de 2018. <\/p>\n

Indica que los accionados incurrieron en v\u00eda de hecho porque valoraron irregularmente las pruebas allegadas, particularmente, las relativas a la inocencia de Jos\u00e9 Alberto N\u00fa\u00f1ez; adem\u00e1s, \u201c(\u2026) se basaron en argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos ajenos a la realidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La actividad descrita le genera un perjuicio irremediable, pues es una persona de la tercera edad, no cuenta con recursos econ\u00f3micos para subsistir y tampoco con otro inmueble para alojarse (fls. 1 al 3, cdno. 1). <\/p>\n

3.\tPide, por tanto, dejar sin efecto las providencias reprochadas (fl. 4, cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados <\/p>\n

1.\tEl juzgado atacado se opuso a la prosperidad del resguardo, por cuanto no incurri\u00f3 en arbitrariedad al fallar el juicio confutado. <\/p>\n

2.\tEl tribunal asegur\u00f3 la improcedencia de la protecci\u00f3n rogada porque los cuestionamientos materia de tutela se definieron en el caso criticado, donde emiti\u00f3 sentencia de segundo grado sin lesionar las garant\u00edas de la censora. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo porque no hall\u00f3 irregularidad en la gesti\u00f3n de los funcionarios convocados \u201c(\u2026) de cara a los postulados legales establecidos para tal efecto en la Ley 1708 de 20141; y al an\u00e1lisis completo y detallado de la totalidad de los medios de convicci\u00f3n aportados al expediente (\u2026)\u201d (fls. 126 al 140, cdno. 1). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La censora impugn\u00f3 con argumentos similares a los expuestos en el libelo introductor (fl. 173 al 183, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tRevisada la sentencia de 13 de agosto de 2018, mediante la cual el tribunal querellado ratific\u00f3 la de primer grado en el caso cuestionado, donde se declar\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 357-14259, ubicado en el Espinal (Tolima) y de propiedad de la aqu\u00ed gestora, no se observa arbitrariedad manifiesta que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. \tCiertamente, para adoptar la determinaci\u00f3n rese\u00f1ada, la corporaci\u00f3n atacada, en relaci\u00f3n con las alegaciones de la promotora a trav\u00e9s de su abogado, referentes a la inexistencia del factor objetivo, consignado en la causal quinta de la Ley 1708 de 20142, expuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [D]e conformidad con los argumentos presentados por el apoderado de la ciudadana OFELIA N\u00da\u00d1EZ, se observa que reprocha lo concerniente a la real estructuraci\u00f3n del aspecto objetivo de la causal que nos ocupa, pues para el apelante existen serios cuestionamientos respecto de la veracidad de los reportes policiales que en virtud de la diligencia de allanamiento y registro de[l] 12 de diciembre de 2015 se presentaron ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]s claro para la Colegiatura que el bien aqu\u00ed comprometido s[\u00ed] se destin\u00f3 a conductas contrarias al orden jur\u00eddico, en tanto la informaci\u00f3n que dio origen a la intervenci\u00f3n policial, esencialmente referida a que en ese inmueble se comercializaban sustancias estupefacientes y que era frecuentado por consumidores con el fin de proveerse de las mismas, se corrobor\u00f3 con las labores de vecindario y con el hallazgo dentro de narc\u00f3ticos (sic). De all\u00ed que pueda colegirse razonablemente que en la presente actuaci\u00f3n, evidentemente se estructura objetivamente la causal 5\u00aa del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cAhora, es cierto como lo sostiene el recurrente, que con ocasi\u00f3n de los hechos acaecidos el 12 de diciembre de 2015, se adelant\u00f3 una causa penal que culmin\u00f3 con la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n que por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes se adelant\u00f3 en contra del se\u00f1or Alberto N\u00fa\u00f1ez, quien atendi\u00f3 la diligencia y es adem\u00e1s hijo de la propietaria del inmueble; sin embargo, es necesario precisar al recurrente que esta acci\u00f3n, acorde con el art\u00edculo 18 de la Ley 1708 de 2014, es totalmente aut\u00f3noma e independiente de la penal, como tambi\u00e9n respecto de toda declaratoria de responsabilidad y de la adecuaci\u00f3n o no de los hechos en un tipo penal; por manera que, una primera conclusi\u00f3n a la que se arriba es que la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual las autoridades de la especialidad criminal resolvieron la citada preclusi\u00f3n en manera alguna constituye impedimento o barrera para que proceda la declaratoria de extinci\u00f3n del derecho de dominio (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Luego, en relaci\u00f3n con las pruebas presuntamente no apreciadas por el a quo, esgrimi\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [B]asta con precisar al recurrente que no le correspond\u00eda al a quo emitir pronunciamiento alguno en relaci\u00f3n con la legitimidad del t\u00edtulo o del origen del bien identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 357-14259 inscrito a nombre de su representada, porque la causal por la que se procede en el presente asunto, acorde con el requerimiento formulado por la Fiscal\u00eda Sexta Especializada de la Direcci\u00f3n Nacional de Extinci\u00f3n de Dominio de 2 de septiembre de 2016, es la definida por el legislador en el [numeral] 5 del art\u00edculo 17 de la Ley 1708 de 2014 que dispone \u201clos que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecuci\u00f3n de actividades il\u00edcitas (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cPor manera que la hip\u00f3tesis por la que se procede en este asunto tiene que ver con la destinaci\u00f3n que se dio al inmueble ubicado en la Manzana L, casa 25, barrio La Esperanza del municipio del Espinal, independientemente de su origen licito, de all\u00ed que no son de recibo los argumentos del recurrente que guardan relaci\u00f3n con la forma en que la afectada Ofelia N\u00fa\u00f1ez adquiri\u00f3 el predio, el precio que pag\u00f3 o la fecha en que se firm\u00f3 la escritura p\u00fablica para de esta manera establecer el tiempo que lleva la referida ciudadana habit\u00e1ndolo, dado que esas tem\u00e1ticas no han sido objeto de controversia y permanecen inc\u00f3lumes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Posteriormente, sobre el factor subjetivo necesario para decretar la extinci\u00f3n, el tribunal adujo que a la petente le era dable advertir lo sucedido en su heredad, pues <\/p>\n

\u201c(\u2026) Al respecto, el se\u00f1or Jos\u00e9 Alberto N\u00fa\u00f1ez, -hijo de la afectada- en diligencia de testimonio de 20 de abril de 2017, ante el Juzgado de primera instancia se\u00f1al\u00f3 que por la avanzada edad de su progenitora se encarga del cuidado del inmueble, y es quien paga los servicios y el impuesto predial con el dinero que para ello le suministra la se\u00f1ora Ofelia N\u00fa\u00f1ez, quien lo obtiene de una pensi\u00f3n con la que cuenta. Dijo que la afectada hab\u00eda permitido en varias oportunidades que su sobrino Mario Franco N\u00fa\u00f1ez habitara el inmueble junto con su familia, pero nunca observ\u00f3 conductas an\u00f3malas o extra\u00f1as de parte de este \u00faltimo; agreg\u00f3 que aqu\u00e9l, previo al allanamiento vivi\u00f3 por alrededor de cuatro meses (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cAhora, un aspecto de especial relevancia es que en esa oportunidad fue claro en manifestar que recibi\u00f3 advertencias de sus vecinos quienes le dec\u00edan que \u2018tomara cuidado con el sobrino\u2019 porque de pronto le ocasionar\u00eda problemas e inclusive se\u00f1al\u00f3 el declarante que su familiar ten\u00eda antecedentes penales, pero enfatiza que nunca vio situaciones por fuera de la normalidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cDicho aserto, permite colegir que el se\u00f1or N\u00fa\u00f1ez y su progenitora no eran ajenos a los comportamientos de Mario Franco N\u00fa\u00f1ez y los antecedentes que por conductas contrarias al ordenamiento legal ya presentaba con anterioridad al allanamiento del inmueble, sin embargo, y aun contando con esa informaci\u00f3n, optaron de manera mancomunada por permitir que aqu\u00e9l residiera en la vivienda, cuesti\u00f3n que deriv\u00f3 en la comisi\u00f3n de conductas il\u00edcitas (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cAhora, no pretende desconocer la Colegiatura que la propietaria es de la tercera edad y que algunas de las actividades b\u00e1sicas de mantenimiento de su vivienda, como los arreglos locativos, eran asumidos por su hijo por limitaciones f\u00edsicas propias del paso de los a\u00f1os, pero lo cierto es que para la \u00e9poca de los hechos estaba en plena capacidad para percibir lo que suced\u00eda en su propiedad, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que acorde con la declaraci\u00f3n de Jos\u00e9 Alberto N\u00fa\u00f1ez ante la Fiscal\u00eda su progenitora es una persona consciente y por ser la due\u00f1a del bien toma sus propias determinaciones, tanto as\u00ed, que administra los recursos que obtiene de una pensi\u00f3n con los que asume los gastos que se presentan all\u00ed, e inclusive fue quien autoriz\u00f3 que (\u2026) Mario Franco N\u00fa\u00f1ez habitara el inmueble, todo lo cual es demostrativo de su capacidad de ejercer el control de su propiedad y de donde surge (\u2026) que estaba en plena facultad de vigilar y controlar que la misma no fuera (sic) utilizada al margen de la ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3.\tNo se observa la v\u00eda de hecho endilgada, por cuanto el fallador de segundo grado en el caso acusado adopt\u00f3 su decisi\u00f3n atendiendo a las pruebas recaudadas y a la normatividad aplicable, de donde extrajo la procedencia de declarar la extinci\u00f3n por destinarse el inmueble a una actividad il\u00edcita y no oponerse a ello la querellante, quien adem\u00e1s tuvo conocimiento de lo ocurrido en su predio. <\/p>\n

Si bien pudiera no aceptarse \u00edntegramente el discernimiento de los accionados, esa circunstancia no permite predicar las anomal\u00edas alegadas, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

4.\tResta indicar que en este asunto no se estableci\u00f3 con certeza el menoscabo de las condiciones de vida digna de la petente, m\u00e1xime si como se infiere de las pruebas analizadas, \u00e9sta cuenta con una pensi\u00f3n para satisfacer sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n

En torno a lo anotado, esta Corte en un asunto similar sostuvo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) aunque la Sala no desconoce la avanzada edad del demandante y la enfermedad que padece, lo cierto es que no se ha probado un perjuicio inminente o una afectaci\u00f3n de notable gravedad, capaz de vulnerar o amenazar con seriedad sus derechos fundamentales, pues m\u00e1s all\u00e1 de la afirmaci\u00f3n que en t\u00e9rminos generales pretende demostrar la desmejora de su situaci\u00f3n econ\u00f3mica (\u2026) no se advierte que el m\u00ednimo de condiciones de vida digna, la alimentaci\u00f3n, la educaci\u00f3n, la salud, el vestido y la recreaci\u00f3n del peticionario se vean afectados a tal grado, que configuren un perjuicio irremediable (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

5.\tSiguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6.\tSe confirmar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb12, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb13; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil.
\nLUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb14, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb15; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \t\u201cPor medio de \tla cual se expide el C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio\u201d.
\n2 \tLey 1708 de 2014: (\u2026) \u201cArticulo \t16. \tCausales.\u00a0Se declarar\u00e1 extinguido el dominio sobre los \tbienes que se encuentren en las siguientes circunstancias: \t(\u2026) 5. \tLos que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la \tejecuci\u00f3n de actividades il\u00edcitas\u201d.
\n3 \tCSJ. STC de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n4CSJ. \tSTP \t18 de marzo de 2009. \tRad. 40880
\n5 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n6 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n7 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n8 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n

10 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n12 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n13 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n14 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n15 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02451-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102675","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102675","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102675"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102675\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102675"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102675"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102675"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}