{"id":102682,"date":"2026-07-02T16:26:37","date_gmt":"2026-07-02T16:26:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102682"},"modified":"2026-07-02T16:26:37","modified_gmt":"2026-07-02T16:26:37","slug":"stc214-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc214-2019\/","title":{"rendered":"STC214-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC214-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02217-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 30 de octubre de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Dilcey Yensith Acosta Novelys, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Riohacha y el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esa misma ciudad, en atenci\u00f3n al juicio CUI 440016078820160003100 seguido a Fabio Vel\u00e1squez Rivadeneira, Islandia Mindiola Arenas y la quejosa por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros y falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico. \t<\/p>\n

1.\tLa promotora reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, imparcialidad del juez y seguridad jur\u00eddica, presuntamente vulneradas por las autoridades acusadas. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las probanzas adosadas al plenario, se desprenden como hechos base de la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

En la causa 2015-125, la Juez Primero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Riohacha – Noreida Laudith Quintana Curiel, se declar\u00f3 impedida para conocer de la acusaci\u00f3n formulada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n a Milagros Puente Vidal por estimar configurada la causal 5 del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, en atenci\u00f3n a la amistad que le un\u00eda a Maura Vidal Joiro, madre de la procesada, por tanto remiti\u00f3 el asunto al juzgador siguiente en turno (fls. 14-17, cdno. 1). <\/p>\n

Luego, ante la misma funcionaria se inici\u00f3 el proceso radicado bajo el CUI 440016078820160003100 contra Dilcey Yensith Acosta Novelys, Fabio Vel\u00e1squez Rivadeneira e Islandia Mindiola Arenas, por los punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros y falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico, fungiendo como apoderada suplente de Acosta Novelys la abogada Maureen Puente Vidal quien tambi\u00e9n es hija de se\u00f1alada Maura Vidal Joiro. <\/p>\n

Durante la audiencia preparatoria celebrada el 23 de agosto de 2018, la defensora de la aqu\u00ed gestora recus\u00f3 a la falladora i) por el v\u00ednculo fraterno entre su madre y la titular del despacho1, y ii) porque \u00e9sta el 26 de marzo anterior, hab\u00eda manifestado su opini\u00f3n sobre los hechos que soportaban la imputaci\u00f3n de la fiscal\u00eda2 (fl. 2, cdno.1). <\/p>\n

Omitiendo imprimir el tr\u00e1mite legal a los reparos de la defensa, la citada juez aludiendo a la cercan\u00eda afectiva con la progenitora de la representante judicial repudi\u00f3 el conocimiento del expediente 2016-000031, por tanto, lo envi\u00f3 al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Riohacha. <\/p>\n

El estrado receptor no acept\u00f3 los argumentos invocados por su hom\u00f3loga, en consecuencia, traslad\u00f3 el conflicto a la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, quien en auto de 13 de septiembre de 2018 hall\u00f3 infundado el memorado impedimento arguyendo que la jurisconsulta era \u201cuna persona externa de la actuaci\u00f3n\u201d3. <\/p>\n

En la misma oportunidad, la corporaci\u00f3n convocada estudi\u00f3 la recusaci\u00f3n relativa al concepto previo atribuido a la autoridad cuestionada desestim\u00e1ndola, toda vez que las expresiones referidas por la inconforme correspond\u00edan a la descripci\u00f3n f\u00e1ctica del asunto y no a una postura personal como erradamente fue interpretado por la quejosa (fls. 20-46, cdno.1). <\/p>\n

En concreto, la querellante discute que la amistad entre la juez y la madre su defensora Maureen Puentes Vidal, afecta la imparcialidad de la primera, y por ende, debe separarse del litigio (fl. 4, cdno.1). <\/p>\n

3. La promotora alega la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso y la garant\u00eda de un juzgador imparcial por parte de los convocados al desechar el impedimento y la recusaci\u00f3n planteada en oportunidad pretextando no ser su abogada parte del pleito (fls. 31-36, cdno. 1). <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

1. La \tSala Penal del Tribunal Superior de Riohacha se \tafinc\u00f3 en los fundamentos plasmados en el auto de 13 de \tseptiembre de 2018, controvertido por esta senda (fl. 66, cdno. 1). <\/p>\n

2. El \tJuzgado Segundo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de \tConocimiento de esa urbe se remiti\u00f3 a las disertaciones \temitidas en el tr\u00e1mite del impedimento (fl. 63, cdno.1). <\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

El tribunal neg\u00f3 la salvaguarda por subsidiariedad. En ese sentido adujo: <\/p>\n

Bajo las anteriores reflexiones, concluy\u00f3 <\/p>\n

\u201c(\u2026) Si se admitiera que el [fallador a trav\u00e9s de esta senda residual] verifique la juridicidad de los tr\u00e1mites, o de los supuestos desaciertos en la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas o de las pruebas por los funcionarios de instancia, no s\u00f3lo se desconocer\u00edan los principios que disciplinan la actividad [judicial] (\u2026) sino adem\u00e1s (\u2026) las formas propias del [tr\u00e1mite] penal contenidos en el art\u00edculo 29 Superior (\u2026)\u201d (fls. 82-94, cdno. 1). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La inco\u00f3 la actora sin precisar los motivos de su desavenencia (fl. 97, cdno. 1). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La tutelante censura el prove\u00eddo nugatorio de los memorados impedimento y recusaci\u00f3n, dictado dentro del comentado pleito porque en su criterio la relaci\u00f3n fraternal entre la juez cognoscente y la madre de su defensora de confianza se enmarca en la causal 5\u00aa del postulado 56 de la Ley 906 de 2004 que fuerza el repudio de la tramitaci\u00f3n del proceso 2016-00031. <\/p>\n

2. Delanteramente, ha de precisarse que el an\u00e1lisis de la presente salvaguarda se circunscribir\u00e1 a la postura adoptada por el fallador de segundo grado porque con ella se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n

3. En la decisi\u00f3n objetada se abord\u00f3 el estudio del asunto exponiendo los fundamentos de las figuras de impedimentos y recusaciones sobre los cuales el tribunal edific\u00f3 su postura, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los institutos [en comento], que tienen una misma raz\u00f3n jur\u00eddica, han sido previstos por el legislador con el fin de garantizar al conglomerado social que el funcionario judicial llamado a resolver el conflicto jur\u00eddico, es ajeno a cualquier inter\u00e9s distinto al de administrar una recta y cumplida justicia, dejando a salvo as\u00ed su imparcialidad y ponderaci\u00f3n (\u2026)\u201d <\/p>\n

\u201c(\u2026) La jurisprudencia, ha precisado que la recusaci\u00f3n y la declaratoria de impedimento, como mecanismo de protecci\u00f3n a la imparcialidad de la administraci\u00f3n de justicia no puede surtirse de forma caprichosa, sino que se encuentra sujeto al principio de la taxatividad de sus causales, y con ello, se excluye la analog\u00eda o la extensi\u00f3n de los motivos se\u00f1alados; igualmente que el fundamento de las causales deben estar debidamente sustentadas, y si es posible acompa\u00f1ada de pruebas en que se fundan (\u2026)\u201d (fl. 36, cdno.1). <\/p>\n

Seguidamente, la sala precis\u00f3 los alcances de la \u201camistad\u201d como causal de impedimento, como pasa a rese\u00f1arse: <\/p>\n

\u201c(\u2026) se refiere al v\u00ednculo que existe entre dos o m\u00e1s personas, que adem\u00e1s de darse trato y confianza de forma rec\u00edproca, comparten sentimientos y pensamientos que hacen parte de los miembros de la relaci\u00f3n; por lo que se ha admitido con amplitud este tipo de [incompatibilidades], debido a su marcado car\u00e1cter subjetivo, a cambio de que el funcionario judicial exponga con claridad las razones que lo llevan a proceder de conformidad, con el fin de que quien deba resolver, en este caso su [hom\u00f3logo], decida sobre la aceptaci\u00f3n o negaci\u00f3n de las circunstancias que afectan la imparcialidad del juicio (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Es por ello que dicha [motivaci\u00f3n] por [fraternidad] \u00edntima o enemistad grave entre alguna de las partes y el funcionario judicial, hace referencia a un criterio subjetivo en el que el fallador debe evaluar de forma particular la relaci\u00f3n de correspondencia de los hechos referidos por parte de quien se declara impedido, la relaci\u00f3n existente entre el funcionario y alguna de las partes del proceso y la posibilidad de que \u00e9sta afecte la imparcialidad de la decisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) La \u201crelaci\u00f3n \u00edntima\u201d, causal provocada por la [j]uez, se traduce en ese confianza personal que ata o une a dos personas por un sentimiento de amor o amistad que sobrepasa las barreras normales, en donde por raz\u00f3n de tal sentimiento, se privilegia todo lo que [guarde relaci\u00f3n] con su pareja o amigo, es por ello que se dice que no solo se favorecer\u00eda (factor subjetivo) a esa persona \u2013 amiga o pareja- en sus convicciones jur\u00eddicas sino que se dejar\u00eda de lado la ecuanimidad, objetividad, lealtad y juicio como principios garantes de las personas que administran justicia (\u2026)\u201d (fls. 37-39, cdno.1) <\/p>\n

Bajo tales lineamientos, abord\u00f3 el caso concreto sin hallar fundamentos que permitieran acoger la opini\u00f3n de la juzgadora recusada. Sobre el particular anot\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) En el [conflicto] bajo estudio, se tiene que la recusaci\u00f3n y el impedimento versan sobre la misma causal la cual alegan configurada por el hecho de ser la abogada Maureen Puente Vidal hija de la se\u00f1ora Maura Vidal con quien la [j]uez ha alegado mantener amistad \u00edntima desde hace muchos a\u00f1os y por ser la t\u00eda de su hija, circunstancias estas que en lo absoluto pueden comprometer la imparcialidad de la [falladora] por cuanto estamos frente a una dama que es hija de quien ella alega tener una amistad \u00edntima y quien funge en el proceso penal como abogada suplente de una de las acusadas, o sea esta en ejercicio de su profesi\u00f3n de litigante, siendo por ello que la relaci\u00f3n de amistad no se pregona de una de las partes del proceso como lo dispone el numeral del que ha echado mano la funcionaria [5\u00ba canon 56 del C.P.P.], sino de una persona externa de la actuaci\u00f3n, abogada suplente de uno de los acusados (\u2026)\u201d (fls. 39-40, cdno.1). <\/p>\n

Agreg\u00f3 que aun cuando se pasara por alto tal circunstancia, tampoco se abrir\u00eda paso el impedimento pues no se cumpli\u00f3 con la carga de exponer clara y convincentemente que el sentimiento fraternal alegado sobrepase los l\u00edmites normales en ese tipo de relaciones y, por tanto, no se denota c\u00f3mo pudiera obnubilar el sano juicio de la doctora Noreida Laudith Quintana Curiel frente a las actuaciones de Maureen Puente Vidal (fls. 39-40, cdno.1). <\/p>\n

Frente a la causal 4\u00aa del art. 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, relativa a haber manifestado la recusada su sentir sobre el asunto materia del proceso, reflexion\u00f3 el colegio atacado: \u201c(\u2026) La causa invocada se materializa s\u00f3lo cuando la opini\u00f3n previa configura en s\u00ed misma un juicio adelantado sobre la nueva decisi\u00f3n que debe adoptar (\u2026)\u201d (fl.42, cdno.1). <\/p>\n

Teniendo como norte tal entender, concluy\u00f3 frente al punto: <\/p>\n

\u201c(\u2026) el haber indicado la juez de conocimiento al momento de dar apertura a la audiencia de Formulaci\u00f3n de Acusaci\u00f3n al interior del caso NUI 4400169008788201700073 seguida en contra de Islandia Mindiola Arenas quien viene siendo investigada por los mismos delitos que dieron origen al proceso penal [2016-00031], que se estaba frente a una causa penal originada por la suscripci\u00f3n de un convenido de asociaci\u00f3n \u201crelacionado con ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y j\u00f3venes que se encontraban matriculados en el SIMAT vigencia 2016, para el municipio de Riohacha, tiene que ver con los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes de la poblaci\u00f3n ind\u00edgena y urbana del municipio de Riohacha\u201d, en parte alguna ha emitido su opini\u00f3n o concepto respecto del proceso; lo que \u00e9sta realiz\u00f3 fue una breve ilustraci\u00f3n sobre la g\u00e9nesis de la actuaci\u00f3n [que en forma alguna] puede comprometer su imparcialidad para adelantar el juicio, motivos por los cuales la Sala, igualmente declara infundada esta segunda recusaci\u00f3n (\u2026)\u201d (fl. 42, cdno.1). <\/p>\n

4. Aunque no se comparta a plenitud la tesis auscultada, ello no habilita al juez constitucional para imponer su propio criterio pues, s\u00f3lo cuando se evidencien desafueros de tal entidad que ponga en vilo las prerrogativas ius fundamentales se abrir\u00eda paso a esa posibilidad, lo cual no acontece en el presente asunto, pues plausible se muestra la postura acabada de analizar conforme los argumentos replicados con precedencia. <\/p>\n

Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

5. S\u00famese, que la recusante a\u00fan cuenta en el decurso confutado con instrumentos legales encaminados a la defensa de sus derechos, por cuanto el asunto se halla en pleno tr\u00e1mite. <\/p>\n

Ciertamente, como apenas se dio inicio a la audiencia de acusaci\u00f3n, el demandante podr\u00e1 formular los remedios correspondientes en esa etapa, de igual modo, la apelaci\u00f3n respecto de la sentencia de primer grado o, incluso, acudir al recurso de casaci\u00f3n si el fallo del ad quem es contrario a sus intereses. <\/p>\n

En una acci\u00f3n similar esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3: <\/p>\n

\u201c[S]in esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cDesde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

6.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7.\tDe acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb13, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb14; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tNumeral 5 del canon 56 del C\u00f3digo de \tProcedimiento Penal
\n2 \tN\u00b0 4 \u00eddem
\n3 \tFolio 40, cdno. 1
\n4 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n5 \tCSJ, \tSTC \tde 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01
\n6 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n7 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n8 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n9 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n13 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n14 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC214-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02217-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 30 de octubre de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102682","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102682","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102682"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102682\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102682"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102682"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102682"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}