{"id":102684,"date":"2026-07-02T16:26:55","date_gmt":"2026-07-02T16:26:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102684"},"modified":"2026-07-02T16:26:55","modified_gmt":"2026-07-02T16:26:55","slug":"stc216-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc216-2019\/","title":{"rendered":"STC216-2019"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC216-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03978-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se resuelve la tutela instaurada por Antonio Jos\u00e9 Majjul Castillo contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los dem\u00e1s participantes en el juicio que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Pretendi\u00f3 el accionante el amparo del \u00abderecho fundamental al debido proceso\u00bb, y en consecuencia, se ordene a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga que \u00abdeclare la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al vencimiento del plazo m\u00e1ximo para dictar sentencia de primera instancia contemplado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n

Fundament\u00f3 la s\u00faplica en los siguientes hechos: <\/p>\n

El 12 de agosto de 2015 el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga admiti\u00f3 la demanda de responsabilidad civil incoada por Sor Evenide Londo\u00f1o \u00c1lvarez y otros, en su contra y de la Fundaci\u00f3n M\u00e9dico Preventiva Para el Bienestar Social S.A. y Cl\u00ednica Chicamocha S.A., a la cual dispuso impartirle el \u00abtr\u00e1mite del proceso verbal por la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010\u00bb. Los convocados fueron debidamente notificados y en auto de 8 de septiembre de 2016 se cit\u00f3 a la audiencia inicial prevista en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, y finalmente el 5 de abril de 2018 se dirimi\u00f3 la pugna a favor de los precursores, en virtud de lo cual, los opositores apelaron e instaron la \u00abnulidad de pleno con base en el art\u00edculo 121\u00bb ib\u00eddem, pero el a-quo la desech\u00f3 y su superior lo ratific\u00f3 basado en que \u00abesa norma es contraria a los principios constitucionales de igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abvulnera otros derechos y principios como el del juez natural, debido proceso, etc.\u00bb (10 ago. 2018). <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 el promotor que \u00abel plazo para dictar sentencia de primera instancia feneci\u00f3 sin que esto se cumpliera\u00bb, por lo que \u00abel Juzgado perdi\u00f3 competencia autom\u00e1ticamente y debi\u00f3 remitir el proceso al funcionario que le segu\u00eda en turno; sin embargo, como omiti\u00f3 dicho deber se configur\u00f3 la causal de nulidad de pleno derecho de las actuaciones posteriores que adelant\u00f3, incluida la sentencia\u00bb. <\/p>\n

2. Las autoridades querelladas guardaron silencio.
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El instrumento consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica no fue destinado a disentir de las manifestaciones de los administradores de justicia, ya que permitirlo ser\u00eda desconocer la libertad y autonom\u00eda que les confiere la constituci\u00f3n pol\u00edtica (art\u00edculo 228); empero, s\u00ed resulta id\u00f3neo, de manera residual, cuando esos servidores incurren en errores protuberantes que transgreden o amenazan las garant\u00edas b\u00e1sicas de los asociados. <\/p>\n

Dicho de otra forma, por regla general, los pronunciamientos de los jueces s\u00f3lo est\u00e1n sometidos a este escrutinio si en ellos consta una anomal\u00eda colosal y trascendente que justifique la intromisi\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n en el desenvolvimiento de los decursos ordinarios. <\/p>\n

2. En el caso presente, la censura recae sobre el interlocutorio de 10 de agosto hoga\u00f1o, por medio del cual la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de la capital de Santander \u00abinaplic\u00f3 la sanci\u00f3n de nulidad de pleno derecho\u00bb contemplada en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso porque la estim\u00f3 \u00abcontraria al ordenamiento y principios constitucionales\u00bb, pese a que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa localidad, como se ver\u00e1, emiti\u00f3 la \u00absentencia\u00bb por fuera del \u00abplazo anual all\u00ed previsto\u00bb, cuyo discernimiento no armoniza con la ideolog\u00eda del se\u00f1alado precepto. Por ende, es patente una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb de envergadura suficiente para captar la atenci\u00f3n superlativa. <\/p>\n

3. El pre\u00e1mbulo de la \u00abConstituci\u00f3n\u00bb Pol\u00edtica reza en uno de sus apartes que \u00abla Asamblea Nacional Constituyente\u2026 con el fin de fortalecer la unidad de la Naci\u00f3n y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad\u00bb, etc., \u00abdecreta, sanciona y promulga la siguiente Constituci\u00f3n\u00bb, que m\u00e1s adelante en el art\u00edculo 2\u00ba enlista como fines esenciales del Estado, entre otros, \u00abgarantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados\u00bb en el resto del texto y \u00abasegurar la convivencia pac\u00edfica y la vigencia de un orden justo\u00bb; el inciso final de la \u00faltima disposici\u00f3n dice que \u00ab[l]as autoridades de la Rep\u00fablica est\u00e1n instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y dem\u00e1s derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares\u00bb. <\/p>\n

De modo que desde los albores de la \u00abConstituci\u00f3n\u00bb qued\u00f3 clar\u00edsimo que el nuevo esquema del Poder P\u00fablico tendr\u00eda como eje central a los asociados, destinatarios del obrar diligente y protector de las entidades oficiales. Y no es para menos, si en cuenta se tiene que aqu\u00e9llos se desprenden de la potestad soberana para delegarla en \u00e9stas \u2013 art\u00edculo 3 ib\u00eddem-. Ello incluye a los \u00abadministradores de justicia\u00bb, en quienes el Pueblo conf\u00eda la soluci\u00f3n pac\u00edfica y equitativa de sus controversias, en tanto al tiempo que se somete a un sistema \u00abjudicial\u00bb reglado renuncia a la coloquialmente llamada \u00abjusticia por mano propia\u00bb. As\u00ed, si la ciudadan\u00eda opt\u00f3 por someterse a las decisiones del \u00abEstado\u00bb, y acatarlas cualquiera que fuere su sentido, a \u00e9ste le corresponde dispensar un servicio \u00f3ptimo, \u00e1gil y de calidad, puesto que s\u00f3lo de esta manera habr\u00e1 sido \u00fatil la encomienda popular y, correlativamente, innecesario cualquier intento de \u00abajusticiar\u00bb por fuera del \u00e1mbito de la Ley. <\/p>\n

En simetr\u00eda con lo visto, el canon 229 \u00edd. ense\u00f1a que \u00abse garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, lo cual no puede entenderse solamente como la facultad de asistir ante los estrados, sino, adem\u00e1s, de obtener una respuesta pronta y eficaz a la problem\u00e1tica que ante ellos se exhibe, porque como lo sugiere la inmortal frase de Lucio Anneso S\u00e9neca, \u00abnada m\u00e1s parecido a la injusticia que la justicia tard\u00eda\u00bb. Es decir, el postulado de \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb concebido hoy d\u00eda no se limita a la apertura formal de un expediente, sino que impone de verdad rituarlo con estricta sujeci\u00f3n a los \u00abnormas legales\u00bb y clausurarlo, positiva o negativamente, dentro un \u00abt\u00e9rmino\u00bb sensato que se amolde a los connaturales deseos de los compatriotas. <\/p>\n

Expresado en otras palabras, mientras que los usuarios del \u00abpoder jurisdiccional\u00bb tienen \u00abderecho\u00bb a obtener \u00absentencia\u00bb, los dignatarios encargados de impartir \u00abjusticia\u00bb tienen el ineludible deber de proferirla \u00abdentro de un plazo razonable\u00bb; pues, en buenas cuentas son aqu\u00e9llos, y no \u00e9stos, los directamente interesados en que la divergencia que los movi\u00f3 a activar el aparato Estatal se zanje a la mayor brevedad posible. Lo contrario, esto es, la resoluci\u00f3n perenne del conflicto, apareja l\u00f3gicamente costos y angustias en los litigantes y, con ello, deslegitimidad para los \u00abjueces\u00bb.
\nErgo, la tardanza injustificada para adelantar y desatar las pugnas que se llevan ante la \u00abjurisdicci\u00f3n\u00bb representa un perjuicio para los habitantes del territorio nacional, en vista que ello no armoniza con el \u00abderecho constitucional\u00bb aludido, erigido a su favor, el que adem\u00e1s tiene respaldo supranacional, entre otros, en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos cuyo art\u00edculo 8\u00ba inicia as\u00ed: <\/p>\n

Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (negrillas y resalto propio). <\/p>\n

En sinton\u00eda con todo ello, el art\u00edculo 2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso record\u00f3 que \u00ab[t]oda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeci\u00f3n a un debido proceso de duraci\u00f3n razonable. Los t\u00e9rminos procesales se observar\u00e1n con diligencia y su incumplimiento injustificado ser\u00e1 sancionado\u00bb. Esta norma, situada en la parte filos\u00f3fica del estatuto corresponde concordarla con el canon 121, donde se consagran las herramientas indispensables para materializar el supuesto all\u00ed condensando. <\/p>\n

En efecto, el \u00faltimo mandato instituye, en sus apartes pertinentes, que: <\/p>\n

Salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal. <\/p>\n

Vencido el respectivo t\u00e9rmino previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al d\u00eda siguiente, deber\u00e1 informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumir\u00e1 competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses\u2026 <\/p>\n

Ser\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n

De esas l\u00edneas fluye claro, entonces, que la primera instancia debe agotarse necesariamente a m\u00e1s tardar dentro del a\u00f1o siguiente a la integraci\u00f3n del contradictorio, y la segunda en seis meses despu\u00e9s de la recepci\u00f3n del paginario, salvo que antes del vencimiento de esas oportunidades se utilice la ampliaci\u00f3n all\u00ed autorizada. El desacato de esa previsi\u00f3n impone, seg\u00fan el caso concreto, de un lado, la \u00abp\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia\u00bb y, de otro, la \u00abnulidad de pleno derecho\u00bb de las actuaciones desplegadas con posterioridad a la expiraci\u00f3n del referido \u00abplazo\u00bb. <\/p>\n

Luego, puede ocurrir que solamente se provoque la \u00abp\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia\u00bb si vencido el t\u00e9rmino legal el juez o magistrado, de oficio o a petici\u00f3n de parte, advierte tal circunstancia y remite el dossier a quien le sigue en turno; en cambio, si en lugar de obrar de esa manera contin\u00faa como director de la disputa, adem\u00e1s de lo anterior deber\u00e1 declarar (o reconocer) la invalidez de lo discurrido desde que el iudex debi\u00f3 desprenderse de la lid y no lo hizo. En esta hip\u00f3tesis, debe resaltarse que la \u00absanci\u00f3n\u00bb contemplada es de car\u00e1cter insalvable, es decir, no admite convalidaci\u00f3n ni saneamiento por ninguna causa, dado el calificativo de \u00abpleno derecho\u00bb que le endilg\u00f3 el legislador y lo que ello significa en el tr\u00e1fico \u00abjur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n

4. Revisado el infolio, aparece pac\u00edfico que el debate cuestionado se suscit\u00f3 antes del 1\u00ba de enero de 2016, por lo que las normas aplicables ser\u00edan, en principio, las del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y las pertinentes de la Ley 1395 de 2010, que no las del C\u00f3digo General del Proceso. \u00c9stas s\u00f3lo resultar\u00edan atendibles a partir del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n condensando en el literal a) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 625 del C.G.P., seg\u00fan el cual, \u00ab[l]os procesos en curso al entrar a regir este C\u00f3digo, se someter\u00e1n a las siguientes reglas de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n (\u2026) 2\u00ba Para los Procesos verbales de mayor y menor cuant\u00eda: a) Una vez agotado el tr\u00e1mite que precede a la audiencia de que trata el art\u00edculo 432 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se citar\u00e1 a la audiencia inicial prevista en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, y continuar\u00e1 de conformidad con \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed, como la pol\u00e9mica se impuls\u00f3 por el sendero de la \u00abLey 1395 de 2010\u00bb y para el para el 1\u00ba de enero de 2016 no se hab\u00eda \u00abconvocado a la audiencia del art\u00edculo 432\u00bb aludido, es claro que el \u00abtr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n al C\u00f3digo General del Proceso\u00bb ocurri\u00f3 el 8 de septiembre de 2016 cuando se \u00abcit\u00f3 a la audiencia inicial\u00bb regulada en el art\u00edculo 372 de la \u00abLey\u00bb 1564 de 2012; por ende, a partir de ese instante inici\u00f3 a contabilizarse el \u00abt\u00e9rmino de duraci\u00f3n razonable de un (1) a\u00f1o\u00bb que trajo el mencionado art\u00edculo 121 y, de contera, imponer las \u00absanciones\u00bb de \u00abp\u00e9rdida de autom\u00e1tica de competencia\u00bb y \u00abnulidad de pleno derecho\u00bb que junto a \u00e9l se implementaron. <\/p>\n

Ello, en vista que, pese a que con el advenimiento de la \u00abLey 1395 de 2010\u00bb se instituy\u00f3 el mismo plazo para definir las \u00abdisputas\u00bb civiles, comerciales, agrarias y de familia en \u00abprimer\u00bb grado, all\u00ed no se contempl\u00f3 la posibilidad de invalidar lo discurrido despu\u00e9s del fenecimiento de ese lapso. Es decir, aunque el pasado compendio reglament\u00f3 la obligaci\u00f3n de los Jueces Civiles de \u00abfallar en primera o \u00fanica instancia dentro de un (1) a\u00f1o, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada\u00bb, el desobedecimiento de ese mandato no abol\u00eda las \u00abactuaciones procesales\u00bb desplegadas ulteriormente, como s\u00ed lo impone en la actualidad el tantas veces referido canon 121. <\/p>\n

Sobre el particular, en STC8849-2018, se dijo: <\/p>\n

(\u2026) resalta la Sala que la ley 1395 de 2010, en su art\u00edculo noveno, fue la primera reglamentaci\u00f3n en contemplar el aqu\u00ed denominado factor temporal de competencia, en t\u00e9rminos casi id\u00e9nticos a los que hoy consagra el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

En efecto, el citado canon noveno de la ley 1395, que adicion\u00f3 un par\u00e1grafo al art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, prescrib\u00eda que: (\u2026) En todo caso, salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, ni a seis (6) meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Juzgado o Tribunal. (\u2026) Vencido el respectivo t\u00e9rmino sin haberse dictado la sentencia, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al d\u00eda siguiente, deber\u00e1 informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien proferir\u00e1 la sentencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos (2) meses. <\/p>\n

N\u00f3tese que la citada regla, si bien contemplaba la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia, no impon\u00eda la sanci\u00f3n de nulidad a las actuaciones que se adelantaran con posterioridad al vencimiento del plazo conferido al fallador para dirimir el litigio, lo que permit\u00eda predicar su saneabilidad; diferente a lo que acontece en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, en el que, sin duda, se instituy\u00f3 una nueva causal de invalidez y, adem\u00e1s, con la particularidad de obrar de \u00abpleno derecho\u00bb, que s\u00f3lo se hab\u00eda contemplado en trat\u00e1ndose de la prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso (art\u00edculo 29, inciso final, Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). <\/p>\n

Bajo esa espectro, refulge palmario que los asuntos adelantados con base en el Decreto 1400 de 1970 que no fueran resueltos tempestivamente, s\u00f3lo generaban \u00abp\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia en el Juez o Magistrado\u00bb, pero si, con todo, aqu\u00e9llos continuaban dirigi\u00e9ndolos, las \u00faltimas fases no estaban afectadas con \u00abnulidad\u00bb; pues, \u00e9sta rige exclusivamente para las contiendas iniciadas en vigencia de la \u00abLey 1564 de 2012\u00bb o para las que, entabladas \u00abantes\u00bb, luego se acoplaron al reciente r\u00e9gimen, a partir de cuyo momento ha de computarse el \u00abrespectivo plazo para decidir en \u00fanica, primera o segunda instancia\u00bb. <\/p>\n

5. Siendo as\u00ed, entonces, se recuerda que, como el \u00abproceso\u00bb de marras \u00abhizo tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n\u00bb el 8 de septiembre de 2016, el \u00abJuzgado\u00bb debi\u00f3 desatarlo definitivamente antes del 6 de septiembre de 2017. Luego, como su veredicto lo dio a conocer el 5 de abril de 2018, efunde n\u00edtido que desbord\u00f3 el \u00abplazo anual\u00bb que le impon\u00eda la \u00abnorma\u00bb ej\u00fasdem, lo que apareja la \u00abdeclaratoria de invalidez\u00bb que se rehus\u00f3, junto al \u00abTribunal\u00bb, a obedecer. <\/p>\n

Es preciso destacar que, \u00abcontrario\u00bb a lo arg\u00fcido por la \u00abMagistratura\u00bb, observa la Corte que el \u00abart\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb no se muestra lesivo de alguna prerrogativa \u00abconstitucional\u00bb, sino que justamente apunta a resguardar muchas de ellas, en una de las cuales enfatiza con mayor vigor: \u00abtutela jurisdiccional efectiva \u2013 duraci\u00f3n razonable del proceso\u00bb, como se reliev\u00f3 en el preludio de este ac\u00e1pite. <\/p>\n

De suerte que, tal como se anunci\u00f3 arriba, el Colegiado acusado cometi\u00f3 un desafuero que obliga acceder al ruego tuitivo para conjurarlo. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONCEDER la salvaguarda. En consecuencia, ANULAR las providencias y actuaciones adelantadas en el \u00abproceso de responsabilidad civil en cuesti\u00f3n\u00bb a partir del 7 de septiembre de 2017. En su lugar, dentro de las dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a que se le comunique esta determinaci\u00f3n, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga remitir\u00e1 el expediente al Juzgado que le sigue en turno teniendo en cuenta las instrucciones del \u00abart\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n

SEGUNDO: Inf\u00f3rmese a los intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL
\nSTC 216-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00famero 11001-02-03-000-2018-03978-00
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aduce el actor que en un proceso de responsabilidad civil adelantado en su contra y de La Fundaci\u00f3n M\u00e9dico Preventiva para el Bienestar Social S.A. ijo, se ha demorado la decisi\u00f3n m\u00e1s de los t\u00e9rminos indicados por el art\u00edculo 121 del c\u00f3digo general del proceso, por lo que ordena dar aplicaci\u00f3n a esa norma en el t\u00e9rmino indicado.
\nDebo advertir que comparto la decisi\u00f3n de la sala en cuanto afirma que la intenci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso es la celeridad y que la justicia sea pronta y cumplida, y en tal sentido es obligatorio el cumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, en particular los establecidos en el art\u00edculo 121 de dicha normatividad, as\u00ed como tambi\u00e9n que si no se fallan los procesos en los mencionados t\u00e9rminos lo procedente es que sea nula
\ntoda actuaci\u00f3n posterior a los vencimientos, como clara y expresamente lo se\u00f1ala el canon, lo que no comparto es la motivaci\u00f3n expuesta por los Magistrados que consideran dicho t\u00e9rmino como plenamente objetivo y la nulidad que se establece para las actuaciones posteriores al vencimiento de dicho plazo como totalmente insubsanable. Incluso considero que muchas veces el t\u00e9rmino debe contarse de manera diferente o desde distinta \u00e9poca, como cuando se presenta la muerte del juez o cuando se traslada y al despacho llega un nuevo funcionario al cual no se le pueden contar los t\u00e9rminos del anterior.
\nDe la misma manera, el verdadero entendimiento de la terminolog\u00eda usada para calificar la nulidad que se aplica para las actuaciones posteriores es inadecuado en la providencia, pues considero que al usar la expresi\u00f3n "de pleno derecho" la ley de ninguna manera quiso hablar de insubsanabilidad sino de una nulidad diferente a las ya mencionadas en el c\u00f3digo y de otra manera diferente de entender esa nulidad sin la posibilidad de anteponer excusas por parte del juez, salvo para efectos de oponerse a alguna posible sanci\u00f3n cuando la mora no sea por culpa de su parte. Tampoco se podr\u00e1 considerarse que se refiere a que la nulidad no requiera declaraci\u00f3n judicial como algunos lo propugnan porque resultar\u00eda un imposible l\u00f3gico dentro del proceso que las nulidades aparecieran y se dieran sin que el director del proceso tuviera actuaci\u00f3n concreta frente a ellas. Tampoco a que los t\u00e9rminos sean objetivos puros, pues es claro que hay ocasiones en que deben suspenderse por orden de la ley o por imposibilidad absoluta de contarse, advirtiendo que a lo imposible nadie est\u00e1 obligado y que hay ocasiones en que la inactividad e incluso la inoportuna intervenci\u00f3n de ellas en el proceso, es la culpable del vencimiento de los t\u00e9rminos. Por eso como dicen los que conforman la mayor\u00eda de la sala afirmando que los t\u00e9rminos son objetivos y que se cuentan para el proceso y no para el juez.
\nEn tal sentido, dejando en claro que soy partidario de la eficacia y celeridad de los procesos y que de ninguna manera puede dejarse de cumplir los t\u00e9rminos que ordena la ley, considero que debe adelantarse una mejor sustentaci\u00f3n te\u00f3rica para el caso, advirtiendo que tampoco comparto la otra posici\u00f3n que pregona la subsanaci\u00f3n de los actos por el hecho de haber cumplido sus fines, pues ella es \u00fatil para un caso particular pero desestimula el cumplimiento en general. Por eso debe analizarse cada caso en concreto para dar la mejor interpretaci\u00f3n posible.
\nEs cierto que nada se gana para el caso cuando se anula un acto para que vuelva a dictarse el mismo con posterioridad, pero si el juez es consciente de que una vez vencido el t\u00e9rmino ya no puede actuar, no puede animarse a proferir esos actos cuando ya no tiene competencia porque de todas formas su actuar a nada conducir\u00eda y solo causar\u00eda confusi\u00f3n y estorbo en el proceso, estando seguro que ning\u00fan juez querr\u00eda eso.
\nPor tal motivo, aunque apoyo la decisi\u00f3n de la sala, considero que es necesario llegar a acuerdos que unifiquen la valoraci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la ley para mejor entendimiento de los funcionarios y de las partes en b\u00fasqueda de un fin com\u00fan que es la mejor y m\u00e1s cumplida justicia. <\/p>\n

ALVARO FERN\u00c1NDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nSTC216-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03978-00.
\nCon pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi comedido aunque total disenso.
\nEn el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 como una v\u00eda de hecho la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal de Bucaramanga que neg\u00f3 la solicitud de p\u00e9rdida de competencia por superarse el plazo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para dictar sentencia de primera instancia y, en su lugar, se dispuso anular todo lo actuado a partir de 7 de septiembre de 2017, incluido el fallo del a-quo.
\nLa Sala expuso dentro de su argumentaci\u00f3n que \u00abla
\n"sanci\u00f3n" contemplada es de car\u00e1cter insalvable, es decir, no admite
\nconvalidaci\u00f3n ni saneamiento por ninguna causa, dado el calificativo de
\n"pleno derecho" que le endilg\u00f3 el legislador (f. 106), aspecto del
\ncual me aparto, con base en la siguiente argumentaci\u00f3n.
\nDel car\u00e1cter saneable de la nulidad invocada.
\n1. En reiteraci\u00f3n y desarrollo de las consideraciones que con ponencia del suscrito, la Sala mayoritariamente hizo suyas en la sentencia STC21350-2017, 14 dic., rad. 2017-02836-00, es preciso reconocer la contundencia del inciso 6\u00b0 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso en se\u00f1alar: \u00abSer\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.\u00bb.
\nDe esta forma, el legislador dio continuidad a la pol\u00edtica procesal inicialmente vertida en el canon 9\u00b0 de la Ley 1395 de 2010 -modificatorio del precepto 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, reiterando el establecimiento de un referente preciso para la duraci\u00f3n de las instancias ante cuya superaci\u00f3n acaece la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia.
\nSumado a ello, la versi\u00f3n m\u00e1s reciente y actualmente vigente de la regla, fue reforzada en el C\u00f3digo General del Proceso con el establecimiento de un efecto invalidante que opera de pleno derecho respecto de la actuaci\u00f3n posterior a la cesaci\u00f3n de la aptitud legal.
\nAs\u00ed las cosas, conviene recalcar que al margen del debate que podr\u00eda suscitarse en punto de la completa configuraci\u00f3n de un aut\u00e9ntico factor temporal de atribuci\u00f3n de la funci\u00f3n jurisdiccional, resulta indiscutible la vigencia de una preceptiva cuyo alcance prescribe la terminaci\u00f3n de
\nla aptitud del funcionario cognoscente por la superaci\u00f3n de los t\u00e9rminos respectivos, que se insiste, en el panorama vigente encuentra como sanci\u00f3n una particular ineficacia que aunque desarticulada del r\u00e9gimen de nulidades de la codificaci\u00f3n procesal, resulta expresa y aplicable.
\n2. No obstante, con prescindencia de lo anterior, lo cierto es que dada la falta de norma en contrario, la naturaleza del vicio y la necesidad de vincular el evento invalidante especial con los lineamientos generales del Cap\u00edtulo de nulidades procesales, en todo caso la irregularidad derivada de la superaci\u00f3n del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia ser\u00eda saneable, o cuando menos, no puede tildarse de arbitrario un criterio en tal sentido.
\nSobre el particular corresponde precisar que aunque la disposici\u00f3n en cita refiere que la nulidad que afecta \u00abla
\nactuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia\u00bb, opera de pleno derecho, ello no supone que la misma se torne insubsanable.
\nCiertamente, la expresi\u00f3n de pleno derecho, en este contexto y acorde con el significado jur\u00eddico de los vocablos, tan s\u00f3lo supondr\u00eda, en principio, que los efectos de la nulidad se producir\u00edan autom\u00e1ticamente, sin necesidad de reconocimiento o decreto judicial, esto es, por el simple ministerio de la Ley (ope legis), pero no necesariamente la calidad de insaneable del vicio procesal.
\nEn este orden, la previsi\u00f3n dar\u00eda cuenta, a lo sumo, de una discutibles, diferenciada y excepcional regla en punto de la necesidad del decreto judicial de la nulidad procesal (principio de declaraci\u00f3n judicial), la cual no constituye por s\u00ed sola incompatibilidad alguna con los dem\u00e1s principios que informan la materia en el \u00e1mbito procesal civil, a saber: taxatividad, trascendencia, protecci\u00f3n, legitimaci\u00f3n y convalidaci\u00f3n.
\nPor lo anterior, nada obsta para que en la hip\u00f3tesis de transgresi\u00f3n de los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de la instancia, deban estudiarse los condicionamientos de alegaci\u00f3n del vicio, y muy especialmente, los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem.
\nAl respecto, es determinante se\u00f1alar que los \u00fanicos criterios de competencia que resultan improrrogables son el subjetivo y funcional2, los cuales no se corresponden con el supuesto de p\u00e9rdida de la competencia por vencimiento de los t\u00e9rminos de resoluci\u00f3n de la instancia, pues tal hip\u00f3tesis no supone reproche por ausencia de la aptitud legal que debe establecerse desde dichos factores privilegiados, sino al contrario, una secuela encaminada a finiquitar la atribuci\u00f3n que ven\u00eda regularmente dada, como mecanismo de coerci\u00f3n y sanci\u00f3n para que el funcionario dotado de la potestad, cumpla oportunamente con su deber <\/p>\n

1 En tanto que en los \u00e1mbitos sustantivo y procesal, la nulidad s\u00f3lo se concibe mediante su reconocimiento por v\u00eda de pronunciamiento judicial, tal cual se extrae de los art\u00edculos 1742, 1746 y 1748, entre otros, del C\u00f3digo Civil y las preceptivas del cap\u00edtulo de nulidades procesales del C\u00f3digo General del Proceso (c\u00e1nones 132 a 138), en especial el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 138 ib\u00eddem.
\n2 Art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, acorde con el cual se han previsto pautas diferenciadas para el caso de su desatenci\u00f3n en el canon 138.
\nde decisi\u00f3n.
\nDe igual manera, las \u00fanicas causales de anulabilidad insubsanables -sin desconocer el especial tratamiento de la falta de competencia funcional y subjetiva- son las detalladas en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 136, es decir: \u00abLas nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior,
\nrevivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb, ninguna de las cuales se aviene al evento de la p\u00e9rdida de competencia por vencimiento del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia.
\nPor tal raz\u00f3n, se insiste, tienen plena aplicaci\u00f3n los condicionamientos de alegaci\u00f3n del vicio (legitimaci\u00f3n, no haber dado lugar al vicio, oportuna alegaci\u00f3n y no convalidaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita -art. 135), as\u00ed como muy especialmente los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem, acordes con los anteriores presupuestos.
\nDe esta forma, la deficiencia podr\u00e1 ser saneada y por lo mismo, conservada la validez de la actuaci\u00f3n, dada la inoportuna alegaci\u00f3n o convalidaci\u00f3n, y muy puntualmente,
\n\u00abCuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u00bb.
\n3. Conviene destacar que en esta clase de hip\u00f3tesis, no puede pasarse por alto el criterio hermen\u00e9utico de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, replicado en el canon 11 del
\nC\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u00abel objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb.
\nEn relaci\u00f3n con lo anterior esta Corporaci\u00f3n ha ilustrado:
\n\u00ab(…) el derecho procesal es medio y no fin, [y] (…) la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos sustanciales ( …). Al interpretar la ley procesal, el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto y el fin de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (…)".
\n"(…) [L]a relaci\u00f3n de medio a .fin es ostensible, lo que hace ver que la rigurosidad con la que actuaron los jueces de instancia, desconoci\u00f3] principios generales del derecho procesal, los cuales deben estar para cumplir la garant\u00eda constitucional del debido proceso, a cuyo respecto se ha referido esta Sala en pret\u00e9ritas oportunidades como cuando dijo: 'No en vano el legislador ha previsto que 'las dudas que surjan de la interpretaci\u00f3n de las normas del presente C\u00f3digo, deber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garant\u00eda constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes" (art. 4\u00b0, C. de P. C.)\u00bb (SC 27 abr. 2006, 2006-00480-01; reiterada recientemente en STC8971-2017, 22 jun. 2017, rad. 2017-01237-01).
\nEn la misma l\u00ednea, la Corte Constitucional ha condensado su precedente sobre la materia en los siguientes t\u00e9rminos:
\n\u00ab38. Del anterior recuento la Corte concluye que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas refiere a que (i) la norma adjetiva debe buscar la garant\u00eda del derecho sustancial y, por ende, no se puede convertir en una barrera de efectividad de \u00e9ste; (ii) la regulaci\u00f3n procesal debe propender por la realizaci\u00f3n de los derechos sustanciales al suministrar una v\u00eda para la soluci\u00f3n de controversias sobre los mismos; y, (iii) el
\nderecho adjetivo al cumplir una funci\u00f3n instrumental que no es un fin en s\u00ed mismo, debe ce\u00f1irse y estar al servicio del derecho sustancial el cual se debe privilegiar para proteger las garant\u00edas fundamentales.\u00bb (C-193\/16).
\n4. As\u00ed las cosas, no pareciera viable calificar de arbitraria, caprichosa y desprovista de fundamento jur\u00eddico, una postura que en supuestos como los relacionados con el desbordamiento del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, reclame por la permanencia de los efectos de una actuaci\u00f3n consumada, m\u00e1xime cuando las causas de la extensi\u00f3n en los t\u00e9rminos puedan obedecer a una tolerancia de las partes (t\u00e1cita o expl\u00edcita) o a\u00fan m\u00e1s, al cumplimiento de otro deber de similar o mayor val\u00eda, cual es obtener la debida pr\u00e1ctica de una prueba para la definici\u00f3n de la litis.
\nSe acota que en estos eventos, las actuaciones perfeccionadas con posterioridad al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia, en especial la decisi\u00f3n definitiva, y sin que medie alegaci\u00f3n oportuna del vicio saneable, no es en principio razonable retrotraerlas por la aplicaci\u00f3n de una pauta que justamente busca la obtenci\u00f3n de la decisi\u00f3n de m\u00e9rito, pues los fines pr\u00e1cticos de la administraci\u00f3n judicial ya estar\u00edan satisfechos.
\nAs\u00ed, sin duda, cumplido un acto sin violaci\u00f3n del derecho de defensa, es m\u00e1s grande el favor que se le presta a los derechos de los justiciables, avalando actuaciones que aunque retardadas, tiendan o definan la contienda, antes que superponer una invalidaci\u00f3n que justamente busca la
\nobtenci\u00f3n del fallo de fondo en el grado de conocimiento respectivo.
\nPor todo lo anterior, la hip\u00f3tesis de invalidaci\u00f3n no puede ser analizada al margen de la doctrina que aboga por la conservaci\u00f3n de los actos procesales y reclama por la sanci\u00f3n cuando las partes la aleguen en su debida oportunidad, o se advierta un supuesto de insalvable transgresi\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso.
\nEsta Corte ha tenido la oportunidad de recabar en la relevancia de los mentados axiomas al momento de decidir en materia de nulidades procesales y considerar su naturaleza restringida, residual y necesariamente fundada, para estructurar criterio orientador conforme al cual \u00abLa regla, pues, es la eficacia y prevalencia del procedimiento; la excepci\u00f3n, en cambio, la posibilidad de su invalidaci\u00f3n\u00bb. En sustento de lo anterior se ilustr\u00f3:
\n\u00abNada es m\u00e1s nocivo que declarar una nulidad procesal, cuando no existe la inequ\u00edvoca certidumbre de la presencia real de un vicio que, por sus connotaciones, impide definitiva e irremediablemente que la litis siga su curso, con las secuelas negativas que ello acarrea. Actitudes como \u00e9sta, taladran el oficio judicial y comprometen la eticidad del director del proceso, a la par que oscurecen su labor\u00edo, en el que siempre debe imperar la b\u00fasqueda se\u00f1era de la justicia, en concreto, la efectividad de los derechos, la cual no puede quedar en letra muerta, por un exacerbado 'formalismo, `literalismo' o rprocesalismo, refractarios a los tiempos que corren, signados por el respeto de los derechos ciudadanos, entre ellos, el aquilatado `debido proceso'. Anular por anular, o hacerlo sin un acerado y pot\u00edsimo fundamento, es pues una deleznable pr\u00e1ctica que, de plano, vulnera los postulados del moderno derecho procesal, por lo que requiere actuar siempre con
\nmesura y extrema prudencia el juzgador, como quiera que su rol,
\npor excelencia, es el de administrar justicia, con todo lo loable y
\nnoble que ello implica, y no convertirse en una especie de
\nenterrador de las causas sometidas a su enjuiciamiento\u00bb (CSJ
\nSC, 5 jul. 2007, rad 1989-09134-01).
\n5. De otra parte, la invalidaci\u00f3n enunciada, es precisamente la ant\u00edtesis de la eficacia del proceso y la resoluci\u00f3n de la litis, a la cual debe acudirse como \u00faltimo remedio para superar graves e insuperables trasgresiones al debido proceso y no para extender a\u00fan m\u00e1s en el tiempo la materializaci\u00f3n del derecho de los asociados a una pronta y cumplida administraci\u00f3n de justicia.
\nEn este panorama, no pareciera procedente, so pretexto del derecho a obtener una decisi\u00f3n de fondo en un t\u00e9rmino razonable, aniquilar la actuaci\u00f3n que ya se verific\u00f3 sin afrenta al debido proceso y con anuencia de la partes, en raz\u00f3n de su no alegaci\u00f3n oportuna, quienes sin perjuicio del inter\u00e9s de toda la comunidad en el desenvolvimiento de la serie, son los directos afectados con la definici\u00f3n respectiva.
\nPor lo anterior y sin perjuicio del cumplimiento que indefectiblemente debe procurarse al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia, es claro que la justificada extensi\u00f3n del plazo, tolerada por los intervinientes, impide refutar la aptitud legal del juez que ha decidido dar continuidad al conocimiento del asunto en orden a la definici\u00f3n de la litis.
\nUn entendimiento contrario sit\u00faa en vilo la garant\u00eda de acceso ante los jueces, en lo concerniente a la eficacia de la tutela jurisdiccional, m\u00e1xime cuando la cl\u00e1usula legal pertinente no brinda seguridad alguna sobre la expedita y plenaria resoluci\u00f3n de la controversia, en tanto no prev\u00e9 sanci\u00f3n o remedio para el desbordamiento temporal en que puede incurrir \u00abel juez o magistrado que le sigue en turno\u00bb, supuesto para nada distante de la realidad y evidenciable con notas may\u00fasculas cuando la causa de la prolongaci\u00f3n no es exclusiva de la gesti\u00f3n de un despacho en concreto, sino com\u00fan a los dem\u00e1s de su misma categor\u00eda, especialidad y territorialidad.
\n6. El compromiso del Estado en materia de las garant\u00edas relacionadas no puede entenderse allanado exclusivamente con medidas como la condensada en el estudiado art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y menos con la interpretaci\u00f3n que hoy defiende mayoritariamente la Sala, pues sumada a la absoluta y necesaria disposici\u00f3n en el desempe\u00f1o de las labores que se espera de un funcionario investido de jurisdicci\u00f3n, conforme al precedente jurisprudencial, se exige la satisfacci\u00f3n de un m\u00ednimo conjunto de condiciones que no son de su competencia directa, y en gran medida, recaen sobre los poderes legislativo, ejecutivo y en la administraci\u00f3n judicial, a saber:
\n\u00abEl derecho a la administraci\u00f3n de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia,
\npara propugnar por la integridad del orden jur\u00eddico y por la debida protecci\u00f3n o el restablecimiento de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, con estricta sujeci\u00f3n a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garant\u00edas sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. [36]
\nAquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jur\u00eddicas, de exigir justicia, impone a las autoridades p\u00fablicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio p\u00fablico y derecho sea real y efectivo.
\nEn general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categor\u00edas, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Con base en esta clasificaci\u00f3n, a continuaci\u00f3n se determinar\u00e1 el contenido del derecho fundamental a la administraci\u00f3n de justicia.
\nEn primer lugar, la obligaci\u00f3n de respetar el derecho a la administraci\u00f3n de justicia implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realizaci\u00f3n. Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como el g\u00e9nero, la nacionalidad y la casta.
\nEn segundo lugar, la obligaci\u00f3n de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administraci\u00f3n de justicia del titular del derecho.
\nEn tercer lugar, la obligaci\u00f3n de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del derecho.
\nFacilitar el derecho a la administraci\u00f3n de justicia conlleva la adopci\u00f3n de normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinci\u00f3n, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para formular sus pretensiones.
\nEn cumplimiento del deber de regular, la Ley 270 de 1996
\nestablece que, dentro de los principios que informan la
\nadministraci\u00f3n de justicia, se encuentran el acceso a la justicia (art\u00edculo 2\u00b0), la celeridad (art\u00edculo 4\u00b0), la eficiencia (art\u00edculo 7\u00b0) y el respeto de los derechos (art\u00edculo 9\u00b0), los cuales se constituyen en mandatos que deben ser observados por quienes administran justicia en cada caso particular.
\nTambi\u00e9n se facilita la administraci\u00f3n de justicia cuando se adoptan normas que garanticen (i) la existencia de procedimientos adecuados, id\u00f3neos y efectivos para la definici\u00f3n de las pretensiones y excepciones debatidas; (ii) que los procesos se desarrollen en un t\u00e9rmino razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garant\u00edas propias del debido proceso; y (iii) que las decisiones que se adopten protejan los derechos conforme a la Constituci\u00f3n y dem\u00e1s normativa vigente.
\nAsimismo, el deber de tomar medidas implica la obligaci\u00f3n de remover los obst\u00e1culos econ\u00f3micos para acceder a la justicia, crear la infraestructura necesaria para administrarla y asegurar la asequibilidad de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de poblaci\u00f3n en condiciones de vulnerabilidad.
\nPor otra parte, hacer efectivo el derecho a la administraci\u00f3n de justicia conlleva garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: (i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que \u00e9ste sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jur\u00eddico y se restablezcan los derechos lesionados.\u00bb (CC. T-443\/ 13).
\nAcorde con lo anterior, la consagraci\u00f3n de una causal insaneable de nulidad por el vencimiento de los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de la instancia que pudiera llegar a concebir el legislador en su amplio \u00e1mbito de configuraci\u00f3n, exigir\u00eda que la normativa, adem\u00e1s de congruente con la taxatividad de la causal y los fen\u00f3menos de pr\u00f3rroga y subsanaci\u00f3n, brindara satisfacci\u00f3n a los condicionamientos constitucionales y estatutarios de estar aparejada o acompa\u00f1ada de mecanismos que garanticen el establecimiento -igualmente forzoso y dotado de
\nconsecuencias- de cargas razonables para cada despacho judicial3
\nDe lo contrario, la aplicaci\u00f3n de la figura con el entendimiento mayoritariamente adoptado, esto es, favorable a la existencia de una causal de anulaci\u00f3n insaneable, supondr\u00eda retrotraer la eficacia de la actuaci\u00f3n consumada, cuando lo pretendido es justamente su realizaci\u00f3n; hermen\u00e9utica que as\u00ed vista, deriva en irrazonable y desprovista de efecto positivo en las garant\u00edas de los justiciables.
\nE<\/p>\n

Magistrado n los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil.
\n3 Conviene rese\u00f1ar que en el plano reglamentario se ha edificado el concepto de \u00abCAPACIDAD M\u00c1XIMA DE RESPUESTA\u2022, el cual tiene incidencia exclusiva en los par\u00e1metros de la calificaci\u00f3n de servicios, m\u00e1s no repercusi\u00f3n procesal directa y autom\u00e1tica frente a la carga de un despacho judicial en particular (Acuerdos PSAA16-10618 y PCSJA18-10883 del Consejo Superior de la Judicatura). <\/p>\n

. <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nCon todo respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito expresar mi disenso frente a la decisi\u00f3n adoptada por esta Corte en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, pues considero que no hab\u00eda lugar a conceder el amparo invocado, pues ning\u00fan derecho fundamental se le viol\u00f3) al accionante; tal como lo he venido sosteniendo en todas las controversias relacionadas con la nulidad consagrada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso.
\nComo la sentencia de tutela se sustent\u00f3 en el fallo
\nSTC 8849-2018, proferido por esta sede el 11 de julio de 2018, cuyas motivaciones no comparto tal como lo expres\u00e9 en el salvamento de voto que me permit\u00ed hacer en esa oportunidad, me remito a tales argumentos con el fin de no incurrir en repeticiones innecesarias <\/p>\n

De los se\u00f1ores magistrados,
\nARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMAGISTRADO<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC216-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03978-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019). Se resuelve la tutela instaurada por Antonio Jos\u00e9 Majjul Castillo contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102684","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102684","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102684"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102684\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102684"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102684"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102684"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}