{"id":102683,"date":"2026-07-02T16:26:44","date_gmt":"2026-07-02T16:26:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102683"},"modified":"2026-07-02T16:26:44","modified_gmt":"2026-07-02T16:26:44","slug":"stc215-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc215-2019\/","title":{"rendered":"STC215-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC215-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2018-01094-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 28 de noviembre de 2018, que neg\u00f3 la tutela promovida de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad y el Procurador Delegado en Asuntos Civiles, tr\u00e1mite al que fueron vinculados Andr\u00e9s Mauricio Arboleda, la Alcald\u00eda de esa capital, la Defensor\u00eda del Pueblo, y Procuradur\u00eda Regional de Risaralda, en el que se acumularon las acciones constitucionales 2018-01094, 2018-01095 y 2018-01101. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tObrando en nombre propio, el querellante sostiene que la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso, en las demandas populares n\u00b0 2015\u201300059, 2015-00062 y 2015-00027 que instaur\u00f3 contra C.S.C. Centro de Servicios Crediticios, Banco de Bogot\u00e1 S.A y Banco Davivienda S.A., respectivamente, dado que el despacho convocado \u00abcree terminar la acci\u00f3n constitucional, con figura inexistente en ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, y solo existente en el CGP, llamada DESISTIMIENTO T\u00c1CITO\u00bb. <\/p>\n

Asegur\u00f3 que el juzgado censurado dej\u00f3 de lado el que la acci\u00f3n popular se present\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y por tanto no era aplicable dicha figura para concluir anticipadamente los litigios planteados. <\/p>\n

2.\tEn consecuencia, solicita: i) decretar la \u00abnulidad del auto que termino (sic) la acci\u00f3n popular (\u2026), ii) \u00abAPLICAR ART 5 LEY 472 DE 1998 (\u2026)\u00bb, iii) ordene al Procurador General de la Naci\u00f3n \u00aba fin que pruebe y demuestre que acciones legales hizo a fin de evitar la vulneraci\u00f3n al debido proceso, referido en esta tutela a fin que cumpla su funci\u00f3n deber (\u2026)\u00bb, iii) \u00abse brinde copia f\u00edsica gratis de todo lo actuado en la tutela, las q recoger\u00e9 en la secretaria del TSSCF (sic) de Pereira\u00bb, iv) \u00abse pruebe a travez (sic) de que medio id\u00f3neo se informara (sic) de la existencia de mi tutela a los tercer interesados y de no hacerlo, desde ya, pido nulidad de todo lo actuado\u00bb (ff. 1, 3 y 5, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa Juez Primera Civil del Circuito de Pereira indic\u00f3 que los autos que terminan las acciones populares se fundamentaron en el \u00abcriterio adoptado por el despacho en su momento ante la aplicaci\u00f3n de la figura del desistimiento t\u00e1cito en una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica acorde con los postulados hermen\u00e9uticos vigentes, sin que se haya tomado tal decisi\u00f3n en forma caprichosa ni arbitraria\u00bb, adicionalmente resalt\u00f3 que estas determinaciones estuvieron avaladas por decisiones del Tribunal Superior de ese mismo Distrito Judicial, y de la Corte Suprema de Justicia, vigentes para la \u00e9poca en que se emitieron, adicionalmente remiti\u00f3 las copias solicitadas (f. 10, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tLa Alcald\u00eda de esa capital se opuso a las pretensiones del resguardo, y aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque \u00ablas pretensiones solicitadas por el accionante se dirigen al JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO, (\u2026) no se evidencia, ni aparece demostrado o definida la forma en la que el Municipio de Pereira ha amenazado, vulnerado o puesto en peligro los derechos fundamentales del accionante\u00bb (ff. 26 y 27, cit.). <\/p>\n

3.\tLa Procuradur\u00eda Regional de Risaralda afirm\u00f3 que en el asunto en cuesti\u00f3n no se le endilga ninguna vulneraci\u00f3n, y, las pretensiones interpuestas son ajenas a sus funciones por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n (f. 31, ib\u00edd.). <\/p>\n

4.\tLa Procuradora 3 Judicial II para Asuntos Civiles y Laborales consider\u00f3 que no se acredit\u00f3 \u00abninguna de las circunstancias relacionadas por la Doctrina Jurisprudencial para tener por justificada la petici\u00f3n del resguardo del debido proceso hasta esta data, frente a los autos del 8 de agosto de 2016 que declararon el desistimiento t\u00e1cito en las acciones populares (\u2026), lo que llevar\u00eda a declarar la improsperidad de las acciones acumuladas por la ausencia del presupuesto de inmediatez\u00bb (ff. 47 a 50, ib\u00eddem). <\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que \u00abNo actu\u00f3 entonces el actor con la urgencia y prontitud con que ahora demanda el amparo, sin que se evidencie la existencia de una justa causa que explique los motivos por los que permiti\u00f3 que el tiempo transcurriera sin promover la acci\u00f3n, ya que ninguna consideraci\u00f3n al respecto hizo en la demanda, que permit\u00eda (sic) deducirla. Adem\u00e1s de lo anterior, la jurisprudencia tambi\u00e9n ha destacado que puede resultar admisible que transcurra un extenso espacio de tiempo entre el hecho que gener\u00f3 la vulneraci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela bajo dos circunstancias claramente identificables: la primera de ellas, cuando ser demuestra que la afectaci\u00f3n es permanente en el tiempo y, en segundo lugar, cuando se pueda establecer que \u201c\u2026 la especial situaci\u00f3n de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensi\u00f3n, interdicci\u00f3n, abandono, minor\u00eda de edad, incapacidad f\u00edsica, entre otros\u201d. Ninguna de ellas se da en el caso presente\u00bb. (ff. 40 a 44, cd. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el convocante reiterando los argumentos de su escrito inicial (f. 51, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema \tjur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 la prerrogativa invocada por el promotor en las acciones populares n\u00ba2015\u201300059, 2015-00062 y 2015-00027, que instaur\u00f3 contra C.S.C. Centro de Servicios Crediticios, Banco de Bogot\u00e1 S.A y Banco Davivienda S.A., respectivamente, por aplicar el desistimiento t\u00e1cito el 8 de agosto de 2016.
\n2. Nulidad \talegada por el actor. <\/p>\n

Preliminarmente debe indicarse que, desde la admisi\u00f3n de la demanda constitucional, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito de Pereira orden\u00f3 enterar a los intervinientes en las acciones populares que motivan las quejas, lo cual se cumpli\u00f3 en las direcciones reportadas para recibir correspondencia, por lo que no hay motivo para invalidar lo actuado como pretende el querellante. <\/p>\n

3.\tProcedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n

Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n

4.\tInmediatez. <\/p>\n

Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00).
\nDe acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n

Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que los prove\u00eddos que determinaron la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito en las demandas que originan las quejas acumuladas en el este asunto, datan del 8 de agosto de 2016 (ff. 11, 15 y 18, cd 1), y los autos que resolvieron la reposici\u00f3n formulada y a su vez negaron la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n ocurrieron el 26 de agosto de ese mismo a\u00f1o (ff. 13,14, 18,19, 21 y 22, ib\u00eddem); mientras que los presentes resguardos fueron radicados el 14 de noviembre de 2018 (ff. 2, 4 y 6, ib\u00edd), es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n

En todo caso, es pertinente se\u00f1alar que para el 8 de agosto de 2016, fecha en que se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, dicha figura era aplicable para las acciones populares seg\u00fan el criterio mayoritario de esta Sala, de ah\u00ed que no pueda predicarse una v\u00eda de hecho por parte de la autoridad judicial cuestionada. <\/p>\n

5. Consideraciones finales. <\/p>\n

5.1. Concerniente a la pretensi\u00f3n para que se realicen manifestaciones por parte de la Procuradur\u00eda sobre las actuaciones realizadas en estas acciones, no se acredit\u00f3 que tales cuestiones fueran formuladas oportunamente ante la autoridad convocada, lo que la torna improcedente, pues a este mecanismo de protecci\u00f3n solamente puede acudirse, previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n

Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: \u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n

5.2. En cuanto a la petici\u00f3n del actor para que se le entreguen copias f\u00edsicas de todo lo actuado, no se acceder\u00e1 a la misma porque ello no est\u00e1 contemplado en el Decreto 2591 de 1991. No obstante, dado que suministr\u00f3 como medio de comunicaci\u00f3n un correo electr\u00f3nico, se ordenar\u00e1 que por Secretar\u00eda se env\u00ede copia escaneada de la sentencia. <\/p>\n

6.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del amparo dado que la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, la decisi\u00f3n que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito est\u00e1 en armon\u00eda con el precedente de la \u00e9poca y la solicitud de informaci\u00f3n no fue previamente requerida a la autoridad convocada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado por las razones indicadas. <\/p>\n

Env\u00edese copia de la presente decisi\u00f3n al correo electr\u00f3nico que suministr\u00f3 el convocante para recibir notificaciones. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nCon el mayor respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales discrepo de la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3:
\n1. La Sala confirm\u00f3 la sentencia de primera \tinstancia que neg\u00f3 el amparo, por \tdos razones. La primera de ellas, fundada \ten la inmediatez de la acci\u00f3n y la segunda, sustentada \ten que las providencias mediante las cuales se decret\u00f3 el \tdesistimiento t\u00e1cito y se neg\u00f3 la reposici\u00f3n en \tla acci\u00f3n popular, no constitu\u00edan \tv\u00eda de hecho alguna, como quiera \tque para la fecha en la que fueron emitidas seg\u00fan el criterio \tmayoritario de la Sala era aplicable dicha figura.
\nMe pronunciar\u00e9 inicialmente sobre primero de ellos, dado que se trata de un requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela.
\n2. Es \tcierto que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 \tsometida a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de \tprocedibilidad, entre las que se encuentra \tel cumplimiento de los requisitos de la \tsubsidiariedad, en el entendido de que \tcuando el reclamante pretenda cuestionar un acto judicial, \tdebe previamente agotar oportuna y correctamente las \therramientas legales que tenga a su alcance para ello.
\nNo obstante, cuando la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales es protuberante y afecta garant\u00edas de superior valor como lo son los derechos al debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, la <\/p>\n

concesi\u00f3n del amparo se torna obligatoria y no puede desconocerse so pretexto de que no se cumplieron unos requisitos de naturaleza procesal.
\nAs\u00ed lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, al se\u00f1alar que a pesar de que el reclamante no haya utilizado los medios de defensa legales para impugnar las decisiones que censura por v\u00eda de tutela, excepcionalmente es posible
\n"proteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb1 , pues la acci\u00f3n de tutela, \u00abno puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos\u00bb, de modo que \u00abla mera ausencia de un requisito general de procedencia, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al
\nactor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su <\/p>\n

2.1. Lo que ocurre en el caso, porque si bien el actor no present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela dentro del t\u00e9rmino establecido por la jurisprudencia como razonable, contrario al criterio mayoritario, consider\u00f3 que el Juzgado al aplicar la mencionada sanci\u00f3n incurri\u00f3 en una evidente irregularidad que, vulner\u00f3 las garant\u00edas constitucionales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, raz\u00f3n por la cual era necesario conceder el amparo.
\nLo anterior, porque por la naturaleza constitucional y oficiosa de la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 el tutelante, <\/p>\n

1 Tutela de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01 <\/p>\n

impide aplicar el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso y sus consecuencias sancionatorias.
\nEn efecto, la disposici\u00f3n citada se\u00f1ala que:
\n\u00abCuando para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aqu\u00e9lla o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e9 por estado.
\nVencido dicho t\u00e9rmino sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia en la que adem\u00e1s impondr\u00e1 condena en costas. (…)
\nfi El decreto del desistimiento t\u00e1cito no impedir\u00e1 que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto o desde la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero ser\u00e1n ineficaces todos los efectos que sobre la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de la demanda que dio origen al proceso o a la actuaci\u00f3n cuya terminaci\u00f3n se decreta;
\ng) Decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido (…)
\nDe lo que se desprende, que el legislador cre\u00f3 una forma anormal de culminar una controversia o actuaci\u00f3n, consistente en que vencido el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas establecido por la norma sin que el que promovi\u00f3 el tr\u00e1mite respectivo haya cumplido la carga o realizado el acto de parte ordenado en auto previo, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia. <\/p>\n

Cuya aplicaci\u00f3n, tiene unos efectos, entre ellos, que: (i) se termina el proceso, (ii) la demanda s\u00f3lo se puede volver a presentar pasados seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto, (iii) se tornan ineficaces todos los efectos que sobre la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de la demanda que dio origen al proceso o a la actuaci\u00f3n cuya terminaci\u00f3n se decreta y (iv) que decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido.
\nTal figura fue dispuesta como una sanci\u00f3n a la desidia y negligencia de la parte actora; consecuencia que surge en dos circunstancias procesales diferentes, esto es, ante el incumplimiento de una carga procesal o desatenci\u00f3n al requerimiento proveniente del director del proceso, y por la inactividad prolongada en el tiempo del mismo.
\n1.2. Correctivo que no puede aplicarse de manera autom\u00e1tica a todos los juicios civiles y de familia, sino que debe revisarse de manera concreta el asunto y la naturaleza del mismo para determinar su procedencia, pues en atenci\u00f3n a las consecuencias que genera su decreto, hacerlo de manera irreflexiva y mec\u00e1nica generar\u00eda en algunas controversias, urea abierta y ostensible denegaci\u00f3n de justicia.
\nEn tal sentido esta Sala, ha sido insistente en se\u00f1alar <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2018-01094-01
\nque:
\n\u00ab…la exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referidd art\u00edculo [317 del C\u00f3digo General del Proceso], sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal.
\nLo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia…\u00bb. (CSJ STC 16508\u001f 2014, 4 dic. 2014, rad. 00816-01, CSJ STC2604-2016,
\n2 mar. 2016, rad. 2015-00172-01).
\nConcretamente, frente a su inaplicaci\u00f3n de la citada norma por la naturaleza del proceso, se ha indicado que:
\nEn ese sentido, es que esta Sala ha se\u00f1alado que en algunos procesos de caracter\u00edsticas particulares, como, verbi gracia, el de alimentos de menores no puede tener cabida la mencionada norma, pues en \u00e9l no s\u00f3lo se debate un derecho que de conformidad con el art\u00edculo 424 del C\u00f3digo Civil es intransferible, inajenable e ineluctable, sino que aden,t\u00e1s garantiza los recursos necesarios para la subsistencia y el desarrollo hacia la adultez del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, quien es sujeto de especial protecci\u00f3n. (Subraya la Sala, STC8850-2016, 30 jun. 2016
\nrad. 00186-01 reiterada en STC 11430-2017, 3 ago. 2017 rad. 00183-01).
\n2. Ahora bien en las acciones populares, se debate la protecci\u00f3n de derechos colectivos que pertenecen a todos y cada uno de los integrantes de una comunidad o de toda la sociedad, que exigen por ende una labor anticipada de protecci\u00f3n y una gesti\u00f3n pronta de la justicia dirigida a impedir su vulneraci\u00f3n. <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2018-01094-01 no hacen referencia a intereses subjetivos o particulares, sino a cuestiones de tal entidad, que su vulneraci\u00f3n pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecol\u00f3gico, la seguridad, patrimonio y moralidad p\u00fablica no de una persona, sino de toda una colectividad, lo que hace que de suyo sean irrenunciables, inajenables e imprescriptibles.
\nEn tal sentido, al declarar parcialmente inexequible la el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, que establec\u00eda un t\u00e9rmino de caducidad a las acciones populares, indic\u00f3 la Corte Constitucional que:
\nSin embargo, cuando se trata de derechos fundamentales, es decir, imprescriptibles, no puede someterse su ejercicio o protecci\u00f3n a que por el transcurso del tiempo y la negligencia de uno de los titulares de un derecho colectivo perteneciente a todos y cada uno de los miembros de la comunidad afectada, se extinga la posibilidad de instaurar la acci\u00f3n que la Constituci\u00f3n ha consagrado en favor de una colectividad.
\nPor tal motivo, es que de manera acertada y acorde con el ordenamiento constitucional, el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, consagra la regla general seg\u00fan la cual la acci\u00f3n popular puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e inter\u00e9s colectivo, sin l\u00edmite de tiempo alguno. No obstante, encuentra la Corte, que la excepci\u00f3n que en la misma disposici\u00f3n se prev\u00e9 cuando la acci\u00f3n se dirige a " volver las cosas a su estado anterior" , en cuanto establece un plazo de cinco (5) a\u00f1os para instaurarla, contados a partir de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que produjo la alteraci\u00f3n, desconoce el debido proceso y el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, de los miembros de la comunidad que se ven afectados en sus derechos e intereses colectivos.
\nEs evidente que no se trata de la protecci\u00f3n de meros derechos subjetivos o intereses particulares, sino que la acci\u00f3n popular versa sobre cuestiones de tal entidad, que su vulneraci\u00f3n pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecol\u00f3gico, la <\/p>\n

seguridad, patrimonio y moralidad p\u00fablica no de una persona, sino de toda una colectividad. A diferencia de las acciones individuales, cuyo ejercicio radica en cabeza de un sujeto que bien puede decidir instaurarlas o no, la posibilidad de acceder a la justicia para hacer cesar la amenaza o violaci\u00f3n de un derecho colectivo, existe para una pluralidad de personas que por pertenecer a la comunidad afectada, tienen el mismo derecho a ejercer dicha acci\u00f3n judicial. Mientras subsista la vulneraci\u00f3n a un derecho o inter\u00e9s colectivo y exista la posibilidad de volver las cosas al estado anterior para hacer cesar esa violaci\u00f3n, cualquiera de los miembros del grupo social debe tener la oportunidad de acudir a la justicia, para obtener esa protecci\u00f3n. De igual manera, la conducta de quienes han actuado en perjuicio de intereses y derechos colectivos no puede quedarse sin sanci\u00f3n.
\nCarece entonces de fundamento razonable y por lo mismo violatorio de derechos y principios constitucionales, el que a pesar de que exista la probabilidad de subsanar y hacer cesar una situaci\u00f3n que afecta derechos esenciales de una comunidad presente a futura, se cierre la oportunidad para cualquiera de los sujetos afectados de actuar en su defensa, al establecer un t\u00e9rmino de caducidad cuando se demanda el restablecimiento de las cosas al estado anterior a la violaci\u00f3n del derecho, mientras ello fuere f\u00edsicamente posible.
\n3. De manera que debido a la naturaleza de los derechos que se debaten en este tipo de acciones, no puede tener cabida la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, que pueda terminarse el proceso de forma anormal por la presunta negligencia de quien la inici\u00f3, cuando lo que se intenta proteger es el inter\u00e9s de toda una comunidad, en perjuicio de sus integrantes.
\nM\u00e1xime, cuando se advierte que de conformidad con el art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 472 de 1998, es obligaci\u00f3n del juez de conocimiento impulsar oficiosamente la acci\u00f3n, lo cual implica que si en el curso de la misma se presentan obst\u00e1culos que obstruyen su eficaz y preferencial desarrollo, <\/p>\n

debe adoptar las medidas procesales necesarias para removerlos, pues se trata de un asunto prevalente cuya comunicaci\u00f3n a los posibles beneficiarios de la orden que se imparta, no puede convertirse en una barrera para adelantarlo.
\nY es que siendo la acci\u00f3n popular un mecanismo de estirpe constitucional, instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las colectividades (Art. 2\u00b0, Ley 472 de 1998), de ah\u00ed que est\u00e9 consagrado como una herramienta preferente (Art. 6\u00b0, ejusdem), su tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n no pueden quedar supeditados a la realizaci\u00f3n de ciertos actos procesales por parte de los sujetos procesales intervinientes (Art. 5\u00b0, inc. 3\u00b0, ib\u00eddem), porque en virtud de sus facultades oficiosas, el juzgador est\u00e1 en el deber de adoptar los correctivos que estime necesarios para continuar con su curso normal. <\/p>\n

3.1. Todo lo anterior hace que tampoco sea posible aplicar las sanciones dispuestas en el los literales f y g del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, consistentes en que: (i) la demanda s\u00f3lo se puede volver a presentar pasados seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto y (ii) que decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas <\/p>\n

partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido.
\nEn primer lugar, porque el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, indica que \u00abLa Acci\u00f3n Popular podr\u00e1 promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e inter\u00e9s colectivo\u00bb, de manera que no puede supeditarse a transcurra un determinado periodo de tiempol. porque ello va en contrav\u00eda de la naturaleza de la acci\u00f3n popular y en especial de la importancia que el Constituyente otorg\u00f3 a este tipo de prerrogativas, por lo que en cualquier momento se pueden reclamar.
\nNo tendr\u00eda ning\u00fan sentido, que existiendo la amenaza o vulneraci\u00f3n a derecho perteneciente a toda la comunidad, se obligue a todos sus integrantes a esperar seis meses para interponer la acci\u00f3n a fin de conseguir su protecci\u00f3n, porque ya se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n 139r desistimiento t\u00e1cito de una demandada inicial presentada por uno de ellos; pues esto ser\u00eda darle unos alcances de individualidad que dichas prerrogativas no tienen y a\u00fan m\u00e1s grave, desconocer el inter\u00e9s general que en estas priman.
\nMenos puede concebirse que los derechos que se intentan salvaguardar mediante este tipo de acciones, puedan declararse extintos, en raz\u00f3n a que se haya decretado la culminaci\u00f3n por segunda vez, porque, se itera, \u00e9stos son imprescriptibles e inalienables y no pueden ser objeto de dicha sanci\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto la Sala, ha reconocido la inaplicabilidad de tales sanciones:
\n\u00ab(…) el actor constitucional est\u00e1 en posibilidad de incoar nuevamente su queja por la presunta vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, sin aguardar al transcurso de los seis (6) meses de que trata el literal f del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del proceso, ya que al tratarse de prerrogativas de car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, no les son aplicables las sanciones derivadas de la figura jur\u00eddica en comento.
\nDe modo que si el hecho da\u00f1oso o amenazante persiste, el tutelante puede acudir a la administraci\u00f3n de justicia a solicitar las respectivas medidas de protecci\u00f3n, a trav\u00e9s de una nueva acci\u00f3n popular.. (CSJ STC3633, 15 Mar. 2017. Rad. 2017-
\n00029-01) .
\n2.3. Finalmente, terminar anticipadamente una acci\u00f3n popular que pretende la defensa de las citadas garant\u00edas que son de inter\u00e9s general para la comunidad, desconoce principios rectores de la administraci\u00f3n de justicia, como la celeridad, la econom\u00eda procesal y la eficacia, se insiste, en acciones constitucionales, donde no es posible, so pretexto de la falta de integraci\u00f3n del contradictorio por parte del demandante, declarar desistida t\u00e1citamente su pretensi\u00f3n de amparo colectivo.
\nEn especial, cuando se encuentra que el caso ya exist\u00eda vinculaci\u00f3n de la mayor\u00eda de los interesados -s\u00f3lo hac\u00eda falta la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad (art. 21, L. 472\/98)-, carga que no se encuentra sea de exclusivo cumplimiento del actor, por el contrario, la misma norma establece varios medios para que el juez pueda llevarla a cabo, entre ello formas de financiamiento para la realizaci\u00f3n <\/p>\n

de los actos procesales, a trav\u00e9s del Fondo Para la Defensa de los Derechos Colectivos.
\nLo anterior, porque el citado art\u00edculo indica que puede informarse, \u00aba trav\u00e9s de un medio masivo de comunicaci\u00f3n o de cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta de los eventuales beneficiarios\u00bb, sin que se requiera necesariamente la intervenci\u00f3n del actor para que se haga la publicaci\u00f3n.
\n3. Todo lo expuesto impon\u00eda,: en mi criterio, la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n constitucional y en consecuencia, revocarse la sentencia impugnada, sin que sea posible se\u00f1alar que no se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho alguna porque dicha figura era aplicable para las acciones populares seg\u00fan el criterio mayoritario de esta Sala.
\nEn los t\u00e9rminos que preceden, dejo consignado mi disenso con lo decidido por la Sala. <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMAGISTRADO<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC215-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2018-01094-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 28 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102683","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102683","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102683"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102683\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102683"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102683"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102683"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}